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  • Manifestación convocada por el Comité Cívico congregó a gremios profesionales, empresariales y sociales.

 

La reformulación del Plan de Reconstrucción aprobado para Lambayeque y que se garantice la ejecución de obras de vital importancia para el departamento como la presa La Calzada en el Valle La Leche y el drenaje pluvial de Chiclayo metropolitano, son las principales demandas que la sociedad civil, a través del Comité Cívico, planteó al gobierno nacional con la marcha realizada el 13 d.c.

 

Cientos de personas respondieron al llamado del Comité Cívico de Lambayeque, que desde marzo pasado expuso al gobierno nacional las necesidades del departamento en relación a los proyectos que debían incluirse en la reconstrucción para asegurar el desarrollo local.

 

“Sentimos una profunda indiferencia de parte del gobierno nacional para quienes hemos sido directamente afectados por El Niño Costero. Somos decenas de familias de Íllimo, Pacora, de todo el Valle La Leche, las que a siete meses de presentadas las lluvias y las inundaciones seguimos esperando que se nos indique cómo y en qué forma se nos ayudará con la reconstrucción de nuestras viviendas. Hay familias que viven todavía en carpas y el período de lluvias nuevamente se avecina. ¿Qué se está esperando? Que nuevamente la emergencia ocurra para recién actuar”, indicó José Ternero Barreto, vicepresidente del Comité de Damnificados de Íllimo.

 

DEMANDAS

En agosto, las organizaciones que conforman el comité, en el que participan los gremios profesionales, empresariales y sociales, alcanzaron a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, 16 demandas, poniendo énfasis en la importancia de la participación de la sociedad civil en las acciones de fiscalización del plan a ejecutarse. Ninguna de estas fue adoptada.

 

“La sociedad civil de Lambayeque desde hace seis meses ha venido insistiendo en que el proceso de reconstrucción sea una propuesta de cambio real, de no corrupción y de participación de sus instituciones representativas, con la finalidad de lograr un desarrollo sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones afectadas por El Niño Costero”, señala Carlos Burgos Montenegro, decano del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque.

 

El sábado último, el nuevo director ejecutivo de la ARCC, Edgar Quispe Renón, se reunió con el gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, y su cuerpo de gerentes sectoriales, para luego entrevistarse con algunos alcaldes provinciales y distritales.

 

Ese mismo día Quispe Renón tomó conocimiento por la prensa de la situación que todavía atraviesan las familias damnificadas por el período de lluvias, muchas de ellas aun viviendo carpas. El funcionario no se pronunció sobre la falta de saneamiento físico legal de los terrenos donde deberán construirse las viviendas para los damnificados, ni sobre el pedido alcanzado por la sociedad civil para que se reformule el plan aprobado para Lambayeque.

 

El plan de reconstrucción considera la inversión de tres mil 115 millones de soles para el departamento, mil 100 destinados a obras de prevención como el drenaje pluvial de Chiclayo metropolitano y el proyecto de La Calzada, monto que de acuerdo a la opinión técnica del Colegio de Ingenieros del Perú resultaría insuficiente considerando la magnitud de las obras.

 

OBRAS DE ENVERGADURA

La marcha del lunes partió del óvalo del Paseo de las Musas y recorrió las principales calles y avenidas del casco central de Chiclayo, llegando al Parque Principal. Los manifestantes, portando sus distintivos institucionales y pancartas alusivas al reclamo de la sociedad civil, hicieron sentir su disconformidad por la manera en la que se ha planteado el plan de reconstrucción para Lambayeque.

 

“Queremos que el Plan de Reconstrucción sea una oportunidad para sentar las bases del desarrollo, que incluyan las actividades productivas, la infraestructura necesaria para evitar las inundaciones, como es el caso de La Calzada sobre el río La Leche, que todos los años genera enormes pérdidas, destrucción de cultivos e incluso cobra vidas humanas”, señala el decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Antonio Uriarte Núñez.

 

Entre los planteamientos del Comité Cívico también se encuentran la ejecución de un proyecto integral de renovación de saneamiento básico para el departamento, la inclusión de los estudios de los componentes del Plan Hidráulico Regional, la ejecución del Plan de Desarrollo Vial y la promoción del proyecto del Terminal Portuario de Lambayeque para concretar su financiamiento a través de una alianza pública privada.

 

“Exigimos también la construcción de viviendas dignas y definitivas para las familias afectadas y el mejoramiento de las vías de comunicación, todo esto sin dejar de visar las obras emblemáticas que necesitan un empuje inicial para su posterior consecución, recurriendo a todas las formas de financiamiento existente, para que de esta manera recuperemos el liderazgo que tuvo antes nuestra querida región”, menciona Álvaro Mendoza Cortijo, presidente de la Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil.

 

CAUTELAR LOS RECURSOS

Por estas consideraciones – según señala el Comité Cívico – es necesario que se reformule el plan de reconstrucción para Lambayeque, orientando el grueso de los recursos a proyectos de trascendencia que tengan impacto directo sobre el desarrollo y bienestar de la población.

 

“El plan de reconstrucción debe reformularse, eliminándose de él las obras que no solucionan nada como la simple descolmatación de los ríos, reemplazándolas por un manejo integral de las cinco cuencas, orientando gran parte de estos recursos para las obras importantes que generen desarrollo y mejoren las condiciones de vida de los lambayecanos”, anota el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales.

