El pasado 26 de abril se conoció que el Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol – FPF, declaró infundado el recurso de nulidad planteado por el Club Juan Aurich, con el cual se agota la instancia nacional para corregir el injusto y arbitrario proceder que por mayoría denegó el derecho al ‘Ciclón del Norte’ de participar de la Liga 2.
Frente a esta situación, el club anunció en una concurrida marcha el último 30 de abril que acudirá al Tribunal Arbitral del Deporte -TAS, para corregir el trato abusivo y discriminatorio.
Los dirigentes del Club Juan Aurich sostienen que, si bien respetan la autonomía del Tribunal de Licencias, llama poderosamente la atención que, pese a la solidez de los argumentos del informe oral del pasado 24 de abril, en el que los miembros del tribunal realizaron preguntas sobre la esencia del problema, no exista en la resolución emitida una sola línea referida a estos argumentos.
De esta manera, según el comunicado del Club Juan Aurich, el tribunal ha convalidado un hecho ilícito e incorrecto de la Comisión de Licencias al denegar la licencia a los clubes Juan Aurich y Unión Huaral, y que al evaluar la solicitud de los Clubes Municipal, Binacional, Cantolao (Liga 2), Sport Boys, Huancayo, Cuzco y ADT (Liga 1) aplicando el Reglamento de Licencias de CONMEBOL, sí se otorgó la licencia, y que pese a tratarse de casos idénticos, al Club Juan Aurich no se le haya aplicado el mismo Reglamento.
Ante el TAS
Al cierre de edición, Expresión se informó que el Club Juan Aurich ha solicitado al TAS una medida cautelar, a la que esperan no se oponga el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, quien es señalado por la dirigencia aurichista como el único y exclusivo responsable de las decisiones de la FPF en los procesos ante el TAS.
Para los directivos hay la confianza en revertir esta injusta situación la que será informada a la opinión pública de inmediato. La defensa legal está a cargo del abogado Julio García Torres.
Los padres de un niño de 3 años de edad, estudiante del nivel Inicial del Colegio Prisma de Monsefú denunciaron actos de presunta discriminación debido a su condición de tener Trastorno del Espectro Autista – TEA. El hecho motivó la inmediata intervención de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, en salvaguarda de la integridad y los derechos del menor.
Según los progenitores, el niño habría sufrido actos de hostigamiento desde la primera semana de clases, debido a que tiene dificultades de lenguaje.
“Lo que le pasó a mi hijo de 3 años es un desinterés y discriminación total acerca de su caso. El simple hecho de no buscar una alternativa para ayudar, sólo exigirme que vaya a terapias y les muestre el diagnóstico, sólo brindando reclamos de porqué era autista. Además, en el aula que estuvo por más de un mes, no hay ningún niño con la misma condición. Cabe recalcar, que con respecto al resto de personal de la institución educativa no hay ningún problema, siempre estuvieron buscando una alternativa de solución y ayuda. Mi reclamo es que el día 10 de abril yo solicité hablar con la docente y el promotor, reunión en la cual estuvo presente el papá de mi niño, donde se menciona que la docente no está capacitada para poder llevar un caso de autismo en esa aula. Esperando el respaldo del promotor, el cual podía intervenir y buscar la forma de que la docente pueda prepararse, él sólo mencionó que la inclusión en el país es una gran mentira política, que eso no existe”, relató Claudia Guevara, madre del menor.
El promotor del colegio privado está identificado como Luis Uceda Chafloque. El domingo 28 de abril. tras la publicación realizada por nuestro medio a través de nuestra página en Facebook, la promotoría de la institución emitió un comunicado lanzando la amenaza de iniciar acciones legales para “proteger su reputación”.
De acuerdo a lo informado por los padres del menor, la docente, identificada con Leslye Gianella Casas Palomino, habría afirmado que las limitaciones del menor se deberían a "falta de amor".
