La inseguridad ciudadana es el problema que más preocupación genera en la población del país. Los acontecimientos recientes, como el asesinato del cantante Paul Flores García o el estallido de una bomba lacrimógena al interior de una discoteca en Chiclayo, son prueba de la crítica situación que se vive a nivel nacional, sobre la cual el jefe de la Región Policial Lambayeque, Luis Bolaños Melgarejo, afirma que es imposible de superar existiendo debilidades a nivel operativo y normativo.
“La carencia de normas para actuar ante la flagrancia delictiva e investigaciones nos impide dar una lucha frontal y duradera contra la criminalidad organizada y bandas, ante los delitos que están causando zozobra a la sociedad”, señala la autoridad.
Bolaños Melgarejo, quien intervino en el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aseveró que hoy en día no existen mecanismos suficientes para enfrentar flagelos como la extorsión.
Reubicar penales
Refiere que los establecimientos penitenciarios no deberían estar en las ciudades, pero lamentablemente el crecimiento demográfico ha hecho que los penales estén en el corazón de las zonas urbanas y eso impide la lucha contra la criminalidad por una razón muy simple, que es la imposibilidad de realizar la oportuna detección del uso de equipos celulares dentro de los reclusorios.
“El delito que más nos está afectando en estos momentos es la extorsión y lo digo con total autoridad, pues he trabajado en la unidad especializada contra secuestros y extorsiones. Más del 80 % de las llamadas extorsivas en el país salen de los establecimientos penitenciarios. Lamentablemente, no tenemos las normas para continuar las investigaciones por las denuncias que estamos recibiendo por ese delito. Sabemos que las llamadas se hacen desde un equipo celular, pero no sabemos de qué lugar específico, esto porque la telefonía ya no es convencional, no es la de hace una década, cuando con una simple lectura del registro de llamadas era más sencillo identificar el operador y lugar de origen. Hoy los criminales utilizan las redes sociales y la comunicación digital, y en el país el espectro electrónico no está totalmente regulado. La falta de regulación del espacio digital impide que la policía pueda investigar y determinar quiénes son los que realmente amenazan y extorsionan a los ciudadanos, sobre todo a los empresarios”, explica.
Bolaños Melgarejo asegura que es necesario perfeccionar el Decreto Legislativo 1182, norma que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Al respecto, menciona que es necesario que se obligue a los operadores de telefonía a la entrega oportuna y eficaz de la dirección IP desde la cual se recibe un mensaje o llamada extorsiva, la cual es suficiente para que la Policía determine el lugar de procedencia.
La autoridad policial es enfática en señalar que lo más de 60 penales que existen en el país deben ser reubicados en lugares no accesibles y lejos de la zona urbana. “Eso es cuestión de voluntades, son decisiones que se deben tomar a nivel político”, afirma.
“Tenemos también un Código de Ejecución Penal que tiene más de 50 años de vigencia y lamentablemente no se cumple lo que exige la norma, que es rehabilitar y reinsertar al criminal en la sociedad. Tengan por seguro que a cualquiera de los más de 100 mil internos del país, una vez que sale de la cárcel, ninguno de nosotros lo va a contratar para un trabajo, ni como obrero, ni como empleado, menos para confiarle seguridad o el traslado de nuestras familias. Como no tiene alternativa, ese reo que recupera la libertad no tiene otra opción que continuar en el círculo criminal hasta que por la edad avanzada se aparta de ello o, por alguna intervención policial, queda inválido, sale del país o muere. ¿Del 100 % de internos que están purgando condena, cuántos llegan a rehabilitarse? ¿Cuántos toman el camino del bien? Ni el 10 %. ¿Qué estamos haciendo como Estado ante ello?”, cuestiona Bolaños Melgarejo.
Cárceles escuela
Añade que los establecimientos penitenciarios, al no cumplir con el objetivo de lograr la resocialización de quien delinque, se han convertido en escuelas en las que se perfeccionan las prácticas criminales, agudizando el problema que inseguridad en el país.
“Le estamos dando mucha ventaja a los criminales, demasiada ventaja. Hay que ser sinceros, los penales son escuelas de postgrado en criminalidad. Jóvenes que por primera vez ingresan a un penal, entran como alumnos y salen con grado de capitanes. Un ingreso más y se vuelven generales de criminalidad, por eso es que los delitos cada vez son más violentos, porque en los penales se forman mejores cuadros para la delincuencia”, manifiesta.
Acota que el problema se hace aún más crítico cuando el delincuente forma una familia y esta se vuelve núcleo de prácticas ilícitas.
“Ese sujeto que sale de la cárcel y vuelve a delinquir, formará una familia y sus hijos crecerán con el espejo de un padre criminal, lo que en futuro dará como resultado tres o cuatro nuevos criminales. Pongamos más atención a los menores que están en abandono moral y material, a los hijos de los criminales, porque si no los cuidamos ahora y los formamos en el bien, serán ellos quienes le harán daño a la sociedad en el futuro”, asevera.
Tarea de todos
Luis Bolaños indica que resolver la crisis de inseguridad ciudadana no es una tarea exclusiva de la Policía Nacional del Perú. Para ello – precisa – es necesario el concurso de todos los estamentos del Estado y la participación de la población.
“El problema de la criminalidad ya escapó de las manos de la policía. Son normas las que se necesitan. Todos los años tenemos más requisitoriados capturados, más armas incautadas, más vehículos recuperados, más bandas desarticuladas, pero también cada año hay más hechos delictivos. Se necesita más apoyo de las autoridades y de la sociedad civil para combatir las diferentes modalidades de crimen. Con mejores normas y más estrategia, podemos contener lo que ocurre. Aquí no tenemos cárteles, tenemos bandas y algunas organizaciones criminales, pero la situación puede revertirse con mano firme, mayor apoyo de nuestros gobernantes y legisladores”, sostiene.
respuesta de MARIO REVOREDO el 2020-11-03.
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