Los obstetras, a nivel nacional, demandan al Ministerio de Salud el respeto a su profesión, pero además que se mejoren las condiciones en las que realizan su trabajo diario, considerando que es el personal de salud que se encuentra más próximo a la población rural y del que depende no solo la prevención, sino también el adecuado tratamiento de las gestantes y recién nacidos.
Ada Chicoma Sotomayor, decana del Colegio de Obstetras en Lambayeque, refiere quehace dos años los obstetras empezaron su lucha profesional, debido a que se han modificado sus funciones en el sistema de salud, recortando labores para que han sido formados, pero que además se encuentran normadas.
“Somos los que estamos desde la zona más lejana hasta la más cercana y en malas condiciones salariales, climáticas y geográficas. Pese a todas esas adversidades, siempre van a encontrar un obstetra presente. Hace dos años empezó esta lucha porque se planteaba recortarnos funciones, decisiones que llegarían a afectar a la población. Por ejemplo, habíamos avanzado científicamente en hacer una ecografía en el primer nivel de atención, lo que es hacer un diagnóstico temprano, no tratar la complicación o la patología. Simplemente detectar y pasarla al especialista. El obstetra hace una especialidad y puede realizar ese procedimiento. No es necesario derivar a la paciente a otro nivel de atención, salvo que así se requiera. Sin embargo, hemos encontrado una dura oposición por parte del gremio médico de ginecobstetras, que nos está vetando de hacer este tipo de examen”, comenta la representante profesional.
A la controversia por las ecografías surgió la referida a planificación familiar. Se pretende que los obstetras dejen de colocar la T de cobre o el implante para la protección anticonceptiva. Para hacerlo se exige que tengan la supervisión de un médico.
“Nosotros le preguntamos al Ministerio de Salud y a las regiones si se han puesto a pensar cuántos ginecobstetras hay. Lambayeque tiene aproximadamente solo 138 ginecobstetras distribuidos en los hospitales y la gran pregunta es si un ginecobstetra, un especialista, va a trabajar a Incahuasi si se le manda. ¿Iría a Cañaris, a Mórrope o a las zonas más lejanas de nuestra sierra? La idea es seguir trabajando como siempre, en equipo, multidisciplinario y cada quien respetando sus competencias y su perfil profesional, pero lamentablemente surgió una corriente desde el Colegio Médico que no estaba de acuerdo y que vulnera nuestro derecho a seguirnos especializando y avanzando en procedimientos para los que estamos capacitados”, refiere.
AVANCE Y RETROCESO
La obstetricia es considerada en el país, según ley, como una carrera médica y se ajusta a los perfiles que se requieren para la realización de procedimientos como los antes mencionados a favor de la población.
“Un obstetra se prepara durante seis años en algunas universidades y en otras durante cinco años, y si quiere ser especialista estudia dos años más. Tiene toda la preparación científica y humanista para ejercer sin ningún problema”, manifiesta Chicoma Sotomayor.
A nivel nacional, tras una serie de gestiones, los obstetras lograron que el Ministerio de Salud retroceda en algunas modificaciones que vulneraban su ejercicio profesional. Sin embargo, en menos de 48 horas se emitió un nuevo clasificador de cargos que estipula sus funciones en los establecimientos asistenciales, retornando al estado de vulneración.
“Nos han retirado desde el trabajo adolescente y preconcepción, no podemos hacer ecografías, no podemos trabajar con la familia y la comunidad que es parte de nuestro campo. El trabajo de planificación familiar lo podemos hacer, pero con algunas restricciones porque al modificarnos el clasificador de cargos va a ser una puerta de entrada para poder modificar nuestras funciones. Sale el clasificador de cargos que se viene trabajando desde mediados del 2016 secuencialmente y a las 48 horas fue cambiado sin seguir el procedimiento correspondiente. Entonces nosotros preguntamos qué está pasando con la profesión. ¿No hay acaso otros intereses de por medio?, ¿qué pasa que no se piensa en la población?, ¿qué pasa que no se sientan a legislar para se ejerza la salud pública en el Perú de una manera equitativa para todos?”, cuestiona la decana.
VULNERACIÓN
Los cambios dispuestos por el Ministerio de Salud afectan no solo a los obstetras que trabajan en los puestos, centros y hospitales de su competencia, sino también en los establecimientos de la seguridad social. Existe – como señala Ada Chicoma – un daño colateral.
“Esta situación está presentándose en todos los sectores: marginación, acoso laboral, órdenes en los hospitales. El perfil dice que nosotros atendemos el parto normal, pero hoy en día hay muchos hospitales, de las diversas regiones del país, en los que no se está dejando entrar al obstetra y se dispone que quien atienda el parto sea el interno de medicina, el residente o el gíneco. Sin embargo, esa formación del médico es solo una parte, no se dedica solo a ello. Ahora, si el médico o el residente atiende, ¿acaso no debe estar presente el obstetra para que ayude al médico y enseñe? Nosotros estudiamos cinco o seis años para eso. Debe mantenerse el respeto a la profesión, el respeto a los obstetras, a su perfil profesional y a sus competencias”, enfatiza.
AVANCES
Ada Chicoma comenta que pese a las limitaciones que existen, se ha logrado algunos avances en la atención a las gestantes, como, por ejemplo, en lo referido al parto institucional; es decir, que las madres sean atendidas en establecimientos de salud a fin de garantizar su cuidado y el del recién nacido.
La Encuesta Demográfica y de Salud Familia – ENDES, desde el 2017, muestra que el parto institucional está en un 91.2 % y ha sido una de las estrategias para disminuir la mortalidad materna, resultado que no es de ahora, sino de varias décadas de articulación y acercamiento de los servicios de salud a la población, principalmente rural.
“Hoy la ENDES señala que el 91.2 % de partos son institucionales y atendidos por los obstetras en el primer nivel, estrategia que se tomó en el país para disminuir mortalidad materna y neonatal”, refiere.
En Lambayeque hay aproximadamente 750 obstetras que cumplen labor en los establecimientos del MINSA, la seguridad social y las Fuerzas Armadas y Policiales.
“Trabajamos situaciones adversas muchas veces. Sabemos que el sector salud carece de presupuesto y no contamos con las condiciones de infraestructura y equipamiento. Sin embargo, pese a ello hemos puesto el hombro y hemos salido adelante. El personal en el sector salud debe usar la creatividad y el ingenio porque si yo no tuve en ese momento algo de lo que técnicamente debo usar, tengo que encontrar la salida y no dejar de dar atención al paciente”, comenta Chicoma Sotomayor.
Menciona que hace cinco años había serios problemas para atender los programas de planificación familiar, sobre todo por la carencia de insumos. Actualmente, las limitaciones por disponibilidad de anticonceptivos se han superado.
Los obstetras también están a cargo de las gestantes portadoras de VIH y de trabajar en las acciones preventivas para el cuidado del recién nacido. Todo profesional está en la obligación de disponer las pruebas de sífilis y VIH a las gestantes, además de la consejería y acompañamiento necesario.
“Esa es función nuestra. Es una exigencia según la Organización Panamericana de Salud que el carnet perinatal y la historia clínica perinatal sean correctamente llenados, porque si la paciente tuviera una complicación, es importante que los antecedentes estén consignados. Sin embargo, en la seguridad social se han presentado casos en los que ambos documentos son llenados por los médicos y estos omiten la información, lo cual es perjudicial para la paciente y el sistema de salud”, manifiesta.
Contraloría determina presunta responsabilidad penal y administrativa en 16 exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de 60 mil 689.16 soles contra de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, debido a adquisiciones de combustible y accesorios en la estación de servicios “El Chofer”, sin que se realicen los debidos procesos de selección.
En una auditoría realizada por la entidad fiscalizadora superior se revisó y analizó documentación relativa a las compras efectuadas por el municipio a dicha estación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015.
