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  • José Larios Bernal señala que Juan Zamora Pedemonte quiere dirigir la institución de manera autoritaria y sin que nadie lo fiscalice.

 

¿Qué sucede en el Colegio de Abogado de Lambayeque? El vicedecano, José Larios Bernal, rompe su silencio y con documentos en mano pide la intervención de la Comisión Revisora de Cuentas ante el incumplimiento del estatuto por parte del titular de la orden profesional, el exjuez Juan Zamora Pedemonte. Es tal la disconformidad con el proceder del decano, que el integrante del Consejo Directivo sostiene que lo más conveniente sería el adelanto de las elecciones para la designación de nuevos dirigentes.

 

Larios Bernal ha decidido hacer público su descontento con la manera en la que el decano ha aislado a los integrantes de la directiva del otrora ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque.

 

Lo más preocupante – señala – es que la negativa de Zamora Pedemonte se centra en dar cumplimiento a lo que manda el estatuto de la institución, lo que hace más cuestionable aún su gestión como decano.

 

“Desde el año 2010, fui elegido representante en la Asamblea de Delegados, cuando se instaló por primera vez, he venido luchado por que se respete el estatuto. Nuestro colegio tiene estatutos y todos los abogados debemos respetarlos. Sin embargo, en la actual gestión si bien es cierto en un inicio se venía cumpliendo con las reuniones mensuales que este establece, a partir de julio y en lo que va del presente mes, el señor decano ya no cita a sesiones a la junta directiva”, menciona como ejemplo Larios Bernal.

 

A LA COMISIÓN

 

La desatención del decano ha motivado a Larios Bernal a dirigirse por escrito al presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, Víctor Manuel Calleja Vela, con carta remitida el lunes 14 de agosto, en la que solicita su intervención ante lo que considera una trasgresión sistemática al estatuto de la orden.

 

Conforme se precisa en el Artículo 57, inciso 5, de los estatutos del Colegio de Abogados de Lambayeque, la Comisión Revisora de Cuentas es la encargada de velar por su cumplimiento, haciendo las veces de un equipo fiscalizador de la gestión de gobierno.

 

En ese sentido, en su misiva Larios Bernal señala que desde julio pasado Zamora Pedemonte no ha convocado a sesiones del Consejo Directivo, contraviniendo lo señalado en el Artículo 43, inciso 12 del estatuto, y que tampoco ha dado cuenta de la implementación de los diplomados de capacitación profesional, los mismos que deben mantenerse activos de acuerdo al Artículo 121.

 

“Nuestro decano tiene que preocuparse en esto, porque nuestros abogados tienen derecho a capacitarse y es la gestión actual que él lidera la llamada a organizar cómo es que deben dictar los cursos de capacitación, dando sobre todo las facilidades del caso al Director Académico, que es el doctor Edgar Tello Rodríguez. El doctor Tello ha venido en infinidad de oportunidades solicitándole el apoyo para que se realicen los cursos y, sin embargo, nuestro decano se niega a apoyarlo. Es más, existen abogados que tienen instituciones que dictan capacitaciones, quienes han presentado sus propuestas y estas no han sido puestas de conocimiento ante el Consejo Directivo para que se tomen decisiones al respecto”, detalla.

 

José Larios añade que tampoco se ha designado a la Comisión Permanente de Administración del Fondo Previsional, de conformidad con el Artículo 100, y no se está cumpliendo con la rendición de cuentas de manera mensual como manda el Artículo 116 del estatuto. Remarca que se desconoce a cuánto asciende el monto disponible en el fondo previsional y en el fondo mortuorio del colegio.

 

EL REFERÉNDUM

 

Respecto al referéndum consultivo, que de acuerdo a los artículos 91, 92 y 93 debe realizarse en septiembre próximo, hasta el momento no se ha realizado coordinación alguna.

 

La reciente gestión de Carlos Martínez Oblitas como decano de la orden no realizó la consulta a los abogados para evaluar el desempeño de los integrantes del Ministerio Público y el Poder Judicial, pese a que – como refiere José Larios – los resultados son necesarios para conocer las mejoras de la administración de justicia, pero además porque el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, los toma en consideración durante el proceso de ratificación de jueces y fiscales.

 

“No hacer el referéndum va contra los intereses de una institución como el Colegio de Abogados y también contra los ciudadanos, que aspiran a una mejor administración de justicia”, sostiene.

 

MANEJO ECONÓMICO

 

El Colegio de Abogados tiene sus cuentas en azul. Se estima que el fondo previsional suma alrededor de tres millones de soles, pero además que los ingresos por habilidad y colegiaturas permiten a la institución manejar una economía holgada.

