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En un esfuerzo por dar a conocer a la población las propuestas de los candidatos que postulan al Senado por Lambayeque, el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Lambayeque – Conrede, y Videnza Instituto realizaron el diálogo sobre propuestas públicas para atender la problemática de agua y saneamiento. Fueron siete los candidatos quienes se dieron cita al auditorio del Colegio de Ingenieros de Lambayeque para exponer ante la atenta mirada del público.
El presidente del Conrede y también decano del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Pedro Reyes Tassara, felicitó a los candidatos asistentes por honrar la invitación y enfatizó en que los colegios profesionales siempre estarán llanos a brindar la asistencia técnica necesaria para concretizar los grandes proyectos que Lambayeque necesita.
En tanto, el director ejecutivo de Videnza Instituto, Luis Miguel Castillo, señaló que estos espacios de diálogo se vienen implementando en diferentes regiones del país con temas que son álgidos para estas, siendo el problema de agua y saneamiento un problema crucial para Lambayeque.
FRANCISCO TARRILLO: “Soy parte de la gente de la calle que ha exigido agua y desagüe”
Candidato al Senado por Juntos Por el Perú, Francisco Tarrillo Paico parte su propuesta desde el diagnóstico de que la mayoría de las obras en Lambayeque son mal ejecutadas, debido al dinero que se pierde producto de la corrupción. A su parecer, el problema de la falta de agua por conexión domiciliaria en la región y la presencia de metales pesados en la misma no se soluciona, debido a que han primado los intereses particulares de la clase gobernante.
“Hay más de 40 millones de soles despilfarrados en Tumán, donde se construyeron cuatro pozos tubulares con un promedio de producción de tres litros por segundo, cuando se había proyectado a sesenta litros por segundo. Ese es el nivel de corrupción que tenemos. Los que no han venido deberían estar acá para dar cuenta de sus gestiones porque ellos son los que han gobernado y afectado la capacidad de la población de tener acceso al agua”, manifestó.
Agregó que como senador cumplirá una labor fiscalizadora para garantizar la concreción de la obra de los emisores principales de Chiclayo que, tras sesenta años de instalados, ya urgen de un cambio.
“Vamos a garantizar que el proyecto de reposición de redes en el centro de Chiclayo se destrabe, pues se han perdido 44 millones de soles por la corrupción, y vamos a garantizar que el estudio de preinversión para el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en cuatro distritos de Chiclayo avance a su siguiente etapa”, señaló.
Finalmente, resaltó que lo mueve a participar en este proceso electoral la indignación por el caos en el que se encuentra sumergido el país que -a su juicio- es responsabilidad de la clase política de derecha que tiene “secuestrado” el Congreso a través del “pacto mafioso”.
“La derecha se zurró en la votación del pueblo por el no retorno a la bicameralidad. Acomodó las normas a su antojo para que puedan postular precisamente aquellos candidatos que no han venido hoy”, espetó.
MANUEL BORJA: “Lo mínimo que se merece el político que le roba a su pueblo es la cadena perpetua”
El candidato al Senado por Perú Primero señaló que el problema de las obras de saneamiento en Lambayeque responde a tres circunstancias: la corrupción generalizada en todos los niveles de gobierno, la mala calidad de los expedientes técnicos y los vacíos normativos. Señala que una de sus propuestas va dirigida a los municipios. Explica que el Ministerio de Economía y Finanzas gasta millones de soles en obras, pero no les da a los municipios recursos para hacer sus estudios. Los alcaldes -apurados por licitar la obra, refiere- hacen malos expedientes, lo cual ocasiona que más del 20 % de las obras de saneamiento a nivel nacional se encuentre paralizadas.
“Una propuesta sería que el Ministerio de Economía y Finanzas destine un presupuesto exclusivo para expediente técnicos, ya que ningún municipio a nivel nacional lo tiene. Según la Contraloría, el 90 % de los expedientes técnicos tienen deficiencias. Con ese diagnóstico, ¿qué podemos esperar de las obras públicas? ¿y quiénes hacen los expedientes técnicos? Los ingenieros. ¿quién colegia a los ingenieros? El colegio profesional. Entonces aquí también hay un jalón de orejas para ver si la orden profesional está dotando de buenos ingenieros a la sociedad”, manifiesta.
Añade que otra de sus propuestas es la cadena perpetua para el político elegido por elección popular que le roba al Estado. Señala que no se pueden mejorar los servicios básicos de una sociedad si sus gobernantes llegan a robar. Además, plantea que, si ese político es profesional, también se le anule el título. “Si el Estado forma profesionales gratuitamente, ¿no es desleal que ese abogado, que ese ingeniero, salga y le robe a ese Estado?”, cuestionó.