Esta observación y otras se encuentran plasmadas en el Informe de Auditoría de Cumplimento N° 018-2018-2-0425, el cual fue remitido al órgano instructor competente y a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República para el inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales, respectivamente, a los entonces funcionarios y servidores comprendidos en el documento.
A efectos de la elaboración del informe, la Contraloría revisó y analizó la documentación relativa a las adquisiciones efectuadas de combustible, lubricantes y pistola americana a “El Chofer” E.I.R.L por la suma de 889 mil 593.80 soles. Los requerimientos, autorizaciones, pagos y rendiciones obran en los archivos de la Gerencia Municipal, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Desarrollo Ambiental, la Subgerencia de Tesorería y Finanzas, la Subgerencia de Contabilidad y Costos y la Subgerencia de Logística y Administración del Grifo Municipal.
OBSERVACIONES DETECTADAS
El informe de la Contraloría concluye que las compras de gasolina de 84 octanos y petróleo Diesel B5 se realizaron sin procesos de selección al margen de la normatividad, generando un perjuicio económico de 59 mil 371.66 soles.
Asimismo, que la adquisición de accesorios para el surtidor del grifo municipal sobrevaluada y al margen de la normativa generó un perjuicio económico de mil 317.50 soles, en tanto el fraccionamiento de compra programable de aceites y lubricantes permitió contrataciones directas menores a tres Unidades Impositivas Tributarias – UIT, al proveedor estación de servicios “El Chofer” por el monto de 32 mil 378.60 soles, hecho que estuvo al margen de la normatividad. En este caso dicho monto no representa perjuicio económico
Las situaciones descritas afectaron la moralidad, libre concurrencia y competencia, así como la imparcialidad, eficiencia, economía y trato justo e igualitario y el correcto funcionamiento de la administración pública.
INVOLUCRADOS
La Contraloría encontró responsabilidad penal y administrativa en los exfuncionarios Gervacio Larrea Chucas, Gerardo Solano Villarreal, Leopoldo Vásquez Casas, Baltazar Castillo Parraguez, Luis Sánchez Salazar y José Huertas Casas.
Del mismo modo, se determinó que existe responsabilidad administrativa en la ex gerente general del municipio de Chiclayo, Esther Morillo Valles, así como en el exfuncionario John Villanueva Farro. A estos corresponde iniciar proceso sancionar al igual que contra Oswaldo Viton Barboza, Rosa Gómez Ponce, Manuel Soto Cabrera, Sonia Braco Mejía, Jaime Paz Ávalos, Jhon Vega Sánchez, José Puican Chávez, José Huertas Casas y Luis Calle Sampén.
RECOMENDACIONES
El informe, que fue alcanzado a mediados de diciembre pasado al entonces alcalde Guillermo Segura Díaz, recomienda al titular de la Municipalidad Provincial de Chiclayo comunicar por escrito a los gerentes y subgerentes de las distintas unidades orgánicas de la entidad la prohibición existente en la normatividad de adquirir bienes programables o programados en el Plan Anual de Contrataciones sin procedimiento de selección, y/o fraccionar gastos para rendirlos con fondos de caja chica, bajo responsabilidad.
Asimismo, que se disponga por escrito a los gerentes municipal y de administración y finanzas la prohibición de reconocer o regularizar gastos que no han sido requeridos y contratados en cumplimiento de las normas técnicas internas vigentes y normatividad aplicable, bajo responsabilidad e inicio de acciones administrativas penales y/o civiles, de ser el caso.
El adecuado recojo y tratamiento de los residuos sólidos en Lambayeque es quizá el reto más grande que tienen las nuevas autoridades. Algunas, como el alcalde de Chiclayo se han aventurado a fijarse plazos imposibles, como limpiar la ciudad en 15 días. Eso, para Aníbal Díaz Orrego, directo de la Escuela de Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT, podría interpretarse como demagogia.
“En primer lugar es importante la educación ambiental, que los niños desde pequeños sepan cómo manejar los residuos. Es más fácil enseñarle a un niño que a un adulto a no botar sus papeles a la calle, por ejemplo. Es importante la educación, la gestión y también cómo se va a cobrar por el servicio de limpieza, no solo en Lambayeque, sino en el Perú, porque hay un problema agudo que es la morosidad. La gente no paga por el servicio de limpieza. Uno prefiere tener un celular de última generación donde paga mensualmente unos 100 soles, pero no pagar el recojo de la basura”, señala.
La población no paga bajo la lógica de que no recibe un servicio de calidad…
El Ministerio del Ambiente tiene planes muy ambiciosos. En el papel está todo muy bien. Es cuestión de aplicarlo y la gestión de residuos no solo es comprar compactadoras nuevas y ponerlas por ahí. Es el tema de la gestión implica un plan con varios componentes.
La idea es si nosotros vamos a dejar de consumir. Un país cuando más se desarrolla, más consume y la generación per cápita de residuos en el Perú es de medio kilo diario por cada persona. En Chiclayo tenemos casi 800 mil habitantes.
Si vas a un relleno sanitario, infraestructura donde simplemente vas a enterrar los residuos, entonces no se tiene ningún beneficio. La idea es reutilizarlos, porque así tendremos menos impactos. Las grandes ciudades tienden a ser ciudades sostenibles y cuando se dice sostenible es porque se tiene un buen manejo de residuos, de aguas residuales o aguas pluviales, un buen sistema de transporte. A eso apuntamos.
¿cuál es el aporte de la universidad en todo esto? El aporte es en la generación de conocimiento en estos temas.
¿Cuál es el aporte de la escuela profesional que usted dirige para que se mejore el aspecto ambiental en Lambayeque?
Nuestra carrera es ingeniería civil y tiene un componente ambiental, porque todas las obras en ingeniería civil crean o generan un impacto en el ambiente. Nosotros tenemos unas asignaturas que otras carreras o escuelas no tienen, como ingeniería en aguas residuales o ingeniería en residuos sólidos, por ejemplo, pero nos lo planteamos desde el punto de vista de la infraestructura.
Hacer un relleno sanitario o una planta de tratamiento de aguas residuales no es fácil porque debes tener estudios previos y para eso a los chicos se les prepara.
Es algo importante conocer el suelo en un proyecto de relleno sanitario, porque se debe tener un suelo específico para recubrir las primeras capas.
Teniendo en consideración el eje transversal del majeo ambiental y sostenible, ¿los estudiantes y los docentes han hecho algún tipo de investigación para diagnosticar situaciones relacionadas a residuos sólidos y urbanos en Lambayeque?
Hay varios temas de tesis que los chicos han hecho. Incluso hay sobre el ruso de residuos de construcción y demolición para aprovechar los recursos. El último concurso de investigación que hizo la universidad lo ganó una alumna que está haciendo eso, un tema de áridos reciclados y construcciones.
Son prácticas que en otros países se han hecho y aquí podemos aprovechar. Podemos coger las ideas que hicieron en otro sitio y ponerlas en práctica.
¿Qué hacer con los residuos de la construcción que hoy están acumulados en las vías departamentales o se usa para rellenar terrenos?
Hay varias alternativas. En los residuos de construcción y demolición hay una gama. Yo tengo una columna de concreto armada, de ella tengo dos componentes: el concreto y el acero. El concreto puedo reutilizarlo y emplearlo como elemento solo o chancarlo y hacerlo más pequeño. Al hacerlo más pequeños consigo un agregado artificial y con eso evito explotar una cantera y con ello mitigar el daño al medio ambiente.
La construcción contamina mucho. Una cantera es una minería donde se explota y eso es lo que se trata de evitar. Cuando haces un proyecto evalúas muchas cosas y esta es una de ellas.
Otro tema es para qué necesito ese árido. Ese árido lo puedo usar para capas de pavimento, para los suelos, para hacer un nuevo concreto. Esos son temas de investigación que nosotros hemos hecho.
En Lambayeque hubo un proyecto del gobierno regional sobre la ejecución y construcción de una escombrera. Nos duele a todos ir un día al campo y ver a la mano derecha o a la mano izquierda de la vía cómo se dejan los residuos.
