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Cerca de mil personas se movilizaron el último miércoles desde el distrito azucarero de Tumán para exigir la destitución del fiscal Luis Jaramillo Cubas, quien tiene a su cargo las denuncias contra los ex administradores judiciales y malos trabajadores que depredaron a la agroindustrial. Señalan que el representante del Ministerio Público no ha realizado hasta el momento ninguna acción para preservar el patrimonio de la empresa.
Gilberto Carrasco Lucero, abogado de los trabajadores, cuenta que el fiscal Luis Jaramillo, titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, tiene en sus manos el caso desde el 2022 (antes estuvo en manos del fiscal Juan Carrasco Millones), tiempo durante el cual solo se ha formalizado la investigación preparatoria, mas no se han realizado actos para preservar el patrimonio depredado a la empresa, que asciende a alrededor de 200 millones de soles.
“Él podría haber pedido la extinción de dominio de las cuentas donde se hicieron los depósitos, la incautación de los bienes de las personas denunciadas, pero no hay ninguna medida que tienda a preservar los bienes de la empresa. Lo que pedimos es que cambien al fiscal del caso porque no ha hecho nada, creemos que ha sido negligente al no realizar las acciones necesarias”, sostiene.
Recientemente -comenta Carrasco Lucero- el fiscal ha pedido una ampliación de la investigación por 18 meses (ya estuvo investigando por 36 meses), es decir, año y medio más, pese a que ya hay investigados que han aceptado haber depositado dinero de Tumán a sus cuentas y las de terceros.
“Son cuatro las administraciones cuestionadas, la denuncia se hizo en diferentes carpetas, pero luego la fiscalía consideró que se deberían agrupar en una sola y se acumularon en la Carpeta n.°18-2018, a cargo del fiscal Jaramillo. Él ha hecho algunas acciones a impulso nuestro y ha establecido que hay indicios razonables de la comisión del delito, ha formalizado la investigación y a pesar de que ha tomado declaraciones de los implicados del caso y ha podido establecer que -efectivamente- lo que nosotros decimos es cierto, hasta la fecha no ha tomado ninguna acción para preservar el dinero que se llevaron”, menciona.
Marcelino Llontop
Del 12 de septiembre del 2015 al 15 de septiembre del 2016, la administración judicial de Marcelino Llontop Suyón, Diomedes Bocanegra Irigoín y Jorge Antonio Paredes Delgado estuvo al frente de Tumán. Entre las acciones de presunta irregularidad que se investigan durante este período está la apertura de cuentas personales para depósitos de dinero por 4 millones 916 mil 287 soles, la cancelación de servicios no realizados, la cancelación de préstamos simulados, la emisión de recibos sin valor y la entrega de bolsas de azúcar a favor de terceros.
Asimismo, está el pago de un millón 481 mil 24 soles a las empresas: ‘Servicio Universal Click SAC’ y ‘Aseo y Servicios Diversos SA’; el pago a la empresa ‘Kapaucar’ por 2 millones 536 mil 787.30 soles, al Servicios de Estudio Jurídico GB&V SAC por 778 mil 166 soles y servicios legales por un millón 178 mil 683.06 soles.
Zevallos, Egúsquiza y Sandoval
Del 16 de septiembre del 2016 al 31 de octubre de ese mismo año las riendas de Tumán estuvieron administradas por Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Eguzquiza Sánchez y César Augusto Sandoval Lozada.
De este breve período se investiga la apertura de cuentas en dos entidades bancarias por parte de Alejandro Zevallos, la adquisición de suministros por un millón 970 mil 302.16 soles, gastos legales por 156 mil 738.60 soles, el pago al abogado Carlos Martín Castillo Olazo por 84 mil 653.20 soles y la emisión de recibos provisionales por un millón 89 mil 62.25 soles.
Alejandro Zevallos
Posteriormente estuvo Alejandro Zevallos en solitario hasta el 20 de marzo del 2017. De este tiempo se investiga el contrato en Bagua con Alimenta Perú para la venta de azúcar por seis millones 315 mil soles, un depósito en su cuenta personal del Banco Continental por la suma de tres millones 15 mil soles y un depósito en una cuenta personal de Interbank a nombre del tesorero de apellido Cajusol por tres millones 300 mil soles
De acuerdo al Informe de auditoría, durante este período ingresaron 51 millones 804 mil 53 soles y hubo un egreso de 26 millones 319 mil 562 soles.