Defensa del niño
Ante el hecho, el lunes 29 de abril el director de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, Alí Sánchez Moreno, informó que una comisión se constituyó al colegio para conocer lo sucedido y, sobre todo, proteger al menor, “porque lo que se ha informado definitivamente no debió ocurrir en una institución privada y mucho menos en una escuela pública”.
“La información que se ha dado a conocer sería un tema bastante delicado que no puede ocurrir, estamos hablando de un menor de 3 años de edad que está iniciando su desarrollo y su trabajo a nivel de una educación formal a través de una institución educativa, por cuyo servicio hay una serie de factores y condiciones que el Estado cautela”, mencionó el funcionario.
La inclusión
El director de la UGEL rechazó que una de las justificaciones de la promotoría del colegio sea que no cuenta con personal preparado para la inclusión educativa o que ésta sea una mentira.
“El sector Educación está regulado por la Ley General de Educación y uno de los principios, de los enfoques de la educación peruana es la inclusión, sea en la etapa básica o superior. En este caso nos encontramos ante una institución de educación básica regular particular. Si bien es cierto los privados tienen normas, éstas no van contra la Ley General de Educación ni contra el enfoque inclusivo. Al contrario, el enfoque inclusivo es transversal a todo el sistema educativo peruano y, con mayor énfasis, en el nivel básico regular”, explicó.
Añadió que siendo un colegio privado, éste está ofertando un servicio por el cual los padres de familia hacen el pago correspondiente y, por lo tanto, tiene que estar en la capacidad de que la oferta del servicio educativo se dé dentro del marco que exige las normas.
“Aquí no hay justificación de que no se está capacitado, eso no cabe. De oficio tendría que haber una intervención del INDECOPI. Nosotros como UGEL vamos a cautelar los derechos del menor, no solamente en este caso, sino en todos los casos. Vamos a defender el respeto a la integridad de un menor de edad”, enfatizó.
A pocas semanas de haber sido vacada como alcaldesa de Mórrope, Janet Morales Saldaña, fue capturada en un operativo realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú - PNP, esto como parte de las diligencias para asegurar la investigación iniciada en su contra por presuntos hechos de corrupción.
Representantes del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque y la División de Alta Complejidad, participaron en la detención de la exalcaldesa de la Municipalidad Distrital de Mórrope, Janet Morales Pasache y otros funcionarios, por presuntamente estar implicados en los delitos de organización criminal, colusión agravada y otros.
La medida se cumplió ante una solicitud de detención preliminar, por el plazo de quince días, solicitada por el fiscal provincial José Óscar Guevara Gilarmas y la fiscal adjunta Lisset del Milagro Alayo Chinchay, ante el juzgado especializado.
Involucrados
Entre los detenidos figuran: Richard Jimmy Chávez Torres, ex gerente municipal; Luis Felipe Martínez Coyco, asesor legal, y Norma Regina Bances Coronado, jefa de Almacén.
Asimismo, José del Carmen Baldera Chapoñan (jefe de abastecimiento), Raúl Alfonso Latorraca Ríos (gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura), Jaime Florencio Navarro Ventura (gerente de la Oficina General de Administración), Jesús Fernández García y Joe Alexis Querevalú Supo (proveedores).
Hechos investigados
A Morales Pasache y sus exfuncionarios se les atribuye haber enquistado una organización criminal en la Municipalidad Distrital de Mórrope, realizando un conjunto de procedimientos estratégicos de manera concertada y coordenada con la finalidad de facilitar la consumación delictiva de defraudar patrimonialmente al Estado.
Este accionar se habría materializado en 8 hechos de connotación penal, entre ellos, la reparación y mantenimiento del mobiliario urbano e infraestructura del Parque Principal del distrito de Mórrope, por S/ 27,280; la adquisición de 40 kits de ayuda humanitaria para riesgos y desastres por las intensas lluvias, valorizada en S/ 34,380, y el servicio de pintado exterior e interior del Palacio Municipal del distrito de Mórrope, S/ 34,408.