Históricamente en el Perú, los escombros y residuos de construcción y demolición se han usado para rellenar terrenos, para llegar al nivel de carretera porque estas se hacían sobre nivel para evitar inundaciones. Sin embargo, lo peor para edificar es tener como base un relleno, porque no garantizas la compactividad.
¿Por qué se ha llegado a situaciones lamentables como la de José Leonardo Ortiz? El año pasado el municipio recibió 10 compactadoras, hubo problemas para el inicio de su operación, pero cuando estuvieron todas funcionando el problema siguió siendo el recojo de la basura.
El hecho de comprar compactadoras no soluciona el problema. Es un tema de gestión. Lambayeque compró barrenadoras que costaron un montón de dinero, Chiclayo tiene una y no ha solucionado nada.
Todo es un tema de gestión. Aquí hay gente muy capaz, pero también hay otro grupo de gente que no apoya. El proyecto de Chiclayo Limpio está desde el 2011, estamos 2019 y ni si quiera se ha terminado la planta de transferencia. El proyecto de relleno sanitario no sé cómo estará, no se sigue un programa de segregación y eso es importantísimo.
A veces la gente no entiende por qué tiene que separar la basura. Y esto es para que la basura no vaya y se entierre indiscriminadamente, sino para que el material que se separa tenga otra vida.
Y a esto hay que sumarle la inoperancia de las administraciones municipales…
En Leonardo Ortiz se puso en práctica un programa de segregación. Daban una bolsa todas las semanas y esa bolsa el reciclador se la llevaba. No sé qué hacían después con eso, pero luego desapareció.
Los proyectos deben ser a largo plazo, independientemente de qué alcalde nuevo venga. Los temas de residuos, agua y sostenibilidad independientemente del alcalde de turno deben tener continuidad, es como una política de Estado. Cuatro años pueden quedar cortos, esto debe continuar.
Hay otra forma que es el tema de tercerizar los servicios. No recomiendo nada, pero podría funcionar. El tema son los pagos, ¿cómo una empresa operadora va a cobrar? Hay mecanismos, incluso el Ministerio del Ambiente quiere volver a lo que se hacía antes. Antes se cobraba el servicio de limpieza pública junto a los servicios de luz, agua o de teléfono. La pregunta es cómo cambiarles el chip a las personas para mejorar. Es difícil.
¿Cree usted en las autoridades que se ponen plazos para resolver el tema de la limpieza? Por ejemplo, en 15 días como lo ha hecho el alcalde de Chiclayo.
Es imposible, es demagogia, es politiquería. Yo en 15 días contrato miles de obreros, volquetes y dejo todo limpio, pero no va a durar. A los 15 días se tendrá lo mismo. Si no hay un plan bien estructurado y a largo plazo, no se podrás hacer nada y si no se cuenta con infraestructura y los bienes adecuados este no va a funcionar.
Cuando hablo de bienes hablo de papeleras, contenedores, de que la gente sepa dónde y por qué tiene que dejar sus residuos. Por otro lado, mejorar las condiciones de los que limpian. Son gente que da pena, que trabaja sin guantes, sin mascarillas ni uniformes y está expuesta a todo tipo de enfermedades. En papel tenemos todo, es cuestión de aplicarlo, pero con políticas a largo plazo.
Wilfredo Becerril Rodríguez, hoy prófugo de la justicia, fue – según Registros Públicos – gerente de la empresa Red Medical Dental & Business E.I.R.L, la misma que ganó más de 30 procesos de contratación con el Estado pese al impedimento existente dada la posición ventajosa de su hermano, el parlamentario fujimorista Héctor Becerril Rodríguez, como autoridad. Es tal la inobservancia de lo señalado en las normas nacionales que el año pasado la Gerencia Regional de Salud – GERESA, le otorgó un contrato para el mantenimiento de equipos odontológicos.
El 9 de mayo pasado, el especialista en contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita recurrió al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, para denunciar la irregular participación de Red Medical Dental & Business EIRL en dos diferentes procesos de licitación convocados por entidades públicas. Dos días después, OSCE notificó al denunciante el inicio del proceso sancionador a la empresa.
IMPEDIMENTO
Los fundamentos invocados por Chávez Pita es que la empresa, que desde el 2014 nombró como gerente a Wilfredo Becerril Rodríguez, según la Partida Registral N° 11147904, estaba impedida para contratar con el Estado debido al parentesco directo de este con el legislador por Lambayeque Héctor Becerril Rodríguez.
La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en su Artículo 11, señala que están impedidos de contratar con el Estado (literal f) el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado consanguinidad y segundo de afinidad de (literal a) “los congresistas de la República”.
DENUNCIAS
Chávez Pita presentó dos denuncias contra la empresa. La primera, por participar y adjudicarse la buena pro de la Licitación N° 131-2017-GRAP, realizada por el Gobierno Regional de Apurímac, para la “Adquisición de equipos médicos correspondiente al componente de equipamiento y mobiliario del proyecto: Mejoramiento del acceso a la atención materna infantil a los servicios que brinda el Centro de Salud del pueblo joven Centenario – Abancay”.
La segunda denuncia fue por la participación y adjudicación en la Licitación Pública de Bienes N° 005-2015-MDSMV, efectuada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle – Huánuco, referida a la “Adquisición de equipos e instrumental médico para la obra: mejoramiento y equipamiento de los servicios de salud del Valle, distrito de Santa María del Valle, Huánuco”.
Ambas denuncias fueron admitas a trámite por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, pero extrañamente hasta el momento la empresa de la que Wilfredo Becerril fue gerente no ha recibido la sanción respectiva por parte de la entidad fiscalizadora.
CONTRATO CON LA GERESA
El 11 de octubre del 2018, la Gerencia Regional de Salud - GERESA Lambayeque, suscribió el Contrato N° 359-2018 derivado de la Adjudicación Simplificada N° 011-2018-GR.LAMB/GERESA-II Convocatoria, con Red Medical Dental & Business E.I.R.L., referido al “Servicio de Plan de Mantenimiento de Equipos Odontológicos”, valorizado en 140 mil soles.
El contrato fue suscrito por la jefa de la Oficina Ejecutiva de Administración de la entidad, Carolina Ramos Delgado y la representante legal de la empresa, Cristy Cruzado Jiménez.
La cláusula novena del contrato señala que la empresa declaró bajo juramento que se comprometía a cumplir las obligaciones derivadas del contrato, bajo sanción de quedar inhabilitada para contratar con el Estado en caso de cumplimiento.
En la cláusula siguiente, la empresa se obligó a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Artículo 248-A.
EMPRESA CON SUERTE
Red Medical Dental & Business E.I.R.L. fue fundada por Cristy Cruzado en el 2009 y solo desde que nombró a Wilfredo Becerril como su gerente, en febrero el 2014, empezó a tener un notable éxito en las contrataciones con el Estado, al punto que entre el 2014 y el 2017 facturó por licitaciones casi cinco millones de soles.
Lo particular de la empresa es que en los procesos en los que ha participado ha consignado siempre direcciones falsas. Una investigación del diario La República a los movimientos de la empresa confirmó que tres de las direcciones presentadas en las diferentes convocatorias no le pertenecían: una era una bodega, otra un condominio y la tercera una vivienda familiar.
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La economía lambayecana en los últimos 10 años ha tenido dos momentos de diferente dinámica en su crecimiento. El primer bloque, del año 2008 al 2012, con un ritmo promedio de crecimiento del 7.3% explicado por un crecimiento del 16.6 % del sector construcción, 13.7 % del sector telecomunicaciones y otros sectores importantes como administración pública, comercio, manufactura y transportes. El segundo bloque, del 2013 al 2017, tuvo una importante disminución con un crecimiento solo del 3.0 %, explicado esto por las contracciones de sectores importantes como construcción que pasó de un crecimiento del 16.6 % en el bloque anterior a un 2.6 %, así como el de telecomunicaciones que pasó de un 13.7 % a un 8.9 en el mismo período de análisis, y el mismo sector comercio pasando de un 8.2 % a un 2.2 %. El sector agropecuario y el de manufactura en estos períodos de análisis tuvieron fuertes contracciones llegando a comportamientos negativos en el segundo bloque de análisis con -0.4 % y -0.2 %, respectivamente.