Daniel Rioja
La fiscalía también investiga la administración judicial de Daniel Rioja Sánchez y Martín Guillermo Martínez Valdiviezo. Ellos estuvieron al frente de Tumán en dos períodos: del 21 de marzo del 2017 al 24 de abril de ese año y del 13 de octubre del 2017 al 30 de enero del 2018.
De esta administración la fiscalía investiga la aceptación de un pagaré en Sechura por tres millones 300 mil soles con la empresa Multinegocios del Pacífico SAC que no ingreso a la caja de Tumán y el otorgamiento de un poder a Salatiel Marrufo para aceptar un pagaré en Bagua a Multinegocios del Pacífico SAC por un millón 800 mil soles que tampoco ingreso a caja.
Además, la fiscalía investiga un hecho inusual: el mismo día en que se deja sin efecto la designación de los administradores judiciales (24 abril 2017) se aceptó una letra de cambio por dos millones 509 mil 40 soles que tampoco ingresó a caja. Al día siguiente también se vendieron 259 mil litros de alcohol por un valor 608 mil 650 soles con cheque a nombre del excajero.
Además, se investiga el retiro de dos mil bolsas de azúcar que supuestamente iban a ser donadas a la Policía y el depósito en cuentas personales por 26 millones 192 mil 627.37 soles.
Eric Benavides
Finalmente, el Ministerio Público investiga la administración de Eric Joffre Benavides Timaná, del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2021. De aquí se recogen dos acciones de presunta irregularidad: las ventas de azúcar en bolsa, caña de azúcar en planta y melaza por la suma de 25 millones 180 mil 724.17 soles, monto del cual no se conoce el destino, y la anulación de facturas por 4 millones 64 mil 351.74 soles bajo el pretexto de un supuesto error.
Tumán hoy
El presidente del Frente de Defensa de Tumán, Vicente Castillo Nicolás, señala que de los tres mil 500 trabajadores activos que tuvo en su mejor momento la azucarera, hoy quedan solo alrededor de 50, afines a la administración de hecho. Con el devenir de los años son cerca de 2100 trabajadores los que él estima que perdieron todo.
En líneas generales, Tumán dispone de siete mil 800 hectáreas destinadas al cultivo de la caña de azúcar, pero por lo menos mil 800 están invadidas. Además, el 90 % de las dos mil hectáreas de tierras eriazas atraviesan la misma situación.
En cuanto a las instalaciones de fábrica, estas están destruidas y el 50 % de los equipos y materiales han sido sustraídos. En el campo, los 140 pozos tubulares que proveían de agua agrícola han sido desmantelados y sustraídos y toda la red de cables que proveían de energía eléctrica a los pozos tubulares ha sido robada.
+NOTICIAS:
El 5 de enero de este año, el Segundo Juzgado Constitucional de Chiclayo, a cargo del juez Roberto Santamaría Inoñan, declaró improcedente la demanda de amparo presentada por el Pedro Valdivia Dextre contra el Colegio de Notarios de Lambayeque y el Tribunal de Honor de la orden profesional, la misma que lo sancionó con el cierre de su despacho en el 2023. No conforme con la decisión, recurrió a instancia superior y luego al Tribunal Constitucional, donde está pendiente la vista de la causa.
Valdivia Dextre interpuso la demanda constitucional de amparo contra el Colegio de Notarios de Lambayeque y el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque, con el objeto de que se declare la nulidad total de la Resolución n.° 89-2023/CNLAMB/D, de fecha 12 de octubre del 2023, correspondiente al Expediente n.° 001-2016-CNLAMB-TH, del decano del Colegio de Notarios de Lambayeque, por la cual se dispone hacer efectiva la sanción de suspensión por 30 días calendarios a partir del 23 de octubre al 21 de noviembre del 2023, y proceder al cierre temporal de los registros del notario, en diligencia que se llevaría a cabo el lunes 23 de octubre del año pasado.
