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Las autoridades regionales y municipales están próximas a cumplir los primeros seis meses de gobierno y hasta el momento – a decir del decano del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, lo que se ve es que están “en incubación”, con magros resultados y falta de capacidad para enfrentar los problemas que afectan a la población lambayecana.

 

Salazar Montaño dialogó con Expresión y mostró su preocupación por la ausencia de obras y proyectos, que a estas alturas – sostiene – ya deberían haber empezado a ejecutar tanto el Gobierno Regional de Lambayeque como los municipios, principalmente el de Chiclayo.

¿Cómo evalúa hasta el momento el desempeño de las autoridades regionales y municipales en Lambayeque?

Están en un proceso de incubación y podría hasta justificar que no hay ejecución de obras trascendentales a nivel nacional porque la gestión pasada no dejó ningún expediente para que se pueda financiar y en estos momentos estar desarrollándose. Al contrario, se retrocedió. Los proyectos que se tenían del Hidráulico Sicán y la Montería fueron desactivados y hoy ya no existen. No hay ningún otro estudio o expediente que le permita a la actuar gestión poner en ejecución.

Sé que se están elaborando algunos estudios, sobre todo para el desarrollo del presupuesto institucional y los encargos realizados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Eso en relación al gobierno regional, ¿y sobre la Municipalidad Provincial de Chiclayo qué se puede decir?

Que es una institución quebrada, que a lo largo de estas últimas gestiones se ha convertido en una entidad inerte o inútil, porque no tiene modo de acción. Las municipalidades son los instrumentos de desarrollo en todos los ámbitos, pero esta no tiene los medios, porque toda la recaudación que existe se va en gasto corriente, pago de personal, servicios y deudas. Más aún si se tiene en cuenta los juicios, los arbitrajes… Se puede sintetizar que la Municipalidad Provincial de Chiclayo está bajo un manto de ineficiencia, corrupción y sobrepoblación de servidores.

Situación que ha agravado el actual alcalde con la contratación de decenas de personas con remuneraciones por encima de los cinco mil soles para cumplir funciones medias…

Si ya había demasiada gente debió de trabajar con los mismos. Por otro lado, para traer a personal especializado un sueldo de cinco o siete mil soles es bajo, se necesitan sueldos altos.

¿Todo lo que pasa en el municipio se puede justificar en problemas anteriores o también existen hechos que son de entera responsabilidad de la actual administración y no se asumen como tal?

No hay ni una sola obra. Hace aproximadamente tres semanas le envié un documento al alcalde pidiéndole a nombre del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú que se inicie con el parchado y recapeo de las calles de la ciudad, que como todos conocemos están en un estado calamitoso. Una labor tan sencilla, que deberían hacerla, sigue sin darse.

Creo que el problema ya no es solo del alcalde, sino también de los funcionarios, porque son estos los que tienen que ejecutar e implementar los recursos. Ese es un detalle que también debería evaluarse.

En seis meses de gestión es fácil determinar si se tiene a un buen gestor y a la luz de los resultados esa no es precisamente la calificación que le corresponde al alcalde Marcos Gasco.

Hay muchos errores que ha cometido el alcalde y esto, en una ciudad que está muy sensible, crispada ante cualquier error o acto negativo, genera reacciones.

Considero que Marcos Gasco, que tiene seis meses en el cargo, debería hacer una evaluación de todo lo actuado para ver en qué se está equivocando. Yo no necesito ser decano del Colegio de Ingenieros para decir que esta gestión es poco eficiente. No hay obras hasta ahora y eso no está bien. Tiene que cambiar y no solo en su actitud, sino también en los funcionarios que deben ejecutar las órdenes que dictamina él y su concejo municipal.

Respecto a los regidores, estos tienen un rol muy importante, porque no solo son proponentes en la sesión de concejo, sino también fiscalizadores. Hay tres regidores que hacen oposición, pero su labor no solo puede ser de protesta, también deben ir a la denuncia.

¿Qué espera del alcalde Marcos Gasco?

