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Visiblemente incómodo por las preguntas de Expresión, el gobernador regional Jorge Pérez Flores dijo no saber cómo es que se gastan los recursos públicos en la gestión que dirige; aseguró que seguirá viajando al exterior y reconoció que hasta el momento no informa al Consejo Regional sobre su periplo por Taiwán, pese a que el plazo ya se venció.
El miércoles último desde la Oficina de Comunicaciones del Gobierno Regional de Lambayeque se convocó a una conferencia de prensa en la que, supuestamente, tanto el gobernador como otros funcionarios responderían sobre temas de coyuntura.
La cita fue a las 9:30 de la mañana en la sede regional. El gerente general del pliego, Ranjiro Nakano Osores se excusó de no poder responder a la prensa porque debía acudir a una sesión del Consejo Regional a exponer sobre el mecanismo de obras por impuestos, en tanto el gobernador participaba en una actividad en un hotel de Chiclayo. La conferencia nunca se realizó.
No obstante, los medios de comunicación abordaron a Pérez Flores en los pasillos de la sede regional, donde se pronunció, en principio, por la detención de su exgerente regional de Infraestructura, Virnel Serna Guerrero, y del exdirector de Liquidación y Supervisión, Freddy Ramos García, involucrados en una investigación por el presunto cobro de coimas a los contratistas de una obra educativa en Incahuasi, esto mientras gozaban de la confianza de la autoridad.
“Son extrabajadores que están ahora en manos de la fiscalía y el Poder Judicial para determinar su nivel de responsabilidad. Nosotros estamos trabajando con probidad, tenemos la asistencia técnica de la cooperación suiza y de Estados Unidos, a través de USAID, para poder garantizar una transparencia en todos nuestros procesos administrativos. Los hechos de investigación son por presuntos cobros o presunta coacción, pero creo que lo más importante es que se llegue a una investigación. Ya las personas están en custodia del Poder Judicial y tendrán que presentar sus descargos”, dijo Pérez Flores.
A modo de consejo, la autoridad refirió que el servidor público tiene normas administrativas que cumplir, porque de lo contrario tendrá actos civiles, penales y administrativos que enfrentar, tal como sucede con la investigación iniciada por el Ministerio Público en la cual está comprendido por la adjudicación y posterior firma de contrato con el Consorcio Vial VI, para la construcción de la carretera Ferreñafe – Mamape, pese a que fue advertido de la existencia de documentación falsas, situación que a fines de abril reconoció con la resolución que declaró la nulidad del acuerdo contractual.
Dicho consorcio recibió un adelanto de aproximadamente 900 mil soles como adelanto de obra.
Los almuerzos
El martes último, Expresión informó que el jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Sede Central, Antonio Bazán Chero, elevó el Oficio n.° 000248-2024-GR.LAMB/OFCOM [515379388 - 1], del 28 de mayo, dirigido a la jefa regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Fanny Farroñan Sánchez, en el cual solicitó la incorporación del presupuesto para la celebración del Día del Servidor Público, programada el miércoles 29 de mayo.
El monto requerido fue de S/ 35,400 para cubrir 500 almuerzos, a un costo de S/ 70.80 cada uno.
Consultados sobre si aquel requerimiento no resultaba excesivo, Pérez Flores respondió entre sonrisas:
“No creo que tengamos tanta plata, déjeme evaluar, no sé la cantidad de plata que se pueda destinar y teniendo de conocimiento que se puede pedir, pero no sé cuántos se habilite”.
Expresión le recordó a Pérez Flores que en septiembre del año pasado su gestión pagó S/ 33,150 al proveedor Sergio Rey Parraguez, por el servicio de “coffee break para el evento de exposición pública de planes de negocio”, con la Orden de Servicios n.° 1902, por lo que existen antecedentes de gastos onerosos en su administración.
“Sí, son actividades que nos las ha hecho el gobernador Jorge Pérez, hay acciones que se tienen que hacer dentro de un plan de trabajo, lo hacen todas las instituciones. Ustedes saben que el gobierno regional es una de las instituciones que más personal tiene, pero voy a averiguar”, trató de explicar Pérez Flores.
Sólo en los primeros 10 meses de la gestión de Pérez Flores, el gobierno regional gastó S/ 185,142.03 en almuerzos, refrigerios y compra de alimentos para funcionarios, servidores e invitados.