En su demanda, el notario incluyó también a la procuraduría pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La sanción impuesta a Valdivia Dextre fue confirmada por el Consejo del Notariado como última instancia del proceso disciplinario iniciado a partir de la denuncia de la ciudadana María Chavesta Gonzales.
Demanda
Según Pedro Valdivia, la sanción vulnera y quebranta el principio de legalidad, el derecho a la libertad de trabajo, al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, criterios que fueron analizados por el Poder Judicial en su sentencia, contenida en la Resolución n.° 6 del Expediente 00217-2023-0-1706-JR-DC-01.
El notario pretendió que el Segundo Juzgado Constitucional de Chiclayo declare la nulidad de la resolución de sanción, pese a que en agosto del año pasado había presentado la demanda contencioso administrativa ante el Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, la misma que fue remitida al Décimo Juzgado Laboral de Chiclayo. Es decir, el caso ya estaba previamente judicializado.
Pedro Valdivia apeló la decisión del juez Roberto Santamaría Inoñan, llegando el caso a la Segunda Sala Civil de Lambayeque, que en su Resolución n.° 11, del 28 de febrero de este año, confirmó la sentencia de primera instancia declarando improcedente la demanda constitucional de amparo contra el Colegio de Notarios de Lambayeque y su Tribunal de Honor.
Buscando un nuevo mecanismo para lograr su objetivo, el notario presentó recurso de agravio constitucional a fin que el caso sea revisado por el Tribunal Constitucional.
De este modo, el 10 de mayo pasado, la demanda de Valdivia Dextre generó el Expediente n.° 01546-2024-AA, estando pendiente de revisión a cargo de la Sala 1 del máximo intérprete de la Constitución, que determinará si hubo o no vulneración de derechos en su contra.
En solo una década, unas pampas desérticas situadas a 90 kilómetros al norte de Chiclayo se han convertido en uno de los mayores polos de desarrollo agroindustrial del país. Con 38.000 hectáreas irrigadas y más de 25.000 cultivadas plenamente, el Proyecto Olmos va camino de la consolidación. Sin embargo, esta zona, hogar de algunas de las más importantes compañías productoras de arándanos y paltos en la región, tiene todavía varios desafíos que enfrentar. Entre ellos, mejorar la infraestructura vial, responder eficientemente a la variabilidad del clima y asegurar el servicio hídrico para las próximas décadas.
En un desierto situado entre el mar y los Andes, a unos 90 kilómetros al norte de la ciudad de Chiclayo, se levanta uno de los mayores polos de desarrollo agroindustrial del país. Es el Proyecto Olmos. En las Tierras Nuevas, donde hace diez años prácticamente solo había arena, hoy se han levantado más de 25.000 hectáreas (ha) de cultivos, principalmente arándano, palto y caña de azúcar. En sus fundos trabajan diariamente miles de personas que, en épocas como la del ‘peak’ de cosecha del arándano pueden superar fácilmente las 50.000. Según los datos de la Asociación Cultivando, que reúne a la mayoría de las empresas agroindustriales de la zona, cada año el Proyecto Olmos da trabajo a unas 67.500 personas.
Fue el 14 de noviembre de 2014 cuando las aguas provenientes del río Huancabamba, que corre por las estribaciones andinas de Piura y Cajamarca, discurrieron por primera vez por las pampas de Olmos. El proyecto había comenzado mucho antes, como idea desde los años veinte del siglo pasado y como proyecto desde los años sesenta, pero comenzó a concretarse recién en 2004, cuando la empresa Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) ganó la adjudicación del componente de trasvase de las aguas del Huancabamba a la cuenca del río Olmos y, sobre todo, cuando diez años después, se abrieron las compuertas y las aguas, a través de una red de 54 kilómetros de tuberías, empezaron a bañar las 38.000 hectáreas destinadas a las Tierras Nuevas y las 5.500 hectáreas del llamado Valle Viejo.
¿Cuál es el balance de estos diez años? ¿Cuánto creció el proyecto? ¿Cuál ha sido su impacto en la vida de las personas que habitan las zonas de influencia, como los distritos de Olmos y Mórrope y las comunidades aledañas?