Precisó que, si llega al Senado, impulsará la elaboración de una política nacional de almacenamiento de agua en grandes represas desde Tumbes hasta Tacna. Apuntó que no se le puede encargar a un municipio que haga proyectos de tal magnitud, sino que debe ser el mismo Ejecutivo nacional quien lo promueva.
“Tampoco debemos tenerle miedo a la privatización, lo que no funciona, no funciona. Si Epsel está quebrado, tenemos que buscar un modelo que trabaje en el sector privado, pero también con participación del Estado, porque a las finales ellos nos terminan cobrando por el agua y el desagüe y todos pagamos, no tiene nada de privado. A la gente no le importa quién le da el servicio, sino que le den un buen servicio”, opinó.
JOSÉ FLORES: “Nosotros sabemos cómo gestionar obras sin pactar con la corrupción”
El postulante por Renovación Popular aseguró que, de ser elegido senador, gestionará el destrabe del proyecto de drenaje pluvial de Chiclayo y los proyectos de agua y saneamiento en distritos de la región que no tienen agua de forma continua por conexión domiciliaria. Indicó que en Lambayeque son alrededor de 210 mil los habitantes que no tienen una gota de agua en casa.
“El impacto radica en que hoy nuestros niños, nuestra infancia, nuestras madres, mujeres embarazadas, familias, no tienen agua. Por eso, nosotros queremos destrabar ese proyecto con el primer eje de la propuesta de Rafael López Aliaga: agua de emergencia. Hoy ese proyecto está en perfil, tiene Código Único de Inversión – CUI, pero le falta el presupuesto. Nosotros lo sabemos hacer. Una municipalidad que estaba en rojo la hemos puesto en azul, le hemos puesto ruedas a ese vehículo que no tenía ni motor. Hemos hecho obras como la Vía Expresa y llevado agua de emergencia los cerros”, destacó el candidato en alusión a la gestión de López Aliaga al frente de la alcaldía de Lima.
Señaló que la mayoría de autoridades en Lambayeque y a nivel nacional han perdido el “amor al prójimo”, la sensibilidad por el otro, lo cual hace ineludible la necesidad de un recambio de la clase decisora con personas que sí tengan empatía por la población.
“Desde el Senado nos vamos a comprometer a legislar por esta región que es invisible al Estado, se han olvidado realmente de Lambayeque. Desde el Senado vamos a hacer ese control político que exige y demanda la población. No habrá pacto con los corruptos. Desde el Senado vamos a nombrar a las personas más idóneas moral y éticamente para asumir los grandes cargos. Rafael López Aliaga necesita representantes en el Senado para que se hagan las grandes obras. Menos Estado, más obras”, expresó.
Finalmente, el candidato señaló que su partido, Renovación Popular, tiene entre sus propuestas reforzar el primer nivel de atención de la salud pública y sacar adelante la red dorsal de fibra óptica para dar internet gratis a Lambayeque y sus 38 distritos.
HUMBERTO HEREDIA: “Mi lucha por los grandes proyectos de Lambayeque ha sido permanente”
Con cuatro procesos electorales a cuestas, esta será la quinta vez que Humberto Heredia Morales tentará un cargo de elección popular, ahora bajo las filas de Perú Libre. Parte con la experiencia de haber sido miembro de la Comisión de Defensa de los Grandes Proyectos Regionales, miembro de la Comisión Técnica del Colegio de Ingenieros de Lambayeque por más de treinta años y parte del equipo que actualizó el presupuesto del Proyecto Olmos para hacerlo viable.
“Estos temas que se están tocando ahora yo los he tocado siempre, no solo hoy que soy candidato. Son temas que permanentemente he reclamado para Lambayeque. Exigimos en su momento el Proyecto Olmos y logramos sacarlo adelante, fui parte de la comisión que evaluó técnicamente la propuesta de Odebrecht. Conocemos estos temas y, efectivamente, Lambayeque necesita de un sistema de saneamiento mejor”, refirió.
Indicó que se podría mejorar el sistema de agua potable de Chiclayo si se captase el agua del mismo Tinajones, a fin de evitar la contaminación y traer el recurso hídrico en cantidad suficiente. “Así como he exigido que se realicen los grandes proyectos para Lambayeque sin tener ningún cargo, como senador por supuesto que lo haré con mayor fuerza y poder”, manifestó.
Consideró que si Lambayeque siempre ha sido relegado es porque sus autoridades no han sacado cara por la región. En esa línea, acotó que se debe exigir que se le dé el presupuesto al Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, para que continúe con la operación y mantenimiento del componente de trasvase.
