El seguro de desgravamen ha sido, tradicionalmente, una condición indispensable en la contratación de diversos tipos de créditos en el Perú. Este seguro garantiza que, en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente del deudor, la deuda sea cubierta, liberando a los herederos de dicha responsabilidad. Sin embargo, recientes disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) han eliminado la obligatoriedad de este seguro en préstamos de consumo, tarjetas de crédito y préstamos vehiculares, manteniéndola únicamente para créditos hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas. Esta medida plantea interrogantes sobre sus beneficiarios y afectados en el sistema financiero peruano.
Beneficios para los consumidores
La eliminación de la obligatoriedad del seguro de desgravamen en ciertos créditos puede traducirse en una reducción de costos para los usuarios. Al no estar obligados a adquirir este seguro, los consumidores podrían acceder a préstamos con menores gastos asociados, lo que incrementaría la accesibilidad al crédito, especialmente para aquellos que anteriormente podían verse limitados por los costos adicionales del seguro.
Por ejemplo, si un consumidor adquiere un préstamo de consumo por S/ 10,000 con un plazo de 24 meses, el seguro de desgravamen podría representar un costo adicional mensual de S/ 10 a S/ 20, dependiendo de la entidad financiera y las condiciones del contrato. Sin este seguro, el usuario podría pagar menos en cada cuota, lo que podría resultar atractivo para quienes buscan minimizar sus compromisos financieros mensuales.
Otro beneficio importante es la posibilidad de elegir entre opciones más flexibles. Antes de esta medida, los bancos ofrecían el seguro de desgravamen con proveedores propios, limitando la capacidad del usuario para comparar costos. Ahora, los consumidores pueden decidir si desean asumir el riesgo o contratar un seguro con la aseguradora de su preferencia.
Riesgos para los consumidores
No obstante, prescindir del seguro de desgravamen implica que, en caso de fallecimiento o invalidez del deudor, la responsabilidad de la deuda recaería directamente sobre los herederos. Esto podría generar situaciones financieras adversas para las familias, especialmente si no cuentan con los recursos necesarios para cubrir dichas obligaciones.
Por ejemplo, si un trabajador con un crédito personal de S/ 50,000 fallece sin un seguro de desgravamen, sus herederos (cónyuge, hijos o padres) tendrán que asumir la deuda pendiente. Esto podría afectar gravemente su estabilidad económica, especialmente si los ingresos familiares son limitados o dependen exclusivamente del deudor fallecido.
Además, las entidades financieras podrían incrementar las tasas de interés para compensar el mayor riesgo asumido al otorgar créditos sin esta garantía, lo que encarecería el costo del financiamiento. Si bien el cliente podría beneficiarse de cuotas mensuales más bajas sin el seguro, podría terminar pagando más en intereses en el largo plazo.
Impacto en las entidades financieras
Para las instituciones financieras, la eliminación del seguro de desgravamen podría representar un aumento en el riesgo crediticio. Sin la cobertura que ofrece este seguro, las entidades estarían más expuestas a incumplimientos en caso de eventos imprevistos que afecten la capacidad de pago de los deudores. Esto podría llevar a una revisión de sus políticas de crédito y a un ajuste en las condiciones ofrecidas, como el incremento de las tasas de interés o la implementación de criterios más estrictos para la aprobación de préstamos.
Conclusiones
La eliminación de la obligatoriedad del seguro de desgravamen en ciertos créditos en el Perú presenta tanto oportunidades como desafíos. Mientras que algunos consumidores podrían beneficiarse de una reducción en los costos asociados al crédito, otros podrían enfrentar mayores riesgos financieros en ausencia de esta protección. Las entidades financieras, por su parte, deberán ajustar sus estrategias de gestión de riesgos para adaptarse a este nuevo escenario, lo que podría traducirse en cambios en las condiciones de los préstamos ofrecidos.
Recomendaciones
Educación financiera: Es fundamental que los consumidores comprendan las implicaciones de contratar un crédito sin seguro de desgravamen. Las entidades financieras y organismos reguladores deben promover programas de educación financiera que informen sobre los riesgos y beneficios asociados.
Oferta de productos diversificados: Las instituciones financieras deberían ofrecer opciones de crédito tanto con cómo sin seguro de desgravamen, permitiendo a los clientes elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades y capacidades financieras.
Evaluación de riesgos: Las entidades financieras deben reforzar sus mecanismos de evaluación de riesgos para mitigar posibles incrementos en la morosidad, considerando la ausencia del seguro de desgravamen en ciertos productos crediticios.