Seguirá viajando
Asimismo, se pagaron S/ 112 mil entre enero y octubre por viáticos en los viajes de diversos funcionarios, entre ellos el gobernador, que incluso recibió viáticos en el feriado por Fiestas Patrias. También se gastaron S/ 113 mil en la compra de pasajes aéreos para los desplazamientos de éstos, principalmente a Lima.
¿Volverá a viajar? Se le preguntó al gobernador regional. “Las veces que sean necesarias, cuando tengas las invitaciones y que todo esté en la regla, sí lo voy a hacer”, respondió.
Pérez Flores y su gerente general, Ranjiro Nakano Osores, se prepararían para volver a salir del país, esta vez con destino a Rumanía.
Así se señala en el Informe n.° 000002-2024-GR.LAMB.GGR, presentado el martes 28 de mayo por Nakano Osores a Pérez Flores, en el que da cuenta de que "la embajada de Rumanía brindará todas las facilidades para el viaje que realizará en la fecha del 24 al 30 de junio del presente año al mencionado país".
Este sería el tercer viaje de Pérez Flores al extranjero en lo que va del año, pues del 22 al 30 de abril viajó a Taiwán para participar de un Curso Avanzado de Relaciones Exteriores de la República de China. Sin embargo, pese a que la autorización del Consejo Regional señala expresamente que tenía 15 días a partir de su retorno para informar sobre el resultado de dicha salida al extranjero, hasta el momento el gobernador no ha cumplido con ello.
"Los documentos (informes) van a llegar", se justificó la autoridad ante la omisión.
Del 24 de febrero al 1 de marzo, Jorge Pérez y Ranjiro Nakano viajaron a España, para participar del Mobile World Congress 2024, organizado por la empresa Huawei.
Video promocional
Tampoco supo precisar cómo es que el 26 de abril pasado, la administración emitió la Orden de Servicios n.° 3247, registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, a favor del abogado Francisco Nolberto Aurich Terrones, con RUC n.° 10166361988, para la "producción y realización de video promocional", para lo cual se compromete al pago de S/ 10 mil.
“No lo conozco al señor, si así cuesta un programa, un servicio… La administración de todo esto no la hace el gobernador regional de Lambayeque, yo entiendo la posición que se tiene respecto a atañarme (sic) una actividad administrativa hacia la autoridad del gobierno regional y lo comprendo. Sin embargo, déjeme evaluar esto y si algo ocurre en contra de la norma, porque no ocurre nada fuera de la norma, se dejará sin efecto”, mencionó.
Añadió que el Órgano de Control Institucional – OCI, está activo y también el trabajo del Ministerio Público.
“Hay que evaluar por qué se compra, dónde se compra, por qué se hace en un lugar específico… Voy a tomar conocimiento y tomaré las medidas necesarias”, anotó.
MP SUMA 31 CONDENAS POR CORRUPCIÓN EN LO QUE VA DEL AÑO
En el 2023, el Distrito Fiscal de Lambayeque se posicionó en el primer puesto a nivel nacional en productividad, al resolver más de 80 mil carpetas de investigación. A decir de la presidenta de la Junta de Fiscales, Carmen Mirada Vidaurre, el compromiso es mantener ese nivel de resolución de casos y avanzar en la lucha contra la criminalidad con investigaciones más céleres y eficaces.
Miranda Vidaurre explica que entre enero del 2023 y abril de este año, ingresaron a las fiscalías de Lambayeque (que comprende también a las provincias cajamarquinas de Jaén, San Ignacio y Cutervo), 112 mil 982 casos, de los cuales 55 mil 536 corresponden a delitos contra el patrimonio, siendo 27 mil 367 por hurto.
“Entre el 2023 y lo que va del año hemos obtenido cerca de ocho mil condenas en las fiscalías provinciales penales y mixtas corporativas”, destaca en diálogo con Expresión.
Avances fiscales
El Ministerio Público de Lambayeque cuenta con 42 fiscalías provinciales y 243 fiscales, quienes el año pasado lograron concluir 80 mil 591 casos, teniendo un promedio de productividad de 572 casos por cada fiscal, con lo que el distrito se ubicó como el primero a nivel nacional.
“Esto demuestra el esfuerzo permanente de los fiscales provinciales y adjuntos provinciales, así como del personal que labora en cada despacho fiscal, habiendo sido reconocidos por el señor fiscal de la nación, Juan Carlos Villena Campana, como el distrito fiscal, que a pesar de tener un menor número de fiscales en comparación con otros y con mayor densidad geográfica, ha logrado avanzar con éxito en la solución de los casos”, refiere.
