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Expresión tuvo acceso a documentos que demostrarían que en el caso “Limpios de la corrupción”, no se estaría aplicando adecuadamente la legislación vigente en materia de reparaciones civiles. Como ejemplo está la reparación civil impuesta al colaborador eficaz 17-2015 y al sentenciado exfuncionario de EPSEL José Baca Távara, por el delito de colusión agravada, en el proceso desacumulado del caso “Industrias TRIVECA S.A.C.”.

 

Jorge Ramírez Ramírez, Procurador Ad Hoc del caso “Lava Jato”, en una entrevista brindada al diario La República, publicada el 31 de enero de este año, respecto de la reparación civil fijada a la empresa Odebrecht por los delitos de corrupción cometidos en el Perú, señaló que la Procuraduría está aplicando la legislación civil nacional, “…que establece dos tipos de daños: el daño patrimonial y el extrapatrimonial. En el caso del daño patrimonial se trata de montos cuantificados por la Contraloría General de la República…”, mientras que, el extrapatrimonial considera “…el daño a la imagen y al prestigio institucional y el daño social, porque aquí lo que tenemos que buscar es recuperar la confianza en la sociedad, y el que va establecer el monto final será un juez…”.

 

Agrega, que la responsabilidad es solidaria con las consorciadas y las personas naturales que están implicadas. Ramírez Ramírez se pregunta: “¿Cuál es el mensaje que quiere dar Odebrecht pretendiendo pagar lo que quieren pagar? Pues, que la corrupción sale barata: vienes, corrompes, te enriqueces ilegalmente, das información y entras a una negociación. Y esto no puede ser así”.

 

SENTENCIA A BACA TÁVARA

Mediante Resolución N° 3, del 19 de septiembre del 2017, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo emitió sentencia condenatoria contra José Baca Távara, quien participó como gerente general de EPSEL desde el 13 de enero del 2014 hasta el 23 de junio de ese año, por haberse - en opinión del Ministerio Público - coludido con Segundo Vera Cóndor, representante legal de Industrias TRIVECA S.A.C., para defraudar patrimonialmente a la empresa de saneamiento, al emitir la Resolución de Gerencial General N° 026-2014-EPSEL-SA/GG, que concedía un segundo plazo ampliatorio al Contrato N° 130-2013 para la adquisición e instalación de 20 mil medidores sin justificación válida alguna, dejando de aplicar penalidades por la suma de 416 mil 57.58, que por mandato legal estaba establecido.

 

En ese sentido, el Ministerio Público solicitó la suma de 624 mil 86.37 soles, los cuales comprendían la suma 416 mil 57.58, que corresponden a la penalidad no cobrada, y sabiendo que la reparación civil comprende la restitución más la indemnización que habría ocasionado el ilícito penal, la indemnización de 208 mil 28.79 soles, que comprende el 50 % del perjuicio ocasionado, teniendo en claro la pretensión de la doctrina concerniente a los criterios del objeto protegido, la buena imagen y la reputación en la administración pública, así como la afectación a la confianza institucional.

 

La titular del Primer Juzgado Especializado Penal de Chiclayo, falló condenando a José Baca Távara como Autor del delito contra la administración pública en su figura de colusión agravada, fijando por concepto de reparación civil la suma de 624 mil 86.37 soles.

 

Luego de formulada la apelación correspondiente por parte de Baca Távara, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, resolvió por unanimidad confirmar la sentencia del 19 de septiembre del 2017, en el extremo que condena al acusado en calidad de autor del delito de colusión agravada, fijando por concepto de reparación civil, la suma de 624 mil 86.37 soles que deberá pagar a favor de la parte agraviada.