“Hace muchos años que planteamos la elevación de la presa Limón, por ejemplo. Hemos exigido también que la ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) dé el presupuesto debido para que se ejecuten las obras de drenaje pluvial en Lambayeque. Como senadores tenemos que exigir obras para nuestra región”, enfatizó.
Por último, recalcó que está de acuerdo con la privatización del agua, dado que este es un derecho de todos los peruanos, esto en alusión a la propuesta del también ingeniero Manuel Borja, quien apuntó que se debía evaluar la privatización de Epsel.
MELVIN RODRÍGUEZ: “Vamos a sacar una ley que les dé un código presupuestal a los centros poblados”
Candidato de País Para Todos, Melvin Rodríguez Minchola postula al Senado para gestionar el destrabe de las obras en gestión de riesgo de desastre. Con la experiencia de haber sido jefe del Centro de Operación Emergencia Regional – COER, destacó que la lluvia debiera ser una bendición para la agricultura y la ganadería, pero al no tener una infraestructura adecuada, la lluvia se vuelve un problema.
“Hace unas semanas tuvimos acumulación de agua en diferentes puntos críticos de Chiclayo producto de la lluvia. La obra del drenaje pluvial la tiene la empresa Typsa, que no avanza por la falta de presupuesto. Vamos a llegar a abril, ya no habrá lluvias, entraremos a un período de estiaje y estaremos pidiendo las declaratorias de estados de emergencia por la falta de planificación. Tengo más de veinte años de experiencia en gestión de riesgo de desastres y he sido jefe de esta materia en varias regiones del Perú y eso me hace conocedor del tratamiento integral que se le debe dar a las cuencas, desde la parte alta, media y baja. En Lambayeque hay varios distritos que sufren por contaminación de arsénico y eso producto de condiciones geológicas, pero también del uso de pesticidas que se usan para la generación del arroz”, apuntó.
El ingeniero enfatizó en que una de sus propuestas es sacar una ley que aplique la inclusión de los sistemas de drenaje pluvial no solo a las ciudades capitales, sino también a los distritos. Además, señaló que desde el Senado se debe impulsar la realización de La Calzada.
“La Calzada es un proyecto trabado en Lambayeque que debe ejecutarse. La preservación del agua en tiempo de estiaje va a ser muy importante para contemplar la redistribución del agua desde el pequeño agricultor hasta las agroindustrias”, indicó.
Añadió que en Lambayeque hay poco más de cincuenta centros poblados que solo viven de las “dádivas” que les dan las municipalidades distritales, por lo que propone que estos centros poblados tengan su propio código presupuestal para priorizar las obras de infraestructura, saneamiento u otras que requieran. “Eso debe cambiar desde la Ley Orgánica de Municipalidades”, resaltó.
Cerró su participación señalando que su partido tiene como prioridad trabajar en materia de seguridad ciudadana, algo para lo cual -mencionó- su candidato presidencial Carlos Álvarez ha propuesto la pena de muerte para el delito de sicariato en casos de flagrancia.
MILAGROS NÚÑEZ: “A las autoridades nunca se les ha fiscalizado como ha debido ser”
La candidata al Senado por la Alianza Unidad Nacional, Milagros Núñez Núñez, centra su propuesta política en una agenda marcada por el acceso al agua, la fiscalización de las autoridades y la atención a las brechas históricas que afectan a la región Lambayeque. Con una trayectoria de 24 años en el periodismo, especialmente en el ámbito rural comunitario y turístico, sostiene que su postulación responde a una experiencia directa con las necesidades de la población y no a una coyuntura electoral.
“No estoy aquí solamente por campaña política, estoy aquí porque siento que mi región me necesita, porque estoy convencida de la triste realidad que atravesamos y que muchos chiclayanos y lambayecanos vivimos indiferentes. Solamente cuando hay una campaña política todos se abanderan y salen a recorrer los pueblos. Qué pena por ello”, declaró.
Uno de los principales ejes de su planteamiento es el acceso universal al agua potable, una problemática que considera urgente, incluso en zonas urbanas. Núñez Núñez cuestiona que, en pleno siglo XXI, existan sectores sin este servicio básico, y señala deficiencias tanto en el abastecimiento como en los sistemas de drenaje de la ciudad de Chiclayo.
En ese contexto, explicó que su agrupación política plantea la modernización y ampliación de plantas de tratamiento, poniendo como ejemplo la provincia de Ferreñafe, que —según indicó— carece de una infraestructura de este tipo pese a la necesidad existente.
