“Es un tema que siempre va estar en discusión”, señala Juan José Martínez Ortiz, presidente de la Autoridad del Servicio Civil – SERVIR, al referirse a los perfiles que las instituciones establecen para la contratación de personal, debido a que en muchos casos se elevan los requisitos sin que estos, necesariamente – según sostiene – garanticen idoneidad y eficiencia del servidor.
“¿Qué prima más, grados académicos o experiencia? Al final, y hay que verlo caso por caso, es una mezcla. ¿Qué se necesita, alguien con maestría o con un diploma de especialización, o más trabajo en campo? Yo diría que hay opiniones encontradas, porque algunas personas dicen: ‘No, importan más los estudios’, otras dicen: ‘No, importa más la experiencia en el campo’. Al final, yo creo que es un tema de equilibrio donde están las dos cosas”, refiere Martínez Ortiz.
El alto funcionario sostiene que en opinión de SERVIR, resolver la disyuntiva dependerá del tipo de puesto que se quiere contratar y de la entidad que convoca, además de las funciones específicas del puesto y también de lo que se encuentra en el lugar.
“A veces se pone una valla muy alta en un lugar donde no habrá oferta de lo que se pide. ¿Qué ganas haciendo eso? Puede ser que se haya hecho con la mejor intención, pensando que el doctor es el que más sabe, pero en verdad, a lo mejor, lo que se necesita no es el doctor, sino al que sepa con conocimiento en el campo, con experiencia. Un doctorado no garantiza a un buen funcionario público”, afirma.
CAMBIOS EN LOS PERFILES
Respecto a los informes elaborados por la Contraloría General de la República, a través de los Órganos de Control Institucional – OCI, sobre el incumplimiento de perfiles en las contrataciones para cargos de confianza realizadas por las nuevas autoridades regionales y municipales, Martínez Ortiz señala que el rol del ente fiscalizador apunta a que no se reduzcan los estándares establecidos en los documentos de gestión.
“Los cambios de perfiles son permisibles siempre y cuando sigan los pasos establecidos en la directiva de perfiles de puestos dada por SERVIR. El tema, básicamente, es que sea razonable. No necesariamente un cambio de perfil es malo por sí mismo. Hay que ver si el perfil realmente se adecúa o no al puesto, porque también, así como hay gente que dice que se ha bajado un perfil para que entre alguien, en algún momento se ha usado a este como un instrumento para direccionar una contratación. Ponen que se necesita a alguien que haya estudiado una maestría en una cosa muy específica en una determinada universidad y eso restringe”, explica.
El presidente de la Autoridad del Servicio Civil – SERVIR, manifiesta que el rol de la Contraloría es verificar que en las contrataciones de personal de confianza se cumplan las normas que rigen los procedimientos.
“Contraloría lo que ha hecho es decir: ‘Tú hoy día tienes este perfil vigente, la persona que entró, ¿lo cumple o no?’. El perfil se puede cambiar, claro que sí, pero en cualquier caso la persona que entre siempre tiene que cumplir el perfil vigente. Lo que Contraloría ha observado es que en muchos casos esos perfiles bien o mal hechos, exagerados o no, no son respetados, si la persona contratada cumple lo que dice el papel. La Contraloría no tendría mucho argumento para decir: ‘Cambia el perfil para arriba o para abajo’, esa es ya una decisión de gestión y que se debe sustentar”, anota.
TRÁNSITO DE INSTITUCIONES
En Lambayeque, son 10 las instituciones públicas que se encuentran en tránsito de adecuación a la Ley del Servicio Civil. Es el caso de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, que conformó su comisión en junio del 2017; el Gobierno Regional de Lambayeque, que se encuentra en el hito de ‘Mapeo de puestos’, con comisión integrada en diciembre del mismo año, y las municipalidades de Ferreñafe, Lambayeque, Chongoyape, Pimentel, José Leonardo Ortiz y Pomalca.
En el caso de los municipios se tienen comisiones conformadas y capacitadas, algunas que datan desde el 2015, como es el caso de las de José Leonardo Ortiz y Pimentel. En tanto, el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo – CGT, tiene comisión conformada desde junio del 2017.
“La idea es que las comisiones impulsen el proceso y den información a los servidores. Esa es la primera etapa, en esa fase están la mayoría de entidades de Lambayeque que aspiran a adecuarse a la Ley del Servicio Civil. Lo que tenemos que hacer es retomar el proceso y continuar”, enfatiza Juan José Martínez.
Desde su creación en el 2006, a través de la Ley Nº 28740, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, busca garantizar que instituciones educativas tanto públicas como privadas cumplan con los estándares de calidad exigibles para una adecuada oferta formativa.
Bajo esa lógica, el SINEACE publicó en el 2009 el Modelo de Calidad y la Guía para la acreditación de carreras y al año siguiente el de posgrados. Así, en el 2012 se acreditó por reconocimiento al primer programa educativo, el cual perteneció a la Escuela de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Ya en el 2013, se acreditaron las primeras carreras por procedimiento regular: Ciencias Marítimo Navales de la Escuela Naval del Perú, Educación Primaria de la Universidad de Piura, Educación Primaria de la filial Chiclayo de la Universidad César Vallejo y Enfermería de la Universidad Los Ángeles de Chimbote.
NUEVO MODELO DE ACREDITACIÓN
No obstante, en el 2015 se dispuso la suspensión de procesos de acreditación, a fin de realizar una evaluación del modelo, la misma que concluyó en que este requería cambios en cuanto a concepción, enfoques y alineamiento con las tendencias internacionales, orientándose más a los resultados, pero sin descuidar los procesos, la reflexión y el respeto a la diversidad y particularidades de cada institución.
En ese sentido, el 21 de marzo del 2016 se oficializó el nuevo Modelo de Acreditación para la Educación Superior Universitaria mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 022-2016-SINEACE/CDAH-P; y el 7 de julio el Modelo de Acreditación para los Institutos y Escuelas de Educación Superior, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 076-2016-SINEACE/CDAH-P.
De ese modo, las casas de estudio que ya habían obtenido la acreditación para sus distintos programas debieron adaptarse al nuevo modelo. Tal fue el caso, por ejemplo, de la Universidad César Vallejo – Filial Chiclayo, que logró la acreditación de la carrera de Educación Primaria, la Universidad Señor de Sipán – USS, que acreditó Administración, Contabilidad y Psicología, y la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo – USAT, con Enfermería, Educación Primaria y Educación Secundaria con especialidad en Filosofía y Teología.
Actualmente, según el registro del SINEACE, son ocho las carreras acreditadas bajo el nuevo modelo. Estas son: Educación Inicial, Medicina Humana, Psicología, Derecho y Odontología, de la USAT; Ingeniería de Sistemas y Derecho de la USS; y Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG.
