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Se veía venir. Los cuestionamientos a los magistrados que manejan los casos en torno a las empresas agroindustriales, esta vez tuvieron eco en el Órgano de Control de la Magistratura - OCMA, que a través de su Unidad de Investigación y Anticorrupción, en el Proceso Disciplinario N°4804-2015, con la Resolución N° 45, resolvió proponer se le imponga la medida disciplinaria de destitución al suspendido magistrado Erick Frank Pérez Alquízar, en su actuación como juez del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz.

 

Al administrador de justicia se le cuestiona haber vulnerado sus deberes previstos en el numeral uno del artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial, lo que configuraría falta muy grave contenida en el numeral 13 del artículo 48 de la citada ley, al no haberse realizado el sustento de hecho y derecho de las razones en el Expediente N° 208-2015, materia de un proceso de amparo.

 

Ello se sustenta debido a que en setiembre del año 2015 se inició el cuestionado proceso de amparo 208-2015 ante el citado juez del Juzgado de José Leonardo Ortiz, quien dictó una medida cautelar que suspendió procesos firmes y nombró una Administración Judicial en la empresa Agroindustrial Tumán a cargo de Marcelino Llontop Suyón, Diómedes Bocanegra y Jorge Paredes Delgado. Esta medida, se habría dictado para legalizar la actuación de algunas personas que habían tomado por la fuerza las instalaciones de la azucarera.

 

FALTA MUY GRAVE

La inconducta funcional del juez Pérez Alquízar, que arrebató a sus accionistas el manejo de la empresa, fue denunciado por Armando Vásquez García, administrador judicial nombrado por el Séptimo Juzgado de Chiclayo, ante el Órgano de Control de la Magistratura - OCMA, quien suspendió en su cargo de juez por el lapso de seis meses; y que luego de concluir su proceso disciplinario, está proponiendo la máxima sanción disciplinaria de destitución de la carrera pública de dicho magistrado, por haber incurrido en faltas graves, toda vez que su inconducta funcional trasciende el quebrantamiento inexcusable de sus deberes judiciales de impartir justicia con imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, al evidenciar intromisión en otro proceso en ejecución de sentencia. 

 

Posteriormente, el órgano judicial superior, es decir la Primera Sala Civil de Lambayeque, resolvió anular todo lo actuado, y declarar improcedente la demanda de amparo porque el cuestionado juez no podía interferir en un proceso en ejecución de sentencia y porque la misma demanda había ingresado ante varios jueces.

 

INCUMPLIÓ DEBERES

La propuesta de destitución efectuada por el órgano contralor de los magistrados contra Pérez Alquízar, también es por haber vulnerado los deberes contenidos en el numeral uno del Artículo 34 de la Ley de la Carrera, por lo que se habría configurado falta muy grave contenido en el numeral 13 del artículo 48 de la citada ley; por presunta vulneración a su deber de motivación en la emisión de la Resolución N° 1 del Cuaderno Cautelar, correspondiente al Expediente N°2082015 -12, vulneración que se presentaría en la fundamentación del requisito de la adecuación del pedido cautelar de nombramiento de administradores judiciales.

 

La OCMA también refiere que el magistrado investigado, al expedir la Resolución N° 7, del 27 de enero del 2016, en el incidente N°208-2015-32-1714-JM-CI-01, que declaró infundada la oposición contra la medida cautelar, habría inobservado sus deberes de impartir justicia con independencia, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, previstos en el artículo 34.1 de la Ley de la Carrera Judicial, por lo que habría incurrido en falta muy grave prevista en el artículo 48 inciso 13 de la acotada ley, en el extremo referido a inobservar inexcusablemente del cumplimiento de los deberes judiciales, al realizar las acciones descritas en el ítem correspondiente al cargo señalado.  

 

“La conducta disfuncional del magistrado da lugar a la máxima sanción disciplinaria, pues no se trata de discrepancia de opinión ni de criterio en la resolución de los procesos, sino de una inobservancia totalmente inexcusable de sus deberes judiciales de impartir justicia con imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso. En este último en su ámbito en la falta de: motivación de las resoluciones judiciales, previstas en el Artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política del Estado, que a todo juez se le exige en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, en aras de fortalecer la imagen del Poder Judicial en el servicio de justicia.