Este comportamiento de la economía lambayecana nos confirma que los períodos con contracciones del PBI siempre están asociados a fenómenos climáticos. Si bien es cierto nuestra economía regional no sufre muchos impactos de las fluctuaciones de los precios de los commodities mineros que siempre afectan a la economía peruana en general, sí es altamente vulnerables a los fenómenos de la naturaleza, ya sea por exceso como es el caso del Fenómeno El Niño - FEN o en otros casos con consecuencias hasta peores en el PBI ante los casos de sequías.
El Fenómeno del Niño de acuerdo a lo indicado por el Instituto de Defensa Civil afectó al 10.5 % de las personas afectadas y damnificadas; 15.9 % de viviendas destruidas; 8.6 % de viviendas afectadas; 2.1 % de carreteras destruidas; 6.2 % de áreas de cultivo perdidos y 4.4 % de áreas de cultivo afectadas. Ubicándose principalmente los afectados en Túcume, Íllimo, Motupe, Pacora, Mórrope, Jayanca y Chiclayo.
Reconociendo entonces que la economía lambayecana es vulnerable a fenómenos climáticos las labores de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios son fundamentales.
En los últimos diez años el promedio de crecimiento del Producto Bruto Interno de la economía Lambayecana ha crecido 5.1 %, sustentado principalmente por el crecimiento del sector construcción (9.3 %), comercio (5.2 %), telecomunicaciones (11.3 %) y administración pública (7.1 %) de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, en los últimos diez años la contribución al valor agregado bruto del país es del 2.2 % por debajo del aporte de Piura (3.6 %) y Tumbes (0.5 %).
Aun esperando cifras definitivas del año 2018 el Producto Bruto Interno de Lambayeque cerraría con un crecimiento al rededor del 4%, sustentado principalmente por los sectores económicos del comercio (18.7 %), Servicios (31.6 %), Manufactura (9.8 %) y Construcción (9 %). Siendo los sectores que vienen mostrando mayor desaceleración en los últimos cuatro años como el Agropecuario (-0.4 %) y Manufactura (-0.2 %).
PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO
Considerando que el Plan Integral de Reconstrucción con Cambio (PIRCC) contempla inversiones por tres mil 115 millones de soles para Lambayeque (alrededor del 28 % del PBI), de los cuales el 67 % está orientado a obras de reconstrucción y el 33 % a obras de prevención y desarrollo urbano; se estima que en el 2019 el PBI de Lambayeque puede alcanzar un crecimiento del 4.6 %, para lo cual se requiere un escenario favorable en el que las autoridades recientemente electas e instaladas propicien un clima que genere confianza en los ciudadanos y los inversionistas.
LAS EMPRESAS Y LAS CIFRAS DE EMPLEO
Lambayeque, según cifras de la SUNAT (2016), tiene 58 mil 238 empresas formales, de las cuales el 97 % son microempresas. Del universo empresarial aproximadamente 160 realizan operaciones comercio exterior (exportaciones), de las cuales el 47.2 % son pequeñas y microempresas, el 11.3 % medianas empresas y el 41.5 % grandes empresas.
Por otro lado, es muy importante analizar los indicadores de empleo. Lambayeque según la ENAHO, INEI y MTPE tiene una PEA ocupada de 628 mil 416 personas, de las cuales el 40.2 % pertenece al sector servicios, seguido por el comercio con el 22.7 %. Es importante destacar que el 75 % del empleo en la región es informal, sumando un 59 % de empleo informal del sector informal y el 16 % de empleo informal en el sector formal de la economía.
LA COMPETITIVIDAD REGIONAL
Siendo la competitividad regional un indicador de cómo el entorno general para hacer negocios favorece la presencia y consolidación de empresas que generan servicios, productos con valor agregado por lo tanto empleo y, por ende, mejoras en las condiciones de vida es necesario mirar el Índice de Competitividad Regional - INCORE 2018, que publica el Instituto Peruano de Economía - IPE.
En la evaluación del 2018 se observa que Lambayeque retrocedió un puesto, ubicándose en el puesto 7 de 25 regiones analizadas, ubicándose de acuerdo a los indicadores de desempeño en Entorno Económico (puesto 9), Infraestructura (puesto 7), Salud (puesto 5), Educación (puesto 9), Laboral (puesto 10) y lamentablemente en el pilar de Institucionalidad en el puesto 17 de 25 regiones.
Esta mala ubicación del pilar Institucionalidad evidentemente se debe a los casos de corrupción destapados por las autoridades jurisdiccionales que ha comprometido de manera consecutiva dos períodos de gobiernos locales en la capital de la región, ciudad ancla de todos los servicios.
LA TAREA DE LAS NUEVAS AUTORIDADES
En el plano regional es importante la visión estadista que debe imponerse en nuestra autoridad, fundamentalmente concentrados en las inversiones para consolidar los proyectos de envergadura en materia de infraestructura productiva, tales como el Terminal Marítimo de Lambayeque, el Plan Hidráulico Regional, el Plan Vial Regional, la Banda Ancha para Internet y el Terminal Aeroportuario; todos estos proyectos o programas de inversiones ya tienen avances importantes en sus estudios y hace falta continuar la gestión estratégica para conseguir los fondos de inversión en sus diversas modalidades. Esta gestión estratégica de recursos e inversionistas requiere de un equipo de profesionales con una visión integradora de los esfuerzos del sector gremial empresarial como cámara de comercio, asociaciones de exportadores, colegios profesionales, universidades y en general de la sociedad civil organizada, quienes vienen impulsando estos grandes proyectos, pero requieren una fuerza integradora donde asuma un rol importante el gobierno, en este caso las autoridades de nuestro gobierno regional.
En el nivel local es importante generar consensos con las sociedad civil para articular esfuerzos y lograr resolver primero los problemas más álgidos de la ciudad tales como infraestructura de saneamiento básico, la gestión de residuos sólidos, la seguridad ciudadana y en paralelo ir gestando la generación y/o actualización de un documento maestro de planificación del desarrollo urbano con visión metropolitana.
(*) Economista, director del Instituto de Investigación Economía y Sociedad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.
El Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, organismo técnico que se encarga de la supervisión y gestión de los proyectos de irrigación en el departamento, tiene una hoja de ruta definida para los próximos años, en la que se destaca la ejecución de varios componentes del Plan Hidráulico Regional y de la infraestructura menor de riego para las cinco mil 500 hectáreas del Valle Viejo de Olmos.
El ingeniero Leopoldo Fernández León, flamante gerente general del PEOT, reconoce que la administración de su antecesor, Juan Saavedra Jiménez, ha dejado pautas institucionales claras respecto al Plan Hidráulico Regional, como los estudios preliminares y de factibilidad para la represa Las Delicias, en el valle Zaña; la contratación de la consultoría para los estudios de la segunda etapa del trasvase Olmos y la conclusión de la factibilidad de las obras de riego para el Valle Viejo.
Entre los avances de los componentes del Plan Hidráulico se tiene también la iniciativa privada para la gestión del recurso de riego en el valle Chancay – Lambayeque, que comprende la realización del embalse Montería, el hidráulico Sicán y el drenaje agrícola. La propuesta de inversión se encuentra en trámite ante Proinversión, con la posibilidad cambiar de proponente.
LA CALZADA
Sobre la represa La Calzada, el gerente general del PEOT señala que se ha reunido con el comité de gestión del proyecto y se espera que se concrete la asignación de los 15 millones de soles que se necesitan para la elaboración del expediente técnico. La Calzada está considerada dentro del paquete de obras de prevención con recursos de la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios.