Que se rectifique. Nuestra orden desde el comienzo de la gestión ha sentado una posición muy firme: estamos para apostar y contribuir. No busquen en nosotros confrontar o enemistarnos, porque sino las aspiraciones de la orden se quedarán truncas.

El gobernador regional, por ejemplo, está enemistado conmigo sin que yo le haya hecho algo. Se ha molestado por declaraciones publicadas en Expresión (Edición 1105) sobre nuestra posición técnica respecto a su propuesta del uso de Tinajones para el abastecimiento de agua por gravedad para consumo poblacional a todo el departamento. ¿Quién pierde? Lambayeque, porque nuestra orden, que debería estar aportando al desarrollo regional, no es escuchada por la gestión.

Las autoridades tienen que entender que son políticos y que están sujetos a la crítica de la función que desarrollan. No se trata de críticas personales o familiares, sino a la gestión que hacen. Lamentablemente no escuchan a los colegios profesionales.

¿Se anteponen otros intereses a los de Lambayeque?

El objetivo común es Lambayeque y eso es lo que entienden las autoridades. Nuestra misión como colegio, sabiendo que somos, con mucha modestia lo digo, los depositarios del conocimiento científico y técnico en Lambayeque, es proponer y pedimos que se nos escuche al menos. Si se niegan a escucharnos, no podemos responder con una patada tampoco, porque quien perderá será Lambayeque.

Hay que tender puentes para buscar lo más conveniente para nuestra región, eso es lo más importante.

¿Cuántas veces se ha reunido con el alcalde Marcos Gasco?

Una sola vez y fui para hablar del problema del alcantarillado. Nosotros tenemos un objetivo como colegio que es lograr la ejecución de un proyecto integral de agua y alcantarillado para Chiclayo, porque es la obra más importante que necesita la ciudad.

Sabemos que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha programado un financiamiento de 400 millones de soles para intervenir en el saneamiento de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, pero es una inversión que resultará vana, porque será el cambio de tubos por tubos.

Nosotros estamos trabajando en una propuesta integral para la modernización del saneamiento básico de José Leonardo Ortiz y Chiclayo. Con eso le reclamaremos al gobierno. ¿Quiénes deben ser nuestros aliados? Los municipios.

Le he dicho a los alcaldes Marcos Gasco y Wilder Guevara que sus jurisdicciones son las principales afectadas y deben ser las futuras beneficiadas con esta obra. Como orden profesional buscamos contribuir en ese sentido, pero necesitamos estar unidos para reclamar. Un colegio profesional solo no puede, pero sí con el respaldo de las municipalidades.

He visitado a ambos alcaldes para hablar del alcantarillado.

Ante la Ordenanza Municipal 07-2019, emitida por la Municipalidad Provincial de Chiclayo autorizando nuevos anillos de circulación para el transporte pesado, el CIP Lambayeque señala que es preocupante por la situación de los pavimentos. ¿Consideran que el tránsito de los camiones no afectará el alcantarillado más de lo que ya está?

Las condiciones de los pavimentos en Chiclayo no son las adecuadas para el tránsito del transporte pesado, eso es lo que hemos dicho nosotros, pero para que la ciudad cuente con vías con capacidad para soportar los tonelajes de la carga y descarga antes se debe renovar el saneamiento básico. Eso es lo más importante. En orden de prelación, primero el alcantarillado, luego pavimentos con capacidad suficiente para el tránsito pesado y después ordenamiento y señalización de las rutas de circulación. Aquí se está haciendo al revés.

Los chiclayanos deben entender que no se podrá progresar si no se tiene el agua y el alcantarillado.

¿Qué hacer para que Lambayeque recupere su sitial como polo de desarrollo en el norte?

En los últimos años hemos retrocedido. Necesitamos sensibilizar a nuestra población. Las cosas no se consiguen con pañuelos blancos, miremos al sur, las cosas se consiguen con lucha. ¿Nos vamos a quedar siempre como la Ciudad de la Amistad? Eso ya nos ha dado malos resultados.

