Intereses externos en atentar y hacer daño al desarrollo de la Empresa Agroindustrial Pomalca existirían por parte de terceras personas. Los extraños, que estarían vinculados al negocio del azúcar y tendrían injerencia en otras empresas, no tendrían reparo en contratar a gente ajena al ingenio con el único objetivo de generar inestabilidad, zozobra y pánico laboral.  

Esta reveladora información la hizo conocer el gerente general de Pomalca, César Alva Azula en entrevista con Expresión, quien resalta que los interesados en hacer daño a la empresa son gente externa que para tener el control han intentado imponer la violencia.

“Estos señores están metidos  en el tema del azúcar y en otras azucareras. El problema  que se pueda tener en Pucalá es problema de esa empresa azucarera. El problema que pueda haber en Tumán, es problema de la gente de esa empresa. Sin embargo, esas personas quieren meterse sí o sí en  Pomalca, con la intención de hacer daño y sacar provecho de esa acción”, menciona Alva Azula.

Recuerda que hace poco un grupo de sujetos sometió a un grupo de trabajadores en la zona de Pampagrande, por lo que hubo necesidad de solicitar el apoyo de la Policía Nacional para que se devuelva la paz y la tranquilidad laboral en el lugar.

“Los revoltosos son financiados por terceros. Utilizaban camiones y hasta camionetas para trasladar gente de diferentes zonas del valle azucarero para marchar y protestar en Pomalca y en el mismo Chiclayo. Esta gente está identificada y conocen el tema azucarero, pero no tienen el mínimo respeto por sus semejantes. ¿Qué hacen los representantes de una empresa amiga proveyendo a los huelguistas y azuzando a la gente? Nosotros nunca los hemos denunciado con la única finalidad de no tomar importancia a las acciones y mucho menos desestabilizar el desarrollo y crecimiento empresarial”, afirma.

CRECIMIENTO SEGURO

César Alva refiere que la intención de las personas ajenas a la empresa es la de desestabilizar al grupo de trabajo y evitar que se siga desarrollando y ampliando la frontera agrícola.

Indica que en la actualidad la Empresa Agroindustrial Pomalca cuenta con dos mil 230 trabajadores y algo de cuatro mil pensionistas, entre viudas, jubilados y herederos.

 Agrega que la agroindustrial tiene una extensión de 12 mil 500 hectáreas de tierra, de las cuales 10 mil son productivas o están en condiciones de ser sembradas.

Sin embargo, debido a la falta de agua para riego, problema que año a año se presenta en la región, solamente se siembran unas seis mil hectáreas, las que cubren el 60 % de la producción azucarera.

“En la actualidad la fábrica de azúcar de Pomalca se encuentra en óptimas condiciones. Nuestra producción solamente llega al 60 % por ciento, mientras que el saldo es cubierto por los sembradores de caña o productores independientes”, explica.

MANTENIMIENTO

El gerente general comenta que durante el período de lluvias la empresa se vio en la necesidad de parar la fábrica por casi dos meses, debido a que no había materia prima para la producción de azúcar.

Alva Azula revela que El Niño Costero hizo perder a Pomalca más de 20 millones de soles, viéndose obligada la empresa a ordenar a adelantar el período vacacional de los trabajadores. Empero, la paralización de la fábrica de azúcar sirvió para iniciar un proceso de reparación y mantenimiento.

“En la actualidad tenemos una fábrica de azúcar totalmente operativa. Desde hace once años que no se hacía una reparación al ingenio azucarero, y ahora ya está lista para operar. Estamos trabajando con una máquina que tiene velocidad para trabajar al 100 %, pero por la falta de caña solamente se utiliza el 60 % de su capacidad de producción”, destaca.

De igual manera, anota que las lluvias que cayeron entre febrero y marzo pasado, también han afectado los cultivos de caña de azúcar, los que por la acción del agua enverdecieron y perdieron su calidad en sacarosa.

“Si bien es cierto, las lluvias nos afectaron económicamente e incluso nos obligaron a parar la fábrica, en la actualidad tenemos campos de cultivo regados y listos para ser sembrados. Esta lluvia nos ha dado tres y hasta cuatro riegos, cosa que no se había dado antes, lo que significa que tenemos un bosque de caña muy verde” sostiene.

TRABAJAR EN EQUIPO

Refiere que ser gerente general de una azucarera no es nada fácil si es que no se tuviera un respaldo económico como en la actualidad lo tiene. Pues, los problemas son grandes, especialmente cuando existen caídas económicas y se tiene que encontrar soporte para cubrir la planilla de los trabajadores.

“A pesar de los problemas que hemos tenido con las lluvias y haber paralizado la fábrica, hemos cumplido con los haberes de los trabajadores. No podría ser gerente si no tuviera un respaldo como el del Grupo Oviedo, que es el que me da soporte. Es difícil manejar una empresa si no se tiene un respaldo importante”, acota.

Recuerda que cuando asumió la gerencia general de la empresa Pomalca, hace dos años, se vio en la necesidad de realizar algunas permutas. Cambió a los gerentes de fábrica y de campo, porque necesita articular de mejor manera con su equipo técnico y profesional.