 

“Yo sí debo reconocer en el doctor Zamora lo siguiente: en febrero de este año se redujeron los gastos administrativos. Hasta el año pasado eran de 100 mil soles y este año bajaron a 35 mil. Eso es algo loable. Lo preocupante es la inversión en el centro de esparcimiento, donde se empezaron los trabajos en febrero”, asevera.

 

“Le hemos pedido que nos rinda cuentas sobre la inversión que se viene en el centro de esparcimiento, pero hasta la fecha no se nos ha informado cuánto es el monto que se va gastando. Tampoco conocemos el perfil ni el expediente, ni la maqueta del futuro centro de esparcimiento. Existe también falta de apoyo del decanato a las diferentes comisiones del colegio, no hay respaldo para que los directores cumplan con sus funciones”, precisa.

 

El área donde el colegio construirá su centro de esparcimiento se ubica en la carretera La Victoria – Monsefú, y lo que se ha avanzado hasta el momento es en la nivelación del terreno, quedando listo para las obras civiles.

 

“Las diferencias que existen no son de índole personal, sino porque se está incumpliendo con el estatuto. Los directores lo único que queremos es que se cumpla con el estatuto. Hace tres semanas nos hemos reunido con el doctor Zamora Pedemonte, hemos firmado un acta de paz en la cual él se comprometía a respetar los estatutos, pero al día siguiente ya estaba incumpliendo lo que habíamos acordado. Uno de los acuerdos era convocar a sesión de consejo para el 4 de agosto y no lo hizo. Pensábamos que lo iba a hacer el viernes pasado y tampoco fue así. Definitivamente él quiere dirigir la institución solo, de una manera autoritaria, unilateral, sin que nadie lo fiscalice, violando el estatuto”, enfatiza.

 

ADELANTO DE ELECCIONES

 

Con firmeza, José Larios señala que como vicedecano tiene la obligación de hacer que se respete el estatuto, por lo que exhorta al decano a retomar el cauce institucional.

 

“Si no respetamos el estatuto vamos a tener una institución anárquica y eso no nos lleva a resultados buenos. En este período ya estamos sin directivos y sin delegados, o sea él quiere gobernar solo. Entonces, ¿para qué hemos hecho un estatuto? Él no puede gobernar solo. Nuestro reclamo es que se ha elegido una junta directiva y él debe convocarla, resolver los problemas del Colegio de Abogados con su directiva”, manifiesta.

 

Teniendo en cuenta que el período para el que Zamora Pedemonte fue elegido vence el 31 de diciembre del 2018 y que la situación interna es crítica, José Larios afirma que las elecciones para la renovación del consejo directivo deben adelantarse.

 

“Debe haber un nuevo proceso electoral democrático, donde se asuma el compromiso de que el decano ganador respete los estatutos de la orden. Yo no estoy pidiendo como vicedecano quedarme en el cargo, jamás pediría eso porque no tengo esa visión, pero sí al señor Zamora Pedemonte y a los señores delegados que adopten la decisión de convocar a un nuevo proceso electoral, de tal forma que se devuelva la tranquilidad y legalidad al colegio, una institución que está llamada a ser ejemplo de las instituciones públicas y privadas del departamento”, enfatiza Larios Bernal.

 

Finalmente, sostiene que es lamentable la manera en la que el colegio ha perdido espacio y participación en la búsqueda de soluciones a los problemas de Lambayeque.

 

“No tenemos representatividad, nos hemos alejado, y eso es lo que me motiva a plantear que se adelanten las elecciones en el colegio”, señala.

 

+NOTICIAS

  • El Colegio de Abogados de Lambayeque recibe ingresos por el orden de los 50 mil soles mensuales.
  • La orden cuenta en la actualidad tiene siete mil 800 colegiados, de los cuales cinco mil 500 están hábiles para el ejercicio profesional.
  • Larios Bernal señala que la orden tampoco ha mostrado interés en apoyar a los abogados de Jaén, San Ignacio, Cutervo, Chota y Santa Cruz se encuentran colegiados en Lambayeque.
  • El 28 de abril pasado se realizó la primera Asamblea de Delegados.

PUGNA EN EL ICAL POR INCUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO: VICEDECANO PIDE ADELANTO DE ELECCIONES

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  • Fiscal César Celis considera que sí hay elementos suficientes para examinar los actuados por el fiscal Sergio Zapata, quien en el 2010 mandó al archivo la denuncia publicada por Expresión TV.