 

Consiguientemente este despacho, es de la opinión que corresponde la máxima sanción disciplinaria de destitución prevista en el Artículo 51, inciso 3, concordante con el Artículo 55 de la Ley de Carrera Judicial”, señala la resolución de la OCMA.

 

+NOTICIAS

  • Los letrados consultados por Expresión advierten que el juez de Bongará-Amazonas, José Antonio Bravo Soto, también correría la misma suerte que su colega Pérez Alquízar, pues viene siendo investigado por Órgano de Control, en razón de ser incompetente por el territorio en que despacha y por actuar en una clara intromisión en el proceso regular a cargo del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.
  • A Frank Pérez Alquízar se le investiga por las irregularidades en el trámite del expediente cautelar Nº208-2015, en un proceso de Acción de Amparo iniciado por José Vega Sánchez, en la presunta vulneración de los deberes contenidos en la Ley de la Carrera Judicial, referida a la presunta vulneración a su deber de motivación en la emisión de sus resoluciones.
  • Frank Pérez Alquízar, es egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, estuvo como juez un año y dos meses.
  • Entre los años 2006 al 2008, fue jefe del Departamento de Licencias del ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCh, durante la primera gestión del ex alcalde Roberto Torres Gonzales.
  • Fue el director de ProJusticia, Fernando O’Phelan, quien denunció que el asesor legal de la actual ex administración judicial de la empresa agroindustrial Tumán, José Rimarachín, elaboró la resolución de medida cautelar y no Pérez Alquízar como debió ocurrir.
  • En tanto, Demetrio Ruíz, de la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú, en su oportunidad, denunció públicamente al cuestionado juez de haber recibido la suma de 200 mil dólares para resolver el caso.

POR CASO DE AZUCARERA TUMÁN: OCMA PIDE DESTITUCIÓN PARA JUEZ PÉREZ ALQUÍZAR

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En enero pasado, en la audiencia de apelación al mandato de prisión preventiva dictado contra Samuel Roncal Miñano y otros, como presuntos integrantes de la organización criminal “Hermandad del norte”, los abogados denunciaron la existencia de una irregularidad aparentemente admitida por el Ministerio Público al otorgar la condición de testigo clave y de aspirante a colaborador eficaz a una misma persona, cuyo nombre fue revelado también en una audiencia judicial, pese a que la ley prohíbe que el beneficiario acceda a ambos mecanismos al conocer sobre un mismo hecho.

 

El asunto en cuestión es el asesinato del exauditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera, ocurrido el 23 de diciembre del 2015. Al respecto, el aspirante a colaborador eficaz signado con el número 15012016, dijo conocer no solo sobre las acciones realizadas por la supuesta organización criminal, sino también sobre los móviles y el modo en que se ejecutó el asesinato del funcionario, supuestamente por orden de los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.

 

En enero del 2016, la misma persona, recluida en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo bajo mandato de prisión preventiva por su participación en el asesinato de Teodocia Flores Vásquez, recibió del fiscal adjunto Danfer Yoplac Torres el código 01-2016 como testigo clave en la investigación que por aquel entonces seguía la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo en el asesinato de Cieza Vásquez.

 

Ambas carpetas, la del caso “Empresarios del norte”, que se abrió en Trujillo, y la del homicidio de Cieza Vásquez, fueron derivadas en mayo del 2016 a la recientemente creada Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, continuando su curso.

 

Consultados por Expresión, diversos especialistas legales explicaron que una persona puede tener la condición de colaborador eficaz y testigo clave al mismo tiempo, siempre y cuando no se trate sobre un mismo hecho. Esto, debido a que el colaborador eficaz tiene participación directa en el acto criminal, en tanto el testigo conoce por tercera fuente del ilícito. Situación que en el caso particular no se concreta, porque el beneficiario por un lado se presenta como partícipe del crimen y, por el otro, como conocedor, mas no como protagonista directo. En consecuencia, habría una seria contradicción.

