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El reconocido empresario Juan Manuel Scander Chikhani lidera la lista única presentada al proceso eleccionario de la centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, espacio desde el cual busca alentar el fortalecimiento del sector empresarial, ayudando a la reducción de la informalidad y también en la defensa de los proyectos de desarrollo regional, entre ellos la irrigación Olmos.
“He sido presidente del Comité del Gremio Textil y Joyería y fui invitado a participar del Directorio de la cámara. Estoy convencido de que puedo hacer una buena labor, porque creo como empresario puedo apoyar al resto del empresariado a encaminarse en la formalización, porque trabajamos no solo por el gran y mediano empresario, también por el pequeño, tan es así que tenemos un gremio de ambulantes dentro de la institución”, comenta Scander Chikhani, gerente general del Grupo Barba Negra.
Menciona que el hecho de que exista una única lista evidencia el deseo de los empresarios agrupados en la institución de mantener una visión de desarrollo, que represente los intereses de quienes generan inversión, empleo y desarrollo.
“En la gestión del actual presidente, Olivio Huancaruna Perales, se ha logrado estabilizar a la institución y hoy la cámara es reconocida no solo a nivel local y nacional, sino también internacional, pues se han logrado convenios con entidades del exterior y eso nos habla de un cambio de cómo nos ven afuera. En lo personal he visitado a las cámaras de Chile, Ecuador, Brasil, Panamá y Cuba, habiendo entendido las experiencias de cada una de ellas para hacer una mejor gestión. Deseamos pasar a una etapa de consolidación empresarial de la institución, con un plan de trabajo que le dé prioridad a lo gremial”, menciona.
Una de las propuestas de Scander Chikhani es que el Directorio de la cámara trabaje directamente con el directorio de los gremios empresariales que tiene la institución.
“La nueva estructura apunta a mantener la asamblea, como máximo organismo, el directorio y un directorio gremial, con todos los presidentes, para trabajar de manera directa, con un plan de trabajo por sector. Seremos bastante exigentes en el cumplimiento de dicho plan. Queremos que todos trabajen al mismo ritmo, con resultados que sean evaluados”, asevera.
Rol en el desarrollo
Juan Manuel Scander es enfático al señalar que el empresariado privado es el que mueve al país y genera los ingresos al fisco para que el Estado realice obras públicas.
En ese sentido, lo que apunta en su gestión como presidente de la cámara de comercio es a que se dé solidez en la representación del empresariado. Es decir, en una primera etapa se apunta a mantener la membresía activa de los actuales socios, a quienes se busca integrar en las diferentes actividades tanto para el desarrollo de sus propios negocios como para involucrarse en el desarrollo regional. Una segunda etapa se enfocaría en la adhesión de más empresarios.
“Mi propósito es que la cámara tenga los asociados que le den capacidad y sostenimiento para funcionar, es decir, que estén activos plenamente. Conseguida la solidez y que la institución sea atractiva, los empresarios empezarán a llegar solos. La idea es ofrecerles servicios de calidad a los empresarios para que estén siempre activos con su institución. Lo de la formalización de emprendedores, también es una tarea asumir, sin perder de vista que esta es una responsabilidad directa del Estado”, manifiesta.
Scander Chikhani refiere que uno de los retos es reducir la intermitencia en la formalidad de empresas, pues existen emprendedores que se registran ante la Sunat para cumplir con el objetivo de venderle al Estado en las campañas de compras que este lanza (uniformes, calzado y otros), pero luego dan de baja al registro y vuelven a la informalidad.
“Hay que buscar oportunidades para que los emprendedores no dejen de producir y no retrocedan, y una de esas ventanas es justamente el Proyecto Olmos, pues las exportadoras necesitan una serie de servicios y bienes que pueden ser cubiertos por los pequeños empresarios, formales y asociados”, acota.
Desempeño de autoridades
El empresario aborda también la problemática regional y en ese sentido se dirige a los ciudadanos, a quienes exhorta a pensar bien su voto y ver a quiénes elige como gobernantes.