Asimismo, enfatizó el rol que cumpliría desde el Senado, aclarando que no se trata de ejecutar obras, sino de ejercer funciones de fiscalización y gestión. “Nosotros como posibles senadores no vamos a hacer obras. Vamos a tocar puertas, vamos a gestionar y, sobre todo, vamos a fiscalizar el trabajo que realicen alcaldes y gobernadores. Basta ya de corrupción, basta ya de robos. Nunca se les ha fiscalizado como ha debido ser. Si tengo la oportunidad de llegar al Senado, el trabajo será firme y en conjunto para demostrar una verdadera fiscalización a todas las instituciones públicas del Estado”, sostuvo.
Dijo haber identificado deficiencias en los sistemas de cloración y distribución de agua en diversos caseríos. Mencionó que existen 899 juntas administradoras vinculadas a este servicio, pero advirtió que muchas localidades continúan sin acceso real al recurso hídrico, pese a procesos de cloración.
FERNANDO BALVI: “Tenemos un problema de gestión del agua, de cómo la manejamos”
El candidato al Senado por Lambayeque del partido Ahora Nación, Fernando Balvi Espinar, centró su discurso en la necesidad de mejorar la gestión del agua y fortalecer la fiscalización de los recursos públicos, tras recorrer diversos distritos de la región y constatar problemas que, según afirmó, no responden a la falta de recursos, sino a deficiencias en su administración.
Balvi Espinar relató experiencias recogidas en campo que evidencian las brechas existentes. En ese sentido, cuestionó la percepción generalizada sobre la escasez de agua, señalando que el problema radica en la forma en que se gestiona este recurso. “Recorriendo los pueblos estuve el otro día en Mochumí y me dicen: ‘Fernando, no hay agua’. Yo siendo pimenteleño, camino por el malecón y veo una franja marrón de agua que le dicen la palizada. Y me pongo a pensar, ¿en verdad no hay agua? No. Tenemos un problema de gestión del agua, de cómo la manejamos. ¿Por qué estamos rezando para que no llueva cuando países como Japón esperan el agua con los brazos abiertos porque la saben aprovechar? Eso es lo que tenemos que cambiar mediante leyes que obliguen a tener sistemas adecuados de drenaje pluvial, tratamiento y disposición final, porque hoy los desagües terminan en el mar y eso es lo que estamos consumiendo”, declaró.
El candidato sostuvo que, desde el Senado, impulsará normas orientadas a ordenar el manejo hídrico, incluyendo la implementación de sistemas de drenaje pluvial que permitan canalizar adecuadamente las aguas hacia acequias y pozas de tratamiento, evitando así la contaminación ambiental y los riesgos sanitarios.
Asimismo, remarcó que su rol no estará enfocado en la ejecución directa de obras, sino en la fiscalización del uso de los recursos y el cumplimiento de proyectos ya existentes. En esa línea, expresó preocupación por la cantidad de obras paralizadas en la región y por la pérdida de presupuesto público. “No me toca hacer obras como senador, pero sí fiscalizar para que las más de 77 obras paralizadas en Lambayeque se culminen. ¿Para qué traer nuevas obras si no podemos terminar las que ya existen? Más de 25 millones de soles se pierden lamentablemente en corrupción solo en nuestra región. Ese dinero es de nuestros niños, de nuestros ancianos, de los jóvenes, del futuro del Perú, y desde el primer día vamos a fiscalizar para que no se pierda”, afirmó.
Balvi también advirtió sobre los riesgos asociados a la falta de mantenimiento y planificación en la infraestructura hídrica, mencionando su intención de verificar personalmente la situación en zonas como Olmos, donde existe preocupación por posibles desbordes. A su juicio, resulta inadmisible que la población dependa de la incertidumbre frente a eventos climáticos que deberían ser prevenidos con una adecuada gestión.
En su diagnóstico, el candidato aseguró que Lambayeque cuenta con recursos y proyectos suficientes para impulsar su desarrollo, pero que estos no se concretan por problemas de gestión y corrupción. Indicó haber recorrido los 38 distritos de la región, recogiendo testimonios que evidencian necesidades urgentes, especialmente en sectores vulnerables donde el colapso de desagües afecta directamente la calidad de vida.
Por años, el debate sobre agua y saneamiento en el Perú se ha centrado en ampliar la cobertura. Sin embargo, los datos más recientes evidencian que el problema ya no es únicamente cuántos hogares están conectados a una red, sino qué tan útil, continuo y seguro es el servicio que reciben. Esa es la principal alerta que se desprende de la presentación realizada en Chiclayo por el director ejecutivo de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla Rubio, quien expuso un diagnóstico crítico sobre la situación nacional y regional, en el marco de una mesa de diálogo con candidatos al Senado por Lambayeque.
