El Perú retrocedió 37 posiciones en el Índice Global de Brecha de Género 2026 y quedó en el puesto 94 de 145 economías, con una puntuación de 0,70 de acuerdo a lo detallado por el Foro Económico Mundial, lo que involucra que no es una sentencia sobre el potencial de las peruanas, sino una advertencia sobre la distancia que todavía existe entre el talento disponible y las oportunidades para convertirlo en ingresos, liderazgo y poder de decisión.

La caída merece atención, pero también una lectura rigurosa, considerando que el índice compara la paridad entre mujeres y hombres en cuatro dimensiones: participación y oportunidades económicas, educación, salud y supervivencia, y empoderamiento político. Descender en el ranking no significa necesariamente que todos los indicadores nacionales hayan empeorado en la misma proporción, pues la posición también depende del desempeño de las demás economías. En el caso peruano, el informe registra una variación anual de -0,034 puntos; los 37 puestos perdidos son una señal comparativa que debe analizarse junto con las brechas concretas.

La pregunta central no es solo si las mujeres estudian o trabajan, sino en qué condiciones lo hacen y hasta dónde pueden avanzar. Una economía puede incorporar a más mujeres al mercado laboral y, aun así, mantener barreras para acceder a empleos productivos, salarios competitivos, cargos directivos y espacios donde se decide la asignación de recursos. La igualdad formal abre puertas; la igualdad efectiva exige que estas conduzcan también a mejores oportunidades y trayectorias profesionales sostenibles.

El panorama global confirma que las mayores dificultades se concentran en el poder económico y político. En 2026, el mundo ha cerrado el 69,2% de la brecha medida por el índice. La paridad alcanza el 96,9% en educación y el 96,2% en salud, pero baja al 61,7% en participación y oportunidades económicas y apenas al 22,1% en empoderamiento político. La diferencia muestra que acceder a la formación no se traduce automáticamente en igualdad de ingresos, jerarquía laboral o influencia pública.

Formación y empleo

Para el Perú, el reto va más allá de aumentar la matrícula educativa o aprobar normas de igualdad. Se necesita observar qué ocurre entre formación y empleo, entre empleo y promoción, y entre participación pública y acceso real a las decisiones. La distribución desigual de las tareas de cuidado, la informalidad y las interrupciones laborales pueden limitar la continuidad profesional de muchas mujeres.

El informe también alerta sobre la calidad de las oportunidades en la economía digital. La inteligencia artificial puede ampliar la productividad, pero también reproducir desigualdades si las mujeres quedan subrepresentadas en ocupaciones técnicas y puestos que orientan inversiones. En los datos internacionales examinados por el Foro, las mujeres representan cerca de la mitad de quienes realizan anotación de datos, pero alrededor de una quinta parte de quienes desarrollan e implementan soluciones de inteligencia artificial. La transformación digital no será inclusiva por el solo hecho de ser tecnológica.

Siendo necesario que primero, se convierta los indicadores en una agenda pública verificable, con metas sobre brechas salariales, empleo formal, acceso a puestos directivos, emprendimiento y representación política. Segundo, fortalecer los servicios de cuidado y las condiciones para compatibilizar responsabilidades familiares y trabajo remunerado. Tercero, promover procesos de selección y ascenso transparentes, junto con formación técnica y digital conectada con empleos de calidad. Finalmente, evaluar las políticas por sus resultados, no solo por las normas aprobadas o las actividades ejecutadas.

Salarios y capacitación

Las empresas también deben revisar escalas salariales, transparentar los criterios de promoción y ampliar el acceso de las trabajadoras a capacitación tecnológica. La maternidad y las pausas por cuidado no deberían convertirse en penalizaciones permanentes para sus carreras. En el Estado, la igualdad debe reflejarse tanto en la contratación como en los puestos de dirección y en la distribución presupuestaria. No basta con que las mujeres estén presentes: importa que puedan influir en las decisiones.

El Perú necesita convertir la igualdad de oportunidades en una política sostenida, con presupuesto, responsables, metas y evaluación pública. Retroceder 37 puestos debe servir para corregir el rumbo, considerando una economía competitiva no puede darse el lujo de dejar a la mitad de su talento esperando en la banca.

