¿Qué hacer cuando alguien se desmaya? ¿Cómo ayudar a alguien que acaba de sufrir un paro cardiaco? ¿Qué pasos seguir para socorrer a alguien en una situación de emergencia? Las respuestas a esas preguntas las da el médico Jhons Silva Linares, seccionario de la Compañía de Bomberos Salvadora N° 27 de Chiclayo.
Respecto a accidentes caseros, Silva Linares explica que los más comunes son los cortes. Para esos casos, el especialista menciona que lo primero que se debe hacer es realizar presión directa sobre la herida.
“Colocas una gasa o polo y dependiendo de la cantidad de sangre, este se va a empapar, pero no lo debes quitar. Repito, nunca se retira el primer paño, pues las plaquetas que se forman para impedir el sangrado quedan pegadas ahí y si lo quitas estas también se irán, solo debes agregar otros encima de este y esos sí los puedes ir cambiando”, enfatiza.
Otro accidente cotidiano es la electrocución. Sobre este, el bombero indica que lo correcto es no usar ningún metal ni tocar a la persona, sino tomar un palo de madera, que no es un transmisor eléctrico, y tratar de un solo movimiento liberar al afectado para después trasladarlo de inmediato a un hospital, pues la electricidad ocasiona quemaduras de tercer grado.
“La electricidad nunca te mata de inmediato salvo que se trate de una persona con problemas cardiacos y puede ocasionarle un infarto. En ese caso, se procede a realizar reanimación cardiaca”, señala.
En ese sentido, el médico manifiesta que como modo preventivo es recomendable colocar pines de seguridad en los toma corrientes que tapan los orificios donde usualmente los niños suelen meter sus dedos u objetos.
QUEMADURAS
Por otro lado, entre los accidentes comunes están las quemaduras domiciliaras que, según explica el especialista, mayormente son de primer y segundo grado. Siendo las del primer tipo generadas cuando la piel se expone mucho al sol, lo que causa irritabilidad, mientras que las del segundo tipo son causadas cuando cae agua hervida sobre la piel y se ocasionan ampollas o flictenas en la piel.
“Cuando se tienen quemaduras de segundo grado el agua fría es el mejor aliado. Se debe colocar de inmediato y por un período de 15 a 20 minutos sobre la zona afectada. Luego que la zona ya se enfrió se debe llevar al paciente a un médico evaluador. Es necesario resaltar que solo se debe procurar agua y no cremas, pues solo generan más daño”, manifiesta.
Sobre las quemaduras de tercer grado, el bombero señala que es en esos casos donde la piel se carboniza y es necesario implantes de piel o amputación.
Ejemplifica mencionando el caso de Eyvi Ágreda, a quien un acosador le roció combustible y le prendió fuego cuando se encontraba dentro de un bus y las personas en un intento de ayuda apagaron las llamas con un extintor.
“Lo que hicieron con ella fue una sofocación mal aplicada, pues el Polvo Químico Seco – PQS, que es lo que contiene el extintor, contiene sustancias toxicas que al sacarlas de la piel generan fuertes molestias y que, además, generan infección”, indica.
Por ello, menciona que lo que se debió hacer en esa ocasión fue sofocar el fuego abrazándola con una frazada o chompa.
“Para que el fuego se mantenga se necesita ‘La triada del fuego’, que está conformada por el combustible, el comburente y el aire, con esos tres compuestos es suficiente para que se haga una reacción cadena. Si quitas alguno de esos el fuego se apaga. Por ello, lo correcto era que alguien se sacara una casaca y abrazara a la jovencita hasta que el fuego se extinga y si bien el material se iba a pegar en la piel, era una cuestión que se solucionaba en el hospital. Además, en casos como ese, la persona que se está quemando no debe correr, pues eso solo genera más aire y hace que el fuego se mantenga”, señala.
ASFIXIA
La asfixia es otra emergencia usual y frente a eso Silva Linares explica que lo necesario es realizar la ‘Maniobra de Heimlich’, que consiste en colocar los brazos alrededor del abdomen de la persona afectada, apretando arriba del ombligo y debajo de la caja torácica haciendo una presión interna sobre el abdomen y una sujeción hacia arriba como una jota invertida.
“El paciente debe estar delante del reanimador y la maniobra se repite tantas veces posibles, debido a que al aumentar el nivel de presión abdominal provocará que se expulse el objeto causante de la asfixia”, señala.
Sin embargo, precisa que esa acción solo funciona para adultos y niños, mas no para los bebés. “En el caso de neonatos el manejo es muy fino, porque puedes provocar lesiones. Por eso, lo que se debe hacer es colocar al bebé sobre tu brazo y antebrazo con su cabeza hacia arriba, ya teniéndolo acostado de esa forma debes hacerle cinco presiones ligeras con los nudillos de tus dedos, después, lo volteas de forma que su pecho quede sobre tu brazo y, con una ligera caída de 15 grados, das dos palmadas en su espaldita, eso hará que bote el objeto. En resumen, es presionar, voltear y dar palmadas”, explica.
Ante todo esto, el especialista añade que cuando una persona se atora con espinas o monedas la ‘Maniobra de Heimlich’ ya no sirve, salvo que se realice de inmediato. “Hay niños que ingieren monedas de 10 o 20 céntimos que en la radiografía ya están por el esófago o estómago y solo queda esperar a que salgan. Por otro lado, si se trata de objetos más grandes como monedas de un sol, huesos o espinas que se han incrustado es necesario llamar de inmediato a emergencias, pues pueden provocar una ruptura de parénquima, que conlleva a un derrame pulmonar y ocasiona la muerte”, indica.
En cuanto a los atragantamientos por aspiración comenta que generalmente se presentan en pacientes adultos mayores que deben ingerir un volumen específico de alimentos .Sin embargo, a veces los familiares les dan cantidades mayores a las que requiere y la comida que debe pasar por el esófago va a nivel pulmonar y la persona muere por aspiración.
“En esos casos la ‘Maniobra de Heimlich’ ya no funciona, queda tratar que el afectado vomite y llevarlo al hospital, donde le harán una limpieza de las vías aéreas. Sin embargo, es muy poco probable que sobreviva, pues la mayoría de casos generan un paro cardiaco y solo queda hacer reanimación”, indica.