Además, la adquisición de materiales para el servicio de pintado exterior e interior del Palacio Municipal, por S/ 31,025; el servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de ficha técnica, estándar denominado “Creación del servicio de movilidad urbana en las calles San Nicolás C3,4,5, Diego Ferré C1, San Andrés C2,3,4, Comercio C1,2, San Pedro C1, Miraflores C2,3,4, y Calle Alfonso Ugarte C5,6,7, en el centro poblado Cruz del Médano”, por S/ 34,401; la adquisición de 20,000 calaminas onduladas galvanizadas para brindar asistencia a las familias damnificadas y afectadas por el ciclón Yaku, por S/680,000, y el servicio de alquiler de un camión cisterna para el abastecimiento de agua para el consumo humano, centro poblado Cruz de Médano y anexos, por S/ 33,750.
También el servicio de alquiler de un camión cisterna para el abastecimiento de agua para el regado de áreas verdes, calles y avenidas, del distrito de Mórrope, por S/ 23,200, ocasionando un perjuicio económico a la comuna, ello a través de contrataciones que registran una serie de irregularidades en el requerimiento, cumplimiento y cobro; simulación en documentos de un proceso de contratación con necesidades inexistentes e inusitada celeridad, las cuales se dieron favoreciendo a diferentes empresarios.
En el operativo se realizó la detención de nueve personas, uno de ellos en la ciudad de Lima, y 20 allanamientos de viviendas en Lambayeque y Lima. Durante los allanamientos se incautaron aparatos tecnológicos, documentación relacionada con los hechos materia de investigación.
Discrepancias abiertas. El jefe del Centro Regional del Empleo, Alberto Guzmán Enríquez, cuestionó las cifras sobre empleabilidad difundidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, al precisar que estas no responden a la realidad regional y, por el contrario, buscarían “maquillar” el problema de informalidad laboral que existe en Lambayeque.
Fue el propio jefe nacional del INEI, Peter Abad Altamirano, quien en entrevista con Expresión informó que para el caso de la provincia de Chiclayo, el 65.8 % de los trabajadores se encuentran en condición informal, en tanto a nivel región, la informalidad es de 72.8 %.
Sin embargo, Guzmán Enríquez sostiene que al realizar el contraste con la información que maneja el sector Trabajo se ha identificado diferencias notorias en las cifras.
“Definitivamente hay una discrepancia, pues el promedio de la informalidad laboral bordearía en lo real el 77 % a nivel nacional, mientras que en Lambayeque los indicadores señalan que esta supera el 80 %. A veces las entidades oficiales tratan de alguna manera de alinear las cifras informando lo que no es real. Recordemos que durante la pandemia se cuestionó mucho a las entidades de salud por no reflejar las cifras reales, que no coincidían con la realidad. INEI estaría maquillando las cifras para no evidenciar la situación crítica del empleo, realidad que nuestro sector sí conoce”, señala.
Informalidad oculta
El funcionario asegura que existe preocupación por cómo se está desarrollando la empleabilidad en el departamento, “situación que se puede ver en las calles”.
“El ámbito formal se mide a través de las informaciones que remite la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, a las que se remiten sólo las empresas que operan en la formalidad. Sin embargo, en muchas empresas hay empleo informal, un problema que es por todos conocidos. Muchas empresas tienen trabajadores en planilla, pero también trabajadores por recibos por honorarios o bajo mecanismos como el famoso período de prueba y los van rotando cada tres meses, lo que no garantiza ningún tipo de formalidad. Hay empresas formales que manejan el empleo informal internamente”, menciona Alberto Guzmán.
Acota que de la revisión de las planillas electrónicas de las empresas se tiene como conclusión que existe empleo formal de aproximadamente el 25 % de trabajadores debidamente registrados, quienes acceden a sus beneficios laborales independientemente del régimen empresarial (micro, pequeña o gran empresa).