En conclusión, el retroceso del Perú en el Índice Global de Brecha de Género 2026 constituye una señal de alerta sobre los desafíos pendientes para construir una economía más inclusiva, competitiva y equitativa. Aunque se han registrado avances en el acceso a la educación y en la participación de las mujeres en distintos ámbitos, persisten barreras que limitan sus oportunidades de acceder a empleos de calidad, posiciones de liderazgo y espacios de decisión económica y política. Frente a este escenario, el país necesita trascender las declaraciones de igualdad y convertirlas en políticas públicas efectivas, con presupuesto, metas medibles y mecanismos de evaluación que permitan reducir las desigualdades. Asimismo, el sector privado debe asumir un papel activo mediante prácticas laborales transparentes, oportunidades de desarrollo profesional y una mayor incorporación de mujeres en puestos directivos y sectores tecnológicos. El verdadero desafío no consiste únicamente en recuperar posiciones en un ranking internacional, sino en garantizar que el talento de las mujeres contribuya plenamente al desarrollo del país. El Perú no podrá alcanzar un crecimiento sostenible mientras una parte de su capital humano continúe enfrentando obstáculos para progresar; por ello, cerrar las brechas de género debe entenderse no solo como una exigencia de justicia social, sino también como una condición estratégica para fortalecer la productividad, la innovación y la competitividad nacional.

(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.

El pedido de facultades del Ejecutivo demostró que el Senado puede rehacer lo aprobado por Diputados sin rendir cuentas a nadie. Esta es la primera señal visible de un conflicto entre las cámaras que podría desencadenar un nuevo entrampamiento legislativo.

Al Congreso bicameral se lo vendió como la promesa de leyes mejor pensadas. Tres meses después, la primera decisión importante deja una lección incómoda: duplicar los escaños no significa duplicar la calidad. Si la práctica desnaturaliza las funciones de cada cámara, tendremos un Congreso más caro con los mismos vicios.

Dos cámaras, dos oficios

En el papel, el diseño es claro. Diputados, la cámara de los 130 elegidos por distrito, tiene la iniciativa legislativa y el control político. El Senado revisa las leyes, supervisa al Ejecutivo y ratifica a altos funcionarios. Es un filtro técnico cuyo problema empieza cuando el filtro se pone a escribir.

De 66 a 20, y de 20 a 27

El Ejecutivo pidió legislar sobre 66 materias durante 120 días. Tras horas de negociación, Diputados redujo las materias a 20 y el plazo a 90 días. Fue la decisión de no entregar al Gobierno un cheque en blanco. Algunas bancadas se abstuvieron porque no confiaban en que el Senado respetaría lo pactado.

Tenían razón. La Comisión de Constitución del Senado sumó siete materias, hasta llegar a 27. Entre ellas, cambios a las reglas de la legítima defensa y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional. Al cierre de la edición de hoy vota el Pleno y los resultados no parecen ser esperanzadores.

Por qué preocupan las facultades

Delegar facultades es que el Congreso renuncie, por un tiempo, a su función principal. Durante 90 días el Gobierno dictará decretos con fuerza de ley sin debate previo. La legítima defensa define cuándo el uso de la fuerza deja de ser delito; la inteligencia del Estado se mueve en la frontera entre seguridad y vigilancia ciudadana. Son temas que exigen debate abierto y votos nominales, no una línea más en un paquete urgente.

Revisar lo aprobado, no resucitar lo rechazado

Quienes defienden la ampliación sostienen que basta con que lo agregado encaje en los dos ejes del pedido: seguridad ciudadana y El Niño. Para el senador Edgar Mancha, desnaturalizar sería meter asuntos ajenos, como turismo o minería.

El argumento confunde el título con el contenido. Diputados no aprobó dos rótulos: aprobó 20 materias después de descartar 46. El Senado puede y debe debatir esas 20 con rigor, corregirlas, acotarlas o rechazarlas. Lo que no le corresponde es rescatar lo que la cámara de origen ya descartó, porque eso no es revisar: es anular una decisión ajena.