GOLPE DE CALOR
Otro de los sucesos comunes, muy presente en la temporada de verano, es el golpe de calor que causa cefalea, cansancio y desmayo en personas que llevan una mala alimentación o que han tenido mucha exposición solar.
“Ante una situación así lo que se debe hacer es trasladar al afectado a un lugar con sombra, darle ventilación y colocar paños fríos a nivel frontal. No debes darle agua ni nada de medicamento intravenoso porque se puede atragantar, solo se debe esperar y revisar sus signos vitales”, enfatiza.
En esa línea, cuando sucede un desmayo recomienda acostar al paciente, elevar sus extremidades inferiores y darle aire o alcohol que es un irritante muy bueno. “Es necesario evaluar si ese desmayo tuvo consecuencias, es decir, si se cayó de cabeza o si vomitó”, explica.
CAÍDAS
En cuanto a caídas, el especialista comenta que como bomberos al llegar a una escena primero evalúan la situación; es decir, si el paciente se encuentra echado, sentado o de pie, así como el sitio donde tiene dolor. Si detectan que se trata de una fractura están capacitados para estabilizar la extremidad.
“Lo que se debe hacer en estos casos es no movilizar a la persona afectada, pues si se tratara de una fractura los huesos son un material cortante y si los quieres poner en su lugar de origen se pueden cortar arterias, nervios y venas provocando mayor lesión”, indica.
Por ello, el médico recomienda llamar de inmediato a emergencias y, mientras tanto, calmar al paciente manteniendo comunicación constante con él. “Cuando nosotros llegamos colocamos férulas, que son estructuras que permiten inmovilizar el área”, menciona.
Sobre los “hueseros”, Silva Linares comenta que su función es alinear los huesos que están dislocados, mas no pueden atender fracturas. “Hay que tener mucho cuidado al recurrir a estas personas, pues muchas veces en lugar de mejorar pueden ocasionar un daño mayor”, añade.
INFARTOS
Por último, sobre los infartos Silva Linares resalta la importancia de la actuación inmediata, debido a que la reanimación se debe realizar en los primeros segundos de detectarlo.
“Tienes 10 segundos para saber si la sangre está circulando bien o si tiene pulso. Entonces, empiezas la reanimación que consiste en compresiones en una frecuencia de 30/2; es decir, debes realizar 30 compresiones y dos insuflaciones por la boca. Así sucesivamente y deben ser aproximadamente 100 compresiones en un minuto”, explica.
Asimismo, comenta que la reanimación debe ser inmediata ante un infarto, pues menciona que después de tres minutos de sucedido el infarto la persona ya puede tener un daño cerebral y después de 10 ya no llega oxígeno al cerebro, lo que conlleva a la muerte.
“Los síntomas del pre infarto son el adormeciendo en nivel superior izquierdo, en el maxilar inferior, la imposibilidad para el habla y dolor retro esternal o de pecho”, señala.
En mayo próximo la Corte Superior de Justicia de Lambayeque cumplirá un siglo de creación. A decir de su presidente, Óscar Burga Zamora, el acontecimiento encuentra al Poder Judicial en una situación especialmente compleja, dado el impacto negativo que tienen sobre la imagen de la institución los presuntos actos de corrupción e inconducta funcional cometidos por algunos magistrados, además de las carencias de infraestructura, equipamiento y personal.
“Son tiempos difíciles. La administración de justicia en nuestro país, y nuestra corte no es ajena, está sufriendo serias críticas de la población por actos que no corresponden a todos los magistrados, por actos que tanto éticamente como dentro de ámbito del derecho pueden ser criticables. Sin embargo, esta corte celebra el esfuerzo que han realizado tanto los jueces como los trabajadores, quienes han dado todo o parte de su vida para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía”, asevera.
Burga Zamora acota que es esto último lo que se debe rescatar en una fecha tan significativa como el cumplimiento de los primeros cien años de la creación de la Corte de Lambayeque.
“No siempre en una institución todos son malos. Hay de todo. En las instituciones tenemos gente buena y, a veces, alguien que no está en la misma línea, pero esa persona no puede servir de pretexto para generalizar. Obviamente eso es lo que se constituye en mayor referencia en sentido negativo. Lamentablemente es así, hace noticia el que hace las cosas malas. Cuando se hacen las cosas bien quizá a veces la noticia ni aparece. Creo que la ciudadanía debe tener en cuenta que en estos cien años hubo excelentes magistrados, excelentes trabajadores, que han hecho de esta una corte fuerte, sólida, pero no ajena a los problemas que toda institución puede tener”, explica el magistrado.
FALTA DE PERSONAL
El presidente del Poder Judicial en Lambayeque remarca que los “tiempos difíciles” se deben no solo a la imagen de la institución, sino también a las limitaciones que los operadores de justicia presentan para desempeñar sus funciones.
“Ninguna institución, y la corte no es la excepción, es ajena a los problemas que se presentan en un país subdesarrollado. Todas las instituciones están inmersas en problemas y eso implica un doble esfuerzo de los magistrados para realizar su labor. Por eso resaltaba que hay personas que hacen ese doble esfuerzo y quedan en el anonimato. En estos cien años tenemos que hablar de ellas. Sí podemos decir que hay gente honorable y que se ha sacrificado por la administración de justicia”, dice Burga Zamora.
Entre las principales deficiencias que tiene la institución está la falta de personal. El presidente explica que actualmente hay limitación en el número de trabajadores, lo que impide atender en su totalidad las necesidades de los órganos jurisdiccionales. Faltan – explica – secretarios y asistentes judiciales.
“No tenemos el personal suficiente que ayude a la labor de los jueces. Por otro lado, las condiciones en las que se trabaja no son las mismas para todos. Nosotros en Lambayeque no tenemos un local que esté construido, más allá de la sede central, en función de las necesidades que tenemos. Eso nos lleva a acondicionarnos a lo que existe”, refiere.
INFRAESTRUCTURA PRECARIA
Actualmente, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque destina poco más de un millón 800 mil soles al año para pagar el alquiler de locales en los que funcionan órganos jurisdiccionales y un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia la necesidad de realizar un estudio especializado a la estructura del edificio de la sede central, ubicado en el Centro Cívico de Chiclayo, el cual ni siquiera está liquidado, pese a que se inauguró en el 2009.