 

INVESTIGACIÓN A FISCALES

Por estas consideraciones los magistrados de la Primera Sala Penal de Lambayeque, en enero pasado, decidieron emitir una resolución por la cual oficiaban a la presidenta de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de Lambayeque, Mariana Vásquez Sagaceta, para que disponga que la Fiscalía de Control Interno, a cargo del fiscal superior Alejandro Lamadrid Ubillús, inicie las investigaciones correspondientes, a fin de determinar si lo denunciado por los abogados era o no cierto.

 

Vásquez Sagaceta emitió el Oficio N° 235-2017-PJFS-LAMBAYEQUE, el 18 de enero, alcanzando al despacho de Lamadrid Ubillús las copias certificadas de la Resolución N° 2, del 13 de enero del 2017, del Expediente Judicial N° 005972-2016-12-1706-JR-PE-07, disponiendo el inicio de la indagación.

 

En paralelo, la Fiscalía de Control Interno había recibido el escrito del abogado Luis Alberto Verona Sampertegui, defensor de Samnuel Roncal Miñano, denunciando que el aspirante a colaborador eficaz 1502016 y el testigo clave 01-2016 del caso “Empresarios del norte”, eran la misma persona, por lo que debía estimarse la responsabilidad de los fiscales a cargo de la investigación.

Esto motivó a que el 1 de febrero pasado, Lamadrid Ubillús, con Resolución N° 01 del Caso 31-2017, ordenó la apertura de la Investigación Preliminar por presunta inconducta funcional contra los que resulten responsables, solicitando que el fiscal delegado de la FECOR Lambayeque remita un informe documentado respecto a los hechos denunciados, sustentados de acuerdo a la queja en la noticia aparecida en el diario La Verdad del 13 de enero en la que se dio cuenta del nombre del colaborador y testigo.

 

Verona Sampertegui presentó también una denuncia por fraude procesal contra los fiscales encargados de la investigación del caso “Empresarios del norte”, la misma que aún se encuentra en trámite.

 

LA COMPETENCIA

Expresión  accedió a los informes de descargo alcanzados a la Fiscalía de Control Interno por los fiscales Juan Manuel Carrasco Millones y Germán Montero Ugaz.

 

“Sobre la imputación sorprende la ligereza cuando su despacho asume como cierto lo vertido por el abogado Luis Verona Sampertegui, y lo publicado por algunos medios de comunicación, al tener como cierto que el colaborador 15012016 sea la misma persona que supuestamente se encuentra procesada en el Expediente N° 2010-4986, 1FPPC LAMBAYEQUE y 2015-1541, Expediente N° 2015-3691-FPPC JLO. Pues hasta el momento no se cuenta en este proceso administrativo con documentos oficiales que permitan otorgar veracidad a la documentación que el abogado Verona Sampertegui ha presentado  y que su despacho acogió sin el menor análisis o corroboración”, señala en su descargo Millones Carrasco a Lamadrid Ubillús.

 

Líneas abajo, le indica que el fiscal de Control Interno “no es competente para evaluar si procede o no el acuerdo de colaboración eficaz, estando autorizados para ello los jueces de Investigación Preparatoria, de Juzgamiento o de Ejecución de Sentencia, mas no un órgano administrativo de Control Interno”, advirtiendo que esto representa una grave afectación a la figura del juez natural y al debido proceso.

 

Empero, si bien Control Interno no podría revisar el procedimiento de colaboración eficaz, sí puede pronunciarse sobre la inconducta de los fiscales, en caso esta quede acreditada tras la investigación que debe realizar el despacho de Alejandro Lamadrid.

 

PROCESO NO CONCLUIDO

Por su parte, Montero Ugaz,  refiere que el titular de la carpeta fiscal es el fiscal provincial y no el adjunto, por lo que solicita que se pida información al fiscal superior coordinador de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina.

 

Sin embargo – anota – ha realizado su descargo a fin de lograr que se archive la queja presentada en su contra el abogado de Roncal Miñano.