LICENCIAMIENTO
No obstante, si las universidades con programas acreditados no logran el licenciamiento institucional que otorga la Superintendencia Nacional de Educación – SUNEDU, las acreditaciones carecerían de sentido, señala la presidente del Consejo Directivo Ad Hoc de SINEACE, Carolina Barrios Valdivia.
En ese marco, el Ministerio de Educación – MINEDU, a través del Decreto Supremo Nº 016-2019, aprobó la formulación de un plan de emergencia para las universidades públicas a las cuales SUNEDU les deniegue el licenciamiento institucional.
La normativa señala que en un plazo máximo de 10 días después de denegado el licenciamiento, el MINEDU conformará una comisión técnica, la cual contará con 45 días contados desde la recepción de la información requerida a la universidad para la elaboración de un plan de emergencia. Dicho plan deberá aprobarse en un máximo de 15 días y, a partir de allí, la universidad tendrá un año como máximo para ejecutarlo.
PROCESO DE ACREDITACIÓN
Según explica Barrios Valdivia, el proceso de acreditación contempla la revisión de aspectos ligados a la gestión de la oferta formativa desde la perspectiva del perfil de egreso. Es decir, que las competencias impartidas respondan realmente a las necesidades y demandas del entorno.
“Ese perfil de egresos debe verse desplegado en el plan de estudios. Allí se observa que este último sea coherente, que se haya organizado de modo tal que cumpla las competencias indicadas, que haya docentes adecuados para ese fin, además de que la universidad o el instituto tenga los materiales y el equipamiento necesario para asegurar que el estudiante pueda transitar por todo su proceso formativo”, sostiene.
Explica que el proceso de acreditación consta de cuatro etapas: sensibilización, autoevaluación, evaluación externa y la acreditación propiamente dicha.
Respecto a la autoevaluación, señala que se busca no solamente dar garantía pública de que la oferta educativa que brinda la institución es de calidad, sino generar una cultura de autorregulación que les proporcione información sobre cómo van haciendo las cosas y, a partir de allí puedan hacer ajustes para una mejora
“Es importante que la propia institución identifique sus brechas, que se evalúe a sí misma para que cuando consideren que han implementado todas las mejoras necesarias pidan la evaluación externa a SINEACE para que constate que, efectivamente, se están cumpliendo los estándares de calidad”, manifiesta.
Informa que actualmente son 116 las instituciones entre universidades, escuelas de educación superior e incluso colegios los que han iniciado los procesos de autoevaluación en Lambayeque. No obstante, solo un programa está en la etapa de evaluación externa: la carrera de Educación Inicial de la Universidad César Vallejo.
Respecto a las escuelas de educación superior, revela que un 41 % de estas en el departamento ha iniciado el proceso de autoevaluación de sus programas. Por lo general, menciona, este proceso tarda aproximadamente tres años (incluyendo a las universidades).
Sobre los colegios, destaca que solo dos a nivel nacional habían obtenido una acreditación, por lo que la lógica hoy ha cambiado y el enfoque está puesto en que inicien los procesos de autoevaluación con procesos de mejora. De estos, son 23 los que ya empezaron y se encuentran distribuidos en Chiclayo (11), Lambayeque (6) y Ferreñafe (6).
MATRIZ DE EVALUACIÓN
Barrios Valdivia refiere que son 34 los estándares a evaluar, divididos en cuatro dimensiones y cinco factores.
La primera dimensión es la de Gestión Estratégica, en la cual se evalúa la articulación de los propósitos del plan de estudios con la misión y visión institucional, la participación de los grupos de interés, la revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos, la sostenibilidad, la pertinencia del perfil de egreso, la revisión del perfil de egreso, el contar con un sistema de gestión de calidad y la implementación de planes de mejora.
En tanto, la segunda dimensión – Formación Integral - agrupa los criterios de mecanismos de gestión para la evaluación y actualización del plan de estudios; las características del plan de estudios; el enfoque por competencias; la articulación con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación y la movilidad de estudiantes y docentes.
Asimismo, tiene una serie de estándares referidos a los docentes, tal como la selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal docente; el contar con profesionales adecuados; el reconocimiento de sus actividades; y el sostenimiento de un plan de desarrollo académico para ellos.
De igual forma, está la admisión al programa de estudios; la nivelación de ingresantes, el seguimiento al desempeño de los estudiantes; las actividades extracurriculares; la gestión y calidad de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; la rigurosidad para la obtención del grado y título; la publicación de los resultados; la responsabilidad social; y la implementación de políticas ambientales.
En cuanto a la dimensión de Soporte Institucional, se encuentra el bienestar; el equipamiento y uso de la infraestructura; el mantenimiento de la misma; el sistema de información y comunicación; el contar con centros de información y referencia; y los recursos humanos para la gestión del programa de estudios.
Respecto a la dimensión Resultados, se encuentra el logro de competencias y el seguimiento a los egresados y objetivos educacionales.
Todos estos estándares se encuentran subdivididos a su vez en criterios y agrupados en 12 factores: la planificación del programa de estudios; la gestión del perfil de egreso; el aseguramiento de la calidad; los procesos de enseñanza – aprendizaje; la gestión de los docentes; el seguimiento a los estudiantes; la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; la responsabilidad social universitaria; los servicios de bienestar; la infraestructura y el soporte; los recursos humanos ; y la verificación del perfil de egreso.
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A casi dos meses para que culmine el 2019, nueve de los 20 distritos de Chiclayo han ejecutado menos del 60 % de su Presupuesto Institucional Modificado – PIM, según registra el portal del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
Pese al constante pedido de dinero para más obras, dichos ayuntamientos registran poca capacidad de gasto. De no ejecutarse hasta fin de año, los montos serán transferidos al ejercicio presupuestal inmediato en calidad de saldos de balance para cumplir con los compromisos asumidos o por asumir, según la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
De los 20 distritos, fuera de la Municipalidad Provincial de Chiclayo que tiene un PIM de 138 millones 778 mil 170 soles, la comuna que mayor presupuesto recibe es la de José Leonardo Ortiz con 44 millones 272 mil 538 soles y la de menor es Nueva Arica con un millón 436 mil 882 soles.
MÁS DEL 60 %
De las municipalidades que han ejecutado más del 60 % de su presupuesto destaca la comuna de Ciudad Eten, la cual tuvo un PIM de 17 millones 332 mil 822 soles del que ya ha ejecutado 15 millones 280 mil 145, es decir, tiene un avance del 88.4 %.
Le sigue el ayuntamiento de Picsi, con un avance de ejecución presupuestal del 82.8 %, cuyo monto ejecutado hasta el momento es de seis millones 564 mil 559 soles de un presupuesto total de ocho millones 12 mil tres.