El artículo 142 del Reglamento del Senado prohíbe desnaturalizar las propuestas de Diputados, pero no define el término. Así, el Senado interpreta su propio límite: es el árbitro que además juega: es decir juez y parte.

Una ley de una sola vía

El fondo del problema tiene nombre: unidireccionalidad. Dicho de forma simple, la ley viaja en un solo sentido, como una calle sin retorno. El proyecto sale de Diputados, el Senado lo modifica o amplía, y pasa directo a promulgación. La cámara de origen no vuelve a ser consultada, y el Senado se queda con la última palabra pese a no tener iniciativa legislativa. Diputados queda convertido en mesa de partes: recibe, tramita y remite para que otros decidan.

Este diseño no nació en la actual legislatura. Lo gestó el Congreso anterior, el unicameral, que aprobó la reforma que restituyó el Senado y luego sus tres reglamentos mediante acuerdos entre las bancadas de entonces. El resultado fue un pacto que dejó al Senado con un peso decisivo.

Un conflicto que ya empezó

En la sesión por el aniversario del Congreso, Óscar Reto advirtió que el Senado no debe sustituir la creación legislativa; Miguel Torres respondió que el país no necesita un Congreso paralizado por el enfrentamiento. En Diputados ya se anunció una moción de censura contra Reto por su conducción del debate.

Sin un mecanismo para resolver las controversias, cada discrepancia busca sus propios atajos. Diputados tiene el control político del Gobierno y la tentación de usarlo como represalia; el 25% de cualquier cámara puede demandar la inconstitucionalidad de una norma. Si cada choque termina en el Tribunal Constitucional, el Congreso delegará sus propias disputas.

La salida: ida y vuelta

La alternativa es la bidireccionalidad: una calle de doble sentido. Las iniciativas nacen en Diputados, pasan al Senado para su revisión y, si este introduce cambios, regresan a la cámara de origen, que los acepta o insiste en su texto antes de la aprobación final. Así funciona en Argentina y México. Chile y Colombia añaden comisiones mixtas para conciliar diferencias. La revisora propone, pero no impone. El ida y vuelta es lo que obliga a negociar.

El desorden también es normativo. Hay tres reglamentos: el general, el de Diputados y el del Senado. Bastan dos, uno por cámara, con un capítulo idéntico sobre el tránsito de las leyes que solo pueda reformarse con el voto de ambas.

Una propuesta bien definida involucraría que toda modificación sustancial del Senado deba volver a Diputados, que podrá aceptarla o ratificar su texto con mayoría calificada. Si el desacuerdo persiste, una comisión paritaria debería poder resolverlo en un plazo fijo. En la delegación de facultades, el Senado debe poder aprobar, reducir o rechazar materias, nunca agregarlas ni desnaturalizarlas. Es decir: no reincorporar lo rechazado, no alterar la finalidad, no ampliar plazos ni alcances, este es el espíritu de la norma.

La inseguridad y El Niño son urgentes es cierto. Pero la urgencia no puede ser el pretexto para estrenar la bicameralidad ignorando a una de sus cámaras. Sin ida y vuelta, no veremos nacer una institucionalidad más fuerte, sino un teatro más grande: más actores, más presupuesto y las mismas viejas costumbres.

(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com

En el Perú no siempre falta información. A veces el problema comienza después de obtenerla. El país cuenta con investigadores, laboratorios y sistemas de vigilancia capaces de detectar enfermedades, identificar zonas vulnerables y advertir problemas antes de que alcancen mayores dimensiones.

Pero producir información no garantiza que esta se convierta en una buena decisión. La pregunta es: ¿qué ocurre después de que aparece la evidencia? Porque un resultado de laboratorio no es solo un número. Un indicador epidemiológico no debería ser una cifra más en una ficha. Una alerta no debería terminar archivada o circulando entre oficinas. Su utilidad depende de que pueda ser interpretada y transformada, cuando corresponde, en una respuesta. Así, la pandemia de COVID-19 ofreció ejemplos de lo que ocurre cuando esa cadena presenta problemas.