CIRO SALAZAR MONTAÑO: “LAS AUTORIDADES NO ESCUCHAN A LOS COLEGIOS PROFESIONALES”

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Marcos Gasco Arrobas está próximo a cumplir sus primeros seis meses como alcalde de Chiclayo y hasta el momento suma una treintena de bajas en su equipo de funcionarios, ninguna obra iniciada, una denuncia por presunta corrupción y decisiones que lejos de resolver los problemas de la provincia los agudizan. Con ese ritmo, el futuro de la comuna local es cada vez más incierto.

 

La frivolidad de la autoridad municipal se puso en evidencia apenas el primer día de su mandato, cuando decidió caminar desde la Iglesia Santa María Catedral hasta el Palacio Municipal sobre una suntuosa alfombra roja, en tanto la ciudad se sumía en la suciedad y el caos resultado de la crisis de gobierno que dejó el recluido exalcalde David Cornejo Chinguel.

Ese mismo día Gasco tuvo que tragar el vergonzoso momento de ver cómo uno de los funcionarios, al que había designado como jefe del Centro de Gestión Ambiental, huyó de la ceremonia de juramentación pues pesaba sobre este una orden de captura.

 Se trataba de Walter Pérez Carranza, involucrado en el caso de falsos proveedores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y contra quien el Poder Judicial había dictado mandato de prisión preventiva. Solo minutos antes de la huida del funcionario, Gasco Arrobas había señalado que en su gestión no permitiría “un solo indicio de corrupción”.

En las primeras semanas del nuevo gobierno edil, varias de las gerencias y subgerencias de la comuna se mantuvieron acéfalas, lo que confirmó la carencia de cuadros técnicos en el equipo que aupó a Gasco al sillón municipal. Todo hace indicar que en el afán de cubrir los puestos se omitieron los filtros correspondientes, al punto que se designó a Milagros Carranza Farro como gerente de Asesoría Jurídica de la comuna, pese a que había sido sentenciada a dos años de cárcel suspendida por participar de un matrimonio ficticio.

 

FUNCIONARIOS CON SENTENCIA

Sin embargo, el caso de Carranza Farro no fue el único que despertó sospechas sobre la falta de idoneidad de los convocados por Marcos Gasco. A la lista se suma la designación de Cristian Rosenthal Ninpaytan y Mario García Martínez, a quienes se nombró como gerente general y subgerente de Fiscalización de la municipalidad de Chiclayo, respectivamente.

Ambos fueron convocados por Gasco Arrobas pese a que tenían pendiente el proceso judicial seguido en su contra por el caso del incendio de las Galerías Nicolini, en Lima. A fines de enero, la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte de Lima confirmó el fallo en contra de los funcionarios, sentenciándolos a prisión suspendida en su ejecución e inhabilitándolos para el ejercicio de la función pública.

Pese a la claridad del fallo judicial, el alcalde insistió en mantener a Rosenthal Ninpaytan como gerente general de la comuna, hasta que no tuvo más remedio que aceptar su renuncia. Se dice que este sería hoy uno de los asesores tras bambalinas de la gestión edil.

 

CAMBIOS Y ROTACIONES

Si algo ha caracterizado a esta gestión en 150 días es la inestabilidad de sus funcionarios en los cargos. Varios renunciaron, pero otros fueron movidos entre las gerencias y subgerencias, buscando quizá calzar con los perfiles, los mismos que fueron ajustados con una de las primeras disposiciones emitidas por la administración.

En dos meses de gestión, Gasco Arrobas hizo 23 cambios de funcionarios e incluso la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo y la Policía Anticorrupción intervinieron el municipio al detectar que la subgerente de Sanidad y Vigilancia Sanitaria, Berenice Morales Vega, no cumplía con el perfil para ocupar este cargo, toda vez que es tecnóloga médica de profesión.

Peor aún, se estableció que en la municipalidad existen resoluciones de alcaldía que no aparecían publicadas y otras tantas en las cuales hay errores que generan suspicacia, llevando a pensar que no se ha sabido, si quiera, en qué puestos fueron nombrados determinados profesionales. 