 

El Comité Cívico adelantó que se enviará un nuevo memorial al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, haciéndole conocer la disconformidad existente con el plan aprobado y solicitando que se restructure la inversión de los tres mil 115 millones de soles que se han asignado para Lambayeque.

 

“Lo que debe quedar claro es que no estamos pidiendo más dinero. Si el gobierno nacional decide incrementar el presupuesto, en buena hora, pero lo que nos preocupa en estos momentos es que se pretenda ejecutar un plan de reconstrucción que solo nos devolverá a la situación previa al Niño Costero, y en Lambayeque sabemos muy bien que esta no era la mejor. El dinero presupuestado debe ser mejor distribuido, cautelado y ejecutado con eficiencia y transparencia, estos aspectos también nos generan preocupación”, refiere Burgos Montenegro.

 

El presidente de cámara de comercio añade que el sentir de descontento con la manera en la que se está desarrollando el proceso de reconstrucción es similar en los demás departamentos afectados por el fenómeno costero.

 

“El gobierno nacional debe garantizar que las obras no solo se van a ejecutar a tiempo, sino también con transparencia. La corrupción le ha hecho un enorme daño a Lambayeque, que ya tiene experiencias anteriores de millonarios presupuestos mal administrados y que terminaron en obras abandonadas, en arbitraje o deficientes. La sociedad civil ha mostrado su disposición de apoyar con planteamientos técnicos y control ciudadanos, pero esto no parece ser de interés de quienes tienen en sus manos la conducción de la reconstrucción y es, en verdad, preocupante”, asevera Huancaruna Perales.

 

RICARDO CASTREJÓN ESPINO

Presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Lambayeque

“El turismo ha sido tremendamente afectado, sobre todo por el Fenómeno de El Niño Costero que resultó ser devastador para el sector y por ello necesitamos una reconstrucción efectiva. Han pasado ocho meses ya y hasta ahora no tenemos ninguna acción real ni del gobierno nacional ni de los gobiernos subnacionales. AHORA Lambayeque respalda plenamente la posición del Comité Cívico, nos estamos poniendo de pie para demostrar nuestra unidad en objetivos comunes”.

 

MICKY ÁLVAREZ AGUIRRE

Dirigente del Frente de Defensa de Lambayeque

“El Frente de Defensa de Lambayeque plantea no solamente una reconstrucción sin corrupción, sino que esta sea democrática y participativa. No es posible que se destinen más de tres mil millones de soles para que se reconstruya la región y hasta el momento se vea ni una sola obra de impacto, ni los inicios siquiera. Si esta realidad vemos en la ciudad y en los pueblos jóvenes, es fácil imaginar lo que está ocurriendo en la zona rural y los distritos que fueron más golpeados por las lluvias”. 

EN CONCURRIDA MARCHA: LAMBAYECANOS EXIGEN QUE SE REFORMULE PLAN DE LA RECONSTRUCCIÓN

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Funcionarios responsables de investigar a los que ejecutaron cuestionados trabajos, dejaron prescribir la acción de sanción administrativa. Sin embargo, Ministerio Público sigue acción legal desde el lado penal.  

 

¿Tarea titánica? … El Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, Amado Eliseo Rodríguez Monteza, fue autorizado por el Gobernador Regional, Humberto Acuña Peralta, para que recupere más de 23 millones de soles que en el año 2012 fueron destinados como inversión en la obra de mejoramiento, ampliación e instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Cercado y pueblos jóvenes del distrito de José Leonardo Ortiz, en el periodo 2012 y 2013.

 

Sin embargo, en enero del año 2015, la Contraloría emitió un informe de acción de control, donde se señalaban posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas por parte de los funcionarios que resulten involucrados en la ejecución de la mencionada obra.

 

Pese a la inversión y a que se construyeron tres pozos tubulares que permanecían inoperativos, así como que la población de los mencionados pueblos jóvenes carecían del servicio de agua potable las 24 horas del día, la Contraloría verificó que los leonardinos tenían que madrugar y acondicionar piletas en distintas zonas para abastecerse del vital elemento.

 

La acción de la Contraloría se amparó en el informe de auditoría del Órgano de Control Institucional –OCI- del Gobierno Regional de Lambayeque, donde se indicaba que los funcionarios Fidel Ortiz, Wiston Segura, Víctor Gonzales, Víctor Burga y Ángel Liza, habrían cometido el delito de omisión al no advertir de las deficiencias que presentaba el expediente técnico de la obra, dando como resultado que se terminara pagando un exceso de 1 millón 187 mil 191 soles, debido a que tuvo una ampliación de 362 días, así como 8 adicionales.

 

Lo polémico es que habiendo un informe detallado por parte de OCI y de Control Interno, así como una investigación por parte del Ministerio Público, sobre presuntas irregulares cometidas durante la ejecución de la obra de agua y alcantarillado, la gerencia general del Gobierno Regional de Lambayeque no habría desarrollado investigación alguna para sancionar administrativamente y denunciar a los que resulten responsables; más bien, emitió resolución en la que archivaba el proceso administrativo por prescripción de los plazos.