Al respecto, Leopoldo Fernández refiere que su posición es que se respete la concepción inicial de la obra, tomando como base los estudios formulados en el 2008 por D’León Consulting con financiamiento del gobierno norteamericano, es decir, que se construya una represa en el cauce del río La Leche, en la parte alta de la cuenca.
Ese es, precisamente, un asunto controversial respecto a La Calzada, debido a que los comuneros de la parte alta del valle se oponen a la construcción de la presa porque consideran que serán perjudicados con el área inundable. Ante ello, el PEOT trabajó una propuesta alternativa que consiste en la construcción de cuatro reservorios pequeños que reemplacen a la presa. Estos serían: La Calzada, Calicanto, Llavis y Laquipampa.
“Estoy de acuerdo con el proyecto anterior porque es un poco más integral. Es lógico que se va a generar un problema social porque hay personas asentadas en lo que sería el área inundable, pero la norma es clara y en este caso la balanza se inclina a favor del número de beneficiarios. En Íllimo, como en otros pueblos de la parte baja del valle, la escases de agua es terrible, mientras que en zonas como Mochumí Viejo o Puchaca hay agua todo el año. El 90 % de la población del valle se ubica en la parte baja. Yo estoy de acuerdo con el proyecto anterior”, asevera.
SOLUCIÓN AL CONFLICTO
Fernández León sostiene que lo prioritario para su gestión al frente del PEOT es atender la problemática existente en el Valle Viejo de Olmos, donde la junta de usuario ha tomado la bocatoma La Juliana, estructura que forma parte del componente de irrigación del Proyecto Olmos.
“Los dirigentes de la Junta de Usuarios de Olmos mienten y eso no es bueno. El presidente de la junta dice que no tienen agua para cultivar y por eso han tomado la bocatoma. Lo que no dice es que desde que se logró el trasvase al río Olmos se les ha dotado de la cantidad de agua suficiente para sembrar. El asunto está en que cuando la Autoridad Local de Agua – ALA, le pidió el plan de distribución se comprobó que no necesitan la cantidad de recurso que piden y por eso es que se redujo la dotación”, explica.
Según refiere, el uso excesivo de agua en el Valle Viejo traerá consecuencias negativas para los propios comuneros, porque se acelerará el proceso de salinización de las tierras. Lo otro es que parte del agua del trasvase se está utilizando en el valle de Cascajal, lo cual no está contemplado en el contrato.
“El agua que ahora hay en el río Olmos es del trasvase, porque antes del trasvase ese era un río seco, solo estacional en temporada de lluvias. Siendo así, los agricultores del Valle Viejo, como señala el contrato de concesión del trasvase, deben pagar una tarifa social por el recurso hídrico. La tarifa en el Valle Nuevo es de 0.07 centavos de dólar, se use o no el agua, cifra que es imposible aplicar para los comuneros. Pero estos sí deben respetar la tarifa consensuada por metro cúbico de agua que reciben”, detalla.
Menciona además que el contrato de trasvase señala que el acuerdo para la venta del agua al Valle Viejo se hará con una asociación de agricultores, no con la Junta de Usuarios. En palabras de Leopoldo Fernández, esta queda fuera de cualquier trato sobre el agua que actualmente usan los comuneros.
Lo que también se ha corroborado, según información de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, es la presencia de motobombas a lo largo de los canales de conducción del agua trasvasada en la irrigación Olmos, lo que da cuenta de la informalidad con la que algunos agricultores actúan, aprovechándose indebidamente del recurso hídrico.
“Lo primero que tenemos que hacer es solucionar el problema con los comuneros respecto a La Juliana. Ya nos hemos reunido con varios actores del sector agricultura, los representantes de la junta y de la concesionaria. El caso ya ha sido denunciado y será la fiscalía quien se pronuncie”, manifiesta.
OBRAS DE IRRIGACIÓN
En paralelo, el PEOT avanza en las gestiones para que se construya la infraestructura menor para el Valle Viejo de Olmos. El julio pasado la entidad entregó al Ministerio de Agricultura y Riego el estudio de factibilidad del proyecto, el mismo que ya cuenta con código en el sistema de inversión pública.
Hasta el momento se ha logrado que el ministerio asuma la ejecución del proyecto como obra emblemática al 2021, año en el que se conmemorará el Bicentenario de la República. La inversión aproximada es de 106 millones de soles.
“Los 106 millones se invertirán en la construcción de los canales de conducción del agua hasta la cabecera de parcelas. Se ha comprometido en que en las próximas semanas tendremos noticias buenas para los agricultores del Valle Viejo. Se ha remitido al ministerio todo el estudio para ver cuál será la fuente financiamiento con la que se ejecutarán las obras”, señala.
AUTONOMÍA PLENA
Fernández León manifiesta que su administración en el PEOT está alineada con los objetivos que desde el Gobierno Regional de Lambayeque ha trazado el gobernador Anselmo Lozano Centurión, para lo cual goza de total autonomía.
En ese sentido, indica que el PEOT seguirá a cargo de la operación y mantenimiento del sistema mayor del Proyecto Tinajones, anteriormente administrado por la Junta de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque.
“Si se hace un balance de lo que era la gestión de la junta de usuarios nos daremos cuenta que esta solamente operaba y no mantenía. Cuando quería mantener le pedían plata al Estado. Cobraban por el agua, pero no lo reinvertían en el mantenimiento del sistema. El PEOT está haciendo mejor las cosas en ese aspecto y es por eso que mi posición es que se mantenga la situación actual”, manifiesta.
Anota que la preocupación del gobernador regional es hacer realidad las obras del Valle Viejo de Olmos, para lo cual ha desplegado su confianza en el equipo gestor del PEOT.
“Nos ha pedido que seamos ejecutivos, que no entrampemos las cosas, que manejemos todo rápido y por ese camino vamos. Su preocupación y la del PEOT es ahora el Valle Viejo, y tenemos autonomía técnica absoluta para realizar nuestro trabajo”, sostiene.
Fernández León, ingeniero agrícola de profesión, fue designado como gerente general del PEOT con la Resolución Ejecutiva Regional N° 27. Ha trabajado como supervisor externo del Proyecto Subsectorial de Irrigaciones – PSI, gerente de la Junta de Usuarios del Alto Piura y gerente de la municipalidad de Pomalca. También fue presidente del Capítulo de Ingeniería Agrícola del Colegio de Ingenieros del Perú – Lambayeque.
La gestión de Marcos Gasco Arrobas se inició hace dos semanas y hasta el momento son varias las señales de la improvisación aún reinante en la comuna de Chiclayo. Errores grave como la designación de procesados y sentenciados en cargos estratégicos del municipio y el desatinado incremento de la remuneración del sueldo del alcalde y la dieta de los regidores, juegan en contra de lo que la autoridad debiera preservas: la confianza de la ciudadanía.
Expresión dialogó con el regidor de oposición Yony Piana Ramírez, que en la primera sesión del concejo provincial tuvo una firme postura en contra del incremento del sueldo del alcalde y ha advertido de manera puntual que las actitudes de Gasco Arrobas se asemejan mucho a las que adoptó su antecesor, hoy investigado por corrupción.
En la primera sesión de concejo se puso en agenda tres temas: el aumento del sueldo, la validación de firmas y la declaratoria de reorganización del municipio. ¿Cuál es el diagnóstico que han recibido como regidores respecto a la situación actual de la comuna de Chiclayo?
Se informó que la deuda sobrepasa los 242 millones de soles. En salud se tiene una deuda de 64 millones de soles que se ha dejado de pagar desde mayo del año pasado y que se ha descontado a los trabajadores. En el fondo de pensiones por AFP hay una deuda de 56 millones de soles, en deudas administrativas laborales hay 38 millones, pendientes por acciones judiciales 17 millones, saldos por pagar y otros rubros.
