Por años, el debate sobre agua y saneamiento en el Perú se ha centrado en ampliar la cobertura. Sin embargo, los datos más recientes evidencian que el problema ya no es únicamente cuántos hogares están conectados a una red, sino qué tan útil, continuo y seguro es el servicio que reciben. Esa es la principal alerta que se desprende de la presentación realizada en Chiclayo por el director ejecutivo de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla Rubio, quien expuso un diagnóstico crítico sobre la situación nacional y regional, en el marco de una mesa de diálogo con candidatos al Senado por Lambayeque.
El documento, que recoge propuestas de política pública para el periodo 2026-2031, plantea que el país enfrenta una paradoja: avances marginales en cobertura, pero profundas deficiencias en calidad del servicio, especialmente en regiones como Lambayeque. A partir de cifras oficiales y análisis sectorial, el informe advierte que el modelo actual muestra signos de agotamiento y requiere reformas estructurales urgentes.
Cobertura sin servicio efectivo
Uno de los puntos más contundentes del diagnóstico es que el Perú ha logrado incrementar ligeramente el acceso al agua y saneamiento en la última década, pero estos avances han sido limitados y desiguales. Según la información presentada, el acceso al agua creció apenas 2.6 puntos porcentuales, mientras que el saneamiento aumentó 0.9 puntos porcentuales en ese mismo periodo.
Sin embargo, detrás de estos números se esconde una brecha territorial persistente. La diferencia entre el ámbito urbano y rural sigue siendo significativa: 15.5 puntos porcentuales en acceso al agua y 37.1 puntos en saneamiento. Esta desigualdad revela que las políticas públicas no han logrado cerrar las brechas estructurales entre regiones y tipos de población.
En ese contexto, Castilla Rubio, quien fue ministro de Economía y Finanzas, enfatizó que el foco debe cambiar.
“El principal desafío ya no es solo el acceso, sino la provisión de un servicio efectivo. No basta con tener una conexión a la red pública si el agua no llega de manera continua, si no es segura o si las condiciones de saneamiento son deficientes. Estamos frente a un problema de calidad que compromete la salud y el desarrollo de la población”, dijo.
Añadió que la infraestructura ya no es suficiente si no está acompañada de gestión eficiente y sostenibilidad operativa.
EPS en crisis operativa
El diagnóstico también apunta directamente a las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), responsables de la gestión del agua en gran parte del país. Según el informe, estas entidades enfrentan serios problemas operativos que afectan la calidad del servicio.
Entre 2019 y 2023, las pérdidas económicas por agua no facturada —es decir, agua que se produce pero no se cobra por fugas, conexiones clandestinas u otros factores— ascendieron a S/1504 millones anuales en el caso de Sedapal y las EPS grandes. Este dato refleja no solo ineficiencia técnica, sino también debilidad institucional.
Además, se identifican problemas recurrentes como baja micromedición, redes deterioradas, mantenimiento reactivo en lugar de preventivo y altos niveles de reclamos por parte de los usuarios.
Luis Miguel Castilla advirtió que estas deficiencias no son aisladas, sino parte de un sistema que requiere cambios profundos.
“Las EPS operan con serias limitaciones técnicas y financieras. La baja micromedición impide una gestión eficiente del recurso, las redes deterioradas generan pérdidas constantes y el mantenimiento reactivo incrementa los costos. Este conjunto de problemas termina trasladándose a los usuarios en forma de servicios deficientes y tarifas que no reflejan mejoras reales”, señaló el ejecutivo de Videnza.
En este escenario, la sostenibilidad del sistema queda en entredicho, especialmente en regiones donde la capacidad de gestión es más limitada.
Lambayeque: alta cobertura, baja calidad
El caso de Lambayeque ilustra con claridad las contradicciones del sistema. De acuerdo con los datos presentados, el 91.8 % de la población consume agua proveniente de una red pública, mientras que el 80.6 % cuenta con acceso a alcantarillado. A primera vista, estas cifras podrían sugerir un escenario favorable.
