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  • El empresario azucarero Ernesto Flores Vílchez exhorta al tejido empresarial a cumplir con las obligaciones tributarias y trabajar desde la formalidad.
  • Ernesto  Flores sugiere la aplicación de proyectos pilotos de agroexportación para revertir la crisis del sector.

El empresario Ernesto Flores Vílchez conversó con Expresión sobre la situación actual del sector azucarero en Lambayeque, departamento golpeado directamente por la emergencia sanitaria, principalmente por la disminución de la mano de obra debido a la existencia de grupos de riesgo, pero también por la escasez de recurso hídrico en el valle Chancay – Lambayeque.

 

“La pandemia, a los empresarios del sector alimentos nos ha  chocado bastante porque las ventas han bajado. La producción disminuyó porque la industria azucarera atraviesa tremendos problemas, pues no podemos importar equipos por la pandemia. Las compañías en Lima aún no están produciendo con normalidad y hay muchos repuestos que las fábricas necesitan y se deben mandar a confeccionar de acuerdo a sus características. No es como comprar un repuesto estándar”, explica.

Detalla que hay repuestos cuya elaboración demora entre dos y tres meses.

Por otro lado, indica que debido a la pandemia no todos los trabajadores del sector están yendo a laborar, debido a que existen grupos de riesgo. Esto tiene un impacto directo sobre los indicadores de productividad.

“El equipo humano, que es de gran importancia para la industria, no está al 100 %. Las empresas están prácticamente al 50 % de su capacidad. Como empresario le vendo caña a una de las empresas azucareras más grandes que hay en Lambayeque y, debido a los problemas que se presentan en la fábrica, la caña está almacenada uno o dos días. La caña, una vez cortada y quemada se debe transportar de inmediato a su proceso. Si no se procesa rápido se pierde gran parte de la rentabilidad”, explica.

Una tonelada de caña, normalmente, puede generar hasta 120 kilos de azúcar. En Lambayeque, Agrolmos, del Grupo Gloria, sí llega a ese máximo. En tanto, Pucalá obtiene 95 kilos por tonelada, mientras que Pomalca entre 100 y  105. Para alcanzar mejores niveles de productividad se requiere de más inversión.

Flores Vílchez comenta que la escasez de agua también es muy preocupante. El reservorio Tinajones está en su capacidad mínima y no se está habilitando el agua para la agricultura. Este problema va a generar serios problemas en la producción, al punto que muchas plantaciones de caña se están secando.

 

ALTERNATIVA

El empresario sugiere que una buena alternativa para revertir la crisis del sector es la aplicación de proyectos pilotos de agroexportación, toda vez que requieren de menor cantidad de agua para riego, generan mayor mano de obra y los productos tienen mayor rentabilidad en el mercado.

“La agroexportación es el boom ahora en el país y se están dando muy buenos resultados con cultivos como la uva, la palta y los arándanos, por lo que creo que se deberían tomar algunas decisiones para que las empresas azucareras también puedan orientarse a ello”, señala.

Anota que se debe concientizar a nivel social, porque si no se hace de ese modo, “la gente al ver que los terrenos de sus empresas están reconvirtiéndose en otros cultivos asumirán que se está llevando a la quiebra a la industria azucarera”.

“Los trabajadores aman su fábrica, están acostumbrados a ese tipo de producción, por eso se tiene que hacer un trabajo social con ellos”, indica.

Refiere que en el sector azucarero de Lambayeque se tiene que hacer sí o sí por lo menos un plan piloto de agroexportación, en al menos el 10 % de todas las áreas de cultivo para dar trabajo a las amas de casa.

“Las esposas no pueden vivir únicamente de la economía del esposo, deben tener ingresos propios y en la agroexportación hay mucho trabajo manual. Si se logra, se haría un buen trabajo social y se mejoraría la economía en el sector azucarero”, asevera.

 

PAGO DE IMPUESTOS

Pese a la crítica situación, el empresario comenta que como persona natural ha pagado dos millones 198 mil 986 soles en impuestos al Estado.

El monto se divide en la declaración de impuestos correspondiente al 2017, que asciende a 48 mil 576 soles; 150 mil 432 por el ejercicio 2018 y 144 mil 876 soles por el 2019.

A ello se suman un millón 855 mil 102 soles pagados a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, por otros conceptos.

“Eso evidencia que - aun cuando los tiempos son difíciles - tenemos la obligación de cumplir con el estado en el pago de nuestros impuestos. Puedo dar testimonio de los beneficios que trae trabajar desde la formalidad, de ahí mi interés de alentar a los emprendedores y empresarios a cumplir con las reglas que establece el estado, a través de las autoridades de control y fiscalización tributaria, para generar mayor desarrollo en el país, porque con nuestros impuestos se construyen obras y mejores condiciones de bienestar para las familias del país”, destaca.

Indica que aún es embarazoso hacer empresa en el país. Sin embargo, considera que no es imposible operar desde la formalidad.

“Pese a las dificultades económicas, sí podemos apostar por la formalización y cumplir con las leyes y normas de nuestro sistema tributario. Finalmente, si se cumple con todo lo establecido se vive tranquilo. La SUNAT, por ejemplo, cuando sabe que has cumplido escrupulosamente con los impuestos y tiene que devolverte lo que pagaste demás, lo hace. Doy testimonio de ello”, señala.

 

TUMÁN

Ernesto Flores comenta que la deuda que mantiene la Empresa Agroindustrial Tumán con su grupo empresarial, contabilizando el dinero dado para la molienda, así como lo desembolsado para la preparación de tierras y otros trabajos, asciende aproximadamente a cinco millones de soles. También se les debe a otros inversionistas.