“El principal cambio que ha habido en estos diez años es el cambio en la vida de las personas que trabajan acá”, dice Juan José Gal’Lino, director de operaciones de Agrovision Perú y vicepresidente de la Asociación Cultivando. “Estas 38.000 hectáreas son hectáreas donde no existía ningún tipo de agricultura. Toda es área de mejora, trabajo nuevo para la gente de Mórrope, Olmos y zonas cercanas. Es un polo económico de desarrollo súper potente que partió de cero y que luego de diez años ha traído una gran mejora a los habitantes de estas zonas”.
“Lambayeque es una región que no tiene canon”, observa Yuri Armas, presidente de Cultivando. “El gran aporte que hacen las empresas del proyecto es darle a Lambayeque un ingreso anual de 1.900 millones de soles por concepto de sueldos y salarios de los más de 67.000 trabajadores, dinero que dinamiza la economía de la región y del país”.
Según las cifras de Cultivando, en el área de influencia de la irrigación la pobreza extrema se redujo en un 70 %, gracias al empleo formal que originó la agroindustria en esta parte del país.
“Son más de 67.000 familias que no estaban en los programas sociales del gobierno y que han podido salir de la pobreza”, complementa Armas. “Somos los principales empleadores formales de la región”.
Una proeza de diez años
Para José Lecaros, exgerente general de Pro Olmos (hoy Cultivando), la grandeza del proyecto no solo reside en el impacto económico y social que ha logrado en la región, sino también en la velocidad con la que ha conseguido su desarrollo.
“Lo que se ha hecho en Olmos ha sido algo increíble para la agricultura del Perú”, dice. “Sembrar más de 25.000 hectáreas en menos de diez años, cuando en Chavimochic o Ica, por ejemplo, se tomaron más de veinte, es un logro que hay que reconocer y que pone a Olmos como uno de los grandes hitos de la agricultura en el país”.
En 2023 había exactamente 25.342 ha instaladas en estas Tierras Nuevas. Para 2024 se proyecta un crecimiento de la superficie cultivada, la que llegaría casi a las 26.000 ha. De esas más de 25.000 ha se realizaron exportaciones por más de US$1.200 millones el año pasado. ¿Cómo se logró esta proeza en tan poco tiempo?
José Lecaros dice que un factor clave que explica el desarrollo de la agroindustria a gran velocidad fueron las condiciones del contrato de adquisición de los lotes.
“Por contrato, las empresas tenían que sembrar el 50% del área en un lapso de cinco años, de lo contrario había una penalidad”, explica. “El que compraba tenía claro que no llegaba allí para especular, para guardarlo y ver si lo vendía después”.
Lecaros dice que otra razón que explica la celeridad del desarrollo ha sido la tarifa de agua, mucho más elevada que las de otras irrigaciones, y que tiene la condición de ser ‘Take or Pay’, es decir, que se cobra de forma fija, independientemente del consumo.
“En el proyecto no cobran por el consumo de agua. Si tú consumes 1 litro o los 10.000 litros que tienes, tienes que pagar igual”, explica. “Desde el día 1 tienes un costo importante y eso, de alguna forma, te motiva a poner a producir los campos”.
El valor inicial de la tierra se multiplicó por cinco
José Lecaros y Juan José Gal’Lino coinciden en que las condiciones para hacer agricultura en el proyecto son duras y que eso, en parte, puede explicar por qué varias de las empresas que llegaron inicialmente a la zona se fueron en los siguientes años.
De la docena de compañías que se adjudicaron los lotes en las subastas de 2011 y 2012, solo quedan Agrolmos (Grupo Gloria), que conserva 10.800 ha destinadas a la caña de azúcar; Danper, con 1.000 ha, repartidas en palto, espárrago y uva de mesa; Chimú Agropecuaria, que ya no tiene actividad agrícola y se dedica exclusivamente a su negocio avícola; Agrícola Pampa Baja, que tiene 1.300 hectáreas, dedicadas al cultivo del palto; y Corporación Agrícola Olmos (CAO), originalmente ICCSA, que tiene palto y espárrago.
Con el tiempo arribaron otros jugadores al terreno, como Mission Produce, Complejo Agroindustrial Beta y Agrovision, los que ayudaron a convertir a Olmos en una de las zonas productoras de cultivos de exportación más importantes del país.