Sobre los funcionarios, la Contraloría General de la República ha emitido ya informes, señalando que varios no cumplen con el perfil requerido, incluso tras la adecuación forzada que emprendió el gobierno municipal. Uno de los designados es Fermín Valdivieso Villena, sobrino del alcalde, quien se desempeña como Procurador Público Municipal.

 

DESABASTECIMIENTO CON TRAMPA

Otro hecho que ha tendido una nube gris sobre la administración es la declaratoria de desabastecimiento inminente en el servicio de residuos sólidos, acuerdo que adoptó con el aval de la mayoría del concejo provincial y que posteriormente ratificó, pese a las advertencias y observaciones del Órgano de Control Institucional – OCI, que ha señalado en sendos informes que se trata de un proceso irregular, que no se ajusta a las normas vigentes.

Pasando por alto todo ello, la comuna sacó adelante el proceso de selección directa por más de un millón 800 mil soles para el alquiler de diez camiones compactadores, beneficiando a la empresa Veolia Servicios Perú. Sobre dicha contratación, OCI también se ha pronunciado, aseverando que la empresa no cumplía los requisitos mínimos y que los actos preparatorios del proceso no fueron los adecuados.

 

VEOLIA Y LA DENUNCIA PENAL

La contratación de Veolia como operadora de residuos sólidos en Chiclayo es uno de los casos más espinosos que al alcalde Gasco le tocará enfrentar ante la justicia. En el acta de otorgamiento de buena pro, suscrita a inicios de abril pasado, se consignó que la empresa contaba con el registro autoritativo emitido por el Ministerio del Ambiente, de acuerdo a lo que exige la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, pero el documento recién le fue extendido a Veolia el 24 de ese mes, dos días después de haber suscrito el contrato con la municipalidad.

Dadas las irregularidades de la declaratoria del desabastecimiento inminente en el servicio de residuos sólidos y la poco transparente contratación de Veolia, se presentaron diversas denuncias que han sido acumuladas en una misma carpeta fiscal, cuyo trámite deberá determinar si corresponde o no iniciar la acción penal contra el alcalde, los regidores que votaron a favor y los funcionarios que oficializaron el contrato.

 

JUGOSOS SUELDOS

En lo que va de su mandato, Gasco Arrobas se ha quejado de la falta de recursos en la comuna para atender los problemas más urgentes de la provincia. Empero, no su administración no vaciló en la asignación de jugosos sueldos para unos cuantos privilegiados en cargos de confianza.

Al mes, la Municipalidad Provincial de Chiclayo destina más de 300 mil soles para cubrir los sueldos de 44 gerentes, subgerentes y jefes de unidades, cuyas remuneraciones oscilan entre los cinco mil y siete mil soles.

Al respecto se tiene como antecedente que una de las primeras acciones de Marcos Gasco, con el respaldo de la mayoría del concejo, fue aprobar el incremento de su remuneración a 11 mil 50 soles, pretensión que tuvo que quedar en suspenso luego que el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, informara que no había emitido el decreto supremo correspondiente facultando el aumento o nivelación de sueldos de las autoridades municipales.

 

DECLARACIÓN QUE NO CUADRA

Gasco Arrobas cumplió con la presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al inicio de su mandato como autoridad. Sin embargo, algunos aspectos de esta llaman la atención.

Tal como consta en el documento, que es de acceso público en la Contraloría General de la República, Gasco Arrobas declaró tener como único ingreso, procedente del sector público, los nueve mil soles que percibe como alcalde de la provincia desde enero de este año, en tanto, pese a que es conocida su actividad empresarial (en el rubro gastronómico en Lima), no ha consignado ingresos del sector privado.

A ello se suma que Gasco Arrobas declaró poseer bienes valorizados en 930 mil soles y otros ingresos ascendentes a 75 mil soles, aunque no se especifica su procedencia. Lo que es público, de acuerdo a la norma vigente, es la información contenida en la segunda sección de la declaración de ingresos, bienes y rentas.

