América Latina enfrenta actualmente una paradoja económica de estabilización a nivel macro y fragilidad en la base del crecimiento. Para comprender mejor esta situación, identificamos dos ejes cruciales: la política fiscal y el conjunto de políticas monetarias, cambiarias y prudenciales. Estos dos pilares proporcionan estabilidad relativa a corto plazo, pero también exponen límites estructurales que determinarán el futuro de la región.
La región enfrenta una restricción inherente en el frente fiscal. La deuda pública de América Latina alcanzó el 51,8 por ciento del producto bruto interno (PBI) en septiembre de 2025; un nivel alto que reduce la capacidad de una sociedad para reaccionar ante choques externos y para la implementación de políticas contracíclicas. Si bien algunos países lograron controlar sus balances con un aumento en la recaudación de impuestos o esfuerzos de contención del gasto, los crecientes pagos de intereses, particularmente en economías cargadas de deuda en moneda extranjera, están poniendo las finanzas públicas bajo presión. Tal es el entorno en el que se impone una gestión fiscal defensiva.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) explica que, aunque la consolidación continúa, el espacio es finito para expandir la inversión pública, ya que la región debe cerrar brechas en infraestructura, servicios básicos y productividad. No se trata solo de gastar menos o más, sino de gastar mejor: la sostenibilidad fiscal ha emergido como una condición esencial, pero obviamente insuficiente para el desarrollo.
Relajación cautelosa de la política monetaria
El segundo eje es la política monetaria, cambiaria y prudencial. Tras el poderoso patrón contractivo que comenzó en 2022, la mayoría de los bancos centrales de la región continuaron con este impulso, con recortes graduales de las tasas de interés en 2025, junto con una caída de la inflación y expectativas que se acercan a los objetivos oficiales. De febrero a septiembre de 2025, la inflación media de la región cayó a alrededor del 1,8 % bajo una serie de factores, como la fuerte caída de los precios internacionales de alimentos y energía y la normalización de las cadenas de suministro. Esta relajación ya ha comenzado a filtrarse en el sistema financiero, considerando que los depósitos están aumentando y el crédito es sólido. Sin embargo, la CEPAL señala que, aunque el sistema financiero regional sigue bien capitalizado, hay un ligero deterioro en la calidad de los activos, lo que requiere prudencia regulatoria. Por el contrario, las reservas internacionales netas de algunos Estados se incrementaron en 2025 para protegerse contra posibles episodios de volatilidad externa. El mensaje es claro: hay margen para una política monetaria más laxa, pero no para la complacencia en el camino. La coordinación de políticas fiscales, monetarias y prudenciales se vuelve esencial para prevenir desequilibrios financieros y mantener la estabilidad.
Crecimiento lento y problemas estructurales
No obstante, el panorama sigue siendo sombrío, a pesar de estas correcciones macroeconómicas. La CEPAL pronostica que el crecimiento regional será del 2,4 % para 2025 y del 2,3 % para 2026, afirmando que América Latina está en una dinámica de bajo crecimiento. Si bien el consumo privado sigue siendo el principal motor de la demanda, la inversión continúa rezagada, ya que la incertidumbre global y la baja confianza pesan mucho en ambos frentes. En términos del entorno externo para 2026, este será más impredecible: los mayores socios comerciales seguirán perdiendo impulso y los precios de las materias primas tenderán a la baja. En este sentido, la CEPAL insiste en ser proactivos hacia políticas de transformación productiva, innovación y diversificación económica, así como en una gestión macrofinanciera responsable.
Perú: creciendo sin una trayectoria política bien definida
En la situación peruana, las previsiones oficiales de la CEPAL esperan que el producto bruto interno del país se expanda un 3,2 por ciento en 2025 y un 3,0 por ciento en 2026, situando al país por encima del promedio de la región. Pero, incluso cuando estas cifras se acumulan, coexisten con una profunda fragilidad institucional.