Hoy en día, después de varias adquisiciones y cambios de propiedad, son 13 las empresas asentadas en la irrigación. Además de las señaladas están produciendo Agrícola Alaya (palto y arándano); Frusan (arándano y uva); HFE Berries (arándano); Plantaciones del Sol (palto y arándano); Berry Harvest (arándano), que llegó el año pasado; y Unifrutti, compañía de capitales árabes que este año compró tres lotes de 1.000 ha cada uno con palto a AvoAmerica Perú y un lote con arándano a Bomarea, también de 1.000 ha.
Otras importantes empresas han llegado a Olmos, si bien no al Proyecto Olmos como tal, sí lo han hecho al ‘valle viejo’ como Asica Farms (palto, uva de mesa y mango); Trapani Cultivares (limón); Surandina (maíz); y Agro Latam (páprika).
“Cuando ha habido empresas que, por decisiones estratégicas o temas financieros, se fueron del proyecto, siempre hubo otra que entró en su reemplazo, y eso continúa hoy”, dice Juan José Gal’Lino. “Hoy en día no hay terrenos vacíos en Olmos. No hay terrenos en venta”.
Cuando se lanzó la primera subasta, en 2011, el precio base fue de US$4.250 por hectárea (eventualmente, el precio promedio superó los US$5.120 por hectárea). Gal’Lino calcula que hoy, considerando todo el valor agregado que ha habido en estos diez años, el precio por hectárea debe de ser de cinco veces el precio original.
Costos de una mala infraestructura
Los usuarios de la irrigación consultados para este informe coinciden en reconocer lo lejos que ha llegado el proyecto en esta primera década, pero señalan que todavía no ha alcanzado su pleno potencial. Es verdad, dicen, que ha habido un gran aprendizaje en el manejo de los cultivos, logrando dominar aquellos más desafiantes y entendiendo, en el caso del arándano, por ejemplo, cuáles son las variedades más adecuadas para enfrentar los desafíos climáticos y complacer los requerimientos del mercado. Pero, remarcan, este es un aprendizaje constante. El ciclón Yaku y el Niño Costero, que afectaron el año pasado el norte del país, fueron una prueba de fuego para los productores de Olmos, sobre todo los de palto y mango, los cultivos más golpeados. Y es que el clima les dio a los productores un mensaje de que hay que seguir preparándose para los desafíos que impone la variabilidad climática.
Uno de los retos más importantes que hay que abordar es el de la infraestructura vial, señalan.
“El principal tema pendiente es el completar las vías de acceso a la irrigación”, dice Yuri Armas, quien también es gerente de Desarrollo Comunitario de Mission Produce. “Nosotros compramos lotes, el más pequeño era de 1.000 hectáreas, con un sistema de pago del agua de ‘Take or Pay’, pero no había vías de comunicación. Las hemos tenido que ir haciendo en el transcurso de estos diez años y realizando mantenimiento todos los años para que nuestros trabajadores puedan ingresar por caminos medianamente decentes y para que nuestra fruta, cuando tenga que salir, salga sin maltratarse, porque entendamos que esa fruta no se queda en el Perú, sino que va a diferentes destinos en el mundo”.
“Ya se han creado las fuentes de trabajo en Olmos”, dice Octavio Paredes, fundador de Agrícola Pampa Baja y uno de los pioneros del proyecto. “Lo que tenemos que mejorar son las vías de comunicación. Cuando hay Niño estamos fregados, estamos dos meses sin salir ni entrar”.
“El tema de mover a la gente, de traer personal para que trabaje, es un reto bien complicado”, dice Felipe Venegas, gerente de Servicios y Desarrollo de Agrovision Perú. “Los empresarios han hecho todo de su parte porque todo está sembrado, pero el Estado no ha acompañado con las carreteras. Nosotros hemos hecho una carretera que viene de Mórrope hasta la irrigación, dos veces al año le hacemos mantenimiento con nuestra maquinaria. Pero ese es un tema que hay que resolver”.
Juan José Gal’Lino dice que debido al mal estado de las vías, las empresas gastan US$5 más por persona al día en transporte.