 

LA NUEVA RESOLUCIÓN

Conforme a la resolución ejecutiva regional N° 3213-2017-GR-GR.LAMB/PR, del 20 de octubre pasado, se sostiene que mediante oficio N° 3961-2016-GR.LAMB/ORAD del 14 de diciembre del 1016, el responsable de la Oficina de Administración, Yosip Ibrahím Mejía Díaz, comunica al gerente general de Epsel, Ing, Néstor Salina Vásquez, desarrollar las acciones orientadas para que el Gobierno Regional de Lambayeque recupere la inversión que había hecho en la obra antes indicada, la que había sido considerada como contribución de carácter reembolsable.

 

De igual manera, al representante de Epsel se le indica realizar las coordinaciones respectivas con la finalidad de desarrollar acciones que conduzcan a recuperar al Gobierno Regional de Lambayeque el desembolso de dinero que se efectuó en la ejecución de la obra, la que además del cercado de José Leonardo Ortiz, abarcó a los pueblos jóvenes Villa Hermosa, La Explanada, Milagro de Dios, Javier Castro, Santa Lucía, 4 de Julio, Los Claveles, Nazareno Cautivo, Nuevo Horizonte y San Borja.

 

 

SIN RESPUESTA

Asimismo, en el informe N° 065-2017-GR.LAMB/ORAD, del 3 de octubre pasado se señala que el jefe de la Oficina Regional de Administración, sustenta que en el informe N° 007-2015-2-5343, Examen Especial al Gobierno Regional Lambayeque, emerge que dado el tiempo transcurrido el jefe del Órgano de Control Institucional, mediante memorando N° 431-2017 –GR.LAMB/OCI, viene solicitando se le informe los resultados obtenidos del recupero de la inversión en la obra, pero no se hace mención que la citada obra tiene cuestionamientos en su ejecución y existe una investigación para determinar a los responsables directos y el grado de responsabilidad de cada uno de los funcionarios investigados.

 

De igual manera, indica que a la fecha Epsel no ha dado respuesta sobre lo solicitado, considerando que existe un perjuicio económico al Gobierno Regional de Lambayeque ascendente a 23 millones 086 mil 548.92 soles, que van en contra los intereses económicos del gobierno regional de Lambayeque.

 

EL OCI

Asimismo, mediante informe N° 007-2015-2-5343, examen especial al Gobierno Regional de Lambayeque, en cuanto a la obra “Mejoramiento, Ampliación e Instalación de  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Cercado y los pueblos jóvenes Villa Hermosa, La Explanada, Milagro de  Dios, Javier Castro, Santa Lucía, 4 de Julio,  Los  Claveles,  Nazareno  Cautivo,  Nuevo Horizonte y San Borja, del distrito de José Leonardo Ortiz, del periodo 2012 - 2013, la Oficina de Control Interno, detectó la falta del dinero, el que debió devolverse dentro del plazo previsto.

 

De igual manera, se recomendó darle –inicialmente- facultades al gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, para que actúe en defensa de los intereses de los lambayecanos.

 

Sin embargo, se dispuso que el jefe de la Oficina de Administración, amerite desarrollar acciones conducentes para que la institución recupere la inversión en la obra antes señalada, cuyo monto había sido considerado como contribución de carácter de reemboIsable.

 

La citada área -ampara en la Ley Vigente- hace conocer que la OCI, en su informe N° 007-2015-2-5343, examen especial al Gobierno Regional de Lambayeque, de acuerdo al Artículo 23, de la Ley N° 26338, Ley general de Servicios de Saneamiento - Derechos de las Entidades Prestadoras, señala que son derechos de las entidades prestadoras,  percibir contribuciones con carácter reembolsable, para el financiamiento de la ampliación de la capacidad instalada de la infraestructura existente o para la responsabilidad de la entidad prestadora.

 

El reembolso – indica- puede efectuarse con cargo a los recursos destinados a inversión de la entidad prestadora o con cargo a los recursos que ésta reciba como transferencia, en virtud a convenios suscritos para la ejecución de proyectos con otras entidades públicas en el marco de la normatividad vigente.

 

EN INVESTIGACIÓN

En enero del año 2015, la Contraloría emitió informe de acción de control, donde se señalaban posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas por parte de los funcionarios que resulten involucrados en la ejecución de la mencionada obra.

 

Pese a la inversión y la construcción de tres pozos tubulares que permanecían inoperativos, la población de los mencionados pueblos jóvenes carecían del servicio de agua potable las 24 horas del día.

 

La Contraloría verificó in situ que la obra era un “elefante blanco”, y los ciudadanos tenían que madrugar y acondicionar piletas en distintas zonas para abastecerse del vital elemento.

 

De igual manera, por esta obra - en octubre del 2016- la Fiscalía Anticorrupción formalizó investigación preparatoria contra 5 funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque, por el presunto delito de negociación incompatible. La investigación se inició a raíz del informe del Órgano de Control que advertía un perjuicio de casi un millón de soles.

 

El examen especial arrojó que la mencionada obra adolece de fallas técnicas múltiples en su construcción y funcionamiento, e incluso ocasionó la contaminación del agua utilizable por aguas altamente mineralizadas.

 

¿RESPONSABILIDAD?