De esta forma se viene creciendo, pero no gobernando, tras un escenario político lleno de fragmentación parlamentaria, alta rotación de autoridades económicas y liderazgo partidario débil, lo que lleva a una pérdida de previsibilidad que reduce los incentivos para la inversión privada. Todo esto, junto con un presupuesto público para 2026 muy centrado en el gasto corriente y un bajo nivel de asignación de capital, apunta a una desconexión entre la planificación y el desarrollo a largo plazo. Esta vulnerabilidad política se vuelve más prevalente a la luz del proceso electoral de 2026, siendo muy preocupante dado que ninguno de los planes de gobierno ofrece una gestión sostenible de los recursos fiscales públicos, lo que plantea otro riesgo para la disciplina fiscal continua y la credibilidad macroeconómica.
La CEPAL señala que, sin una relación eficiente entre los enfoques fiscales, monetarios y prudenciales, así como una reforma combinada de las instituciones productivas y de la acción política, seguirá habiendo crecimiento, aunque sin beneficio correspondiente para la población. Al mirar hacia 2026, el Perú está en un punto de inflexión donde puede restringirse al control de una estabilidad frágil o usarla como un canal para restaurar la confianza, mejorar la calidad del gasto público y avanzar en una agenda de desarrollo más inclusiva. Porque, como nos dice la experiencia reciente, crecer no significa automáticamente avanzar, y la estabilidad puede ser una ilusión sin un buen gobierno.
(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales, la atención suele concentrarse en los discursos, las entrevistas y las polémicas de campaña; sin embargo, se deja de lado lo más importante: el plan de gobierno, que es el documento que muestra qué piensa hacer cada candidato con el país. En un proceso electoral tan fragmentado como el actual, con 36 candidatos, resulta clave preguntarse qué lugar ocupa Lambayeque en esos documentos, porque lo que no está escrito difícilmente se concrete después.
De los 34 planes de gobierno publicados, 18 no mencionan ni una sola vez a Lambayeque ni a Chiclayo. Esto llama la atención al ser esta región uno de los principales mercados del norte del país, incluso en este grupo se encuentran partidos con base fuerte en esta zona como Alianza para el Progreso. En la práctica, esta ausencia sugiere que la mitad de las candidaturas no considera a la región dentro de sus prioridades ni han analizado sus problemáticas locales.
En contraste, entre los otros partidos, dos le dan un espacio amplio a Lambayeque: el Partido Democrático Somos Perú y el Partido Morado, aunque con enfoques distintos. El primero apostando por infraestructura como la renovación de tuberías y el desarrollo de parques industriales mientras el segundo, centrándose en salud y transporte.
Un punto en común entre varios partidos es el reconocimiento del potencial turístico y agroexportador de la región, proponiendo obras como corredores turísticos y riego tecnificado. Por otro lado, tan solo Avanza País muestra preocupación por los efectos de El Niño Costero y propone la creación de un Fondo de Respuesta Rápida con saldos no usados del GORE y aportes privados.
Esto está en sintonía con lo registrado en 2024: 6 de cada 10 ciudadanos de Lambayeque consideraban a las dificultades en el mercado laboral como parte de los principales problemas del país, siendo la región con más incidencia de este problema en la población. Que los candidatos propongan obras en cuanto a turismo y agroexportación es algo positivo, pues son los llamados a dinamizar el empleo.
Políticas sectoriales
En este contexto, para que dichas iniciativas no queden como promesas vacías, Videnza Instituto ha elaborado un documento con catorce políticas sectoriales para el periodo 2026-2031 enfocadas en soluciones técnicas que sirven de marco para contrastar la viabilidad de las propuestas electorales. Por ejemplo, en cuanto a lo laboral, propone impulsar la formalización a través de beneficios tangibles como el acceso de mypes a compras públicas, reducción de restricciones de crédito, entre otras. Asimismo, para blindar el agro propone transformar de una gestión reactiva a una preventiva priorizando acuerdos de gobernanza a nivel de cuencas, invirtiendo en infraestructura hídrica y promoviendo la adopción de prácticas de agricultura climáticamente inteligente.
Así, revisar estos diagnósticos permite al ciudadano discernir entre propuestas sólidas y basadas en evidencia de las que son solo retórica, elevando así la calidad del debate electoral hacia soluciones concretas y promoviendo un voto informado en Lambayeque.
(*) Analista |?Videnza?Instituto.