 

SENTENCIA A COLABORADOR EFICAZ

Con Resolución N° 3, del 27 de octubre del 2016, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo resolvió aprobar el Acuerdo Provisional sobre Beneficios por Colaboración Eficaz formulado por el representante de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo respecto de la información proporcionada por el colaborador identificado con Código de Reserva de Identidad N° 17-2015, señalando, entre otras cosas, en el control de legalidad del beneficio y la pena que el Colaborador Eficaz 17-2015 se concertó con el imputado José Baca Távara “…respecto a la ampliación del plazo otorgado a la empresa Industrias TRIVECA S.A.C., quien sin sustento justificatorio habría generado dejar de aplicar la penalidad por la suma de 416 mil 57.58 soles”, estableciendo por el delito de colusión agravada, como reparación civil, la suma de 145 mil soles, estando conforme el actor civil…”.

 

En otras palabras, por los mismos hechos (ampliación de plazo contractual sin sustento justificatorio) y el mismo delito (colusión agravada), al colaborador con Código de Reserva 17-2015 se le impuso una reparación civil (145 mil soles) que ni siquiera alcanza el 25 % del monto establecido para el exfuncionario de EPSEL S.A.

 

Industrias TRIVECA S.A.C. dejó de pagar una penalidad ascendente a 416 mil 57.58 soles debido al incumplimiento del plazo establecido en el Contrato N° 130-2013-EPSEL S.A./GG para la adquisición e instalación de 20 mil medidores, meta del Plan Maestro Optimizado de EPSEL S.A. ¿Qué acciones ha implementado el Ministerio Público para sancionar a la referida empresa? ¿Se le ha denunciado ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE? Hasta donde se sabe, no.

 

¿QUIÉN ES INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.?

Industrias TRIVECA S.A.C. es una empresa peruana con domicilio real en la ciudad de Lima, que tiene como representantes legales a Segundo Vera Cóndor y a Hernán Fabricio y Marco Yván Vera Aragón (hijos de Vera Cóndor), que, de acuerdo a información recogida del portal de la SUNAT, inició actividades en 1987, aunque recién se inscribió ante la Administración Tributaria el 9 de marzo de 1993.

 

Según el portal del OSCE, Industrias TRIVECA S.A.C. empezó a negociar con el Estado a partir del 2004, habiendo desde esa fecha ganado la buena pro en nada menos que 485 procesos de selección a nivel nacional, facturando a entidades del sector público la suma de 176 millones 786 mil 442.86 soles, siendo su principal cliente la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU S.A., a la que le facturó 78 millones 687 mil 661.92  soles, producto de haber ganado la buena pro en 75 procesos de selección.

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PROCURADORES

El 20 de abril del año pasado la congresista Rosa María Bartra Barriga presentó ante la Oficina de Trámite Documentario del Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 1272; “Ley que fortalece la participación de los Procuradores Públicos en los procesos por delitos de corrupción y optimiza el proceso de colaboración eficaz”, señalando en la exposición de motivos que “…es necesario que el Procurador Público participe activamente en el procedimiento de colaboración eficaz, lo cual debe suscitarse desde la etapa de verificación y/o corroboración, que permitirá al Procurador Público tener acceso a los actuados con la finalidad de conocer la naturaleza del daño causado por el hecho punible materia de colaboración y pueda cuantificar el monto de la reparación civil a favor del Estado…”.

 

Asimismo, refiere que “…resulta necesario que el plazo para que el solicitante brinde la información para someterse al proceso de Colaboración Eficaz sea como máximo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha en que se presenta la solicitud. Consideramos que este plazo es razonable, debido a que permitirá al aspirante a colaborador eficaz el tiempo suficiente para otorgar la información y documentación necesaria para que la misma sea corroborada en su debida oportunidad…No es aceptable que no exista un plazo establecido para que el aspirante a colaborador eficaz proporcione la información, como lo podemos ver hoy en día. Siendo así que apreciamos con mucha preocupación como el Ministerio Público en la actualidad viene avanzando al ritmo del colaborador eficaz, que en muchos casos dosifica la información proporcionada de acuerdo a sus propios fines que son ajenos al esclarecimiento de los hechos y a la colaboración con la justicia…”.

