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A PROPÓSITO DE LOS CUESTIONAMIENTO DEL CIP: ¿No son acaso los ingenieros los que participan de todos los procesos de una obra?

Escribe: Jorge Chávez Pita (*)
Edición N° 1294

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En la anterior edición, Expresión publicó una extensa entrevista realizada al Presidente del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – CONRREDE – de Lambayeque y decano del Colegio de Ingenieros, Carlos Burgos Montengro, en la cual, entre otras preguntas, fue requerida su posición respecto a la actuación de los funcionarios de la Autoridad de Reconstrucción Con Cambios – ARCC, desde su creación.

Preguntado sobre si se reafirmaba en su posición de que deben estar presos aquellos funcionarios de la ARCC que hayan cometido faltas administrativas, civiles, penales, el ingeniero Carlos Burgos respondió:

“Esperamos que de oficio haya actuado la Contraloría y fiscalía para investigar a tanto funcionarios y empresarios que hicieron mal las cosas. Si se determinan responsabilidades después de una investigación y hay una denuncia de la Fiscalía, se tiene que encausar a través del Poder Judicial para determinar si hay pedidos de prisión efectiva o no”.

Concluyó su respuesta de una manera certera, señalando sería una manera de resarcir el daño ocasionado a la región y el país; es decir, el decano estaría de acuerdo que los funcionarios vayan a la cárcel.

¿Quiénes serían los apresados?

Es bueno señalar que los funcionarios que serían sometidos al rigor de la justicia y podrían ir presos son en su mayoría ingenieros, al ser quienes han tenido o tienen la responsabilidad de ejecutar las acciones técnicas a nombre de la ARCC.

Burgos Montenegro, debe y tiene que saber que los ingenieros, a quien representa en esta parte del país, juegan un rol preponderante en la gesta de obras, en este caso públicas. Por lo tanto, conocer que desde la elaboración del perfil del proyecto que se pretende ejecutar está presente el profesional de la ingeniería en sus diferentes especialidades.

Continúa la labor de sus colegas ingenieros

La aprobación del expediente técnico, por cierto, es realizada por el titular de la Entidad o quien haga sus veces, claro está, previo a los informes de aceptación por parte de los responsables de las áreas técnicas del ente ejecutor, quienes previamente elaboran los famosos Términos de Referencia – TDR, que juegan un rol preponderante para determinar los requisitos en las bases del proceso de contratación determinantes para su adjudicación.

Según la norma procesal de las Contrataciones del Estado, el comité de selección encargado de admitir, evaluar, calificar y adjudicar la buena pro de un proceso de selección, debe estar integrado, por lo menos, por un ingeniero del área usuaria. En el caso de los procesos que se convocan bajo la normativa de la ARCC, el cuerpo normativo exige como obligación que los comités deben estar integrados por no menos dos ingenieros, incluso uno de ellos lo debe presidir y un tercero, del área de logística, quienes asumen la responsabilidad de conducir el procedimiento especial de contratación hasta la adjudicación de la buena pro.

La dirección y la supervisión de la ejecución

Sería ilógico pensar que los ingenieros no deberían realizar la labor de dirección y supervisión de una obra. Lo primero lo realiza un ingeniero residente y lo segundo un jefe de Supervisión, quienes en ambos casos lideran un staff de profesionales en ingeniería en las especialidades que el proyecto demanda, a través del expediente técnico, que igualmente fue confeccionado, aceptado y aprobado por los ingenieros del área técnica de la entidad. Es decir, en todos estos momentos, los ingenieros asumen la responsabilidad de concluir con la ejecución del proyecto en óptimas condiciones y en el tiempo previsto.

También recepcionan y liquidan obras

SÍ pues. Al concluir la ejecución de una obra, los ingenieros nombrados para recepcionarla, juegan un rol preponderante para advertir algunas deficiencias en el proceso constructivo, que bien podrían ser subsanadas bajo la dirección del ingeniero residente y el supervisor, para luego, proceder a liquidar la obra en sus aspectos netamente técnicos, que permita al titular de la entidad - previo a los informes de las áreas administrativas – emitir la resolución de liquidación técnica y financiera del proyecto.

Da la impresión que el decano no quiere referirse directamente a su pares ingenieriles, limitándose a decir que son los funcionarios los que deben ir presos. En todo Colegio de Ingenieros están habilitados profesionales que se encargan de ejecutar y supervisar las obras públicas, otros que se encargan de conformar los comités de selección y son responsables de elegir a quienes deben ejecutar y supervisar, recibir o liquidar.

En este punto sería importante que el decano de los ingenieros informe cuántos de los colegiados han sido sometidos al Tribunal de Ética por faltar a los principios de la profesión, defraudar al Estado y ser responsables de la deficiente obra pública que tenemos en Lambayeque. Eso también debería decirlo con claridad.