La ola de extorsiones por la que atraviesa el país es indubitablemente uno de los mayorees problemas de inseguridad ciudadana. Para combatir este lastre, el gobierno publicó el Decreto Legislativo n.° 1738, mediante el cual se establece un límite al número de líneas móviles que puede adquirir un ciudadano. Esto obedece a los datos del Ministerio del Interior, los cuales arrojan que el 87 % de los actos de extorsión se realizan a través de un teléfono celular.
Luis Zambrano Cárdenas, jefe regional del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – Osiptel, en Lambayeque, explica que este dispositivo legal delimita a siete como el número máximo de líneas móviles que puede sacar un ciudadano, a fin de ordenar la contratación de estos servicios y aminorar el índice de extorsiones.
“El límite que se ha establecido no corresponde a un número antojadizo, sino que proviene de un análisis técnico, de una encuesta realizada en el 2024, donde se estableció que el uso promedio de números móviles por ciudadano estaba entre uno a seis. Al tener este promedio, se fijó en siete como el número máximo razonable para que las personas no se vean perjudicadas”, señala.
Restricciones
Zambrano Cárdenas explica que el 2.8 % del universo de líneas móviles corresponde a usuarios que tienen más de siete líneas a su nombre. Ellos podrán conservarlas, pero quedarán impedidos de contratar nuevas líneas, sin perjuicio de que puedan darlas de baja voluntariamente.
“Antes la norma establecía que cada ciudadano podía sacar hasta diez líneas a través de diferentes canales de atención. Ya pasadas las diez líneas podían adquirirlas presencialmente en los módulos de atención. En noviembre, dado el estado de emergencia, Osiptel estableció medidas temporales entre las que estaba que quienes tenían más de una decena de líneas debían acercarse de manera presencial a sus empresas para validarlas y determinar cuáles reconocían y cuáles no para darles de baja”, menciona.
Señal que la nueva medida restrictiva dada en este último decreto legislativo aplica solo a las personas naturales, pues las personas jurídicas sí podrán adquirir más líneas, según el giro de negocio y la actividad comercial que realizan.
“En la región tenemos más de un millón 800 mil líneas móviles, las cuales han ido progresivamente aumentando año tras año. Estamos hablando de una línea y media en promedio por cada habitante”, explica.
Líneas sin autorización
De otro lado, el funcionario indica que Osiptel ha establecido un candado para aquellos usuarios que constantemente tienen problemas relacionados a que les saquen líneas a su nombre sin su autorización. Esto se debe a que entre el 2024 y el 2025 se reportaron más de 30 mil reclamos por contrataciones no solicitadas de líneas móviles a nivel nacional.
“Ellos pueden acercarse a su empresa operadora y restringir el número de líneas que tienen. Si, por ejemplo, tienen dos y consideran que con eso es suficiente, pueden acercarse a su empresa operadora y restringir el número de líneas para que nadie más pueda sacar líneas a su nombre”, señala.
Explica que una de las causas de este problema radica en la venta ambulatoria de chips, ya que no existe una garantía por parte del vendedor de estos chips de que la información proporcionada por el comprador, como la huella biométrica, será fielmente utilizada.
“El gobierno, el regulador, puede mejorar las condiciones de contratación del servicio de las líneas móviles, pero esto debe ir de la mano de una concientización del ciudadano en no adquirir líneas en la vía pública, pues se expone a un riesgo. No se sabe a quién se le está dando información tan sensible ni si, en efecto, trabaja para la empresa operadora”, manifiesta.
+NOTICIAS:
El sensible fallecimiento de la joven deportista L.M.N. viene despertando una indignación en el país, no solo por el hecho mismo, sino también por las “particularidades” que los procedimientos de investigación vienen presentando.
Algo llamativo fue que tan solo a un día del siniestro, la periodista Marisel Linares declaró en Instagram que “[había] tomado conocimiento de que un vehículo registrado a [su] nombre, protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de [L.M.N.]”, añadiendo que “una tercera persona” empleaba el automóvil.
Del comunicado deducimos
Que la periodista tuvo que haber sabido de todo o por el propio responsable o el padre de este (pareja suya); que supo la identidad del responsable desde el primer momento; y que tuvo acceso a información altamente sensible del caso desde el inicio.
Los penalistas coinciden en señalar que la señora Linares podría haber incurrido en el delito de encubrimiento real (art. 405º CP) al no haber entregado esta importante data a las autoridades. No obstante, al mediar entre los implicados una afinidad en 2º grado, sí podría hablarse de la posibilidad legítima de no declarar en contra (art. 165º CPC y art. 406º CP).
