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  • El candidato de Podemos Perú asegura que se reunirá en el Congreso con los dirigentes azucareros para hallar soluciones a la problemática a la industria.
  • El dirigente agrario advierte que las riquezas de las azucareras deben ser repartidas equitativamente entre trabajadores y empresarios.

 

Carlos Peña Reluz nació en la azucarera Pomalca. Desde los 11 años ingresó a trabajar en la entonces hacienda y lo hizo por más de 40 años. Con la autoridad que le brinda le experiencia adquirida por el paso de los años, el hoy candidato al Congreso de a República por Podemos Perú para completar el período 2016-2021, reflexiona sobre la situación de la industria azucarera y asegura que las administraciones judiciales que ingresaron a tomar el control de los ingenios no han dado solución a la grave crisis por la que atraviesan.

 

“Las administraciones judiciales no son una solución. El Poder Judicial nombró administraciones a efecto de que las empresas azucareras puedan pagar las acreencias que tienen para luego devolverlas a los trabajadores, pero no ha sido así. Al contrario, bajo su administración nunca han podido pagarse las deudas, toda vez que estas han incrementado. Ellos mismos se venden, compran, garantizan su capital y los perjudicados siguen siendo los trabajadores azucareros. Hago un llamado a mis hermanos a nivel nacional, especialmente a los de Pomalca, Pucalá, Tumán y Cayaltí, a fin de coordinar ideas para darle una solución a este problema tan álgido”, sostiene.

 

HISTORIA

Al respecto, Peña Reluz hace un recuento de la historia de la industria. Explica que en un inicio estas fueron haciendas que estaban dirigidas por terratenientes como los De la Piedra en Pomalca. Apunta que luego, precisamente en 1969, a través del Decreto Ley Nº 17716 – Ley de Reforma Agraria, del 24 de junio de ese año, pasaron a convertirse en cooperativas, dándoseles la propiedad de las azucareras a los trabajadores.

Finalmente, refiere, en 1996, a través del Decreto Legislativo Nº 802 y del Decreto Supremo Nº 005, se cambió el modelo cooperativo por el de empresa agroindustrial, convirtiéndose las acreencias laborales acumuladas durante la época cooperativa en acciones, bajo el esquema de sociedades anónimas.

“Recuerdo que en 1969 cuando nos entregaron Pomalca, esta producía 12 mil bolsas de azúcar por día. Tenemos que hacer un mea culpa porque no estuvimos preparados para manejar empresas tan grandes. Sin embargo, el cambio de modelo de cooperativa a empresa agroindustrial no estuvo bien garantizado porque se apropiaron de nuestros beneficios sociales”, asevera.

Explica que, bajo el pretexto de sanear las deudas que se habían contraído con el Estado, deudas a las que denomina como “fantasmas”, se les hizo pagar por servicios que nunca se les brindó, tales como el de la seguridad social.

“En el tema de salud no se nos había atendido durante muchos años porque no se pagaba oportunamente. Sin embargo, a la hora de la liquidación se le canceló al Estado por ese servicio que no se nos había prestado. Todo ello motivó a que se le dé un valor a la empresa azucarera y nosotros, que habíamos tenido la propiedad de la misma, tengamos que volver a comprarla con el pago de nuestros adeudos laborales y beneficios sociales. Eso fue un engaño, un atropello contra nuestros derechos”, asegura.

 

PANORAMA ACTUAL

El candidato refiere que la situación descrita ha motivado que actualmente los trabajadores de la Agroindustrial Cayaltí no cobren sus remuneraciones desde hace nueve meses y que Pucalá ya sume 26 personas fallecidas producto de las disputas al interior de la azucarera.

“Tumán antes era un ejemplo de azucarera en Lambayeque, en Cayaltí se molía caña y ahora solamente se siembra. En cuanto a Pucalá es una pena lo que sucede, ahora los enfrentamientos ya ni siquiera son entre hermanos azucareros, sino con gente que viene de otros lugares y tiene intereses personales y económicos. Pomalca es la empresa que sí aparece con una relativa paz social que esperamos se conserve”, manifiesta.

Por ello, Peña Reluz propone que de llegar al Parlamento se reunirá con todos los dirigentes azucareros para plantear una solución inmediata a la problemática de las azucareras, cuya deuda con el Estado considera “impagable”.

“Nosotros también formamos parte del Estado Peruano, por eso buscamos que esa deuda se capitalice en acciones y sea entregada a los trabajadores, a fin de tener un paquete especial de capital que nos permita buscar un socio estratégico que podrían ser los mismos empresarios con quienes se debe sostener ele diálogo. Respetamos la inversión privada, pero debe ir de la mano con el trabajador. Nosotros entregamos la mano de obra y ellos el capital, juntos debemos trabajar para desarrollar las empresas azucareras, de modo tal que las riquezas sean distribuidas de forma equitativa”, indica.

 

AGRICULTURA

Sobre la situación del agricultor, el candidato afirma que en la Comisión Agraria del Congreso, cuyo último presidente fue Federico Pariona Galindo, no se designó a las personas idóneas y que conozcan la realidad de agro desde adentro, motivo por el cual no se plantearon leyes necesarias para su desarrollo.

Peña Reluz, quien fue presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos del Riego, resalta que como agricultores han recurrido a dicha comisión, pero no han tenido la posibilidad de hablar “el mismo idioma”, porque los parlamentarios que la conforman desconocen la realidad del agro, pese a que el Artículo 88 de la Constitución señala que los gobiernos de turno deben velar por el desarrollo del sector.

“Nos vemos frustrados con esta comisión porque no hemos tenido proyectos de ley que permitan favorecer a los pequeños agricultores que tantas necesidades tienen. En mi calidad de presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos del Riego representé a más de dos millones 600 mil agricultores de todo el país y con mucha pena noté que no hay un equipo polivalente, netamente agrario, que nos permita desarrollar las propuestas para trabajar en mejores condiciones. Espero que en este nuevo Congreso se elija al hombre para el cargo y no el cargo para el hombre y que cada parlamentario se desarrolle en el sector que conoce”, refiere.