La institución cuenta con un terreno de 12 hectáreas ubicado entre Pimentel y Santa Rosa donde debería construirse la Ciudadela Judicial. Sin embargo, no existen recursos para financiar la obra.
“Con el dinero de los magistrados y el apoyo de los trabajadores se ha financiado el traslado de tierra y el alquiler de maquinaria para la nivelación del terreno. Esos trabajos no le han costado un solo sol al Poder Judicial. Nosotros apostamos por eso”, comenta Burga Zamora.
Respecto al antiguo local institucional, ubicado en la cuadra 10 de la calle San José, cuya infraestructura, considerada como Patrimonio Monumental, presenta un serio deterioro y hundimiento de los pisos, tampoco existe aún un proyecto de restauración y recuperación.
La falta de infraestructura en la Corte de Lambayeque es tal que todo el módulo Penal de Jaén funciona en un local alquilado, igual que los órganos jurisdiccionales de Lambayeque y los módulos de Familia y Civil de Chiclayo, así como los juzgados de Paz Letrado. A ello se suma que los archivos están dispersos, funcionan en José Leonardo Ortiz, Ferreñafe y Chiclayo.
Según el presidente de la institución, en tres meses debe tenerse el expediente técnico para la construcción de un edificio de cuatro pisos en la esquina de Elías Aguirre y Juan Cuglievan, donde actualmente funciona uno de los archivos de la corte.
El objetivo es que en dicha sede se instalen los juzgados de Familia que funcionan en un edificio alquilado en la avenida Luis González, el mismo que no reúne las condiciones técnicas. En la futura obra se estima una inversión de seis millones de soles.
“Tenemos muchos problemas con los locales. Nos gustaría que el Estado como tal diseñe una infraestructura en función de las necesidades de los trabajadores y jueces”, acota.
EQUIPAMIENTO
En abril del 2009 se implementó en la corte el Nuevo Código Procesal Penal y al año siguiente la Nueva Ley Procesal de Trabajo, cambios en cuyo marco se dotó a la institución de moderno equipamiento tecnológico para satisfacer las exigencias de las nuevas herramientas procesales.
Desde entonces, a la fecha, la renovación de equipos ha sido parcial.
“Se ha renovado en algunas materias el equipamiento. Esta corte ha mejorado el equipamiento frente a la exigencia de algunas áreas, pero no en todas se ha logrado esto. Se ha mejorado en los órganos laborales, de familia y contra la violencia. Ahí paramos de contar. El resto son órganos jurisdiccionales pobres y estamos esperando el presupuesto general. Mientras tanto no podemos adquirir los equipos necesarios que nos permitan realizar una mejor labor”, expone.
AZUCARERAS
En cuanto a desempeño, la Corte de Lambayeque se convirtió en los últimos 20 años en una de las piezas claves de la problemática en las empresas azucareras, debido a las decisiones adoptadas por magistrados de los juzgados civiles, varias de ellas reñidas con la legalidad y que han ocasionado – en buena parte – que los conflictos en las excooperativas se agudicen, se disponga la destitución de jueces e incluso que una servidora judicial sea asesinada.
Burga Zamora refiere que la problemática azucarera de fondo radica en el aspecto societario, y que el Poder Judicial solo ha cumplido una función dirimente frente a los procesos iniciados por las partes en cautela de sus derechos.
“El problema es de fondo, más complicado. Se supone que al convertirse las cooperativas en empresas azucareras, sociedades anónimas de administración propia según sus estatutos, debía solucionarse los problemas. Hay una serie de inconvenientes que a veces conocemos pero no en profundidad. Se ha recurrido al Poder Judicial cada vez que los grupos están encontrados, pero el problema es más complejo y la solución no pasa al 100 % por la administración de justicia. La solución está en que las administraciones de esas empresas cumplan la ley”, manifiesta.
Añade que “son los intereses que existen en las azucareras lo que impide que se cumpla con la legalidad”.
“Trujillo solucionó sus problemas en las empresas azucareras, pero acá los jueces emiten una decisión y luego una de las partes en conflicto va a Amazonas y logra un amparo o una acción constitucional que nos impide actuar”, señala.
La autoridad judicial cita como ejemplo el caso de Pítipo, en el que está involucrado el exalcalde Manuel Valverde Ancajima por presuntos actos de corrupción en la obra de saneamiento, el cual no se puede llevar a juicio oral porque desde hace un año está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
“Si bien no es de azucareras, en el caso de Pítipo es un ejemplo de lo que pasa: hay un proceso en trámite, pero por la acción constitucional se ha paralizado el procesamiento. Estamos a espera de esa decisión que ya no está en nuestras manos, sino en las del Tribunal Constitucional”, precisa.
Finalmente, Óscar Burga comenta que se evalúa la carga procesal en los diferentes órganos jurisdiccionales a fin de disponer la reconversión de algunos juzgados.
Continúan los cuestionamientos. Luego que la empresa Murgisa Servicios Generales S.R.L. decidiera por iniciativa propia abandonar los trabajos de la mejora de la transitabilidad vehicular y peatonal en el casco central de Ferreñafe, valorizados en más de nueve millones de soles, la autoridad edil, Violeta Muro Mesones, decidió rescindir el contrato, considerando - como lo establece la norma - realizar los procedimientos correspondientes con la finalidad de que uno de los cinco postores admitidos aceptara (previa invitación), continuar con la ejecución del saldo de la obra, ascendente a más de cinco millones de soles.
De acuerdo a las bases del Procedimiento de Contratación Pública Especial – PEC, convocado bajo el ámbito de la Ley 30556 – Ley de la Reconstrucción con Cambios, y la cláusula segunda del contrato suscrito con la empresa Murgisa, la contratación tenía como objeto la ejecución de la obra “Mejoramiento de pistas y veredas en el cercado urbano y unidades vecinales de la ciudad de Ferreñafe”.
Luego de ser declarado nulo el contrato suscrito con Murgisa, la gestión edil procedió a valorizar el faltante de los trabajos pendientes de ejecución, estableciendo como saldo de obra el equivalente a más de cinco millones de soles.
Bajo esta condición, conforme lo establece la norma de la Reconstrucción con Cambios, la municipalidad procedió a cursar las invitaciones correspondientes a los postores que quedaron aptos y ocuparon los siguientes lugares en el orden de prelación en el proceso de selección, con la finalidad de que uno de ellos manifestara su interés de culminar con los trabajos no realizados por Murgisa.
