Yefferson Llonto Caicedo (*) Brenda Vallejo Mezarina (**)
A pocas semanas de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre de 2026, conviene exigir propuestas que expliquen cómo convertir cada territorio en un lugar donde emprender resulte viable. Por lo que la agenda subnacional permite reducir obstáculos y construir condiciones para que las empresas inviertan, crezcan y contraten. Sin embargo, la promesa electoral debería precisar responsables, prioridades y resultados verificables.
De acuerdo al índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026, evidencian prioridades que deben diferenciarse en servicios básicos y presencia estatal en Loreto y Ucayali; capacidades laborales en Huánuco; inclusión financiera y formalización en Amazonas; y formalidad, conectividad y continuidad del agua en Puno. Por lo que se ubica Loreto en la posición 25, Ucayali en la posición 24, Huánuco en la posición 23, Amazonas en la posición 22 y Puno en la posición 21.
Mientras que la capacidad estatal para la provisión de servicios públicos Loreto en el periodo 2015-2024 alcanzó el valor de 15.57, mientras que Ucayali alcanza el valor de 32.71, Amazonas alcanzó el valor 47.12, Puno alcanzó el valor de 50.09 y Huánuco alcanzó el valor de 53.15, evidenciando aún serios problemas de brechas críticas de infraestructura y servicios, así como un desorden territorial y la falta de planificación que genera una caída en la atracción de la inversión privada.
Promoción del crecimiento
La primera propuesta para las próximas autoridades es revisar el recorrido completo de quien busca abrir o ampliar un negocio. Conviene identificar requisitos duplicados, cobros sin sustento y demoras, utilizando como referencia el trabajo de Indecopi sobre barreras burocráticas. Una ventanilla con seguimiento del expediente, requisitos públicos y responsables identificados debería acompañarse de atención presencial accesible. La digitalización debe simplificar el procedimiento y también corresponde publicar tiempos reales de atención y resolver reclamos, preservando las verificaciones de seguridad que correspondan.
La segunda tarea es planificar dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse la actividad económica. Siguiendo las recomendaciones del índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026, los gobiernos locales deberían fortalecer sus instrumentos urbanos y priorizar infraestructura vinculada con corredores productivos. Eso supone coordinar accesos viales, drenaje, saneamiento, conectividad y mantenimiento con las entidades competentes. Conviene seleccionar intervenciones según los obstáculos identificados con productores y empresas, su demanda comprobada y su sostenibilidad. Un mercado renovado requiere accesibilidad, servicios operativos y administración para contribuir al comercio local.
El financiamiento exige proyectos preparados, por lo que se recomienda carteras integrales que consideren asociaciones público-privadas y Obras por Impuestos. Los alcaldes deberían evaluar estos mecanismos con asistencia especializada, estudios suficientes y previsiones de operación y mantenimiento. La propuesta debe justificar qué problema resuelve, quiénes se benefician y qué obligaciones compromete. También conviene publicar avances y dificultades de cada proyecto. Para atraer participantes privados, resulta necesario ofrecer información territorial confiable y procedimientos transparentes, evitando convertir la promoción de inversiones en anuncios sin respaldo técnico.
Seguridad para la población
La seguridad merece una agenda económica explícita. El INCORE recomienda prevención, información delictiva y articulación multisectorial. Desde esa orientación, las municipalidades deberían coordinar serenazgo y Policía, recuperar espacios públicos e identificar zonas comerciales que requieren intervenciones prioritarias. Corresponde evaluar el funcionamiento y la respuesta del servicio, además del equipamiento adquirido. El diálogo con comerciantes y transportistas permitiría orientar acciones preventivas y canales de alerta. Los compromisos deben respetar las competencias institucionales y someterse a seguimiento público junto con los actores involucrados.
Para conectar inversión con empleo local, conviene impulsar acuerdos entre municipalidades, empresas e instituciones formativas que identifiquen ocupaciones demandadas y organicen capacitación pertinente. La estrategia debería incluir intermediación laboral y asistencia a pequeños proveedores para mejorar calidad, gestión y acceso a mercados. Este planteamiento desarrolla la agenda de competitividad laboral, pero sus resultados deben evaluarse. Conviene registrar colocaciones sostenidas y condiciones laborales, junto con participación de jóvenes y mujeres, sin asumir que cada capacitación culminará automáticamente en una contratación.