Peña Reluz comenta que son 124 juntas de usuarios de agua en todo el Perú, mil 580 comisiones de regantes y más de dos millones 600 mil agricultores los que ven desatendidos  sus derechos básicos, por lo cual retomará el proyecto de ley para brindar una pensión de jubilación al agricultor, el mismo que presentó en el gobierno de Ollanta Humala Tasso, y que tuvo una aceptación preliminar de 80 parlamentarios que lo suscribieron, pero que no llegó a debatirse en el pleno del Parlamento, toda vez que se quedó en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y en la Comisión Agraria. 

“La lista de Podemos Perú comparte mis ideales respecto al agro y la industria azucarera porque son de interés general. La pensión del agricultor no solo beneficia a Lambayeque, sino a todos los peruanos. Hay distintas problemáticas. Por ejemplo, trabajé para la junta de usuarios que nos cobraba el 20 % de las inversiones que se hacían en ellas y no debíamos pagar ese monto porque la infraestructura de riesgo es del Estado, además de que pagamos por el servicio de agua que llega a nuestros campos”, asevera. 

Por otro lado, el candidato refiere que tiene un proyecto de ley sobre el canon que llega a los gobiernos regionales y locales. Al respecto, menciona que a los agricultores no les llegan dichos recursos, por lo que su iniciativa legislativa buscará que un porcentaje sea destinado para los hombres del campo.

“De esta manera priorizaré que se desarrollen proyectos de infraestructura, riego tecnificado y una política de comercialización del cultivo”, asevera.

CARLOS PE√ĎA RELUZ SOBRE LAS AZUCARERAS: ‚ÄúLAS ADMINISTRACIONES JUDICIALES NO HAN FUNCIONADO‚ÄĚ

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  • Gobernador regional de Lambayeque ha oficiado al Ministerio de Salud – MINSA, y al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, pidiendo los recursos para cancelar los adeudos con los locadores del sector Salud.

 

El decreto de la universalización de la salud no ha caído del todo bien en el despacho del gobernador regional de Lambayeque. Anselmo Lozano Centurión cuestiona que el Ejecutivo haya dispuesto el acceso de toda la población al Seguro Integral de Salud – SIS, sin antes haber corregido las limitaciones presupuestales, de equipamiento, personal e infraestructura que tiene el sector.

 

A fines de diciembre pasado, Lozano Centurión se dirigió, con el Oficio N° 001235-2019-GR.LAMB/GR, a la ministra de Salud, María Hinostroza Pereyra, y con el Oficio N° 001236-2019-GR.LAMB/GR, a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, solicitando el presupuesto para el pago de locadores de los hospitales de Lambayeque, correspondiente al 2019.

Los documentos elevados por la autoridad regional se sustentan en el Oficio N° 3506, que la gerente de Salud, María Collantes Santisteban, dirigió a su despacho reiterando el pedido de apoyo para encontrar una solución a la deuda generada por el no pago al personal de salud por Servicios No Personales (locadores).

 

ADEUDOS

De acuerdo al detallado adjuntado a ambos ministerios, en el Hospital Las Mercedes existen 234 prestadores de servicio a la espera del pago de sus remuneraciones, cuyo total suma un millón 500 mil 400 soles; en el Hospital Belén los perjudicados son 132 profesionales, con una deuda total de un millón 18 mil 120 soles; en el Hospital Regional la deuda suma dos millones 300 mil soles afectando a 230 locadores, en tanto bajo responsabilidad de la Gerencia Regional de Salud hay en total 105 locadores a los que se les debe 700 mil soles.

En total, la deuda generada por la falta de disponibilidad presupuestal en el sector Salud suma cinco millones 518 mil 520 soles.

“Solicitamos la asignación de presupuesto para el pago del citado recursos humano, entre ellos médicos, enfermeros, obstetras, tecnólogos médicos, técnicos en enfermería y demás, que han contribuido a la atención de la salud de los pacientes que diariamente acuden a los mencionados establecimientos hospitalarios y a quienes se les debe tres, cuatro y hasta cinco meses de sus remuneraciones”, señala Lozano Centurión en sus oficios.

 

NO MÁS CONTRATACIONES

La autoridad hace mención que si bien cada una de las unidades ejecutoras, por necesidad, tuvo que contratar al personal, “también es verdad la demanda de atención en salud a fin de dar continuidad a los servicios de salud en dichos hospitales a los pacientes asegurados a través del SIS, así como a los ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana”.

“Tal como expresé en el décimo segundo GORE Ejecutivo, si el Ministerio de Salud no transfiere a los recursos para efectuar los concursos para la contratación del personal en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, no sería posible contar con dicho personal este año, ya que no sería retribuidos oportunamente por sus servicios. Por ello, con el debido respeto y en aras de deslindar cualquier responsabilidad, hago de conocimiento que dichos hospitales dejarán de contratar a personal en la modalidad de Locación de Servicios. En consecuencia, no será posible atender a un gran porcentaje de compatriotas que cada día acuden a buscar atención para aliviar las enfermedades que adolecen”, advirtió la autoridad.

Lozano Centurión ha sido enfático en informar a la ministra de Salud que no se volverá a contratar bajo la modalidad de Servicios No Personales en los centros hospitalarios hasta que no se analice una solución definitiva respecto de los adeudos con el Ministerio de Economía y Finanzas y sé atención a la compra de equipos quirúrgicos y mejoramiento de la infraestructura de los hospitales Las Mercedes y Chiclayo.

“No es posible que tengamos el Hospital Regional de Lambayeque con infraestructura moderna pero que no cuenta con recursos para pagar a su personal locador, tal vez cuenta con algunos equipos en buen estado, pero la mayoría están inoperativos, entonces de qué atención de calidad hablamos si cuando un paciente de un de salud es transferido a un hospital para que sea atendido por personal especializado no encuentra consulta y si la encuentra debe esperar tres o cuatro meses para los exámenes. Eso debe terminar”, aseveró el gobernador.