“Tumán es una empresa con un problema muy serio porque los trabajadores no dejan realizar una gestión de productividad. Actualmente, la empresa no tiene nada. Todo lo que genera se gasta en sueldos, no hay dinero para que invierta en la fábrica o en los campos. La fábrica está muy mal y los campos prácticamente abandonados. No ha habido reinversión”, acota.

Refiere que junto a un grupo de empresarios trataron de ayudar al reflotamiento de la empresa, pero han encontrado trabas en el camino.

“Como se sabe, yo no soy accionista ni socio de Tumán, por lo tanto debo procurar ser prudente respecto a la empresa, porque no hay garantía de recuperar nuestro dinero. A Tumán sí se le puede sacar adelante, pero se necesita el compromiso de todos. La empresa tiene, además de sus trabajadores, una gran cantidad de jubilados, cerca de 900, que son los que más presionan por sus pagos. Ahora están condicionando a que se les pague 500 soles mensuales, pero no hay de dónde hacerlo, porque la empresa a las justas produce para pagar a los activos”, manifiesta.

Añade que, actualmente otro serio problema de la empresa es la invasión de tierras.

“Que administre el mismo trabajador es el peor error que existe, pero no lo entienden. El problema es que están muy divididos y no se entienden. Tan pronto asume una facción, la otra ya está generando inestabilidad. Nosotros hemos ayudado en la siembra de 500 hectáreas, apoyando en todo lo que es el mantenimiento del campo. Para sueldos, no estamos dando nada, porque no hay garantías”, detalla.

 

 

PESE A LA CRISIS: EMPRESARIO AZUCARERO PAGA MÁS DE DOS MILLONES DE SOLES EN IMPUESTOS AL ESTADO

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  • Seis regidores han solicitado una sesión extraordinaria para que se informe sobre las medidas de ajuste fiscal frente a la crisis financiera.
  • La planilla mensual de los trabajadores CAS bordea los 700 mil soles.

La austeridad no es una de las características que distingue a la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas al frente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. La alicaída situación financiera de la comuna, sumada a la crisis económica derivada de la pandemia por el Covid-19, poco impacto ha tenido en las remuneraciones de los funcionarios de confianza del burgomaestre, las cuales demandan un desembolso de cinco millones 54 mil 400 soles al año, con la nueva escala remunerativa aprobada en enero pasado.

 

El aumento de las remuneraciones ha sido una de las principales intenciones de la actual administración municipal desde que empezó su gestión. Con apenas nueve días en el cargo, el concejo municipal – con el rechazo de los tres regidores de oposición (Orlando Puell Varas,  Percy Espinoza Gonzáles y Jony Piana Ramírez) aprobó el aumento de sueldo del alcalde de nueve mil soles a once mil 50.

En aquella oportunidad el aumento no se hizo efectivo, pues el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, emitió un comunicado advirtiendo que los alcaldes distritales y provinciales no podían incrementarse los sueldos, toda vez que esto solo se logra a través de un decreto supremo emitido por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, mediante el Decreto Supremo N° 413-2019-EF, del 30 diciembre del año pasado, el gobierno central aprobó una nueva escala de compensación económica para los alcaldes provinciales y distritales, con la cual Gasco Arrobas pasó de percibir nueve mil soles a 13 mil 260 al mes.  

Según refiere el regidor Percy Espinoza Gonzales, esta disposición del Poder Ejecutivo no era de cumplimiento obligatorio, sino facultativo; es decir, en función de los recursos del municipio. Pese a ello, la administración municipal optó por proceder con el aumento de la remuneración.

 

FUNCIONARIOS

En esa línea, el 17 de enero de este año se aprobó la nueva escala remunerativa para funcionarios y directivos superiores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a través de la Resolución de Alcaldía N° 015-2020-MPCH/A.

Con este documento se dejó sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 068-2016-MPCH/A, que fijaba las remuneraciones anteriores. Así, el gerente municipal pasó de percibir mensualmente ocho mil 500 soles a 11 mil 900; los directores superiores (gerentes y jefes de órganos desconcentrados), de siete mil a nueve mil 900; y los subgerentes y jefes de unidad, de seis mil a siete mil 900.

Los beneficiados con este incremento son en total 48 funcionarios que ocupan los cargos de confianza del alcalde. Aquí se encuentra el gerente municipal, Eleazar Torres Ybañez, cuyo sueldo con la nueva escala se fijó en 11 mil 900 soles.

Asimismo, están los 15 gerentes de línea, quienes perciben una remuneración de 11 mil 900 soles y en conjunto su sueldo asciende a 148 mil 500 soles. Aquí están Juan Carlos Ibañez Álvarez, gerente de Administración y Finanzas; Ericka Ginanyelly Araujo Gonzales, de Recursos Humanos; José Germán Flores Cabanillas, de Asesoría Jurídica; Alberto Enrique Samillán Ayala, de Tecnología de la Información y Estadística; José Luis Perleche Ramos, de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; Derliz Factor Guzmán Tejada, de Desarrollo Social y Promoción de la Familia; y Manuel Helmut Mechan Wong, de Desarrollo Urbano.

Además, está el gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, César Augusto Vílchez Arévalo; el de Infraestructura Pública, Roberto Mario Cárdenas Bazán; el de Desarrollo Vial y Transportes, Sttanley Junior Antonio Rodas Fuentes; de Secretaría General, Jesús Antonio Revilla Jibaja; de Desarrollo Económico Local, Juan José Salazar García; y de Desarrollo Ambiental, Marco Randy Alvites Vilela. Se suman a esta lista Raúl Teodoro Porturas Quijano, procurador público municipal; y Sandra Rocío Gonzáles Zúñiga, jefa del órgano de Control Institucional.