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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.

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EN LAMBAYEQUE: Se pudo prevenir los da├▒os del cicl├│n Yaku

Escribe: Jorge Chávez Pita (*)
Edición N° 1294

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  • La ARCC tenía las herramientas legales y presupuestales para impedir los daños causados.

Todo indica que la Autoridad de la Reconstrucción Con Cambios - ARCC, hoy puesta en la palestra por su falta de eficiencia y eficacia, desnudada por cierto por su rival de ocasión, el ciclón Yaku, tenía todo a la mano para impedir que este fenómeno natural atentara contra lo más preciado que tienen los pueblos empobrecidos, como es la vida, donde morar y de qué vivir, pueblos por los que no hizo nada para amenguar los embates de las crecidas de ríos y quebradas, demostrando de esta forma el desprecio por la vida y la dignidad humana.

La ARCC, creada fundamentalmente para prevenir los daños que pudiera causar un fenómeno natural cíclico llamado El Niño, pudo en esta oportunidad, si bien no en su totalidad, paliar en gran parte los efectos devastadores de un evento natural, siempre y cuando no se hubieran cometido los errores clamorosos para prevenir la ocurrencia, en este caso, de un fenómeno imprevisto por su concepción misma, que ha desnudado la ineficiencia de un ente ejecutor, que, por decir lo menos, no ha cumplido con la función encomendada de estructurar las defensas ribereñas de los causes de los ríos más importantes de la región.

Lo que no se concretó

Las obvias carencias gestoras de la ARCC han permitido, por ejemplo, que no se haya ejecutado un mínimo porcentaje del contrato celebrado el 30 de diciembre de 2020 con el Consorcio Ríos del Norte, conformado por dos empresas provenientes del Reino Unido, producto del acuerdo de Gobierno a Gobierno celebrado entre el Perú y el país aludido, cuyo fin consistió en la realización de los trabajos de ingeniería y construcción que deberían haberse llevado a cabo con la finalidad de ejecutar la obra integral de las defensas ribereñas de los ríos La Leche y Motupe, valorizada en 400 millones de soles.

Hoy son lamentos, mañana serán tormentos

La inercia y el continuismo hoy no nos permite aterrizar con un plan de contingencia que impida lamentarnos después de lo ocurrido. La decidía y la improvisación siempre fueron y seguirán siendo el aplicativo determinante para agravar un desastre natural, es decir, la falta de prevención de los daños causados, fuere el que fuere, históricamente nos han arrastrado a vivir momentos tormentosos y caer en el vació de la precariedad convivencial y el desánimo ciudadano, cuando vemos que las autoridades dejan para después lo que debieron hacer antes de lo sucedido.

¿Hay mucho por hacer?

Por supuesto que sí y por qué no. Lo primero, la predictibilidad liderada por el aparato estatal ejecutivo juega un rol preponderante para prevenir un posible desastre natural, máxime si es sabido que, cuando llega, sino mata, daña. Entonces, el hacer es necesario e imperativo cuando se trata de salvaguardar vidas humanas y poner a buen recaudo tierras florecientes de cultivos sanos, como así también la protección de puentes, vías de comunicación y la infraestructura básica de la habitabilidad ciudadana, la defensa del aparato económico conformado por emporios comerciales, tiendas y fábricas, que por lo menos no deben parar.

¿Que tendremos luego?

Los especialistas en meteorología nos anuncian que en los próximos meses tendremos la llegada del Fenómeno El Niño, lo que quiere decir que tendremos lluvias, incremento de caudales de quebradas, ríos y avenidas de aguas descontroladas por cauces desprotegidos como conductos de aguas vivas que discurren arrastrando lo que encuentran y desapareciendo alevosamente lo que pudieron derribar, es decir, el derrame pluvial acrecentará la tragedia y la desgracia popular, paradójicamente, de los que menos tienen. Es lo que se pronostica y se espera que ocurra, debido a la falta de prevención y preparación por parte del aparato estatal.

Estaremos indefensos

En los últimos días, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, sin reparo alguno y con total seguridad, ha manifestado que en los meses que resta para la ocurrencia del fenómeno natural El Niño, nada se podrá prevenir y, peor aún, nada se podrá proteger, lo que en buena cuenta nos ha dicho es que en el corto tiempo no se podrá preparar infraestructuras de defensa y contención, por lo tanto, los daños causados por el ciclón Yaku se verán incrementados y habrán aquellos que no siendo hoy en día tal cual, se convertirán en componentes de destrucción y penurias, todo ello, por la falta de capacidad de respuesta. El mensaje parece ser: “Sálvese quien pueda”.  

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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.

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