 

SIN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Expresión conversó con Lozano Centurión, quien comentó que los problemas de adeudos en el pliego regional no solo se limitan al sector salud. En la misma sede – dijo – como herencia de la gestión anterior, se mantienen deudas por servicios de limpieza y otros, que no fueron cumplidos en su momento.

“Se hicieron contrataciones sin certificación presupuestal, por eso le hemos dicho a las ministras que nos den el dinero para convocar a concursos CAS. No se puede vulnerar los derechos de los trabajadores como se ha venido haciendo. Ellos tienen derecho a que cumplido el mes se les pague. A la ministra de Salud yo le he dicho: ‘¿Usted puede esperar cuatro o cinco meses sin pago?, ¿Sabe a qué terreno se ha metido?’. Nos han aumentado el número de asegurados con un decreto legislativo, no tenemos los aparatos quirúrgicos, infraestructura tampoco tenemos y nos falta personal, ¿cómo vamos a atender? El aseguramiento universal es populismo, porque si no nos dan los recursos, ¿cómo vamos a atender?”, remarca.

Lozano Centurión afirma que el Gobierno Regional de Lambayeque es el primero que ha salido al frente para demandar tanto al MINSA como al MEF el cumplimiento de los pagos.

“Vamos a pagarles a los trabajadores nombrados, contrataremos lo que podamos con CAS y no habrá un solo contratado por locación. Habrá miles de personas que se queden sin atención y como nos corresponde le haremos conocer del problema tanto a las ministras como al Ministerio Público, porque son ellas las responsables. Aquí me respetan. En Lambayeque hemos estado acostumbrados a que nos den migajas y nos quedábamos tranquilos y, en el colmo, antes se ha devuelto las migajas”, enfatiza.

A ello se suma una compleja situación legal, pues refirió que la Procuraduría Pública Regional tiene aproximadamente siete mil casos por atender.

“Uno de ellos es la demanda que ha realizado un empresario que fue desalojado de unos terrenos en Eten por la anterior gestión y ahora está demandando al Gobierno Regional de Lambayeque por tres millones 600 mil de soles por concepto de daños y perjuicios. Hubo un absoluto desorden en el tema de los pagos y todavía sufrimos esas consecuencias”, manifiesta Anselmo Lozano.

Añade que existen demandas laborales, por incumplimiento de pagos y contratos, así como por otros conceptos.

“Supuestamente fumigaron los jardines del Hospital Regional, se deben 900 mil por jardinería, vigilancia, limpieza de las oficinas. Es un caos. Hay un desorden total. A ello hay que añadir los arbitrajes, como el de la hermosa Avenida Chiclayo por vicios ocultos, cuando el contratista envió una serie de cartas a la gestión del señor Acuña advirtiéndole que el expediente técnico estaba mal hecho y que se debía reformular. ¿Qué le respondían? Que continúe. Dios ha sido bueno con Lambayeque y gracias a él la destrucción de El Niño 2017 no fue mayor, porque sino, imagínense cómo estuviéramos. En Santa Rosa hicieron una avenida que, de acuerdo al expediente, debía durar 15 años. La Contraloría ha confirmado que a los tres meses se malogró”, manifiesta.

 

INVERSIONES

Para este año, el Gobierno Regional de Lambayeque tiene 75 millones de soles como presupuesto para proyectos de inversión, monto que según la autoridad no fue posible incrementar porque el Ministerio de Economía y Finanzas evaluó el desempeño de gasto del 2018, último año de la gestión de Humberto Acuña Peralta.

“Vamos a intensificar las gestiones para que se nos asignen partidas adicionales y sacar el máximo provecho al proceso de reconstrucción. Estamos priorizando la construcción de la carretera asfaltada Mayascón – Incahuasi. Además, por el mecanismo Gobierno – Gobierno se ejecutarán obras de salud, colegios y saneamiento básico”, indica.

Sobre las elecciones congresales del próximo 26 de enero, la autoridad regional dijo confiar en que la ciudadanía elegirá a los mejores representantes.

“Esperamos que el próximo Congreso sea mucho mejor, que se atiendan problemas urgentes como salud y educación, y que no se concentre en temas superficiales”, anota.

M√ČDICOS Y PERSONAL ASISTENCIAL SIN PAGOS: DEUDAS EN HOSPITALES DEL MINSA SUPERAN LOS CINCO MILLONES DE SOLES

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El past presidente de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI Lambayeque, Julio García Peña, conversó con Expresión sobre el momento político y económico nacional, remarcando que es necesario que los empresarios se agrupen y trabajen para alentar las inversiones y promover el desarrollo, principalmente del departamento.

 

¿La situación económica del país golpeó y sigue golpeando a la clase empresarial?

Sí, yo creo que esto se veía venir desde el cierre del Congreso, que fue algo que ha perjudicado notablemente al país en el aspecto de inversiones. El PBI no crecíó más del 2 % y creo que con el poco tiempo que le queda a este gobierno va a ser complicado que la cifra incremente. No se avizora una mejoría, al contrario, hay que esperar un cambio de gobierno y van a pasar por lo menos tres años para sentir los resultados. Según todas las proyecciones, incluidas las de los organismos internacionales, no se prevé un crecimiento inmediato.

Esperemos que esto de alguna manera se revierta con el aporte de los empresarios. Estamos llanos a ayudar en el desarrollo del país.

 

Entonces, ¿el aspecto político ha sido uno de los puntos importantes para que la economía acentúe su desaceleración?

Así es, para mí sí, porque de una manera este juego político ha dado inseguridad a muchos inversionistas dentro y fuera también. Eso ha sido lo que ha jugado en contra. No hubo reglas de juego claras, hubo un juego político muy abierto, muy contradictorio y además el problema de la corrupción, que es un problema mundial y nuestro país no está fuera de él.