En tanto, están los 28 subgerentes y jefes de unidad, que perciben un sueldo de siete mil 900 soles y en total le cuestan mensualmente a la municipalidad 221 mil 200 soles. Algunos de estos funcionarios son Yhusley Keriban Angulo Angulo, subgerente de Participación Vecinal; Juver Antonio Pérez Pachanasi, de Tesorería y Finanzas; Delvis Jonathan Bravo Coronel, subgerente de Estudios y Proyectos; entre otros.

A ellos se suman el asesor de alcaldía, cuya remuneración es de nueve mil 900 soles, y los tres jefes de los órganos desconcentrados: Manuel Arturo Yerren Callacna, del Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres; Gustavo Eduardo Ramírez Vergara, del  Instituto Metropolitano de  Planificación Territorial y Gestión Catastral; y Edwin Gonzalo Vásquez Sánchez, del Instituto Vial Provincial. Los cuatro funcionarios en conjunto suman 39 mil 600.

El monto total que demandan las remuneraciones de estos 48 funcionarios al mes es de 421 mil 200 soles, cifra que multiplicada por los 12 meses del año arroja un total de cinco millones 54 mil 400 soles. Esto representa un aumento de casi un millón 200 mil soles, respecto a años anteriores

 

CAS

Por otro lado, según el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad Provincial de Chiclayo cuenta con 211 trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, cuyos sueldos oscilan entre 810 y 11 mil 900 soles. Aquí están incluidos los gerentes, subgerentes, jefes de unidad y jefes de órganos desconcentrados.

La planilla mensual de los CAS le demandan a la Municipalidad de Chiclayo un total de 694 mil 666.5 soles, lo cual al año arroja un total de ocho millones 335 mil 998 soles, sin contar los aguinaldos de julio y diciembre.

 

TRABAJADORES

En tanto, el secretario del Sindicato Provincial de Trabajadores. Municipales de Chiclayo – SITRAMUNICH, Rafael Margari Reyes, revela que la planilla de trabajadores le cuesta a la municipalidad apenas 375 mil 251 soles, producto de los 383 servidores nombrados y 23 contratados. Es decir, 45 mil 949 soles menos que lo que le demandan los 48 funcionarios antes citados.

Margaret Reyes señala que el sueldo promedio de un trabajador municipal es de mil 600 soles, aunque hay algunos contratados que perciben incluso menos que el sueldo mínimo, fijado en 930 soles.

 

CONCEJO MUNICIPAL

Al respecto, a través de la Carta N° 033-2020-MPCH-LKCV/SR, del 14 de este mes, la regidora Lucy Karina Villegas Campos le solicitó al burgomaestre reconsiderar el aumento de sueldo de los funcionarios de confianza, en virtud de la crisis económica por la que atraviesa el país y que agrava la situación financiera de la comuna provincial. En la misiva, la concejal señala que el cuerpo de regidores también está dispuesto a la reducción de las dietas, en aras de coadyuvar a paliar la crisis.

En esa misma línea, la regidora con apoyo de otros cinco munícipes más (Jony Piana Ramírez, Orlando Puell Varas, Percy Espinoza Gonzales, Pedo Ubillús Falla y Randy Vegas Díaz) le solicitaron al alcalde la convocatoria a una sesión extraordinaria para que informe sobre las medidas de ajuste fiscal frente a la crisis financiera.

Entre los fundamentos de dicho requerimiento están las declaraciones brindadas por el alcalde Marcos Gasco y el gerente municipal Eleazar Torres Ybañez, en las cuales califican la situación financiera de la municipalidad como de “insolvencia económica”, lo cual afectaría servicios básicos como el recojo de la basura.

“Cabe indicar que estas declaraciones son de nuestra especial preocupación, más aún cuando no se ha informado al pleno del concejo sobre el control de la recaudación de los ingresos municipales, de manera mensual, contraviniendo a lo dispuesto en el numeral 15, del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades - LOM, sobre atribuciones del alcalde”, se lee en la solicitud.

 

PROVECHO: SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MPCH SUPERAN LOS CINCO MILLONES DE SOLES AL AÑO

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El 10 de septiembre la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, la municipalidad provincial y la Gerencia Regional de Salud – GERESA, suscribieron un convenio para la implementación de un albergue para personas con problemas mentales. Sin embargo, el documento no fue aprobado por el Directorio de la entidad.

Según se informó, se estima una inversión de 216 mil 759 soles para la creación del primer hogar protegido en el departamento, cuyo objetivo es brindar atención a las personas con problemas mentales en situación de abandono.

El convenio, establece que el albergue estará ubicado en la calle Los Laureles N° 109, de la Urbanización Los Libertadores, inmueble propiedad de la Beneficencia de Chiclayo, comprometiéndose esta a la optimización de los servicios básicos y la infraestructura.

En contraparte, la Gerencia Regional de Salud se encargará de la contratación del personal de enfermería, ocho técnicos en enfermería, un administrador y un cocinero, mientras que la municipalidad  exonerará el pago de arbitrios.

“El convenio firmado por el gerente de Salud Lambayeque, Dr. Víctor Echeandía Arellano, el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas y el presidente del directorio de la Beneficencia, Ing. Juan José Salazar García, hace realidad este primer hogar protegido, mismo que beneficiará a 8 personas con trastornos mentales graves o severos y del comportamiento con discapacidad mental, intelectual, psicosocial que no cuenten con apoyo familiar o social; para contribuir a la mejora de su autonomía, reducir el deterioro de su salud y recuperar sus funciones que limitan su desarrollo personal y social”, publicó la GERESA en su página web como nota informativa.