“Pero no es solo un costo económico”, dice. “El mayor costo es el desgaste de la persona. No es lo mismo trabajar a 20 o 30 minutos que trabajar a hora y media o dos del centro laboral, donde, además, se llega por una carretera en malas condiciones, en un viaje largo y maltrecho. Es un menor ingreso para el trabajador y un menor tiempo para la familia. Hay un costo oculto allí”.
Yuri Armas propone como una alternativa poner en concesión una carretera que vaya desde la ciudad de Olmos hasta la Autopista Panamericana Norte, a la altura de Mórrope, pasando por la ‘nueva y aún abandonada Ciudad Sutton’, en el lado oeste de la irrigación. Según el presidente de la Asociación Cultivando, la construcción y el mantenimiento de esta vía podría ser financiado con peajes.
Los entrevistados coinciden en que la inauguración de la Ciudad Sutton ayudaría mucho al desarrollo de la agroindustria porque serviría de alojamiento o de residencia permanente a los miles de trabajadores que llegan al proyecto en los picos de cosecha. Hace algunas semanas, el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional de Lambayeque anunciaron que en octubre de este año se convocaría a un concurso público para la adjudicación del primer macrolote piloto en la nueva ciudad, que sería de 22 hectáreas. Calcularon que el proceso de adjudicación se realizaría en el primer trimestre del 2025 y que el ganador de este proceso ejecutaría las primeras viviendas sociales en los siguientes meses.
Como se sabe, la Ciudad Sutton es la primera ciudad planificada del país y cuenta con un área de 757 hectáreas, en las que se han proyectado 52 macrolotes destinados a uso residencial, comercio, industria, educación, salud y recreación. Ha sido concebida para albergar a unos 100.000 habitantes.
Recrecer la presa Limón: una necesidad
Los usuarios del Proyecto Olmos dicen que en la irrigación también hay asuntos pendientes en lo que se refiere al impacto social en sus trabajadores. La construcción del hospital modular de Essalud, por ejemplo, cuyo terreno de 10.000 metros cuadrados fue entregado por Pro Olmos a esa institución en el año 2022. O la construcción de más escuelas públicas en las comunidades aledañas.
Pero uno de los temas que ha generado mayor interés e, incluso, preocupación entre algunos agricultores es el abastecimiento de agua para los próximos años. Esto debido a que este año, desde agosto, los caudales del río Huancabamba están en sus mínimos históricos y eso ha obligado a la concesionaria CTO a prorratear el recurso hídrico trasvasado hacia las Tierras Nuevas y el Valle Viejo. A esta situación extraordinaria se suma el problema de la colmatación de la presa Limón. Con el cambio climático cada vez más presente, se teme que la situación de escasez se repita en los próximos años.
“Sabemos que el actual concesionario del trasvase ha hecho una propuesta al gobierno regional para hacer el recrecimiento de la presa Limón”, dice Yuri Armas. “Vamos a ver cómo nosotros recibimos el ‘feedback’ del concesionario y del gobierno regional para ver si será una obra pública o una iniciativa privada y si eso afectará la tarifa del agua”.
“El recrecimiento de la presa es una tarea pendiente, que solucionaría el problema de forma definitiva porque tendríamos la capacidad de tener una mayor disponibilidad de agua”, dice Juan José Gal’Lino. Como se sabe, la altura actual del embalse es de 43 metros y el plan es elevarla hasta los 85 metros.
Juan José Lecaros, quien hoy es gerente de la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas Valle Nuevo de Olmos, también confía en que la obra señalada garantizará el agua para la irrigación, pero reconoce que la actual situación de escasez ha llevado a varios productores a activar sus pozos de agua subterránea antes de lo previsto.
“El estiaje de este año ha obligado a algunas empresas a encender los pozos antes de tiempo”, dice. “Normalmente lo hacían en octubre o noviembre, cuando llegaba el estiaje, pero hoy lo están haciendo desde agosto”.