 

Hay empresas que han cerrado, otras que han pedido la suspensión de su registro como contribuyentes, otras que han tenido que decirle a su personal que se paralizaban las operaciones. ¿Eso está pasando aquí en Lambayeque o no?

Verdaderamente sí está pasando. Yo creo que hubo un factor de desaceleración de todo lo que es industria en la región. Esto se da a causa de todos los problemas antes citados. No hay rotación de los productos, los almacenes están llenos… hay empresas que tienen obligaciones financieras y no han podido cubrirlas. Es más, hoy en día el sector financiero es muy rígido y ya se están aplicando normas internacionales para auditar.

Por otro lado, los mecanismos han avanzado tanto que la tecnología hace filtrar inmediatamente cualquier cosa y las empresas tampoco han tenido mucho orden. Falta mucha educación en el tema contable.

Hay que tener en cuenta que la parte tributaria cambia día a día. Los empresarios no estamos preparados para eso y eso juega en contra muchas veces. Tenemos que formalizarnos de una manera activa para que esto tampoco nos golpee, porque si no teneos un plan de contingencia para este tipo de cosas siempre vamos a ser golpeados.

 

¿La presión tributaria es preocupante? ¿Considera que el Estado lejos de ayudar al empresario formal, lo desalienta?

Sí y hay muchas propuestas al respecto. Por ejemplo, todos los estamentos del Estado son ahora entes sancionadores, con multas dinerarias que de alguna manera asustan al empresario. Ese es trabajo para los nuevos congresistas, quienes de alguna manera tienen que involucrarse más en este tema del desarrollo empresarial, porque hay muchas cosas que todavía están en el aire.

Necesitamos que el Estado sea mucho más amigable con el empresariado. Ahora se quiere crear un nuevo ministerio, lo que representa un costo demasiado alto. Se quiere invertir siete mil millones en el país para crear un ministerio, cuando nos faltan hospitales, cuando nos faltan colegios.

 

Y lo que sobran son ministerios…

Sí, es lo que más sobra, porque son sancionadores, no son entes que dan soluciones al país. Simplemente se hace la ley y se aplica y el empresario es el golpeado.

Tenemos problemas todavía de conflictos sociales. La minería no está caminando activamente. La minería ya ha dado un paso adelante en lo que es tecnología pero las inversiones están paralizadas porque el Estado no puede resolver los problemas sociales.

 

¿Cree usted que Cañariaco sigue siendo una opción viable para Lambayeque?

Creo que sí, a Cañariaco lo tenemos hace 10 años con un plan de exploración inconcluso. Es un plan al que siempre se le ha puesto trabas, pero yo creo que conversando, dialogando y poniendo las cosas claras con un cabildo abierto, con inversionistas que vengan y demuestren que verdaderamente se puede hacer minería limpia, sí es posible retomarlo.

 

Entonces, ¿lo que la comunidad en general necesita es información, sobre todo respecto a la minería?

Es lógico, si hablamos de la contaminación minera y contaminación ambiental yo creo que la segunda es más crítica porque quien la hace es la ciudadanía. No tenemos una red de agua y alcantarillado en la zona periférica y todos los deshechos van a los ríos; la basura está por todos lados, y la industria pesada también contamina las fuentes de agua.

 

Respecto a seguridad, el Ejecutivo ha informado que todo extranjero ilegal tiene que regresar a su país. ¿Es una reacción tardía? ¿Qué análisis tiene usted?

Ya tenemos más de un millón de venezolanos en el país. Ya es un tema que ha debido prevenirse desde hace mucho tiempo. El Ministerio de Interior no ha actuado con diligencia, han ingresado al país personas que están portando armas, que están consumiendo drogas, que están abriendo otros espacios de destrucción, prostitución o alcoholismo.

Tenemos que empezar a hacer las cosas rápido. Que se haga un censo con toda la población extranjera que ha llegado y los que no tienen sus papeles en regla tienen que ser deportados, porque no podemos permitir que al país, además de la carga social que tenemos, se le sume más inseguridad.

 

Hay un proceso electoral que se cumplirá el próximo domingo 26 de enero y a la vez mucha desinformación y desazón en el electorado peruano. ¿Cuál es su reflexión sobre las elecciones congresales?

Con tantos procesos electorales que hemos pasado, con lo que se ha visto en el desarrollo de algunos congresistas y donde hubo batallas por favores políticos y cupos, creo que es hora de darle la oportunidad a caras nuevas. Gente que de alguna manera quiere hacer algo por el país, pero que tenga por lo menos contundencia y una visión abierta a lo que es desarrollo. No hay que dejarnos engañar por alguna persona que ofrece algo grande.

La seguridad, educación, salud, seguridad alimentaria, son temas urgentes.

La población tiene que mirar con mucho detenimiento y pensar bien a cuál de los candidatos elegir, porque los que ganen van a formar un Congreso de año y medio que deberá trabajar en lo más urgente.

 

¿Cree que en Lambayeque se ha aprendido a elegir, sabiendo que los congresistas anteriores dejaron mucho que desear?

En las últimas dos décadas no hemos tenido buena representación en el país. De nuestros representantes por Lambayeque podríamos decir que tienen cero en conducta, cero en formas, cero en fiscalización. No han ayudado a nuestro crecimiento departamental ni impulsado obras importantes para generar empleo y progreso. Su ausencia ha sido absoluta.

Un caso es la Autopista del Sol, que está hace más de 10 años sin ejecutarse en Lambayeque y sobre ello los congresistas nunca dijeron nada.

 

¿Cuál es su evaluación al gobierno regional y a los gobiernos provinciales de Lambayeque?

Más allá de darles un calificativo, creo que el desorden que ha existido en años anteriores continua. Se eligió a personas que no han tenido los cuadros técnicos para fortalecer el desarrollo de la región. Entran a gobernar, pero no tienen cuadros políticos o gente de confianza para hacer las cosas bien.