En ese momento fueron comprendidos en investigación los funcionarios Winston Enrique Segura Saavedra -ex gerente regional de Infraestructura; Fidel Ortiz Zapata - gerente regional de Infraestructura; Víctor Hugo Burga Rangel -subgerente de Supervisión y Liquidación; Víctor Javier Gonzáles Bernilla -subgerente de Infraestructura; Ángel Liza Chafloque -Revisor del Expediente Técnico y Vidal Jaime Janampa Quispe -representante legal del Consorcio IOTA, por la presunta comisión del delito de Negociación Incompatible, en agravio del Gobierno Regional de Lambayeque.

 

Para esclarecer los hechos, la fiscalía dispuso se reciba el testimonio de Raúl Cieza Vásquez, entonces alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, en cuyo período se ejecutó la obra; así como se solicitó que el gobierno regional proporcione un informe sobre la ejecución presupuestal de la obra, donde se puso en tela de juicio la construcción de pozos tubulares a una profundidad de 40 metros, cuando lo correcto era hasta 31 metros.

 

ARCHIVAMIENTO ADMINISTRATIVO

A pesar de los cuestionamientos contra quienes serían los directos responsables de las deficiencias que presenta la obra “Mejoramiento, ampliación e instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado del cercado y los pueblos jóvenes de Villa Hermosa, La Explanada, Milagro de Dios, Javier Castro, Santa Lucía, 4 de Junio, Los Claveles, Nazareno Cautivo, Nuevo Horizonte y San Borja, ejecutado por el Gobierno Regional de Lambayeque en el distrito de José Leonardo Ortiz, el gerente general, Francisco Gayoso Zevallos, declaró por prescrito el proceso administrativo sancionador que se realizaba a los funcionarios de confianza antes descritos.

 

Con Resolución Gerencial General Regional N° 049-2017-GR.LAMB/GGR, del 01 de junio del presente año, Fidel Ortiz Zapata -Gerente de Infraestructura; Wiston Enrique Segura Saavedra -ex Gerente de Infraestructura; Víctor Gonzales Bernilla -Sub Gerente de Supervisión y Liquidación; Víctor Burga Rangel -ex Sub Gerente de Supervisión y Liquidación, y Ángel Liza Chafloque, no recibirán ningún tipo de sanción administrativa sobre la participación que tuvieron en la construcción de la polémica obra de saneamiento, y por la cual ahora el Gobierno Regional de Lambayeque reclama a Epsel la devolución de 23 millones 086 mil 548.92 soles.

 

Vale destacar que mediante Informe N° 007-2015-2-5343, el Órgano de Control Institucional -OCI, del Gobierno Regional de Lambayeque, auditó el respectivo proyecto de agua y alcantarillado, encontrando una serie de observaciones y deficiencias en la construcción de la obra.

 

Sin embargo, el informe de auditoría de OCI señala que Fidel Ortiz, Wiston Segura, Víctor Gonzales, Víctor Burga y Ángel Liza “omitieron en advertir las deficiencias que presentaba el expediente técnico de la obra”. Esto dio como resultado, que se terminara pagando un exceso de 1 millón 187 mil 191 soles, debido a que tuvo una ampliación de 362 días, así como 8 adicionales.

 

Lo polémico es que habiendo un informe detallado por parte de OCI, sobre las irregulares cometidas en esta obra de agua y alcantarillado, no se entiende cómo es que la gerencia general del Gobierno Regional de Lambayeque no habría investigado y posteriormente sancionado a los funcionarios implicados, motivando a que prescriba el caso.

 

CONTROL DE ACUSACIÓN

De otro lado, los presuntos actos de corrupción, el cual viene siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, actualmente se encuentra en la etapa de “Control de Acusación” en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, tal como consta el expediente N° 4995 – 2016.

 

A diferencia del Gobierno Regional de Lambayeque, el Informe N° 007-2015-2-5343 de OCI, ha sido una prueba importante para que el Ministerio Público, inicie y desarrolle investigación con el objetivo de procesar a los responsables de esta cuestionada obra.

GOBIERNO REGIONAL QUIERE RECUPERAR MÁS 23 MILLONES DE SOLES QUE “PRESTÓ” A EPSEL

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El Instituto Cultural Peruano Norteamericano – ICPNA, se ha constituido en el principal referente de las relaciones binacionales entre el Perú y los Estados Unidos de América en el departamento, y en sus seis décadas de presencia institucional ha dado importantes pasos hacia la excelencia, no solo por la calidad de su sistema de enseñanza del idioma inglés, sino también por su orientación hacia la comunidad.

 

El carácter binacional del ICPNA Chiclayo lo constituye en un aliado estratégico de la Embajada de los Estados Unidos con la misión de promover el buen entendimiento entre los pueblos del Perú y de Norteamérica, sea a través de la enseñanza del inglés o de la promoción cultural y el intercambio estudiantil entre ambos países, pero además promoviendo los valores artísticos, cívicos y democráticos.

 

“Esa es la misión con la que se fundaron los centros binacionales que todos conocen como ICPNA. El de Chiclayo fue el quinto en crearse a nivel nacional. En estos 60 años creo que el objetivo más grande que hemos cumplido es ser una asociación civil sin fines de lucro sostenible, representativa como institución que promueve y practica los principios democráticos, con un línea de gestión horizontal y con personas destacadas de la comunidad que conducen los destinos de la institución de forma completamente ad honorem. Trabajamos codo a codo para seguir creciendo”, señala Ana María de la Torre Ugarte de Aurich, directora ejecutiva del ICPNA Chiclayo.