“Las labores se inician a las 5 de la mañana, especialmente en el campo, y en la zona debe haber un ingeniero para que distribuya y dirija a la gente. En un principio eso no estaba ocurriendo, lo que quiere decir que no había trabajo de equipo”, explica.

Agrega que el trabajo no lo hace solo, sino que se hace necesario el apoyo de asesores para encontrar soluciones o evitar problemas que se puedan presentar. La mayoría de acciones – señala - son de índole laboral, legal y administrativo.

“El 2 de febrero se inundaron los campos de caña y los obreros no podían ingresar a laborar. No se podía cortar, quemar y tampoco sacar caña, lo que nos llevó a un problema económico de pagos, pero gracias al respaldo del Grupo Oviedo los problemas se han sorteado haciendo finanzas y préstamos, para lo que ha servido la  credibilidad que actualmente tiene Pomalca”, indica.

CON JUBILADOS

Empero, reconoce que con los jubilados no se ha podido cumplir con puntualidad en cuanto a sus pagos debido a que las pérdidas en los campos sobrepasan los 20 millones de soles.

Aclara que la deuda con los jubilados corresponde a este año, ya que en los años anteriores todo estuvo nivelado.

“Me da mucha pena, porque si no producimos no podemos pagarles. En un primer momento no tuvimos caja para cumplir en lo que corresponde a este año, pero es bueno hacer conocer que son casi cuatro mil personas con las cuales estamos al día en sus pagos, salvo los meses en que se suscitaron las lluvias”, explica.

Detalla que la carga de las planillas es lo más delicado que existe en la empresa azucarera. “La población debe conocer – explica- que los trabajadores no solo ganan un sueldo, sino también beneficios sociales y bonos decretados por el Gobierno Central, como es el caso de la escolaridad, la que se paga en el mes de enero juntamente con el sueldo”, menciona, añadiendo que los trabajadores perciben como sueldo básico mil 100 soles.

EQUILIBRIO ECONÓMICO

César Alva detalla que con la puesta en funcionamiento de la fábrica, la cual en la actualidad se encuentra reparada, en unos seis meses se estaría equilibrando la situación económica.

Aclara que toda la producción azucarera no se queda en el mercado nacional, debido a  que existe una cuota de exportación. Es decir, parte de la producción está destinada al exterior, lo que para la empresa le significa tener un mejor precio y, además, es de obligación que existe entre las agroindustriales.

“En la actualidad tenemos 200 hectáreas con riego tecnificado. En esa área sembramos caña de azúcar, pero no nos ha funcionado y optamos por la agroexportación, pero las consecuencias de El Niño Costero nos han obligado a tener esa zona en espera, puntualiza.

PROYECTOS INMOBILIARIOS

En otro momento de la entrevista, César Alva Azula señala que no todo es trabajo y explotación de la tierra en Pomalca, sino que su gestión y el Grupo Oviedo tienen preocupación en el cambio de estilo de vida de los pomalqueños. Para ello, está desarrollando algunos proyectos inmobiliarios.

“Los proyectos de construcción de casas debieron salir hace algún tiempo, pero por cuestiones de trámites no se pudieron concretar en su debida oportunidad, pero ahora ya se está trabajando con una constructora. La habilitación urbana está en una etapa avanzada y es más que seguro que en unos meses se debe conseguir el bono del Estado para que se empiece a construir. Por el momento se está haciendo apalancamiento y con una carta fianza se podrá iniciar la construcción de viviendas”, señala.

Agrega que en la empresa Pomalca no solamente se tiene la visión de procesar caña en azúcar, sino que como misión también se tiene la de abrir nuevas posibilidades de negocio.

“Todavía no se están ejecutando los proyectos de construcción, pero sí está dentro de nuestra potestad la de vender, y eso es lo que se está haciendo. Por cada hectárea de tierra que vendamos, vamos a poder comprar cinco hectáreas de terreno agrícola. Cada independización que hagamos se convierte en proyectos inmobiliarios e incluso hemos hecho convenio con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y con EsSalud para que se haga un hospital que sería el más grande de la región”, indica.

TRÁFICO DE TIERRAS

César Alva aclara que desde que asumió la gerencia general de Pomalca no se ha tenido problemas de invasión de tierras; es más, para evitar que eso se pueda suscitar en algún momento se ha realizado el levantamiento catastral con el objetivo de tener un mejor control y actuar en forma inmediata en caso se presente algún problema sobre el particular.

“Desde que he venido a Pomalca no ha habido pérdida de tierras por cuestión de invasiones. Aunque, es bueno revelar que cuando asumí la gerencia general me encontré que en la zona de Samán había una invasión de un área que estaba en descanso, y hasta la fecha ha sido imposible desalojarlos”, explica.

Recuerda que con el objetivo de recuperar la zona invadida se hizo la respectiva denuncia y se pidió el apoyo de la Policía Nacional, pero fue imposible por haber sido atacados por sujetos armados.

“Me llama la atención descubrir que los invasores cuentan con todo un aparato legal de defensa, que en forma inmediata presentaron una serie de acciones legales para evitar el desalojo. Tengo entendido que algunas personas están vendiendo los terrenos”, acota.