Se pensó que las nuevas autoridades de alguna manera se iban a dejar ayudar con los colegios profesionales, que siempre están a disposición, pero cada una tiene su manera y su comportamiento, se aíslan totalmente.

Es necesario hacer un llamado de atención de las autoridades para que nos digan cuáles son sus planes para los próximos años.

 

La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque cumple 119 años de creación. ¿Cuál es el significado que tiene para usted, como empresario, esta institución gremial?

Creo que es un valor agregado para nosotros los empresarios ser parte de la Cámara de Comercio, porque es un ente que agrupa a sectores importantes y está siempre velando por el desarrollo departamental.

Los empresarios podemos hacer muchas cosas, pero para eso debemos reunirnos, y trabajar juntos por todo lo que importa para Lambayeque.

JULIO GARC√ćA PE√ĎA: ‚ÄúNECESITAMOS QUE EL ESTADO SEA MUCHO M√ĀS AMIGABLE CON EL EMPRESARIADO‚ÄĚ

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  • Candidato del PPC, con el N° 1 por Lambayeque, señala que el próximo parlamento debe mejorar y continuar la reforma política y judicial.

 

“Tengo la motivación personal de llegar al Congreso de la República que sintoniza con la motivación partidaria en el sentido de que, a pesar de las críticas que han existido por algunos de nuestros líderes a la disolución del Congreso, es preciso estar presentes en el próximo parlamento para evitar el desbalance de fuerzas y que quede la cancha libre a los partidos de izquierda, que propugnan modificar radicalmente el capítulo económico de la Constitución Política”, señala Norbil Vega Orozco, candidato con el N° 1 en la lista del Partido Popular Cristiano – PPC, por Lambayeque.

 

Vega Orozco, ingeniero mecánico y electricista graduado en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina y egresado de las maestrías en Energía y en Docencia Universitaria, seguidas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, sostiene que su propósito de llegar al parlamento no se limita únicamente a cautelar el marco de la Constitución de 1993, sino también para ayudar a la continuidad del modelo democrático en el país.

“Nuestro objetivo también garantizar que el presidente Martín Vizcarra llegue al 27 de julio de 2021 y se dé una transición ordenada y democrática. Tenemos interés en preservar el Estado de Derecho y ayudar a evitar que se dé ese cambio radical al capítulo económico de la Constitución. Estoy hablando de cambio radical. En el Partido Popular Cristiano creemos en la economía social de mercado con rostro social”, asevera.

 

REDUCIR LAS BRECHAS

El aspirante a la representación por Lambayeque, quien se desempeñó como Director Regional de Energía y Minas, refiere que es necesario advertir y prevenir un clima de convulsión social como el que se vivió hace meses en Chile, justamente por el crecimiento de la brecha social y económica.

“A Chile se le veía como un modelo económico para América Latina y hoy vemos que existen brechas muy grandes, donde la riqueza se concentra en el 1 % de la población y este posee el 30 % de la riqueza. Como nación, en el Perú debemos evitar que una situación así se genere y el problema social estalle. Ahora, en la región, nuestro país parece un remanso, pero para que la situación mejore debemos incidir e insistir para que exista una política económica con rostro humano”, manifiesta.

 

CONTINUAR LAS REFORMAS

Vega Orozco reconoce que los próximos legisladores, dado que asumirán un período complementario de 15 meses, aproximadamente, no tendrán tiempo suficiente para emprender grandes cambios legislativos a favor de la población. Sin embargo, refiere que entre las tareas urgentes del nuevo Congreso están apoyar y fortalecer a la reforma política y judicial.

“Por encima de los deseos y la buena voluntad que uno tenga de propugnar leyes que favorezcan a la salud o a la educación, el principal rol que le cabe al próximo Congreso es precisamente la reforma política para asegurar organizaciones fuertes, con balance de poderes, para evitar que el poder se concentre bien en un presidente todopoderoso o en un partido con mayoría abusiva en el Congreso. Ese es, fundamentalmente, el trabajo al que se debe dedicar el nuevo Congreso”, argumenta.

Refiere que es probable que algunas organizaciones políticas busquen polarizar el escenario electoral entre una disputa entre la derecha y la izquierda, cuando lo que se debe apuntar como objetivo común es que personas honorables lleguen al Congreso.

“Debemos evitar lo que nos ha sucedido recientemente con un Congreso formado por personas que, primero, no tienen formación política y llegaron solamente con su dinero para ser elegidos y, segundo, que no tenían la preparación ni profesional ni política para desempeñarse adecuadamente. Así vimos, por ejemplo, cómo se conformó la lista de Fuerza Popular, que no dejó de ser una bancada obstruccionista dentro del Congreso y que, aliada con el APRA, llevó a que se disuelva este Poder del Estado. Pero además, esto ha originado un grave daño a la imagen de quienes hacen política y a la de la propia institución, cuya aprobación bajó de los dos dígitos”, resalta.

Anota que el comportamiento de los anteriores legisladores acentuó el rechazo ciudadano a la clase política del país.

“Se ha profundizado el enojo y el desprecio que la población tiene a lo que considera que es un político. Considero que la población está errada. Lo que ha visto no es un político. Un político debe ser una persona que ocupa un cargo para proyectarse a la sociedad haciendo servicio, haciendo el bien, como promover la mejora de la calidad de vida de las personas”, expone.

 

REFORMA JUDICIAL

Vega Orozco comenta que lo referido a la reforma judicial también es fundamental, pues existen casos complejos que han revelado las debilidades que tienen aún las instituciones encargadas de administrar judicial en el país.

“La defensa de la autonomía de las instituciones es un compromiso que todos debemos asumir y, en ese sentido, desde el Congreso debe realizarse un trabajo legislativo diligente que permita fortalecerlas, no solo para que dispongan de recursos suficientes para que cumplan una buena función, sino también para que no existan interferencias de ningún tipo en su desempeño”, señala.