Otro logro en el 2023 es la acumulación de 50 sentencias condenatorias de hasta 35 años de cárcel por el delito de organización criminal y otros, así como 60 condenas por delitos contra la administración pública (corrupción), cuyos involucrados deberán devolver los montos apropiados ilícitamente, que superan los siete millones de soles.
En la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, se logró el decomiso de 721 kilos de marihuana, 193 kilos de clorhidrato de cocaína, 74 kilos de alcaloide de cocaína y 15 kilogramos de Pasta Básica de Cocaína – PBC; así como 64 vehículos incautados y 119 sentencias condenatorias.
Respecto delitos de lesiones y agresiones, las fiscalías consiguieron mil 263 sentencias condenatorias y 39 cadenas perpetuas por violación sexual contra menores. En materia ambiental, 110 condenas y la imposición de reparaciones civiles por más de 880 mil soles.
En lo que va del año, el Ministerio Público de Lambayeque ha obtenido 31 sentencias condenatorias por delitos de corrupción.
Carga y recursos
“Cuando se implementó el Nuevo Código Procesal Penal en Lambayeque, en el año 2009, se proyectó que cada fiscal tendría a su cargo aproximadamente 350 casos al año, como máximo. Sin embargo, hemos superado largamente esa posibilidad y ahora encontramos fiscales que tienen una carga de hasta mil casos por resolver, muchos de ellos a la espera de la programación de fechas para las audiencias en el Poder Judicial”, manifiesta la fiscal decana.
La falta de personal fiscal y administrativo es una limitante para el Ministerio Público. Carmen Miranda comenta que siendo aproximadamente 700 personas las que laboral en el distrito fiscal, el número es insuficiente para atender la totalidad de la carga.
Como ejemplo cita lo que sucede en la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR, donde hay sólo tres fiscales provinciales, seis adjuntos y 12 servidores administrativos.
Denuncias de Tumán
“Esta fiscalía atiende casos complejos, al igual que la fiscalía de corrupción de funcionarios, pero en este caso la situación se hace aún más crítica porque en la FECOR se ven también casos por lavado de activos, que son muy complejos de resolver. Por ello, por ejemplo, los trabajadores de la azucarera Tumán, que han denunciado malos manejos de los administradores judiciales, reclaman constantemente”, acota.
Explica que la denuncia de los trabajadores de Tumán inicialmente fue por irregularidades en el manejo de la empresa referida a los años 2020 y 2021, la misma que posteriormente se amplió incorporando hechos referidos a años anteriores, hasta llegar al 2016.
“Al incorporarse nuevos hechos y a nuevas personas, lo que se tiene que hacer es acumular y para probar el lavado de activos se necesitan pericias. Los trabajadores reclaman porque los tiempos van pasando, pero deben comprender que por la ampliación de las denuncias, y estando estas referidas todas al manejo de la empresa, el caso se va complejizando. No hay riesgo de prescripción, eso debe quedar claro”, indica.
Carmen Miranda comenta que no hay peritos suficientes para atender las necesidades en relación a los casos de lavado de activos. Señala que existe un proyecto que involucra la construcción de un ambiente específico para peritos, que se ubica en la sede del Ministerio Público en José Leonardo Ortiz, siendo esa la primera etapa. La segunda etapa es la asignación de presupuesto para la contratación de los peritos.
Refiere que se necesitan, mínimamente, 15 peritos, pues cada perito resuelve un informe cada cuatro meses en promedio. En la actualidad, para los casos de corrupción de funcionarios, se cuenta sólo con un perito contable.
Confianza en la institución
“La situación actual ha generado críticas negativas contra nuestra institución y eso es razonable. No podemos negar que lo que ha sucedido afecta la credibilidad de nuestra institución. Sin embargo, consideramos que tenemos que resurgir, sobreponernos y trabajar para que el Ministerio Público recobre el brillo que alguna vez tuvo. Hay que separar a los buenos funcionarios de los malos, a los buenos fiscales de los malos y eso la población lo sabe”, precisa.
Finalmente, Carmen Miranda considera necesario que los representantes en el Congreso de la República reflexionen con mayor detenimiento y amplíen el debate sobre las iniciativas que se han presentado respecto al sistema de justicia, concretamente a la creación de la Escuela Nacional de Magistratura, que pasaría a reemplazar a la Junta Nacional de Justicia.