El documento, que recoge propuestas de política pública para el periodo 2026-2031, plantea que el país enfrenta una paradoja: avances marginales en cobertura, pero profundas deficiencias en calidad del servicio, especialmente en regiones como Lambayeque. A partir de cifras oficiales y análisis sectorial, el informe advierte que el modelo actual muestra signos de agotamiento y requiere reformas estructurales urgentes.
Cobertura sin servicio efectivo
Uno de los puntos más contundentes del diagnóstico es que el Perú ha logrado incrementar ligeramente el acceso al agua y saneamiento en la última década, pero estos avances han sido limitados y desiguales. Según la información presentada, el acceso al agua creció apenas 2.6 puntos porcentuales, mientras que el saneamiento aumentó 0.9 puntos porcentuales en ese mismo periodo.
Sin embargo, detrás de estos números se esconde una brecha territorial persistente. La diferencia entre el ámbito urbano y rural sigue siendo significativa: 15.5 puntos porcentuales en acceso al agua y 37.1 puntos en saneamiento. Esta desigualdad revela que las políticas públicas no han logrado cerrar las brechas estructurales entre regiones y tipos de población.
En ese contexto, Castilla Rubio, quien fue ministro de Economía y Finanzas, enfatizó que el foco debe cambiar.
“El principal desafío ya no es solo el acceso, sino la provisión de un servicio efectivo. No basta con tener una conexión a la red pública si el agua no llega de manera continua, si no es segura o si las condiciones de saneamiento son deficientes. Estamos frente a un problema de calidad que compromete la salud y el desarrollo de la población”, dijo.
Añadió que la infraestructura ya no es suficiente si no está acompañada de gestión eficiente y sostenibilidad operativa.
EPS en crisis operativa
El diagnóstico también apunta directamente a las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), responsables de la gestión del agua en gran parte del país. Según el informe, estas entidades enfrentan serios problemas operativos que afectan la calidad del servicio.
Entre 2019 y 2023, las pérdidas económicas por agua no facturada —es decir, agua que se produce pero no se cobra por fugas, conexiones clandestinas u otros factores— ascendieron a S/1504 millones anuales en el caso de Sedapal y las EPS grandes. Este dato refleja no solo ineficiencia técnica, sino también debilidad institucional.
Además, se identifican problemas recurrentes como baja micromedición, redes deterioradas, mantenimiento reactivo en lugar de preventivo y altos niveles de reclamos por parte de los usuarios.
Luis Miguel Castilla advirtió que estas deficiencias no son aisladas, sino parte de un sistema que requiere cambios profundos.
“Las EPS operan con serias limitaciones técnicas y financieras. La baja micromedición impide una gestión eficiente del recurso, las redes deterioradas generan pérdidas constantes y el mantenimiento reactivo incrementa los costos. Este conjunto de problemas termina trasladándose a los usuarios en forma de servicios deficientes y tarifas que no reflejan mejoras reales”, señaló el ejecutivo de Videnza.
En este escenario, la sostenibilidad del sistema queda en entredicho, especialmente en regiones donde la capacidad de gestión es más limitada.
Lambayeque: alta cobertura, baja calidad
El caso de Lambayeque ilustra con claridad las contradicciones del sistema. De acuerdo con los datos presentados, el 91.8 % de la población consume agua proveniente de una red pública, mientras que el 80.6 % cuenta con acceso a alcantarillado. A primera vista, estas cifras podrían sugerir un escenario favorable.
No obstante, al analizar la calidad del servicio, la realidad cambia drásticamente. Solo el 13.25 % de la población tiene acceso a agua las 24 horas del día, lo que evidencia una grave limitación en la continuidad del servicio. Asimismo, apenas el 37.3 % accede a agua con niveles adecuados de cloro residual libre (mayor o igual a 0.5 mg/l), un indicador clave de salubridad.
En términos de frecuencia, el 93.7 % de la población recibe agua todos los días, pero ello no garantiza ni continuidad ni calidad. Es decir, el servicio existe, pero no cumple con estándares mínimos.
Castilla Rubio subrayó esta contradicción como uno de los principales retos de la región.
“Lambayeque muestra una cobertura relativamente alta, pero con serias deficiencias en la calidad del servicio. Tener agua todos los días no significa tener un servicio adecuado si no se garantiza continuidad ni condiciones sanitarias. Esta es una brecha invisible en las estadísticas tradicionales, pero muy evidente en la vida cotidiana de las personas”, anotó.