Para postular a la alcaldía de Chiclayo, Marcos Gasco presentó en su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, ingresos anuales por 216 mil soles, todos procedentes del sector privado, así como cuatro propiedades: una casa, un edificio y dos locales, todos en sociedad, valuados en aproximadamente seis millones 200 mil soles.

Si se compara las declaraciones del 2018 y el 2019 se notará una amplia diferencia en los montos detallados. Así, Gasco pasó de percibir más de 216 mil soles del sector privado el año pasado a nada este año, y de tener bienes (inmuebles) en sociedad por más de seis millones de soles a unos valuados en menos de un millón.

 

CERO OBRAS

Para este año, la Municipalidad Provincial de Chiclayo  tiene asignado un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, ascendente a 130 millones 112 mil 696 soles, de los cuales ha ejecutado hasta el momento el 20.5 %. Del monto total, 52 millones 491 mil 120 soles están destinados a la ejecución de proyectos.

De acuerdo al Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la inversión en obras por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas, desde enero, es nula.

Por ejemplo, no se ha gastado nada de lo referido a “Estudios de pre inversión” (140 mil soles) y tampoco en el “Mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable y desagüe” (cinco millones 764 mil 687 soles).

El municipio tiene aprobados y con financiamiento 20 obras de rehabilitación de pistas y cuatro de agua y saneamiento. De estos tampoco ha ejecutado un sol.

 

COMPRA DE LECHE

El sobrino del regidor oficialista Carlos Montenegro Gonzales fue beneficiado por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas con un millonario contrato, convirtiéndose en proveedor de leche fresca de la municipalidad.

El 19 de febrero la comuna provincial lanzó la Licitación Pública SM-1-2019-MPCH-CS-1, para la “Adquisición de leche fresca y hojuelas para el Programa de Vaso de Leche 2019”, con un valor referencial de un millón 975 mil 326.64 soles. El expediente de contratación fue aprobado con la Resolución de Gerencia Municipal N° 08-2019-MPCH-GM, del 7 de febrero.

Para el primer ítem de la convocatoria (venta de leche fresca) solo se presentó el empresario Tulio Montenegro Vásquez, con una oferta ascendente a un millón 93 mil 453.57 soles, recibiendo 100 punto en la evaluación y el contrato correspondiente.

 

ORDENANZA PARA LOS AMIGOS

Hasta el momento, la careza del pastel en la gestión Gasco es la Ordenanza Municipal 07-2019, que autoriza la circulación de camiones de carga y descarga de más de 39 toneladas en el casco central de la ciudad, norma aprobada por la mayoría del concejo provincial y que beneficia directamente a la empresa de transportes propiedad de la familia del alcalde, así como a los familiares del regidor oficialista Pedro Ubillús Falla y al concejal Andrés Calderón Purihuamán.

El propio cuñado del alcalde, Luis Vigil Urdiales, y otros vecinos pidieron al Ministerio Público su intervención frente a la aprobación de la ordenanza. Ahora, se encuentra en curso una acción de amparo presentada por organizaciones de la sociedad civil para dejar sin efecto la norma, para cuya emisión no se tuvo siquiera estudio de suelos y menos el informe técnico de EPSEL respecto a la situación del saneamiento básico en las calles habilitadas para el tránsito pesado.

 

+ NOTICIAS

  • Otros hechos que sobresalen del primer semestre de Gasco es su grosero comportamiento con los medios de comunicación y las erráticas designaciones realizadas en la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo.

GASCO: SEIS MESES DE INCAPACIDAD

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  • Invocan vulneración de derecho a la vida, al medioambiente, al agua potable y a la salud.

 

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil cumplieron con el compromiso asumido en asamblea pública y el miércoles por la tarde ingresaron la demanda de amparo contra la Ordenanza Municipal N° 07-2019, emitida por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas, que autoriza el ingreso de camiones de carga pesada al casco central de Chiclayo.

