A propósito de acontecimientos relacionados con la falta de ética de algunos comunicadores lambayecanos, decía Gabriel García Márquez que “en la carrera en que andan los periodistas debe haber un minuto de silencio para reflexionar sobre la enorme responsabilidad que tienen”. También afirmó que “el periodismo es a la ética como el zumbido al moscardón”.

Las frases que anteceden las reforzaron, entre otros, el periodista costarricense Guido Fernández Saborio, con el libro “Agonía a la hora del cierre. El minuto de silencio que puede hacer cambiar al periodismo”; y luego el periodista colombiano Javier Darío Restrepo, con “El Zumbido y el moscardón”, libro de miles de consejos sobre ética para periodistas.

En efecto, creo que no ha habido y no habrá -no debe haber- día ni momento en que se ponga previamente de manifiesto la ética en el quehacer profesional de los periodistas y comunicadores que hacen periodismo. Me ha tocado vivirlo y reflexionarlo siempre que elaboro algún comentario, crónica o reportaje.

Hoy escribo estas anotaciones con mayor reflexión, habiendo sido decano del Colegio de Periodistas de Lambayeque y siendo -como aún soy-, presidente del Tribunal de Honor, entidad que tiene que ver con el honor y la dignidad, la responsabilidad e idoneidad, con los que debe proceder todo periodista o comunicador, así como las sanciones para aquellos que falten a sus normas. En 2014, en la gestión que en Lambayeque encabezó Baxter Gonzales Solano, cuando recuperamos el colegio copado por malos directivos -que finalmente expulsamos de la Orden-, me tocó también ocupar el mismo cargo; y hace un par de años integré el Tribunal de Honor nacional del Colegio de Periodistas del Perú, que presidió Karola Lara Manchego, quien en los próximos días asume el decanato nacional de la Orden.

El ejercicio periodístico

La Ley 23221 que crea el Colegio de Periodistas del Perú-CPP, firmada por el presidente Belaunde el 1 de octubre de 1980, textualmente señala:

Artículo Primero.- Créase el Colegio de Periodistas del Perú, como entidad autónoma de derecho público interno, representativa de la profesión periodística en todo el territorio de la República, sin perjuicio de las otras entidades gremiales o sindicales de periodistas amparadas por el inciso 11, del Artículo 2° de la Constitución. Sus fines son éticos. culturales y sociales.

Artículo Segundo.- La colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión periodística, de conformidad con el Artículo 33° de la Constitución del Estado. Esta norma no limita lo dispuesto por el inciso 4), del Artículo 2° de la Constitución.

Artículo Tercero.- Para la inscripción de los periodistas en el Colegio, es esencial la presentación del título profesional correspondiente otorgado por cualquiera de las universidades del país conforme a las leyes respectivas. También tendrán derecho a colegiarse, las personas que acrediten el ejercicio periodístico en forma permanente, y/o estable.

Aquí nos detenemos para repetir, letra por letra, la última frase: “También tendrán derecho a colegiarse, las personas que acrediten el ejercicio periodístico en forma permanente, y/o estable”.

Ya había antecedentes. Quince años antes, en 1965, el gobierno de Belaunde, a través de la Ley 15630 reconoció en todo el país la profesión de Periodista. Uno de sus artículos decía: “Las universidades nacionales y particulares, a través de sus facultades o escuelas de periodismo, extenderán los títulos correspondientes a los periodistas que, a la fecha de la dación de la presente ley, tengan por lo menos seis años en la función periodística, y acompañen el carnet de miembro activo de alguna de las instituciones que agremia a los hombres de prensa”. Y, un artículo adicional agregaba que “los periodistas sin título profesional, que al promulgarse la presente ley no tengan seis años en el ejercicio del periodismo, seguirán trabajando hasta cumplir el periodo de tiempo antes señalado, para su profesionalización por esta vez”. En Chiclayo, varios colegas de entonces recibieron su título a nombre de la Nación, por la Universidad Mayor de San Marcos. Y nadie les reprochó nada. Quizá porque el periodista era entonces más respetado que ahora en que -hay que decirlo- existe mucho improvisado y sin capacidad de lectura y reflexión.

En 1980, cuando se creó el Colegio, en Lambayeque no existía universidades que otorgaran títulos profesionales en periodismo o comunicación. Recién el 11 de enero de 1985 se creó la Universidad de Chiclayo mediante Ley 24086. Inició sus labores con Arquitectura y Urbanismo y Ciencias de la Salud (Obstetricia). Años después sería la primera en ofrecer la carrera de Periodismo y su primera promoción egresó recién en 1991.

Sin embargo, en 1980, antes de crearse el Colegio, muchos periodistas eran “prácticos” y otros contaban con título universitario de otra especialidad y también hacían periodismo. A todos ellos iba eso de: “También tendrán derecho a colegiarse, las personas que acrediten el ejercicio periodístico en forma permanente, y/o estable”.

Haciendo un acápite, el de Lambayeque se fundó en 1982 y su primera y segunda directiva, lograron que fuera el primero en el país en contar con local propio, en la calle Colón 643, Chiclayo. Ahora, 40 años después, el local está siendo remodelado por la directiva que encabeza Rosa Chambergo Montejo, en una ardua labor que aún espera continuar en favor de los agremiados.

Los recién egresados

Existe un principio jurídico que señala: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.