 

La insistencia del exfuncionario de EPSEL Juan Miguel Valdivia Goicochea finalmente tuvo resultados. El 12 de julio pasado, el fiscal César Celis Zapata, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, emitió la Disposición N° 6 del Caso N° 2406074503-2010-2585-0 con la cual resuelve reexaminar los actuados del fiscal Sergio Zapata Orozco en el denominado caso de la Empresa de Transportes Línea, donde se involucra al expresidente del Directorio de la empresa del agua Percy Quesquén Díaz en el cobro de coimas cuando se desempeñaba como titular del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH.

 

El caso fue denunciado en agosto del 2010 por Expresión Tv con la difusión de un video grabado por el entonces gerente de la empresa de transportes, Mario Salini Falconí.

 

En la grabación este aparecía entregando un sobre con dinero a Víctor Díaz Zárate, quien supuestamente había llegado hasta su oficina por encargo de Percy Quesquén Díaz, en ese momento funcionario de la administración municipal de Roberto Torres Gonzales, como agradecimiento por la emisión de la Ordenanza Municipal N° 016-2009, que estableció recorridos provisionales para el ingreso y salida de buses interprovinciales a lo largo de la Avenida Francisco Bolognesi, en el centro de la ciudad.

 

El hecho fue acogido por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque, en se momento dirigida por el abogado Elver Díaz Bravo, quien dio cuenta al Ministerio Público generándose la Carpeta Fiscal N° 2585-2010.

 

Semanas después de formulada la denuncia por el procurador anticorrupción, la carpeta fue archivada por el fiscal Sergio Zapata Orozco, quien ahora desarrolla a exclusividad la investigación contra la denominada organización “Limpios de la corrupción”, en la que se involucra precisamente a Torres Gonzales y a Quesquén Díaz.

 

El argumento que Zapata Orozco presentó para archivar la denuncia fue que no existían suficientes elementos de convicción que hicieran posible continuar con la formalización de la investigación preparatoria. El fiscal dejó en claro que esto no significaba que los hechos denunciados por el procurador carecían de ilicitud.

 

De los actuados por Zapata Orozco se tiene que este tomó las declaraciones de Víctor Díaz Zárate, quien refirió que el personaje llamado “Percy”, a quien hizo alusión durante su reunión grabada con el gerente de la empresa Línea, era el abogado Percy Requejo Gálvez y no Percy Quesquén Díaz, lo que fue suficiente para que este adoptara la decisión del archivamiento.

 

LA INSISTENCIA

 

Al determinarse la orden de captura de los presuntos integrantes de la organización “Limpios de la Corrupción”, en septiembre del 2014, se incluyó como investigado al ex gerente general de EPSEL, Juan Miguel Valdivia Goicochea, quien se puso a disposición de las autoridades judiciales en enero del 2015.

 

Meses después, el 22 de diciembre del 2015, Valdivia Goicochea declaró ante el fiscal adjunto Eli Pérez Díaz, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo e integrante del equipo que dirige Sergio Zapata Orozco en la investigación a la presunta organización criminal, alcanzando detalles sobre la participación de Percy Quesquén en el caso “Línea”.

 

De acuerdo a lo declarado por el exfuncionario de EPSEL, habría sido el mismo Percy Quesquén quien le confesó que la denuncia presentada inicialmente por Expresión Tv y luego llevada al Ministerio Público por el procurador anticorrupción sí lo alcanzaba, pero que se simuló que se trataba del abogado Percy Requejo.

 

Según informó Valdivia Goicochea, cuando llegó a la gerencia general de EPSEL, Quesquén Díaz le solicitó emplear como asesor externo de la empresa al abogado Requejo Gálvez, quien tiempo atrás le había ayudado a salir de la investigación por el caso “Línea”.

 

Desde entonces, Juan Miguel Valdivia empezó a solicitar al despacho de Zapata Orozco que reabra la investigación archivada años antes, máxime porque en la investigación seguida a los “Limpios de la corrupción” Percy Quesquén goza de comparecencia restringida, en tanto él se encuentra bajo mandato de prisión preventiva desde enero del 2015.

 

EL CNM

 

Fueron tantas las veces que Valdivia Goicochea remarcó la importancia de reexaminar la actuación del fiscal Zapata Orozco en el caso “Línea”, que el 18 de abril de este año, cuando el representante del Ministerio Público acudió a la entrevista personal con los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, como parte de su proceso de ratificación, el consejero Iván Nogueras Ramos, puso el tema sobre el tapete y cuestionó al fiscal sobre el asunto.