El diagnóstico, en ese sentido, pone en evidencia que las políticas centradas únicamente en cobertura han dejado de ser suficientes.
Propuestas para los primeros 100 días
La intervención del exministro no se limitó al diagnóstico, sino que planteó una hoja de ruta con medidas concretas. En el corto plazo, se proponen decisiones estratégicas y señales inmediatas para los primeros 100 días de gobierno.
Estas medidas buscan sentar las bases de una reforma más amplia, priorizando la mejora en la gestión del servicio y la eficiencia operativa. Si bien no se detalló cada acción específica en la presentación, sí estableció la necesidad de intervenciones rápidas que generen confianza y marquen un cambio de rumbo.
Luis Miguel Castilla enfatizó la importancia de actuar con rapidez.
“Los primeros 100 días son clave para enviar señales claras de que el sector será una prioridad. Se necesitan decisiones firmes que apunten a mejorar la gestión, reducir pérdidas y fortalecer las capacidades institucionales. Sin estas acciones iniciales, cualquier reforma estructural corre el riesgo de diluirse”, dijo.
La urgencia, según el análisis, no es solo técnica, sino también política.
Reformas estructurales a cinco años
Más allá de las medidas inmediatas, el director ejecutivo de Videnza Insituto plantea un horizonte de consolidación estructural a cinco años. Este enfoque reconoce que los problemas del sector no pueden resolverse con intervenciones aisladas, sino que requieren cambios sostenidos en el tiempo.
Entre los ejes planteados se incluyen la implementación normativa e institucional durante el primer año, seguida de un proceso de consolidación que permita mejorar la calidad del servicio de manera sostenida.
El planteamiento parte de una premisa clara: sin reformas estructurales, el sistema seguirá reproduciendo sus deficiencias.
“El país necesita una transformación profunda en el sector de agua y saneamiento. No se trata de ajustes menores, sino de repensar la forma en que se gestionan los servicios, se asignan los recursos y se supervisa a las empresas prestadoras. Solo así será posible cerrar las brechas y garantizar servicios de calidad”, manifestó Luis Miguel Castilla.
Este enfoque implica también un cambio en la lógica de intervención estatal, pasando de la expansión de infraestructura a la mejora de la gestión y la sostenibilidad.
Diálogo político
La presentación se realizó en el marco de una mesa de diálogo con candidatos al Senado por Lambayeque, organizada por el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – Conrede Lambayeque y Videnza Instituto. El evento buscó poner en agenda un tema que, pese a su relevancia, suele quedar relegado en el debate político.
Las reglas del diálogo establecieron dos rondas de intervención por candidato, con tiempos definidos y un llamado a mantener un tono respetuoso. El encuentro evidenció la necesidad de incorporar propuestas técnicas en la discusión electoral.
La información presentada por Castilla Rubio forma parte de las “Propuestas Bicentenario”, una iniciativa que plantea cambios necesarios para encaminar al país hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible. Sin embargo, el reto no está solo en formular propuestas, sino en garantizar su implementación.
El Gobierno Regional de Lambayeque participó en el evento nacional de promoción “Inversiones con impacto social en la administración de justicia”, desarrollado en Lima con la participación de autoridades judiciales, representantes del sector público y empresarios interesados en financiar proyectos de infraestructura mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, iniciativa impulsada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
Como anfitriones estuvieron el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, el presidente de.ls Corte Superior de Justicia de Lsmbayeque, César Bravo Llaque y funcionarios de ProInversión.
Pérez Flores, destacó la importancia de la inversión privada para fortalecer las instituciones y consolidar el crecimiento económico regional. “Quiero agradecer a nuestros empresarios que hoy están reunidos para expresarles la importancia que tiene la inversión en el fortalecimiento del Poder Judicial de manera descentralizada. Lambayeque está creciendo por encima del promedio nacional; hemos cerrado con poco más de 4.9 % de crecimiento y ese desarrollo comienza fortaleciendo nuestras instituciones”, sostuvo la autoridad regional.
El evento incluyó la presentación de cinco proyectos estratégicos destinados a mejorar la infraestructura judicial y ampliar el acceso a la justicia para más de 1.8 millones de ciudadanos. Entre las iniciativas destacan la construcción de nuevas sedes para los juzgados de familia en Chiclayo y Lambayeque, así como la edificación de modernos locales judiciales en la provincia de Lambayeque y en el distrito de José Leonardo Ortiz, orientados a optimizar la atención en materias penal, civil, laboral y de paz letrado.
