Sin duda, los indicadores de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres en el Perú son cada vez más alarmantes. En Lambayeque, los Centro de Emergencia Mujeres reportaron el año pasado 3765 denuncias, de las cuales 559 están referidas a casos contra niños y niñas de 0 a 11 años de edad. Adicionalmente, hubo otras 729 denuncias por agresiones contra niños y adolescentes entre 12 y 17 años. Varios de esos casos fueron por violación sexual.

Nuestra región es también escenario de actos contra la libertad sexual de menores, que van desde el acoso sexual hasta las violaciones, y pese a los esfuerzos del sistema de justicia, que ha castigado en varias ocasiones con severidad, es decir, con cadena perpetua a los agresores, pareciera que todo es insuficiente.

Surge entonces la interrogante de si el marco normativo para erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes, contra la mujer y el grupo familiar es o no lo suficientemente fuerte y efectivo para reducir los indicadores. Si lo son, ¿por qué todos los días vemos, con mayor asombro, cómo violentan a los menores incluso hasta causarles la muerte?.

¿Es la pena de muerte una solución posible? La constitución vigente no la contempla, pues en los artículos 140 y 173 se señala con claridad cuáles son las posibilidades de aplicación: traición a la patria en caso de guerra y terrorismo.

No es la primera vez que se somete a debate público el planteamiento de aplicar la pena de muerte contra violadores de menores, cada vez con mayor espíritu populista que meramente jurídico. ¿Olvidó el Estado y sus actores el caso Monstruo de Armendáriz, por el cual un inocente fue condenado a muerte, falsamente acusado de haber ultrajado a un menor?

En las elecciones presidenciales del 2006 uno de los candidatos puso el tema en agenda y así se ha tocado cada vez que se intenta abordar el problema de la inseguridad ciudadana con medidas unas más extremas que otras y que al final de cuentas resultan en inviables, inconstitucionales o infructuosas, como aquella de sacar a los militares a las calles o declarar estados de emergencia sin ningún resultado.

El Perú, como bien sabemos, está sujeto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de cuya jurisdicción algunos actores políticos han buscado la salida del país, bajo falsas afirmaciones de que allí se defiende a terroristas y se condena a militares que enfrentaron a los criminales subversivos entre 1980 y el 2000. ¿Nos olvidamos que varios de los magistrados del Poder Judicial echados tras al autogolpe de 1992 fueron restituidos por la CDIH? ¿O que los trabajadores despedidos por Telefónica alcanzaron justicia precisamente en la corte?

El sistema prohíbe expresamente la aplicación de la pena de muerte, al considerar que no solo trasgrede la Convención Americana de la que el Perú es firmante y que, además, ha ratificado, sino también porque esta no es una estrategia adecuada para enfrentar el problema de inseguridad que vivimos, como resultado de la falta de una política de Estado clara, eficiente, con resultados tangibles y con planes duraderos en el tiempo y sin contaminación por corrupción.

Mi posición de periodista y representante gremial es que siendo el Perú un Estado de Derecho lo razonable es seguir el cauce constitucional y de ordenamiento interno para enfrentar el problema de inseguridad, pero, además, apuntar a la raíz del problema de violencia contra niñas, niños, adolescentes, mujeres e integrantes del grupo familiar.

Eso pasa por una política de Estado orientada a la educación, con enfoque de género, en el que se trabaje el respeto a la integridad del prójimo, y énfasis en la Educación Sexual Integral, que de acuerdo a lo señalado por UNESCO, es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad, cuyo propósito es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas; y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos. Cuando la educación integral de calidad en sexualidad deficiente o inexistente, adaptada a la edad y a la etapa de su desarrollo, expone a los niños y jóvenes a una situación de vulnerabilidad frente a las conductas sexuales negativas y a la explotación sexual.

Muchos dirán que avanzar en ese sentido tomará años, décadas, para lograr una sociedad de respeto y equidad, y sin violencia, y entonces surge la pregunta: ¿mientras tanto qué? Si algo caracteriza al Estado peruano es la falta de prevención en todos los aspectos, desde los desastres naturales hasta la salud pública, y la violencia sí puede prevenirse. Pero si en el criterio de los tomadores de decisiones están ideas como desaparecer el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, debilitando lo poco que se ha avanzado, seguiremos reuniéndonos dos, tres, muchas veces más para abordar, guiados por un espíritu netamente populista, salidas como aplicar la pena de muerte.

Agradezco la gentil invitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que en mi condición de decana del Colegio de Periodistas de Lambayeque participe de la Sesión Descentralizada que realizó en Chiclayo para socializar este tema que se expone en todo el país, pero cuestiono que se dediquen esfuerzos a temas que son evidentemente inviables, antes de convocar a las fuerzas vivas de la sociedad para analizar, por ejemplo, el serio problema carcelario del país. En Chiclayo, tenemos un establecimiento penitenciario con más de 4000 internos, siendo su capacidad real de solo 1300 personas y con un proyecto de ampliación que se anunció hace 15 años y hasta ahora sigue durmiendo, en este caso, el sueño de los injustos. No estoy de acuerdo con la pena de muerte.