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El CPC Walter Culqui Carrera, gerente general de Azucarera Pomalca, denunció que Hebert Mejía Ramírez, uno de los actuales poseedores de las tierras invadidas en Samán, propiedad de la empresa, acudió a la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque para solicitar se declare los predios de la empresa en abandono, con el objetivo de apropiarse definitivamente de más de 30 hectáreas de este dominio en el campo San Miguel, valorizado en varios millones de soles, situación que deberá ser dilucidada por Asesoría Legal del Gobierno Regional de Lambayeque.
El funcionario de la Azucarera Pomalca refirió que está situación es anómala porque cuando se tomaron por asalto las tierras de propiedad de la azucarera, se denunció la invasión, se demostró la propiedad, se realizaron las denuncias policiales, fiscales y el Poder Judicial inició un juicio contra los presuntos invasores, identificados como los incitadores de esta acción ilegal.
Tras nueve años del inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Público, éste acusó por usurpación a los invasores del predio Samán, requiriendo al Poder Judicial que imponga cinco años de pena privativa de la libertad.
Es así que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, que despacha el fiscal José Eduardo Céspedes García, formuló acusación por el delito de usurpación agravada, contra ocho personas, quienes habrían invadido de manera violenta un área aproximada de 30 hectáreas del predio Samán, en el campo San Miguel de propiedad de Azucarera Pomalca.
Historia del caso
Culqui Carrera relató a Expresión que el hecho se produjo el 30 de septiembre del 2015, habiendo trascurrido 9 años para que se formalice la investigación contra Teodosia Culqui Culqui, América Mendoza de Montalván, Dina Muñoz Livaque, Julián Anticona Dominguez, Darío Muñoz Livaque, Juan Eleuterio Saavedra Gonzáles, Henry Petter Huauya Huamán y Rosa Gonzáles Munayalle, entre otros, solicitando una pena privativa de la libertad de 5 años. Asimismo, la empresa Pomalca ha solicitado la restitución del predio usurpado conforme a ley.
A la fecha, este proceso se encuentra en la etapa de juicio oral ante el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, que despacha el juez Juan Cubas Bravo, en donde algunos de los acusados como Dina Muñoz Livaque, Darío Muñoz Livaque, Juan Eleuterio Saavedra Gonzáles y Rosa Elvira Gonzáles Munayalle habrían aceptado su responsabilidad penal por el delito de usurpación agravada, solicitando acogerse a la conclusión anticipada en el juicio.
Rara situación
Uno de los actuales poseedores de las tierras invadidas de propiedad de la empresa Pomalca, Hebert Mejía Ramírez, ha recurrido ante la Gerencia Regional de Agricultura para solicitar se declare en abandono parte de la tierra usurpada y, pese a la oposición formulada por la empresa, se emitió la Resolución Gerencial Regional N° 0453-2022-GR.LAMB/GRA, del 28 de diciembre del 2022, declarando ilegalmente el abandono y la reversión del área a favor del Estado.
Esta situación, sin justificación legal, bajo el argumento que dicha área no está siendo utilizada para la agricultura, cuando se trata de un espacio invadido desde el 2015 por los acusados. Actualmente, este procedimiento se encuentra en segunda instancia, y será el Gobierno Regional de Lambayeque el que resuelva la apelación interpuesta por la empresa Azucarera Pomalca.
“El Gobierno Regional de Lambayeque debe emitir un pronunciamiento final y contundente en respeto a la propiedad de privada, dando la razón a la empresa Pomalca, que es propietaria del predio invadido, conforme a una jurisprudencia de la Corte Suprema, evitando impunidad y que traficantes de terrenos continúen realizando este tipo de acciones ilegales. El Estado está obligado a respetar la propiedad privada, vivimos en un Estado de Derecho y exigimos garantías para las inversiones”, señaló Walter Culqui Carrera.
Ex directivos se habrían apropiados de más de 200 millones de soles
Las denuncias penales contra las administraciones judiciales que tuvieron a cargo el “desarrollo” de la empresa agroindustrial Tumán, parecen estar estancadas en el Ministerio Público, lo cual impide que se avance con las investigaciones y los responsables que han llevado a la crisis y a la miseria a la empresa azucarera sean castigados con todo el peso de la ley.
Mientras tanto, la empresa se encuentra paralizada y los trabajadores no reciben sus salarios y beneficios sociales desde el año 2015, cuando en la otrora “gran azucarera del norte” la masa laboral y sus familias vivían con tranquilidad. “Ahora, la situación es muy distinta, viviéndose en situaciones extremadamente difíciles”, reveló Gilberto Carrasco Lucero, abogado del Frente de Defensa de los Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán.