 

OTROS CASOS PREOCUPANTES

En el caso en cuestión de “Los Limpios de la Corrupción”, llama la atención que el fiscal a cargo, Sergio Zapata Orozco, haya permitido que el ex gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y aspirante a colaborador eficaz, Carlos Mendoza Oliden, directamente vinculado a los delitos por lo que se investiga a la supuesta organización criminal, haya recibido un trato privilegiado, llevando el proceso en libertad e incluso se le haya aceptado la devolución de un monto irrisorio por concepto de “resarcimiento” en comparación con el daño causado. Mendoza Oliden ahora se encuentra en calidad de prófugo.

 

Similar situación se vendría dando en el caso de Percy Quesquén Díaz, a quien el mismo fiscal Zapata Orozco, archivó una denuncia realizada por este Expresión, sobre el caso de Transportes Línea, y ahora, según versiones de la propia fiscalía, sería uno de los aspirantes a colaborador eficaz en la Carpeta Fiscal 2447-2014, por lo que actualmente goza de libertad.

 

Es importante entonces la activa participación de los Procuradores Públicos que, conforme lo establece el numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 1068 los Procuradores Públicos tienen como función representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y los que de manera específica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

EN CASO “LOS LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”: REPARACIÓN CIVIL FIJADA A COLABORADORES EFICACES ESTÁ POR DEBAJO DEL PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO

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Faltan seis meses para que acabe el 2018 y este es hasta el momento el avance de la ejecución presupuestal que presentan las instituciones regionales y las 38 municipalidades de Lambayeque, indicador que evidencia la capacidad de los gobiernos, cuyas autoridades ya no tienen posibilidad de reelección inmediata.

 

ENTIDADES REGIONALES

Para el 2018, el Gobierno Regional de Lambayeque, en general, tiene asignada la transferencia de mil 248 millones 954 mil 931 soles, de los cuales ha ejecutado hasta el momento el 42.3 %, equivalente a 528 millones 201 mil 438 soles. Este presupuesto suma lo que cada una de las 14 unidades ejecutoras que dependen del gobierno de Lambayeque recibirá hasta diciembre próximo.

 

De las unidades ejecutoras con mayor ejecución presupuestal hasta el momento destacan el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, con el 72.2 % de los 94 millones dos mil 940 soles asignados para este año, seguido del Colegio Militar Elías Aguirre, que gastó hasta el 18 de junio tres millones 399 mil 401 soles, lo que representa el 58.1 % de los seis millones 69 mil 159 soles presupuestados. Los montos corresponden al Presupuesto Institucional Modificado – PIM.

 

La Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL de Ferreñafe ha gastado el 52.2 % de los 66 millones 389 mil 458 soles asignados; le sigue la UGEL Lambayeque, que con un presupuesto anual de 146 millones 587 mil 786 soles ha ejecutado el 50.5 %, en tanto la UGEL Chiclayo va gastando el 49.7 % de los 317 millones 130 mil 667 asignados.

 

A estas le siguen la Autoridad Portuaria Regional – APR con la ejecución del 48.7 % del PIM 2018, que asciende a un millón 111 mil 679 soles; el Hospital Belén de Lambayeque, que para este año administra 23 millones 245 mil 303; la Gerencia Regional de Agricultura (42.6 % de 31 millones 674 mil 994 de presupuesto anual) y el Hospital Docente Las Mercedes (38.5 % de los 60 millones 572 mil 707 asignados).

 

Más abajo están el Hospital Regional con la ejecución del 37.2 % de los 92 millones 579 mil 224 soles de presupuesto anual; la Gerencia Regional de Salud (35.5 % de 153 millones 650 mil 765 soles), la Gerencia Regional de Educación (34.5 % de 19 millones 69 mil 75 soles), la Sede Central del Gobierno Regional de Lambayeque (20.4 % de 2015 millones 96 mil 479 soles) y la Gerencia Regional de Transportes (13.3 % de 21 millones 774 mil 695 soles).

 

PROVINCIA DE CHICLAYO

Entre enero y el 18 de junio, la Municipalidad Provincial de Chiclayo ha ejecutado el 39.4 % de los 139 millones 92 mil 857 soles asignados; es decir, 54 millones 800 mil 780 soles.