Felipe Venegas, quien además de ser gerente de Servicios y Desarrollo de Agrovision es presidente de la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas Valle Nuevo de Olmos, reconoce que en algunos fundos se ha comenzado a hacer perforaciones. En Agrovision, por ejemplo, están perforando dos pozos más, con lo que dentro de poco tendrán 16 en total. Claudio Albarracín, gerente general de Agrícola Pampa Baja, dice que tienen proyectados hacer cuatro pozos más, que se sumarán a los nueve que ya tienen. Según José Lecaros, se calcula que hasta hace un par de años en los fundos de la irrigación y en los colindantes había al menos un centenar de pozos. Para saber cuántos hay actualmente, la Junta está realizando un inventario, que permitirá, además, desarrollar un modelo de la capacidad del acuífero de Olmos.
“El tema de los pozos es una alternativa”, dice Juan José Gal’Lino, “pero no son para uso permanente. La idea no es que los pozos sean explotados todo el año. En otras zonas se ha visto que la sobreexplotación del acuífero ha ocasionado su depresión. Entonces, el tema de los pozos es complementario. Yo creo que en la medida en que logremos desarrollar obras complementarias, como el recrecimiento de la presa y tener reservorios individuales más grandes, no va a haber mayor problema”.
Meta: llegar a US $2.000 millones en exportaciones de frutas
El año pasado, las empresas del Proyecto Olmos exportaron sus productos por un valor de aproximadamente US $1.200 millones. Según cifras de la Asociación Cultivando, exportaron 87.000 toneladas de palto, 16.000 toneladas de uva de mesa y 66.000 toneladas de arándano, entre los principales cultivos. Olmos es, además, una de las mayores zonas productoras de caña de azúcar en el país, con 10.800 hectáreas en producción.
De acuerdo a Yuri Armas, este año la irrigación se acercará a las 26.000 hectáreas cultivadas. Dice que, en esta Primera Fase del proyecto, hay todavía 10.000 más para crecer, lo que significa que se podrían sembrar 36.000 de las 38.000 hectáreas irrigadas (las 2.000 restantes corresponden a vías de comunicación internas).
“Creo que mirando un horizonte de cinco años, debemos de estar llegando a los US$1.600 millones de exportación, y en diez años, la meta estaría fijada en US$2.000 millones– dice el presidente de Cultivando”.
“Olmos está en un proceso de consolidación”, dice Juan José Gal’Lino. “Hay ajustes que hacer en la parte organizativa, infraestructura, el tema de caminos es una tarea pendiente. Lo bueno es que se han identificado las potenciales mejoras y ahora solo hay que trabajar para que se hagan”.
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(*) Redagrícola.
Una vez más la incapacidad de la gestión del gobernador Jorge Pérez Flores quedó en evidencia. El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, respondió a una consulta formulada por el congresista por Lambayeque, Alejandro Aguinaga Recuenco, respecto a la creación de la unidad ejecutora del Hospital Referencial de Ferreñafe, en la que se precisa que el expediente presentado por el Gobierno Regional de Lambayeque no cumple los requisitos y, en consecuencia, no ha considerado dicha implementación para el 2025.
Mediante Oficio n °2274-2024-EF/10.01, el Ministerio de Economía y Finanzas señala que la solicitud del pliego del GORE Lambayeque sobre la opinión favorable para la creación de la UE “Hospital Provincial de Ferreñafe” no cumple con todos los criterios técnicos y requisitos establecidos en el artículo 68° del Decreto Legislativo n.° 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, y en la Directiva n.° 005-2019-EF/50.0.
El oficio fue remitido al congresista por Lambayeque Alejandro Aguinaga, quien solicitó información sobre la gestión del proyecto para la construcción de nuevo hospital en la provincia de Ferreñafe.
El documento expuso el contenido el Informe n.° 0360-2024-EF/50.07, suscrito por Mónica Sime Isla, jefa de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, quien detalla el porqué de los incumplimientos del gobierno regional respecto al pedido para la creación de la unidad ejecutora.
Se detalla que en concordancia a la directiva para la creación o cierre de unidades ejecutoras de los pliegos presupuestarios, aprobada con Resolución Directoral n.° 0025-2019-EF/50.01, se establecen los requisitos técnicos, procedimientos y plazos que deben sustentar y cumplir los pliegos presupuestarios en sus solicitudes de creación o cierre de unidades ejecutoras.