Asimismo, se presentó el proyecto de la Ciudadela Judicial de Lambayeque, una megaobra valorizada en 116 millones de soles que se ejecutará sobre un terreno de seis hectáreas y permitirá integrar 62 órganos jurisdiccionales, además de servicios administrativos y de atención al usuario, lo que contribuirá a centralizar procesos y mejorar la eficiencia del sistema judicial.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, César William Bravo Llaque, resaltó la necesidad de sumar esfuerzos entre el Estado y el sector privado para garantizar un servicio de justicia oportuno. “Nuestro objetivo es servir de manera eficaz y no solo eficiente a la ciudadanía, a través de una administración de justicia humana. La demanda en la región es tan alta que muchas veces el presupuesto no alcanza y debe complementarse con el compromiso de los agentes públicos y privados, especialmente de los empresarios”, afirmó.
Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, señaló que este tipo de iniciativas permiten promover inversiones con impacto social y fortalecer el acceso a servicios esenciales. “Este es un importante espacio que nos convoca con un propósito común: impulsar inversiones que contribuyan a una administración de justicia moderna, eficiente y al servicio de la ciudadanía”, manifestó.
La participación del Gobierno Regional en este roadshow evidencia la articulación entre los diferentes niveles del Estado y el sector privado para cerrar brechas en infraestructura pública. Esta acción cobra especial relevancia si se considera que, a nivel nacional, cerca del 70 % de las sedes judiciales funcionan en locales alquilados, lo que limita la calidad del servicio y la capacidad de respuesta frente a la creciente demanda ciudadana.
Con esta iniciativa, el Gobierno Regional de Lambayeque reafirma su compromiso de promover mecanismos innovadores de financiamiento que permitan fortalecer la institucionalidad, impulsar el desarrollo regional y garantizar un mejor acceso a la justicia para la población.
Mientras que para algunos niños el inicio del año escolar representa un período de alegría por el reencuentro en aulas con sus compañeros, para otros supone un momento complicado: unos no pueden empezar clases debido a las malas condiciones de infraestructura, otros lo hacen, pero en módulos o locales alquilados. La realidad en la región es variopinta para los 251 mil 78 escolares que retornan a clases, quienes, a pesar de las dificultades, afrontan con entusiasmo y optimismo este nuevo año lectivo.
En el departamento son un total de 2565 los locales escolares que prestarán el servicio educativo durante este año lectivo. De estos, 1909 son públicos y 656 privados. A los 251 mil 78 escolares que retornan a clases en los colegios públicos se suman también los 100 mil 546 que ya lo hicieron la semana pasada en las instituciones particulares. Además, la plana docente del Estado se conforma de 13 mil 626 profesores entre nombrados y contratados.
Retraso en clases
En la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, fueron tres los colegios que no pudieron iniciar clases el pasado lunes 16 de marzo. Se trata del Centro de Educación Básica Especial – CEBE Hogar Clínica San Juan de Dios, la Institución Educativa 018 Melodías del Mar (Ciudad Eten) y la Institución Educativa 10020 (Zaña). En el caso de este último, no se pudo iniciar clases porque no se habían terminado de instalar los servicios básicos en el plan de contingencia.
“Se ha proyectado la postergación de una semana para el inicio del año escolar. Trataremos de que sea lo más pronto posible. Eran once los colegios que tenían dificultades, pero logramos que esta cifra se redujera a tres. Otra opción es empezar de forma virtual el año escolar en estos colegios, pero no todos cuentan con la logística necesaria para hacer viable esto”, menciona Alí Sánchez Moreno, director de la UGEL Chiclayo.
Agrega que la norma nacional siempre hace la previsión de que el año escolar no pueda iniciar en la fecha prevista para todos, lo cual da la opción de una postergación dentro de los límites razonables. En el caso de los colegios de Zaña, refiere que se evalúa la situación ante una eventual crecida del río Zaña que pudiera dificultar el ingreso de los niños a sus clases, pues la prioridad es salvaguardar la integridad de los alumnos.
“La indicación que se le ha dado a los directores es evaluar la situación que se presenta y a partir de allí tomar una decisión, la cual contemple, en primer lugar, el cuidado de la integridad de los menores. Sabemos que ya se han perdido vidas humanas por intentar cruzar el río en período de lluvias o electrocutados por apoyarse en un poste de luz. Lo más adecuado siempre será mantener la comunicación entre los padres de familia y el director de la institución para llegar a buenos acuerdos, consensuados”, manifiesta.
Locales prestados
A ello se debe sumar otra problemática: la de aquellos colegios que debieron empezar clases en locales que no son propios, debido a la ejecución de obras de renovación de su infraestructura que, en algunos casos, se encuentran paralizadas. Aquí se cuentan a cinco colegios: la I.E. Miguel Muro Zapata, I.E. 044 Capullitos de Santa Rosa, I.E. 11016 Juan Mejía Baca, Federico Villarreal y la I.E. 11014 Inmaculada Concepción.