 

Tanto Carrasco Montero como Montero Ugaz han argumentado que el proceso de colaboración eficaz con código 15012016 aún no ha concluido, por lo tanto los alcances de sus declaraciones así como la identidad del mismo son de conocimiento exclusivo del fiscal, la persona y su abogado, y que será la autoridad judicial la que decidirá si el acuerdo es aceptado en mérito de la información que delator proporcione para el esclarecimiento de los hechos.

 

En ese sentido, insisten en que la pretensión de la queja presentada por Verona Sampertegui es que se revele la identidad del aspirante a colaborador para que se le someta a algún tipo de soborno o atente contra su vida.

 

“Lo que buscan es que se confirme tal versión, para que posiblemente atenten contra la integridad de esas persona, lo amedrenten o lo sometan a una prebenda económica para que cambien su versión”, señala Germán Montero en su escrito al fiscal de Control Interno.

 

IDENTIDAD REVELADA

Sin embargo, la identidad del aspirante a colaborador y testigo clave ya fue revelada, luego que se hiciera pública el acta suscrita en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo por el fiscal Yoplac Torres y un oficio dirigido por Carrasco Millones al juzgado de José Leonardo Ortiz donde se lleva el caso de Teodocia Flores, para que varíe el mandato de prisión preventiva porque al estar recluido en el ex penal de Picsi su vida corría peligro. Carrasco Millones solicitaba que se le otorgue comparecencia restringida.

 

“En el supuesto negado que una declaración de testigo con clave, sea la misma persona que se ha sometido a una colaboración eficaz (en fase de corroboración), y que hayan sido utilizado en otro proceso penal, eso es materia de debate a nivel judicial, donde las partes pueden hacer los cuestionamientos que consideren necesarios, pero no puede hacerse a nivel administrativo disciplinario, porque si así lo fuera entonces ese estaría analizando la labor realizada por el fiscal de un proceso penal lo que evidentemente se encuentra prohibido por la Constitución y la ley”, indica Montero Ugaz.

 

El fiscal superior de Control Interno aún no se ha pronunciado, pese a que ya recibió también el informe oral de los fiscales quejados y de Luis Verano Sampertegui.

FISCALES RECHAZAN QUEJA POR CASO DE COLABORADOR Y TESTIGO EN INVESTIGACIÓN A LA “HERMANDAD DEL NORTE”

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“Como persona, Epifanio Cubas Coronado es un buen leonardino. Como amigo, es un buen amigo, pero como político y como autoridad la población ya ha dado un veredicto y me sumo a esa voz, porque no podemos seguir permitiendo que cada día el distrito se hunda en la desgracia. Esta gestión municipal es pésima, paupérrima y en verdad, somos muchos, por no decir toda la población, los que hemos perdido los sueños y las esperanzas de que esta gestión realice alguna mejora en orden, limpieza, seguridad  y gestión”, sostiene el regidor oficialista Aureliano Castañeda Hernández.

 

Afirma que ha llegado el momento de aclarar que si bien es cierto llegó a la gestión municipal de la mano de Epifanio Cubas, al ser parte de la plancha de regidores que se presentó ante Jurado Nacional de Elecciones –JNE, por Solidaridad Nacional, durante la campaña electoral del 2014, esto no lo convierte en el escudero de la autoridad.

 

“Si bien es cierto, en un primer momento apoyé a Epifanio Cubas; es decir, en el inicio de gestión, porque había un buen plan de trabajo, el cual lo hicimos conocer durante la campaña electoral, pero eso no quiere decir que me convierta en su escudero y lo he demostrado durante los dos años y medio de gestión como duro opositor a las acciones negativas que van en contra del desarrollo de José Leonardo Ortiz”, explica.

 

Recuerda que en el discurso del primer día de gestión, Cubas Coronado sostuvo que su trabajo estaría centrado a enfrentar la contaminación, la inseguridad, el caos vehicular y la evasión tributaria.

 

“La no atención de estos problemas durante los dos años y medio de gestión, son algunos de los problemas más resaltantes que han perjudicado la calidad de vida de más de 160 mil habitantes”, señala. 