Ahora bien, ¿y qué podría suceder en el ámbito laboral?
El periodismo se erige sobre valores innegociables como la imparcialidad y la credibilidad, que en el caso de la señora Linares, están altamente afectados en la percepción del público.
Pero, ¿es esto causa justa de despido? ¿Comprometer la imparcialidad y por extensión la credibilidad puede calificarse como un incumplimiento de obligaciones laborales esenciales o específicas de un periodista?
Siempre que un escenario de este tipo esté debidamente regulado en alguna Política o Lineamiento Ético interno de Willax TV, que haya sido notificado al trabajador, sí.
En esta determinación, es irrelevante lo que suceda en el fuero penal o civil (principio de autonomía de responsabilidades). Además, no se requeriría, para un eventual despido, una condena penal firme por delito doloso (lit. b del art. 24º LPCL), pues el incumplimiento de las funciones de trabajo que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral, como causa justa de despido (art. 25º, lit. a LCPL), no exige tal requisito.
Al margen de toda disquisición técnica, expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de Lizeth, a quienes el Estado, por decencia y dignidad, se les debe asegurar una investigación rigurosa y objetiva para condenar ejemplarmente a los responsables, conforme manda la Ley.
(*) Abogado laboralista.
“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas.” — Albert Camus (Mondovi, hoy Dréan, Argelia francesa, 7 de noviembre de 1913-Villeblevin, Francia, 4 de enero de 1960), Premio Nobel de Literatura 1957 novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en la Argelia francesa. —
[…] Muchos han sido los políticos que han aportado a nuestro país, no solamente desde su visión de Perú, sino que también han podido entregar sus años y su vida al servicio de este, quizás, su motivación o su misión fue la de un espíritu acrisolado por la patria. Una de las figuras más resaltantes, fue Victor Raúl Haya de la Torre, se recuerda en la historia que en una entrevista académica que se le hiciese el polémico constitucionalista Enrique Bernales Ballesteros, este le preguntó:
EBB—¿Cuál para usted, es el secreto de la política? — sin duda alguna, ipso facto respondió:
VRHT — “No conozco la política sin corazón, la mejor manera de llegar al pueblo es la emoción, la emoción para acompañarlos en sus alegrías y llorar en sus penas” […]
En las actuales condiciones, existe pues, quiénes consideran que la importancia de la política, es la definición de su pensamiento político, otros consideran que la mayor relevancia no implica solamente los pensamientos, ni las ideas, menos la doctrina, sino, la tan aclamada “coherencia”, la misma de lo que se dice, con lo que se hace, lo que se pregona con el ejemplo mismo dejando de lado las meras palabrerías, pero, más allá, están los otros, que manifiestan un componente adicional, este corolario, debe ser: educar y/o pasar todo este conocimiento político a las generaciones futuras.
¿Individuos o ciudadanos?
Es un libro clásico de J.J Rousseau, el famoso “Contrato Social”, se expresan muchos pensamientos sobre el hombre, como por ejemplo. "El hombre ha nacido libre y por donde quiera se encuentra sujeto con cadenas", pero, ¿en la condiciones electorales actuales, cuáles serían las cadenas?, a mi modo de ver, “el ego y la falta de concertación”, la política como escuela y como instrumento de mejora de la sociedad en su búsqueda de bien común a quedado relegado, la falta de interés de los jóvenes y principalmente, el desapego y la animadversión de los más adultos en militar, es relegado por las polarizaciones.
¿Los “buenos y los malos”?
Son precisamente estos extremos o polarizaciones, donde se encuentran los bandos, de un lado existen “los buenos o moralistas” del otro “los supuestos malos de la política”, la falta pues de reconocimiento y de entendimiendo entre los mencionados nos ha costado la consolidación de una verdadera República, pero, “los moralisas” que enarbolan las banderas de la perfección, los que nunca se equivocan, y los que siempre tienen la razón, han expresado saberlo todo, incluso avizorar el futuro o preveer los conflictos sociales venideros. Estos siempre han actuado con sus conductas bilardistas, han apostado para recurir a los medios necesarios con tal de llegar a su fin, pero, no solamente se encuentran solos, sino que muchos de los medios de comunicación siguen ejerciendo su hegemonía como cuarto poder del estado, miran con preferencia al candidato que pueda darle mecena alguna para su subsistencia, tejiendo los bástulos cual marioneta o peones de ajedres.