LAS INVITACIONES
Las invitaciones cursadas sucesivamente a los postores en el orden que ocuparon en el proceso, textualmente hacían mención al objeto de la misma era ejecución del “saldo de obra” del proyecto “Mejoramiento de pistas y veredas en el cercado urbano y unidades vecinales de la ciudad de Ferreñafe”, no de una obra nueva.
En ese contexto el órgano de las contrataciones realizó las evaluaciones preliminares, quedando como no apta para ser invitada la empresa 3 F Construcciones EIRL, que ocupó el segundo lugar, en tanto no había acreditado formalmente su capacidad legal en su oferta presentada en el proceso de selección.
Siendo así, se cursó la invitación al participante que había ocupado el tercer lugar, en este caso el Consorcio Ferreñafe, que a pesar de mostrar su interés de continuar con los trabajos inconclusos, no pudo aceptar la convocatoria cursada, por cuanto las entidades financieras y de seguros, en la cual se incluye la aseguradora SECREX CESCE – refiere el apoderado de dicho consorcio - manifestaron su negativa de otorgar garantías cuando se trata de afianzar proyectos como “saldos de obra”, fundamentalmente por el alto riesgo que esto implica.
En ese escenario, el órgano de las contrataciones de la entidad evaluó la situación legal del participante que había ocupado el cuarto lugar, en este caso un segundo con la denominación Consorcio Ferreñafe, corroborando que uno de sus consorciados a la fecha de su evaluación jurídica se encontraba inhabilitado temporalmente para contratar con el Estado.
Con esas condiciones se procedió a invitar al Consorcio Luna, conformado por Nosa Contratistas Generales SRL, Extraco SA Sucursal Perú y Palma Ingeniería Contratistas Generales EIRL , firma que ocupó el quinto y último lugar en el proceso.
Al Consorcio Luna se le cursó la carta N° 003 -2020-MPF/UA, del 21 de enero del presente año, suscrita por el Jefe de Abastecimientos de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, Segundo Monje Fernández, en la cual textualmente se hace referencia que el motivo de la misma era la presentación de documentación del “saldo de obra”.
El Consorcio Luna, haciendo referencia a la ejecución del “saldo de obra”, responde aceptando la invitación, como consta en la carta del 24 de enero firmada su representante común, Abrahán Quispe Ramírez.
PRESUNTO FAVORECIMIENTO
Como quiera que la invitación cursada identificaba plenamente el objeto de la contratación, en este caso como “saldo de obra”, se evidencia en el en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones - SEACE, la publicación del documento contractual celebrado con el Consorcio Luna, pero esta vez con el título: “Contrato de Ejecución de Obra N° 001-2020-MPF/A”.
El contrato fue suscrito por el gerente general del municipio, Máximo Miguel Salazar Llontop, señalándose en Cláusula Segunda que el objeto del acuerdo es la “Ejecución de obra: Avances del PIP”, obviándose la frase “saldo de obra”, lo que evidencia la distorsión del objeto contractual.
Este hecho se habría configurado de manera premeditada con la finalidad de que el mencionado consorcio obtuviera la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, la cual se hace referencia en la Cláusula Sétima: Garantías, en la que se deja constancia que el contratista entregó al perfeccionamiento del contrato la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° EO365-00-2020, emitida por la aseguradora SECREX CESCE, quien en un primer momento le negó el afianzamiento al Consorcio Ferreñafe cuando requirió ser garantizado para la ejecución del “saldo de obra” del proyecto de pavimentación.
Hasta la fecha no se ha publicado en el portal SEACE la carta de garantía referenciada líneas arriba, pese a que la normatividad lo exige como una condición obligatoria.
El Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú es la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, que formula la agenda conmemorativa de cara al 2021, además de ejecutar y dar seguimiento a las acciones requeridas para dicha celebración. Dentro de ese marco de funciones se encarga del monitoreo de las agendas regionales que elabora cada departamento, las cuales deben alinearse al marco nacional.
Este 18 y 19 de marzo los gobiernos regionales presentarán ante el Poder Ejecutivo, el cuerpo de diplomáticos y las grandes empresas su agenda regional, a fin de que estas sean socializadas. Al respecto, Julio César Fernández Alvarado, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo - GERCETUR, señala que en Lambayeque se ha formulado la realización de ocho actividades para el 2020 y 11 para el 2021, además de ocho propuestas de instituciones de la sociedad civil.
“La Comisión Regional Bicentenario está constituida por 32 personas, de las cuales 10 son consejeros. El resto son representantes de instituciones públicas en su mayoría. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que la Secretaría Técnica de la GERCETUR reciba las propuestas de la sociedad civil, las cuales han sido aceptadas. Es la misma población la que solicita que se incluyan determinadas actividades, las cuales no les generan costo al Estado, puesto que serán autofinanciadas”, sostiene.
PROPUESTAS
Dentro de estas actividades se encuentra la propuesta por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, institución que organizará un encuentro de emprendedores e innovadores, a fin de que se generen oportunidades en el campo empresarial, industrial y comercial, bajo el sello de la ‘Marca Lambayeque’.
“Existe mucho recurso humano tanto técnico como profesional que puede generar posibilidades de trabajo y de desarrollo. Nos parece sumamente relevante que la Cámara de Comercio lidere este evento que va a concitar la atención del empresariado, sobre todo ahora que las nuevas tendencias apuntan a las redes sociales y la tecnología”, sostiene.
Asimismo, la Capitanía del Puerto de Pimentel ha presentado su propuesta relacionada a las actividades por los cien años de creación del distrito; mientras que otras instituciones como la Sociedad Amantes de las Artes, la Asociación de Exdocentes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, el Comité Patriótico de la Independencia del Perú, entre otras, también han hecho llegar sus iniciativas.
MUJERES Y JÓVENES
Fernández Alvarado señala que la Prefectura Regional de Lambayeque organizará para el 2021 un simposio sobre el rol de la mujer en el campo social, empresarial, histórico y antropológico, en el cual se buscará cambiar la visión androcéntrica de cara al bicentenario.