Todo ello requiere una municipalidad capaz de ejecutar y sostener decisiones, por lo que resulta prioritario fortalecer equipos técnicos, conservar información durante la transición y vincular planificación, presupuesto y servicios. El próximo gobierno local debería acordar una agenda con responsables y recursos, coordinada con el gobierno regional. Cada compromiso necesita continuidad institucional para sostener sus resultados durante toda la gestión. La participación empresarial y ciudadana ayudaría a identificar dificultades y revisar avances, mediante espacios públicos de diálogo que eviten privilegios y permitan escuchar también a los emprendimientos pequeños.
El compromiso electoral debería culminar en un tablero público de resultados actualizado con plazos de trámites, continuidad de servicios, inversiones efectivamente ejecutadas y empleos verificables. Es necesario establecer líneas de base antes de fijar metas, atraer capital y ampliar oportunidades laborales exige construir confianza mediante una gestión municipal que cumpla compromisos y demuestre mejoras concretas para quienes producen, trabajan y emprenden.
(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
El Ministerio de Economía y Finanzas presentó la propuesta de Presupuesto Público 2027, que el Congreso debatirá en los próximos meses y que plantea reorganizar los recursos entre niveles de gobierno: crece el presupuesto de las municipalidades del país, mientras cae el de los Gobiernos Regionales. En Lambayeque, sin embargo, esta reorganización generará una caída del conjunto que manejan el Gobierno Regional y sus 38 municipalidades: de S/3296 millones aprobados en 2026, la región pasaría a S/3143.3 millones en 2027, una caída de 4.6 %.
La principal explicación está en la inversión: la cartera de proyectos cae de 217 en 2026 a 126 en 2027 (-41.9 %), con un monto total de inversión 18.9 % menor al del año anterior, a diferencia del gasto operativo, que sube apenas 1.9 %. Es decir, en 2027 Lambayeque tendría menos obras que en 2026.
Problema del sector
El sector que más llama la atención es el de Educación. Su presupuesto conjunto en Lambayeque cae 11.0 % (de S/1212.5 a S/1078.5 millones), y esa caída es casi enteramente inversión en infraestructura escolar: el capital educativo se desploma 68.3 % (de S/212.9 a S/67.5 millones). Ese recorte llega sobre una base ya débil: según la Gerencia Regional de Educación, cerca de 60 % de los colegios públicos de Lambayeque —unas 2000 instituciones— arrastra problemas de infraestructura (techos y muros deteriorados, baños colapsados, cercos inexistentes, entre otros). En conjunto, 309 colegios entre las provincias de Lambayeque y Chiclayo necesitan reconstrucción o mantenimiento, con 52 aulas ya inhabitables; días antes de iniciar el año escolar 2026, la UGEL reportó 144 instituciones con daños severos.
Ese déficit convive con aprendizajes débiles y persistentes: según ESCALE (Ministerio de Educación), Lambayeque lleva una década por debajo del promedio nacional en Lectura y Matemática, en primaria y en secundaria. En 4º de primaria, solo 3 de cada 10 estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio en Lectura (31.2 %, 2024); en Matemática, la región tocó su peor punto en 2023 (16.1 %) y dio un salto inusual en 2024 (26.9 %), aunque sigue por debajo del promedio nacional. En 2º de secundaria el estancamiento es más severo: en 2025 apenas 9.1 % logró el nivel esperado en Matemática (12.7 % nacional) — 9 de cada 10 estudiantes no lo alcanza.
Brechas por resolver
Aún más, días después de presentada esta propuesta, el Perú conoció los resultados de PISA 2025: el país retrocedió a niveles similares a los de 2015 en lectura y matemática, muy por debajo del promedio de la OCDE, con cerca de 46.6% de los estudiantes en el nivel más bajo. La infraestructura no lo explica todo, pero la evidencia muestra que el entorno físico de la escuela pesa tanto o más que las condiciones socioeconómicas del estudiante. Recortar justamente la inversión en infraestructura escolar de Lambayeque va en la dirección contraria a lo que esos resultados exigen.
La estrategia del gobierno de reorganizar los recursos —favoreciendo a las municipalidades y recortando al Gobierno Regional— ha terminado por reducir el presupuesto total de la región, y ha golpeado con especial dureza a la educación, justo cuando Lambayeque ya arrastra un déficit crítico de infraestructura escolar y resultados de aprendizaje por debajo de lo esperado. El Congreso tiene la obligación de revertir este recorte y lograr un aumento de inversión en la educación de la región, que con tanta fuerza lo necesita.
(*) Economista Senior de Hágase Instituto.