En el extremo de los supuestos malos de la política, son los que con buenas o malas intenciones han tenido yerros; aquí en el Perú, un país con muchas tribulaciones, es sabido que es un pecado el poder equivocarse, empero, el pecado capital sería pues continuar el error y hacer de este toda una vida errante.
Aunque también, nos da la impresión que para las polarizaciones es peor reconocer las deslices, por tal, surge la necesidad de cuestionarse ¿quién logra siempre hacer las cosas perfectamente bien a la primera vez?¿es palpable que una persona tenga un record de perfeción en todo aspecto de su vida?¿existe algún político perfecto?
¿Qué es para usted la política?
Si la política ha sido desplazada en su mejor ámbito por la mera, pero, lucrativa demogagogia, se ha dejado de lado ese libro maravilloso de Aristóteles titulado “Ética a Nicómaco” que manifestaba: […] Porque bien es de amar el bien de uno, pero más ilustre y más divina cosa es hacer bien a una nación y a muchos pueblos. Esta doctrina, pues, que es ciencia de república, propone tratar de todas estas cosas […] Como ella se sirve de todas las ciencias prácticas y prescribe también en nombre de la ley lo que se debe hacer y lo que se debe evitar, podría decirse, que su fin abraza los fines diversos de todas las demás ciencias; y por consiguiente el de la política será el verdadero bien, el bien supremo del hombre.
(*) Ingeniero, magíster en Gestión Pública | luricsoji19@gmail.com
El Perú atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La inestabilidad política se ha convertido en una constante que marca el ritmo del país y pone a prueba la fortaleza de sus instituciones democráticas. En este contexto, la reciente designación de José María Balcázar como nuevo presidente de la república vuelve a situar al país frente a una pregunta fundamental: ¿cómo recuperar la confianza ciudadana y restablecer la estabilidad política?
En los últimos años se ha normalizado el reemplazo acelerado del titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no es el Perú en su totalidad quien decide estos cambios, sino las 130 personas que representan al país en el Congreso de la República. En apenas una década, el país ha tenido cerca de ocho presidentes, una cifra que refleja una institucionalidad debilitada que erosiona la confianza ciudadana y deteriora seriamente la imagen internacional del Perú.
No estamos ante una simple sucesión constitucional, sino frente a un síntoma evidente del agotamiento del modelo político vigente.
Un sistema político en tensión
En los últimos años, la censura y la vacancia presidencial se han convertido en herramientas recurrentes de disputa política dentro del Congreso. Más que mecanismos excepcionales de control democrático, en muchos casos responden a cálculos estratégicos entre fuerzas políticas enfrentadas.
Este escenario refleja una confrontación constante entre partidos y bancadas parlamentarias, donde con frecuencia prevalecen intereses políticos antes que el bienestar colectivo. Para muchos ciudadanos, los partidos han dejado de cumplir plenamente su rol de fortalecer la democracia y representar a la sociedad, priorizando en algunos casos el control de recursos públicos y espacios de poder.
El contexto reciente evidencia negociaciones y alianzas coyunturales entre bancadas para asegurar votos en decisiones clave dentro del Parlamento. Partidos como Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular han protagonizado acuerdos o enfrentamientos parlamentarios para definir votaciones decisivas. Un ejemplo reciente fue la elección del presidente interino Balcázar, que evidenció negociaciones, divisiones entre bancadas y pactos tácticos dentro del Parlamento.
Las consecuencias son claras: presidentes con autoridad limitada, gabinetes de corta duración y políticas públicas inconclusas. En este contexto, la figura presidencial ha perdido capacidad de conducción y se ha convertido en una pieza transitoria dentro de un tablero político dominado por el Congreso, lo que profundiza la desconfianza ciudadana y debilita la gobernabilidad.
Impacto en la economía y la imagen internacional
La persistente inestabilidad política también ha repercutido en la percepción internacional del país. Durante años, el Perú fue considerado un referente regional por su estabilidad macroeconómica y su crecimiento sostenido. No obstante, la prolongada crisis política ha comenzado a modificar esa imagen.