El decano del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, recibió la visita del flamante director general de la Universidad César Vallejo – Chiclayo, Ricardo Delgado Arana, con quien se comprometió a fortalecer las relaciones institucionales que permitan la mejora de la formación de los profesionales de la ingeniería y la defensa de los intereses de la región.

Al conmemorarse el Día del Ingeniero el decano de la orden que agrupa a estos profesionales en Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, hace un recuento de lo avanzado hasta el momento en año y medio de gestión y también reflexiona sobre la importancia que tiene para el desarrollo del departamento la participación del colegio en los asuntos públicos, incluyendo la fiscalización y sanción de los asociados que incumplen el código de ética.

Destaca que su primer año de gestión se trabajó fuertemente en el ordenamiento del Consejo Departamental, siendo una de las principales necesidades la actualización de la base de datos de agremiados para que el Colegio de Ingenieros pueda ofrecer más y mejores servicios a estos y sus familias.

Refiere que avanzar en ello se hacía más necesario aún porque en el Consejo de Lambayeque se encuentran inscritos ingenieros procedentes de Jaén, Chota, Cutervo, San Ignacio y Amazonas.

“Nuestro propósito, con la información actualizada, es hacer que el colegio se muestre más cercano al ingeniero, que esté atento no solo a lo que este celebra, sino también a situaciones complejas por enfermedad o fallecimiento. Darle un carácter humano a la gestión, que fue una de las preocupaciones y demandas expresadas por los ingenieros durante el proceso eleccionario en el que me tocó participar, es lo que estamos haciendo”, comenta el decano.

El Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque tiene a la fecha más de 800 socios vitalicios, y a ellos también se ha orientado la atención de la orden profesional a través de la asistencia social.

“El recurso humano ha sido repotenciado en ese aspecto. Hoy podemos decir que los colaboradores entregan un poco más de su tiempo a la gestión del colegio, están mucho más cerca de los asociados e incluso los hemos sectorizado para que sean quienes se encarguen de dar seguimiento permanente a las necesidades de los ingenieros. ¿Qué resultados se tienen? Hoy en nuestras actividades la participación de los asociados es masiva, como debe ser”, señala.

ACCIONES COORDINADAS

Burgos  Montenegro destaca también el trabajo que cumplen los siete capítulos profesionales que conforman el Consejo de Lambayeque, cada uno de los cuales desarrolla actividades diversas que permiten fortalecer las relaciones de la orden con los ingenieros, pero también con la comunidad.

Esto último se afianza con la labor de las 12 comisiones técnicas que se han instituido en la orden, cuya presencia y aporte a la solución de los problemas departamentales también representa una nueva forma de gestionar el rol que tiene el Colegio de Ingenieros en que quehacer de Lambayeque.

El decano resalta que aun cuando pueden existir discrepancias internas, se ha logrado generar un clima de entendimiento y coordinación con los integrantes de la orden, en fiel cumplimiento de los estatutos institucionales.

“Todo eso se ha logrado a nivel interno, pero aún nos falta lograr que nuestras autoridades locales y regionales entiendan que el colegio está para darles el soporte técnico y apoyo. Las comisiones técnicas vienen realizando un trabajo importante, el año pasado visitamos casi 60 obras respondiendo al llamado de la comunidad y de algunas autoridades, para emitir nuestra opinión en base a los criterios especializados que se trabajan en el colegio”, explica.

CONTROL TÉCNICO

Anota, que para la orden representa además un mérito el hecho de haber advertido oportunamente deficiencias en diferentes proyectos públicos que luego han sido confirmadas por la Contraloría General de la República en sus acciones de control, certificando el criterio técnico con el que se han elaborado los diferentes informes de las comisiones.

“Cómo no mencionar, por ejemplo, el desembarcadero pesquero de San José. En su momento dijimos que la obra tenía deficiencias desde la elaboración del expediente y ahí está, con una avance del 40 % y un presupuesto gastado por encima del 70 %, lo que dice mucho de la capacidad que hay en algunas instituciones públicas para ver las cosas con solvencia técnica y, peor aún, negándose a convocar a instituciones como el Colegio de Ingenieros para recibir apoyo”, manifiesta.

Sostiene que algunas autoridades se resisten a convocar al colegio porque rehúyen al control de la sociedad civil y a la fiscalización, práctica que termina perjudicando a sus propias gestiones y a la población en general.

“Muchos me decían que era por celo político, pero si revisamos la historia ninguna gestión de gobierno local o regional ha trabajado de la mano con decanos anteriores. Entonces no es un asunto de celos. Hemos demostrado que al denunciar deficiencias técnicas en una obra estas han sido confirmadas por los órganos de control. Hasta ahora ninguna autoridad ha podido decirnos que no necesita del apoyo del colegio porque las obras que ejecuta son de calidad, y esa es nuestra preocupación”, añade.

APORTES A LA RECONSTRUCCIÓN

Burgos Montenegro comenta que de cara al complejo proceso de reconstrucción que deberá iniciarse en Lambayeque en los próximos meses, luego de la emergencia presentada por El Niño Costero, el colegio emitirá en las próximas semanas algunos alcances técnicos para que sean tomados en cuenta por los municipios, el gobierno regional y el gobierno central.