Se añade que el inmueble contará con el personal “para garantizar su correcto alojamiento con vestimenta de acuerdo a la estación, cultura y respeto al género; así como alimentación, apoyo personalizado y acompañamiento permanente”  de los beneficiarios.

“También, se les brindará el apoyo psicosocial orientado a promover la integración social, incluyendo actividades cotidianas, autocuidado, relaciones sociales, integración comunitaria, ocio y tiempo libre”, reza la nota informativa.

CUESTIONAMIENTO

El mismo día de la firma del convenio, el integrante del Directorio de la Beneficencia de Chiclayo, abogado César Samamé Cornejo, representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se dirigió por escrito al presidente de la entidad, Juan José Salazar García, requiriendo información sobre el acuerdo.

En su escrito, Samamé Cornejo le recordó a Salazar García que “el Directorio es el órgano de mayor nivel de las Sociedades de Beneficencia y entre sus funciones está: aprobar la suscripción de convenios y contratos que impliquen la disposición de bienes inmuebles de la Sociedad de Beneficencia, en el marco de la normativa vigente”.

“Siendo miembro del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, es mi responsabilidad pronunciarme sobre el asunto planteado y rechazo el convenio suscrito por su persona por cuestiones de forma”, anota el directivo.

LAS SESIONES

Samamé Cornejo refirió que el 26 de agosto, el Directorio aprobó por unanimidad “manifestar la voluntad de ceder en uso el inmueble ubicado en la calle Los Laureles N° 190, Urbanización Los Libertades, para fines del proyecto denominado: Albergue de adultos mayores de la Gerencia Regional de Salud – GERESA, esperando se haga llegar el proyecto y convenio respectivo”.

El 2 de septiembre, el Directorio volvió a sesionar, esta vez para tratar como agenda el documento propuesta de la GERESA sobre albergue para indigentes.

“Como Directorio no se tomó ninguna decisión. La GERESA solicitó que se conceda un inmueble (vivienda) en la modalidad de cesión en uso por un tiempo mínimo de diez años”, detalla el representante del Ministerio de la Mujer.

La reserva del Directorio por adoptar una decisión se debió a que no se tenía aún informe del Asesoría Legal que dé validez al documento, por lo que se acordó esperar el pronunciamiento de la unidad correspondiente.

En la misma sesión, Salazar García precisó (consta en audios) que se esperaría, además, la opinión técnica de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

VULNERACIÓN DE LAS NORMAS

César Samamé señala en el escrito que Salazar García firmó el convenio sin tener la autorización debida del Directorio de la Beneficencia, con lo cual estaría vulnerando el marco legal vigente.

“El contenido del convenio que usted ha suscrito, sin autorización del Directorio, vulnera el artículo 7, inciso c), del Decreto Legislativo 1470, desconociendo en absoluto las atribuciones del directorio y actuando de manera política, ya que su accionar perjudicará la atención e implementación del Centro de Atención Residencial para personas con discapacidad mental”, afirma.

El director anota que en la sesión del Directorio del 2 de septiembre manifestó su opinión respecto a esperar el pronunciamiento de Asesoría Legal para que el Directorio tome conocimiento y posteriormente se autorice la suscripción del convenio.

“El 10 de septiembre presenté vía WhatsApp observaciones advertidas por mi persona, las mismas que adjunto, a fin de ser consideradas en la redacción del convenio, en mérito a que en el directorio del 2 de septiembre nos comprometimos a realizar dicha acción, máxime que habría un próximo directorio para aprobar el convenio, este último requisito nunca sucedió. Y usted le falta el respeto al Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo”, acusa.

MARCO LEGAL

El Decreto Legislativo N° 1411, que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia, señala en su artículo 7 que “el Directorio es el órgano de mayor nivel de las sociedades de beneficencia y tiene entre sus funciones aprobar la suscripción de convenios y contratos que impliquen la disposición de bienes inmuebles”.

Asimismo, el artículo 14 del referido dispositivo precisa en su numeral 14.1 que “los recursos de las sociedades de beneficencia se utilizan para los fines señalados en el artículo 2 y contribuyen al cierre de brechas de servicios en favor de las personas en condición de vulnerabilidad, en su jurisdicción.

El artículo 2 señala que las sociedades de beneficencia tienen por finalidad prestar servicios de protección social de interés público en su ámbito provincial, a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad, de manera complementaria a los servicios que presta el Estado, bajo los enfoques de derechos, género, interculturalidad e intergeneracional.

“He pedido al presidente de la beneficencia que informe al Directorio sobre la legitimidad del convenio suscrito, en salvaguarda de los intereses de la institución”, anota César Samamé.

OBSERVACIONES

Según el abogado, el convenio suscrito por la Beneficencia de Chiclayo, representada por Salazar García en su condición de presidente, tiene diferentes incongruencias, como, por ejemplo, la invocación de una base legal errada y omisiones respecto a lo que señala el Decreto Legislativo N° 1411.

También señala inconsistencias respecto a la finalidad y los compromisos que asume la beneficencia.

Una de los más saltantes es que no se especifica qué entidad asumirá la entrega de alimentación, residencia, vestido a los usuarios, vigilancia y limpieza del centro de acogida.

Del mismo modo, observa las cláusulas referidas al financiamiento, la buena fe de las partes, la política anticorrupción y el uso de la información.