 

Desde la sede local, el ICPNA dirige cuatro sedes que cumplen con los mismos estándares de calidad formativa, organicidad y proyección a la comunidad, los que funcionan en Chepén, Cajamarca y Jaén. En la sede Chiclayo, el instituto llega a albergar hasta tres mil estudiantes del idioma inglés al año.

 

De la Torre Ugarte menciona que el ICPNA no es solo un centro de idiomas, también es una asociación cultural reconocida por el Estado Peruano que desarrolla año a año un nutrido programa de actividades que involucra a los integrantes de la institución y se proyecta a la comunidad en general.

 

INSTITUCIÓN ACREDITADA

Pero sin lugar a dudas, el logro más importante fue el que se alcanzó hace casi cuatro años, cuando el Departamento de Educación de los Estados Unidos le otorgó una certificación internacional por cinco años, que garantiza la excelencia de su programa educativo, convirtiéndose – hasta el momento – en el primer centro de idiomas del mundo en alcanzar la acreditación por un período superior a los 12 meses.

 

“Tenemos estándares de calidad educativa comunes a los que existen en Estados Unidos. El ICPNA de Lima obtuvo la misma acreditación que nosotros pero solo por un año. Nuestro mérito es que somos el primer centro binacional en el mundo al que se le ha otorgado una acreditación por cinco año. Existen centros binacionales en todos los países de América Latina, y nosotros fuimos los primeros en alcanzar este importante logro”, asevera.

 

La directora ejecutiva explica que la acreditación fue posible por los resultados que muestra la institución, sobre todo en cuanto al currículo de estudio que refleja con certeza los niveles de avance en el dominio del idioma inglés que van adquiriendo los estudiantes desde que empiezan a formarse en el ICPNA Chiclayo.

 

Fue también necesario que se evalúe la capacidad de los docentes, todos con grados académicos y certificación internacional en el dominio del inglés, así como los indicadores de aprendizaje de los alumnos.

 

“Esto representa un proceso de mejora continua, porque todos los años revisamos nuestros resultados y tenemos que estar a la par con las mejores técnicas y metodologías de enseñanza. Todo esto se respalda con el uso de la tecnología. En las cuatro sedes que dependen del ICPNA Chiclayo, sin ninguna diferenciación se utiliza el sistema digital, desprendiéndonos del sistema clásico en el que el profesor se para delante de los alumnos y habla para que estos escuchen. Gracias a la tecnología se desarrollan las cuatro habilidades del idioma inglés en el alumno y el profesor se convierte en un facilitador del aprendizaje”, indica.

 

SISTEMAS DE ESTUDIO

Majid Safadaran Mosazadeh, director Académico del ICPNA Chiclayo, refiere que con el trascurrir del tiempo la institución se ha ido adaptando a las necesidades educativas de la población, ofreciendo para ello programas y horarios diferenciados a fin de facilitar el estudio del idioma inglés, ingresando además a la modalidad virtual asistida, que integra el uso de las herramientas digitales con el acompañamiento de docentes.

 

“Sacamos la acreditación para demostrarnos a nosotros mismos, a los estudiantes, a los padres de familia y a la Embajada de los Estados Unidos que estamos cumpliendo los objetivos académicos que tenemos. Uno puede decir una cosa y hacer otra o decir que los estudiantes van a lograr tal nivel y al final no resultar cierto. Para nosotros la acreditación es muy importante, porque trabajamos muy de cerca con la embajada y para ser un centro binacional necesitamos cumplir con sus requisitos y este era uno de ellos”, refiere.

 

El ICPNA ofrece cursos de inglés de nivel básico, intermedio y avanzado, para adultos y niños, en el afán de que estos logren los fines educativos que persiguen, como sucede en el caso de los profesionales.

 

“Hicimos encuestas y vimos que nuestros horarios no eran suficientes para atender la necesidad de la gente, entonces pasamos del curso regular de 90 minutos diarios al método intensivo, que permite estudiar en un año y medio. Pero encontramos que había personas que no podían acudir al sistema regular o al intensivo, entonces optamos por los sábados y domingos, y luego decidimos ingresar al sistema en línea, diferente al que vemos en las publicidades, porque aquí garantiza el seguimiento al alumno. Aplicamos una mezcla de la educación a distancia con la presencial, de tal manera que el alumno puede tener sesiones presenciales con un profesor tutor para resolver sus dudas o mejorar su práctica”, resalta Majid Safadaran.

 

Resalta que la institución está en permanente búsqueda de mecanismos que le permitan atender a un mayor número de personas, siendo esta una de las fortalezas para su crecimiento y mejora del nivel educativo.

 

ESTUDIOS EN ESTADOS UNIDOS

Otro de los servicios que ofrece el ICPNA Chiclayo es el asesoramiento educativo orientado a quienes desean acceder a programas de formación superior o especialización en los Estados Unidos, sea a través de becas integrales, parciales o con la modalidad de intercambio estudiantil.

 

El asesor educativo José Manuel Blanco Martínez señala que actualmente hay tres mil peruanos formándose como profesionales en los Estados Unidos, muchos de ellos beneficiados con becas que otorgan las universidades al evaluar el mérito y la necesidad de los postulantes o por sus propios recursos.