Continúa en la lista la Municipalidad Distrital de Chongoyape con una ejecución de nueve millones 601 mil 24 soles de 11 millones 663 mil 783 soles, lo cual representa el 82.6 %.
Le siguen José Leonardo Ortiz, con un avance del 78.4 %, Cayaltí (78.2 %), Pucalá (75.7 %), Monsefú (69.5 %), Santa Rosa (67.6 %), Nueva Arica (63.8 %), Lagunas (61.8 %) y la Municipalidad Provincial de Chiclayo (61.2 %).
MENOS DEL 60 %
Entre las municipalidades que menos avance presupuestal tienen destaca la de Pátapo, con solo el 20 %. El distrito azucarero registra una ejecución de dos millones 802 mil 26 soles de los 14 millones 331 mil 891 soles que tiene disponible.
Le siguen Puerto Eten, que pese a tener solo tres millones 493 mil 922 soles, apenas ha ejecutado el 29.5 %, es decir, 994 mil 291 soles; y Tumán, con un avance del 37.6 %, producto de los tres millones 673 mil 755 soles ejecutados de nueve millones 847 mil 58 soles.
Continúan La Victoria, con un avance del 39 %; Zaña (47.3 %), Reque (49.7 %), Pimentel (53.8 %), Oyotún (54.5 %) y Pomalca (55.9 %).
LAMBAYEQUE
En cuanto a Lambayeque, fuera de la comuna provincial que tiene un PIM de 66 millones 918 mil 694 soles, del cual ha ejecutado el 46.7 %, el distrito que cuenta con más presupuesto es el de Mórrope, con 37 millones 583 mil 287 soles, seguido de Olmos, con 32 millones 941 mil 316 soles. En tanto, los de menor presupuesto son Chóchope, con un millón 251 mil 646 soles y San José, con tres millones 986 mil 378.
Respecto a la ejecución presupuestal, el distrito que más avance registra es justamente Chóchope, que ejecutó hasta la fecha un millón 25 mil 158 soles, lo cual representa el 82.6 %. Le siguen Pacora, con el 70.6 % de avance de 22 millones 327 mil 730 soles e Íllimo con el 59.4 % de 10 millones 560 mil 102.
En la cola se encuentran Jayanca, con un avance del 27.7 %, producto de los cinco millones 668 mil 725 soles ejecutados de 20 millones 598 mil 359 soles; y Salas y Mochumí, ambos con 33.6 % de ejecución.
FERREÑAFE
Respecto a Ferreñafe, la municipalidad provincial ha ejecutado 16 millones 784 mil 532 soles de los 30 millones 175 mil 436 que registra de PIM, lo que representa el 62.7 %. Le sigue en presupuesto Pítipo, con 24 millones 906 mil 72 soles, mientras que el de menor es Cañaris, con cuatro millones 793 mil 860 soles.
De los seis distritos de la provincia, el que más avance tiene es Cañaris con el 66.5 %, fruto de los tres millones 36 mil 163 soles que ha ejecutado. Le siguen Mesones Muro, con 62.4 %; Incahuasi, con 61.3 %; Pueblo Nuevo con 40.1 % y Pítipo, con 21.5 %.
GOBIERNO REGIONAL
En relación al Gobierno Regional de Lambayeque, el pliego presupuestal que mayor presupuesto tiene – sin contar al Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, que recibe 213 millones 428 mil 782 soles, monto en el que se asignan los pagos a las concesionarios del trasvase e irrigación Olmos – es la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, con 357 millones 614 mil 546 soles, seguido de la Gerencia de Salud, con 175 millones 356 mil 370 soles.
En tanto, los que menor presupuesto tienen son: la Autoridad Portuaria Regional – APR, con apenas 450 mil 592 soles; seguida del Colegio Militar Elías Aguirre, con seis millones 633 mil 784 soles y la Gerencia de Transportes, con 12 millones 66 mil 646 soles.
De las 14 unidades ejecutoras, la de mayor avance en ejecución es la APR con 89.2 %, seguida del Colegio Militar Elías Aguirre con 82 % y la UGEL Ferreñafe con 79.9 %.
En tanto, las de menor avance en ejecución son la Sede Central, con 45.1 %, producto de los 67 millones 413 mil 345 soles girados de los 154 millones 555 mil 837 de presupuesto; la Gerencia de Agricultura con 48.5 % y Transportes con 51.1 %.
Otro año más de decrecimiento. El presidente de la Cámara Peruana de Construcción – CAPECO Lambayeque, Antonio Rabanal Rosales, revela que el sector construcción en el departamento cerrará el 2019 con un crecimiento promedio de 1.8 % o 2 % en el mejor de los casos, cifra positiva que, sin embargo, es menor al 2.5 % logrado el año pasado.
Según Rabanal Rosales, la caída es parte de una constante que se repite desde el 2013, año en el que el sector dejó de crecer al ritmo promedio de 6 %, como lo venía haciendo desde el 2002.
“La inversión más fuerte en el sector debería ser la pública, pero por las malas políticas y aspectos coyunturales que ya todos conocen se ha generado una crisis de obras que ha hecho que el sector privado se contraiga”, sostiene.
FACTORES
El dirigente de CAPECO, gremio que agrupa a 143 asociados en Lambayeque entre empresas constructoras, inmobiliarias, profesionales independientes e instituciones públicas, señala que, además de la turbulencia política, hay otros factores que son una constante para que disminuyan las obras de construcción en la zona cada año.
Señala que uno de estos es la demora de las municipalidades distritales y provinciales para entregar las licencias y permisos. En ese sentido, apunta que junto al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento trabajan para agilizar estos procedimientos.
Sin embargo, afirma que el principal escollo para el crecimiento del sector se encuentra en la Ley de Contrataciones del Estado, la cual – considera - debe sufrir una modificación integral y no solo “parches” como se ha hecho hasta ahora.
Manifiesta que uno de los principales defectos que tiene la ley es la conformación de los comités de selección. En su opinión, estos direccionan las obras bajo un criterio subjetivo, otorgándoselas a empresas constructoras sin experiencia técnica ni soporte financiero.
“En Lambayeque tenemos cerca de 20 obras paralizadas que empezaron el 2018 y este año no han avanzado en nada. En algunos casos se debe a factores propios de la empresa, otros a temas municipales, corrupción o intervención de la Contraloría. Junto a CAPECO Lima vamos a enviar una propuesta integral para la modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado”, sostiene.
Asimismo, indica que en Lambayeque el 75 % del sector Construcción es informal, mientras que solo un 25 % es formal. No obstante, menciona que cuando hay crisis, el sector que más se ve afectado es el informal, pues para construir una vivienda este se toma en promedio hasta cuatro o cinco años, dado que avanza por etapas.