 

En respuesta, Zapata Orozco reiteró el argumento con el que en el 2010 archivó la denuncia y aseveró que las imputaciones de Valdivia Goicochea contra Quesquén Díaz se trataban de una suerte de venganza por las delaciones que este último había dado al Ministerio Público como parte de la investigación del caso “Limpios de la corrupción”.

 

La posición del fiscal motivó incluso a que Juan Miguel Valdivia presentara una denuncia en su contra por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, la misma que se encuentra en trámite ante la Fiscalía Superior de Control Interno.

 

El 23 de junio, el ex gerente general de EPSEL se dirigió por escrito a la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana Vásquez Zagaceta, solicitando la reapertura del caso “Línea”, dando cuenta detallada de lo sucedido al respecto desde que en diciembre del 2015 alcanzara información al fiscal adjunto Eli Pérez Díaz.

 

LA DECISIÓN

 

La Disposición N° 6, emitida por el fiscal César Celis Zapata el 12 de julio último, notificada recién el lunes de esta semana, señala que conforme la sentencia en el Expediente N° 6081-2005-PHC/TC, emitida por el Tribunal Constitucional, “una resolución emitida por el Ministerio Público en la que se establece que no hay mérito para formalizar una denuncia no constituye cosa juzgada”. No obstante – hace la precisión el fiscal – se exceptúa dicha regla cuando el archivo se emite debido a que el hecho no constituye delito.

 

Asimismo, Celis Zapata explica que el Artículo 335, inciso 2), del Código Procesal Penal señala que la disposición de archivo impide que otro fiscal pueda promover u ordenar que el fiscal inferior jerárquico promueva una investigación preparatoria por los mismos hechos. Sin embargo, esta regla se exceptúa si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso se deberán reexaminar los actuados.

 

“De este modo, de autos se tiene como nuevo elemento de convicción la declaración brindada por Juan Miguel Valdivia Goicochea, el 22 de diciembre del 2015, en la investigación signada con Carpeta Fiscal N° 2447-2014, en la que el referido tiene condición de investigado, donde precisa las circunstancias en que presuntamente el ciudadano Percy Quesquén le comentó que ‘había logrado el archivamiento porque en el video no se mencionaba su apellido, solo su nombre, y lo que había hecho era conseguir un abogado que también se llamase Percy para elaborar un contrato de servicios con Línea y emitir recibos por honorarios para simular que el señor Víctor Díaz Zárate había ido a cobrar por supuestos servicios de asesoría jurídica”, señala la disposición de Celis Zapata.

 

El fiscal añade que dicha información, al ser contrastada con las contradicciones entre los trascrito del video y las declaraciones brindadas por Víctor Díaz Zárate, hacen posible que su despacho considere la declaración brindada por Valdivia Goicochea “como pertinente, útil y necesaria”, siendo procedente el reexamen del caso.

 

DILIGENCIAS

 

De este modo, el fiscal César Celis ha dispuesto que se reabran los actuados seguidos contra Roberto Torres Gonzales por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio o cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, representado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y contra Víctor Díaz Zárate y Mario Salini Falconí, ambos por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo genérico en agravio del Estado.

 

Se ha fijado un plazo de 70 días naturales para el desarrollo de la investigación que comprende recibir el próximo 24 de agosto la declaración Juan Miguel Valdivia en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo; y el 1 de septiembre de Díaz Zárate y Salini Falconí.

 

Asimismo, que el 8 de septiembre brinde su declaración Percy Quesquén Díaz y Percy Requejo Gálvez, en tanto el 12 de septiembre haga lo propio el exalcalde Roberto Torres. 

SIETE AÑOS DESPUÉS: FISCALÍA ORDENA REABRIR CASO “LÍNEA” QUE INVOLUCRA A PERCY QUESQUÉN

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Una mafia de presuntos falsificadores de Certificados de Habilitación Vehicular de Transporte Terrestre de Mercancías en General habría quedado al descubierto al interior de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque. Pero eso no es todo. Dos vehículos pesados de diferentes propietarios tendrían una misma placa de rodaje como origen y un mismo certificado.

 

Ante ello, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 246-2017-GR.LAM/PR, del 4 de agosto pasado, el gobernador Humberto Acuña Peralta autorizó al Procurador Público Regional Lambayeque, Amado Eliseo Rodríguez Monteza, a iniciar las acciones legales contra los que resulten responsables de la presunta adulteración y falsificación del certificado antes descrito.

 

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque mediante Oficio N° 16583-2016-MTC/SE.02, del 27 de diciembre del 2016, dirigido por el responsable de la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien comunicó que se había tomado conocimiento del Certificado de Habilitación Vehicular de la Unidad de placa de rodaje M3K-909, presuntamente adulterado.