Puntualmente la Comisión de Grandes Proyectos presentará los Términos de Referencia para el proyecto integral del drenaje pluvial, esto luego de recoger los aportes alcanzados en el Panel Fórum Internacional que realizó la orden con la participación de reconocidos expertos en obras de este tipo.

“Tenemos que trabajar los problemas actuales de Lambayeque de manera integral y esto pasa por solucionar el aspecto sanitario, dotar a las ciudades de infraestructura de drenaje, mejorar las instalaciones de energía y telecomunicaciones, y avanzar en otros aspectos que siguen pendientes en el departamento. Para ello necesitamos el concurso de las empresas prestadoras, de los municipios y de los propios vecinos”, indica.

GRANDES PROYECTOS

Agrega que es urgente que en el caso de Chiclayo se piense en el ordenamiento metropolitano, por lo que saluda las gestiones que en materia de planificación desarrolla actualmente el municipio local. Sin embargo, precisa que el trabajo puede quedar únicamente en papeles y que se debe traducir a resultados concretos de mejora en la capital del departamento.

“Es importante también que se ponga atención a los grandes proyectos. La autoridad de la reconstrucción ha anunciado que el proyecto La Calzada va sí o sí, y ahí estamos hablando de una importante inversión para Lambayeque. Lo mismo debemos gestionar respecto de otros proyectos, y en ese sentido debo mencionar que nuestra Comisión de Recursos Hídricos ha viajado a la parte alta de la cuenca del Chancay para inspeccionar la zona a fin de proponer futuros embalses que beneficien tanto a Cajamarca como a Lambayeque, en tanto debemos seguir impulsando las otras obras hidráulicas como Las Delicias, Sicán, Montería y otros proyectos más”, señala.

Acota que en los próximos meses el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Lambayeque fortalecerá sus relaciones con las instituciones de la sociedad civil, agrupadas en el Comité Cívico, a través del cual se busca el acercamiento con las autoridades locales y regionales para gestionar acciones que beneficien a la población.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Finalmente, Carlos Burgos reflexiona sobre el rol de los ingenieros en el desarrollo social y pone los puntos sobre las íes respecto a la autonomía con la que trabaja el Tribunal de Honor del colegio, para investigar y sancionar a quienes desprestigian a la profesión con su accionar.

Precisa que a nivel del Consejo Nacional del colegio se trabaja en una iniciativa legislativa para que en toda obra pública sea exigible la veeduría de la orden desde el inicio de los procesos, a fin de garantizar la correcta ejecución de los recursos y la solvencia técnica.

“La Comisión Deontológica tiene una ardua tarea en el seno de nuestra orden profesional y será esta la que se encargue de investigar y determinar responsabilidades en el importante grupo de ingenieros que han sido denunciados por la fiscalía del colegio. El mensaje es claro, si pedimos que las cosas se realicen con transparencia, también exhortamos a nuestros ingenieros a reflexionar, a trabajar con responsabilidad como invoca nuestros estatutos. Debemos trabajar por un servicio de calidad y que le cambie la vida a los habitantes”, enfatiza. 

Redes en Acción es un proyecto que busca incrementar la colaboración entre la sociedad civil y las entidades responsables de la gestión de riesgos en el norte del país, trabajando de la mano con organizaciones locales desde Tumbes hasta La Libertad, incluyendo Cajamarca, y que luego de la emergencia presentada por El Niño Costero están concentradas en acompañar el proceso de reconstrucción. La iniciativa la lidera Soluciones Prácticas y recibe el financiamiento de la Unión Europea.

Después del Fenómeno de El Niño de 1998 se generó un grupo impulsor de riesgos de desastres en Piura, constituido por líderes, técnicos y algunas organizaciones de la sociedad civil, que empezó a trabajar en la gestión de vulnerabilidades y tuvo un rol importante en la generación de propuestas de prevención. Con el tiempo, este modelo de organización ciudadana fue replicándose en otras ciudades del país y actualmente son 16 los grupos de gestión de riesgos que permanecen activos a nivel nacional.

Es sobre esta base que se apoya Redes en Acción, con presencia en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, buscando fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y articularlas de manera interregional para lograr mejores resultados, sobre todo en la prevención de los desastres.

El proyecto recibe la asistencia económica de la comunidad europea y empezó a implementarse entre el 2015 y el 2016, cuando se pronosticaba la ocurrencia de El Niño. Los resultados alcanzados a partir de la articulación han sido positivos y ahora se trabaja en la organización de los ciudadanos de cara a la reconstrucción, proceso que deberá iniciarse en los próximos meses bajo el liderazgo del gobierno nacional.

Alcides Vilela Chávez, coordinador de la Oficina Norte de Soluciones Prácticas, comenta que frente a los eventos de febrero y marzo pasado, el sistema de redes funcionó de manera correcta, siendo este el que posibilitó la primera respuesta a la emergencia.

“Funcionó porque ha desarrollado capacidades a nivel de las comunidades vulnerables. Por ejemplo, organizó brigadas comunitarias y las equipó con herramientas para la respuesta; se elaboraron mapas de riesgos, se articuló con las autoridades municipales y regionales, y todo esto dentro de los planes de respuesta. Entonces podemos decir que la red está conformada por líderes que han actuado en la emergencia reciente”, destaca.