Detalla que entre las propuestas del Partido Popular Cristiano se tiene la de incrementar el número de integrantes del Tribunal Constitucional a 11 o 15 miembros. Actualmente el máximo intérprete de la constitución tiene siete integrantes.

“La razón de esta propuesta radica en que es necesario dotar al Tribunal Constitucional de mayor pluralidad y evitar que se generen situaciones de polarización entre sus integrantes. Lógicamente, también es necesario mejorar el mecanismo actual de elección de los magistrados del TC, de tal manera que pueda garantizarse un procedimiento transparente y sin que los partidos políticos pongan cuotas de postulantes, como se vio en el Congreso disuelto, lo que finalmente desencadenó en la severa crisis política que vivimos a fines de septiembre pasado”, explica.

Respecto al Tribunal Constitucional, Norbil Vega comenta que otro de los planteamientos del PPC es que sea este el encargado de evaluar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, a fin de zanjar la discusión generada hace meses respecto a si deben o no ser los propios congresistas quienes revisen estos pedidos.

“Hemos visto en el Congreso disuelto cómo de manera grosera se hizo blindaje de personajes a los que debía levantarse la inmunidad parlamentaria para facilitar el accionar de la justicia y eso es algo que no se debe permitir, como tampoco ir al extremo de eliminar esa prerrogativa constitucional que protege el ejercicio de fiscalización que tiene el legislador. A fin de establecer un equilibrio a la discusión, nuestro partido propone que sea el Tribunal Constitucional quien califique si corresponde o no el levantamiento de la inmunidad cuando lo requiera la justicia”, detalla.

 

SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO

Por otro lado, Norbil Vega sostiene que uno de los tópicos en los que le gustaría hacer incidencia legislativa es en el relacionado a la salud materno – infantil, principalmente para generar un marco normativo que ayude a fiscalizar el correcto funcionamiento de los programas nutricionales que tiene el Estado a fin de combatir, con mayor efectividad, la anemia y la desnutrición crónica.

“Me gustaría incidir sobre la salud, apuntando a las clases más necesitadas. Siempre hablamos de la falta de competitividad de nuestra gente, que no tenemos acceso a las tecnologías, pero cómo podríamos como país desarrollar las capacidades innovadoras y de investigación si no atendemos el problema de la salud. El Estado debería preocuparse en las zonas rurales de que la madre gestante tenga asegurada la complementación vitamínica para concebir hijos sin anemia ni desnutrición”, expone.

Añade que para que la estrategia tenga efectos realmente tangibles es necesario que el Estado acompañe a la gestante a fin de garantizar que consume los suplementos vitamínicos, igual que con los niños de 0 a 2 años.

“No podemos seguir pensando que en el país los valores de anemia o desnutrición crónica infantil superan el 40 %. Algo está fallando, tenemos que revisar eso. Si bien son labores más ejecutivas que legislativas, es necesario que se genere el marco normativo para que se fiscalice realmente. No estamos hablando de presupuestos, sino de legislar para que el Estado cumpla con la labor que tiene de atender a las gestantes y niños”, sostiene.

Otra estrategia – plantea – es que se extienda la cobertura de Qali Warma para que se provea de almuerzos a los estudiantes de la zona rural, cuya jornada educativa podría ampliarse, permitiendo que sus padres tengan mayor tiempo para dedicarse a labores productivas, en tanto se asegura que el niño recibe desayuno y almuerzo con valores nutricionales adecuados.

NORBIL VEGA OROZCO: ‚ÄúNO NECESITAMOS UN CONGRESO QUE POLARICE AL PA√ćS‚ÄĚ

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  • Mientras el costo promedio del galón de Diesel B5-550 en el mercado es de 12.20 soles, el adjudicatario ofreció el precio de 11.44, aun cuando los pagos los recibirá hasta 45 días después de entregado el producto.
  • La MPCH comprará el doble del galonaje que adquirió en el 2019 pese a que la flota de unidades no se ha incrementado y la existente no está operativa al 100 %.
  • Grifo sería el mismo que almacena y distribuye el combustible de la Policía Nacional del Perú en Lambayeque.

 

Sospechosa adquisición. El 9 de enero, la Municipalidad Provincial de Chiclayo adjudicó la buena pro para la adquisición de 209 mil 230 galones de combustible B5-550; es decir, el doble del galonaje adquirido en el 2019, los cuales deberían ser utilizados por las unidades vehiculares livianas y la maquinaria pesada este año, habiendo establecido como valor referencial total tres millones 500 mil soles, a un costo unitario por galón de 13 soles.

 

El Comité de Selección estuvo integrado por: Raúl López Damián (presidente), Giorgio Cesaro Raffo (primer miembro) y Eduardo Castañeda Ibáñez (segundo miembro).

El proceso de selección fue convocado bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica, participando en el mismo solo dos postores, en este caso: Grifo San Antonio EIRL y la Estación de Servicios San José SAC, quien luego de efectuado los lances respectivos, logró rebajar el precio base por galón establecido (13.00 soles) en 1.44 soles, obteniendo la buena pro ofertando un monto por el total del galonaje requerido de tres millones 80 mil soles, lo que equivale a un precio por galón de 11.44 soles.

Es decir, el ganador ha rebajado el valor base de la adquisición sustantivamente en 420 mil soles, mientras el segundo participante, Grifo San Antonio, tan solo pudo rebajar el costo por galón hasta 12.09 soles; sumando un total tres millones 255 mil soles en su oferta, pudiendo hacer una rebaja comparativamente con el importe total establecido de 254 mil soles.