Fiscalización
“Corresponde una mayor intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. La entidad tiene que intensificar su presencia ya no sólo en las empresas formales, que son las fiscalizadas mayormente, sino también en las empresas que existen en el mercado, tienen licencia y autorizaciones, pero al mismo tiempo trabajadores en condiciones de informalidad”, señala.
Guzmán Enríquez precisa que otro problema es que los trabajadores no conocen sus derechos y, ni siquiera, dónde quedan las oficinas de la SUNAFIL o la Gerencia Regional de Trabajo.
Por otro lado, el funcionario explica que sigue siendo un reto para Lambayeque y la empleabilidad que los postulantes a los diferentes puestos de trabajo cumplan con el perfil que demandan las empresas, teniendo en cuenta que en años anteriores se llegaron a perder hasta ocho mil puestos debido a esta incompatibilidad.
En ese sentido – indica – las universidades y centros de formación superior tienen la responsabilidad de cubrir la exigencia del mercado en el aspecto profesional.
Más de dos mil trabajadores confraternizaron en el Día del Trabajador, homenaje que tributó el Directorio, Gerencia General y el Grupo Oviedo, principal inversionista de la azucarera.
En el almuerzo y baile de confraternidad se inauguró la cancha deportiva sintética que forma parte de la primera etapa de lo que será el gran Centro de Esparcimiento, que pronto estará al servicio de todos los trabajadores pomalqueños.
En la concurrida ceremonia se sortearon premios entre electrodomésticos y bicicletas. Además se premió a los trabajadores más destacados con el Trofeo: “El Mejor de los Mejores”.
Participó como invitado especial “José José” (Carlos Burga), ganador del Programa “Yo Soy”.
En su alocución, el director Edwin Oviedo refirió que se han pagado 4 millones de soles en sueldos el mes de abril, agregó que son la única azucarera de Chiclayo que cumple sus compromisos laborales gracias a que vienen trabajando en unidad y paz laboral.
La Red Integridad Lambayeque es un espacio generado desde la sociedad civil que con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, trabaja en la prevención de actos de corrupción en las contrataciones públicas, promoviendo la veeduría, participación y fiscalización ciudadana.
En Lambayeque, el secretario técnico de la red, Carlos Balarezo Mesones, comenta que lo sucedido esta semana con la exalcaldesa de Mórrope, Janet Morales Pasache, y sus exfuncionarios, capturados por presuntamente integrar una red de corrupción, evidencia el serio problema al que la sociedad se enfrenta día a día.
“Lo sucedido esta semana nos deja muy consternado, muy mortificados. La corrupción, de acuerdo a las últimas encuestas, conjuntamente con la inseguridad ciudadana, se ha convertido en el principal flagelo que afecta a los peruanos. Si el país atraviesa una situación grave, Lambayeque tiene una situación sumamente delicada. En los últimos años se han visto casos de corrupción muy graves, sobre todo a nivel de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, donde tenemos a dos exalcaldes que están presos y a otro que está en procesos judiciales, igual que exfuncionarios públicos. Esto nos preocupa”, menciona.
Perjuicio y democracia
Balarezo Mesones indica que las pérdidas por corrupción son mayores cada año, lo que afecta principalmente a los más pobres.
“Vemos los informes de Contraloría sobre cuánto afecta la corrupción o cuántas obras hay paralizadas. Las pérdidas el año pasado superaron los 20 mil millones de soles y ni nos imaginamos cuánto se hubiera podido hacer con ese dinero, cuántas brechas se hubieran podido cerrar en educación, transporte, salud y otros problemas que afectan a la población. Todos los esfuerzos que se vienen haciendo desde el Estado no dan resultado. Creo que esto pasa porque no hay funcionarios de alto rango que den el ejemplo. Dicen: ‘Lucha frontal contra la corrupción’, y ellos terminan involucrados en ella. No estamos siendo coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, y eso es percibido por la población”, manifiesta.