EMERGENCIA ACTUAL

Vilela Chávez señala que la situación de emergencia no ha concluido, esto debido a que las familias damnificadas permanecen en albergues y carecen de acceso a servicios elementales como el agua potable y la alimentación que garantice la correcta nutrición.

“La autoridad de la reconstrucción, reconocida a través de una norma, tiene una serie de limitaciones; entre ellas, por ejemplo, no considera la participación de la ciudadanía, entonces lo que nosotros buscamos es hacer una evaluación de cómo hemos actuado en la respuesta no solamente como sociedad civil, sino también para evaluar al Estado y sacar algunas lecciones. Luego estamos planteándonos cómo entrar en el proceso de reconstrucción, y al analizar nos hemos dado cuenta que hay problemas de los que todavía no salimos. La emergencia no ha terminado en varias regiones y aún hay necesidades humanitarias por atender”, refiere.

Menciona, por ejemplo, que aún hay mucha gente que se encuentra viviendo en carpas y la situación real es que ya no pueden permanecer más tiempo en estas condiciones, porque no son adecuadas para vivir.

“Esas familias tienen que pasar rápidamente a módulos de vivienda y estar ahí mientras se define cómo retorna a sus territorios o es reasentada, pero en mejores condiciones. Todo ese proceso va a llevar más de tres años. Una de las prioridades es garantizarles a estas familias el acceso permanente a agua potable y servicios básicos. Conscientes de esta realidad es que afirmamos que la emergencia no ha terminado, que hay necesidades humanitarias por atender. Las lluvias terminaron, pero apareció el dengue y está matando gente, entonces esto tenemos que afrontarlo porque todavía es parte de la emergencia”, asevera.

PRIMERA RESPUESTA

El representante de Soluciones Prácticas señala que ocurridos los eventos climatológicos de febrero y marzo, fue la población solidaria la que alcanzó la primera ayuda a los damnificados, seguida del Estado, que demoró 72 horas en accionar con la ayuda humanitaria.

“La primera en atender fue la propia sociedad, las familias iban con comida, las empresas y las organizaciones, pero actualmente ha pasado poco más dos meses y, por ejemplo, las familias damnificadas ya no tiene acceso a alimentos y si les dan algunas raciones estas ya no garantizan la nutrición adecuada y balanceada. Entonces la demanda se mantiene todavía, ha bajado el apoyo incluso del Estado y se plantea que estas familias ya retornen a sus zonas, por eso decimos que hay necesidades humanitarias que atender. Sin embargo, no se puede retornar a un territorio que aún no está habilitado, que todavía tiene lodo o escombros, y más porque existe la consigna del Estado de que las familias no vuelvan a zonas que son inundables, sino a espacios rehabilitados y seguros. Hay mucho pendiente al respecto”, indica.

Añade que otro problema es que la asistencia humanitaria a las familias damnificadas no puede ser permanente en el tiempo y el problema radica en que hasta el momento el Estado no ha dado pasos sustanciales en la reactivación de las actividades económicas de esta población, sobre todo que les permita autonomía y cubrir sus necesidades básicas.

“La autoridad de reconstrucción no considera planes de desarrollo y recuperación de los medios de vida, sino principalmente se propone que la gente presente proyectos y no planes, y los proyectos son principalmente para agricultura, no hay planes para que el desarrollo vuelva a las condiciones previas al desastre. No existen, por ejemplo, planes para la rehabilitar de sus medios de vida y actividades económicas, se privilegia la parte de la infraestructura física y se deja de lado el desarrollo de la familia. Eso es lo que nosotros pretendemos plantear como red macro regional”, indica.

AYUDA INTERNACIONAL

Anota que la cooperación internacional está apoyando en la solución de los problemas aún no resueltos de la emergencia y luego en la rehabilitación de los servicios básicos, como las vías de comunicación y acceso a agua potable.

“Primero se atiende la emergencia, luego la rehabilitación, después la reconstrucción y finalmente la reducción de riesgos. La cooperación internacional sí está colaborando en la emergencia en el norte del país. Solo en esta parte se están invirtiendo poco más de cinco millones de dólares en  distintos proyectos para ayuda humanitaria, que significa básicamente atención en los albergues con agua segura y también en temas de salud. Hay varias actividades que se están desarrollando e incluso se están dando algunos trabajos con dinero para que se rehabilite la economía de las familias afectadas. Hay apoyo, pero todavía es insuficiente para atender la enorme necesidad de las familias afectadas”, indica.

PROPUESTAS

Redes en Acción realizó en Chiclayo el Foro Macroregional “Reconstrucción y gestión de riesgos: Desarrollo con sostenibilidad”, actividad que congregó a más de 100 representantes de los cinco departamentos del norte afectos por El Niño Costero con el objetivo de evaluar las respuestas a la emergencia y definir acciones frente a la reconstrucción.

Resultado del encuentro en el que se compartieron experiencias de participación entre los gobiernos locales, regionales y la sociedad civil para la mitigación de los efectos del fenómeno climático y la reducción de vulnerabilidades, se arribó a conclusiones que serán canalizadas al gobierno nacional para que se tome en cuenta el aporte ciudadano en el proceso de reconstrucción.