 

TAN SOLO SUEÑOS

“Otra promesa que hasta el momento está sin cumplir fue de la de atender de manera primordial y enfrentar la inseguridad, la que domina al distrito producto de la carencia de políticas públicas contra la delincuencia”, añade-

 

Menciona que en su plan de trabajo, Epifanio Cubas ofreció la construcción de tres comisarías más y prometió que trabajaría para ejecutar la reconstrucción de la Comisaría de la Mujer o de Mujeres, obra que está paralizada desde hace mucho tiempo.

 

“También ofreció continuar con la gestión y realización de obras que se mantienen inconclusas. Cubas aseguró que reiniciaría las obras paralizadas en el anterior gobierno, pero hasta la fecha todo sigue siendo tan solo promesas”, indica.

 

VISIÓN PARTIDARIA

Aureliano Castañeda recuerda que cuando Epifanio Cubas lanzó su candidatura a la alcaldía de José Leonardo Ortiz por Solidaridad Nacional, vendió la promesa de hacer del distrito “un lugar para que todos vivan mejor”.

 

Además, ofreció seguridad en las calles, con obras que generen bienestar y desarrollo integral del distrito. Una gestión más allá de las promesas, con honestidad, capacidad y trabajo.

 

“Recuerdo que decía que el distrito requería con urgencia un alcalde que gobierne con trabajo en equipo y solidaridad para todos, donde se promueva empleo digno y se abra las puertas a la inversión privada, sin corrupción y transparente”, cuenta, precisando que se creyó mucho en la sencillez de la persona y en el empresario, pero que a 30 meses de gestión no hay resultados favorables al distrito.

 

“El atraso en el cual se encuentra sumido José Leonardo Ortiz es responsabilidad de la gestión municipal, y esa gestión edil es liderada por Epifanio Cubas Coronado, a quien le falta de capacidad y conocimiento. Sin embargo, hasta el momento no está dicha la última palabras y somos los regidores los que tenemos que hacer algo antes de irnos”, sostiene Aureliano Castañeda.

 

LAS PROPUESTAS

El fiscalizador añade que fueron 27 mil los leonardinos que dieron su voto para que Epifanio Cubas se convierta en el alcalde.

 

“De qué nos sirve tener autoridades que pregonan que tienen los valores de ser honestos y transparentes en el manejo de los dineros del Estado, cuando los leonardinos elegimos a una persona para que trabaje por el distrito y no para que nos robe. No hay obras de infraestructura y de servicios que permitan el desarrollo integral del distrito y que el bienestar alcance a todos sin exclusión de barrios o zonas”, indica.

 

En el tema del transporte en general, Epifanio Cubas sustentaba que era un caos en el distrito, especialmente en el cuadrante del complejo del mercado Moshoqueque. A este problema, se une que no existe red vial en gran parte del distrito.

 

Por citar como ejemplo, el parque de vehículos menores – mototaxis- crece desmesuradamente. El registro municipal solo acredita un promedio de dos mil 500 unidades. Sin embargo, actualmente circulan cerca de 12 mil mototaxis. La semaforización es mínima y no existe un plan de desarrollo vial de transporte.

 

La autoridad edil ofreció un distrito ordenado, con vías debidamente asfaltadas y control del tránsito y transporte.

 

SEGURIDAD CIUDADANA

En el plan de trabajo se plasmó que asumiría el liderazgo político que la ley le confiere en resguardo de los intereses de la población, y que a través de ordenanzas municipales declararía como prioridad la seguridad ciudadana e implementaría programas de seguridad ciudadana en los centros educativos y organizaría programas de prevención con las organizaciones sociales de base.

 

De igual manera, propuso crear estrategias e invertir en un sistema tecnológico de protección que sirva de centro de monitoreo de video cámaras en lugares estratégicos, para lograr un distrito seguro con autoridades comprometidas con las actividades de la ciudadanía. Nada de eso se ha hecho.

 

“El serenazgo cuenta con más de 30 personas y se dividen en tres turnos diarios. Además, se tienen tres modernas camionetas que fueron adquiridas a presión con el programa de incentivos, pero los vehículos son utilizados para repartir documentos. En la noche, es difícil ubicar un sereno en la Plaza Cívica y el responsable realiza función administrativa y se olvida de la operativa”, detalla el fiscalizador.