PARA IMPLEMENTACIÓN DE ALBERGUE: SBCH FIRMÓ UN CONVENIO SIN APROBACIÓN DEL DIRECTORIO

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El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, orden que agrupa a los profesionales de la legalidad, atraviesa una crisis interna que pone en jaque su institucionalidad, pero además los derechos de los agremiados. Esto último porque los órganos deontológicos: Comité de Ética y Tribunal de Honor, emiten sanciones que carecen de validez, toda vez que han sido emitidas con clara vulneración al estatuto.

 

El problema nace con la elección de José María Balcázar Zelada como decano del ICAL, cuya gestión empezó con el pie equivocado en enero del año pasado.

De acuerdo al estatuto, la conformación del Comité de Ética y del Tribunal de Honor debe aprobarse en el seno del Consejo Directivo. No cabe la posibilidad de la decisión unilateral de parte del decano. Sin embargo, eso fue lo que sucedió en el ICAL.

Desde entonces, la constitución de los órganos deontológicos ha sido uno de los principales cuestionamientos a la manera en la que Balcázar Zelada ha conducido, hasta hoy, al colegio de abogados.

A ello se sumó otros cuestionamientos de parte de la mayoría de integrantes del Consejo Directivo así como de los miembros de la Asamblea de Delegados, que de acuerdo al estatuto es la máxima instancia de gobierno al interior de la orden profesional.

Con acusaciones de malos manejos económicos de por medio, en agosto del año pasado el Consejo Directivo en mayoría aprobó la vacancia de José María Balcázar.

Según el estatuto, en una situación de este tipo corresponde a la Asamblea de Delegados la recomposición del consejo. Empero, Balcázar Zelada, por su parte, vacó a los directivos y llamó a otras personas, desconociendo la autoridad de la asamblea. Esos nuevos directivos no tienen reconocimiento en registros públicos.

“Tanto el Comité como el Tribunal fueron designados de manera ilegal, arbitraria y contra lo que señala el estatuto. El Comité de Ética es conformado por el Consejo Directivo recibiendo las propuestas de abogados idóneos, en tanto el Tribunal de Honor siempre se ha estilado que se conforme por past decanos o personalidades jurídicas de trayectoria intachable. ¿Saben quién integra el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados? Un abogado que en su momento fue denunciado por tocamientos indebidos a una menor de edad. Ese es el círculo de amigos de José María Balcázar Zelada”, afirma Yuri Díaz Jaime, elegido vicedecano de la orden en las elecciones de diciembre del 2018, con inscripción como directivo en registros públicos.

 

SANCIONES

Pese a la irregular composición de los órganos deontológicos, estos se dieron por válidos para tramitar quejas contra diferentes abogados, principalmente opositores a la gestión de Balcázar Zelada. Este es el caso del abogado penalista Tito Esteves Torres.

Esteves Torres fue quejado por una fiscal del distrito de La Victoria por una publicación que realizó a través de su cuenta personal en Facebook, cuestionando la eficacia de la operadora del Ministerio Público.

El asunto llegó a manos del Comité de Ética y este en noviembre del 2019 impuso sanción contra el letrado, inhabilitándolo para el ejercicio de la profesión por dos años.

Presentado el recurso de apelación, la queja fue elevada al Tribunal de Honor, que funge de segunda instancia en estos asuntos. El 10 de agosto de este año, el Tribunal de Honor, con la Resolución N° 12, ratificó la sanción.

Con ella, Tito Esteves queda impedido de ejercer como abogado en el período que se contabiliza desde el 17 de agosto de este año y el 17 de agosto del 2022. La resolución lleva las firmas de los abogados José Sánchez Millones, presidente del tribunal, y de José Pérez Fernández, José López Díaz y Carlos Díaz Pisfil, integrantes.

 

Similares decisiones se han adoptado contra otros abogados que cuestionan a Balcázar Zelada, quien hasta hoy continúa ejerciendo funciones como decano del ICAL.

 

¿PERSECUCIÓN?

“En las elecciones del 2018 fui elegido como integrante de la Asamblea de Delegados del colegio, que por el estatuto es un órgano superior al Consejo Directivo. Sin embargo, desde el primer momento en que el señor Balcázar Zelada asumió el decanato no quiso ningún tipo de fiscalización, ni de su consejo ni de la asamblea. Le exigió al Comité Electoral que no instale a la asamblea. El estatuto mandaba que en marzo del 2019 el señor Balcázar debía convocar a una asamblea general, lo cual nunca sucedió. Nos vimos obligados a recurrir a la vía judicial, decisión que hasta ahora no se emite”, relata Tito Esteves.

Añade que junto a la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo, elegido en las votaciones del 2018, ha cuestionando la manera en la que se conduce el colegio, lo que – en su opinión - dio motivo a que se tome como pretexto la queja presentada en su contra por la fiscal.

“Una muestra de la actitud vengativa de Balcázar Zelada es lo sucedido el diciembre del año pasado, cuando me presenté como postulante a la Junta Nacional de Justicia – JNJ. Había pasado todas las etapas del concurso para integrar la junta, pero el 28 de diciembre del año pasado, sin haberme notificado previamente, remitió la resolución del Comité de Ética que me suspendía por dos años para ejercer como abogado, lo que me impidió continuar en el proceso de selección. Ahora, con el Tribunal de Honor, que maneja a su antojo, no solo me impide ejercer mi profesión, sino también que pueda postular al decanato del colegio”, asevera.

 

VÍA JUDICIAL

Tras la confirmación de la sanción, Esteves Torres ha recurrido al Poder Judicial con una acción de amparo, solicitando, al mismo tiempo, una medida cautelar que permita suspender los efectos de la resolución del Tribunal de Honor en tanto la autoridad jurisdiccional resuelva si el procedimiento seguido fue o no el correcto.