 

Una beca integral puede cubrir la totalidad de los gastos del beneficiario, desde los pasajes hasta el alojamiento, alimentación, material y pensión de estudio.

 

“Tenemos una relación muy estrecha con PRONABEC, que es la institución del Ministerio de Educación del Perú que se encarga del otorgamiento de becas. Somos facilitadores y coordinamos mucho con la Embajada de los Estados Unidos. Education USA es una red mundial que promueve el Departamento de Estado de los Estados Unidos y tenemos presencia en 140 países del todo”, comenta.

 

En el Perú funcionan 10 centros de Education USA que brindan asesoría educativa a nivel nacional. Su cobertura es para la población en general, ofreciendo además la posibilidad a cualquier ciudadano de acceder a los servicios de la biblioteca del ICPNA, así como de su bibliografía digital.

 

INSTITUCIÓN CULTURAL

Como se ha dicho, la gestión cultural es una de las principales fortalezas de la institución, labor que está a cargo de Wilmer Velásquez Campos. En lo que va del año, el ICPNA ha realizado más de 100 actividades artísticas, que involucran la participación no solo de sus alumnos, sino también de la comunidad en general.

 

“Los comentarios e inquietudes de la gente, que nos pregunta cuándo programamos tal o cual actividad o nos sugieren algunos aspectos de la labor cultural, nos indican que el trabajo que el trabajo que realizamos aquí es efectivo y aceptado por la población en general. Niños, jóvenes y adultos se benefician con esta gestión cultural”, refiere el Director Cultural.

 

El instituto maneja una programación anual que combina las actividades académicas con la cultura, en el entendido de que cuando la persona aprende un idioma aprende también aspectos culturales, por lo que el propósito es que todos se involucren de la gestión que sobre este aspecto desarrolla el ICPNA.

 

“El teatro no es la única que nos ha dado gratas satisfacciones. También lo es la música. Acabamos de presentar un concierto fabuloso de jazz con un grupo chiclayano que estamos tratando de promover porque son jóvenes talentosos. En unas semanas tendremos un recital de violín y guitarra, con una selección especial de temas. Trabajamos en otras disciplinas como las artes plásticas, la literatura y otras actividades más”, destaca.

 

+NOTICIAS

El primer presidente del Directorio del ICPNA Chiclayo fue el amauta Nicanor de la Fuente Sifuentes. Actualmente 

EL ICPNA CHICLAYO ESTÁ DE FIESTA: SESENTA AÑOS HERMANÁNDONOS CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

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  • ¿Fue realmente el contador Heráclides Arenas un agente de los hermanos Roncal Miñano para sobornar al exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera?

 

La noche del 18 de diciembre del año pasado fue detenido por la Policía Nacional el contador Heráclides Antonio Arenas Delgado, sobre quien el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo había dictado orden de captura mes y medio antes, respondiendo al requerimiento del Ministerio Público en el que se le sindica como presunto integrante de la organización delictiva “La hermandad del norte”. Empero, la revisión de los elementos alcanzados por la fiscalía para sostener la imputación en su contra revela que la tesis se sustenta en hechos que faltan a la verdad. Arenas está próximo a cumplir un año de prisión y en su caso hay bastante para analizar.

 

El 3 del noviembre del 2016 la jueza Mary Núñez Cortijo emitió la resolución que ordenó la captura de varias personas, entre ellas Arenas Delgado, a quienes la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR de Lambayeque sindica de participar en una serie de delitos como extorsión, sicariato y asociación ilícita para delinquir, dando así nacimiento – presuntamente – a la red denominada “La hermandad del norte”.

 

En el caso de Heráclides Arenas se señala que este era contador personal de los hermanos Samuel y Carlos Roncal Miñano y que sobre este último pesaba una investigación vigente en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, por supuesta defraudación, la misma que era dirigida por Luis Cieza Herrera.

 

En resumen, la fiscalía ha sostenido que para evitar un informe negativo a los intereses del empresario, este recurrió a Arenas Delgado para que persuada al auditor de variar los resultados de su informe previo pago de un soborno. Al negarse – según la teoría fiscal – el auditor habría firmado su sentencia de muerte, la misma que se produjo el 23 de diciembre del 2015 en un atentado ejecutado cerca de su domicilio, en la Urbanización Santa Victoria.

 

LA ESPOSA DEL EXAUDITOR

El 19 de febrero del 2016, la viuda del exauditor de la SUNAT, Liliana Arenas Abanto, amplió su declaración sobre hechos que podían servir para avanzar en las investigaciones, en ese momento a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo. La teoría sobre la participación de una organización criminal en el asesinato de Luis Cieza Herrera aún no era tomada como tal por el Ministerio Público.

 

En aquella oportunidad, Liliana Arenas relató que un día llegó personal policial de homicidios a su domicilio, levando una fotografía de una persona de sexo masculino, preguntándole si la reconocía a lo que esta respondió que se trataba de Heráclides Arenas Delgado, a quien identificaba como padre de familia de la misma sección donde estudiaba su hijo, en un colegio privado de la ciudad.

Consultada sobre los vínculos que Cieza Herrera y Arenas Delgado mantenían, esta respondió que eran “únicamente laborales”. “Mi esposo trabajó en la SUNAT y el señor Antonio Arenas Delgado trabajaba como contador para una empresa que no sé exactamente cuál es, pero mi referido esposo le había hecho una auditoría a dicha empresa”.