Actualmente una de las principales preocupaciones es la eficiencia y transparencia del proceso de reconstrucción en los departamentos afectados por las lluvias, inundaciones y huaicos.

Al respecto, Alcides Vilela refiere que el solo ofrecimiento del Estado no es suficiente, por lo que se requiere del control, la fiscalización y participación de la ciudadanía a través de organismos de la sociedad civil, a fin de asegurar que los recursos destinados serán correctamente empleados.

“Nosotros vamos a canalizar todas las conclusiones a través de la autoridad de la reconstrucción y vamos a plantear de manera formal nuestras alternativas, nuestra evaluación respecto a la reconstrucción y la propuesta de acciones para que sean tomadas en cuenta. Pensamos que la reconstrucción no solo es tarea del Estado, sino también de la sociedad civil y esta tiene que participar en los tres niveles de gobierno: local, regional y nacional”, precisa.

“La gente ha perdido activos importantes, se han perdido viviendas, las ciudades han perdido infraestructura de servicios, la gente ha perdido trabajos e ingresos, y el balance neto es que sí, que hay que un empobrecimiento de las personas y de las comunidades como saldo de El Niño Costero”, señala el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, Federico Arnillas Lafert.

Para el representante de la sociedad civil, el fenómeno que azotó a diversos departamentos del país entre enero y marzo ha generado profundas brechas de desigualdad e incrementado los indicadores de pobreza, principalmente en la población rural que resultó afectada por las lluvias e inundaciones.

Arnillas Lafert indica que toda emergencia genera inicialmente una situación de desconcierto y posteriormente una respuesta de los afectados y de la sociedad testigo, que motiva un movimiento de solidaridad que en el caso reciente merece destacarse.

“Ahora se está dando paso a la acción institucional del Estado para que se brinde los servicios que se requieren para garantizar el nivel mínimo de atención que la población necesita. Nosotros estamos mirando el proceso para ver cómo pasamos de la emergencia a la reconstrucción sostenible, y eso nos motiva a darnos cuenta que tenemos en primer lugar tareas pendientes de la emergencia. No se trata de ver el futuro sin terminar de ver el presente donde hay poblaciones importantes afectadas, y esto tiene que ver con quienes están en albergues y también con la salud pública”, señala.

Al respecto, el presidente de la mesa de concertación manifiesta que los eventos climatológicos y, en especial la temperatura, han sido favorables para mantener la presencia del dengue que no solo tiene una alta incidencia en Piura y Lambayeque, sino también en otras partes del país.

“Eso nos preocupa por un lado y, por otro, es que ya se está planificado cómo se va a actuar en el futuro y lo que nos parece importante es que dos procesos que están yendo en paralelo se unifiquen: el plan de desarrollo concertado y de presupuesto participativo que están llevando adelante los gobiernos locales y regionales, y la formulación del plan de reconstrucción que exige que se alcancen proyectos al gobierno nacional. Es importante que se ponga en discusión qué reconstrucción queremos, y la propuesta de la mesa es que sea una que garantice a los peruanos de las zonas afectadas que puedan vivir digna y plenamente”, asevera.

PRIORIZAR A LOS DEPARTAMENTOS

Arnillas Lafert añade que los departamentos afectados por El Niño Costero deben ser priorizados por el gobierno nacional en los próximos años para que se nivelen las oportunidades de desarrollo y bienestar.

Asimismo, indica que es urgente la rehabilitación de servicios básicos, principalmente de agua y alcantarillado, cuyo acceso está vinculado de manera estrecha a la lucha contra otros problemas nacionales como la desnutrición crónica infantil y las enfermedades gástricas.

Frente a ello, otro problema asoma y es el de la corrupción en la ejecución de las obras de agua y desagüe financiadas por el gobierno nacional y ejecutadas por los gobiernos regionales y municipales. En Lambayeque, por ejemplo, de los 107 proyectos de saneamiento financiados en los últimos diez años, 27 están paralizados y de los 80 restantes la mayoría tiene problemas de ejecución y no están liquidados.

Federico Arnillas comenta que la mesa ha llamado la atención sobre el tema en reiteradas veces, más porque el problema se replica en todos los departamentos del país.

“Es un problema de escala nacional. Hemos tenido 22 mil proyectos de saneamiento en los últimos 15 años en el país, 21 mil declarados viables, 16 mil recibieron financiamiento del Estado y menos de mil 600 han concluido de manera exitosa; es decir, estamos hablando de un problema de escala mayúscula y creo que los ciudadanos estamos obligados a poner nuestra mirada en cada uno de estos proyectos y velar porque quienes han cometido delitos o faltas técnicas reciban las sanciones necesarias. La plata de la gente, del país, no puede ir a parar como lo hemos visto en proyectos paralizados”, asevera.

FISCALIZACIÓN CIUDADANA

Sostiene que la ciudadanía debe utilizar los sistemas de información disponibles en el Estado para conocer cómo se ejecutan los proyectos públicos y de esta manera realizar labores de fiscalización oportuna y temprana de cómo se administran los recursos.