“Creemos que siempre ha sido el varón el protagonista de la historia, cuando en realidad debería haber una visión compartida. Tenemos mujeres representativas como Micaela Bastidas, María Prado de Bellido, Flora Tristán, Clorinda Matto de Turner o grandes educadoras como Elvira García y García de quien conocemos muy poco. Hoy es necesario que las mujeres emprendedoras que existen en nuestro medio tengan un espacio para decir lo que están haciendo. El bicentenario es un momento de la historia preciso para hacer visible a la mujer en su real dimensión”, asevera.
Añade que la GERCETUR le ha encargado a la Municipalidad Provincial de Chiclayo la realización de un encuentro de juventudes en el que se tratarán aspectos relacionados a la inserción laboral y el mejoramiento de sus capacidades.
“Tenemos la población más joven de los últimos 30 años en la historia republicana, lo cual nos genera la preocupación de a dónde va a ir todo ese recurso humano. Debemos establecer los mecanismos para que propongan cosas innovadoras, pero también darles soluciones a corto y mediano plazo en cuanto a propuestas laborales”, asevera.
FERIAS
Resalta que dentro de la Comisión Regional Bicentenario se encuentran los tres alcaldes provinciales, de los cuales solo el de Lambayeque (Alexander Rodríguez Alvarado), ha hecho llegar su propuesta formal para el 2020, dentro de la cual se encuentra la realización de una feria que incluirá actividades culturales y académicas.
“En el marco de las actividades académicas están organizando un conversatorio con historiadores nacionales en el que se instalarán mesas de trabajo, mientras que en las culturales se encuentra la presentación de la Cantata del Señor de Sipán, la Oda a la libertad, presentaciones de declamadores, decimistas, de una orquesta sinfónica por Lambayeque, entre otras actividades. Es un programa bastante bueno, el cual felicito particularmente, porque demuestra la identificación del municipio con el departamento”, asegura.
Manifiesta que, por iniciativa del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, también se realizará una feria bicentenario, la cual recorre todos los departamentos y del 16 al 19 de abril estará en Lambayeque.
“Esta feria tendrá 15 talleres gratuitos que trabajarán con las instituciones educativas, además de gastronomía, concursos, conciertos de música, teatro, actividades lúdicas y una gama de posibilidades para compartir”, expresa.
Además, indica que tienen avanzadas conversaciones con la Municipalidad Provincial de Ferreñafe para la realización de un encuentro entre comunidades indígenas.
FERIA DEL LIBRO
No obstante, revela que la anunciada Feria Internacional del Libro de Lambayeque no podrá realizarse, puesto que la Dirección Desconcentrada de Cultura, entidad con la cual se habían articulado esfuerzos para realizarla, no cuenta con la logística necesaria que esta actividad requiere.
“Por factores de logística y presupuesto posiblemente ya no se va a realizar, esperemos que en el transcurso de la semana alguna institución, universitaria por ejemplo, quiera asumir esta actividad, porque no solo se presentan libros, también participan fondos editoriales, entidades que promueven la lectura, educación, embajadas, entonces es una gran feria cultural y académica que no le caería mal a nadie”, subraya.
TURISMO
Por otro lado, Fernández Alvarado refiere que el año pasado Lambayeque recibió un promedio de 400 mil turistas. Sin embargo, menciona que en una línea de diez años el turismo receptivo ha decrecido.
“Hemos hecho un estudio analítico de los últimos diez años con relación al turismo extranjero y hemos notado una caída. No es que el turista nacional no nos interese, pero el receptivo tiene una mayor capacidad de compra, pues se manejan con monedas distintas: el alemán con el euro, el norteamericano con el dólar, el japonés con el yen. Si un británico trae en su bolsa cinco mil euros y se queda en promedio entre 15 y 20 días es prácticamente un rey en el Perú”, explica.
Afirma que el 6 de marzo se realizará una reunión en Lima con funcionario de PromPerú para promover el destino turístico Lambayeque a 80 operadores de tours, tanto nacionales como extranjeros. En esta cita participará Heinz Plenge, en representación de la Reserva Ecológica de Chaparrí; María Isabel Espinal por las agencias de viaje, Agustín Jordán Zunini por la Sociedad Gastronómica Lambayecana y Dante Díaz Vásquez por la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Lambayeque.
EXPORTACIÓN
En tanto, explica que el año pasado el producto bandera de las exportaciones del departamento fue la palta, con más de dos mil toneladas a destinos como Reino Unido, Francia, España, Alemania y Estados Unidos, seguida por el arándano, cotizado por su propiedad antioxidante.
“Lambayeque tiene 145 empresas exportadoras de frutas, legumbres, verduras y productos no tradicionales. Ya se ha canalizado formalmente la creación de un Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE Agroindustrial. El año pasado hemos terminado de actualizar los estudios y se ha entregado al Ministerio de Producción el expediente para una inversión aproximada de siete millones de soles en un terreno que nos dará el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, en la modalidad de cesión en uso”, anota.
Actualmente, La Libertad tiene cuatro CITE agroindustriales, Piura tres y Lambayeque ninguno.
En septiembre del 2011, el entonces gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, firmó un acta de trato directo con la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, con el objetivo de reiniciar las obras de perforación del Túnel Trasandino. Con el acuerdo, las partes se comprometieron a someter a peritaje el perjuicio económico financiero y los sobrecostos generados por los estallidos de roca en la obra y pagar lo correspondiente a la constructora al contado. Esa es una de las causales por las que el hoy electo congresista ha pasado, junto a otras 15 exautoridades y funcionarios regionales, de testigo a investigado por el Equipo Especial del caso “Lava Jato”.
Pagar al contado el perjuicio económico y los sobrecostos presentados en la construcción del Túnel Trasandino significó la modificación del contrato de concesión firmado entre el Estado Peruano, representado por el Gobierno Regional de Lambayeque, y la empresa, subsidiaria de Odebrecht.
De acuerdo a la cláusula 3.3 del contrato, suscrito en el 2004, el camino correcto para resolver controversias de este tipo era el siguiente: estimar los montos y en función de estos prolongar el período de concesión, que originalmente es de 20 años de acuerdo al contrato.
Para el Ministerio Público, que se haya pagado al contado 49 millones 326 mil dólares por perjuicio económico y sobrecostos a la concesionaria representa una de las consecuencia de lo que la Contraloría General de la República, en el Informe de Auditoría N° 5658-2019-CG/APP-AC, publicado en diciembre pasado, denomina como la “desnaturalización del contrato”.