Monitoreo regulatorio: La SBS y otras autoridades competentes deben mantener una vigilancia constante sobre el impacto de esta medida en el sistema financiero, asegurando que no se comprometa la estabilidad del mismo y que se protejan los derechos de los consumidores.
En resumen, la decisión de eliminar la obligatoriedad del seguro de desgravamen en ciertos créditos en el Perú es una medida que, aunque busca flexibilizar el acceso al financiamiento, requiere de una gestión cuidadosa por parte de todos los actores involucrados para garantizar que los beneficios superen a los posibles riesgos.
El título en mención, invita a una reflexión profunda sobre varios aspectos relacionados con la educación, la cultura y la identidad de una región costera como Lambayeque. Asimismo, se hace un llamado a la necesidad de una mayor educación y conciencia en relación al mar y su relevancia para el desarrollo regional.
Aunque la frase original pertenece al libro “El mar de Chile”, del autor Jorge E. M. Arancibia, donde señala que: “La población no ha sido educada o motivada lo suficiente para que en la práctica seamos un país marítimo”, el autor sugiere que, aunque Chile tiene una extensa costa y recursos marinos significativos, la sociedad a 1993, fecha de publicación del libro, no había desarrollado plenamente una conciencia o aprecio por su identidad marítima. Esto implicaba que existía una falta de educación y motivación en la población respecto a la importancia del mar en la vida cultural, económica y social del país. En el libro, Arancibia analiza la importancia del mar para Chile, destacando actividades como la pesca, la navegación, explotación de recursos marinos y sobre todo la protección del medio ambiente.
Lo que pasó en el sur
Chile comprendió la necesidad del desarrollo por mar y con el transcurrir de los años, ahora es considerado un país con un significativo potencial de desarrollo marítimo, su ubicación geográfica le otorgó ventajas, estrategias para el comercio internacional y la pesca, sectores que son pilares fundamentales para su economía. Asimismo, Chile ha estado promoviendo constantemente políticas para fortalecer su infraestructura portuaria, mejorar su logística y fomentar la sostenibilidad de sus actividades marítimas. El desarrollo de energías renovables marinas, como la eólica y la mareomotriz, también ha cobrado relevancia, posicionando a Chile como un líder en innovación y sostenibilidad en ámbito marítimo después de Brasil.
En cambio, a nivel regional, con el título denominado “La población no ha sido educada o motivada lo suficientemente para que en la práctica seamos una región marítima”, sugiere que, a pesar que Lambayeque es una región con salida al mar, la sociedad no ha recibido la educación o la motivación necesarias para reconocer y aprovechar adecuadamente los recursos y oportunidades que el mar ofrece. Esto implica que hay una falta de conciencia sobre la importancia del mar en aspectos como la economía, la cultura, la sostenibilidad y el desarrollo social.
El llamado a una mayor educación y conciencia en relación al mar, se refiere a la necesidad de implementar programas educativos que informen a la población sobre la importancia del mar, sus ecosistemas y su potencial para el desarrollo económico, social y cultural de la región. Esto puede incluir la promoción de actividades relacionadas con la pesca sostenible, el turismo marítimo, la conservación del medio ambiente marino y el desarrollo de industrias vinculadas al mar.
Además, es importante mencionar que las autoridades anteriores no han mostrado un debido interés durante su periodo de gestión. Esto sugiere que hay una falta de liderazgo y compromiso por parte de quienes han estado en el poder para impulsar políticas y acciones que fomenten una mayor educación y conciencia sobre el mar. “Lambayeque, es una de pocas Regiones donde sus autoridades no están cumpliendo con los lineamientos establecidos en relación a la Políticas de Estado vigentes, seguimos siendo una Región estancada, sin visión de futuro, a la fecha, no existe ninguna obra de impacto regional relacionada al desarrollo de la industria naval; y, las instituciones relacionadas al sector marítimo, no cumplen un papel eficiente” (R. Díaz. Políticas para el Desarrollo Marítimo. Diario Regional La Industria. 02 SEPT 2019.); y, sin el apoyo adecuado de las autoridades, es difícil que se logren cambios significativos en la percepción y aprovechamiento de los recursos marítimos de la región.