“Estamos invitando a una forma de veeduría ciudadana que puede iniciarse con utilizar algo tan elemental hoy en día, que hace unos años era impensable, como es la cámara del celular y con el registro que se tiene dar cuenta que cómo es que se mantienen algunas condiciones, por ejemplo, de la emergencia por las lluvias, pese al tiempo transcurrido. Este seguimiento ciudadano es muy importante para estar alertas frente a la calidad del gasto público”, comenta el presidente de la mesa, añadiendo que se ha convocado a un concurso que busca elaborar la memoria gráfica del tránsito de la emergencia a la reconstrucción.

“Lo que debemos evitar es desviarnos del camino tal como sucedió en el 97-98. A mí me tocó evaluar los impactos del Fenómeno El Niño en Lambayeque y lo que puedo sentir es que todos se olvidaron de lo que pasó, que nos dio Alzheimer respecto a lo que vivimos en años anteriores”, indica.

INSTITUCIONALIDAD Y CONTROL

Por otro lado, Arnillas Lafert  enfatiza en la necesidad de fortalecer la institucionalidad en el país para hacer frente a los problemas recurrentes de corrupción y falta de planificación y control.

“Sin las instituciones funcionando no vamos a avanzar. La Contraloría tiene que funcionar, los sistemas de gestión pública tienen que ser de calidad y el punto adicional es que la información tiene que ser pública, no puede hacerse de esta algo secreto, sino que por el contrario tiene que ser algo totalmente abierto. Si una institución no tiene información pública, siendo y estando obligada a serlo, tenemos que echar el ojo y la prensa cumple un rol muy importante para activar las alertas, pero también las denuncias ciudadanas”, señala.

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza tiene un Comité Ejecutivo compuesto por representantes de diversas instituciones, estatales y de la sociedad civil, que coordinan en la definición de políticas públicas vinculadas a la reducción de las brechas nacionales.

Federico Arnillas comenta que pasado el período crítico por las lluvias e inundaciones el Consejo Ejecutivo ha sesionado, con participación de los representantes del Ejecutivo nacional, para analizar qué aspectos deben priorizarse en el proceso de reconstrucción.

“Hay un diálogo permanente, el Comité Ejecutivo de la mesa ha discutido el tema de la reconstrucción y se han elaborado un conjunto de recomendaciones generales y en temas específicos. Por ejemplo, las emergencias son escenarios propios para el incremento de la violencia contra la mujer y la infancia, y sobre eso se ha pedido que se tomen cartas en el asunto. Asimismo, la mesa promueve lo que se denomina Diálogos por la Concertación y en este proceso hemos tenido la presencia del Presidente del Consejo de Ministros, del Congreso de la República y del Banco Central de Reserva, expresándonos las preocupaciones que se tienen de cara al proceso de reconstrucción. Nuestro mensaje es que se tiene que poner la calidad de vida de los ciudadanos en el centro de la política pública, algo que ha sido recogido por la autoridad de la reconstrucción”, señala.

Finalmente, menciona que urge la rehabilitación de infraestructura para garantizar mejor calidad de vida de las personas afectadas por el fenómeno, pero también el incremento del gasto corriente en sectores como Salud, para que existan los insumos, medicamentos y recursos necesarios para la atención de la ciudadanía.

“La reconstrucción es integral, tiene que ver con el presupuesto público, con inversión, con gasto corriente, tiene que responder a un enfoque de derechos y recoger la voz ciudadana. El Estado no está para servirse sino para servir a la ciudadanía”, asevera. 

Los gobiernos locales y regionales tienen, de acuerdo a sus leyes orgánicas, la tarea asumir la planificación integral del territorio y hacer frente a problemas vigentes como el trágico de tierras y la corrupción en las autorizaciones para la construcción en zonas vulnerables. Todo ello forma parte de una gestión mucho mayor que se enmarca en la prevención de desastres, responsabilidad que al parecer no es aún de comprensión general entre los gobernantes de turno y la ciudadanía.

En esto último trabaja el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres  - CENEPRED, adscrito al Ministerio de Defensa, cuya labor es normar y brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades que las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos – SINAGER, deben ejecutar.

Sin embargo, como explica la especialista Mariela Gálvez Meléndez, la labor es aún compleja, más por la falta de consciencia que existe respecto de la prevención y su importancia para asegurar el desarrollo sostenible de las comunidades.

“Definitivamente tenemos mucho trabajo por hacer, porque es débil realmente la incorporación del enfoque de gestión de riesgos de desastres a nivel de los entes ejecutores del SINAGER, sobre todo a nivel local y regional, y es que no se termina todavía de entender que el riesgo de desastres es parte del desarrollo sostenible. No podemos asegurar ni garantizar desarrollo de una región o de un nivel provincial y distrital si no incorporamos este concepto de la prevención, que implica evitar construir vulnerabilidades y hacer un mejor uso y ocupación del territorio, y reducir la vulnerabilidad de la población que ya está asentada en zonas de alto riesgo. Si no trabajamos bajo estos conceptos y solamente pensamos en la parte reactiva, seguiremos siendo todavía débiles”, señala.