Es una deuda enorme, hay una desorganización en la municipalidad y no están muy claras las funciones que corresponden. Se sabe que 200 trabajadores de limpieza están en el área administrativa y no sabemos en base a qué criterios llegaron.
Lo que se necesita es trabajar con seriedad, dar pasos firmes en los problemas principales como el saneamiento, la basura, pues estamos en un peligro de epidemia para toda la ciudad y es muy lamentable. Tenemos que tratar eso inmediatamente y la gestión del alcalde ha dado muestras de mucha improvisación.
Lo que señaló en su campaña, que a parte del Plan de Gobierno tenía un equipo en el plan de trabajo que no eran sus amigos, no ha sido cierto, por eso los errores. El día de la juramentación no solamente hubo frivolidad para con Chiclayo, sino que intervino la fiscalía para capturar a uno de los funcionarios que había nombrado.
Hasta ahora está incompleta su plana de funcionarios de confianza. Realmente lo que se está haciendo es dar pasos improvisados. Dar pasos de acuerdo a las circunstancias y viendo cuál es el ambiente de la población, pero no hay una acción coherente de mediano y largo plazo que asegure que vamos por buen camino.
La deuda municipal empieza en 1998 y solo entre el gobierno de David Cornejo, entre el 2015 y el 2018, se generó el monto más alto en situación coactiva. ¿De eso también se ha informado al concejo?
Lo que se tiene es el informe preliminar. Aún faltan informes en muchas de las áreas. Probablemente la deuda suba. Incluso, las metas de recaudación han bajado. Entonces hay un problema de deuda extrema y disminución de recaudación.
Lo del equipo técnico llama la atención. Pasadas las elecciones, entre noviembre y diciembre, el alcalde Marcos Gasco se mostró renuente a decir quiénes conformarían su equipo técnico y el día de su juramentación se supo que había designado como funcionario a un prófugo de la justicia. Evidentemente fallaron o no hubo filtros. ¿Puede eso justificarse?
No, de ninguna manera. Y eso es solo un caso, también hubo otro como el del funcionario de Imagen Institucional que no reunía los requisitos y el de la funcionaria con sentencia.
Un alcalde debe tener un equipo de primer nivel, de confianza y gerencias de primer nivel, y no los ha presentado. La municipalidad debe hacer gastos, gestiones, firmar cheques, para eso se necesita la firma de los funcionarios, pero no hemos tenido la hoja de vida de ellos. Hay que correr riesgos y votar a ciegas porque tampoco se puede paralizar y hacer una labor obstruccionista.
En la primera sesión, para autorizar las firmas de los funcionarios no teníamos las hojas de vida, solo el nombre y estábamos en disyuntiva de paralizar la labor municipal o darle pase. Lo que hemos hecho es correr riesgos.
En aquella sesión debió asignarse las comisiones municipales e incluso establecer el plazo para que el gerente general presente su plan de trabajo…
Los regidores no tenemos asignada ninguna función aún. No existen las comisiones y hasta estos momentos no hay una sesión ordinaria del concejo. Lo ideal sería trabajar en equipo y escucharnos. Una de las deficiencias del alcalde es que no escucha las opiniones discrepantes o diferentes miradas respecto a los problemas de la ciudad.
Como sociólogo, ¿cree que esta es una señal de que se puede repetir la historia? Chiclayo ya ha tenido alcaldes que nos escuchaban el sentir de la población o las opiniones de especialistas y técnicos, y han terminado presos.
La nuestra es una sociedad estructurada para eso. Los centros educativos e incluso los medios de comunicación y los procesos de formación están orientados a que la población no asuma un punto de vista que trascienda de la apariencia, entonces es una sociedad construida para eso. Las normas mismas hacen engorroso todo trámite administrativo, toda acción que permita limpieza.
Por eso se explica una construcción deficiente que no abra en los estudiantes y en las personas un espíritu crítico, su capacidad de cuestionar, de poner en duda y de innovar y ser creativos. Eso ha sido frustrado porque a las clases de poder les conviene para perpetuarse.
Es un problema profundo, incluso de la votación porque es un acto que refresca la enfermedad que se vive en la sociedad.
¿En qué conducta calza la forma en que Gasco Arrobas se viene desempeñando desde que juramentó como alcalde?
Siempre ha mostrado contradicción entre sus palabras y sus actos. En la juramentación él dijo que se iba a rodearse de los mejores funcionarios y no de los amigos. Anteriormente dijo que iba a presentar su equipo de funcionarios y tampoco lo hizo. Da marchas y contramarchas de modo permanente. Además carece de visión política. La alcaldía no solo es para el mejor vecino. Ser alcalde significa tener una capacidad de gestión más allá de eso. Debe conocer la problemática de la población y darle orientación política a los problemas de la ciudad.
Se necesita tener información respecto a qué piensa, qué quiere y cuáles son los problemas de la sociedad. No solamente el informe que tiene la municipalidad. Chiclayo es más que las oficinas municipales.
Su mirada es estrecha y se reduce al ámbito de la municipalidad y no entiende que existen otros organismos y una sociedad civil que está presta a las soluciones. Es un gobernante que está confundido respecto a qué es gobernar.
La situación se hará más compleja porque de la municipalidad dependen dos instituciones: el CGT y la Sociedad de Beneficencia. ¿Cree que con las deficiencias que está mostrando Gasco Arrobas va a tener los cuadros capaces para que el CGT llegue a las metas y la beneficencia maneje sus recursos de manera adecuada?
Espero que lo haga. Chiclayo no puede estar supeditado a improvisaciones. Hasta ahora no lo ha demostrado y espero que corrija. Los regidores en minoría estamos para apoyar el proceso de construcción, para informar a la población, para hacer la labor de fiscalización, pero además para decirle al alcalde que la ciudad necesita un trabajo en equipo y que la ciudadanía sienta que es incorporada y representada.
¿Fue un error el aumento de sueldo?
Sí, sobre todo ponerlo como punto de agenda de la primera sesión del concejo, más porque ese tema se podía discutir hasta marzo. Pero además, me pareció un grosero ejemplo de insensibilidad hacia la ciudadanía.
Cuando uno postula a un cargo de elección lo hace por servir y debe dar muestras de desprendimiento, porque estas señalan que la función principal es el servicio, no ganar una remuneración hasta donde se le permita. Gracias a Dios hubo un techo en el monto, sino la cifra, quién sabe, hubiera llegado a los 18 mil o 30 mil soles.
¿Será un abanderado de la fiscalización en el concejo?
Si he sido elegido es para contribuir por Chiclayo, para construir, pero también para señalar aquellas cosas que ofenden a la población y que atentan contra la dignidad de los chiclayanos. Las labores de fiscalización y mi voz, en representación de los casi 50 mil votantes que recibió la lista en la participé, tienen que estar presentes en este proceso.
Fiscal Sergio Zapata Orozco, responsable del caso a exclusividad, debió formular acusación por lavado de activos o requerir el sobreseimiento en el plazo de treinta días después de dar por concluida investigación preparatoria. Sin embargo, hasta la fecha no lo hace. Juan Valdivia Goycochea, uno de los investigados, lo denunció.
Ante los continuos incumplimientos en los plazos de investigación preparatoria, elaboración de pericias económico – financieras y presentación de requerimiento acusatorio, que estaría afectando el debido proceso en el desarrollo del Caso N° 2447-2014, “Los limpios de la corrupción”, a cargo del fiscal provincial Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, el exgerente de EPSEL S.A., Juan Miguel Valdivia Goycochea, decidió formular queja por presuntas irregularidades en el ejercicio de funciones.
El 8 de enero pasado, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque, mediante Resolución N° 1, en el Caso N° 2019-5, resolvió abrir Investigación Preliminar contra el fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, otorgándole un plazo de cinco días de notificado a fin de presentar su Informe de Descargo, notificación que ha sido extendida a todos los fiscales asignados al caso. Estos son: Pamela Elías Bravo y adjuntos Luisita Ruíz Chapoñán, Eliú Arismendiz Anaya, Elí Pérez Díaz y Jhony Sotero Zeta.