 

OPERATIVO POLICIAL

 

Según se relata en el oficio, el transportista o propietario del referido vehículo es el Banco Continental, cuya titularidad vehicular se sustenta mediante la Partida Registral N° 140393 CNG. El certificado le fue decomisado por la Dirección de Protección de Carreteras de Lima, por ser presuntamente falso, durante un operativo policial.

 

En atención a ellos, los funcionarios de la sede regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque han determinado que el Banco Continental cuenta con la tarjeta de propiedad vehicular de 11 de junio de 1998 del camión marca KIA Motors, año 1997, con placa de rodaje WC-7651, y ahora con placa M3K-909, de color blanco -verde.

 

Sin embargo, es el caso que la empresa J. Sosa Servicios Generales EIRL, constituida por Escritura Pública el 17 de julio del año 1996, representada por José Armando Sosa Saavedra, registrada en Chiclayo, cuenta con la tarjeta de registro de propiedad vehicular del 7 de diciembre de 1998 del camión marca Mitsubishi, del año 1997, color blanco verde, con N° de placa de rodaje WC-7971.

 

Es el caso que el camión de placa actualizada M3K-909, clase 2-Camión, Marca Kía Motors, año 1997, habría estado utilizando el número de constancia y la partida registral correspondiente a la empresa J. Sosa Servicios Generales EIRL, e incluso usando el número de la Resolución Directoral de Habilitación N° 045-2011-GR.LAMB/DRTC del 19 de enero del año 2011, la que habilita a otras unidades a prestar servicio de transporte terrestre, pero no lo hace a favor de la unidad descrita líneas arriba.

 

LAS INVESTIGACIONES

 

Mediante Informe Legal N° 03-2017-GR.LAMB/GRTC- jdcc, del 31 de enero del 2017, el Asesor Legal de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque opina que es el Procurador Público del gobierno regional el competente para accionar legalmente ante las instancias del Poder Judicial, a efecto de iniciar las acciones correspondientes por tratarse de una presunta adulteración de documentos emitidos por la gerencia sectorial.

 

De igual manera, se señala que la partida registral en mención correspondió a J. Sosa S. Servicios Generales EIRL, cuyo permiso en la actualidad se encuentra vencido. Además, aprecian que al vehículo de la entidad financiera nunca se le ha habilitado el Certificado de Habilitación Vehicular de Transporte Terrestre de Mercancías en General con su actual placa de rodaje, sino con la anterior, la que tiene como código de circulación la WC-7651, y a favor del transportista J. Sosa S. Servicios Generales EIRL.

 

Durante el desarrollo de las investigaciones de carácter administrativo, ante la consulta vehicular en la Superintendencia Nacional de Registro de la Propiedad- SUNARP, se determinó que el número de placa del vehículo M3K-909, N° de Serie: KN3JAP3S5VK093034, Número de Motor: SH034307, color: blanco verde, Marca: Kia Motors, Modelo: K-36005, tiene una placa anterior con el código de registro vehicular WC 7651. Es decir, en la actualidad la placa de rodaje M3K-909 ha reemplazado a la placa de Rodaje WC -7651.

 

Asimismo, efectuada la consulta del Registro Único de Contribuyente –RUC- se determinó que corresponde al N° 20165115792, asignado a la empresa J. Sosa S. Servicios Generales EIRL. Además, se obtuvo información que este RUC fue dado de baja de oficio el 31 de enero del año 2008.

 

De igual manera, se determinó que la empresa J. Sosa Servicios Generales EIRL, está registrada en el Registro Nacional de Transporte Terrestre de Mercancías, consignando como datos la partida registral N° 140393CNG, RUC 20165115792, y cuya vigencia era del 30 de enero del año 2003 al 30 de enero del año 2008, y que a la actualidad el permiso del citado vehículo, el de placa de rodaje M3K-909, antes placa de rodaje WC -7651, se encuentra vencido.

 

LAS PRESUNCIONES

 

Sin embargo, al momento de la intervención policial el Certificado de Habilitación Vehicular de Transporte Terrestre de Mercancías en General N° 140300829, fue decomisado a la persona de Ductuoso Victoriano Rocha Janampa, el cual estaba a nombre de la entidad financiera aludida en la resolución ejecutiva regional.

 

Además, el informe de la intervención consigna que dicho documento fue emitido el 20 de setiembre del año 2011 y como vencimiento registra el 22 de setiembre del año 2017, a nombre o razón social del transportista, Banco Continental, con N° de partida registral 140393CNG-R-D de habilitación.