En abril de 2021, la Contraloría informó que había generado más de 12 000 informes de control y advertido 21 400 situaciones de riesgo relacionadas con el manejo de recursos públicos durante la pandemia. En 13 007 de ellas, equivalentes al 61 %, se señaló que no se habían tomado acciones correctivas. El dato no permite afirmar que todas esas situaciones hayan producido daños concretos. Sí permite observar una brecha: identificar un riesgo no garantiza que la institución responsable actúe oportunamente sobre él.

El dengue

El dengue ofrece ejemplos más recientes. En 2024, la Contraloría detectó que el Hospital Nacional Sergio E. Bernales había recibido S/162 000 para acciones contra el dengue, pero durante 35 días hábiles esos recursos no fueron ejecutados por problemas en el registro de requerimientos. Aunque la situación fue solucionada, la Contraloría advirtió que podía afectar la ejecución oportuna del plan. También identificó insuficiencia de profesionales e insumos. El caso muestra que tener un plan y disponer de recursos no significa necesariamente tener capacidad operativa para utilizarlos cuando se necesitan.

En San Francisco, Ayacucho, la Contraloría reportó en mayo de 2024 una ejecución nula de determinados recursos destinados a la prevención y control de enfermedades metaxénicas. Además, encontró que el laboratorio del Hospital de Apoyo San Francisco no realizaba el diagnóstico confirmatorio de dengue porque los equipos necesarios requerían mantenimiento o reposición.

Aquí aparece otro eslabón de la cadena. La vigilancia necesita datos. Los datos necesitan sistemas capaces de producirlos. Y la respuesta sanitaria necesita que esa información llegue a quienes deben decidir y que existan recursos, personal y capacidad para actuar. Por eso, el problema de la ciencia en las políticas públicas no se reduce a cuánto se investiga. También importa qué sucede con el conocimiento una vez producido.

En enero de 2026, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica preventiva por dengue y presentó el Plan de Prevención y Control del Dengue 2026, que contempla inteligencia sanitaria, alertas tempranas, vigilancia, investigación de brotes, control vectorial y atención de pacientes. La existencia del plan no demuestra por sí misma que la respuesta sanitaria sea eficaz. Pero muestra que el propio sistema reconoce que vigilar, anticiparse, responder y corregir forman parte de una misma estrategia.

Alertas y resultados

Una política pública basada en evidencia debería cambiar cuando sus resultados no son los esperados, revisar prioridades ante riesgos crecientes y evaluar qué resultados producen sus decisiones. La ciencia no es infalible. Tiene incertidumbres y debe interpretarse dentro de un contexto. Pero esas limitaciones no vuelven prescindible a la evidencia. No utilizar la evidencia no significa dejar de decidir. Significa decidir sin aprovechar todo lo que ya sabemos.

Por eso, deberíamos preguntar: ¿la información llega a tiempo? ¿Quién la interpreta? ¿Quién puede actuar? ¿Los recursos llegan cuando se necesitan? ¿Se evalúan los resultados? ¿Se corrige aquello que no funciona?

Una política pública no termina cuando se publica una norma, se emite una alerta o se asigna un presupuesto. Ahí comienza otra etapa: convertir la información en acción y comprobar si esa acción funciona. Los casos documentados muestran que esa transición puede presentar obstáculos. No se trata de afirmar que el Estado carece de ciencia o información, sino de reconocer los eslabones que pueden fallar entre conocimiento y gestión.

Un Estado que solo recopila datos está observando. Un Estado que los utiliza para anticiparse, actuar, evaluar y corregir está aprendiendo. La ciencia puede identificar riesgos, detectar cambios, orientar intervenciones y evaluar resultados. Pero no puede decidir en lugar de quienes gobiernan.

A veces el Perú no llega tarde porque carecía de información. Llega tarde porque la información disponible no se convirtió oportunamente en decisiones. Y cuando una advertencia que pudo orientar una respuesta termina documentando lo que salió mal, la evidencia ya no está previniendo el problema. Está documentando una oportunidad que no se aprovechó. Ese también es el costo de no usar la ciencia.

(*) Biólogo, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.