“La actitud del señor Balcázar Zelada es una venganza por los cuestionamientos que hemos venido realizando a sus manejos en el colegio. Otro ejemplo negativo de lo que sucede es la presencia del actual gerente general, el señor Odar Cornejo Custodio, quien ha sido sancionado por la Corte Suprema con una multa de cuatro UIT. ¿Por qué no lo sanciona el Comité de Ética? Hay otros letrados que han sido sentenciados por el Poder Judicial, sin embargo ahí no se hace nada”, denuncia Tito Esteves.

“Tengo que recurrir al Poder Judicial para hacer valer mis derechos, porque tanto el Comité de Ética y el Tribunal de Honor fueron elegidos a dedo. Existe el acta de la directora secretaria del

Consejo Directivo válido que señala que nunca hubo acuerdo de este para conformar ambos órganos. Yo tengo la seguridad que Poder Judicial va a rectificar las irregularidades cometidas por el señor Balcázar Zelada y compañía”, añade el letrado.

 

ELECCIONES

Tras los cuestionamientos a su accionar en el colegio, Balcázar Zelada publicó un comunicado en un diario nacional, con recursos de la institución, anunciando el recorte del período de gestión y convocando a elecciones para el 29 de agosto. Sin embargo, dicho proceso no se ha realizado.

“Ese comunicado lo hizo para congraciarse con los abogados hartos de sus malos manejos. El señor Balcázar crea historias y en su mitomanía dijo lo de las elecciones para salir del paso. El señor Balcázar no va a dejar el cargo así nomás. Ahora ha sacado un comunicado diciendo que por la situación de emergencia en la que nos encontramos probablemente no haya elecciones”, manifiesta Díaz Jaime.

Legalmente, el período para el que fue elegido José María Balcázar fenece en diciembre de este año, mes en el que se debería convocarse a elecciones para la renovación del Consejo Directivo.

“Lo que hace este señor no es solo contra el colegio, son ilícitos. ¿Cómo es posible que en sus cuentas personales reciba dinero del colegio? ¿En una cuenta a su nombre recibe el dinero de las colegiaturas? ¿Cómo es posible que el Ministerio Público archive una denuncia en su contra por fraude en la administración de personas jurídicas, cuando se ha demostrado la comisión de ilícitos?”, cuestiona el vicedecano.

 

¿ARMA CONTRA LOS OPOSITORES? TRIBUNAL DE HONOR DEL ICAL CONFIRMA SANCIONES IRREGULARES

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En un giro de 180 grados, el presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo, quien desde que inició su gobierno se alzó como paladín de la lucha contra la corrupción, se ha visto obligado a pedir disculpas al país por el escándalo “Richard Swing”. Un caso minúsculo y hasta doméstico, le ha pasado una gruesa fractura al mandatario, quien no solo tiene que rendirle cuentas al Congreso, sino que ya admitió que concluido su mandato, el 28 de julio del 2021, deberá ser investigado por el Ministerio Público.

Cuando se hizo público que el cantautor Richard Cisneros había recibido contratos del Ministerio de Cultura en plena emergencia sanitaria, el presidente de la república, Martín Vizcarra, señaló en conferencia de prensa que no tenía ningún vínculo con este, que lo conocía de la campaña presidencial del 2016 y que era probable que como colaborador había conseguido contrataciones con el Estado, aunque admitió que eso no era correcto.

Inmediatamente el caso empezó a convertirse en una bola de nieve. La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República asumió el caso, en tanto el Ministerio Público y la Contraloría General de la República iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer cuán regulares habían sido las contrataciones de Cisneros en el sector Cultura.

Con el trascurrir de las semanas se supo que no solo se trataba de una conferencia motivacional para personal de dicho ministerio durante la emergencia sanitaria, sino que Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, sumaba servicios a este portafolio por el orden de 175 mil soles.

 

INFORME DE CONTRALORÍA

A inicios de septiembre, la Contraloría General de la República evidenció que el Ministerio de Cultura efectuó pagos indebidos por el monto de 175 mil 400 soles a Richard Cisneros como único proveedor, pese a que no contaba con la especialidad, el perfil y la experiencia debida para la ejecución de actividades motivacionales y otros servicios desde el 2018 al 2020.

La entidad identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 16 funcionarios y servidores públicos del ministerio por hechos irregulares que beneficiaron indebidamente al proveedor, afectando la transparencia de las contrataciones del Estado, así como la finalidad pública prevista.

Por los hechos detectados que forman parte del Informe de Control Específico N° 025-2020-2-5765-SCE, la Contraloría recomendó al Procurador Público del Ministerio de Cultura iniciar las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos; y al titular de la entidad disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan. El informe también será puesto de conocimiento del Ministerio Público.

 

AUDIOS EN EL CONGRESO

El jueves 10 de septiembre, en la sesión del pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón Tejada, solicitó la difusión de tres audios que supuestamente vinculaban a Vizcarra Cornejo con el caso ‘Richard Swing’.

Aun cuando los audios no se habían sometido a peritaje para establecer con certeza la identidad de los intervinientes, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, autorizó su difusión en el pleno, que al mismo tiempo era trasmitido en señal abierta por los medios de comunicación.

El primer audio trató sobre una supuesta una conversación entre Martín Vizcarra, la secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, y la asistente personal del mandatario, Karem Roca, en el que supuestamente coordinan una estrategia frente a la investigación por el caso ‘Richard Swing’.