En tanto, el formal tarda menos, por lo que sus costos también son menores. Dado que sus proyectos de vivienda suelen ser masivos, demora entre dos a tres años para la edificación de departamentos y entre cinco y siete para condominios.
VIVIENDAS
Asimismo, el dirigente gremial explica que durante la última fase del gobierno de Ollanta Humala Tasso se tomaron medidas de restricción que afectaron al sector Construcción, lo cual hizo que los bancos tomen sus precauciones y endurezcan sus criterios de calificación para la entrega de créditos hipotecarios.
Indica que si antes una familia demoraba en promedio ocho meses para reunir el dinero de la inicial para una vivienda, ahora este período ha aumentado a un año e incluso año y medio. Esto también afecta el ciclo de toma de decisión que antes oscilaba entre dos a tres meses y hoy llega a cinco y hasta nueve meses.
No obstante, menciona que en los últimos meses esa realidad ha empezado a cambiar, pues los bancos han percibido que las constructoras ya colocaron todas sus viviendas que tenían en ‘stock’ y están nuevamente construyendo, por lo que las entidades financieras han vuelto a reactivar el crédito a algunas empresas y familias, a las cuales ya no les piden el 20 % de inicial, sino el 15 % o 10 %.
Apunta que el año pasado cerca de 800 familias accedieron a una vivienda a través del Fondo Mivivienda, cifra a la que si se le añaden las adquisiciones mediante créditos hipotecarios da un promedio de 950.
BONO MIVIVIENDA VERDE
Del mismo modo, Rabanal Rosales señala que ya hay en Lambayeque una empresa certificada para edificar viviendas sostenibles a través del Bono Mivivienda Verde, que otorga el Fondo Mivivienda, además de otras cuatro que se encuentran en proceso de certificación.
Apunta que todavía no hay ninguna vivienda sostenible entregada en el departamento, pero que en los próximos dos años deberán entregarse unas mil 200 que ingresarán al proceso de edificación.
Explica que estas viviendas cuentan con un sistema de iluminación de bajo consumo (tecnología LED), así como griferías y sanitarios con la misma mecánica, además de contómetros o medidores de agua especializados, lo cual permitirá a los propietarios alcanzar un ahorro mensual de hasta el 30 % en luz y agua.
ALZA DE PRECIOS
Por otro lado, Rabanal Rosales indica que también ha habido alza en el precio del material de construcción, particularmente del cemento y el fierro. Este último insumo, comenta, se encareció aproximadamente en un 5 %.
Menciona que también subió el precio de los agregados, sobre todo de la arena amarilla, la cual cuesta en promedio 55 soles el metro cúbico en Lambayeque, mientras que en otros lugares como Trujillo este bordea los 35 soles.
“Construir en Lambayeque es más caro porque mientras que aquí las canteras están a hora y medio o dos del centro, en Trujillo está a solo media hora”, indica.
Afirma que el alza de precios afecta directamente al constructor, pues por más que la demanda se haya contraído se necesita personal mínimo en obras, lo cual sumado al encarecimiento de los costos financieros hace que la utilidad disminuya.
“La empresa se proyecta y hace un contrato en determinado tiempo para entregar una vivienda, pero si durante ese período los precios de los materiales suben, es la constructora la que asume esos costos, ocasionando que su utilidad sea menor”, sostiene.
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
De otro lado, Antonio Rabanal señala que CAPECO ha elevado su voz de protesta sobre las denominadas entidades técnicas que seleccionó el Fondo Mivivienda con ocasión del proceso de Reconstrucción Con Cambios, pues muchas de estas tienen un registro de apenas un año de experiencia en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE.
“A nivel nacional se han nombrado a 700 entidades técnicas y en Lambayeque todas las que trabajan no pertenecen al departamento. De acá serán una o dos y tampoco son socias de CAPECO”, sostiene.
Afirma que el problema de nombrar entidades técnicas sin experiencia es que no evalúan el costo de diferencia que existe entre el material de Lambayeque y Lima, donde trabajan generalmente, lo cual hace que su margen de utilidad se reduzca. Además, menciona que también recurren a subcontratar a otras empresas.
“En el mejor de los casos, el margen de utilidad por cada módulo en Techo Propio es de mil soles. Si a eso le sumas que las entidades técnicas subcontratan a otras empresas, tienes que la subcontratista sacrifica la calidad de la obra para obtener alguna utilidad. El error sin duda es del Ministerio de Vivienda por darle obras a empresas sin experiencia ni capital social”, asevera.
‘Expresión’ denunció en la edición 1134 la demolición de viviendas ubicadas en los caseríos La Ollería y El Romero, algunas de las cuales ya habían sido incluso entregadas a las familias afectadas, pero tuvieron que ser derrumbadas por haber sido presuntamente edificadas con un cemento inadecuado para estructuras. La entidad técnica encargada de estas viviendas, Sam & Asociados S.A.C., tiene domicilio fiscal en Lima.
SINDICATOS
Rabanal Rosales manifiesta que otra de las preocupaciones de CAPECO es que durante este año no se ha convocado a ninguna mesa de diálogo del sector en la que se pueda ver la problemática de los sindicatos de construcción civil.
Indica que esta mesa debe ser convocada por la Gerencia Regional de Trabajo y estar conformada por la División de Protección de Obras Civiles – DIVPROC, el Poder Judicial, la Contraloría, la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada – FECOR y los sindicatos formales.
“En estas mesas de diálogo se discuten los problemas del sector, allí los mismos sindicatos llevan sus propuestas y muchas veces se ‘desenmascaran’ entre ellos, pero hasta la fecha no se ha convocado. Es lamentable que las medidas que toma DIVPROC y el Poder Judicial estén dispersas”, asevera.
Las carencias del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo son tantas como las veces en las que los gremios de los profesionales que en él laboral han elevado petitorios al nivel central de la seguridad social para que sean atendidas. Han trascurrido 20 años desde que se elevó su categoría a hospital nacional y cada vez son más las limitaciones que enfrenta el personal de salud para brindar óptima atención a los pacientes.
Tras el cierre de algunos servicios del Hospital Naylamp, dos han sido trasladados, con su respectivo número de pacientes acreditados, al Hospital Almanzor Aguinaga: medicina física y rehabilitación y odontología.
“Lo que sí se ve perjudicado o congestionado es el servicio de Emergencia. Los pacientes adscritos al Naylamp, entre ir al Hospital Luis Heysen y venir al Almanzor Aguinaga, obviamente optarán por venir acá. Probablemente lo que va a quedar congestionado es Emergencia”, comenta el presidente del Cuerpo Médico del nosocomio, Juan Cruz Venegas.