Para los mercados, los inversionistas y los socios estratégicos, el país ha pasado de ser un ejemplo de estabilidad a percibirse como un escenario políticamente imprevisible. Esta situación no solo se refleja en conflictos institucionales, sino también en consecuencias concretas: menor crecimiento económico, menos generación de empleo, reducción de oportunidades y un aumento de las brechas sociales.
En un mundo cada vez más globalizado, la estabilidad política constituye un factor clave para atraer inversiones y fortalecer alianzas internacionales. Cuando esa estabilidad se debilita, el desarrollo económico se vuelve más frágil y vulnerable, y las perspectivas de crecimiento a largo plazo se ven comprometidas.
Elecciones 2026: una oportunidad decisiva
Con miras a las elecciones generales de 2026, el panorama político presenta nuevas interrogantes. El próximo Parlamento podría no ser un Congreso fragmentado, sino uno concentrado en cinco o seis fuerzas políticas principales. Este escenario sería consecuencia del efecto de la valla electoral, que dejaría fuera a más de treinta partidos políticos.
Paradójicamente, esta concentración no garantiza necesariamente una mayor gobernabilidad ni una mejor representación. Por el contrario, podría derivar en un Congreso con bancadas más grandes, pero distantes del sentir ciudadano, lo que mantendría latente el riesgo de nuevas tensiones políticas dentro del Parlamento.
Más que una crisis de liderazgo
El país no enfrenta únicamente una crisis de liderazgo, sino una crisis profunda del sistema político. Las elecciones generales de 2026 representan una oportunidad histórica para elegir entre dos caminos: continuar atrapados en la dinámica permanente del conflicto o iniciar un proceso serio de reconstrucción institucional.
La verdadera transformación no comienza únicamente con la elección de un nuevo presidente, requiere nuevas reglas de juego, incentivos políticos que fomenten el consenso y una ciudadanía más comprometida con la defensa y el fortalecimiento de la vida democrática.
Hoy el Perú se encuentra ante una encrucijada decisiva: persistir en el ciclo de inestabilidad política o construir, finalmente, un horizonte de estabilidad democrática y desarrollo sostenible. El desafío no es menor. De las decisiones que se tomen en esta etapa dependerá en gran medida el futuro político, institucional y social del país en las próximas décadas.
(*) Politólogo.
En el año 2026, numerosos emprendedores todavía piensan que la fiscalización comienza cuando un auditor se presenta en la oficina. Sin embargo, la situación es diferente. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) tiene la capacidad de dar inicio a acciones de control sin necesidad de una visita física previa, empleando herramientas digitales y cruces de información al instante.
No es una inspección encubierta, pero sí se refiere a procesos de verificación que inician antes de que el contribuyente sea completamente consciente.
Por ejemplo: Cruces automáticos entre tus declaraciones mensuales y las de tus proveedores o clientes; comprobación de inconsistencias en el IGV o en el Impuesto a la Renta; alertas generadas por diferencias en detracciones, percepciones o retenciones; revisión electrónica de los libros y registros contables presentados a través del PLE y revisión electrónica de libros y registros contables enviados por el PLE.
En numerosas ocasiones, el primer “aviso” oficial no se presenta como una llamada, sino como una notificación digital en el buzón SOL. Si el empresario no verifica su buzón con regularidad, podría perder fechas importantes para contestar demandas.
La fiscalización electrónica: la nueva realidad En los últimos años, SUNAT ha fortalecido el sistema de fiscalización electrónica parcial. Esto significa que la Administración puede solicitar información específica (como respaldo de gastos o ingresos) sin tener que llevar a cabo una auditoría completa. En la práctica, el procedimiento suele seguir este patrón: Identificación de inconsistencias a través del cruce de información; generación de un requerimiento electrónico; corto período para justificar o rectificar y si no se proporciona una respuesta adecuada, se emite una resolución de determinación o multa.
¿Qué riesgos existen?