“Es de importancia que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para desbloquear esta situación y garantizar los derechos de los trabajadores. Además, se requiere de investigaciones diligentes ante las denuncias presentadas y la implementación de soluciones que permitan reactivar las operaciones de la empresa de manera justa y transparente. Los trabajadores no deben ser los principales afectados por esta problemática”, señaló.
Hace tres años
Carrasco Lucero detalla que desde el año 2021; es decir, hace tres años, se han presentado denuncias penales ante el Ministerio Público por parte del Frente de Defensa de los Trabajadores de la empresa Tumán, por apropiación y supuesta desaparición de más de 200 millones de soles.
Estas denuncias –añade- están dirigidas contra aquellos trabajadores que asumieron cargos como administradores judiciales desde el año 2015. Dichos administradores judiciales no habrían actuado de forma favorable para los intereses de los trabajadores y la empresa, sino que por el contrario, habrían empeorado aún más la situación social y económica de los empleados y sus familias.
La sucesión constante de administraciones judiciales agravó aún más la situación en la azucarera, cuyas disposiciones provenían de diversos juzgados y distritos judiciales.
Lo más preocupante -señala- es que a pesar de haber denunciado en su momento y oportunidad a las cuestionadas administraciones judiciales, el Ministerio Público no haya actuado con la debida diligencia para investigar y solicitar la sanción penal que corresponda. Todo esto mantiene desprotegido a los trabajadores, quienes siguen padeciendo las consecuencias de la grave situación.
“Se hace imperativo que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva, identifiquen las responsabilidades y tomen las medidas necesarias. No puede permitirse que esta situación de abandono y negligencia se prolongue aún más”, acotó.
Campos sin siembra
Desde el año 2015, la empresa Tumán dejó de sembrar y cosechar caña de azúcar, limitándose únicamente a consumir lo que ya estaba sembrado y a vender esa producción, cuyos dineros nunca ingresaron a la caja de la empresa sino a cuentas personales de los administradores judiciales, lo que implica un posible desvío de fondos y un manejo irregular de los recursos de la empresa, en detrimento de los trabajadores y de la propia sostenibilidad del negocio.
“Es una situación que denota un grave incumplimiento de las funciones y responsabilidades de los administradores judiciales designados, lo que nos lleva a actuar para no permitir que este tipo de prácticas irregulares queden impunes”, señaló.
Auditoria de parte
Los trabajadores, a través de su Frente de Defensa, realizaron una investigación e incluso una auditoría administrativa en la empresa azucarera, con el objetivo de determinar los ingresos y egresos de dinero.
Los resultados ha dejado preocupada a la masa laboral, apuntando a un presunto desvío de fondos y un manejo fraudulento de los recursos de la empresa por parte de los administradores judiciales, en una conducta que constituiría en graves delitos.
Es fundamental y crucial -señala- que se restablezca la legalidad y la transparencia en la administración de la empresa Tumán, y que se haga justicia en favor de los trabajadores.
Primera denuncia
Los trabajadores agremiados en el Frente de Defensa, presentaron una denuncia inicial ante el Ministerio Público, específicamente ante la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, en el año 2021. Esta denuncia se encuentra en la carpeta fiscal número 261-2021, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe.
A la fecha, no hay resultados a pesar de estar el periodo de investigación preliminar próximo a vencer, siendo necesario que la representante del Ministerio Público actúe con diligencia y celeridad, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, tomar una decisión sobre si continúa o no con la investigación contra la administración judicial que dirigió Marcelino Llontop Suyón en compañía de Diógenes Bocanegra Irigoín y Jorge Antonio Paredes Delgado.
“Mientras ello ocurre, los trabajadores de la empresa Tumán sufren graves perjuicios a causa de esta situación, por lo que es imperativo que las autoridades competentes le den prioridad a este caso y tomen las medidas necesarias para proteger sus derechos. No puede permitirse que el paso del tiempo perjudique aún más a esta comunidad laboral”, dijo el letrado.
Más denuncias
Posteriormente, se interpuso otras denuncias contra las administraciones judiciales de César Augusto Sandoval Lozada, Alejandro Zevalles, Daniel Rioja y Manuel Guillermo Martínez, las que se encuentran en la misma situación de espera.