Las 24 horas del día, durante los siete días de semana, personal médico brinda servicios de emergencia en las especialidades de medicina interna, cirugía, trauma shock, pediatría, ginecología.
“De acuerdo a cómo se vaya manejando el número de emergencias es que se determinará si se necesita más médicos para atender en el servicio. Todo estará en relación al impacto que tendrá el cierre del Naylamp en el tiempo. Lo que es más criticable respecto al cierre de ese hospital es que los últimos cinco gerentes de la Red Asistencial Lambayeque tenían conocimiento pleno de lo que iba a suceder. Ellos no han tomado las previsiones del caso y menos han dicho a los trabajadores lo que iba a suceder. Todo ha sido imposición, a rajatabla. Creo que estamos bastante grandecitos para permitir acciones de esa naturaleza; es decir, de imposición”, refiere.
SIN CONSULTA
Cruz Venegas cuestiona que las autoridades de la red asistencial no asuman al Cuerpo Médico como órgano asesor de la gestión del nosocomio y, por lo tanto, lo excluyan de la toma de decisiones.
“No consultan nada y obviamente todo eso perturba el clima laboral, que debe ser de respeto y consideración. Sobre todo justo, para todos”, manifiesta.
El dirigente comenta que el gremio médico ha elevado una comunicación por escrito al nuevo gerente de la Red Asistencial Lambayeque, Gino Dávila Herrera, saludándolo por su designación, dispuesta por la Presidencia Ejecutiva de EsSalud, misiva en la que se le ha manifestado – a la vez – la intención de mantener diálogo fluido.
“El Cuerpo Médico busca una comunicación abierta, asertiva, que permita coordinar acciones, porque al final el beneficiado será el paciente. Los problemas obviamente continúan, tenemos un ascensor que se malogra a cada momento, hay carencia de medicamentos, seguimos con problemas por falta de personal y otras carencias más”, menciona.
LIMITACIONES PARA ATENDER
Cruz Venegas evita precisar qué áreas o servicios son los que requieren del incremento de personal asistencial, pues espera los resultados del diagnóstico solicitado a los jefes de servicios.
“En Psiquiatría, que es mi especialidad, falta uno o dos especialistas. Definitivamente en las áreas críticas, en el centro quirúrgico, faltan profesionales. Tenemos un solo quirófano para atender emergencias. ¡Un solo quirófano! Lamentablemente nosotros no tenemos acceso a la información para saber cuántas emergencias se atienden en el hospital. Pedimos los datos. Hay procedimientos que se dejan de hacer, que se difieren; las tomografías se programan a tres meses o más. Eso es real”, sostiene.
El Hospital Almanzor Aguinaga cuenta con un solo tomógrafo y un solo resonador magnético, que dada la alta demanda de diagnósticos por imágenes que existe entre los pacientes del departamentos y los referidos de la zona nororiental, resultan insuficientes. El presidente del Cuerpo Médico anota que se necesita, como mínimo, dos nuevos equipos.
“La infraestructura de este hospital ya quedó pequeña, por eso estamos planteando nueva infraestructura. Queremos que se incluya en el presupuesto 2020 la construcción del Hospital Naylamp, así como la del hospital de alta complejidad. Mientras tanto, estamos planteando la construcción de una torre para emergencias y laboratorio clínico dentro de este mismo hospital. Actualmente el laboratorio funciona en el sótano. Ante una nueva inundación, ¿nuevamente vamos a parar el servicio?”, cuestiona Cruz Venegas.
FALTA DE ENFERMEROS
En el Hospital Almanzor Aguinaga trabajan 446 enfermeros, 278 con contratos del régimen 728, otro tanto bajo la modalidad CAS y también por suplencia. A ellos se suman enfermeros que retornaron al nosocomio con mandatos judiciales, quienes esperan la contratación por plazo indefinido.
Indira Puican Orbegoso, secretaria general del Sindicato de Enfermeros, comenta que en Emergencia laboran, aproximadamente, 55 profesionales del gremio, mientras que en hospitalización hay entre 10 y 12 enfermeros por piso.
“Lo que más necesitamos es personal en el área de Emergencia. Definitivamente es un área en la que tenemos varios tópicos y allí se requiere de personal capacitado. Se abrió la Observación IV, donde los pacientes requieren de cuidados especiales y ahí adolecemos de enfermeros. Cuando se hizo la distribución a nivel de red, solamente en el Almanzor Aguinaga necesitábamos 110 enfermeros, pero como hubo un ingreso de colegas por mandato judicial y CAS, ahora nos están faltando en promedio 56 para cubrir las brechas en todo el hospital”, indica.
Hay seis enfermeras procedentes del Hospital Naylamp que laborarán en el Almanzor Aguinaga por un período de tres meses, plazo en el que se espera que el nosocomio haya sido remodelado.
CAOS EN LOS PASILLOS
“El Hospital Naylamp se cerró y sus pacientes adscritos han sido distribuidos entre el Heysen y el Almanzor, lo que ha tugurizado la Emergencia. Esta ya no se da abasto para más pacientes. Hasta hace poco hemos tenido 70 pacientes en pasadizo, cosa que es imposible que la maneje una o dos enfermeras. Esas condiciones nos impiden dar un trato humano, de calidad, como el que se merecen los pacientes”, asevera.
Puican Orbegoso anota que dada la coyuntura se necesitan en promedio cien enfermeros más para el centro asistencial, a fin de cubrir todos los espacios vacíos que hay actualmente en el hospital.
“El pasadizo no es una observación, no debería haber ningún paciente allí, pero al existir la demanda de atención requerimos que haya uno o dos enfermeros permanente en esa área. Las enfermeras no nos abastecemos para dar atención de calidad. Solamente tenemos dos sillas de ruedas en Emergencia. Necesitamos, como mínimo, diez”, afirma.
La dirigente comenta que cada enfermera, ante la falta de instrumentos, se ha visto en la necesidad de adquirir sus propios implementos, como los pulsoxímetros, termómetros e incluso tensiómetros. Con eso se procura avanzar en la atención de los pacientes.
La norma técnica señala que un enfermero debe atender entre ocho y diez pacientes, pero en la práctica este puede atender a 20, en hospitalización, y hasta 30 en Emergencia.
“Eso origina que el paciente vea que su atención no mejora y por eso se motivan las quejas e incluso las agresiones de las que somos víctimas”, afirma.
Aproximadamente, 300 enfermeros del hospital cuentan con especialidad registrada en el Colegio de Enfermeros del Perú. En el nosocomio, cerca de 55 tienen especialidad en el área quirúrgica, más de 20 en nefrología y 70 en emergencias. Además, hay 15 enfermeros intensivistas.