Añade que el problema genera impactos también sobre la democracia, pues ante el avance de la corrupción cada vez más peruanos se inclinan por regímenes autoritarios.
“Dos de cada cinco peruanos consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo, uno de cada cuatro peruanos, el 25 % de la población, indica que en algunas circunstancias un gobierno autoritario es preferible si es que se compromete a luchar contra la corrupción y la delincuencia. Esto es sumamente delicado, porque puede afectar la democracia que tanto nos ha costado recuperar. El ciudadano de a pie se siente defraudado de las autoridades”, precisa.
Malos políticos
Carlos Balarezo indica que es necesario mirar también sobre la responsabilidad que las organizaciones políticas tienen en el avance de la corrupción en el país.
“Habría que hacer una retrospectiva hasta la elección de los candidatos para cualquier cargo por parte de los partidos políticos. Yo creo que ahí está empezando el problema, porque no es el mejor ciudadano, miembro de un partido político, el que postula para ser congresista de la república, gobernador regional, consejero, alcalde o regidor. Aquí se mueven presupuestos millonarios y se elige no al mejor vecino, sino al que ha puesto más dinero. Luego vienen las campañas, que en el Perú son realmente millonarias”, asevera.
Anota que existen candidatos que invierten cifras millonarias, se endeudan y luego están viendo cómo recuperar lo que han gastado en las campañas, siendo ese el punto de partida para los actos delictivos.
“Todo esto se relaciona con la integridad, que es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, con valores y en la que se puede confiar. No digo con esto que no existan en el Perú buenos ciudadanos o buenos funcionarios, pero muchos de ellos no quieren ingresar a la política o postular a cargos de elección popular en cualquier nivel de gobierno, porque pueden ser objeto de denuncias y se mantienen al margen aún trabajando dentro del sector público”, afirma.
Cargos y resultados
Para el representante de la Red de Integridad Lambayeque también es corrupción aceptar un cargo para el que no se está capacitado.
“Todos sabemos que en las campañas se arman bolsas financiadas por empresarios, entre comillas, para los candidatos y una vez que estos ganan pasan la factura. Se empiezan a direccionar los procesos, empiezan a correr las coimas y eso da como resultado obras de mala calidad, trabajos paralizados y temas de corrupción. Por otro lado, hay un temor totalmente fundado en reconocidos profesionales, personas de conocida trayectoria y mucha experiencia, quienes se resisten a asumir un cargo público por la existencia de la corrupción. Un funcionario público íntegro toma decisiones positivas incluso cuando nadie lo está mirando y ese es un mensaje que cala”, asevera.
Balarezo Mesones comenta que lo acontecido en Mórrope es sumamente reprochable no sólo por lo señalado por la fiscalía anticorrupción respecto de la gestión de Morales Pasache, sino porque el distrito es uno de los más pobres de Lambayeque y del país.
“No es posible, es inaudito, es inaceptable, una deshonestidad total que pueda haber actos de corrupción en un distrito con tantas brechas por cerrar. Desde la Red Integridad Lambayeque hemos participado en diversas intervenciones, procesos en los que hemos ido acompañados por la Contraloría. Estamos gestionado una cita con el gerente regional de control para conocer qué está pasando con las recomendaciones e indicaciones de los informes de control, que son altamente costosos, pero no pasan al Ministerio Público para que se formalicen las denuncias”, indica.
El notario José Orestedes Santisteban Calderón se ha visto en la necesidad de recurrir en demanda constitucional de amparo para encontrar protección legal a sus derechos y defender su persona, ante el actuar de la fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, Karim Virginia Ninaquispe Gil, quien bajo la figura jurídica de denuncia anónima, aperturó la Carpeta Fiscal n.° 407-2023, en donde emite la disposición N° 01, con la que inició diligencias preliminares en su contra por el presunto delito de lavado de activos.