En el caso del colegio Miguel Muro Zapata, que tiene la obra de reconstrucción en plena ejecución, los alumnos han sido derivados al colegio Carlos Augusto Salaverry, de La Victoria; los alumnos del colegio Capullitos de Santa Rosa lo hacen al lado de la I.E. Antonio José de Sucre; el Inmaculada Concepción lo hace en el colegio Las Palmas, ubicado en Chacupe, La Victoria; mientras que la I.E. Federico Villarreal optó por empezar en la modalidad virtual.
Sobre el caso del Inmaculada Concepción, precisamente las madres de familia de esta institución realizaron una protesta el último lunes en los exteriores del colegio Nuestra Señora del Rosario, donde se realizaba la ceremonia de apertura del año escolar.
Doris Pérez, una de las madres de familia, señaló que ya son seis años que las alumnas no pueden hacer uso de sus instalaciones, debido a que la obra de su colegio fue observada por la Contraloría y dichas observaciones nunca pudieron subsanarse.
“Lo que nos sorprende es que nos dicen que hay fisuras en las bases del colegio, pero no nos han mostrado hasta el momento algún estudio técnico, no sabemos a qué atenernos. No podemos estar año tras año en esta situación. Sentimos que nos están viendo la cara. Nuestras hijas egresan sin conocer su colegio. Es frustrante que se vulnere el derecho de nuestras hijas”, manifestó.
En sus palabras, el gobierno “se llena la boca” anunciando inversiones en infraestructura educativa, pero ignoran la realidad del colegio Inmaculada Concepción. “¿Por qué no fueron a hacer la apertura de año escolar a nuestro colegio? Solo vienen a los colegios que están bonitos”, resaltó.
Agregó que sus hijas solo estudian cuatro horas diarias, tampoco tienen talleres ni campos deportivos donde desenvolverse. Incluso -refirió- cuando ensayan alguna danza para las actuaciones escolares deben hacerlo en parques, exponiendo su integridad, debido a la falta de un espacio propio.
Este año, la incomodidad es aún mayor, dado que las alumnas fueron derivadas al colegio Las Palmas, que se encuentra ubicado en el sector Chacupe. Para ellas, la lejanía no solo representa un mayor costo en el traslado, sino también un riesgo para su seguridad.
“¿Por dónde van a caminar ellas a las siete de la noche cuando tengan que salir a la avenida para tomar una combi? ¿Qué garantías tienen ellas? A todas las autoridades les pedimos el apoyo con la seguridad policial porque, vamos a ser sinceros, toda la gente de malvivir de la zona, cuando se entere que habrá señoritas que salgan del colegio a las siete de la noche, ¿qué creen que va a pensar”, manifestó la indignada madre.
Por su parte, el director de la UGEL Chiclayo refiere que entiende como padre también la indignación de las madres, por lo que ya se ha coordinado con la Región Policial y la comisaría local el apoyo con agentes de forma permanente tanto al ingreso como a la salida de clases.
“Para efectos de la contratación de locales de contingencia, son pocos los lugares que ofrecen las condiciones de este colegio particular para albergar a las estudiantes del Inmaculada. Es la alternativa que ofreció las mejores condiciones para cerrar finalmente el contrato”, refiere.
Dificultades
Además, hay otros colegios que presentaron dificultades para el inicio del año escolar. Este es el caso de la I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales, cuyos alumnos -por increíble que parezca- desde el 2018 reciben sus clases en módulos prefabricados, debido al deterioro de su infraestructura.
“Nuestra institución, en el nivel secundario, atraviesa una crisis en su infraestructura educativa. Tenemos un proyecto desde el 2023 que debe ejecutar el Gobierno Regional de Lambayeque, el cual comprende una inversión de seis millones de soles, pero por cuestiones administrativas se estancó. Estamos visitando a la Dirección de Estudios Técnicos del gobierno regional para su destrabe”, explica Segundo Pintado, director de la institución.
Añade que los módulos debieron ser temporales, pero ya llevan siendo usados ocho años, tiempo durante el cual también se han deteriorado por el sol. A ello se suma que el colegio tampoco cuenta con personal de guardianía, lo que ha hecho que incluso se roben hasta los caños de los servicios higiénicos y el motor del refrigerador del quiosco.
Ante esto, Sánchez Moreno refiere que aceleran coordinaciones con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Pronied, a fin de que los alumnos tengan las condiciones mínimas para recibir el servicio educativo.
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