El empresario Ernesto Flores Vílchez, en representación de los inversionistas y trabajadores que están en alianza estratégica administrando a la Empresa Agroindustrial Tumán, señaló que hay mucho por reparar en la azucarera a nivel técnico, social, económico y legal. "Desde hace tres meses estamos tratando de ordenar responsablemente la casa que se encuentra muy afectada", refirió a Expresión.
Flores Vílchez señala que en la empresa se han dejado de sembrar más de 6,500 hectáreas de caña, dejando de regar y abonar los campos. Además, no se cuenta con maquinaria que permita un trabajo de remoción de tierras para habilitar los campos y sembrarlos.
"Hemos tenido que ingresar maquinaria nueva y moderna para empezar a sembrar y es obvio que destinemos una partida económica importante que pueda hacer frente a esta necesidad, también estamos haciendo uso de los mejores abonos e insecticidas, para lo cual hicimos un concurso de precios con los mejores distribuidores, a fin de transparentar todos los gastos", detalló.
Fábrica
Por otro lado, el empresario manifestó que, si bien la fábrica ya empezó a moler, cada día se detectan fallas que deben ser reparadas con repuestos, muchos de los cuales son importados para obtener una buena molienda.
"Los trabajadores de la fábrica tiene una mística y compromiso con su empresa que es digno de destacar, pues están alertas y cuidan que se tenga un óptimo resultado en la producción del dulce producto. La meta a corto plazo es volver a recuperar los índices de molienda", acotó.
Agua
Asimismo, Flores Vílchez alega que en una rápida gestión con la Junta de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque, institución de la que dependen para el agua, se arribó al compromiso de honrar la deuda encontrada que supera los cuatro millones de soles, para lo cual tendrán las respectivas facilidades.
Sobre el consumo actual de agua, menciona que será cancelado de manera adelantada para garantizar la siembra. "Agradezco a los directivos de la Junta de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque por las facilidades para contar con el importante recurso hídrico que nos ayudará a cumplir el plan de sembríos en la azucarera Tumán, con ello demostramos que esta administración es de diálogo y de puertas abiertas para todos", manifestó.
Situación legal
Apunta que la Agroindustrial Tumán enfrenta diversos procesos legales, los mismos que tienen órdenes de embargo que afectan a la administración.
Deben dedicarles buen tiempo para levantar estas medidas que afectan el normal desenvolvimiento de la azucarera.
"No nos amilana esta situación. Por lo contrario, de manera responsable estamos asumiendo los compromisos, a fin de recuperar la confianza de sembradores, proveedores y los propios trabajadores. Hago un llamado especial al Poder Judicial, a fin de que evalúen la situación económica de Tumán y de cómo los inversionistas hemos apostado por asistir a estas familias que clamaron ayuda, pues nadie quería apoyarlos. Recién tenemos 90 días en esta administración y por lo tanto los jueces deben evaluar las demandas sobre este tema en particular", declaró.
Paz social
De igual forma, el empresario hizo un llamado a las autoridades a verificar que en Tumán se respira paz social, que no se necesita de intervenciones policiales, ni judiciales, pues los trabajadores son los que tienen el control de la empresa con un grupo de inversionistas que se han unido para reactivarla. "La mayoría de los trabajadores está en sus puestos laborando, ellos entienden que juntos es posible el reflotamiento de la empresa", asegura.
Sobre las marchas que continuamente hacen algunos trabajadores contra la actual administración, manifestó: "He llegado a Tumán a trabajar, no a disociar, estoy con otros empresarios en esta azucarera a solicitud de los representantes de los trabajadores. Que quede en claro que no tenemos ningún interés en arrebatarles una sola acción, ni mucho menos apropiarnos de lo que por años han construido los trabajadores con esfuerzo, trabajo y les corresponde", expuso.
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El gerente regional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Ángel Pérez Santa Cruz, señala que los ministerios y programas del gobierno nacional, así como el Gobierno Regional de Lambayeque, son las unidades ejecutoras que evidencian mayor incapacidad en el gasto de los recursos asignados para el departamento tras el Fenómeno El Niño Costero 2017. Asimismo, de los municipios a los que se les ha transferido recursos, casi el 50 % no ha gastado ni un sol hasta el momento.
Según la información que el flamante funcionario expuso el martes último en la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, para el departamento han sido asignados, en total, tres mil 338 millones de soles para financiar mil 138 intervenciones de reconstrucción y prevención ante situaciones similares a las ocurridas en el verano del 2017.
Pérez Santa Cruz refiere que hasta el momento se han transferido 993 millones para financiar 819 intervenciones.
De acuerdo al plan de reconstrucción, el gobierno nacional – a través de sus ministerios – deberá ejecutar en Lambayeque mil 774 millones de soles, de los cuales se han transferido hasta este mes 239 millones, aproximadamente el 31 %.
El Gobierno Regional de Lambayeque tiene el encargo de ejecutar 974 millones, pero hasta el momento solo ha recibido la transferencia de 58 millones, de los cuales solo 12, el 21.6 %, ha gastado.
“A nivel de gobiernos locales consideramos que es la cifra que más nos ha ayudado a ejecutar los gastos financieros. Tenemos 542 millones en todas las municipalidades distritales y provinciales, de los cuales se ha transferido 191 millones y han gastado 102 millones. Digamos que ha habido mejor ejecución de gastos a nivel de gobierno local, de alcaldes provinciales y distritales, alcanzando un porcentaje de 32.9 % del total a transferir”, menciona el funcionario.
INEFICACIA MINISTERIAL
Pérez Santa Cruz, quien reemplaza al renunciante César Calderón Morales, señala que la principal preocupación se concentra en lo que corresponde invertir al gobierno nacional y sus diferentes sectores (salud, educación, transportes, vivienda, agricultura).
“Estamos viendo el mecanismo para poder cambiar de unidad ejecutora. Lamentablemente también cuesta cambiar la situación a estas alturas. Sin embargo, estoy en la disponibilidad para poder actuar, cambiar los mecanismos ejecutivos, entonces, se piensa, definitivamente, filtrarle al gobierno central parte de su situación como ejecutora”, manifiesta.
Refiere que al Ministerio de Educación se le ha transferido dos millones 696 mil, de los cuales, solo ha gastado 275 mil soles en elaboración de proyectos. A Salud 19 millones y solo ha gastado un millón. En Agricultura 70 millones, de los que ha gastado 16 millones. A Transportes se le ha transferido 132 millones y solo ha gastado 88. A Vivienda 43 millones y ha gastado 15.