 

El escrito de 104 folios ingresó al Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, que despacha el juez Juan García Mayorga, lleva las firmas del presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro; el decano del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional VIII y presidente del Consejo Regional de Colegios Profesionales, Víctor Soto Cáceres y del decano del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque, Manuel Cuzquén Montalván.

Asimismo, las rúbricas de Juan Diego Dávila Cisneros, decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque; Gladys Serquén Solano, decana del Colegio de Relacionistas Públicos; Viviana Santillán Medianero, decana del Colegio de Enfermeros – Consejo Regional IX Lambayeque; Evid Manzuri Guevara, decana del Colegio Odontológico; Manuel Mestanza León, decano del Químico Farmacéutico; Antonio Uriarte Gonzales, decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque; Violeta Cubas Llamo, decana del Colegio de Profesores del Perú – Lambayeque, y William Saucedo Acosta, representante del Colegio de Periodistas del Perú – Lambayeque.

También se adhirieron el representante de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Maximiliano Santolaya Silva, y el presidente de la Asamblea de Delegados de las Organizaciones de la Sociedad Civil – ADOSCIL, Álvaro Mendoza Cortijo.

 

DECANO

Pese a que entregó copias de su Documento Nacional de Identidad – DNI, y se comprometió a la firma de la demanda como decano del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, Ciro Salazar Montaño dio marcha atrás horas antes de la presentación del escrito ante el Poder Judicial.

Argumentando que se encontraba de viaje, el decano de los ingenieros faltó a su palabra. Horas después se conoció que se había reunido con el alcalde Marcos Gasco Arrobas en el Palacio Municipal, acto en el que también participó el decano del Colegio de Psicólogos de Lambayeque, Max Plaza Quevedo.

 

PETITORIO

La demanda, suscrita también por el abogado Rolando Manayalle Sánchez, pide al Poder Judicial que se declare inaplicable las normas que se derivan de los dispositivos legales a los que se refieren todos los artículos de la Ordenanza Municipal 07-2019-MPCH/A, del 24 de mayo del 2019, a excepción de lo establecido en el sexto artículo, que establece un plazo para que los grandes almacenes que operan dentro del anillo vial, en un plazo de 12 meses, tengan sus operadores logísticos fuera del anillo vial obligatorio y trasladen su mercadería en vehículos menores, evitando el ingreso de vehículos pesados de 30 toneladas a la ciudad.

El pedido de inaplicación de la ordenanza se sustenta en que esta vulnera los derechos fundamentales del derecho a la vida, a un medioambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la vida humana, derecho al agua potable de la población chiclayana, así como el derecho a la salud. Se pide que se restituya el estado de las cosas a lo establecido por la Ordenanza Municipal N° 06-2012-MPCH/A.

 

FUNDAMENTOS

“La Municipalidad Provincial de Chiclayo ha emitido la Ordenanza Municipal N° 07-2019-MPCH/A, por la que aprueba el acceso del transporte público de carga y descarga a la ciudad de Chiclayo y aprueba un nuevo circuito vial de forma obligatorio para los vehículos que presten servicio de transportes público pesado de carga y descarga dentro de la ciudad de Chiclayo, perteneciente a las categorías N1, N2, N3, 01, 02, 03, 04, los mismos que deberían circular las 24 horas por las vías que allí se especifican”, señala la demanda.

Como se ha sustentado, realizando el test de proporcionalidad en sus tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, la ordenanza afecta los derechos fundamentales de todos los habitantes de la ciudad de Chiclayo, pues resulta más gravosa que la finalidad que pretende.

“En los documentos vistos, sustentatorios y considerandos de la misma ordenanza municipal no se advierte que haya contado con un informe técnico u opinión técnica a favor de la misma por parte de la Gerencia de Proyectos de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, fundamental en el presente caso, porque la empresa debió emitir opinión favorable que avale que el sistema de agua y desagüe no corre ningún peligro por la rodadura de los camiones de ese tonelaje”, se menciona en la demanda presentada.

