Yefferson Llonto Caicedo (*) Brenda Vallejo Mezarina (**)
A pocas semanas de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre de 2026, conviene exigir propuestas que expliquen cómo convertir cada territorio en un lugar donde emprender resulte viable. Por lo que la agenda subnacional permite reducir obstáculos y construir condiciones para que las empresas inviertan, crezcan y contraten. Sin embargo, la promesa electoral debería precisar responsables, prioridades y resultados verificables.
De acuerdo al índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026, evidencian prioridades que deben diferenciarse en servicios básicos y presencia estatal en Loreto y Ucayali; capacidades laborales en Huánuco; inclusión financiera y formalización en Amazonas; y formalidad, conectividad y continuidad del agua en Puno. Por lo que se ubica Loreto en la posición 25, Ucayali en la posición 24, Huánuco en la posición 23, Amazonas en la posición 22 y Puno en la posición 21.
Mientras que la capacidad estatal para la provisión de servicios públicos Loreto en el periodo 2015-2024 alcanzó el valor de 15.57, mientras que Ucayali alcanza el valor de 32.71, Amazonas alcanzó el valor 47.12, Puno alcanzó el valor de 50.09 y Huánuco alcanzó el valor de 53.15, evidenciando aún serios problemas de brechas críticas de infraestructura y servicios, así como un desorden territorial y la falta de planificación que genera una caída en la atracción de la inversión privada.
Promoción del crecimiento
La primera propuesta para las próximas autoridades es revisar el recorrido completo de quien busca abrir o ampliar un negocio. Conviene identificar requisitos duplicados, cobros sin sustento y demoras, utilizando como referencia el trabajo de Indecopi sobre barreras burocráticas. Una ventanilla con seguimiento del expediente, requisitos públicos y responsables identificados debería acompañarse de atención presencial accesible. La digitalización debe simplificar el procedimiento y también corresponde publicar tiempos reales de atención y resolver reclamos, preservando las verificaciones de seguridad que correspondan.
La segunda tarea es planificar dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse la actividad económica. Siguiendo las recomendaciones del índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026, los gobiernos locales deberían fortalecer sus instrumentos urbanos y priorizar infraestructura vinculada con corredores productivos. Eso supone coordinar accesos viales, drenaje, saneamiento, conectividad y mantenimiento con las entidades competentes. Conviene seleccionar intervenciones según los obstáculos identificados con productores y empresas, su demanda comprobada y su sostenibilidad. Un mercado renovado requiere accesibilidad, servicios operativos y administración para contribuir al comercio local.
El financiamiento exige proyectos preparados, por lo que se recomienda carteras integrales que consideren asociaciones público-privadas y Obras por Impuestos. Los alcaldes deberían evaluar estos mecanismos con asistencia especializada, estudios suficientes y previsiones de operación y mantenimiento. La propuesta debe justificar qué problema resuelve, quiénes se benefician y qué obligaciones compromete. También conviene publicar avances y dificultades de cada proyecto. Para atraer participantes privados, resulta necesario ofrecer información territorial confiable y procedimientos transparentes, evitando convertir la promoción de inversiones en anuncios sin respaldo técnico.
Seguridad para la población
La seguridad merece una agenda económica explícita. El INCORE recomienda prevención, información delictiva y articulación multisectorial. Desde esa orientación, las municipalidades deberían coordinar serenazgo y Policía, recuperar espacios públicos e identificar zonas comerciales que requieren intervenciones prioritarias. Corresponde evaluar el funcionamiento y la respuesta del servicio, además del equipamiento adquirido. El diálogo con comerciantes y transportistas permitiría orientar acciones preventivas y canales de alerta. Los compromisos deben respetar las competencias institucionales y someterse a seguimiento público junto con los actores involucrados.
Para conectar inversión con empleo local, conviene impulsar acuerdos entre municipalidades, empresas e instituciones formativas que identifiquen ocupaciones demandadas y organicen capacitación pertinente. La estrategia debería incluir intermediación laboral y asistencia a pequeños proveedores para mejorar calidad, gestión y acceso a mercados. Este planteamiento desarrolla la agenda de competitividad laboral, pero sus resultados deben evaluarse. Conviene registrar colocaciones sostenidas y condiciones laborales, junto con participación de jóvenes y mujeres, sin asumir que cada capacitación culminará automáticamente en una contratación.
Todo ello requiere una municipalidad capaz de ejecutar y sostener decisiones, por lo que resulta prioritario fortalecer equipos técnicos, conservar información durante la transición y vincular planificación, presupuesto y servicios. El próximo gobierno local debería acordar una agenda con responsables y recursos, coordinada con el gobierno regional. Cada compromiso necesita continuidad institucional para sostener sus resultados durante toda la gestión. La participación empresarial y ciudadana ayudaría a identificar dificultades y revisar avances, mediante espacios públicos de diálogo que eviten privilegios y permitan escuchar también a los emprendimientos pequeños.
El compromiso electoral debería culminar en un tablero público de resultados actualizado con plazos de trámites, continuidad de servicios, inversiones efectivamente ejecutadas y empleos verificables. Es necesario establecer líneas de base antes de fijar metas, atraer capital y ampliar oportunidades laborales exige construir confianza mediante una gestión municipal que cumpla compromisos y demuestre mejoras concretas para quienes producen, trabajan y emprenden.
(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
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