La demanda también se dirige contra la Fiscal Cinthyacrisa Dunyoli Gastulo Muro, de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, quien aceptó hacerse responsable de la carpeta fiscal 407-2023, emitiendo la providencia n.° 07-2023 FECCOR y n.° 09-2023- FECCOR, a pesar de la existencia de pedidos y recursos de nulidad de Disposición n.° 01-2023, del 11 de octubre del 2023, expedida por Ninaquispe Gil, por supuestamente vulnerar derechos constitucionales del notario.
De acuerdo a la demanda, la fiscal Karim Ninaquispe habría actuado con el apoyo y presunta complicidad de la policía Karen J. Morales Luis, quien en su acta de hallazgo y recojo, afirma que al ingresar a las instalaciones de la unidad policial se percató de un sobre manila, que supuestamente había sido dejado por persona desconocida, quien habría violado y burlado todo tipo de seguridad en la unidad policial, dejando dos denuncias anónimas: una contra el decano del Colegio de Notarios de Lambayeque, Segundo Alfredo Santa Cruz Vera, y contra el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque, José Oréstedes Santisteban Calderón.
Los actuados
Los hechos se remontan al 11 de octubre del año 2023, fecha en que la fiscal apertura la Carpeta Fiscal n.° 407-2023, emitiendo la disposición n.° 01, en la que inicia diligencias preliminares por el presunto delito de lavado de activos contra José Oréstedes Santisteban Calderón, Rainerio Alexis Santisteban Chávez, Luis Alberto Saénz Lachira, así como los que resulten responsables, en agravio del Estado.
Según Santisteban Calderón, la fiscal Karim Ninaquispe Gil sustentó la apertura de la carpera fiscal 407-2023 en una denuncia anónima. Además, para argumentar su disposición, agregó como medio de prueba el enlace web de una publicación realizada por un seudo periodista apodado “Lolín”, en la que se habla de supuestos actos dolosos.
¿Interés por su esposo?
El demandante expone que Karim Ninaquispe abrió la investigación contra José Oréstedes Santisteban Calderón, sabiendo que no debía abocarse al conocimiento del caso. “Ella debió inhibirse por tener interés directo en el proceso al ser esposa del notario Pedro Abraham Valdivia Dextre, quien había sido sancionado por el Colegio de Notarios de Lambayeque por infracción muy grave”, relata.
Añade que a Karim Ninaquispe no habría observado el numeral 4 del artículo 53, así como el artículo 61 del Código Procesal Penal, que estipula que: “Los jueces se inhiben cuando directa o indirectamente tuviesen interés en el proceso o tuviere su cónyuge, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como parientes por adopción o relación de convivencia o parentesco”.
José Oréstedes Santisteban Calderón es presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque y fue quien, a petición de personas agraviadas, abrió varios procesos administrativos disciplinarios contra el esposo de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, el notario Pedro Abraham Valdivia Dextre, siendo sancionado con dos suspensiones por 30 y 15 días y un medida cautelar en la función notarial por el plazo de 90 días.
Fiscal imparcial
Santisteban Calderón señala que el propósito de su demanda constitucional no es evitar una investigación, sino que al declararse la nulidad de la Disposición Fiscal n.° 1, del 11 de octubre del 2023, en la carpeta fiscal n.° 407-2023, que fue abierta por Ninaquispe Gil, la cosas se repongan al estado anterior a la aparente violación de los derechos constitucionales; es decir, los estados se repongan al momento en que la presunta denuncia anónima es encontrada por la policía Karen J. Morales Luis, y llevada a la mesa de partes del Ministerio Público.
Señala que, una vez puestas las cosas en su estado anterior, el caso de la presunta denuncia deberá ser conocida por un fiscal que no esté incurso en algún tipo de prohibición legal. Además, que respete el principio de legalidad, del debido proceso, el derecho de defensa, y de manera transparente emita un pronunciamiento probo e idóneo con respecto a la denuncia anónima, la que – afirma – “sospechosamente” fue dirigida a la fiscal Karin Ninaquispe, quien el día de los hechos tampoco se encontraba de turno.