“La finalidad de la citada ordenanza municipal es beneficiar a un sector de transportistas y a un reducido grupo de negocios mayoristas ubicados en la ciudad de Chiclayo. Sin embargo, para tal efecto dicha norma municipal de carácter autoaplicativa vulnera abiertamente derechos fundamentales”, añaden los demandantes.

SOCIEDAD CIVIL CUMPLIĂ“ SU PALABRA: PRESENTĂ“ ACCIĂ“N DE AMPARO CONTRA LA ORDENANZA DE LOS CAMIONES EMITIDA POR LA MPCH

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  • Autoridades de la Universidad de Chiclayo incumplen hace dos años sentencia que ordenó nuevas elecciones para la Asamblea Universitaria.

 

Dos años después que el Poder Judicial ordenara que la Universidad Particular de Chiclayo y su Comité Electoral realicen un nuevo proceso eleccionario para la designación de representantes de docentes ante la Asamblea Universitaria, la sentencia sigue sin cumplirse, lo que configura un flagrante desacato a la autoridad jurisdiccional, razón por la que se ha requerido la destitución del actual rector Alberto Ortiz Prieto, pero además de los integrantes del máximo órgano de gobierno de la casa superior de estudios.

 

El mandato dispuso que las nuevas elecciones se celebrasen con las mismas listas y los mismos integrantes que participaron en las votaciones del 23 de enero del 2017: “Docencia Universitaria Independiente” (DUI) y “Organización de Facultades Unidas” (OFU).

Durante este tiempo, ante la renuencia de las autoridades de la universidad, el Poder Judicial realizó varios requerimientos. Uno de ellos es el que se concretó con la Resolución N° 15, del 6 de agosto del año pasado, con la que ordenó el cumplimiento de la sentencia en un plazo máximo de cinco días bajo apercibimiento de multa, mandato que fue desatendido.

El 20 de diciembre del 2018, con la Resolución N° 18, el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo volvió a presentar el requerimiento, otorgando tres días de plazo para que se cumpla con la sentencia bajo apercibimiento de multa, el mismo que tampoco fue atacado, tan igual como sucedió con la Resolución 22, del 4 de marzo de este año. En esta última resolución se otorgó tres días para el cumplimiento de la sentencia en todos sus extremos en un plazo de tres días, esta vez bajo apercibimiento de denuncia al amparo del Artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Nuevamente la UDCH hizo caso omiso.

El caso se inició tras la presentación de un recurso de amparo presentado por los exdocentes Nelson Espinoza Guerrero, Juan Prado Quispe, Germán Galecio Carrera, Geni Cueva Caramantín y María Farro Arboleda.

 

ACCIÓN FISCAL

Lejos de dar cumplimiento al mandato, el 11 de enero de este año la Universidad Particular de Chiclayo solicitó la extromisión del proceso de los amparistas, solicitud que fue declarada improcedente por el Poder Judicial el 22 de enero.

En marzo último, cuando el juzgado emitió la Resolución 22, resolvió también oficiar al Ministerio Público para que determine la responsabilidad penal de los demandados por desobediencia y resistencia a la autoridad, remitiendo copias certificadas de las piezas procesales pertinentes.

Con ello se generó el Caso N° 2847-2019, actualmente en etapa de investigación preliminar en la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, en el que resulta como imputado Alberto Ortiz Prieto, rector de la Universidad Particular de Chiclayo, y agraviado el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, cuyo mandato se encuentra pendiente de cumplimiento.

A ello se suma que el 2 de mayo, con Resolución 26, el juzgado declaró improcedente la solicitud presentada por la universidad para que se aplique la conclusión y archivo del proceso pese a que no se ajustó a los mandatos judiciales, ordenándole que en tres días “cumpla con indicar el procedimiento realizado para el nuevo acto eleccionario para representantes de los docentes a la Asamblea Universitaria, esto es, cómo se eligieron los Comités Electorales, debiendo acompañar las actas de dichas asambleas”.

Asimismo, se dispuso que la universidad informe sobre la situación laboral de los docentes que presentaron el recurso de amparo que dio origen al proceso, los mismos que fueron despedidos por la administración de la casa superior de estudios. A estos nuevos requerimientos la UDCH también se ha mantenido renuente.