 

Acto seguido, Liliana Arenas indicó en su declaración que su esposo le había comentado que Arenas Delgado le ofreció dinero.

 

 “Me dijo que ese señor le había ofrecido una fuerte suma de dinero porque sus jefes le habían pedido que mi esposo deje sus documentos o que ya no siga haciendo más investigaciones con esos documentos, ya que en esos tiempos mi esposo estaba haciendo un trabajo con la fiscalía sobre lavado de activos y que con esa suma de dinero iba a beneficiar a ambos y que debería pensar que mi hijo iba a terminar el colegio y se le venían tiempos de la universidad. Es así que mi esposo le respondió: ‘Precisamente señor Arenas por la dignidad de mis hijos no vuelva a hacerme esos ofrecimientos”, reza la declaración.

 

Según Liliana Arenas, tomó conocimiento del hecho en diciembre del 2015. Añadió que había escuchado que Arenas Delgado trabajaba para la empresa Agropucalá, entrando en contradicción, toda vez que antes había señalado que no sabía dónde trabajaba este.

 

Dijo además que el mismo 23 de diciembre de 2015 (día en que Cieza Herrera fue asesinado) este le informó, al promediar el mediodía, que “había logrado entregar todos sus informes”.

 

El 18 de julio del 2016, dio su manifestación el testigo con clave N° 04-2016, quien por los detalles íntimos de su información se perfila como cercano a Cieza Herrera. Este señaló con firmeza que el contador “le había ofrecido mucho dinero, un aproximado de 500 mil dólares para dejar de investigar a sus jefes de Agropucalá, que se encontraban investigados por un delito tributario”.

 

RELACIÓN INEXISTENTE

Lo cierto es que Antonio Arenas no fue nunca contador de Agropucalá. El 8 de marzo de este año, con Oficio N° 63-2017/DP, dirigido al fiscal Germán Montero Ugaz, quien lleva la investigación del caso “Hermandad del norte” en la FECOR Lambayeque, Elena Flores de Coronel, jefa del Departamento de Personal de la azucarera, informa de manera concluyente que Arenas Delgado “no presta ni ha prestado servicios” para su representada.

 

Dos días después, el 10 de marzo, con Oficio N° 1012-2017-SUNAT/1T0000, también dirigido a Montero Ugaz, el intendente regional de la entidad recaudadora, Rafael Ortega Deza, señaló que Luis Cieza Herrera no presentó ante la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque “comunicación alguna respecto a si fue objeto de ofrecimientos de naturaleza económica por parte de contribuyentes y/o terceros a cambio de incumplir sus funciones asignadas”.

 

Ambos documentos obran en la carpeta fiscal del caso “Hermandad del norte”, y por su contenido ponen en entredicho las declaraciones de la viuda de Cieza Herrera como del testigo clave 04-2016, quien relató su conocimiento de los hechos ante el coordinador de la FECOR, Juan Manuel Carrasco Millones.

 

LA SINDICACIÓN 

“Se le atribuye que dentro de la organización criminal, ha tenido participación ofreciéndose como intermediario, entre los hermanos Roncal Miñano y el funcionario de la SUNAT, Luis Roberto Cieza Herrera, ofreciendo a éste último una fuerte suma de dinero a cambio de que deje de fiscalizar las empresas de los antes mencionados. Habiéndose hecho el ofrecimiento deshonesto días antes que se produzca el crimen. Prueba de ello es que le dijera el finado a su esposa en circunstancias que coincidieron con Heráclides Antonio Arenas Delgado, ‘el contador’, en la fiesta de promoción de sus hijos en el Colegio San Agustín, cuando se negó a sentarse en la mesa del aludido contador”.

 

Este párrafo corresponde al Informe N° 108-2016-REGPOLAMB/DIVICAJ-DEPINCRI-SIH, sobre corroboración de la información brindada por colaboradores eficaces y demás diligencias de investigación que sustentan el pedido de detención preliminar, allanamiento e incautación de bienes, remitido por Néstor Arrascue Camus, jefe de la DEPINCRI Chiclayo, al fiscal Juan Carrasco Millones, coordinador de la FECOR de Lambayeque.

 

Dichos argumentos fueron recogidos en el requerimiento que la FECOR presentó a la jueza Núñez Cortijo para que se ordene la captura de los presuntos integrantes de la organización “La hermandad del norte”, añadiéndose además como elementos vinculantes la declaración de Liliana Arenas Abanto, viuda del exauditor, en la que esta señala que Arenas Delgado “le ofreció una fuerte suma de dinero a su esposo Luis Roberto Cieza Herrera, a cambio de que no siga investigando el movimiento financiero de las empresas de los hermanos Roncal Miñano”.

 

Sin embargo, en la declaración de Liliana Arenas esta en ninguna de las respuestas señala a los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano, a quienes el Ministerio Público sindica como autores intelectuales de la muerte de Cieza Herrera. Tampoco precisa el monto de la supuesta coima y no relaciona a los empresarios con Agropucalá.

 

Otro elemento vinculante es la declaración del jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional SUNAT, Luis Miguel Jiménez Palma, “quien aseveró haberse enterado por familiares del hoy occiso Luis Cieza Herrera que el señor Heráclides Arenas le había ofrecido una cantidad de dinero”.