 

LA BASURA

Cubas Coronado ofreció establecer una nueva política de limpieza pública en alianza estratégica con el personal obrero de la municipalidad, basado en resultados y promoviendo la cooperación técnica de las entidades del gobierno central para la implementación de un sistema adecuado de recojo y procesamiento de basura.

 

“Una de sus propuestas fue la de adquirir equipos de limpieza pública que garanticen un efectivo servicio de recojo de la basura, así como implementar un Plan Integral de Residuos Sólidos e incorporar un plan de reforestación para el sembrío de árboles y recuperar las áreas verdes del distrito”, dice Aureliano Castañeda.

 

Sin embargo, lejos de tener un distrito limpio, saludable, con áreas verdes y digno para vivir, Leonardo Ortiz sigue sumido en la suciedad y la basura.

 

La gestión actual –indica- compró cinco volquetes de procedencia asiática en el último trimestre del año 2016, los cuales fueron observados y ahora son parte de una investigación, ya que la compra habría sido direccionada y sobrevaluada.

 

TUGURIZACIÓN

Epifanio Cubas Coronado ofreció promover la modernización de los centros de abastos del distrito, con mejor infraestructura y vías de acceso.

 

También tenía como plan promover un esquema ordenado de actividades comerciales por rubros y sectores, la formalización de los comerciantes informales, así como capacitar al comerciante leonardino con la finalidad de lograr mayor competitividad frente al auge de los grandes supermercados.

 

Otra cosa más,  prometió la creación de la Cámara de Comercio en José Leonardo Ortiz en coordinación con la Cámara de Comercio de Lambayeque y construir a largo plazo un nuevo mercado de abastos y obtener un porcentaje mayoritario de los comerciantes formales.

 

LOS DESAGÜES

El sistema de alcantarillado ha colapsado en gran parte del distrito por haber cumplido su tiempo de vida útil o por falta de mantenimiento por parte de la empresa responsable que es EPSEL S.A. Ante ello, Epifanio Cubas propuso exigir a la citada empresa cumplir con el cambio de redes o mantenimiento dentro del primer trimestre del año 2015.

 

La acción –dijo en un primer momento - iba a permitir proyectar a mediano y largo plazo la pavimentación de las principales calles y avenidas, con el objetivo de tener un distrito con un sistema de alcantarillado óptimo.

 

Sin embargo, la realidad que viven los leonardinos ha demostrado que todo quedó en ofrecimientos.

 

RENDICIÓN DE CUENTAS

Castañeda Hernández recuerda que otra de las promesas incumplidas por Epifanio Cubas Coronado es informar periódica y públicamente, una vez al año, las metas y propuestas para el ejercicio siguiente con el presupuesto requerido para su ejecución.

“Además, ofreció que trimestralmente la municipalidad informaría a los leonardinos sobre la ejecución del presupuesto, ingresos y egresos de la comuna, pero hasta la fecha todo es letra muerta”, sostiene el fiscalizador.

 

Aureliano Castañeda hace un mea culpa y señala que los regidores son corresponsables de la desastrosa gestión de Epifanio Cubas Coronado.

 

“Nuestra función es legislativa, fiscalizadora y normativa, pero también tenemos responsabilidad en la pésima y desastrosa gestión de Epifanio Cubas, que como amigo es una gran persona, pero como administrador o gerente de la casa edil es un cero a la izquierda por su inoperancia y falta de efectividad. La culpabilidad ejecutiva y directa es de Epifanio Cubas junto a un grupo de funcionarios que están haciendo cosas incorrectas”, puntualiza.

 

Revela que en el entorno actual de Epifanio Cubas existen dos personas que lo asesoran, estos serían los regidores Robert Paredes Chávez y Wilder Bravo.