“Si se ampliaba la concesión, como dice la cláusula 3.3, Odebrecht hubiera recibido en el tiempo 470 millones de dólares, porque el tiempo estimado era de 12 años, adicionales a los 20 que indica el contrato. La pretensión de Odebrecht era cobrar 74 millones de dólares por sobrecostos y nosotros solo le pagamos cinco, como dijo el perito”, señala Humberto Acuña a Expresión.
CONCLUSIONES DE CONTRALORÍA
En el informe de la Contraloría, referido específicamente al Trasvase Olmos, se señala a Acuña Peralta como responsable penal de haber generado, junto a los otros coinvestigados, un perjuicio al Estado que supera los 17 millones de dólares.
De acuerdo al voluminoso documento, Humberto Acuña no solo firmó el acta de trato directo, sino que además dio luz verde a adendas que también modificaron el contrato de concesión.
La apreciación de la Contraloría sobre la participación de Humberto Acuña y Yehude Simon Munaro, actualmente detenido, como extitulares del Gobierno Regional de Lambayeque en la tramitación del Trasvase Olmos es muy disímil. Mientras que al primero lo halla responsable, sobre el segundo no existe pronunciamiento. Sin embargo, la fiscalía sí considera que Simon Munaro también ocasionó perjuicio al Estado, el mismo que supera los 50 millones de dólares.
“La fiscalía ha agarrado el informe de la Contraloría y por eso nos ha comprometido como investigados. Eso está bien. Nosotros tenemos, durante el proceso, todo el derecho de demostrarle a la fiscalía por qué se tomaron esas decisiones. La Contraloría cuestiona por qué le pagamos a Odebrecht al contado y no le ampliamos la concesión 12 años. Si hubiéramos hecho lo segundo se le hubiera pagado más de 400 millones de dólares. ¿Estamos a favor o en contra del Estado?”, cuestiona Acuña Peralta.
Añade que si se hubiera ampliado la concesión del Trasvase Olmos la posición de la Contraloría hubiera sido aún peor.
“Hubiera dicho que nos coludimos con la empresa. Nosotros siempre hemos defendido los recursos de todos los peruanos”, asevera.
SUS ARGUMENTOS
El exgobernador reconoce que tal como lo han hecho las otras 15 exautoridades y funcionarios señalados por la Contraloría con responsabilidad penal y administrativa por el Trasvase Olmos, tuvo la oportunidad de presentar ante la entidad de control los argumentos que aún esgrime, pero eso no fue suficiente para generar convencimiento.
“La cláusula 3.3 del contrato la activó la gestión anterior, que encargó un informe financiero a la Universidad del Pacífico para que estime los sobrecostos y el perjuicio económico. La Contraloría nos cuestiona también haber pagado los honorarios del perito Jorge Alva Hurtado, pero si no lo hacíamos Odebrecht hubiera puesto su perito y ese sí le hubiera aprobado el pago de los 74 millones de dólares que reclamaba por sobrecostos”, enfatiza.
Como se ha mencionado, la controversia con la concesionaria se centraba en dos conceptos: perjuicio económico (tiempo que demoró en recibir el pago por las obras de trasvase debido a causas no imputables), y sobrecostos (mayores gastos en la perforación del túnel por los estallidos de roca). CTO reclamaba el pago de 74 millones de dólares por el segundo concepto.
Con el acta de trato directo se aprobó contratar a dos peritos: Sergio Bravo Orellana (ex funcionario de Proinversión, también investigado por el Caso Olmos), para estimar el perjuicio económico, y Jorge Alva Hurtado, para calcular los sobrecostos. Alva Hurtado concluyó que solo debían reconocerse a favor de la empresa cinco millones de soles.
PAGO AL PERITO
Contraloría observa que el gobierno regional, bajo la gestión de Acuña Peralta, haya asumido el pago de los servicios de Alva Hurtado, padre de la actual ministra de Economía, María Antonieta Alva, ascendente a 209 mil 68.96 dólares, obligación que – según la auditoría - correspondía a la concesionaria.
“¿Por qué le pagamos? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas no quería pagarle, la Corporación Andina de Fomento – CAF, tampoco; el Banco Mundial tampoco. De acuerdo al acta de trato directo el primer experto lo ponía el gobierno regional y el segundo Odebrecht. Si nosotros no le pagamos a nuestro experto, entraba el de Odebrecht y ese sí hubiera aceptado que se le reconozcan los 74 millones de dólares por sobrecostos a la empresa”, explica.
“Quizá hubo un error administrativo o cualquier otro tema, pero lo que quiero que quede claro es que yo no tengo ningún temor, con gusto me iría a la cárcel por ahorrarle al Estado 470 millones de dólares. Yo no estoy comprendido en ‘codinomes’, en plata, sobornos u otras cosas. Yo defendí los recursos del Estado al firmar el acta de trato directo y no lo digo ahora, lo dije en el 2011, cuando no quisieron firmar el ministro de Economía ni el de Agricultura. No me arrepiento, porque hoy Olmos genera más de 20 mil puestos de trabajo”, sentencia Humberto Acuña.
“HAY MUCHO DESCONOCIMIENTO”
Asegura que su objetivo – ahora – no es convencer a los fiscales del equipo Lava Jato, sino demostrar lo que – a su juicio – resultó más beneficioso para el Estado.
“Confié en que la Contraloría iba a realizar un mejor trabajo. ¿Saben quiénes son los expertos de Contraloría? Ingenieros agrónomos, un ingeniero civil con código 150 000, o sea un chiquillo recién salido de la universidad. Esos son expertos para ver un proyecto de esta naturaleza, de esta magnitud. Hay mucho desconocimiento. Estamos viviendo un tema mediático coyuntural y entonces aparecen los detractores de la gestión, del proyecto y los adversarios políticos. ¿Cuántos medios me han sacado con el titular: ‘Investigado por corrupción’? Con el tema mediático y coyuntural no se sabe dónde vamos a parar”, señala.
Sobre Yehude Simon, para quien la fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva, no solo por los supuestos aportes a su campaña de reelección regional en el 2006, sino también por el presunto perjuicio ocasionado al Estado con el Trasvase Olmos, Humberto Acuña prefiere no pronunciarse.
“No me voy a meter ni me voy a defender tocando a Simon. A nadie le deseo estar ahí (detenido), por su familia. Tocarlo a él creo que es deshonesto”, sostiene.