 

Asimismo, dicho certificado tiene sello y firma de la ex directora regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, María Estrada de Silva, lo cual llamó aún más las presunciones de falso ya que la menciona persona ya no era funcionaria regional en el período que se indica.

 

NO ESTÁ EN LISTA

 

La suspicacia llevó a los actuales funcionarios de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque a indagar un poco más, descubriendo que con Resolución Directoral N° 45-2011 –GR.LAMB/DRTC, del 19 de enero del año 2011, el director regional de transportes y Comunicaciones de ese momento, Miguel Ángel Paz Vélez, resolvió “autorizar la inscripción en el registro nacional de Transporte Terrestre de Mercancías de los vehículos  de placa de rodaje B6B-865 a nombre de José Hoyler Pérez Tamay; el vehículo M2G-899 a nombre de Jaime Bernal Díaz, y el de placa M2G-842 a nombre de Segundo Meneses Rodas, para realizar el servicio de transporte terrestre de mercancías en general”.

 

De igual manera, en el mismo registro, pero en este caso en el mes de setiembre del año 2011, se verificó que aparecen inscritos otros vehículos; sin embargo, en dichas listas de trámites y gestión de Certificado de Habilitación Vehicular de Transporte Terrestre de Mercancías en General del año 2011 no aparece o se registra la unidad de placa de rodaje WC -7651, con la actualización de placa M3K-909.  

 

Ante la presunción de un ilícito con afectación al Estado en la modalidad de uso de documentos falsos, el 18 de abril del 2017, la Gerencia de Transportes y Comunicaciones remite el oficio N° 279-2017-GR.LAM/GRTC-L, con registro de documento N° 2952024, expediente N° 2240183, en donde se indica que se remiten los actuados al gobernador regional para su conocimiento y toma de acciones legales.

 

En el expediente, también se adjunta el Certificado de Habilitación Vehicular de Transporte Terrestre de Mercancías en General de la unidad de placa de rodaje M3K-909, presuntamente adulterado, con el objetivo que se autorice al Procurador Público Regional el inicio de las acciones legales pertinentes a nivel judicial contra los que resulten responsables.

 

EXTRAÑA EMISIÓN

 

La investigación por parte de los funcionarios lambayecanos fue un poco más allá, a tal punto que se observó y analizó detenidamente el Certificado de Habilitación Vehicular N° 140300829 expedido con fecha 20 de setiembre del año 2011 a nombre del transportista Banco Continental, el cual habilitaba a la unidad vehicular de placa M3K-909, clase N2, a desarrollar actividad de Transporte Terrestre de Mercancías en General.

 

Lo preocupante de los “investigadores” es que en la resolución N° 045-2011 GR.LAMB/DRTC, de fecha 19 de enero del año 2011, habilita a otras unidades de transporte a desarrollar actividad en el traslado de mercancías, pero extrañamente la unidad en cuestión no aparece en el registro.

 

La acción los lleva a presumir – según se señala en la resolución ejecutiva regional- la adulteración y falsificación del certificado de Certificado de Habilitación Vehicular de Transporte Terrestre de Mercancías en General, el cual no habría sido emitido por la gerencia regional de transportes y comunicaciones de Lambayeque, antes dirección regional del mismo nombre en el año 2011, y firmado supuestamente por María Esther Estrada de Silva, como presunta directora regional de dicha repartición en esa fecha.

 

NO EXISTE EN ARCHIVO

 

Asimismo, el documento de carácter regional N° 246-2017-GR.LAMB/PR, del 4 de agosto último, sustenta que en el archivo de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, se ha podido determinar que no obra ningún expediente o documento alguno que acredite la inscripción de la unidad vehicular con placa de rodaje M3K-909 para que obtenga el Certificado de Habilitación Vehicular de Transporte Terrestre de Mercancías en General. Tampoco –según se señala- existe en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

De igual manera, con oficio N° 1030-2016- SUTRAN/06.3.1, del 2 de diciembre del 2016, se señala que luego de haberse consultado en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre del MTC, se pudo verificar que el referido certificado en cuestionamiento se encuentra a nombre de la empresa J. Sosa S. Servicios Generales EIRL, y no a nombre del banco Continental, cuando su vencimiento había sido en el año 2008.

 

El bien protegido

 

En aras de encontrar la verdad y deslindar responsabilidad administrativa, en el informe legal emitido por el jefe de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lambayeque, se recomienda a Secretaría  General de la sede regional, solicitar información a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones copia de la Partida Registral N° I40393CNG, fotocopia autenticada del Certificado de Habilitación Vehicular de la unidad vehicular de  placa de rodaje WC-7651.