PRINCIPIO DE AUTORIDAD

Gálvez Meléndez explica que en la gestión del territorio hay competencias compartidas entre municipios y gobiernos regionales, pero son los primeros los que deberían tener principio de autoridad en lo referido al uso y ocupación con fines urbanos, sobre todo en los espacios en los que se generan asentamientos poblacionales.

“Definitivamente necesitamos planificar pero no podemos pasarnos todo el tiempo en eso, la planificación se tiene que implementar, tiene que ir a la aplicación y lo que está pasando es que o le restamos importancia a la planificación o nos involucramos mucho en la planificación y no ejecutamos o no tomamos en cuenta esa planificación para la ejecución. Yo creo que la decisión y el principio del uso del territorio tienen que estar incorporados en todos los elementos de trabajo que tenga la política pública, sea de un gobierno regional o un gobierno local”, afirma.

SANCIONES POSIBLES

Refiere que la planificación es lo que menos interés motiva entre las autoridades pese a las exigencias expresas señaladas en las leyes orgánicas de municipalidades y de los gobiernos regionales, por lo que se hace necesaria la permanente fiscalización de las entidades autónomas relacionadas con el control, para que no se desatienda la importancia de la planificación y prevención a nivel nacional.

“Hay organismos en el nivel nacional que tiene que ver con el control y también con la sanción, por tanto estamos hablando de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público. En este caso, el incumplimiento de las competencias en el marco de las leyes orgánicas debería ser también sancionado y trabajado inclusive como parte de la prevención del delito por el Ministerio Público, para así generar las sanciones correspondientes, o en el caso de la Contraloría sobre el marco de los procesos de control que tiene que darse internamente, porque muchas veces se violan las propias normativas de planificación y uso territorial para habilitar zonas que no deberían ser habitadas o hacer inversiones públicas en zonas de riesgos cuando los marcos normativos lo restringen”, indica.

LA CORRUPCIÓN

Otro serio problema es la corrupción para la gestión del territorio y la delimitación de las zonas vulnerables, el cambio de la zonificación y la oferta inmobiliaria sin considerar los riesgos que existen frente a desastres en determinados espacios geográficos.

Mariela Gálvez señala que esto tiene estrecha relación con las consecuencias e impactos de los desastres naturales sobre la población una vez que ocurren, momento en el que se empiezan a hacer reflexiones sobre los riesgos sin tener en cuenta los factores pre-desastre, que en muchos casos se generan por negligencia de los gobiernos e irresponsabilidad de los propios ciudadanos.

“Ahora, por ejemplo, estamos hablando de reconstrucción, pero también tenemos que hablar del pre-desastre y todos estos factores se generan por malas decisiones o por los actos de corrupción. Las emergencias nos pone en luz la oportunidad que tenemos de hacer correctivos, porque  definitivamente un elemento que tenemos escondido es la corrupción e inclusive detrás de esto el tráfico de tierras. Ley de Reconstrucción dada por el Niño Costero está colocando en la cartera algo importantísimo que antes no se tocaba y es cómo vamos a declarar zonas de riesgo no mitigable, en las que ya no va a ser posible la inversión pública para la reconstrucción y donde la propiedad o el derecho de posesión de las personas que se ubicaban en estas zonas de riesgo se va a perder. Algo saludable de la norma es que inclusive se está facultando al gobierno regional no solamente la declaratoria de zonas de riesgo, sino también su custodia”, comenta.

Anota que imponerle el carácter de intangibilidad sobre áreas vulnerables frente a los desastres naturales demanda que el proceso de reconstrucción se emprenda en los tres niveles de gobierno: local, regional y nacional, con un carácter eminentemente correctivo y que restituya el principio de autoridad sobre la gestión del territorio.

“Hay necesidad entonces de que se tracen políticas nacionales, líneas maestras que se deben ser respetar sí o sí respecto al territorio. Definitivamente es parte de una política pública, el trabajo ahora debe darse en el marco de lo que es la ocupación del territorio de manera sostenible, segura, garantizando los derechos fundamentales de las familias pero con seguridad. La vivienda o el techo es un derecho fundamental, pero no es una justificación para que la población se convierta en vulnerable al exponerse en territorios de alto riesgo, eso no es posible. Tenemos que usar los instrumentos que nos dice la ley, las competencias técnicas y todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se sigan cometiendo los mismos errores constructivos y expansión urbana”, señala.

LECCIONES NO APRENDIDAS

Anota que lamentablemente desde 1998 poco se ha aprendido en el Perú sobre los riesgos que existen frente a los desastres naturales, sobre todo en la zona norte por la presencia del Fenómeno El Niño.

“La lección no la hemos aprendido, algo importante y una reflexión que tenemos, sobre todo en la zona norte, es que la naturaleza nuevamente nos ha abofeteado y nos ha dicho que como Estado somos malos planificadores o malos gestores del territorio. En este caso, más allá de las leyes y competencias, lo que debemos tener claro es que las autoridades y funcionarios somos responsables transitorios de la administración pública y, por tanto, tenemos que garantizar el principio emanado de la Constitución Política que es salvaguardar la vida e integridad de las personas. En ese sentido tenemos que trabajar y aprovechar el proceso de reconstrucción como una oportunidad para hacer los correctivos que correspondan con una visión de corto, mediano y largo plazo”, expone.