El principal peligro no radica en la fiscalización en sí, sino en la ausencia de un control interno adecuado. Muchos empresarios confían plenamente en el área contable sin examinar indicadores clave como:
Un margen bruto anómalo en comparación con el sector; gastos que carecen de un respaldo documental adecuado; incongruencias entre las ventas reportadas y las transacciones bancarias. Para el año 2026, la fiscalización se vuelve cada vez más tecnológica. La SUNAT ya no depende solo de inspecciones en persona; emplea grandes volúmenes de datos y algoritmos para detectar patrones de riesgo.
La importancia del cumplimiento oportuno
La administración tributaria no puede ser reactiva en 2026. No es suficiente con "declarar a tiempo". Es imprescindible examinar la consistencia financiera, la razonabilidad y la coherencia. Una empresa que presenta márgenes negativos de manera continua, pero cuyo patrimonio de los socios está en aumento, puede encender alertas. Sucede lo mismo cuando el volumen de ventas no guarda relación con los niveles de gasto.
Cumplir formalmente con las declaraciones y el pago de impuestos es únicamente el nivel inicial. El segundo nivel es la realización sustancial: que los datos tengan sentido económico y estén respaldados de manera efectiva.
¿Cómo proteger tu empresa frente a una fiscalización silenciosa?
Revisa tu buzón SOL de manera periódica (idealmente semanal), implementa conciliaciones bancarias mensuales sin excepción, evalúa la situación tributaria de tus principales proveedores, realiza revisiones internas preventivas al menos una vez al año, documenta correctamente contratos, préstamos y aportes de socios y capacita a tu equipo administrativo en manejo documental.
Una sugerencia estratégica consiste en trabajar con indicadores de riesgo tributario: la proporción de gastos deducibles, el nivel de compras en comparación con las ventas, los cambios en los inventarios y la coherencia entre el flujo de caja y las ganancias que se declaran.
La cuestión no es si SUNAT puede supervisarte sin notificarte. La pregunta adecuada es: ¿Tu empresa está organizada, aunque no haya nadie observando?
En la nueva época tributaria, el empresario informado no aguarda a que llegue el auditor. Prevé situaciones, rectifica fallos antes de que sean detectados y transforma la contabilidad en un instrumento de gestión, no en una mera exigencia formal.
Ya que, en 2026, la prevención inteligente es la mejor defensa ante la fiscalización.
(*) Contador del CBP – CR III Lambayeque.
El Perú, una economía que evidencia signos evidentes de recuperación y estabilidad a nivel macroeconómico se encuentra con una crisis grave en cuanto a la confianza política e institucional, se crea una paradoja alarmante con esta dualidad: la legitimidad del sistema político se va debilitando a medida que los indicadores económicos progresan. De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la nación alcanzó un aumento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,4 % en 2025, lo que representa más de dos años seguidos de crecimiento económico; a esto se añade una inflación anual del 1,51 %, que es de las más reducidas en América Latina, debido a la política monetaria cautelosa del Banco Central de Reserva del Perú, además, las exportaciones aumentaron en más del 23 %, gracias sobre todo al sector agroexportador y minero, lo que a su vez consolidó la estabilidad cambiaria y las reservas internacionales.
No obstante, estos progresos chocan con un ambiente político caracterizado por enfrentamientos entre los poderes del Estado, una gran rotación de ministros, una fragmentación de partidos y niveles reducidos de aprobación ciudadana hacia las instituciones democráticas, múltiples encuestas a nivel nacional indican que el Congreso y los partidos políticos tienen índices de desaprobación por encima del 80 %, lo cual muestra una creciente división entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. La pregunta principal es ineludible: ¿Es posible que un país mantenga el crecimiento económico si la confianza política se desgasta de forma constante? La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, aunque no suficiente, para un desarrollo sostenible, como lo evidencian los casos internacionales, la economía puede desacelerarse debido a cualquier tipo de choque, interno o externo, si no hay instituciones sólidas, predictibilidad normativa y legitimidad política.
Hoy en día, Perú está en una verdadera encrucijada histórica antes de un nuevo proceso electoral en 2026: consolidar su crecimiento sobre cimientos institucionales sólidos o volver a experimentar un ciclo de expansión económica que sea susceptible a la inestabilidad política.
Estabilidad económica con crecimiento moderado
La economía de Perú mostró un incremento del 3,4 % en el año 2025, continuando con una racha de expansión que suma 21 meses seguidos de crecimiento real del Producto Bruto Interno (PBI), según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este resultado revela, además de la resiliencia ante un contexto global complicado, que se ha consolidado la recuperación económica tras los efectos de la pandemia y los recientes golpes externos.