El segundo audio era una aparente conversación entre Karem Roca y la funcionaria de Palacio de Gobierno, en tanto el tercer audio versaba sobre una conversación entre Roca y Richard Cisneros.

Un día antes de la propalación de los audios, en conferencia de prensa el mandatario de la nación dijo que respondería las preguntas de la Comisión de Fiscalización sobre este caso, pero por escrito, luego que el presidente de este grupo de trabajo señalase que requerirían su presencia.

 

“NO VOY A RENUNCIAR”

Tras el escándalo, por la aparente configuración de una estrategia para obstruir la acción de la justicia por parte de Vizcarra Cornejo, voces en el Congreso empezaron a correr la posibilidad de una vacancia presidencial, invocando la causal de “incapacidad moral permanente”.

La tarde del jueves, el presidente Martín Vizcarra ofreció un mensaje a la Nación, en el que denunció intereses subalternos para desestabilizar al país, tomando como pretexto el caso ‘Richard Swing’.

Tras reunirse con el Consejo de Ministros, Vizcarra Cornejo, rechazó que los audios difundidos tengan algo de malo, aseveró que nunca negó conocer a Richard Cisneros y aclaró que no intervino en sus contrataciones con el Ministerio de Cultura.

Dijo, además, que desde el 29 de junio tenía conocimiento de los audios, pues fue advertido por un periodista extranjero, y afirmó que estos habían sido editados y manipulados.

Vizcarra Cornejo cuestionó que quien haya presentado los audios sea el congresista Edgar Alarcón, ex contralor de la República, de quien dijo: es un investigado por corrupción. "La fiscalía está pidiendo que le levanten la inmunidad parlamentaria", aseveró.

Señaló que la difusión de los audios constituye un "juego sucio y perverso" de algunos sectores que buscan "manchar honras" en mérito de intereses electorales. Todos ellos - afirmó - pretenderían sumir al país en una crisis.

“Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la consciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, yo no me corro”, enfatizó.

Invocó a la población a mantenerse unida y concentrada en la lucha contra la pandemia y superar la crisis económica.

 

PEDIDO DE VACANCIA

Por la noche, las bancadas de Acción Popular, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular, Unión Por el Perú y Somos Perú, presentaron la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

La representación parlamentaria del Partido Morado votó en contra, en tanto el FREPAP y el Frente Amplio se abstuvieron.

La iniciativa fue presentada con 96 votos a favor, 9 en contra y 23 abstenciones.

Al día siguiente, viernes 10, a las 3:00 de la tarde se inició el debate para determinar si se admitía o no la moción de vacancia, lo que finalmente se aprobó con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.

Sin embargo, para ese momento el rumor de una conspiración urdida desde el Congreso con antelación empezó a cobrar fuerza.

 

PRESUNTA CONSPIRACIÓN

Según una información difundida por IDL Reporteros, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, adelantándose a la decisión del Congreso, buscó el respaldo de las Fuerzas Armadas antes de que se admitiera a trámite la moción de vacancia en el pleno del Parlamento.

La información da cuenta que el último jueves 10, el edecán del presidente del Parlamento intentó comunicarse telefónicamente con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo, cuando este se encontraba de viaje en Madre de Dios.

Se detalla que Astudillo respondió que estaba viajando y no tenía buena conexión. Seguidamente, informó de la llamada al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

Asimismo, el edecán se comunicó con el comandante general de la Marina, almirante Fernando Cerdán. IDL-Reporteros sostiene que Merino le dijo que “en el marco de la Constitución” se iba a llevar a cabo un proceso que podría terminar con la vacancia del presidente y su reemplazo por el propio Merino.

El sábado, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, acompañado de los ministros de Defensa, Interior y Justicia, así como de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y policiales, ofreció un mensaje en el que no solo anunció cuál sería la estrategia de defensa del Ejecutivo frente al pedido de vacancia, sino que denunció un plan contra el mandatario.

"El consejo de ministros ha aprobado presentar una demanda competencial", refirió la ministra de Justicia, Ana Neyra, señalando que el Tribunal Constitucional deberá establecer cuál es la manera correcta la causal de vacancia por "incapacidad moral permanente".

"La actitud del presidente del Congreso ha sido temeraria al pretender involucrar a la Fuerzas Armadas en un asunto político", aseveró Walter Martos, quien no desaprovechó la oportunidad para hacer un llamado de reflexión política a los congresistas.

Para entonces, algunos partidos como Alianza Para el Progreso, a través de su líder, y Podemos Perú, empezaban a desmarcarse del pedido de vacancia.

Para algunos integrantes del Ejecutivo, el comportamiento de Merino de Lama constituiría en conspiración del delito de sedición.

De acuerdo al artículo 349 de la Constitución Política: "El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar".

 

DEMANDA COMPETENCIAL

El lunes 14, el Ejecutivo, a través del procurador especializado en asuntos constitucionales, presentó una demanda competencial al Tribunal Constitucional, a fin que este delimite qué configura la “incapacidad moral permanente”, que se invoca en el pedido de vacancia contra Vizcarra Cornejo.

Al mismo tiempo, se presentó una cautelar para frenar el proceso iniciado en el Congreso.

El Tribunal Constitucional eligió a la magistrada Marianella Ledesma como ponente del caso.

Martín Vizcarra, por su parte, volvió a dirigirse al país, esta vez para pedir disculpas.

“Pido disculpas al país, porque una persona del Despacho Presidencial, ha generado está situación con dichos sin base y sin fundamento alguno. (...) El Perú, en medio de la pandemia que estamos atravesando, no merece estar distraído por la situación generada por los lamentables últimos sucesos por lo cual ofrezco mis más sinceras disculpas", manifestó.