“Al gobierno regional se le ha transferido al 17 de octubre 43 millones y solo ha gastado cinco millones. El mecanismo de la transferencia de fondos no es complejo, es inmediato, no es muy burocrático. Es la ejecución de gastos por parte de las entidades de los tres sectores de gobierno la que nos está, de alguna manera, condicionando el tema de la producción de resultados y es ahí donde estamos tratando de intervenir. A nivel de gobierno nacional, ya el director ejecutivo ha comentado las reacciones inmediatas que está tomando para ver cómo ejecutamos estas intervenciones que tienen los ministerios. A nivel de gobierno regional hemos tenido una reunión con el gobernador que está tratando de implementar equipos de trabajo para elaborar los proyectos y de una vez se puedan ejecutar”, indica.
Ángel Pérez remarca que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios es la fuente de financiamiento, no una unidad ejecutora, por lo que no tiene competencia para avanzar en la realización de los proyectos que se consideran como parte de la rehabilitación, reconstrucción y prevención.
“Si estuviéramos constituidos como una entidad ejecutora, a lo mejor hubiera sido un poco más dinámico y práctico, pero el hecho de constituir una entidad ejecutora implica que se estructure administrativamente la reconstrucción como si fuera un ministerio, lo que implica hacer organigramas, análisis de procedimientos, autorizaciones y una serie de presentaciones que quizás hubieran demorado más que lo que se ha avanzado hasta la fecha.
Como yo siempre lo comento, ya estamos en ese caballo salvaje y hay que saberlo domar. Hay algunos alcaldes que poseen poca capacidad de gestión y tengo que ser drástico en esto porque condicionan mucho el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales”, reconoce.
MUNICIPALIDADES LENTAS
A nivel de municipalidades, Pérez Santa Cruz cita el caso de Pítipo, comuna a la que se le ha transferido cinco millones 525 mil soles de la reconstrucción y no ha ejecutado nada hasta el momento. Esta situación se repite en la comuna de Pátapo, que recibió la transferencia de nueve millones 425 mil soles.
En municipio de Mochumí recibió cinco millones 974 mil soles y solo ha gastado 136 mil soles y similar situación se encuentran las municipalidades de Jayanca, Zaña, La Victoria, Olmos, Mórrope, Ferreñafe y Chiclayo.
“Necesitamos mucho el compromiso de las autoridades para acelerar el tema de la ejecución de gastos”, manifiesta.
A mediados de año, la Municipalidad Provincial de Chiclayo recibió el financiamiento para elaborar 38 expediente de saneamiento básico (agua y desagüe), así como para reconstrucción de nueve colegios. De las 47 intervenciones, ninguna se ha iniciado.
“La municipalidad de Chiclayo está ahorita elaborando y una vez que se hagan se presentarán para su financiamiento”, aclara el gerente regional de la ARCC.
Respecto a las comunas provinciales de Lambayeque y Ferreñafe, el funcionario indica que se están ejecutando obras de pistas y veredas en la ‘Ciudad Evocadora’. “Esperamos que los municipios adopten las acciones y la capacidad de gestión para ejecutar el gasto que nosotros les trasferimos”, señala.
AVANCE RELATIVO
En la otra vereda se encuentran otros municipios que sí han logrado mayor avance en cuanto a la ejecución de los recursos transferidos. Es el caso de las municipalidades de Lagunas, Monsefú, Túcume, Eten, Cayaltí, Pacora, Mesones Muro y Oyotún.
“Son más o menos las municipalidades que nos reflejan este 42.2 % que tenemos como avance de los gobiernos locales. Es el estado actual de lo que tenemos hasta la fecha, estamos tratando de impulsar, de ir acercándonos a los alcaldes para poder fomentar, asistirlos técnicamente y orientarlos para que ellos puedan presentar sus proyectos”, refiere.
Ángel Pérez sostiene que la población debe entender que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se creó a raíz de una problemática y ha ido sufriendo cambios administrativos, que de alguna manera se han tratado de implementar a la brevedad posible.
“Nosotros, como gerencia regional, estamos tratando de llegar a las autoridades para de alguna manera ver cómo las apoyamos y hacer que estos proyectos se preparen, porque dinero hay para gastar, en la bolsa presupuestal está, pero necesitamos capacidad de gestión para hacer que ese dinero se quede en estos proyectos de aquí de la región. Si bien es cierto el caminante de a pie se preguntará por qué no se interviene Bancarios o La Primavera, lamentablemente el plan de reconstrucción es el documento que construye todas las intervenciones aquí en la región y las autoridades en su momento; es decir, de la gestión, anterior no sinceraron los daños que realmente se habían ocasionado, lo que ha generado que se apruebe un presupuesto que ya no se puede modificar”, refiere.
CUENCAS Y RÍOS
Respecto al trabajo en las cuencas, que forma parte de las acciones de prevención, Pérez Santa Cruz comenta que el Proyecto Especial Olmos Tinajones trabaja en el séptimo entregable del proyecto de intervención para el río Chancay, a fin de iniciarse el expediente técnico.
Otras intervenciones en los diferentes valles, para la limpieza de cauces, descolmatación y construcción de defensas ribereñas, han estado a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones.
Entre enero y octubre de este año, la Contraloría General de la República ha emitido, a través de los Órganos de Control Institucional – OCI, diferentes informes de control y orientación de oficio sobre procedimientos seguidos en la actual gestión del gobernador regional Anselmo Lozano Centurión. Pese a la contundencia de los documentos y a que estos advierten irregularidades y trasgresiones expresas a la Ley de Contrataciones del Estado, la autoridad lambayecana asevera que desconoce su contenido.
Por ejemplo, en la Gerencia Regional de Agricultura, a cargo de Juan José Chapoñan Sánchez, OCI ha dado cuenta de las anomalías en la aprobación de valorizaciones por trabajos realizados en el Canal Taymi Antiguo, pues advierte la inexistencia de fundamentos legales para reconocer los metrados adicionales realizados por la empresa contratista, en tanto a nivel fiscal y del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, se investiga la presunta inclusión de documentos falsos en la oferta presentada por la adjudicataria de la obra de revestimiento del canal El Padre, en el distrito de Mochumí, cuyo contrato de ejecución fue suscrito en junio pasado.
A inicios de año, Expresión también dio cuenta de la presunta falsificación de documentos en la oferta presentada por la adjudicataria de la pavimentación de la Avenida Mesones Muro, licitada por el Gobierno Regional de Lambayeque, cuyo contrato fue suscrito pese a que la administración de Lozano Centurión fue informada de las observaciones existentes, en tanto OCI ha advertido posibles fraccionamientos en la contratación de servicios (para alimentación y mantenimiento) en el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, además de contrataciones irregulares de personal.
En la sede central del gobierno regional, OCI ha observado la designación de funcionarios de confianza que no cumplen con los perfiles, así como la adjudicación de las obras de cuatro instituciones educativas pese a existir errores en el expediente técnico.