“Las autoridades que tenemos han sido elegidas por el pueblo lambayecano, pero creo que no han llegado a las expectativas que generaron. Estamos próximos a un año electoral y la función de la cámara de comercio deberá ser la de generar espacios para que los ciudadanos conozcan a quiénes quieren llegar a cargos públicos, poniendo a disposición su infraestructura de tal manera que los candidatos expongan y sean consultados por el vecino de manera libre y democrática”, indica.
Juan Manuel Scander señala que los líderes regionales y locales deben tener más peso y capacidad de exigir todo lo necesario para el desarrollo de Lambayeque.
“Que exijan con capacidad moral y profesional, que peleen con la camiseta de Lambayeque y lleguen a servir no a servirse”, enfatiza.
“Las autoridades actuales están prácticamente acabando sus períodos. Lo único que podría pedirles es que hagan las cosas bien. A más de dos años de gestión, me cuesta mucho pedirles algo extraordinario, porque las cosas no se han dado como deberían hacerse. No se les puede pedir más que las cosas correctas”, añade.
Proyecto Olmos
Sobre el pedido de transferencia del Proyecto Olmos hecho por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en representación del Poder Ejecutivo, Scander Chikhani asevera que dicho propósito no debería permitirse.
“No se trata de decir no por decir, sino porque nos basamos en los hechos. Todas las experiencias que ha tenido el Ministerio de Agricultura cuando ha centralizado proyectos grandes han sido negativas. No podemos jugar con la máxima capacidad productiva que tenemos en el departamento, como es el Proyecto Olmos, para que el gobierno central lo asuma. Si Lambayeque se sostiene hoy en día es por la agroexportación de Olmos. El gobernador regional tiene una responsabilidad histórica, porque se trata del futuro de miles de familias que trabajan directa o indirectamente de las actividades del proyecto. ¿Eso se pondrá en juego? Este no es un asunto de intereses políticos, sino económicos y de concentración del poder sobre el agua”, señala.
Respecto a las concesionarias del proyecto, CTO y H2Olmos, Juan Manuel Scander indica que si bien estas son subsidiarias de Novonor (antes Odebrecht), y la matriz es procesada por problemas de corrupción por los cuales debe responder ante la justicia, las operadoras del proyecto “han hecho su trabajo y cumplido con los objetivos de mantener en funcionamiento el trasvase y la operación”.
“Hay empresarios que tienen inversiones en Olmos que ahora quieren manejar el proyecto, queriendo ser juez y parte en el manejo del agua. Monopolizar el agua sería un serio error, pero tampoco podemos confiar en la ineficiencia del Estado. El gobernador regional no debería permitir que el gobierno central tome el control del proyecto, porque él es el representante de todos los lambayecanos y debe asumir la responsabilidad de defender nuestra obra. Es ahora cuando debe demostrar qué tanta capacidad y autoridad tiene. Transferir el Proyecto Olmos sería una traición para Lambayeque”, manifiesta.
El dirigente gremial es de la propuesta de que la actual concesionaria del trasvase Olmos reciba la prolongación del contrato (que vence en septiembre) por uno o dos años hasta que se convoque a un nuevo concurso internacional en el cual se elija, de manera transparente, a la empresa que asuma la operación y mantenimiento del componente.
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La aplicación de la pena de muerte para criminales, principalmente para violadores de menores, es una de las propuestas a las que recurren los políticos cada vez que la población exige resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En sintonía con ese ofrecimiento y siguiendo un expreso pedido de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza audiencias a nivel nacional para escuchar a los representantes de instituciones y la sociedad civil sobre el particular. En Lambayeque, la respuesta fue mayoritariamente en contra.
El propio ministro del sector, Eduardo Arana Ysa, quien escuchó a los representantes de los diferentes sectores, entre ellos los colegios profesionales de Lambayeque, expresar sus puntos de vista sobre la polémica propuesta, que implicaría, entre otros aspectos, la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Arna Ysa señaló que el objetivo de las audiencias es democratizar la discusión sobre la pena de muerte para violadores de menores, a fin de que no se tome una decisión centralizada en Lima y excluyente de la opinión de las fuerzas vivas de la sociedad al interior del país.