No obstante, al analizar la calidad del servicio, la realidad cambia drásticamente. Solo el 13.25 % de la población tiene acceso a agua las 24 horas del día, lo que evidencia una grave limitación en la continuidad del servicio. Asimismo, apenas el 37.3 % accede a agua con niveles adecuados de cloro residual libre (mayor o igual a 0.5 mg/l), un indicador clave de salubridad.
En términos de frecuencia, el 93.7 % de la población recibe agua todos los días, pero ello no garantiza ni continuidad ni calidad. Es decir, el servicio existe, pero no cumple con estándares mínimos.
Castilla Rubio subrayó esta contradicción como uno de los principales retos de la región.
“Lambayeque muestra una cobertura relativamente alta, pero con serias deficiencias en la calidad del servicio. Tener agua todos los días no significa tener un servicio adecuado si no se garantiza continuidad ni condiciones sanitarias. Esta es una brecha invisible en las estadísticas tradicionales, pero muy evidente en la vida cotidiana de las personas”, anotó.
El diagnóstico, en ese sentido, pone en evidencia que las políticas centradas únicamente en cobertura han dejado de ser suficientes.
Propuestas para los primeros 100 días
La intervención del exministro no se limitó al diagnóstico, sino que planteó una hoja de ruta con medidas concretas. En el corto plazo, se proponen decisiones estratégicas y señales inmediatas para los primeros 100 días de gobierno.
Estas medidas buscan sentar las bases de una reforma más amplia, priorizando la mejora en la gestión del servicio y la eficiencia operativa. Si bien no se detalló cada acción específica en la presentación, sí estableció la necesidad de intervenciones rápidas que generen confianza y marquen un cambio de rumbo.
Luis Miguel Castilla enfatizó la importancia de actuar con rapidez.
“Los primeros 100 días son clave para enviar señales claras de que el sector será una prioridad. Se necesitan decisiones firmes que apunten a mejorar la gestión, reducir pérdidas y fortalecer las capacidades institucionales. Sin estas acciones iniciales, cualquier reforma estructural corre el riesgo de diluirse”, dijo.
La urgencia, según el análisis, no es solo técnica, sino también política.
Reformas estructurales a cinco años
Más allá de las medidas inmediatas, el director ejecutivo de Videnza Insituto plantea un horizonte de consolidación estructural a cinco años. Este enfoque reconoce que los problemas del sector no pueden resolverse con intervenciones aisladas, sino que requieren cambios sostenidos en el tiempo.
Entre los ejes planteados se incluyen la implementación normativa e institucional durante el primer año, seguida de un proceso de consolidación que permita mejorar la calidad del servicio de manera sostenida.
El planteamiento parte de una premisa clara: sin reformas estructurales, el sistema seguirá reproduciendo sus deficiencias.
“El país necesita una transformación profunda en el sector de agua y saneamiento. No se trata de ajustes menores, sino de repensar la forma en que se gestionan los servicios, se asignan los recursos y se supervisa a las empresas prestadoras. Solo así será posible cerrar las brechas y garantizar servicios de calidad”, manifestó Luis Miguel Castilla.
Este enfoque implica también un cambio en la lógica de intervención estatal, pasando de la expansión de infraestructura a la mejora de la gestión y la sostenibilidad.
Diálogo político
La presentación se realizó en el marco de una mesa de diálogo con candidatos al Senado por Lambayeque, organizada por el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – Conrede Lambayeque y Videnza Instituto. El evento buscó poner en agenda un tema que, pese a su relevancia, suele quedar relegado en el debate político.
Las reglas del diálogo establecieron dos rondas de intervención por candidato, con tiempos definidos y un llamado a mantener un tono respetuoso. El encuentro evidenció la necesidad de incorporar propuestas técnicas en la discusión electoral.
La información presentada por Castilla Rubio forma parte de las “Propuestas Bicentenario”, una iniciativa que plantea cambios necesarios para encaminar al país hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible. Sin embargo, el reto no está solo en formular propuestas, sino en garantizar su implementación.
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