Contra la criminalidad
El demandante también solicita la nulidad de la providencia fiscal n.° 07-2023-FECCOR, del 17 de noviembre del 2023, así como la providencia n.° 09-2023-FECCOR, del 28 de noviembre del 2023, expedidas por la fiscal Cinthyacrisa Dunyoli Gastulo Muro, de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, con las que se avoca a la carpeta fiscal N° 407-2023, abierta por Ninaquispe Gil.
Conforme a la secuencia de hechos, con providencia Fiscal de Avocamiento n.° 03-2023-FECCOR, del 10 de noviembre del 2023, la fiscal Cinthyacrisa Dunyoli Gastulo Muro se avoca a la investigación prevista en la carpeta fiscal 407-2023, en amparo a la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2767-2023-MP-FN, la que establece que las fiscalías provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios no serán en adelante competentes para conocer delitos de lavados de activos, sino que serán derivados a las fiscalías especializadas.
En el presente caso, bajo esa premisa la fiscal Karim Ninaquispe, quien inició carpeta fiscal 407-2023, remite la misma a la fiscalía provincial especializada, cayendo en manos de la fiscal Cinthyacrisa Dunyoli Gastulo Muro, quien decidió continuar en su revisión pese a la presunta vulneración de derechos constitucionales.
Fue advertida
El 15 de noviembre del 2023, el demandante José Oréstedes Santisteban Calderón solicitó a la fiscal Cinthyacrisa Dunyoli Gastulo Muro, la nulidad absoluta de la Disposición n.° 01, del 11 de octubre del 2023, expedida por la fiscal Karim Ninaquispe, por vulnerar el debido proceso, el deber fiscal por no actuar con objetividad, violar el derecho del investigado y por carencia de imparcialidad. Sin embargo, mediante providencia n.° 07-2023-FECCOR, del 17 de noviembre del 2023, señala “no ha lugar a lo solicitado”.
Dicha providencia, la N° 07-2023-FECCOR, fue apelada. Empero, dicho recurso no fue admitido por Gastulo Muro, emitiendo una nueva providencia, la n.° 09-2023-FECCOR, del 28 de noviembre del 2023, donde responde al demandante que su petición no se encuentra dentro del parámetro establecido por ser el denunciante o agraviado los únicos en interponerlos, mas no el investigando.
Fiscalía superior
De igual manera, previendo la respuesta de Gastulo Muro, el 15 de noviembre del 2023 el demandante solicitó ante la Fiscalía Superior Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, la nulidad absoluta de la Disposición n.° 01, del 11 de octubre del 2023, expedida por la fiscal Karim Ninaquispe, así como de la providencia n.° 07-2023-FECCOR. El sustento de la petición fue ampliado el 16 de noviembre.
Sin embargo, mediante la disposición n.° 01-2023-MP-2FSPA-DFLAMB, del 14 de diciembre del 2023, se dispone derivar la petición al despacho de la fiscal Cinthyacrisa Dunyoli Gastulo Muro, quien con la providencia N° 12-2023-FECCOR, del 27 de diciembre del 2023, dispuso: “estese a lo dispuesto en la Providencia Fiscal n.° 07-2023”, la que dispone investigar al demandado en una carpeta fiscal aperturada por la fiscal Karim Ninaquispe y en base a una supuesta denuncia anónima.
Se debe saber
Como pretensión accesoria, se postula que toda la documentación se remita a la Autoridad Nacional de control de Lambayeque del Ministerio Público, con respecto al comportamiento de las fiscales Karim Ninaquispe Gil y Cinthyacrisa Dunyoli Gastulo Muro.
La demanda constitucional de amparo ha sido signada con el número de expediente 69-2024.