Justamente, a inicios de esta semana, durante la apertura del año escolar en un colegio de Lima, Dina Boluarte aseguró que ahora sí piensa seriamente en la pena de muerte, esto como respuesta a los acontecimientos del fin de semana, sobre todo por el asesinato del artista de cumbia Paul Flores García.
Fiscalía en contra
En representación del Ministerio Público intervino el fiscal adjunto superior penal José Constantino Espino, quien explicó que la institución, por coordinación de la Fiscalía de la Nación, tiene una posición firme y clara con relación a la pena de muerte como medida punitiva en los casos de delitos contra la integridad sexual.
“El Perú está adscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos desde 1978, tratado que ha sido ratificado, con lo cual se busca que los Estados cometan vulneraciones a los derechos fundamentales de persona, siendo el derecho a la vida uno de ellos. Además, la Constitución Política solo permite la pena de muerte para casos de traición a la patria en situación de guerra y terrorismo. Se ha generado el debate porque se busca que el Perú se retire de la convención, pero no es tan sencillo, ello se hace a través de la denuncia del tratado a solicitud del presidente de la república, lo cual puede demorar hasta cuatro años”, explicó el fiscal.
Añadió que con la salida del Perú de la convención, el país queda fuera de la jurisdicción de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en consecuencia, todos los procesos en cursos o cualquier reclamo de los ciudadanos peruanos ante tales instancias quedarían sin efecto.
“Como Ministerio Público perseguimos el delito, realizamos actos de investigación desde el primer momento de consumación de los hechos y estamos convencidos de que todo acto contra la libertad sexual y más aún contra menores de edad es repudiable. El marco normativo ha sido modificado justamente atendiendo esa gravedad, pues ahora, cuando el delito tiene como víctima a una persona menor de 14 años, recibe una pena a cadena perpetua. En la actualidad existe un sin número de cadenas perpetuas que han sido logradas en Lambayeque y a nivel nacional. ¿Es la solución la pena de muerte? ¿Qué pasaría si una persona fue condenada por incriminación de un tercero por diferentes razones y al momento de revisión de la condena se determina que es inocente? La legislación permite la revisión de sentencias aún estando firmes, no olvidemos eso”, remarcó.
Expuso que el derecho penal no es netamente sancionatorio, sino que tiene un fin preventivo, estableciendo mecanismos para que el criminal se rehabilite, resocialice y reeduque. “La solución pasa por activar los mecanismos de prevención no solo a favor de la víctima, sino dar a conocer los efectos de la comisión de un delito tan grave como la violación sexual de un menor”, indicó, añadiendo que un problema para la persecución de los delitos es la falta de presupuesto, pues, por ejemplo, no todas las sedes fiscales cuentan con cámaras Gesell ni psicólogos forenses para la atención de víctimas.
Apostar por la prevención
El representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Luis Valcárcel Velásquez, explicó que en lo que va del año se han atendido a nivel nacional más de 2500 casos de violencia sexual, de los cuales más de 1000 corresponden a violación sexual, 22 de los cuales se reportaron en Lambayeque.
“Es necesario debatir estos temas para entender qué piensan las instituciones y la comunidad respecto a medidas como la pena de muerte, porque la visión que puede tener el Poder Judicial o el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no puede ser la misma, pero sí es posible llegar a un punto medio, sobre todo para erradicar los casos de violencia sexual. Al respecto, nosotros creemos que la prevención es uno de los puntos más importantes en el debate, que, además de la sanción correspondiente, puede evitar que más casos se sigan presentando”, señaló.
Valcárcel Velásquez numeró los diferentes servicios que tiene el sector, pero anotó que es urgente reforzar a las familias a través del empoderamiento de los niños y niñas, evocando una de las campañas más exitosas que tuvo el Estado, como fue la de la canción “Yo sé cuidar mi cuerpo”, realizada a través del Ministerio de Salud.
