La ciudadanía se pregunta qué es la ley de terrorismo urbano, cómo este dispositivo legal si entra en funcionamiento podría acabar con la inseguridad ciudadana que le gana a nuestro país y en particular en la capital de la república, donde los asesinatos suman cada día. El dispositivo legal presentado define el terrorismo urbano como los actos que generen zozobra en la población o un sector de ella, a través de los delitos de extorsión y sicariato; y establece sancionar a quienes lo cometan con pena privativa de la libertad no menor a 30 años.

Recordemos que el proyecto de ley recoge las observaciones del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la ciudadanía, alerta sobre algunos vacíos que serían contraproducentes y no sumarían nada en la lucha contra la delincuencia.

Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que al incluir el delito de robo dentro del “terrorismo urbano” además de ser sancionado con hasta ocho años de cárcel, podría recibir una pena adicional de hasta 25 años por esta nueva tipificación, lo que atenta con el principio de legalidad.

Por su parte, el Ministerio Público coincide con lo dicho por el Minjus, que la norma atenta con el principio de legalidad y proporcionalidad y considera que “no resulta viable, porque no sería la mejor solución para abordar la inseguridad ciudadana”. La entidad señaló que esta problemática necesita “un enfoque multidimensional que involucre sociedad, gobierno, instituciones y expertos en diferentes campos para encontrar soluciones efectivas y equitativas”.

En ese sentido, recuerdan que no todos los delitos y actos de violencia pueden ser calificados como terrorismo, puesto que el terrorismo parte de una ideología política y sus conductas apuntan a la destitución de un régimen elegido constitucionalmente. Al tipificar los delitos violentos como “terrorismo urbano” lo que se hace en realidad, es banalizar el delito, que es uno de los más graves que tiene el Código Penal.

Al cierre de edición el Titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, recalcó la voluntad del Gobierno nacional de participar en el debate sobre normativa contra la criminalidad. Gustavo Adrianzén, rechazó de manera categórica que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante el Congreso de la República, para modificar el código penal e incorporar el delito de terrorismo urbano, tenga por objetivo afectar el derecho a la protesta. Sin embargo, enfatizó que no se tolerará el vandalismo.

"Descartamos que el proyecto tenga el propósito de mermar el derecho fundamental de los ciudadanos a la protesta. Nosotros respetamos la movilización y la protesta social, lo único que pedimos es que las protestas se realicen de manera pacífica", indicó el jefe del Gabinete Ministerial desde el Parlamento, a donde acudió para presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

“No podemos tolerar el vandalismo, la protesta criminal, la que en su momento ha impedido que, con las carreteras bloqueadas, las ambulancias no pasen; aquella protesta que significó la quema de sedes de instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público, y de comisarías. Esa protesta no la aceptamos y no la vamos a tolerar. Por lo demás, el pueblo tiene el libre derecho de manifestarse libremente”, subrayó el premier.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) también anunció que el Ejecutivo solicitará al Congreso que se le permita participar en el debate en torno al texto sustitutorio sobre terrorismo urbano. "Creemos que es imprescindible llamar a las cosas por su nombre. Lo que está ocurriendo en el Perú es terrorismo urbano. No tenemos que emplear otro tipo de lenguaje. A las cosas hay que llamarlas por lo que son", manifestó el premier Adrianzén.

Con relación a la disposición complementaria del proyecto de ley sobre terrorismo urbano que presentó el Ejecutivo, el jefe del Gabinete Ministerial explicó que esta solo busca garantizar la protección constitucional y legal de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas (FF.AA.).

"Lo único que hacemos es decir que cuando nuestras fuerzas del orden actúen en el marco de un estado de excepción, ejecutando los planes operativos correspondientes, cualquier acto que de allí se derive tiene que ser atendido ante el fuero judicial militar", declaró.

El llamado al diálogo con transportistas que ha realizado el titular de la PCM también aseguró que los efectos de las medidas adoptadas por el Gobierno contra la inseguridad se notarán paulatinamente, por lo que hizo un llamado al gremio de transportistas a continuar el diálogo con el Gobierno nacional, a fin de poder alcanzar medidas que permitan dar solución a los principales problemas que los afectan.

"Estamos promoviendo medidas normativas para endurecer las penas contra el sicariato y la extorsión, y crear la figura del terrorismo urbano. Creemos que esas medidas, junto al quehacer de inteligencia del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión de la PNP contribuirán a combatir la inseguridad ciudadana que se vive en la actualidad", añadió el premier.

En la sustentación de modificaciones presupuestarias el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, inició la jornada en el Congreso con la sustentación de las modificaciones presupuestarias aprobadas por decreto supremo durante el cuatro bimestre del 2024, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

Durante su exposición, el jefe del Gabinete Ministerial explicó que en el bimestre julio-agosto se emitió el decreto supremo nro. 131-2024-EF para financiar el pago de adelantos, valorizaciones y gastos correspondientes a la ejecución de 12 proyectos de inversión de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), por un total de S/1900 millones, de los cuales se han ejecutado S/749 793 236 hasta la fecha.

También explicó que el decreto supremo nro. 136-2024-EF permitió financiar con S/105 437 el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2023, para el Despacho Presidencial y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

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