Los OCI han emitido varios informes sobre presuntas irregularidades no solo en expedientes técnicos, que se pueden atribuir a la gestión anterior, sino también en los procedimientos de contratación, que son de responsabilidad de su administración y de sus gerentes. ¿Conoce los resultados de estos informes? ¿Sus gerentes le han informado de estos hechos?
Voy a pedir toda esa información, más que todo voy a coordinar con control interno. La palabra oficial es de ellos. Si control interno ha hecho alguna observación, alguna alerta en esos temas, es la fuente oficial, porque a veces algunos periodistas hacen consignas, una cosa por otra.
Pero los informes son públicos…
No lo sé. En agricultura, si han levantado o han observado, no lo sé. Yo felicito esa pregunta y esta semana voy a ir a la fuente, a control interno. Para mí sería lamentable que se estén haciendo cosas negativas.
Como gobernador cuestiona el desempeño de los anteriores gerentes sectoriales, como el de Salud, por ejemplo. Sin embargo, a diez meses de iniciado su gobierno, ¿no considera que ya es oportuno que sus funcionarios exhiban resultados de lo hecho entre enero y octubre? ¿Es justificable que gerentes como María Esther Collantes sigan atribuyendo a sus antecesores la falta de avances, siendo ella la titular hace 300 días?
No solamente en la región Lambayeque. Eso hemos hablado a nivel de los 25 gobernadores. Tenemos problemas con Salud y con Educación.
Por ejemplo, en cada unidad ejecutora del área de Salud solamente se puede asignar a una persona. El resto es de planta y como ellos poco o nada quieren aportar a la gestión simplemente, inclusive, llega la hora y se retiran, no avanzan con los procesos.
¿El personal de planta le pone trabas a su gestión?
Prácticamente. En este momento se ha tomado la decisión de rotar a la tesorera de la sede central y no quiere salirse de allí. Es como si hubiese comprado el puesto. Quiere, posiblemente, entorpecer la gestión.
¿Y el sindicato avala eso?
No lo sé, yo no he conversado con ellos. Por esta situación se tiene que entrar a un proceso administrativo y es lamentable que estemos sancionando a una trabajadora. Si alguien trabaja en un puesto, la rotación es técnica. Igualito al señor (Luis) Ponce, que no quería dejar la gerencia de Planificación y Presupuesto. Después de tanto luchar se salió. Ahora es la tesorera. No sé qué problema tiene allí.
¿Hay trabajadores de planta que han hecho de oficinas, su feudo?
No digo feudos, pero creen que tienen derechos adquiridos y nadie los puede mover.
¿Es lo que creen?
Eso es lo que creen y la ley dice que las rotaciones son técnicas y, por lo tanto, esa servidora debe entender. A mí me gusta mucho tratar al recurso humano con mucha propiedad, con mucho respeto, pero llegado el momento no se puede perder la autoridad.
¿Qué hay respecto al perfil de puesto? OCI también se ha pronunciado y dicho que su gestión ha convocado a personas en cargos de confianza que no cumplen con los perfiles.
Eso es falso.
Pero es lo que dice el OCI…
Bueno, ahí sí tendré que enmendarle la plana al OCI. Mientras los instrumentos de gestión no sean modificados, no sé si están desde Yehude Simon o desde el señor Humberto (Acuña), los de confianza, dice la palabra, solamente confianza, no tienen ningún prerrequisito. Mientras no exista otro, simplemente no hay problema alguno.
Ahora sí estamos nosotros, en la medida de lo posible, viendo la nueva estructura orgánica a nivel regional. La UGEL de Chiclayo tiene unos instrumentos de gestión, la de Lambayeque es diferente y la de Ferreñafe también diferente, cuando tienen que ser los mismos. Así han trabajado, en desorden.
¿Está conforme con el trabajo de sus gerentes?
Hasta este momento, algunos han sido retirados, y los demás están bien, en evaluación permanente y esperaremos al próximo año para ver si continúan o no.
¿En lo que queda del año no habrá cambios?
No, porque quedan dos meses nada más.
¿Qué ha sentido al escuchar a varios de sus gerentes pedir los bonos por alimentos o las famosas canastas navideñas para sus pliegos?
Ya hemos sido muy claros y contundentes: Bonos o vales, no van. Mientras que yo esté como autoridad no vamos a hacer gastos de esa manera. De ninguna manera, porque eso no está permitido por ley.
¿Y si los sindicatos paran?
Simplemente los respetaré, pero no comparto.
El Gobierno Regional de La Libertad ha recibido casi 200 millones de soles para obras. ¿Cuántos millones ha recibido Lambayeque?
Desconocía eso. Posiblemente tengan algunos proyectos elaborados que nosotros no tenemos. Estamos en tránsito todavía. Nosotros estamos en el proyecto del hospital de Ferreñafe, que ya vamos a pedir el presupuesto, se tiene que terminar el expediente del pedagógico de Ferreñafe, que demanda más de 60 millones; estamos armando los perfiles del Hospital Las Mercedes, que estará por encima de los 200 o 300 millones.
Estamos en ese plan, expedientes no hemos tenido. Trujillo ha tenido otros proyectos.
¿En el aspecto vial?
Eso es Transportes. Yo tengo un convenio de cerca de 800 millones.
¿Usted habló de mil millones que Provías le había ofrecido para Lambayeque?
Tenemos primero 800 millones y luego algo de 200. Eso, ahora, voy a reclamar al ministro actual, al señor (Edmer) Trujillo, porque tenemos un convenio y tienen que cumplirlo.
Ese ofrecimiento fue en el primer trimestre de su gestión. ¿Siete meses después no se ha avanzado nada?
Sí pues, pero ya no es problema mío, ya es problema de la autoridad. Han estado cambiando ministros y eso también es un problema. Ojalá que ahora no lo cambien al señor Trujillo para gestionar con él.
¿Qué lo ha retrasado para no tener aún expedientes elaborados por su gestión?
La gestión anterior no dejó expedientes, por eso nosotros hemos estado elaborando con el PIA 2019. Para el 2020 estamos haciendo expedientes, para comenzar desde enero con nuestras obras. Casi la mayoría de gobernadores, como 13, hemos solicitado que nos devuelvan la plata que fue revertida y no devengaron los gobiernos regionales anteriores. De lo que estaba presupuestado para el 2019 hemos tenido que tomar para cofinanciar los proyectos cuya plata fue revertida.
La formulación del presupuesto 2020 ya está por cercarse. ¿En qué cambia respecto al de este año?
No cambia nada, por una sencilla razón. Cuando fui al Ministerio de Economía y Finanzas vi que el presupuesto para obras sería de 80 millones de soles y es una propina. Me han dicho: “Cómo le podemos dar más dinero si todos los años han devuelto dinero”.
¿No habrá incremento presupuestal para el 2020?
No, obviamente que no, porque prácticamente se toma como referente el presupuesto histórico.