Humberto Acuña, quien ya recibió del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, su credencial como congresista por Lambayeque y está próximo a jurar el cargo, refiere que la prerrogativa constitucional de la inmunidad parlamentaria no lo beneficia en absoluto sobre la investigación iniciada en su contra por el caso Olmos.
“El partido (Alianza Para el Progreso) está pidiendo la eliminación de la inmunidad parlamentaria y yo estoy de acuerdo. Vamos a presentar esa iniciativa el primer día en el Congreso. Respecto a mí, no me blinda de nada. La inmunidad parlamentaria cubre desde que se inicia el mandato congresal, los procesos previos continúan por su propio carril. Si el Congreso anterior mal utilizó la inmunidad, ahora será distinto”, concluye.
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Carlos Burgos Montenegro recibió el respaldo de los socios del Jockey Club de Chiclayo para continuar en la presidencia de la institución en un nuevo período, el mismo que regirá hasta el 2022.
“Debo hacer llegar mi sincero agradecimiento a los socios por la confianza que han depositado en el equipo que lidero, reiterando el compromiso de seguir trabajando constante e incansablemente en la ejecución de las obras que son parte de la propuesta asumida y que nos permitirán avanzar en la modernización de las áreas sociales y deportivas de nuestro club”, menciona el dirigente del club.
El domingo último, Burgos Montenegro ganó el proceso electoral convocado para la renovación de la Junta Directiva del Jockey Club de Chiclayo, proceso en el que participaron activamente los integrantes de la institución social.
Señala que entre los logros de su primera gestión se tiene la cobertura de la plazoleta, la nueva zona de parrillas, la sala de socios vitalicios, la renovación del campo de gras sintético, entre otros trabajos realizados junto a los colaboradores administrativos, de mantenimiento y servicios.
“Todo ello lo hemos logrando sin vender un metro cuadrado de la propiedad del club, cumpliendo así nuestra palabra desde el primer día de gestión”, manifiesta.
PROYECTOS FUTUROS
Carlos Burgos comenta que entre las obras propuestas a los socios para el período 2020 – 2022 se destaca la ampliación y mejora de la sala de billar, la implementación de dos salones en el segundo nivel del área social, el crecimiento de las áreas verdes y el techado del estacionamiento del club.
Asimismo, se tiene en desarrollo la construcción de la piscina temperada para beneficio de los socios y sus familias.
“Tenemos el firme compromiso de continuar las obras emblemáticas como la construcción de la piscina temperada y el segundo piso del edificio principal, creando dos ambientes importantes como alternativa para dos restaurantes. Solo en la piscina, con la construcción de su cobertura y el equipamiento se estima una inversión de un millón de soles. Lo otro importante es que después de 62 años hemos resuelto la cobertura de la plazoleta, que antes tenía un toldo que nos significaba un gasto de más o menos cuatro mil soles”, detalla.
NUEVA DIRECTIVA
Burgos Montenegro encabeza la directiva para el período 2020 – 2022, la misma que está integrada por Alfonso Díaz Gálvez, como vicepresidente; Guillermo del Piélago Gastiaburú, como secretario y Manuel Alberto Chau Bobadilla, como tesorero.
La Dirección de Recreación y Deportes estará a cargo de Carlos Alfredo Servigón Chong; la Dirección de Actividades Sociales y Culturales será liderada por Marlon Amilcar Tenorio Anicama; la Dirección de Servicios e Instalaciones a cargo de Dante Yván Ojeda Mendoza y la Dirección de Socios será asumida por Óscar Luis Cárpena Recoba.
En la Dirección de Promoción y Marketing estará Juan Francisco Quezada Aguilar y en la de Economía y Finanzas José Roberto Saldarriaga Casanova.
Asimismo, para la Comisión Revisora de Cuentas se eligió a Juan Fernando Vera Olivera, Segundo Rivas Aponte y Alberto Merwan Vélez de Villa Mesa como miembros titulares, en tanto Óscar Sosa Santa Cruz y Alejandro Puican Miñan asumen como suplentes.
“Agradecemos a los socios por la ratificación de confianza, que lo único que permite es recargarnos de energías con un equipo oxigenado para cubrir las expectativas de los socios”, destaca.
SENTIDO INSTITUCIONAL
“Como lo hemos dicho desde nuestra primera postulación a la presidencia del club, nosotros apostamos por el Jockey como una familia, que es la esencia de esta institución, porque procuramos que cada uno de los servicios que ofrecemos sea de calidad y permita disfrutar de sanos momentos de esparcimiento y confraternidad. Con toda seguridad puedo decir que trabajamos para que el Jockey Club siga siendo una institución ejemplar”, señala.
Burgos Montenegro refiere que atrás quedaron los tiempos en los que el club vio afectado su patrimonio, pues el objetivo de su directiva ha sido, desde el primer momento, la conservación de la propiedad institucional y la cautela de los recursos.
“Desde el primer día de nuestra gestión hemos sido escrupulosos en el manejo de los recursos del club y los socios pueden dar fe de las mejoras que en nuestro primer período se lograron, manteniendo además una política de puertas abiertas y plena participación. El club ha logrado, además, relacionarse de mejor manera con la institucionalidad lambayecana, lo que nos permite tener un mejor acercamiento a la comunidad, porque entendemos que es nuestra responsabilidad también preocuparnos por lo que sucede en nuestro entorno y ver la manera de contribuir al desarrollo del departamento”, enfatiza.
El Jockey Club de Chiclayo tiene en la actualidad aproximadamente mil 800 socios, entre ordinarios, empresariales y vitalicios.
“Ya se presentaron los estados financieros auditados, los que arrojan que la institución tiene un superávit de aproximadamente 225 mil soles, lo que nos demuestra que el manejo de los recursos durante nuestra primera gestión ha sido responsable con el club. Como hemos mencionado a los socios: no hemos endeudado a la institución y tampoco puesto en juego o venta el patrimonio, como lo hicieron gestiones anteriores y que son de ingrata recordación para la familia de Jockey”, indica.
Sospechoso. A mediados de diciembre pasado, la Municipalidad Provincial de Chiclayo convocó a la Adjudicación Simplificada 16-2019, para la “Elaboración del expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana”, con un valor referencial de 242 mil 221.50 soles. El servicio de consultoría fue adjudicado a la empresa Loyn Ingenieros SAC. Sin embargo, hasta el momento no se ha firmado el contrato. ¿Por qué?