“A los niños ahora le decimos que no hablen con extraños o no compartan su ubicación con extraños. Sin embargo, la mayoría de casos de violación sexual no los cometen extraños, sino familiares o personas que tienen cercanía con los niños. Es importante mencionar esto porque las familias tienen un rol importante en el empoderamiento de los menores, generando confianza para que comuniquen todo aquello que les pasa”, precisó.
No al populismo
A su turno, la presidenta del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Lambayeque y decana del Colegio de Periodistas de Lambayeque, Rosa Chambergo Montejo, precisó que la medida cae en populismo al ser constitucionalmente inviable y no resolver el problema de fondo.
“No es la primera vez que se somete a debate público el planteamiento de aplicar la pena de muerte contra violadores de menores, cada vez con mayor espíritu populista que meramente jurídico. ¿Olvidó el Estado y sus actores el caso Monstruo de Armendáriz, por el cual un inocente fue condenado a muerte, falsamente acusado de haber ultrajado a un menor? En las elecciones presidenciales del 2006 uno de los candidatos puso el tema en agenda y así se ha tocado cada vez que se intenta abordar el problema de la inseguridad ciudadana con medidas unas más extremas que otras y que al final de cuentas resultan en inviables, inconstitucionales o infructuosas, como aquella de sacar a los militares a las calles o declarar estados de emergencia sin ningún resultado”, cuestionó.
Indicó que la posición de la orden profesional que representa es que siendo el Perú un Estado de Derecho, “lo razonable es seguir el cauce constitucional y de ordenamiento interno para enfrentar el problema de inseguridad, pero, además, apuntar a la raíz del problema de violencia contra niñas, niños, adolescentes, mujeres e integrantes del grupo familiar”.
“Eso pasa por una política de Estado orientada a la educación, con enfoque de género, en el que se trabaje el respeto a la integridad del prójimo, y énfasis en la Educación Sexual Integral. Muchos dirán que avanzar en ese sentido tomará años, décadas, para lograr una sociedad de respeto y equidad, y sin violencia, y entonces surge la pregunta: ¿mientras tanto qué? Si algo caracteriza al Estado peruano es la falta de prevención en todos los aspectos, desde los desastres naturales hasta la salud pública, y la violencia sí puede prevenirse. Pero si en el criterio de los tomadores de decisiones están ideas como desaparecer el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, debilitando lo poco que se ha avanzado, seguiremos reuniéndonos dos, tres, muchas veces más para abordar, guiados por un espíritu netamente populista, salidas como aplicar la pena de muerte”, acotó.
La inseguridad ciudadana es el problema que más preocupación genera en la población del país. Los acontecimientos recientes, como el asesinato del cantante Paul Flores García o el estallido de una bomba lacrimógena al interior de una discoteca en Chiclayo, son prueba de la crítica situación que se vive a nivel nacional, sobre la cual el jefe de la Región Policial Lambayeque, Luis Bolaños Melgarejo, afirma que es imposible de superar existiendo debilidades a nivel operativo y normativo.
“La carencia de normas para actuar ante la flagrancia delictiva e investigaciones nos impide dar una lucha frontal y duradera contra la criminalidad organizada y bandas, ante los delitos que están causando zozobra a la sociedad”, señala la autoridad.
Bolaños Melgarejo, quien intervino en el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aseveró que hoy en día no existen mecanismos suficientes para enfrentar flagelos como la extorsión.
Reubicar penales
Refiere que los establecimientos penitenciarios no deberían estar en las ciudades, pero lamentablemente el crecimiento demográfico ha hecho que los penales estén en el corazón de las zonas urbanas y eso impide la lucha contra la criminalidad por una razón muy simple, que es la imposibilidad de realizar la oportuna detección del uso de equipos celulares dentro de los reclusorios.