HACE DOS AÑOS
El 7 de julio del 2016, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, en su Resolución N° 5, advirtió respecto de las responsabilidades en cuanto al incumplimiento de plazos dentro de la investigación, cuando señaló: “…aun cuando hay actuaciones pendientes de realización, son de entera responsabilidad del órgano persecutor (Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo), como el caso de la pericia económico-financiera que hasta el momento no se materializa, y que de no practicarse en el tiempo que queda, las responsabilidades no se hallarían en el órgano jurisdiccional (Poder Judicial) menos en el Ministerio de la Defensa, teniendo en cuenta que este colegiado superior ha llegado al convencimiento de la necesidad de establecer un límite para el aprisionamiento anticipado, que sería suficiente para que el Ministerio Público presente su caso penal y procurase el enjuiciamiento, si así correspondiera…”. Añadiendo, además, “…en el Estado de Derecho los delitos se persiguen dentro de un equilibrio, haciendo que la justicia discurra y no aparezcan rasgos de venganza…”.
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Con fecha 23 de octubre del año pasado, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al resolver el pedido de control de plazo formulado por la defensa técnica de Jorge Inchaustegui Samamé y que fue declarado infundado por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, señaló: “…en un proceso se procura la averiguación de la verdad, pero no constituye un principio de la ley procesal penal, que se tenga que lograr a cualquier precio (…) ‘Tan importante como descubrir la verdad sobre el hecho aparentemente delictivo y sancionar al eventual culpable es el respeto de los derechos del imputado y de los demás sujetos procesales’ (…) se verifica que el plazo de investigación preparatoria en el presente caso ha vencido, por lo que el Ministerio Público debe proceder, en el término que concede la ley (30 días), a formular su requerimiento correspondiente, ora de acusación o de sobreseimiento, en el proceso principal que se sigue por los delitos de asociación ilícita y otros…”.
No obstante, lo dispuesto por el colegiado, y que, un día antes, el mismo fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco dio por concluido el plazo de investigación preparatoria, hasta la fecha no se ha presentado requerimiento acusatorio o de sobreseimiento, según corresponda. El plazo de 30 días hábiles, venció el 7 de diciembre de 2018.
PERICIAS ECONÓMICO-FINANCIERAS
La explicación de la falta de Requerimiento Acusatorio o de Sobreseimiento, quizá se explique en que, hasta la fecha, las Pericias Económico-Financieras dispuestas en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, no se hayan concluido, a pesar que los plazos legales, fiscales y hasta contractuales para su elaboración ya han vencido en demasía. Sin este documento, la acusación por lavado de activos carecería de sustento probatorio.
El 30 de marzo de 2016, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, en su Resolución N° 111, señala textualmente: “…Respecto a la Pericia Económica-Financiera exhorta al Ministerio Público recabar la información y a nombrar peritos, considerando el plazo que se ha concedido por prolongación de prisión preventiva, el cual es de quince meses para los procesados, plazo que engloba también la etapa de investigación, por lo que al tratarse de una diligencia macro, se concede seis meses para que designe peritos y empiece a hacer esta diligencia…”.
El fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco jamás cumplió con el plazo otorgado, es más, inexplicablemente, a pesar que desde mediados del año 2017 se contaba con el presupuesto para la contratación de peritos, esta contratación no se formalizó sino hasta enero de 2018. Las razones tendrá que exponerlas el fiscal en su momento.
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El 13 de diciembre pasado, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado – FECOR de Lambayeque, bajo la dirección del fiscal provincial Juan Manuel Carrasco Millones, realizó un operativo policial en el marco de las investigaciones seguidas contra la organización criminal “Los temerarios del crimen”, logrando la captura del electo alcalde Olmos, Willy Serrato Puse, procediendo al allanamiento de su vivienda.
Siete días después, el 20 de diciembre, el mencionado imputado efectuó declaraciones de revelando cómo apoyó para la elección de Guido Aguila Grados e Iván Noguera Ramos como consejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura - CNM, las supuestas influencias del empresario Edwin Oviedo Picchotito en el CNM, y la forma de cómo influyó en la ratificación de los siguientes magistrados: el vocal supremo César Hinostroza Pariachi, el fiscal superior adjunto Víctor Antonio Meléndez Arrascue y el fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco.
Nuestra Unidad de Investigación ha centrado su análisis en lo declarado por el actual alcalde de Olmos respecto de cómo tanto Edwin Oviedo Picchotito y Willy Serrato Puse, de distinta manera, influenciaron en la ratificación del fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, declaraciones que muestran una serie de imprecisiones, que hacen presumir una total falta de corroboración por parte de los responsables de la investigación de los dichos de Serrato Puse y un pretendido “maquillaje” de lo que realmente ocurrió.
RATIFICACIÓN DE ZAPATA
Señala Serrato Puse en su declaración que “en el mes de julio del año 2017, cuando le tocaba pasar ratificación al fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, Edwin Oviedo a través de su operador en el CNM, Alberto Alva Azula, solicitó no ratificar al fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, además de hacerlo quedar mal con la opinión pública y así no ratificarlo, logrando su propósito y haciendo que la votación de dicho fiscal quede en suspenso por un tiempo prolongado que no es normal”.
“Es entonces que en una oportunidad cuando viajé a la ciudad de Lima y nos hospedamos en el Hotel ‘Flamingo’, y en horas de la mañana nos constituimos a desayunar al restaurant ‘El Robeño’, y coincidimos con el doctor Víctor Yaipén Zapata, quien era amigo de Sergio Lucio Zapata Orozco, y me indicó que se estaba cometiendo una injusticia dado que la ratificación estaba demorando, indicándome que persuada a Iván Noguera Ramos para que vote por la ratificación del mencionado fiscal, porque era un fiscal honesto y correcto y que su esposa acababa de fallecer y se encontraba emocionalmente destruido; es entonces que yo me contacto con Iván Noguera en su casa ubicada en Pueblo Libre – Lima, y le comento que se está cometiendo una injusticia con el fiscal Sergio Zapata, mucho más que su esposa acababa de fallecer y no podía quedarse sin trabajo y, por lo tanto, rectificara su voto, con la finalidad de ratificar el cargo del fiscal y de esa manera pusiera fin al suspenso del fiscal y posteriormente lo ratificaron al fiscal Zapata Orozco por unanimidad. Debo precisar, que el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco nunca me habló para que lo ratificaran, además yo no lo conozco y nunca lo he visto, sino que me fui a hablar a Iván Noguera porque yo consideraba que todo eso era una injusticia”, señaló Serrato Puse.
¿EL INTERÉS DE OVIEDO?
Desde octubre del 2014, el fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco está abocado a exclusividad, junto con otros cinco fiscales más, a las investigaciones seguidas en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, del caso “Los limpios de la corrupción”, no teniendo bajo su responsabilidad ninguna investigación que tenga como imputado a Edwin Oviedo Picchotito, existiendo, en este extremo, una total falta de motivación para que el empresario azucarero haya “solicitado” que Zapata Orozco no sea ratificado.
Solo ese hecho pone en duda el testimonio que Willy Serrato ha dado a la fiscalía.
UN PROBLEMA DE FECHAS
Serrato Puse señala que en julio le tocó pasar ratificación al fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, lo cual no se ajusta a la realidad, pues el referido fiscal compareció ante el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en su Audiencia de Ratificación el 18 de abril del 2017.
En el desarrollo de la misma fue duramente cuestionado, e incluso el consejero Iván Noguera lo interrogó sobre el Caso Transportes Línea, referido a un hecho de corrupción en el gobierno municipal de Roberto Torres Gonzales y en el que estaba involucrado su exfuncionario Percy Quesquén Díaz. Noguera puso en evidencia la manera poco diligente en la que el fiscal Zapata Orozco había manejado el caso. Este respondió con evasivas y finalmente aceptó que fue sorprendido, ya que Percy Quesquén Díaz montó una trama para engañarlo.