 

La información económica de los distritos de la provincia, de acuerdo al Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, es la siguiente: En Chongoyape la comuna ha ejecutado el 50.4 % de los 13 millones 305.763 considerados en su Presupuesto Institucional Modificado – PIM; el municipio de Ciudad Eten gastó el 35.1 % de los nueve millones 218 mil 912 soles asignados y el de Puerto Eten el 41 % del millón 554 mil 624 soles presupuestados.

 

José Leonardo Ortiz va gastando el 36.7 % de su presupuesto anual, que para este año asciende a 33 millones 678 mil 186 soles; La Victoria el 28.3 % de los 38 millones 610 mil 631 asignados; Lagunas el 68.7 % de los 28 millones 874 mil 243 que deberá recibir hasta fin de año y Monsefú el 55 % de los 26 millones 699 mil 354 soles que recibirá en total.

 

El distrito con mayor ejecución presupuestal en la provincia es Nueva Arica, al haber ejecutado el 81.1 % de los siete millones 802 mil 600 soles asignados; Oyotún gastó el 46.7 % de los cuatro millones cuatro mil soles presupuestados; Picsi el 18.8 % de los 11 millones 949 mil 519 dados por el gobierno nacional y Pimentel el 38.6 % de los 14 millones 581 mil 863 soles del PIM.

 

Reque ha ejecutado el 14.5 % de los 23 millones es 108 mil 431 soles de presupuesto anual, Santa Rosa el 59.8 % de los seis millones 338 mil 592 soles y Zaña el 40.4 de los dos millones 986 mil 392 soles presupuestados.

 

Para este año, Cayaltí tiene presupuestados cuatro millones 132 mil 996 soles, Pátapo 15 millones 137 mil 906, Pomalca 21 millones 745 mil 571, Pucalá dos millones 209 mil 242 y Tumán cuatro millones 948 mil 12. En estos municipios el gasto hasta el momento es del 45.3, 51.1, 16.5, 35.9 y 51.4 %, respectivamente.

 

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

El gasto municipal en la provincia de Lambayeque lo lidera la comuna de Chóchope, con el 48.7 % de del millón 127 mil 472 soles de presupuesto asignado. Le siguen los municipios de Túcume con el 46.8 % del presupuesto anual que asciende a diez millones 576 mil 159 soles; Íllimo, con el 40.2 % de los tres millones 384 mil 936 soles que recibirá en total y Salas con el 39.8 % de los cuatro millones 493 mil 450 soles asignados.

 

La ejecución presupuestal en los demás municipios de la vecina provincia es la siguiente: Lambayeque 25.4 % de 60 millones 401 mil 594 soles; Jayanca 36.4 % de diez millones 966 mil 847 soles; Mochumí 29.3 % de 13 millones 814 mil 402; Mórrope 26.1 % de 28 millones 179 mil 456; Motupe 35.1 % de ocho millones 485 mil 22; Olmos 30.1 % de 29 millones 298 mil 887; Pacora 35.6 % de siete millones 601 mil 111 y San José 34.3 % de tres millones 771 mil 124 soles.

 

PROVINCIA DE FERREÑAFE

La Municipalidad Provincial de Ferreñafe ha gastado el 39.7 % de los 16 millones 415 mil 284 soles presupuestados para este año; la comuna de Cañaris el 34.1 % de los 13 millones 998 mil 250 que deberá recibir del gobierno nacional y la de Incahuasi el 32.5 % de los seis millones 808 mil 918 que administrará en el 2018.

 

Otros municipios como el de Manuel Antonio Mesones Muro el 43.4 % de los dos millones 541 mil 553 soles presupuestados, Pítipo el 49.5 % de los 22 millones 220 mil 203 asignados y el de Pueblo Nuevo el 36.7 % de los tres millones 743 mil 983 de su presupuesto anual.

EN LO QUE VA DEL AÑO: MUNICIPIO DE NUEVA ARICA LIDERA EJECUCIÓN DE GASTO PRESUPUESTAL

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El gerente de la Red Asistencial “Juan Aita Valle”, Juan Rodríguez Terrones, máximo jefe de EsSalud Lambayeque, minimizó al Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, que por acuerdo de asamblea aprobó pedir a la Presidencia Ejecutiva de la seguridad social su destitución, debido a los cuestionamiento que pesan sobre él y a los presuntos cambios irregulares que ha realizado en las jefaturas de servicios.