“En dicho marco normativo, el Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, con el Oficio n.° 000890-2024-GR.LAMB/GR, presentó la propuesta de creación de la Unidad Ejecutora ‘Hospital Provincial de Ferreñafe’. En atención a ello y luego de la evaluación del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el artículo 68 del Decreto Legislativo n.° 1440, y la Directiva n.° 005-2019-EF/50.01, mediante el Oficio n.° 0801-2024-EF/50.07, de fecha 23/08/2024, la Dirección General de Presupuesto Público realizó observaciones al gobierno regional, debido a que la propuesta no contenía información que sustente los criterios y/o criterios establecidos en las normas citadas para la creación de la Unidad Ejecutora ‘Hospital Provincia de Ferreñafe’”, señala el informe.
Requisitos no cumplidos
El MEF comunica que para la creación y cierre de las unidades ejecutoras, la Dirección General de Presupuesto Público establece, entre otros puntos, que se debe “contar con un presupuesto anual por toda fuente de financiamiento no inferior a S/10 millones” que le permita la operatividad y prestación del servicio.
En su solicitud, el Gobierno Regional de Lambayeque informó que cuenta 502 equipos médicos y mobiliarios, de los cuales algunos según detalle se encuentran en mal estado. Sin embargo, no se informó si estos permitirán ejecutar las actividades de la unidad ejecutora o de qué manera afectarían las mismas. En todo caso, si se ha contemplado el mantenimiento o reemplazo de dichos equipos.
“La solicitud del pliego GORE Lambayeque sobre la opinión favorable para la creación de la Unidad Ejecutora Hospital Provincial de Ferreñafe, no cumple con todos los criterios técnicos y requisitos establecidos en el artículo 68 del D.L. n.° 1440 y la directiva, los cuales deben ser evaluados por el pliego en el marco de sus competencias”, concluye el informe suscrito por Sime Isla.
Sueño frustrado
Al respecto, el congresista Alejandro Aguinaga afirma que no es la primera vez que por ineficacia del gobierno regional se frustra el anhelo de la población ferrañafana. El año pasado el MEF asignó S/48 millones en la Ley de Presupuesto Público 2023 para iniciar la construcción del hospital. Sin embargo, señala que la gestión de Jorge Pérez Flores destinó parte de esos recursos para la compra de maquinaria pesada.
Aguinaga Recuenco lamentó que esta negligencia frustre, una vez más, “la expectativa de los miles de pobladores de Ferreñafe que aspiran a contar con un hospital que garantice las mínimas condiciones para un buen servicio de salud”.
“Insisto que no es posible que siendo Ferreñafe la provincia con mayores recursos de la región Lambayeque no cuente con un hospital del Minsa ni de Essalud que preste servicios de salud adecuados. Estamos trabajando en los dos frentes para hacer realidad ambos proyectos”, puntualizó.
“Con la misma velocidad que el GORE Lambayeque adquirió maquinaria se muestra su desinterés y lentitud en el tema de salud y la construcción del Hospital en Ferreñafe. Su negligencia es digna de espanto”, enfatizó.
También es preciso tomar en cuenta que, pese a la asignación de la partida en el presupuesto 2023, se observaron impedimentos para la convocatoria de una entidad de reconocida trayectoria nacional e internacional que pueda culminar los procesos de selección y supervisión de la obra del Hospital de Ferreñafe.
Reiteró que volverá a tomar la iniciativa para que se realicen las gestiones que permitan levantar las observaciones del MEF, pero solicitó la intervención de los órganos de control del Estado para investigar la presunta utilización ilegal del presupuesto que se había destinado para el Hospital de Ferreñafe.
De otro lado, señaló que se encuentra pendiente de los avances en el proyecto del Hospital de Ferreñafe II – 1 ‘Agustín Arbulú Neyra’, luego de que en una mesa de trabajo organizada por su despacho congresal en esa misma provincia, la presidenta ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, anunció que este proyecto ya ha sido incluido en el Programa Multianual de Inversiones de EsSalud del período 2024-2026 y será una realidad.
Proceso en el SEACE
El 9 de septiembre se lanzó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, la convocatoria para la “Contratación de la ejecución de la obra mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital de Ferreñafe, distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque”, con un valor referencial de S/162 millones.
Según el cronograma, la evaluación de las ofertas está programada para el 14 de octubre y para el día siguiente el otorgamiento de la buena pro.