La resolución que aprobó su ratificación fue publicada en la página web del CNM el 12 de julio de 2017.
ALVA AZULA
Otra incongruencia de lo señalado por Serrato Puse tiene que ver con el exasesor del CNM, Alberto Alva Azula.
El 18 de julio del 2018, Wildor Alberto Alva Azula remitió una Carta Notarial a IDL-Reporteros a fin de solicitar se desagravie a su persona en los reportajes que dicha institución había difundido en los medios de comunicación y redes sociales, por poner en tela de juicio su honor, dignidad, credibilidad y reputación.
Entre otros aspectos, señala que “…Ciertas desavenencias y criterios contrarios, deterioraron la confianza con el Dr. Aguila (…) precisando que esas discrepancias no eran por actos ilícitos o ilegales que haya visto, pues los hubiese denunciado, sino de orden administrativo y de procederes, preferí mantener el respecto y afecto hacia él y su familia y renuncié a mi cargo en julio de 2016…”.
En consecuencia, es materialmente imposible que el julio del 2017 (un año después de su renuncia al CNM), Alberto Alva Azula haya sido “operador en el CNM” de Edwin Oviedo Picchotito para influenciar en contra de Zapata Orozco.
Otro aspecto es que Alva Azula fue asesor de Guido Aguila Grados y no de Iván Noguera Ramos, como el mismo Serrato Puse lo señala en otra parte de su declaración: “…Esta persona (refiriéndose a Alberto Alva Azula) ingresó como asesor principal de Guido Aguila…”, no señalando en ninguno de los puntos de la referida declaración la supuesta relación de Alva Azula con Noguera Ramos.
LA “AMISTAD”
Willy Serrato Puse en su declaración señala que quien le pidió ayudar al fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco fue el abogado Víctor Yaipén Zapata, porque era su “amigo”, lo cual lejos de ayudar al fiscal genera mayor suspicacia, dado que el referido Yaipén Zapata es abogado defensor de Segundo Aguedo Vera Cóndor; representante legal de Industrias Triveca S.A.C., empresa involucrada en actos de corrupción con exfuncionarios de EPSEL S.A., entre ellos Percy Quesquén Díaz, como lo acredita el acta de “Declaración Testimonial de Segundo Aguedo Vera Cóndor”, de fecha 14 de septiembre del 2015, en los seguidos en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, caso “Los limpios de la corrupción”.
Víctor Pastor Yaipén Zapata, con Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 30004, representó como abogado defensor al Colaborador Eficaz N° 17-2015, cuyo Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz se formalizó mediante Resolución N° 3, del 27 de octubre del 2016, en los seguidos en la misma Carpeta Fiscal N° 2447-2014, caso “Los Limpios de la corrupción”, a cargo de su “amigo” Sergio Zapata Orozco.
Como ya lo informó Expresión, en el establecimiento de la reparación civil por los mismos hechos y delitos (otorgamiento de coimas a funcionarios de EPSEL S.A. a efectos de que se adjudique a Industrias Triveca S.A.C. la Licitación Pública N° 04-2013-EPSEL S.A./GG), el tratamiento entre imputados no ha sido el mismo, denotándose un posible favorecimiento al defendido por Yaipén Zapata. El caso es el siguiente: El Colaborador Eficaz N° 17-2015 se le impuso el pago de 300 mil soles por concepto de reparación civil por los delitos de Colusión (145 mil), Cohecho Activo Genérico (145 mil) y Falsificación de Documentos (10 mil); mientras que a José Nicolás Baca Távara (exgerente de EPSEL), por los mismos hechos, se le sentenció en primera instancia al pago de un mil 326 mil 311.35 soles por los delitos de Colusión Agravada (702 mil 224.98) y Cohecho Pasivo Impropio (624 mil 86.37).
¿Por qué la enorme diferencia?, quizás la respuesta se encuentre en la “amistad” declarada por Willy Serrato Puse entre el fiscal provincial Sergio Zapata Orozco y el abogado defensor Víctor Pastor Yaipén Zapata.
OTRO PROBLEMA DE FECHAS
En su declaración testimonial, Willy Serrato Puse señala que habló con Iván Noguera Ramos con la finalidad que este rectifique su voto e influya en la ratificación del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco en virtud a que Víctor Pastor Yaipén Zapata le señaló que el fiscal se encontraba moralmente destruido “porque su esposa acababa de fallecer” y no podía quedarse sin trabajo. Este hecho debió ocurrir antes del 12 de julio de 2017, fecha en que se publicó en la página web del CNM la resolución de ratificación de Zapata Orozco.
Sin embargo, Iris Angelina Tello Otoya, esposa del fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, falleció el 31 de agosto de 2017, o sea, mucho después de la ratificación del fiscal, lo que pone en tela de juicio la verdadera motivación de Willy Serrato Puse para influir ante el CNM en la ratificación de Zapata Orozco, la cual definitivamente no fue por un acto de humanidad y justicia.
LO QUE INFORMA LA FECOR
El 7 de enero de este año, el fiscal adjunto Germán Montero Ugaz informó “para los fines que se sirva determinar”, únicamente los hechos relacionados a la supuesta solicitud de Edwin Oviedo Picchotito de no ratificar al fiscal provincial Sergio Zapata Orozco, sin que la versión brindada por Willy Serrato Puse haya sido mínimamente corroborada.
Asimismo, el actual alcalde de Olmos pudo asumir el cargo, en virtud que, la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada – FECOR, a cargo de Juan Manuel Carrasco Millones, declinó solicitar para él prisión preventiva, requiriendo la medida de comparecencia con restricciones, a pesar de las graves denuncias que pesan en su contra y sin que, por lo menos que se sepa, este se haya acogido a algún beneficio premial.
NOMBRAMIENTO DE MELÉNDEZ ARRASCUE
Otro de los hechos declarados por Willy Serrato Puse es que a fines del 2017 Víctor Antonio Meléndez Arrascue postuló para alcanzar una plaza de fiscal superior adjunto, pero después de todos los exámenes quedó como candidato en “reserva”. Meses después, señala Serrato Puse, la persona conocida como “Mellizo Carbajal”, trabajador de Edwin Oviedo, le solicitó apoyar a su amigo Víctor Antonio Meléndez Arrascue con el voto de Iván Noguera para su nombramiento en la plaza de fiscal superior adjunto, para lo que le entregó dos mil (para que se constituya a Lima y converse con el consejero antes mencionado.
La pregunta que se cae de madura es: Si supuestamente Edwin Oviedo Picchotito tenía su propio “operador” en la Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura (Alberto Alva Azula), ¿para qué necesitaba de las influencias de Willy Serrato Puse con el consejero Iván Noguera Ramos?
MENCIÓN DE ACUÑA
Willy Serrato Puse ha señalado que para la elección de Iván Noguera Ramos como representante de las Universidades Privadas conversó con Roger Pingo Jara, entonces rector de la Universidad de Chiclayo, y Humberto Llempén Coronel, de la Universidad Señor de Sipán, a fin que apoyen la candidatura. Según refiere, ambos aceptaron.
Declaró, asimismo, que para estas gestiones recibió depósitos de dinero efectuados por una persona de nombre “Panchito”, que era el Secretario Personal de César Acuña Peralta.
Continúa relatando “…Hago mención que en el transcurso de los días previos a la elección, el ingeniero Humberto Acuña me manifestó que la intención de poner personas en el CNM era la de manejar el sistema de justicia, nombrar, ratificar, destituir a jueces y fiscales a nivel nacional…”.
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El abogado Víctor Pastor Yaipén Zapata, quien habría intercedido ante Willy Serrato Puse para la ratificación del fiscal Sergio Zapata Orozco, es hermano del actual Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima – Norte, Marco Antonio Yaipén