 

Asimismo, se solicita fotocopia autenticada del Registro de los Certificados de habilitación vehicular en lo referente al registro de certificados del servicio de transporte terrestre de mercancías, del mes de setiembre de año 2011, así como fotocopia autenticada de la R.D. N° 45-201I-GR.LAM B/DRTC, para la emisión del acto resolutivo correspondiente.

 

Ante ello, mediante oficio N° 0413-2017-GR.LAMB/GRTC-L de fecha 26 de junio del 2017, con registro de documento N° 3053416 – expediente N° 2240183, el Gerente  Regional de Transportes y Comunicaciones, César  Antonio Zeña Santamaría remite a la Secretaria General la copia de la Partida Registral N° 140393CNG, y todos los documentos que se habían requerido para determinar el ilícito en agravio del Gobierno Regional de Lambayeque y del Estado.

 

Durante el análisis, los investigadores administrativos determinaron que la apertura de la investigación se realiza con la intervención que personal de la Policía de Carreteras de Lima intervino al vehículo en cuestión, el cual era manejado por Ductuoso Victoriano Rocha Janampa, identificado con DNI 06953089, quien presentó a los agentes del orden el Certificado de Habilitación Vehicular de Transporte Terrestre de Mercancías en General N° 140300829, el cual no está a nombre de la empresa J. Sosa Servicios Generales EIRL, sino de una entidad bancaria.

DESCUBRIMIENTO SE HIZO EN OPERATIVO DE LA POLICÍA DE CARRETERAS: VEHÍCULOS PESADOS CIRCULARÍAN CON CERTIFICADOS FALSO

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  • Cinthia Vargas Torres no podría demostrar cómo su empresa obtuvo ingresos al facturarle al nosocomio con el que legalmente no tenía vínculo contractual.

 

A mediados de diciembre pasado la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal Magaly Quiroz Caballero, formalizó la investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos contra la médica Cinthia María Vargas Torres, quien valiéndose de un laudo arbitral a su favor, determinado con información supuestamente adulterada, cobró al Hospital Juan Pablo II casi dos millones de soles. El origen del asunto radica en que la profesional invocó el incumplimiento de un convenio suscrito a título personal con el nosocomio. Sin embargo, facturó a nombre de una empresa con la cual la entidad de salud no tenía vínculo comercial.

 

El 4 de octubre del 2016; es decir, hace poco más de 10 meses, el Hospital Privado Juan Pablo II SAC, con RUC N° 20480082673, representado por su gerente general Esteban Jacinto Isique, identificado con DNI N° 16637592, denunció ante el Ministerio Público a la médica Cinthia María Vargas Torres por el presunto delito de lavado de activos.

 

La denuncia se dio debido a que Vargas Torres habría aprovechado que su ex conviviente, José Yuri Moya Gasco, y su pariente Luis Felipe Vigo Vargas, asumían la presidencia del directorio y la gerencia general del Hospital Juan Pablo II, respectivamente, para firmar un convenio por siete años para la prestación del servicio de diagnóstico por imágenes, con grandes beneficios personales, incluso afectando las ganancias de la institución en la que es accionista.

 

Cuando Vargas Torres suscribió el convenio con el hospital lo hizo a título personal, pero al momento de facturar los servicios prestados por el diagnóstico por imágenes extendió comprobantes de la empresa Solumed SRL, con la cual la entidad no tenía vínculo alguno.

 

Este hecho impediría que Vargas Torres sustente el ingreso a sus cuentas personales de casi dos millones de soles, cobrados luego de ganar un arbitraje, aparentemente basado en información falsa, luego que el hospital dejara sin efecto el convenio extendido por su exconviviente y su pariente.

 

El caso estaría revestido de una serie de vicios, pues no solo se habrían configurado las causales para que el Ministerio Público formalice la investigación preparatoria contra la médica por lavado de activos, sino que además existirían elementos suficientes para que la Corte Suprema de la República reconsidere la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, que este lunes resolvió ratificar el sobreseimiento de una denuncia por falsedad genérica, también presentada por el hospital contra Vargas Torres.

 

AMPLIAS VENTAJAS

 

Todo se remonta al 14 de marzo del 2011, cuando el Hospital Juan Pablo II suscribió el convenio con Cinthia Vargas para que esta brinde el servicio de diagnóstico por imágenes, acuerdo que adoptado sin aprobación del directorio e, incluso, yendo en contra de la oposición del entonces integrante del órgano de gobierno empresarial, médico William Gonzales Herrera.