Dentro de los aspectos relacionados con la educación, cultura y la identidad, los mismos que hacía referencia al inicio del presente artículo, hago mención de lo siguiente:
Educación y conciencia marítima
En relación a la educación, se podría señalar que hay una falta de educación especifica que impide que la población lambayecana reconozca y valore su entorno marítimo. Esto podría implicar que las instituciones educativas en general, no están promocionando adecuadamente el conocimiento sobre la importancia del mar, la navegación, la conservación de los ecosistemas marinos y las diversas oportunidades que ofrece el mar para el desarrollo socio económico y cultural. “De allí, la importancia de que la condición marítima esté fuertemente incorporada en el Plan Educativo Regional Lambayecano”. (R. Díaz. Gobernanza Marítima. Diario Regional La Industria. 17 dic 2015).
Con respecto a la conciencia marítima, cabe señalar de manera urgente que la contaminación marítima está ocasionando un gran perjuicio a nuestra región, a la fecha sigue existiendo ausencia al “… realizar las respectivas inspecciones de prevención de la contaminación por hidrocarburos, aguas sucias y basura, debido a que estos tipos de contaminación genera que las Playas de Lambayeque no estén aptas para su uso, como consecuencia, ahuyentan la inversión privada, donde el turismo recreativo y el turismo marítimo aún no tienen un gran apogeo en las costas de nuestra Región.” (R. Díaz. El mar Lambayecano y su contaminación. Diario Regional La Industria. 31 marzo 2015).
Motivación y cultura
La motivación es un factor clave para la participación activa de la población en actividades relacionadas con el mar. Si la comunidad lambayecana no se siente inspirada o no ve el mar como un recurso valioso, es menos probable que se involucre en su preservación y explotación sostenible. Esto también podría reflejar una desconexión cultural con la identidad marítima, dónde la población no se siente parte de una comunidad que valora la proximidad que se tiene con el mar.
Desarrollo sostenible
La falta de educación y motivación puede tener consecuencias directas en el desarrollo sostenible de la región. Sin una población informada y comprometida, es difícil implementar prácticas que protejan el medio ambiente marino y que fomenten un uso responsable de los recursos marítimos. Esto puede llevar a la sobreexplotación y degradación de los ecosistemas, afectando tanto a la biodiversidad como a las economías locales que dependan del mar.
Responsabilidad colectiva
Es necesario que exista una responsabilidad colectiva, no solo en las instituciones relacionadas al sector marítimo, sino también en los diversos niveles de gobierno, organizaciones públicas y privadas; y, medios de comunicación que tienen y juegan un papel importante en la creación de una cultura marítima. La colaboración entre todos estos actores es de suma importancia para fomentar un sentido de pertinencia y responsabilidad hacia con el mar.
Oportunidades económicas
Hay que tener en cuenta las oportunidades que se pierden al no aprovechar el potencial marítimo de la región. La pesca formal, turismo marítimo, investigación marina y otras actividades relacionadas pueden ser motores de desarrollo económico, pero requieren de una población educada y motivada para llevarlas a cabo de manera efectiva y sostenible.
Finalmente, el desarrollo de políticas públicas que apoyen estas iniciativas, así como la promoción de alianzas estratégicas a nivel regional e internacional, permitirá maximizar el aprovechamiento del potencial marítimo, beneficiando no solo a la economía local, sino también al bienestar de las comunidades y al medio ambiente en su conjunto.
(*) Ingeniero Naval, magíster en Gestión Pública y egresado de la maestría en Administración Marítima y Portuaria.
Cuántas veces lo hemos escuchado o leído en titulares breves que parecen consagrados y creativos memes en el escenario de la política centralista peruana, aunque en realidad se trata de una expresión lingüística que trasciende por ser un pleonasmo burdo para el purismo del lenguaje. Si el buen Denegri lo oyera con atención, seguramente convocaría a Martha Hildebrandt para resolver lo que Noam Chomsky señaló alguna vez: el ser humano desarrolla competencia lingüística para comunicarse, pero olvidó que un político nace para los memes como cancha, y cree que pedirle «cero asaltos» o «cero bombas» es ingenuo en lo que respecta a un individuo con aspiraciones presidenciales incapaz de gestionar una región crucial. Ostentar poder sin dominio del lenguaje es un virus cuyos efectos superan a los de la covid-19, pues hablar o escribir con propiedad es tan humano como el parpar de un pato o el rebuzno de un cuadrúpedo —y no me refiero necesariamente al inocente burro—.