Muchos colegas que tenían años de servicios ejerciendo el periodismo se acogieron a la ley (Igual como en 1965). Para ello, fueron evaluados por un jurado de reconocidos periodistas, directivos de las entonces Federación de Periodistas del Perú, Asociación Nacional y el mismo presidente de la Comisión Organizadora del Colegio, Ricardo Miranda Tarrillo, quienes calificaron los expedientes para integrar esta naciente Orden. Al final, quedaron los que reunían los requisitos y fueron los fundadores del Colegio.

Nueve años después de la fundación de la Orden, se dio la Ley 25002, por la que se modifica el artículo 3° de la 23221 (de creación del CPP): “Para la inscripción de los periodistas en el Colegio, es obligatoria la presentación del título profesional universitario correspondiente, otorgado conforme a las leyes respectivas”. La ley fue firmada el 19 de enero de 1989 por Alan García.

A partir de ahí -y solo a partir de ahí-, cada uno de los profesionales egresados de Periodismo o Ciencias de la Comunicación, se registran obligatoriamente en el Colegio que, dígase de paso, tiende a llamarse Colegio de Periodistas y Comunicadores del Perú. Desde esa fecha, nadie que no cuente con título profesional, ha sido incorporado al Colegio. Y, como la ley no es retroactiva (esto lo deben entender los abogados que dicen ser periodistas o los periodistas que dicen ser abogados, como se quiera), quienes son miembros de la Orden, antiguos o nuevos, tienen todos los derechos que la ley les asiste.

Lo que no se debe

Traigo a colación todo esto, porque en el último proceso electoral, se puso al debate un antojadizo punto de vista en torno a los profesionales del Colegio de Periodistas de Lambayeque; incluso por parte de algunos miembros de la Orden, que se supone deberían estar enterados de las normas con las que se creó nuestra institución y que han derivado hoy en una de las más reconocidas, especialmente en esta parte del país.

Ahí, con Baxter Gonzales, Alex Cárpena y Karina Cuyate, miembros del TH, tratamos puntos que no deben quedar en el tintero, para bien de los colegas, porque -repito- o no estuvieron enterados, a pesar de algunos haber sido directivos; y otros ejercer la abogacía (que es contraproducente dada su falta de lectura de términos legales y de interpretación de la norma); o lo hicieron a propósito, para poner en tela de juicio la labor de actuales directivos o miembros, desprestigiando a la institución que en Lambayeque alberga a cerca de tres centenares de profesionales del periodismo y la comunicación.

Con la norma en mano, que comprenden nuestro Estatuto, Código de Ética y Reglamento del Tribunal de Honor, actualizados y proclamados en asambleas estatutaria y general, aclaramos y recordamos, en sendas resoluciones (privadas, por institucionales), lo que deberían y no deberían hacer, al menos en Lambayeque, los periodistas y comunicadores miembros del Colegio.

Y no hablemos de quienes, sin pertenecer al Colegio o habiendo salido de él con el rabo entre las piernas, siguen como supuestos comunicadores mancillando honras de personas o a la misma institución.

Al cierre de esta nota, observamos con mucha preocupación cómo en Lambayeque, a raíz de una nota casi policial publicada en redes, muchos comunicadores -colegiados o no- siguen mancillando el honor de personas, sin acudir a la comprobación debida que exige la técnica y ética del profesional. Es más, para divulgar la “noticia”, toman como “fuente” lo dicho por otros medios o portales. Y el hecho de buscar siempre la verdad, sin incurrir en libertinaje, que afecten la dignidad y derecho de las personas, queda por los suelos.

Es decir, la autorregulación, que debería primar por aquello del minuto de silencio para reflexionar sobre la enorme responsabilidad de los periodistas -con palabras de Gabo-; todo es desoído y más les vale lanzar despropósitos y calumnias, sin entender que pueden ir a procesos judiciales en donde peligre su libertad. Pero esto es materia de otra nota.

Recuerdo para los colegiados

Hace años, todas las leyes relacionadas al periodismo fueron positivas. Hoy, gran parte de esas normas han perdido vigencia, pero muestran la consideración del pueblo peruano con la sacrificada labor de los hombres y mujeres de prensa. Una última, la 24898 dada el 18.10.88, establece que deben ser necesariamente periodistas colegiados los que presten servicios como jefes de información, los agregados de prensa, los periodistas del sector público, gobiernos locales, organismos descentralizados.

Durante el gobierno fujimorista no hubo respeto por las leyes, las cambiaban según su conveniencia, y para acallar las protestas empezaron debilitando toda forma de asociación, agremiación, sindicalización u otro que pudiera representar una fuerza viva del pueblo. Así, se promulgó el D.L. 26032, el 28.12.92, que derogó la norma que estableció como recursos del Colegio, el 1% del valor de los avisos que publiquen los medios de comunicación masiva.

No contento el gobierno dictatorial de Fujimori, emitió la Ley 26937, el 30.03.98 que establece el libre ejercicio de la actividad periodística, retirando así la obligatoriedad de colegiación para el ejercicio del periodismo. Esto, no solo logró dañar al Colegio que representa a los periodistas profesionales, sino lo más grave: afectó la conciencia y los valores de todo el país; además propició que la profesión de periodista se viera venida a menos, al permitirse que cualquier ciudadano puede ejercer el periodismo; incluso que un improvisado tome un micrófono o escriba un artículo sin ninguna formación académica, ética y moral, desventajas que no se dan en otras profesiones que cada vez tienden a la especialización, perfeccionamiento y calidad.

Deja tu Comentario