 

NO CUBRE LOS COSTOS

Expresión tuvo la oportunidad de dialogar con algunos comercializadores de combustible (estaciones de grifo), quienes manifestaron su extrañeza con el precio ofertado por la Estación San José, en cuanto la banda de precios establecida para este carburante en planta, más el costo del flete por galón, costos fijos, sumados los costos financieros y crediticios que demanda la atención, en las condiciones establecidas por la comuna, en este caso el pago por las cantidades que se abastezcan durante un mes y el tiempo no menor a quince días – en el mejor de los casos - que demanda que se haga efectiva la cancelación, el precio de 11.44 soles no cubriría la totalidad de la estructura de costos que se manejan, esto es sin considerar la rentabilidad que necesariamente se debe obtener por la comercialización.

En ese sentido, este medio periodístico pudo realizar visitas a seis estaciones de grifo comercializadores del producto requerido ubicados en la zona donde se encuentra la Estación San José (carretera a Pomalca) procediendo a tomar nota de los precios que están a la vista en los paneles tarifarios, encontrando costos fluctuantes con rangos cercanos entre sí no menor a los 0.40 céntimos por cada galón de petróleo, encontrando inclusive que San José oferta en su panel tarifario el precio por galón del carburante a 12.18 soles (venta al contado), precio sustancialmente superior al que le fue adjudicado por la MPCH (11.44 por galón), bajo las condiciones de bastecimiento y forma de pago previstas en las bases del procedimiento y el documento contractual que en los próximos días deberá ser suscrito entre el proveedor y el ayuntamiento chiclayano.

 

LA ESTACIÓN SAN JOSÉ SAC

Esta empresa – según su ficha RUC - tiene su sede principal en la ciudad de Piura, siendo su domicilio legal el ubicado en la avenida Grau N° 1602 - Piura, manteniendo varias estaciones, entre ellas, en las ciudades de Talara, Trujillo, Tumbes, Sullana, Paita y Lima, incluyendo las que se registran en la Car. Panamericana Norte Km. 783 – Lambayeque; en el PJ Diego Ferré S/N (dentro del Aeropuerto) y la Carretera Chiclayo – Pomalca Km. 3.25, siendo su actividad principal la venta al por menor de combustibles para vehículos automotores que realiza desde septiembre del 1993, fecha en que inició sus actividades, siendo su gerente general, hasta la actualidad, Gunter Martín Castillo Tello.

De acuerdo al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, Estación de Servicios San José S.A.C registra que ha tenido la oportunidad de contratar con una serie de entidades estatales desde el 2004 al 2019, celebrando más de 300 contratos por varios millones de soles, en algunos casos, inclusive, para la prestación de servicios de transporte, alquiler de vehículos, como así también la prestación del servicio de supervisión de algunas obras, como también la ejecución de algunos proyectos.

En Lambayeque pudo adjudicarse varios procesos de selección para la venta de combustible por un monto que supera los dos millones de soles, siendo sus principales clientes la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL, las gerencias regionales de Salud y Agricultura, entre otras.

Se conoce también que desde algunos años brindaría el servicio de almacenamiento y abastecimiento a la Policía Nacional del Perú adscrita a la región Lambayeque, pues esta depositaría en sus cisternas diferentes productos carburantes, entre ellos el B5-550 (petróleo), que son utilizados por la flota vehicular que circula en los diferentes ámbitos de la región, como así también para el uso de las embarcaciones, maquinarias y equipos a cargo del este organismo estatal.

EN ADJUDICACI√ďN DE COMBUSTIBLE EN LA MPCH: GANADOR OFERT√ď UN PRECIO POR GAL√ďN QUE NO CUBRIR√ćA LOS COSTOS DE COMERCIALIZACI√ďN

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  • A tres años de las lluvias del Fenómeno El Niño Costero, Lambayeque aún no tiene las obras que necesita en materia de prevención.
  • Obras de descolmatación en el cauce de los ríos han sido observadas por la Contraloría.

 

Según el balance del Centro de Operación Emergencia Nacional – COEN, el Fenómeno El Niño Costero – FEN, del 2017, dejó a su paso en Lambayeque 41 mil 237 personas damnificados, 93 mil 486 afectadas, tres fallecidos y dos heridos. En cuanto a daños materiales, ocasionó que cuatro mil 483 viviendas resulten colapsadas, cuatro mil 585 inhabitables y 19 mil 736 afectadas.

 

Pese a que han transcurrido tres años desde que ocurrieron las fuertes precipitaciones, dos especialistas consultados por este medio coinciden en señalar que el avance en materia de prevención ha sido muy poco, toda vez que no se han hecho las principales obras para evitar el desborde de las cuencas de los ríos y la inundación en las zonas urbanas y rurales del departamento.

En cuanto a la Reconstrucción Con Cambios, de los más de tres mil 300 millones destinados para Lambayeque, la transferencia acumulada hasta diciembre pasado fue de 245 millones, producto de 507 intervenciones atendidas que dejaron un saldo de siete mil 514 viviendas culminadas y obras menores.

 

OBRAS OBSERVADAS

Al respecto, el exjefe del Instituto de Defensa Civil – INDECI Lambayeque, y del Centro de Operación Emergencia Regional – COER,  Carlos Balarezo Mesones, refiere que a nivel de las cinco cuencas hidrográficas (Zaña, La Leche, Motupe, Olmos y Chancay), donde se produjeron desbordes y la mayor cantidad de damnificados, “prácticamente no se ha hecho nada”.

“Se realizaron algunas actividades de descolmatación, todas observadas por la Contraloría. Es decir, no hay garantía que ante un incremento del caudal de los ríos estos no vuelvan a desbordarse. Se hizo una obra por cerca de tres millones a la altura de la Huaca Las Ventanas, que iba a proteger también el patrimonio arqueológico, principalmente de esa zona y de la Huaca El Oro, pero fue apuntada por Contraloría”, sostiene.

Balarezo Mesones señala que para asegurar un verdadero avance en materia de gestión de riesgo de desastres es necesario que la Contraloría, además de los controles concurrentes y simultáneos que realiza, ponga su foco de atención en el tema preventivo, a fin de que no haya un perjuicio económico para el Estado.