 

Rodríguez Terrones citó a los medios de comunicación para anunciar la llegada de los ascensores para el Hospital Naylamp, valorizados en 250 mil soles cada uno, los mismos que deberán ser instalados en las próximas semanas en el mencionado nosocomio. Asimismo, refirió que en septiembre próximo deberán llegar los cuatro ascensores para el Hospital Almanzor Aguinaga, del que también es director – gerente.

 

Luego de lanzar declaraciones peyorativas contra el trabajo periodístico de Expresión, el médico cirujano fue abordado para responder a los cuestionamientos que el Cuerpo Médico ha presentado a su continuidad como jefe de EsSalud en Lambayeque.

 

LA FALTA GRAVE

Rectificándose de lo que declaró a Expresión (Edición 1054), Rodríguez Terrones negó haber cometido falta grave contra la institución cuando acudió al Hospital Almanzor Aguinaga y a una Clínica Particular a operar, estando con descanso médico, lo que motivó el inicio de un proceso sancionador en su contra que fue confirmado por el Tribunal del Servicio Civil, suspendiéndolo de sus labores durante 21 días.

 

“Este es un ataque que viene de hace muchos años atrás con una persona específica con la cual tuvimos muchos inconvenientes de tipo administrativo, más que todo. Cuando los inconvenientes administrativos se llevan a parte personalizada incurren en distorsión de la realidad, en distorsión de la información y cuando tú te sientes abrumado administrativamente, ante los diferentes cuestionamientos que te vierten, no tienes otra forma más que acudir a la instancia judicial y ellos son los que se van encargar de determinar si estuvieron o no de manera correcta cuando me sancionaron indebidamente hace aproximadamente dos años y medio”, señaló.

 

¿Cometió falta grave al operar en el hospital estando con descanso médico? Se le preguntó al galeno, quien contradiciendo sus declaraciones de marzo pasado señaló que no.

 

“No está estipulado como una falta grave dentro de los estamentos de SERVIR, es una falta que amerita una amonestación escrita o verbal, pero de ahí al hecho de simple o llanamente sancionarme… Primero pidieron 90 días y después ejecutaron una sanción de 21, lo que de por sí es una distorsión administrativa”, manifestó, reconociendo que la medida fue confirmada por el Tribunal del Servicio Civil, aunque – según afirma – el pronunciamiento lo realizó una sala que no era competente.

 

Por otro lado, Juan Rodríguez negó también tener un proceso judicial pendiente contra EsSalud, pese a que como ha explicado y oportunamente informó Expresión, este recurrió al Poder Judicial con el objetivo de anular la sanción de 21 días que se impuso por incurrir en falta grave. Explicó que el proceso se ha iniciado “contra los que resulten responsables”; es decir, los integrantes de la Comisión de Procedimientos Administrativo Disciplinario de EsSalud.

 

SEGUNDA SANCIÓN

Recientemente Rodríguez Terrones fue nuevamente sancionado, esta vez tras la queja formulada por una paciente que denunció haber recibido la propuesta de ser intervenida quirúrgicamente de manera particular por el médico mientras se encontraba en el servicio de Emergencia. La decisión de la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial Lambayeque fue amonestar al cirujano porque además, para ejercer su defensa, accedió de manera indebida a la historia clínica de la paciente exponiendo información contenida en esta, básicamente que por ser paciente psiquiátrica su denuncia carecía de validez.

 

Rodríguez Terrones también niega el hecho, precisando que al ser médico del Hospital Almanzor Aguinaga tiene acceso a las historias clínicas. “Tengo acceso porque fui médico tratante de esa paciente, nada me impide ni me limita a eso. Lo que están haciendo es uso de una persona que tiene ciertas limitaciones para beneficio de personas e intereses personalizados. Nada de lo que están argumentando en esa amonestación que me imponen está trasgrediendo las normas institucionales, no se ha cometido ningún dolo, ninguna falta, simplemente fue una pregunta al aire libre”, afirmó.