“El delito que más nos está afectando en estos momentos es la extorsión y lo digo con total autoridad, pues he trabajado en la unidad especializada contra secuestros y extorsiones. Más del 80 % de las llamadas extorsivas en el país salen de los establecimientos penitenciarios. Lamentablemente, no tenemos las normas para continuar las investigaciones por las denuncias que estamos recibiendo por ese delito. Sabemos que las llamadas se hacen desde un equipo celular, pero no sabemos de qué lugar específico, esto porque la telefonía ya no es convencional, no es la de hace una década, cuando con una simple lectura del registro de llamadas era más sencillo identificar el operador y lugar de origen. Hoy los criminales utilizan las redes sociales y la comunicación digital, y en el país el espectro electrónico no está totalmente regulado. La falta de regulación del espacio digital impide que la policía pueda investigar y determinar quiénes son los que realmente amenazan y extorsionan a los ciudadanos, sobre todo a los empresarios”, explica.
Bolaños Melgarejo asegura que es necesario perfeccionar el Decreto Legislativo 1182, norma que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Al respecto, menciona que es necesario que se obligue a los operadores de telefonía a la entrega oportuna y eficaz de la dirección IP desde la cual se recibe un mensaje o llamada extorsiva, la cual es suficiente para que la Policía determine el lugar de procedencia.
La autoridad policial es enfática en señalar que lo más de 60 penales que existen en el país deben ser reubicados en lugares no accesibles y lejos de la zona urbana. “Eso es cuestión de voluntades, son decisiones que se deben tomar a nivel político”, afirma.
“Tenemos también un Código de Ejecución Penal que tiene más de 50 años de vigencia y lamentablemente no se cumple lo que exige la norma, que es rehabilitar y reinsertar al criminal en la sociedad. Tengan por seguro que a cualquiera de los más de 100 mil internos del país, una vez que sale de la cárcel, ninguno de nosotros lo va a contratar para un trabajo, ni como obrero, ni como empleado, menos para confiarle seguridad o el traslado de nuestras familias. Como no tiene alternativa, ese reo que recupera la libertad no tiene otra opción que continuar en el círculo criminal hasta que por la edad avanzada se aparta de ello o, por alguna intervención policial, queda inválido, sale del país o muere. ¿Del 100 % de internos que están purgando condena, cuántos llegan a rehabilitarse? ¿Cuántos toman el camino del bien? Ni el 10 %. ¿Qué estamos haciendo como Estado ante ello?”, cuestiona Bolaños Melgarejo.
Cárceles escuela
Añade que los establecimientos penitenciarios, al no cumplir con el objetivo de lograr la resocialización de quien delinque, se han convertido en escuelas en las que se perfeccionan las prácticas criminales, agudizando el problema que inseguridad en el país.
“Le estamos dando mucha ventaja a los criminales, demasiada ventaja. Hay que ser sinceros, los penales son escuelas de postgrado en criminalidad. Jóvenes que por primera vez ingresan a un penal, entran como alumnos y salen con grado de capitanes. Un ingreso más y se vuelven generales de criminalidad, por eso es que los delitos cada vez son más violentos, porque en los penales se forman mejores cuadros para la delincuencia”, manifiesta.
Acota que el problema se hace aún más crítico cuando el delincuente forma una familia y esta se vuelve núcleo de prácticas ilícitas.
“Ese sujeto que sale de la cárcel y vuelve a delinquir, formará una familia y sus hijos crecerán con el espejo de un padre criminal, lo que en futuro dará como resultado tres o cuatro nuevos criminales. Pongamos más atención a los menores que están en abandono moral y material, a los hijos de los criminales, porque si no los cuidamos ahora y los formamos en el bien, serán ellos quienes le harán daño a la sociedad en el futuro”, asevera.
Tarea de todos
Luis Bolaños indica que resolver la crisis de inseguridad ciudadana no es una tarea exclusiva de la Policía Nacional del Perú. Para ello – precisa – es necesario el concurso de todos los estamentos del Estado y la participación de la población.
“El problema de la criminalidad ya escapó de las manos de la policía. Son normas las que se necesitan. Todos los años tenemos más requisitoriados capturados, más armas incautadas, más vehículos recuperados, más bandas desarticuladas, pero también cada año hay más hechos delictivos. Se necesita más apoyo de las autoridades y de la sociedad civil para combatir las diferentes modalidades de crimen. Con mejores normas y más estrategia, podemos contener lo que ocurre. Aquí no tenemos cárteles, tenemos bandas y algunas organizaciones criminales, pero la situación puede revertirse con mano firme, mayor apoyo de nuestros gobernantes y legisladores”, sostiene.