AURELIANO CASTAÑEDA HACE UN MEA CULPA: “LA GESTIÓN DE EPIFANIO CUBAS ES PAUPÉRRIMA”

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El decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Antonio Uriarte Gonzales, anunció que el Tribunal de Ética, recientemente reconformado, ha iniciado la revisión de las quejas y denuncias presentadas contra algunos integrantes de la orden involucrados en presuntos actos de corrupción, con el objetivo de determinar si corresponde o no la aplicación de sanciones que podrían incluso llegar a la inhabilitación para el ejercicio profesional. Tres de ellos son actualmente investigados por el caso “Limpios de la corrupción”.

 

Se trata de Jorge Inchaústegui Samamé, ex gerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, quien se encuentra bajo mandato de prisión preventiva desde enero del 2015; Carlos Mendoza Oliden, quien también ocupó la Gerencia de Urbanismo en la comuna local y actualmente tiene comparecencia restringida, y José Baca Távara, ex gerente general de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, recluido desde enero del 2015 como parte del proceso de investigación seguido a la organización que habría liderado el exalcalde Roberto Torres Gonzales.

 

El decano explica que los arquitectos tienen responsabilidades desde el ejercicio profesional para con la sociedad y el prestigio de la orden, por lo que no se requeriría de sentencias judiciales para acreditar algún tipo de inconducta contemplada en el Código de Ética y que pueda recibir sanción de parte del comité especial que se encarga de dichos procedimientos.

 

Comenta, que en los últimos años ningún arquitecto que ha ocupado cargos en la administración pública y que ha sido objeto de denuncias e investigaciones por los órganos de control o el Ministerio Público ha recibido sanción de la orden profesional.

 

Refiere que recién hace tres meses se ha reformulado la composición del Comité de Ética del CAP Lambayeque, cuya presidencia recae en el arquitecto Enrique Rodríguez Mosqueira.

 

INACCIÓN

¿No funcionaba antes el comité? “Sí funcionaba, pero oh sorpresa, en el caso más connotado que es el de “Los limpios de la corrupción” no hay ningún amonestado para comenzar. Sin embargo, yo sí he sido amonestado”, responde Antonio Uriarte.

 

Indica que el comité que antes presidía el arquitecto Rodolfo Arbulú Chereque, en la actualidad se encuentra revisando los casos de Incháustegui Samamé, Mendoza Oliden y Baca Távara, quienes se encuentran en calidad de investigados.

 

“El arquitecto Rodolfo Arbulú Chereque no hizo nada y no dejó las cosas claras, los arquitectos que delinquen o hacen mal uso de la profesión deberían ser sancionados y eso no se ha hecho, en cambio a mí y a otro arquitecto se nos amonestó por cosas sencillas, sanciones que han sido apeladas al comité nacional. Lo que se ha visto es incongruencia y esperamos que esto pueda rectificarse”, señala.

 

Antonio Uriarte anota que el nuevo comité deberá evaluar apoyándose en su independencia y autonomía, y remarca que su decisión deberá centrarse en la conducta ética de los investigados al margen de las sanciones penales que estos puedan recibir por los ilícitos que habrían cometido durante su paso por la administración pública.

 

“Creo que si está suerte de permisibilidad se ha presentado es por dejadez, porque no ha habido un interés firme de defender el prestigio del colegio. Si hubo intereses económicos internos definitivamente lo desconozco. Lo que está claro es que estás tres personas han hecho quedar mal al colegio y más porque no han recibido la sanción que les corresponde, pero esa es una opinión muy personal, es el comité quien debe pronunciarse”, señala.

 

COMISIONES TÉCNICAS

Por otro lado, el decano indica que también se ha iniciado un mayor control sobre los arquitectos designados para participar en las comisiones técnicas que se encargan de la revisión de proyectos de construcción en las municipalidades del departamento.

 

El colegio designa todos los años a un representante en los municipios, siendo Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Lambayeque y Ferreñafe los distritos con mayor dinámica constructiva, en los que los arquitectos tienen presencia permanente.

 

Sin embargo, conforme la orden ha denunciado en reiteradas veces los municipios autorizan construcciones que incumplen los reglamentos, atentan contra el ornato y generan vulnerabilidad, amparándose en los dictámenes que emiten las comisiones en las que participan sus representantes.

 

CONTROLES DÉBILES

A decir de Antonio Uriarte, los filtros para la aprobación de proyectos y emisión de licencias no accionan de manera eficiente.