Dijo también estar dispuesto a acudir ante el Ministerio Público sin necesidad de esperar al fin de su mandato.

"Por mi investidura, debería corresponder procesarme al finalizar mi mandato, pero estoy dispuesto a dar todas las declaraciones que requiera la fiscalía desde ahora", manifestó.

Así las cosas, Vizcarra Cornejo debe acudir al Congreso de la República este viernes, como manda el reglamento, para exponer sus descargos ante el pleno. De lo que resulte, los congresistas votarán si aprueban o no vacancia. Si esto sucede, Manuel Merino de Lama asumirá la presidencia del país.

ENTRE TRAICIÓN Y CONJUNTA: VIZCARRA: PRESIDENTE DEBILITADO QUE DEBERÁ RESPONDER A LA JUSTICIA

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La defensa legal de tres imputados por el caso Hermandad del norte denunció que la Fiscalía no actúa con objetividad.

• El proceso se encuentra en la etapa intermedia, tras cuatro años de iniciado.

El 3 de noviembre del 2016, personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior – DIGIMIN, y de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia – DIVICAJ, con la participación de 320 agentes y 34 fiscales, realizó el operativo de desarticulación de la presunta organización denominada Hermandad del norte, capturando a 15 personas e identificando a otras 13 que se encontraban recluidas. De acuerdo con el Ministerio Público, la supuesta organización era responsable de delitos como asociación ilícita para delinquir, sicariato, extorsión, homicidio y robo agravado.

Para los abogados Juan Carlos Velásquez Caro, Milagros Fernández Vieira y José Luis Quiroga Seclén, defensa legal de los imputados en el caso que lleva la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, existen serias deficiencias que retrasan el proceso.

Quiroga Seclén, quien lleva la defensa legal de Jack Salazar Silva, explicó que el caso nace con la detención preliminar de los imputados es lo que se sustentaba la tesis fiscal de la existencia de una presunta organización criminal ligada a diferentes crímenes, entre ellos el homicidio del auditor de la SUNAT Roberto Cieza Herrera, por presuntamente no aceptar una prebenda para detener la investigación que seguía contra los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.

Detalló que el elemento principal del Ministerio Público para sostener su tesis era la versión incriminatoria del aspirante a colaborador eficaz 1501-2016, cuya versión sumada a la de otros aspirantes y testigos con identidad reservada conllevaron a la figura de organización criminal.

Indicó que la fiscalía estableció como autores materiales del crimen contra Cieza Herrera a Jack Salazar Silva y Fulgencio Rivera Maza. Sin embargo, luego de formularse la acusación, se observaron aspectos formales y se procedió a devolverla.

Posteriormente, a la fiscalía se le devolvió en dos oportunidades más la carpeta, hasta que en la última acusación del 5 de febrero de este año los abogados se dieron con la sorpresa de que se habían cambiado a los ejecutores materiales del crimen. Esta vez la tesis fiscal atribuía el hecho a Jonathan Jesús Márquez Villegas y Frank Joel Siccha Rodríguez.

Explicó que el caso se encuentra a puertas de iniciar el control de acusación, pero con problemas de carácter procesal muy graves. Citó al fiscal superior y coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, quien refirió que es inconcebible que un caso de esa naturaleza no pueda ser resuelto en un plazo de tres años.

DILACIÓN DEL PROCESO

A su turno, Fernández Vieira, abogada de Wilmer Zegarra Bonilla, exdirigente de construcción civil, refirió que, en lo concerniente a su patrocinado, la audiencia de control de acusación no ha sido instalada por errores del mismo Ministerio Público, pues el fiscal Germán Montero Ugaz, a cargo del caso, no se hizo presente. Indicó que la dilatación del proceso no obedece a los abogados de la defensa legal, sino netamente responsabilidad del Ministerio Público.

Aseguró que ahora la responsabilidad recae en la jueza Cecilia Grandez Rojas, quien debe reconocer la violación de los principios procesales en los que habría incurrido el Ministerio Público.

"La jueza Grandez debe tener mucho tino en esta situación porque el Ministerio Público nos viene sorprendiendo en todas las audiencias. Se les ha devuelto la carpeta fiscal por muchas deficiencias. Aquí está involucrada la presunción de inocencia, la libertad de los patrocinados. Esta situación la debe resolver el Poder Judicial ante las advertencias de cada uno los abogados de los patrocinados", afirmo.

A ello se suma que la jueza Cecilia Grandez amplió el plazo de 30 días para que el fiscal Germán Montero presente los acuerdos de los colaboradores eficaces, lo cual sería ilegal, según los abogados defensores.

 

PRIVADOS DE LA LIBERTAD

Por su parte, Velásquez Caro señaló que deben debatirse las acusaciones que se plantearon en un primer momento y que motivaron la investigación preparatoria y posterior privación de la libertad de los imputados bajo mandato preventivo.

Aseguró que la defensa legal de los imputados advirtió la inclusión de hechos nuevos que no habían sido materia de investigación en tres años.

¿Cómo le explicamos a nuestros defendidos que se incorporaban hechos después de tres años de haber sido privados de su libertad, por declaraciones de personas que no se ajustaban a la veracidad?, cuestionó.

Aseguró que la ciudadanía necesita un esclarecimiento claro de la muerte del auditor Cieza Herrera, pero siempre bajo los parámetros de la legalidad.

CASO HERMANDAD DEL NORTE: ABOGADOS CUESTIONAN QUE LA FISCALÍA HAYA CAMBIADO LA TESIS DE SU ACUSACIÓN

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