Durante la madrugada del domingo un grupo de delincuentes abaleó el bus de la famosa orquesta de cumbia, Armonía 10, arrebatándole la vida a Paul “El Ruso” Flores, vocalista más antiguo de la agrupación. Semanas atrás, múltiples artistas y grupos musicales habían denunciado ser víctimas de extorsión y haber recibido amenazas, en tanto que en el congreso sendas mociones de censura contra la cartera de Interior no podían prosperar por falta de votos. Esa misma fatídica noche detonaban una granada de guerra en un conocido local de Puente Piedra, mientras que en Chiclayo quienes disfrutaban de una conocida discoteca de la ciudad, tuvieron que ser evacuados al correr riesgo de asfixia luego de que una bomba lacrimógena fuera utilizada para amedrentar a quienes se resisten a ceder ante el crimen.

Esta es solo una pequeña fracción de las víctimas en una de las tantas noches en las cuales el número de perjudicados depende mayormente de la voluntad de los criminales. La inseguridad en nuestro país se ha incrementado a niveles alarmantes, mientras que el gobierno parece ser incapaz de tomar medidas concretas que puedan hacer frente a una situación verdaderamente lamentable.

La pérdida de Paul Flores no solo es importante por el mero hecho de figura pública de la víctima, sino que su irreparable deceso visibiliza una realidad concreta que es la falta de manejo del gobierno en materia de seguridad ciudadana, un problema que por su cotidianeidad hemos prácticamente normalizado, pero que no solo se percibe, sino que se siente.

Las cifras

Según el ‘Barómetro de Seguridad’ y datos de la encuesta Inseguridad ciudadana en Perú de IPSOS, al menos ocho de cada diez peruanos a nivel nacional perciben inseguridad al salir de sus hogares. Las cifras revelan que el 76 % de la población no se siente segura en las calles, mientras que solo el 22 % experimenta una sensación de seguridad.

En la misma encuesta (IPSOS,2025) realizada en febrero de este año cuando se consulta a los ciudadanos sobre los grandes culpables de esta ingrata situación refieren principalmente a la presidenta Dina Boluarte, con 56% y el Congreso de la República, con 42 %, como los principales responsables de los problemas de inseguridad que vive el país, según revela el estudio. También son considerados responsables de la inseguridad la Policía Nacional (37 %), los fiscales (32 %), el Ministerio del Interior que lidera Juan José Santiváñez (29 %).

Desconfianza

Otro tema no menor resulta la desconfianza de la gente hacia sus instituciones. Según el estudio, esta ha incrementado considerablemente en todos los aspectos de persecución del delito: Un 70 % desconfía del trabajo de la Policía Nacional en su lucha contra la delincuencia. Asimismo, dadas las leyes que han favorecido al crimen organizado, es del Congreso de quien más desconfía la gente con un 92 %, seguido del Ministerio del Interior con 83 %. Esta resquebrajada relación es un factor fundamental que se debe restaurar desde una política pública que pretenda abordar la situación de manera seria.

Esta desconfianza no es para nada gratuita, si analizamos la operatividad de la PNP podemos observar de acuerdo con el documento elaborado por la Dirección General de Información para la Seguridad, adscrita al Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, la Policía presenta un 44% de unidades vehiculares inoperativas; es decir, 8.022 unidades. De esa cifra, un 26 % (4.656 unidades) es irrecuperable, mientras que un 19 % (3366 unidades) es recuperable. "(El Comercio, 2025). ¿Cómo se supone entonces que una PNP en estas condiciones puedan enfrentar un enemigo de esta naturaleza?

Las cifras parecen indicar que es la sociedad civil quien tiene una visión más exacta de lo que ocurre en realidad, mientras que la respuesta del gobierno, además de una férrea defensa mediática del ministro de educación Morgan Quero, se ha basado una vez más en la declaratoria del Estado de emergencia en Lima y Callao, una medida que ya ha sido implementada en anteriores oportunidades con resultados bastante discretos. Así pues, a pesar del ruido político que se ha generado a partir de las mociones de censura planteadas incluso por cierto sector de los aliados del gobierno, este ha decidido hacer caso omiso, ignorando los cuestionamientos hacia la desgastada gestión del titular de la cartera de Interior, Juan José Santiváñez.

Declarar el estado de emergencia no es una solución suficiente para combatir la crisis de inseguridad ciudadana en la que nos encontramos, ya que se trata de una medida temporal que, si bien permite una mayor presencia militar y policial en las calles, no aborda las causas estructurales del problema. La delincuencia está relacionada con factores como la falta de empleo, la corrupción en las instituciones, la impunidad en el sistema judicial y la falta de oportunidades educativas para los jóvenes. Además, el crimen organizado y el narcotráfico han evolucionado y requieren estrategias más sofisticadas que solo el despliegue de fuerzas de seguridad. Como medida inmediata y visto el actuar de este ministerio un relevo en el ministerio exigido por varios sectores podría refrescar la gestión siempre y cuando esto implique directrices claras como las ya descritas.

Para lograr un cambio efectivo, es necesaria una reforma integral del sistema judicial y policial, garantizando procesos eficientes y sanciones efectivas contra la delincuencia. Es fundamental fortalecer la inteligencia policial para desarticular organizaciones criminales, en lugar de enfocarse únicamente en la represión. Además, se deben implementar programas de prevención que incluyan acceso a educación de calidad, empleo digno y espacios seguros para los jóvenes en situación de riesgo. La inversión en tecnología, como cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y patrullaje inteligente, también puede mejorar la seguridad. Sin estas medidas estructurales, el estado de emergencia solo será un paliativo y no una solución duradera.

(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com

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 respuesta de geraldine facundo el 2022-10-26.

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