 

El decano señala que existen responsabilidades compartidas y en esto se involucra al proyectista, que puede o no elaborar una propuesta de construcción correcta. Luego está el revisor, que debe exigir el cumplimiento de la norma y observar el proyecto de ser necesario. Posteriormente está el funcionario municipal que emite la licencia y, finalmente, el inspector o supervisor.

 

“Por lo general, en un 80 % de proyectos, durante la etapa  de ejecución, no se cumple lo que se ha aprobado, y es ahí donde el supervisor debería paralizar la obra y no entregar la conformidad, como actualmente sucede. El proyectista puede cumplir con la norma y obtener la licencia, pero el ejecutor o el propietario alterar el proyecto. Lo que estamos disponiendo como colegio es que se inicie la fiscalización de los proyectos aprobados y ejecutados. Si hay irregularidades, los casos deberán pasar directamente a ética”, precisa.

 

Añade que se han presentado casos de municipalidades que emiten licencias de construcción sin previa revisión de los equipos técnicos en los que participan los representantes de los colegios de arquitectos e ingenieros.

 

Frente a ello, la orden ha dispuesto la realización de visitas a los diferentes alcaldes distritales para hacerles conocer las implicancias de este procedimiento irregular, que incluso puede acarrear sanciones de tipo penal.

 

Asimismo, se ha dispuesto la instalación de una oficina de enlace en el colegio, para que los arquitectos revisores reciban los proyectos y puedan emitir su opinión técnica sin necesidad de desplazarse hasta la zona de ejecución.

 

PLAN METROPOLITANO

En relación a la formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano, necesario para la ordenamiento de Chiclayo y sus distritos circundantes, Antonio Uriarte comenta que a raíz del convenio suscrito entre la comuna provincial y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la elaboración del documento, con un financiamiento de 520 mil soles, el Colegio de Arquitectos estableció un acercamiento con las autoridades ediles para poner a su disposición la asistencia técnica.

 

Resultado de ese acercamiento, el colegio alcanzó una terna de tres arquitectos para que sean considerados en el equipo técnico y puedan liderar el proceso de manera adecuada. Asimismo, ha ofrecido uno de los pisos de su sede institucional para que el grupo de expertos desarrollen sus actividades.

 

“Eso es lo que hemos podido conseguir, pero todavía no se materializa, en eso hay que ser claros.  Ya hemos tenido las conversaciones, pero está que se dilata el tiempo y esperemos que el día lunes se pueda concretar el acuerdo”, menciona.

 

El colegio ha propuesto a los arquitectos Marco Panta Merino, Ramón Siancas Layo y Carlos Palomino Medina, cuya postulación ha sido aceptada. Sin embargo, es el Ministerio de Vivienda el va a evaluar cuál de los tres tiene el perfil adecuado para asumir el liderazgo del equipo.

 

DOCUMENTO ACTUALIZADO

Uriarte Gonzales enfatiza en que la concepción del Plan de Desarrollo Metropolitano debe ser distinta a la que se manejaba antes de la emergencia presentada por El Niño Costero, considerando las áreas de vulnerabilidad y gestión de riesgos necesarias para proyectar la expansión de Chiclayo conurbano.

 

Refiere que al inicio de la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel el equipo que lideró Rodolfo Arbulú Chereque trabajó sobre la base del Plan de Desarrollo Urbano 2010-2015, aprobado recién en enero del 2016, cuyo contenido ya está desactualizado.

 

“Definitivamente los criterios que se manejaban ya no se ajustan a la realidad post emergencia y ahora se tiene que incluir con mayor énfasis la gestión de riesgos y reducción de vulnerabilidades con una visión de 10 o 15 años”, señala.

 

Actualmente el Colegio de Arquitectos de Lambayeque trabaja con 12 comisiones técnicas, entre ellas la de medio ambiente, normas, universidades, asuntos gremiales, y deportes, en las que participan 60 agremiados.

EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS: COMISIÓN DE ÉTICA EVALÚA SANCIÓN A IMPLICADOS EN “LOS LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”

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