Según cifras de la Contraloría General de la República, el Perú pierde 23 mil millones de soles en promedio todos los años a causa de la corrupción. Para el consultor Jorge Chávez Pita, esto se debe en gran parte a que la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, ha perdido su esencia, siendo cada vez menos efectiva.
“La Ley de Contrataciones del Estado ha sido totalmente distorsionada por la jurisprudencia, opiniones que son de aplicación obligatoria directiva, acuerdos de la sala plena que han cambiado la esencia de la misma ley con todos estos arreglos. Ahora los operadores están ávidos de realizar alguna acción corrupta porque ven que todas las obras que se contratan, sobre todo en Lambayeque, están direccionadas (…) La ley está fuera de contexto, es obsoleta, ha sido manipulada”, indica.
Asimismo, anota que el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, debe ser reestructurado, pues al Tribunal de Contrataciones del Estado no se le fiscaliza, pese a que esta instancia resuelve sobre grandes cantidades de dinero y sí cuenta con capacidad sancionadora.
Legislación
El consultor explica que la corrupción prevalece en el Perú porque tampoco hay una legislación disuasiva, efectiva y oportuna que permita identificar los posibles hechos de corrupción antes de que se consumen. En ese sentido, destaca que el Congreso haya aprobado por insistencia la ley que le otorga capacidad sancionadora a la Controlaría.
“Debemos velar por las prerrogativas de los entes de control para tomar acciones más efectivas y oportunas, porque sino vamos a seguir en lo mismo. Los operadores, funcionarios, las mismas autoridades consideran que si se identifica un hecho de corrupción se llevará un proceso de investigación penal y eso demanda mucho tiempo. Hay veces que las causas prescriben o en las que las sanciones son tibias”, menciona.
Personal de confianza
Chávez Pita refiere que se debe regular la contratación del llamado personal de confianza, ya que este no llega a la gestión pública por sus propios méritos ni por su capacidad, sino por influencias. En muchos casos -asegura- se enquistan en las instituciones para encubrir a los operadores de la corrupción.
“Mientras esto no se regule, mientras no haya un parámetro establecido donde prevalezca fundamentalmente la meritocracia, entonces vamos a tener siempre lo mismo: funcionarios que solamente se dedican a accionar en función de los operadores de la corrupción”, resalta Chávez Pita.
Apunta que también es igual de importante acabar con el corruptor, aquel que corrompe al resto de funcionarios y está a la espera de ver la forma de coludirse para sacar provecho de situaciones específicas como adquisición de bienes. Indica que durante la pandemia se evidenció esto a través de las compras directas de Equipos de Protección Personal – EPP.
“El nuevo gobierno debe ver la forma de que las entidades públicas tengan una regulación respecto a la contratación de personal de confianza. ¿Confianza para qué? ¿Para que encubran los malos actos dentro de las instituciones? Tiene que haber un punto de inflexión, un golpe de timón para lograr que los niveles de corrupción disminuyan porque es demasiado el dinero que va a parar a los bolsillos de la gente de forma ilegal. Mientras tanto, otras personas no tienen agua, desagüe, ni alimentos. Hay una desigualdad tremenda”, enfatiza.
Corrupción histórica
Por otro lado, subraya que todos los gobiernos en la historia contemporánea, desde Juan Velasco Alvarado hasta Martín Vizcarra Cornejo se han visto manchados por la corrupción, en mayor o menor medida.
“La mayoría de expresidentes están investigados, privados de su libertad, con detención domiciliaria, uno está fugado y otro se suicidó. Eso es lo que tenemos. Encontramos corrupción en todos los niveles y en todos los períodos gubernamentales, tal es así que ahora tenemos el caso Lava Jato, que es un emblema, una insignia del robo de los recursos públicos”, lamenta.
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