 

Hasta este punto, las declaraciones de la viuda y los testigos son contradictorias a la imputación del Ministerio Público, que afectan no solo a Arenas Delgado, sino también a los empresarios Carlos y Samuel Roncal Miñano.

 

EL FACTOR RONCAL

¿De dónde se desprende que los hermanos Roncal Miñano habrían ordenado la muerte de Luis Cieza Herrera? ¿Eran realmente Heráclides Arenas contador de los empresarios?

 

Como se ha dicho, Arenas Delgado nunca fue contador de Agropucalá, agroindustrial a la que Carlos Roncal estuvo vinculado hasta el 2014 cumpliendo funciones ejecutivas, con una remuneración mensual que, además, fue declarada a la SUNAT.

 

Como persona natural, este nunca fue representando ante la superintendencia tributaria por Arenas Delgado, mas sí su hermano Samuel, quien en el 2011 otorgó una carta poder al contador para que este revise el proceso de fiscalización N° 110073216990, auditoría en la que no intervino Luis Cieza Herrena. La fiscalización estuvo a cargo de Paúl Díaz Arbaiza y fue supervisada por Violeta del Pilar Mendo Coronel, conforme se indica en el Oficio N° 052-2017, alcanzado por la SUNAT a la FECOR Lambayeque.

 

La auditoría realizada a Samuel Roncal culminó “cancelando el contribuyente el impuesto y la multa correspondiente”, según se indica en una comunicación interna dirigida el 15 de enero del 2013 por Violenta Mendo a su superior inmediato.

 

Hecho trascendente en el caso de Samuel Roncal es que Luis Cieza Herrera tramitó y visó el Memorando N° 1102-2013-SUNAT-210200, de diciembre del 2013, con el que se dispone el traslado del contribuyente a Lima, por lo que en adelante este dejó de ser pasible de fiscalización por la intendencia de SUNAT Lambayeque y, en consecuencia, Cieza Herrera o cualquier otro auditor o supervisor de esta sede no estaba facultado para revisar sus estados tributarios.

 

Respecto a Carlos Roncal Miñano, el mismo Cieza Herrera certificó, en su calidad de supervisor, que este “no presentó a nadie como su contador”, pero sí otorgó poderes al abogado Julio de la Piedra Aspíllaga, María Reynoso de Vargas y Magali Porro Chulli, para que lo representen en la fiscalización por presunto delito tributario en atención al requerimiento formulado por el Ministerio Público, en que había tramitado una denuncia presentada en el 2014 contra este y otras empresas y personas por el entonces apoderado legal de Agropucalá, Wilfredo Chero Villegas, hoy prófugo de la justicia.

 

La fiscalización a Carlos Roncal se inició el 13 de abril del 2015 y concluyó en junio de ese año, arrojando que el empresario no había declarado ingresos respecto de los años 2013 y 2014, por lo que debía pagar el impuesto omitido ascendente de 258 mil 625 soles. Carlos Roncal pagó, conforme se certifica en el informe de SUNAT del 30 de julio del 2015.

 

El auditor que tuvo a cargo la fiscalización fue Martín Vargas Flores, quien remitió su informe al supervisor Luis Cieza Herrera, el mismo que únicamente se encargó de darle el trámite correspondiente; es decir, comunicar lo actuado al Ministerio Público.

 

¿SE CAE LA TESIS?

Con ello queda claro que tanto las declaraciones de Liliana Arenas y del testigo clave, así como la imputación fiscal sobre Heráclides Arenas, que lo vinculan a fiscalizaciones realizadas por la SUNAT contra los hermanos Roncal Miñano o a “jefes de Agropucalá”, no se ajustan a la verdad.

 

La muerte de Luis Cieza también parece un hecho aislado a los hermanos Roncal Miñano y al contador Heráclides Arenas. Siguiendo la tesis fiscal, ¿qué razón habrían tenido los empresarios para ordenar el asesinato del funcionario si este no los había auditado directamente? El crimen de Cieza Herrera se produjo el 23 de diciembre del 2015 y seis meses antes la fiscalización contra Carlos Roncal había concluido con un procedimiento en el que este pagó el total de impuestos fijados por la SUNAT.

 

¿Con qué propósito los hermanos Roncal utilizarían a Heráclides Arenas para ofrecer un soborno de 500 mil dólares a Luis Cieza Herrera si no existía fiscalización pendiente a su cargo?

 

Otro elemento que resalta en la carpeta fiscal es el Oficio N°205-2017-SUNAT/1T0000, dirigido el 14 de marzo del 2017 por el jefe de la Intendencia de Adunas y Tributos de Lambayeque, Rafael Ortega Deza, al fiscal Germán Montero Ugaz, en el que señala que “Luis Cieza Herrera no ha presentado comunicación alguna respecto de actos de soborno relacionados con los procesos de fiscalización a los contribuyentes Samuel Roncal Miñano y Carlos Roncal Miñano, en consecuencia, no es posible remitir copias de denuncia vinculada a estos hechos”.

 

Si Cieza Herrera nunca denunció intentos de sobornos y tampoco auditó a los hermanos Roncal Miñano, ¿cuál fue entonces el verdadero móvil de su asesinato? 

CONTRADICCIONES PROFUNDAS: ALGO NO CUADRA EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO “HERMANDAD DEL NORTE”

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