La inflación en 2025 fue de 1,51 %, la más baja entre los países latinoamericanos más importantes, lo que demuestra la eficacia de la política monetaria coordinada con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); asimismo, se registró un notable incremento en las exportaciones, con un alza del 23,7 %, estableciendo así un récord de valor, esto ayuda a robustecer las reservas y la capacidad de crecimiento en el futuro. Las proyecciones oficiales y de organizaciones internacionales también son moderadamente optimistas: se estima que el crecimiento del PIB para 2026 sea alrededor del 3,0 % o el 3,2 %, superando la media regional, gracias a la inversión, al consumo interno y al sector exportador.
Incertidumbre política persistente
Pese a estos progresos en términos macroeconómicos, la situación de gobernabilidad en Perú es una crisis crónica, en menos de medio año, el país ha experimentado la destitución de más de un presidente debido a vacancias y sustituciones interinas, lo cual crea incertidumbre en las instituciones; el Congreso ha nombrado recientemente a José María Balcázar como presidente interino; es el octavo mandatario en menos de diez años, y el país se alista para las elecciones generales que tendrán lugar en abril del 2026.
Esta inestabilidad en el ámbito político impacta de manera directa sobre lo que los inversores piensan y sobre cómo perciben el riesgo país; además, restringe la habilidad del Estado para poner en marcha reformas estructurales significativas y políticas a largo plazo.
Impacto de la brecha entre economía y política
El desbalance entre los indicadores económicos favorables y la crisis política tiene efectos tangibles:
Inversión privada: a pesar de que las expectativas de las empresas han sido optimistas, la incertidumbre política puede obstaculizar decisiones de inversión a gran escala, que son indispensables para sostener el ritmo de crecimiento e innovación.
Confianza ciudadana: la legitimidad del sistema político se ve disminuida por los continuos cambios de liderazgo y gabinete, lo cual impacta la participación en democracia y la cohesión social.
Agenda de reformas: la implementación efectiva de temas fundamentales, como la formalización productiva, la inversión en infraestructura y la optimización del clima empresarial, necesita estabilidad política.
En la actualidad, Perú no atraviesa una crisis económica estructural, sus fundamentos macroeconómicos reflejan resiliencia, control de la inflación, disciplina fiscal relativa y capacidad exportadora dinámica, el hecho de que el país conserve significativas ventajas en la agroindustria, la minería y la estabilidad monetaria se evidencia a través de las proyecciones de crecimiento del 3 % para 2026. La institucionalidad, no los números, es el verdadero riesgo hoy en día, la continua confrontación política, la fragilidad de los partidos, la elevada inestabilidad en el ejecutivo y la sensación de ineficiencia y corrupción entre los ciudadanos crean un ambiente incierto que podría obstaculizar las inversiones privadas y restringir el potencial del crecimiento a medio plazo; la historia más reciente de Perú evidencia que cada crisis política tiene consecuencias económicas acumulativas: aplazamiento de proyectos, disminución de la confianza empresarial y empeoramiento de las expectativas.
La falta de conexión entre la confianza política y el crecimiento económico muestra una debilidad a nivel estructural: el país ha conseguido sostener la disciplina macroeconómica, pero no ha podido establecer una estabilidad política duradera, la asimetría es peligrosa porque el desarrollo no solo se mide en términos de PIB, sino también en la legitimidad democrática, la calidad institucional y la cohesión social. Si la gobernabilidad no se robustece, el crecimiento actual podría ser solo un episodio temporal más en un ciclo de avances y retrocesos, sin embargo, si el país consigue convertir la estabilidad económica en reformas políticas e institucionales significativas, Perú podría entrar a un periodo de desarrollo más firme, sostenible e inclusivo.
En resumen, Perú no solo requiere crecer; también necesita tener confianza, la confianza no se decreta desde el mercado o el Estado, sino que se forma a través de una ciudadanía atenta, instituciones robustas y un liderazgo responsable.
Para salir de este dilema, se requiere una perspectiva dual que no descuide ni la economía ni la política:
(*) esalazars@usmp.pe |