 

Dijo que la decisión de la Oficina de Recursos Humanos, que para este caso se configura en la última instancia, se encuentra en apelación.

 

¿En caso la apelación le fuera negada, también iniciaría una acción legal?

 

“Te amonestan y sancionan administrativamente cuando cometes una falta a la institución. En este caso me quieren coaccionar en base a un hecho que solamente una persona puede ratificar y eso no es una falta en ningún lado. Que quieran otros intereses personalizados cuestionarme o difamarme ante los diferentes medios es lo que no voy a aceptar nunca”, manifestó.

 

PEDIDO DE DESTITUCIÓN

Rodríguez Terrones se refirió también al pedido de destitución realizado la semana pasada por el Cuerpo Médico del Hospital Almanzor Aguinaga, señalando que fue aprobado por solo 30 integrantes y que carece de representatividad.

 

Lo cierto es que 32 médicos del nosocomio solicitaron la realización de una asamblea extraordinaria al Cuerpo Médico, superando el mínimo requerido en el estatuto, poniendo en agenda un pronunciamiento del gremio frente a los cambios dispuestos por Juan Rodríguez como gerente de la Red Asistencial Lambayeque en los servicios del hospital, removiendo a médicos especialistas que habían ganado los puestos por concurso y que se encontraban amparados por directivas de EsSalud, que señalan expresamente que las jefaturas deben mantenerse hasta la realización de un nuevo concurso.

 

“No hay nada irregular. Se ha hecho una evaluación correspondiente, se ha hecho el sustento a la sede central y esta ha autorizado los cambios que se han realizado. Una directiva firmada en diciembre del 2017 dice textualmente que: ‘Todo cargo que haya sido asignado por concurso jefatural y que sea necesario ser removido debe realizarse con una evaluación, sustento técnico y denuncias correspondientes para que ante la Oficina de Gestión de las Personas se haga efectivo’ y eso es lo que se ha hecho”, aseveró.

 

Añadió que las jefaturas concursadas fueron por tres años y que el período concluyó en el 2016. “Sindicalmente los han querido avalar (a los jefes destituidos) a través de diferentes prórrogas, pero en cada una de estas prórrogas hay pasos que deben seguirse. Si el gestor no está haciendo una buena labor tiene que ser removido y para eso debe ser evaluado. El cambio no lo hago directamente yo, sino a través del nivel central”, sostuvo.

 

Uno de los argumentos esgrimidos, por ejemplo, para la realización de los cambios de jefaturas es el embalsamiento de citas o procedimientos no atendidos en el área de Imagenología. Sin embargo, en el caso del Almanzor Aguinaga equipos como el tomógrafo estuvieron malogrados más de seis meses.

 

Rodríguez Terrones descartó que los nuevos jefes de servicio sean personas de su entorno o sus compañeros de promoción. También se negó a responder si tiene vínculos con el congresista Clemente Flores Vílchez y si su tío, el actual presidente del Poder Judicial, Durbelí Rodríguez Tineo, tuvo alguna influencia en su designación.

 

“El Cuerpo Médico tiene la potestad de pedir mi cambio. Somos más de 240 médicos, solamente estuvieron presentes 30 en esa asamblea y es algo que no tiene mucha relevancia, sobre todo desde el punto de vista sindical. Yo soy parte del Cuerpo Médico y sé cómo se mueven esas cosas. Acá hay otros intereses de por medio”, señaló.

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Todo tipo de vehículos, desde menores hasta de carga pesada han sido dejados en las calles adyacentes a las comisarías César Llatas Castro, Norte, El Porvenir y del Departamento Antidrogas por falta de depósito municipal.

 

Las unidades vehiculares han sido abandonadas en dichas arterias, las cuales se han convertido en cementerio de autos, mototaxis, motocicletas, volquetes, tráileres y camiones, incluso patrulleros de la Policía Nacional del Perú, cuyo destino debe ser el taller de maestranza de la institución tutelar.