Ejercer el buscado poder a diestra y siniestra sin el mérito usual de la palabra, salvo cuando esta sirve de insumo para creativos memes virales, implica existir al margen de la propia competencia comunicativa. El buen y sano discurso es también una dosis discreta de filosofía y razonamiento contextualizado que debe verse reflejado en cualquier político. El poder sin palabra es la ambición vacía que socava cualquier destreza intelectual. Preguntarse: «¿qué haría en Trujillo ahorita si ocurriera un asalto o tiran una bomba?», lo más probable es que este dedicado servidor huya o salga despedazado por doquier —ya respondí—; por tanto, la interrogante no busca respuesta, sino evidenciar la condición flagrante de «no poder hacer nada», mientras se buscan camas Susy en tiempo de pandemia. Con esta lógica, solo se ratifica la condición humanoide de quien, consciente de que de llegar a la presidencia no actuará, nos inundará de material para ingeniosos memes. Seguramente, Carlin terminará henchido de precario conocimiento para elevar su nivel y ser recordado como meme antes que como forjada competencia lingüística.
El poder ajeno a la palabra es una categoría históricamente deformada por la audacia humana, sometida a un cambio brutal al perder relevancia en el contexto político del verboide de crepúsculo candidato de corta palabra. Para nadie es un secreto que «[e]n Trujillo no hay secuestro, ahora hay extorsión», frase tan segura como quien la profiere con desparpajo y racionalidad oculta ?tal vez creada adrede?. Su egoísmo lingüístico se expone en cada intento por trascender al hablar como político. Cada movimiento labial tras el verbo genera dicotomías entre el racionalismo andino y la dislexia doctoral desmedida. Su comprensión alucinada sugiere que la extorsión es «otro nivel» de convivencia —salvo que mi dislexia me confunda—. Incluso podría pensarse que la delincuencia ha mutado hasta permitirnos caminar sin temor al secuestro, lo que implicaría que la extorsión no opera por celular. Afirmar que no hay secuestros es, de cierto modo, decirnos que ya no hay a quién secuestrar o es que se trata de un vano oficio frente a la extorsión. Algo así como que en la actualidad ser político es cualquier oficio de mandato popular.
Edad para aprender
Sostener tal razonamiento del político huele más a mensaje copiado bajo la carpeta cuando dábamos examen, sin que el profesor detecte el plagio. Según mi dislexia desbordante, el candidato solo sigue indicaciones y actúa como ventrílocuo posmoderno dentro de la fauna política. Como corolario, esta amalgama insana entre el poder y la palabra es el desmadre del racionalismo humano bien trabajado desde siempre, porque de algún modo existe, no importa que su vida sea un meme. Desde siempre ha sido un recurso social que lo mantiene vigente. Lo esencial consiste en ser carnada explosiva de un lenguaje vanguardista de periplo irreversible. El poder y la palabra, en su lisura y prosapia, resultan el dinamismo encubierto que forjan estilo y fungen pureza y propiedad cada vez que enfrenta al receptor. Dicen que para el amor no hay edad, como tampoco para aprender; ojalá, con la madurez política, hable mejor y yo pueda descartar la idea de ser disléxico de nacimiento cuando leo la sutileza de su precario lenguaje en memes o pintorescos titulares al día siguiente.
(*) Investigador Renacyt | Palmas Magisteriales 2016.
Durante la madrugada del domingo un grupo de delincuentes abaleó el bus de la famosa orquesta de cumbia, Armonía 10, arrebatándole la vida a Paul “El Ruso” Flores, vocalista más antiguo de la agrupación. Semanas atrás, múltiples artistas y grupos musicales habían denunciado ser víctimas de extorsión y haber recibido amenazas, en tanto que en el congreso sendas mociones de censura contra la cartera de Interior no podían prosperar por falta de votos. Esa misma fatídica noche detonaban una granada de guerra en un conocido local de Puente Piedra, mientras que en Chiclayo quienes disfrutaban de una conocida discoteca de la ciudad, tuvieron que ser evacuados al correr riesgo de asfixia luego de que una bomba lacrimógena fuera utilizada para amedrentar a quienes se resisten a ceder ante el crimen.
Esta es solo una pequeña fracción de las víctimas en una de las tantas noches en las cuales el número de perjudicados depende mayormente de la voluntad de los criminales. La inseguridad en nuestro país se ha incrementado a niveles alarmantes, mientras que el gobierno parece ser incapaz de tomar medidas concretas que puedan hacer frente a una situación verdaderamente lamentable.