“El denominador común que se ha descubierto, es que las ventas del producto que producía la empresa agroindustrial Tumán, era que todo se vendía, pero el dinero se depositaba a las cuentas personales de los administradores judiciales, perjudicando a la empresa y a los trabajadores, los que ahora ven como los bienes de la empresa se venden como chatarra”, señala Carrasco Lucero.
No pueden justificar
A la actualidad, todas las denuncias que se han interpuesto, desde el 2015 al año 2022, -explica- se han acumulado en la Carpeta Fiscal N° 018-2018, la que se encuentra a cargo del fiscal José Luis Jaramillo, quien ha tomado algunas declaraciones de los involucrados, entre ellos a César Augusto Sandoval Lozada, quien habría podido justificar el dinero que recibió en sus cuentas.
“En sus cuentas se registra depósitos de dinero por parte de la empresa Alimenta Perú. Dicha empresa depositó 6 millones de soles, de los cuales una parte se depositó en la cuenta de César Augusto Sandoval Lozada, y otra parte se depositó en la cuenta del tesorero de la administración judicial”, explicó.
Frente a esa situación -afirma- se ha considerado necesario que se le ponga la atención adecuada, presentando peritajes de parte para demostrar la cantidad de dinero que debió ingresar a la empresa y que no está registrado.
“El Ministerio Público también ha considerado necesario realizar una pericia contable. En mayo del 2023 se nos informó que había presupuesto para realizarla, pero a la fecha aún no tenemos resultados”, detalló.
Otra preocupación de los trabajadores es que el plazo de investigación de la carpeta fiscal N° 018-2018 ya está por vencer y el fiscal aún no decide si acusa o sobresee.
“La preocupación es que al término del plazo el fiscal sobresea o acuse sin tener los fundamentos que el acto penal requiere para acusar, caso contrario se irá al archivo definitivo”, resaltó.
Inventaron crímenes
“En la afectación a la empresa Tumán y en las investigaciones realizadas en contra de los inversionistas, hay intereses subalternos, así como un sinnúmero de actos dolosos e incluso se han inventado crímenes para evitar la presencia de inversionistas, por parte de algunas autoridades que ya no están en el Ministerio Público.
Para mejorar la situación económica, laboral y social de la empresa Tumán, no existe interés de los defensores del Estado e incluso del mismo procurador, quien a la fecha no se presenta a ninguna investigación a pesar de haber sido debidamente notificado”, explicó.
Millones tras millones
El letrado no descartó la existencia de una “mano negra” con vínculos de intereses en la crisis que se vive en la empresa Tumán, la que ahora ha puesto al descubierto y ha llevado a determinar la existencia de una deuda laboral de 250 millones de soles.
En compromisos tributarios, hasta el 2023, Tumán tenía una deuda de 200 millones de soles. Además, por año, desde su crisis, Tumán está dejando de percibir 110 millones de soles anuales.
En la azucarera -sustenta- no hay siembra, no hay cosecha, no hay molienda, la que ahora se hace imposible porque la fábrica no está en buenas condiciones e incluso algunos accesorios han desaparecido.
“Luego de las administraciones judiciales, surgieron nuevos millonarios en Chiclayo. Desde el 2015 los trabajadores no perciben haberes y beneficios sociales. Se hace necesario que cuanto antes se realice la pericia oficial del Ministerio Público contra las ex administraciones judiciales y evitar que en juicio los responsables de la desgracia en Tumán puedan encontrar alguna forma de evadir su responsabilidad”, indicó.
Caos en propiedades
En este disturbio, se ha producido un gran desorden lo que significa ganancias de algunos. Hay invasión de tierras de Tumán, aprovechamiento y explotación particular de las tierras, así como aprovechamiento de su patrimonio, al no existir un directorio legal.
“Hace poco un tráiler cargado de caña de azúcar de Tumán fue intervenido por la Policía, pero el Ministerio Público dispuso se le entregue al señor Alejandro Zevallos como presunto depositario, y cuando se le solicitó lo devuelva, se ha negado a hacerlo, aprovechándose del caos que existe en la azucarera”, dijo Carrasco Lucero.
Descabezado
En estos momentos – relata- no existe directorio en la empresa agroindustrial Tumán. De facto aparece Alejandro Zevallos, quien está tratando de utilizar los pocos recursos que quedan de la empresa.
“El señor Alejandro Zevallos no tiene mandato judicial, él y sus acompañantes se están imponiendo por la fuerza a los trabajadores; sin embargo, el Ministerio Público no avance con las investigaciones y vía la legalidad vuelva el orden a la empresa azucarera”, sentenció.