 

Los vehículos que se encuentran a disposición de las dependencias policiales están por años ocupando los espacios públicos, los más recientes tienen dos años.

 

Las unidades vehiculares que están en la parte exterior de las comisarías han sido intervenidas por diversas circunstancias: algunos han sido confiscados a sus dueños, otras por lavado de activos, orden de captura, deudas o accidentes de tránsito.

 

Lo peor es que año a año los vehículos retenidos ocupan las arterias y obstaculizan el normal tránsito de las personas y vehículos, además que generan el riesgo de que el lugar se convierta en un foco peligroso de basura o albergue animales de todo tipo.

 

Chiclayo requiere con urgencia un nuevo depósito municipal para alojar a las unidades vehiculares que son intervenidas diariamente por los efectivos policiales, tras infringir las normas del reglamento nacional de tránsito. El único depósito existente está cerca al terminal de EPSEL y su capacidad ha sido superada.

 

COMISARÍA LLATAS

El comandante de la Policía, César Quiroz Flores, jefe de la comisaría César Llatas Castro, manifiesta que los vehículos retenidos que se encuentran en la parte exterior de su dependencia policial son aquellos que cuentan con orden de captura ordenada por los juzgados de Lambayeque, Chiclayo y Lima.

 

A pesar que han remitido informes a la Municipalidad Provincial de Chiclayo y al Poder Judicial para que dichos vehículos sean trasladados a un depósito no hay, hasta el momento, resultados positivos.

 

“Se ha hecho las gestiones con la municipalidad, pero el depósito oficial está lleno de vehículos, ya hemos informado para que los vehículos sean entregados a los propietarios en calidad de depósito, pero hasta el momento no nos responden”, señala.

 

Añade que la policía no cuenta con un depósito propio y es a la municipalidad de Chiclayo a la que le corresponde hacerse cargo de los vehículos, habilitando con un depósito amplio para que se pueda guardar todas las unidades infractoras.

 

COMISARÍA DEL NORTE

A su turno, el mayor Juan Murga Mogollón, jefe de la Comisaría del Norte, indica que todos los vehículos que se encuentran en poder de la dependencia que tiene a su mando protagonizaron accidentes de tránsito, algunos tienen orden de captura y otros fueron utilizados para la comisión de hechos delictivos.

 

Como la comisaría no tiene capacidad para albergar a todas las unidades, solamente en el patio de dicha dependencia policial se guardan motocicletas, mientras que las mototaxis, autos y vehículos de carga pesadas son estacionados en el frontis como en los alrededores del local de la institución policial, ocupando la avenida Francisco Cúneo y la calle Arequipa. 

 

Tal como sucede en la Comisaría César Llatas, la del Norte tampoco puede trasladar los vehículos a un depósito municipal porque Chiclayo no cuenta con uno que puedan albergar a más de mil unidades vehiculares.

 

EL PROVENIR Y DEPANDRO

La avenida Arica, donde se ubica la comisaría de El Porvenir, también se encuentra abarrotada de vehículos, la mayoría de estos son mototaxi, cuyo conductores han infringido con el reglamento de tránsito y otros han participado en accidentes o asaltos.

 

Asimismo, en los exteriores del Departamento de Antidrogas, ubicado en el pueblo joven Túpac Amaru, la vía está ocupada por vehículos decomisados en las intervenciones de drogas y de lavado de activos.

 

Hace años, sujetos de mal vivir, aprovechando la aglomeración de los vehículos que se encuentran en el frontis del destacemos policial, dejaron dos granadas de guerra para amedrentar a los policías, con el propósito que ya no sigan realizando su trabajo.

 

Los transeúntes manifiestan su malestar e indican que ellos no pueden transitar libremente por dichas vías ya que están abarrotadas de vehículos y mucho de estos sirven de guaridas para las ratas y perros callejeros.

POR FALTA DE DEPÓSITO MUNICIPAL: CALLES DE CHICLAYO CONVERTIDAS EN CEMENTERIOS DE VEHÍCULOS

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