 

ACCIONES CONTRARIAS

Por el contrario, el 11 mayo la universidad publicó en el Diario La República la convocatoria a elecciones para el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud para el 20 de ese mes, convocado por un Comité Electoral sin tener en cuenta la legalidad de los comités electorales. A decir de los amparistas, esto representa una burla y desobediencia reiterada a los mandatos judiciales.

“Tenemos dos años de notificada la sentencia con el mandato judicial sin cumplir, tres requerimientos de cumplimiento, un apercibimiento de desobediencia a la autoridad en ejecución, un apercibimiento de multa, un requerimiento de informe sobre los Comités Electorales formados, y todo sin cumplimiento que desnaturaliza el Artículo 22 del Código Procesal Constitucional, pues la sentencia que causa ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa en sus propios términos por el juez de la demanda y deben cumplirse bajo responsabilidad”, afirma Juan Prado Quispe.

Explica que la sentencia emitida por el Quinto Juzgado Civil, que ordenó el nuevo proceso eleccionario para la designación de representantes docentes ante la Asamblea Universitaria, es de actuación inmediata, pues se violaron los derechos fundamentales de elegir y ser elegidos.

“Siendo un proceso judicial constitucional, al desacatar el mandato, burlándose del órgano jurisdiccional, el agravio constitucional es de gran magnitud, por lo que hemos requerido que la Universidad Particular de Chiclayo cumpla la sentencia en sus propios términos, realizando un nuevo proceso electoral ordenado e informe al juzgado sobre el modo de conformación de los comités electorales en el plazo de tres días bajo apercibimiento de destitución del cargo del rector responsable Alberto Ortiz Prieto”, señala.

 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO

Prado Quispe ha solicitado al juzgado hacer extensivo el apercibimiento de destitución de sus cargos en la universidad a los miembros del Consejo Universitario, debido a que es este órgano el que arribó al acuerdo Resolución N° 125-2019-CU-UDCH y a la Resolución N° 191-2019-CU-UDCH, con la que se convocó a elecciones para el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud.

“Con estas publicaciones queda debidamente verificado que los miembros integrantes del Consejo Universitario al ordenar la publicación, a sabiendas que no se ha regularizado el funcionamiento de la Asamblea Universitaria y sus Comités Electorales, están también desacatando e incumpliendo el mandato judicial, constituyendo una actitud desafiante al órgano jurisdiccional. Estará a salvo quien haya tenido voto discordante”, precisa Prado Quispe.

De conformidad con el Artículo 58 de la Ley Universitaria N° 30220, concordante con el Artículo 14 del Estatuto de la UDCH, “el Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la Universidad”, y está integrado por el rector (que lo preside), los vicerrectores, un cuarto del número total de decanos elegidos por y entre ellos, el director de la Escuela de Posgrado, los representantes de los estudiantes regulares que constituyen el tercio del número total de los miembros y un representante de los graduados con voz y voto.

“Los acuerdos se adoptan en sesión del Consejo Universitario y deben constar en acta respectiva y se publican mediante resolución. Entonces es en sesiones, donde se adoptaron los acuerdos de publicar las convocatorias a actos electorales, autorizando al Comité Electoral las publicaciones mencionadas, en fragrante desafío al órgano judicial, por lo que deben ser comprendidos en el desacato y desobediencia a su autoridad”, indica Prado Quispe.

El exdocente añade que como quiera que se desconoce a los integrantes del Consejo Universitario, con excepción del rector, se ha pedido al Quinto Juzgado Civil de Chiclayo que ordene a este alcanzar la nómina personalizada de los miembros del Consejo Universitario a mayo del 2019, lo que permitiría individualizar la imputación de resistencia y desobediencia a la autoridad; bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad y remisión de partes al Ministerio Público para los efectos pertinentes.

 

POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD JUDICIAL: PIDEN DESTITUCIĂ“N DEL RECTOR Y DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UDCH

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