El 17 de marzo, más de 250 mil alumnos volvieron a las aulas en las instituciones públicas de Lambayeque, pero las condiciones en las que lo hicieron fueron distintas unos de otros, pues de los 1116 colegios que arrancaron, se presume que al menos más de veinte -pues ni las mismas autoridades saben la cifra exacta- lo hicieron en módulos prefabricados.
Lo más grave es que seis colegios ni siquiera pudieron empezar clases, dado que ni sus locales educativos ni sus planes de contingencia estuvieron listos para el 17 de marzo. Estos son: la Institución Educativa n.° 10149 - Elmer Cortez, de Tongorrape (Motupe); la Institución Educativa Inicial n.° 11233 – Ciro Alegría, de Humedales (Motupe); la Institución Educativa Inicial n.° 2019 – Emilia Ferreiro, en Ñaupe (Olmos); la Institución Educativa n.° 11036 – 27 de diciembre, en Lambayeque; la Institución Educativa Inicial n.° 143 – Caminitos del Saber, de José Leonardo Ortiz; y la Institución Educativa Inicial n.° 022 – Cosomito, en Chiclayo.
Apertura del año escolar
Las autoridades del sector Educación eligieron dos emblemáticos colegios para participar del inicio del año escolar: Elvira García y García, y el Mater Admirabilis. El gobernador regional, Jorge Pérez Flores, escogió este último para hacer gala de los módulos prefabricados que lograron instalarse en el estadio Carlos Castañeda Iparraguirre, a fin de que los alumnos de esta institución puedan llevar allí sus clases, pues la obra de mejoramiento de su local escolar se encuentra paralizada.
Aquel día, el gobernador entregó un cheque simbólico por 5 millones 909 mil 248.50 soles al alcalde de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez, a fin de que se reactive el proyecto de recuperación de la infraestructura del colegio.
“Tenemos la plena convicción de que la unión hace la fuerza, este es un trabajo que venimos realizando no solo con una municipalidad, sino con todas. Proyectos que se quedaron paralizados gracias a la mala planificación que se ha tenido año tras año”, diría Jorge Pérez durante su discurso, antes de interrumpirse a sí mismo al notar que los alumnos, asoleados por cerca de dos horas, no le prestaban atención.
Inversiones
Por su parte, el gerente regional de Educación, Juan Vargas Rojas, señaló que se está gestionando la ejecución de presupuesto del Fondo de Compensación Regional – Foncor, para el mejoramiento de los colegios, aunque para ello se requiere de un paraguas legal que permita darles mayor agilidad a las inversiones.
“No pasan de veinte a treinta las instituciones en la región que han empezado clases en módulos, pero estamos haciendo gestiones para que a través de una norma tengamos un paraguas legal que nos permita invertir con mayor agilidad el presupuesto. Es un presupuesto auditable del Foncor que no podemos despilfarrar así nomás, tiene una normativa especial y, por tanto, queremos que el gobierno nos apoye en la parte normativa, pues nadie quiere verse en problemas”, manifestó.
Precisó que este presupuesto es de más de seis millones de soles, el cual beneficiaría a 181 instituciones educativas que tienen mapeadas, de las cuales han identificado a 91 que requieren de una atención mayor.
“Para esos colegios estamos viendo las IOARR (Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición) y nuestro gobernador ha pedido a través del asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros que traslade el pedido de ese marco normativo a la presidenta porque tenemos que invertir ya, porque elaborar el expediente nos demandaría hasta diciembre y, quién sabe, hasta el próximo año”, indicó.
Calendarización
En cuanto a los colegios que corresponden a la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local – Ugel Chiclayo, su titular Alí Sánchez Moreno destacó que, en el caso del colegio Caminitos del Saber, los niños recibirán sus clases en la Institución Educativa n.° 430, del mismo José Leonardo Ortiz; mientras que menores del Cosomito serán trasladados a las instalaciones del colegio Juan Tomis Stack.