 

VIVIENDAS INACABADAS

A su turno, Manuel Yerrén Callacna, secretario técnico de la plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, explica que otro problema es el retraso en la culminación de la construcción de viviendas definitivas que fueron perjudicadas por el FEN, las cuales en Lambayeque sumaban un promedio de 18 mil, pero no se ha llegado ni al 30 %.

Indica que de estas viviendas solo un 10 % se encontraba en una zona de riesgo no mitigable (aquellas que ponen en peligro la vida de los pobladores), pues la mayoría resultó dañada por su antigüedad o porque sus condiciones de construcción eran inadecuadas.

 

POBLACIÓN IMPRUDENTE

Yerrén Callacna señala que tampoco se ha podido controlar las actividades que desarrollan los pobladores en las inmediaciones de los ríos como ocurren en Chancay y Reque, donde – afirma - incluso tienen títulos de propiedad brindados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Privada – COFOPRI, lo cual los expone a un mayor estado de vulnerabilidad.     

“Las personas no respetan que incluso en el río La Leche ya está delimitada la faja marginal, pero aun así desarrollan sus actividades”, asevera.

Afirma que algunas de los puntos en los que sí se ha avanzado es en el control de los ríos, pues tanto Chancay, Olmos y La Leche ya cuentan con un sistema destinado para este fin. “En el caso de La Leche ya sabemos cuánto es el caudal del agua que llega y cuánto puede repartirse a otros canales para evitar inundaciones. Por ejemplo, si llegase una cantidad de agua que el río no soporta, se puede derivar a Tinajones, Lambayeque o el Taymi”, sostiene.

Por su parte, Balarezo Mesones refiere que en la quebrada Juana Ríos la población comete actos de imprudencia, pues inclusive en la parte alta se han instalado cultivos, lo cual ha acortado el cauce, imposibilitando el flujo de agua.

Además, explica que a veces las personas no esperan que el agua descienda de nivel y utilizan el badén para pasar con sus vehículos, corriendo el riesgo de que la fuerza de la quebrada voltee los automóviles.

“Al ser un afluente del río Chancay, lo que debe hacerse es mantener un control estricto sobre el paso de los transeúntes y los vehículos, a fin de evitar accidentes, al menos mientras no se construya el puente”, indica.

 

ZONA URBANA

Por su parte, Yerrén Callacna indica que a nivel urbano Chiclayo ha crecido de forma desordenada, producto de la informalidad, lo cual ha hecho que se vuelva más vulnerable ante las lluvias. Apunta que incluso son las mismas constructoras las que muchas veces edifican en zonas de riesgo, por lo que urge la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, pero velando que se respeten los lineamientos del crecimiento de la urbe.

Al respecto, Balarezo Mesones señala que el drenaje pluvial de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria sigue siendo una obra desatendida y que se erige como única solución para evitar la inundación de las zonas bajas de la ciudad.

“Chiclayo no necesita una lluvia que llegue a los 30 milímetros para inundarse. En el 2017 la precipitación máxima alcanzó los 37 y ocasionó muchos estragos. Al ser una ciudad topográficamente muy plana, bastan 10 o 15 para tener problemas. Lo único que queda mientras no se haga realidad el drenaje pluvial es tener listas las motobombas para responder ante la emergencia. Se ha debido capacitar en su uso a las Fuerzas Armadas, la Policía y las brigadas de las municipalidades”, asevera.

Añade que son muy pocos los municipios que han adquirido equipos para dar respuesta a la emergencia, pero que pese a ello el COER cuenta con los suficientes para socorrer la emergencia.

En tanto, Yerrén Callacna resalta que mientras no se realice el drenaje pluvial la tarea debe estar enfocada en mantener limpios los tres canales que cruzan Chiclayo (Cois, Pulén y Yortuque). No obstante, subraya que la población tampoco colabora, pues no solo no saca la basura en los horarios de recojo, sino que la arroja a las acequias, lo cual genera el riesgo de que estas se desborden con las lluvias.

 

FONDOS

Por otro lado, Balarezo Mesones refiere que desde el gobierno central deben hacerse esfuerzos por simplificar el proceso burocrático para acceder al Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES, pues el año pasado solamente Mórrope pudo acceder a estos recursos en el marco de la contaminación del agua de los pozos con arsénico.

“Para hacer efectivo el desembolso se demoraron cerca de tres meses. Si un municipio recién empieza con las gestiones, probablemente reciba en abril el fondo y para esas fechas el período de lluvias ya culminó. También ha dicho el ministro de Defensa que los ayuntamientos pueden usar hasta el 10 % de su Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, pero es complicado ejecutar ese porcentaje solo en enero y febrero. Desde el gobierno central deben agilizarse los procesos. Hablar ahora de prevención sería una irresponsabilidad, porque las lluvias ya están encima, lo que debe trabajarse es la respuesta”, asevera.

Asimismo, Balarezo Mesones considera que se debe hacer una revisión de la Ley Nº 29664 - Ley Que Crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la cual fue aprobada en el 2011 y desde entonces no ha sido sujeto de observaciones.

“Me parece que falta liderazgo claro tanto a nivel nacional como subnacional. En Lambayeque el llamado a liderar la gestión de riesgo de desastres no es el COER ni el INDECI, es el mismo gobernador regional y en las provincias y distritos los alcaldes. A veces las autoridades se desligan de la fiscalización de los proyectos argumentando que los realiza el gobierno nacional, pero son los entes subnacionales los llamados a supervisar”, reflexiona.

Finalmente, Yerrén Callacna exhorta a la población a limpiar sus techos, principalmente si son de calamina, a fin de resanarlas y alinearlas para prevenir desastres. “Defensa Civil es tarea de todos y eso incluye a la población que juega un rol muy importante en la prevención”, sostiene.

CONCUERDAN ESPECIALISTAS: LAMBAYEQUE AVANZ√ď MUY POCO DESDE EL FEN DEL 2017

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