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EN EL 2024: Retos para la economía peruana

Escribe: Yefferson Llonto Caicedo (*)
Edición N° 1333

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Después de casi una década la economía peruana no ha superado el lento crecimiento del Producto Bruto Interno – PBI, que de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú alcanzó el 4 % y cerramos un año 2023 con una caída del 0.5 % por dos sectores anclas en la economía del país referidos al sector construcción y manufactura, que han retrocedido en su crecimiento por el ambivalente entorno político y aspectos sociales que conllevan a un retroceso en el crecimiento de la economía peruana.

Al entrar en un proceso de recesión la economía peruana lo que se traduce que no hay ni reactivación ni crecimiento sostenido y lo que se requiere desde la política monetaria es frenar la recesión para evitar la bola de nieve de la caída del empleo, el quiebre de negocios y el riesgo del sector financiero que ingrese a contagiar al sistema financiero y contagie a una morosidad de los créditos de empresa, consumo e hipotecarios para lograr reactivar la economía a una tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno cercando al 3 % para el año 2023, para lo cual no sólo se requiere activar la inversión pública vía la palanca del gasto público, sino también incentivar la inversión privada para mejorar las expectativas empresariales, requiriendo un shock de inversiones que permita enfocar a reducir la pobreza que bordea el 28 % en el año 2023, siendo el primer desafió del país.

Inflación y El Niño

El segundo reto es el relacionado a lograr detener la inflación que para el año 2023 de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática se cerraría con el 8 % y con una informalidad del 80 % cuya preocupación parte del incremento de los precios que afectan a la canasta básica de alimentos ocasionaría una amenaza a la seguridad alimentaria principalmente por el impacto causado donde cinco de cada diez peruanos se encuentran vulnerables a ser pobres. De ahí que el Banco Central de Reserva del Perú ha generado una continua alza de las tasas de interés de referencia alcanzando el 7.5 % que produciría un efecto de desaceleración de la demanda interna que afecta al consumo privado.

El tercer reto es el relacionado al Fenómeno El Niño que complicaría el escenario económico del país en 13 regiones, donde el 60 % de la población se vería afectado por la vulnerabilidad frente a las inundaciones; lo que generaría un impacto negativo sobre las proyecciones de crecimiento económico al poner en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Seguridad y servicios

El cuarto reto es el escenario al problema estructural de la delincuencia junto a la reforma estructurales en los diversos sectores como salud, que ante un posible incremento de la alerta epidemiológico es necesario considerarlo como una amenaza posible para las proyecciones económicas que implica aspectos institucionales del gobierno, donde la gestión pública que se inyecta del problema tóxico de gobernabilidad que no permite atraer inversión privada que conlleva a sobrecostos producto de la delincuencia que en promedio asciende al 10 % de las ganancias producidas por las empresas.

De ahí la necesidad del accionar de los actores políticos en los próximos comicios electorales que permita instaurar no solo un gobierno democrático, sino un gobierno orientado a las necesidades de la población bajo una mirada de las brechas sociales y también del actuar ciudadano donde cumple un rol fiscalizador clave para la gestión pública.

A este punto es necesario comprender que las frustradas expectativas de la población; así como el desperdicio de la bonanza de los precios internacionales de los minerales y un gobierno de confrontación que no comprende el escenario internacional y la situación interna del país que ocasiona la inestabilidad económica conllevará que sus tropiezos, escándalos y desatinos políticos ocasionarían un futuro sombrío para la economía peruana sobre el cual tiene que accionar el actual ministro de economía a través de la política fiscal, las políticas públicas y la relación con la política macroeconómica, requiriendo para ello tener gestores públicos que consideren al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional hacia el 2050 que es el documento orientador hacia los cuatro objetivos nacionales relacionados al desarrollo de las capacidades de las personas, gestionar el territorio de manera sostenible, elevar los niveles de productividad y competitividad con empleo y garantizar una sociedad justa, democrática, pacífico y un estado al servicio de las personas. De esta forma dicho instrumento orienta el accionar del estado en el mediano y largo plazo que permita mejorar las condiciones de vida de la población.

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(*) Economista de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Maestro en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

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