El 16 de enero de este año, los integrantes del Comité de Selección de la comuna provincial, presidido por Wilder Enrique Chafloque Castro e integrado por Luis Enrique Balarezo Flores y Raúl Eduardo López Damián, como primer y segundo miembro, respectivamente, realizaron el proceso de admisión, calificación y evaluación de las ofertas presentadas a la convocatoria lanzada a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.
A la convocatoria se registraron 18 postores, de los cuales solo cinco presentaron ofertas, las mismas que fueron admitidas por la municipalidad.
Las empresas Ayep Contratistas Generales EIRL, KTL Project and Consulting Group SAC y Loyng Ingenieros SAC alcanzaron cien puntos en la evaluación, al ofertar la consultoría por 218 mil 2.05 soles.
Con el triple empate, el 27 de enero en la Oficina de la Subgerencia de Logística y Servicios Internos de la municipalidad se reunieron los integrantes del Comité de Selección procediendo al sorteo para definir el orden de prelación de los postores, resultando adjudicada la empresa Loyng Ingenieros SAC, cuyo representante legal es Paúl Candiotty Calderón.
De ese modo, la empresa quedó lista para la suscripción del contrato con la municipalidad, dirigida actualmente por el alcalde Marcos Gasco Arrobas.
LOS PLAZOS
De acuerdo a las bases del procedimiento, en el Capítulo III – “Del contrato”, se señala que “los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Es decir, a partir del 27 de enero, día en que se adjudicó la buena pro, corrían los días para que en atención a lo señalado por la norma vigente se suscriba el acuerdo contractual entre el municipio y Loyng Ingenieros SAC.
El artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala en su literal a) que “dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para el perfeccionamiento del contrato”.
Se indica que en un plazo que no puede exceder los dos días hábiles siguientes de presentados los documentos la entidad (en este caso el municipio), suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio según corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la entidad.
“A los dos días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato”, indica el dispositivo legal.
Expresión se comunicó con Loyng Ingenieros SAC, recibiendo atención de Azucena Farfán, identificada como secretaria del representante legal de la empresa, quien señaló a este medio que habían cumplido con la presentación de los documentos, en el plazo señalado por Ley (ocho días hábiles) a la municipalidad, esperando que se les notifique para la firma del contrato.
ESCRITOS DE LA EMPRESA
Al no recibir respuesta de la comuna, la empresa procedió de acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Este señala que “cuando la entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos en el literal a), el postor ganador de la buena pro puede requerirla para ello, dándole un plazo de cinco días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin que la entidad haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del mismo o a la recepción de la orden de compra o de servicio”.
De acuerdo a lo informado por la funcionaria de Loyng Ingenieros SAC, la empresa ha cursado hasta dos escritos a la municipalidad otorgando el plazo que estipula la ley, sin que tampoco hayan recibido respuesta.
Según lo señalado en el artículo 141, en caso que la entidad no perfeccione (firme) el contrato dentro de los plazos establecidos, “no puede convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio, bajo responsabilidad”.
Esto último significa que la Municipalidad Provincial de Chiclayo, al no haber firmado el contrato conforme lo señalan las bases del procedimiento y la norma que regula las contrataciones del Estado, queda impedida de lanzar una nueva convocatoria para la elaboración del expediente técnico del proyecto de seguridad ciudadana.
ASUNTO DEL TERRENO
De la revisión de las bases del proceso realizada por Expresión se advierten dos aspectos que generan incongruencia entre la información consignada por la municipalidad y las exigencias a las quedaba sujeto quien ganase la buena pro para la elaboración del expediente técnico.
Esta observación se centra básicamente en el punto 4) de los Términos de Referencia, sobre la “Ubicación del proyecto”.
En el documento que obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el punto 4) señala lo siguiente:
“La ubicación del área de estudio lo conforma el espacio geográfico correspondiente al distrito de Chiclayo. Cabe resaltar que el área de estudio es parte de toda la jurisdicción del distrito, como el servicio de seguridad ciudadana está orientado a la prevención de la violencia y el delito, para el presente proyecto el área de estudio viene a ser el mismo que el área de influencia y área del problema: Lambayeque, Chiclayo, Chiclayo”.
Empero, entre las obligaciones del contratista se señala que este, para efectos de la elaboración del expediente técnico del proyecto de seguridad ciudadana, debía realizar, entre otras acciones, estudios topográficos, de mecánica de suelos y demás procedimientos necesarios para estimar la proyección de una obra física que, se entiende, sería la central de seguridad ciudadana.
En consecuencia, ¿dónde realizaría el consultor tales estudios si los Términos de Referencia no indican un área específica, sino todo el distrito de Chiclayo?
Expresiónverificó las observaciones y consultas presentadas por dos postores: Luis Quiñones Troya y Ayer Contratistas Generales EIRL, y ninguna de ellas está relacionada a la especificación del terreno a estudiar para la formulación del expediente técnico.
De los que sí hablan dichas observaciones es de un posible direccionamiento de la contratación, debido a que se exigían requisitos mínimos en los profesionales a consignar en la oferta técnica, los cuales habrían limitado el nivel de participación de los postores.
SIN SANEAMIENTO FÍSICO
Hecha la consulta a la funcionaria de Loyng Ingenieros SAC sobre el terreno del proyecto, esta informó que en efecto existen problemas sobre ese aspecto.
Este medio confirmó que la Municipalidad Provincial de Chiclayo no ha logrado concluir los procedimientos ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, para inscribir el terreno a su nombre, debido a que actualmente está en manos de terceros.
La información fue corroborada por Azucena Farfán.
“Cuando nosotros nos apersonamos a la municipalidad nos dijeron que estaban tramitando ante SUNARP para inscribir el terreno, que no sabemos cuál es porque no se nos ha indicado. Nosotros planteamos que se proceda a la firma del contrato y que se suspenda el inicio de la consultoría hasta que se resuelva el saneamiento físico legal del terreno, para evitar que tanto la municipalidad como la empresa se perjudiquen con la generación de gastos generales, pero no se nos ha dado respuesta”, señaló.
Lo propuesta por la empresa es procedente, pero para que ello tenga validez antes debía firmarse el contrato, acción a la que la municipalidad se ha negado realizar hasta ahora.