Además, precisó que también hay un Centro de Educación Básica Especial – CEBE, el colegio Venerable Camacho de Tumán, que tampoco pudo iniciar clases, pero ya se ha logrado que los alumnos sean trasladados a un terreno que ha sido cedido en uso por la empresa Agroindustrial Tumán, donde se instalarán módulos prefabricados.
“En el caso de los colegios de la educación básica regular se va a correr la programación y se va a adelantar la semana de gestión, en la que se haría lo que se está dejando de hacer esta semana. En el caso del Venerable Camacho se está previendo que sean dos semanas las que se reprogramen en la calendarización”, manifestó.
Añadió que el 30 % de locales escolares de su jurisdicción tienen su infraestructura en malas condiciones, es decir, alrededor de 120. Entre estos se encuentran también el colegio César Vallejo, Juan Mejía Baca, José Abelardo Quiñones Gonzales, Miguel Muro Zapata, etc.
“Con la comunidad del colegio César Vallejo estamos haciendo sobreesfuerzos para que el ya difícil panorama que tienen sea menos complicado. Este 20 de marzo nos reuniremos con el ente ejecutor que es la municipalidad de Chiclayo. El acuerdo es que, iniciada la obra, los estudiantes vayan al plan de contingencia”, mencionó.
De igual forma, indicó que el 20 de marzo también abordarán el caso del colegio Juan Mejía Baca, cuyo contrato ha sido disuelto. También se tratará el caso del Miguel Muro Zapata, cuya obra se estaría reanudando a fines de este mes.
“En el caso del colegio Inmaculada Concepción se ha logrado superar la dificultad que hubo con el proveedor del servicio de alquiler de locales. Ya los alumnos están recibiendo sus clases en estos locales. La obra ya está culminada, hay que levantar algunas observaciones para recibirla”, detalló.
Donde la situación sí es totalmente crítica es en la Institución Educativa n.° 10227, del caserío San Bernardino, en Túcume (UGEL Lambayeque), pues los alumnos iniciaron clases en chozas, sin techo ni piso, tal como lo anunció su directora Virginia Sandoval en la edición 1391 de Expresión, debido a que su local escolar -que se cae a pedazos- fue declarado inhabitable por Defensa Civil. Tal es la desesperación que los mismos padres de familia han tenido que empezar con el desmontaje de ventanas y paredes para dar pase a la demolición de su local escolar, esto con la esperanza de que puedan instalarles los prometidos módulos prefabricados donde puedan estudiar los menores.
Lejos de asumir responsabilidad sobre esto, el gerente de Educación cuestionó que las áreas de Defensa Civil de las municipalidades declaren en riesgo a los locales escolares.
“Ahora cualquier municipalidad lanza rápidamente en emergencia, pero para esa emergencia debe haber también un estudio de suelos, un estudio técnico de profesionales conocedores, expertos en el tema y no solo porque voy, miro que está mal pintado, una ventana rota, digo que está en emergencia, cuando no tenemos un plan de contingencia. Defensa Civil también tiene que aprobar de acuerdo a un informe técnico, no es que solo yo como ingeniero miro y digo que está en emergencia. Tiene que ir un equipo que haga estudio de suelos, resistencia, para garantizar si tiene o no la resistencia y, si se puede, hacer un reforzamiento”, manifestó.
Agregó que, si bien “no se puede tapar el sol con un dedo”, se debe ser responsables al momento de declarar en emergencia a los locales escolares, pues para cerrar toda la brecha en educación se requieren más de 4 mil millones de soles, cifra superior al presupuesto de la región.
“Hay que tener bastante prudencia. Con esto no quiero decir que nos vamos a cruzar de brazos, necesitamos esfuerzo, unidad entre autoridades locales y nacionales. Y repito, hago el llamado a los legisladores para que el próximo año se vea el presupuesto para infraestructura, docentes, auxiliares y un sector olvidado como son los administrativos y vigilantes que, aparte que no cuentan con programas de capacitación, no tienen el presupuesto necesario”, argumentó.
(*) Periodista.
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