La pérdida de Paul Flores no solo es importante por el mero hecho de figura pública de la víctima, sino que su irreparable deceso visibiliza una realidad concreta que es la falta de manejo del gobierno en materia de seguridad ciudadana, un problema que por su cotidianeidad hemos prácticamente normalizado, pero que no solo se percibe, sino que se siente.
Las cifras
Según el ‘Barómetro de Seguridad’ y datos de la encuesta Inseguridad ciudadana en Perú de IPSOS, al menos ocho de cada diez peruanos a nivel nacional perciben inseguridad al salir de sus hogares. Las cifras revelan que el 76 % de la población no se siente segura en las calles, mientras que solo el 22 % experimenta una sensación de seguridad.
En la misma encuesta (IPSOS,2025) realizada en febrero de este año cuando se consulta a los ciudadanos sobre los grandes culpables de esta ingrata situación refieren principalmente a la presidenta Dina Boluarte, con 56% y el Congreso de la República, con 42 %, como los principales responsables de los problemas de inseguridad que vive el país, según revela el estudio. También son considerados responsables de la inseguridad la Policía Nacional (37 %), los fiscales (32 %), el Ministerio del Interior que lidera Juan José Santiváñez (29 %).
Desconfianza
Otro tema no menor resulta la desconfianza de la gente hacia sus instituciones. Según el estudio, esta ha incrementado considerablemente en todos los aspectos de persecución del delito: Un 70 % desconfía del trabajo de la Policía Nacional en su lucha contra la delincuencia. Asimismo, dadas las leyes que han favorecido al crimen organizado, es del Congreso de quien más desconfía la gente con un 92 %, seguido del Ministerio del Interior con 83 %. Esta resquebrajada relación es un factor fundamental que se debe restaurar desde una política pública que pretenda abordar la situación de manera seria.
Esta desconfianza no es para nada gratuita, si analizamos la operatividad de la PNP podemos observar de acuerdo con el documento elaborado por la Dirección General de Información para la Seguridad, adscrita al Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, la Policía presenta un 44% de unidades vehiculares inoperativas; es decir, 8.022 unidades. De esa cifra, un 26 % (4.656 unidades) es irrecuperable, mientras que un 19 % (3366 unidades) es recuperable. "(El Comercio, 2025). ¿Cómo se supone entonces que una PNP en estas condiciones puedan enfrentar un enemigo de esta naturaleza?
Las cifras parecen indicar que es la sociedad civil quien tiene una visión más exacta de lo que ocurre en realidad, mientras que la respuesta del gobierno, además de una férrea defensa mediática del ministro de educación Morgan Quero, se ha basado una vez más en la declaratoria del Estado de emergencia en Lima y Callao, una medida que ya ha sido implementada en anteriores oportunidades con resultados bastante discretos. Así pues, a pesar del ruido político que se ha generado a partir de las mociones de censura planteadas incluso por cierto sector de los aliados del gobierno, este ha decidido hacer caso omiso, ignorando los cuestionamientos hacia la desgastada gestión del titular de la cartera de Interior, Juan José Santiváñez.
Declarar el estado de emergencia no es una solución suficiente para combatir la crisis de inseguridad ciudadana en la que nos encontramos, ya que se trata de una medida temporal que, si bien permite una mayor presencia militar y policial en las calles, no aborda las causas estructurales del problema. La delincuencia está relacionada con factores como la falta de empleo, la corrupción en las instituciones, la impunidad en el sistema judicial y la falta de oportunidades educativas para los jóvenes. Además, el crimen organizado y el narcotráfico han evolucionado y requieren estrategias más sofisticadas que solo el despliegue de fuerzas de seguridad. Como medida inmediata y visto el actuar de este ministerio un relevo en el ministerio exigido por varios sectores podría refrescar la gestión siempre y cuando esto implique directrices claras como las ya descritas.
Para lograr un cambio efectivo, es necesaria una reforma integral del sistema judicial y policial, garantizando procesos eficientes y sanciones efectivas contra la delincuencia. Es fundamental fortalecer la inteligencia policial para desarticular organizaciones criminales, en lugar de enfocarse únicamente en la represión. Además, se deben implementar programas de prevención que incluyan acceso a educación de calidad, empleo digno y espacios seguros para los jóvenes en situación de riesgo. La inversión en tecnología, como cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y patrullaje inteligente, también puede mejorar la seguridad. Sin estas medidas estructurales, el estado de emergencia solo será un paliativo y no una solución duradera.
(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com