 

Por el convenio, que en la práctica resultó lesivo para la institución, Vargas Torres se comprometía a otorgar el 20 y 10 % de los ingresos obtenidos por pacientes por convenios de seguros y pacientes particulares, respectivamente, en cada examen de diagnóstico a favor del hospital, aun cuando el proveedor anterior dejaba para el nosocomio el 30 y 40 %.

 

Lo insólito del caso es que siendo accionista de la institución, Vargas Torres recibió el respaldo del entonces presidente del directorio, José Yuri Moya Gasco, y el gerente general del mismo, Luis Felipe Vigo Vargas, con quienes mantenía vínculo afectivo y familiar.

 

NULIDAD DEL CONVENIO

 

No fue sino hasta el 5 de septiembre del 2012, al producirse el cambio de las autoridades del hospital privado, que se revisó la situación del convenio que establecía las amplias ventajas concedidas a Vargas Torres por un período de siete años.

 

Al asumir la presidencia del directorio el galeno William Gonzales Herrera, y la gerencia general la médica Nancy Mocarro Aguilar, convocaron a una reunión a Cinthia Vargas al no encontrar el original del convenio suscrito un año antes, más aún porque detectaron que la facturación que se extendía al hospital era girada por la empresa Solumed SRL y no por la beneficiaria del acuerdo.

 

Estas irregularidades motivaron a los directivos a concluir de parte el convenio, lo que abrió a Vargas Torres la posibilidad de recurrir a la vía arbitral para ser resarcida por supuestos daños y perjuicios.

 

EL ARBITRAJE

 

Fue así como el 10 de junio del 2013 la médica Cinthia Vargas presentó al centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo una solicitud para someter a controversia su pretensión de indemnización por los daños y perjuicios, supuestamente causados por los representantes del Hospital Juan Pablo II SAC al dejar sin efecto el convenio.

 

Para calcular las pérdidas, Vargas Torres, en un peritaje de parte, alcanzó como referencia los ingresos y ganancias percibidas durante los primeros nueve meses del 2012, monto que ascendía a 272 mil 543.92 soles.

 

Tomando como base la información alcanzada por la médico, el perito Luis Seclén Chéves estimó que el lucro cesante a favor de Vargas Torres era de un millón 965 mil 344.58 soles.

 

Sin embargo, una pericia contable realizada por la CPC María Astrid Reynoso de Vargas, encargada por los representantes del Hospital Juan Pablo II, la que determinó que el informe pericial de Cinthia María Vargas Torres fue adulterado en los montos por los servicios de “RX” intraoperatorio, a un mil por ciento.

 

Es decir, de manera premeditada se habrían adulterado los costos para lograr una mayor cifra indemnizatoria. Por ejemplo, la médica argumentó que por cada diagnóstico intraoperatorio de braquiterapia percibía mil 800 soles, cuando el costo real de lo facturado al hospital era de 180 soles.

 

¿LAVADO DE ACTIVOS?

 

Durante la etapa de la investigación en el Ministerio Público por el delito de fraude procesal, la médico Cinthia María Vargas Torres, en abril del 2016, presentó ante a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, un informe de su situación tributaria correspondiente al ejercicio anual 2012, en el que manifestó que como persona natural había percibido la suma de 256 mil 300 soles y a través de Solumed SRL, de la cual es representante legal, 272 mil 543.92 soles, los que en su totalidad fueron por servicios prestados al Hospital Juan Pablo II.

 

Sin embargo, de los 256 mil 300 soles que dijo haber percibido como personal natural solo pudo sustentar con recibos por honorarios un ingreso de 21 mil 868.80 soles. El monto restante, 234 mil 432.12 soles, fue consignado en sus libros contables de varios y en su declaración jurada de pago anual de impuesto a la renta correspondiente a ese año.

 

La pericia de parte realizada por el Hospital Juan Pablo II ha demostrado que en tres meses Vargas Torres obtuvo el ingreso de 65 mil 555.54 soles, 43 mil 686.74 soles de estos como a través de Solumed SRL. 

 

Lo inexplicable es que la médico pudo regularizar el pago del impuesto a la renta correspondiente al año 2012 recién el 22 de marzo del 2016, cuatro años después, sin que hasta el momento la SUNAT haya observado los ingresos de Solumed SRL por facturación emitida al Hospital Juan Pablo II pese a no tener vínculo contractual alguno. 

FISCALÍA INVESTIGA POR LAVADO DE ACTIVOS A SOCIA DEL HOSPITAL JUAN PABLO II

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