En enero del 2025 se iniciará la gestión del doctor César Bravo Llaque como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Fue elegido por la Sala Plena de jueces superiores, a quienes presentó un interesante plan de trabajo, que apunta al fortalecimiento institucional y la eficacia en la administración de justicia.
“En pleno tercer milenio, parto del hecho concreto que nuestra corte superior es una de las más importantes del país, no solo por los niveles de producción que se vienen alcanzando en todos estos años, sino fundamentalmente por la calidad humana, profesional, personal y el compromiso de vida que vienen asumiendo los trabajadores que forman esta institución judicial. Bajo el gran aporte que cada uno de nosotros conferimos en el trabajo diario de la administración de justicia, se asume que la corte debe seguir siendo dirigida con responsabilidad, profesionalismo, dentro de lineamientos éticos inquebrantables, con eficacia y máxima optimización de los recursos, con capacidad para gestionar las políticas que conlleven a considerar con mayor valor público el servicio de administración de justicia que se imparte en esta parte del país”, expresa Bravo Llaque.
Anota que para alcanzar esto, ha propuesto la realización de una gestión que tenga claros los objetivos a lograr, enmarcados dentro de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, aprobada mediante el Decreto Supremo n.° 103-2022-PCM, en correlato con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Poder Judicial para el periodo 2021-2030, aprobado mediante Resolución Administrativa n.° 000136-2021-P-PJ, pero sobre todo que considere la atención urgente de necesidades que cada órgano jurisdiccional requiere para el desempeño cabal de sus funciones.
“Se conoce que los tres primeros meses de la gestión del 2025 resultan claves para el desempeño anual, así lo demuestra la experiencia y los logros que las diversas gestiones que preceden este tiempo. Se considera también que, en este lapso, mucho de lo que se pretende lograr, se puede conseguir precisamente a partir de la gestión directa que se realice en la ciudad de Lima, y de las gestiones individuales que ante autoridades locales se consiga a fin de viabilizar la mejora del servicio que se viene brindando a la comunidad”, señala.
En ese sentido, el magistrado a centrado como objetivo de su gestión consolidar y mejorar las condiciones de bioseguridad, ecoeficiencia, interoperabilidad y tecnología orientadas a alcanzar la innovación institucional y con esto la legitimidad de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ante la ciudadanía, a través del ejercicio de una gestión inclusiva, transparente y moderna en beneficio que exprese el sentido del servicio de administración de justicia.
“Deseo posicionar a la Corte Superior de Lambayeque como una de las de mayor importancia dentro del Poder Judicial del Perú, en base al trabajo de sus magistrados y colaboradores, de sus funcionarios, la innovación tecnológica y la difusión permanente de las acciones que se realizan”, afirma.
Acciones inmediatas
Para ello, se ha considerado la realización de visitas ordinarias y extraordinarias a los diferentes locales en los que se administra justicia en las diferentes sedes de las provincias de Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque, Cutervo, San Ignacio y Jaén, para conocer de manera puntual la problemática de resolución inmediata y adoptar los correctivos en cada caso. Además, fomentar el compromiso personal de los jueces y personal administrativo para mejorar el servicio que se presta.
Asimismo, complementar la tercera y cuarta etapa de la implementación de la oralidad civil, de tal manera que se termine de incorporar a este procedimiento a los juzgados de Jaén, Motupe, Ferreñafe, Lambayeque, Oyotún, etc.
También realizar un diagnóstico del Parque Informático en toda la Corte Superior, a fin de determinar equipos obsoletos, proceder a plantear y registrar en el registro IOAAR para procurar su renovación, y gestionar ante las autoridades del Poder Judicial, el Ministerio de Economía e incluso el propio Congreso, la creación de juzgados permanentes en cada sede de la corte superior.
“Vamos a elaborar un plan de mantenimiento periódico de equipos informáticos en todas las sedes judiciales de la corte superior, con el fin de evitar interrupciones en el servicio que se presta y prevenir cualquier falla que evite el desempeño normal de los juzgados. También procuraremos el saneamiento de los inmuebles hasta conseguir la inscripción en los registros públicos en Chiclayo, Motupe, Lambayeque, Oyotún, San José y todos aquellos que se encuentren asignados a la Corte Superior de Justicia, para después procurar su habilitación y ponerlos al servicio de la función jurisdiccional y administrativa”, explica.
Otra de las acciones a realizar es la gestión para la construcción del cerco perimétrico del terreno de Pimentel (donde se ubicará la futura Ciudadela Judicial), así como también revisar la vigencia de los plazos de donación de dicho inmueble.
Capacitación y meritocracia
Bravo Llaque menciona que también es necesario establecer el criterio de meritocracia como parámetro de asignación de plazas de jueces no cubiertas por titular, debiéndose considerar el siguiente orden: promoción de jueces titulares del nivel inferior, jueces supernumerarios y promoción de trabajadores judiciales.
“Vamos a hacer seguimiento frecuente de la ejecución del presupuesto asignado a la corte superior, a fin de garantizar el empleo del cien por ciento de lo consignado y también realizaremos reuniones permanentes con las personas que se designen como funcionarios, de tal forma que sean evaluados de manera constante a fin de renovar la confianza a aquellos que van cumpliendo las metas que se tracen semanalmente”, menciona.
Del mismo modo, proyecta poner en uso aplicativos y preparar a todos los miembros de la corte en el uso de inteligencia artificial, que permita coadyuvar la labor de la administración de justicia, así como descentralizar de manera inmediata el gasto del rubro de caja de chica para que se atienda las necesidades de sedes distantes como Jaén y Motupe.
“Tenemos que gestionar ante las autoridades del Poder Judicial que esta Corte Superior de Justicia pueda acceder de manera plena a la implementación del expediente electrónico; tenga mantenimiento constante y la renovación de los servidores para recabar la información que se genera”, indica.
Respecto al personal de la corte, señala que en su presidencia se promoverá la capacitación, procurando que los cursos no sólo sirvan para la formación en el trabajo diario, sino también que se ajusten a los parámetros exigidos en los diferentes concursos que se realizan.
Asimismo, ofrece trabajar en el reconocimiento constante a los jueces y trabajadores que destacan por su producción, por acciones loables de trabajo, por cumplimiento de tiempo de servicios o por acciones destacadas como ciudadanos de esta parte del país.
“Tengo el compromiso de gestionar con el gobierno local de Jaén y el Gobierno Regional de Cajamarca la donación de un área mínima de una hectárea para levantar el local judicial de Jaén, donde funcionen los órganos jurisdiccionales, pues actualmente rentar el inmueble resulta ser demasiado oneroso. También se implementará un equipo de trabajadores itinerante, con la finalidad de cubrir licencias por salud, pues licencias con menos de 20 días no pueden ser cubiertas por suplencia”, expone.
Por otro lado, asegura que gestionará la autorización para que el presidente tenga facultades para ampliar la competencia funcional de algunos órganos jurisdiccionales, por ejemplo, las salas civiles cuentan con carga laboral mínima, mientras que las salas con competencias laboral público, tienen una sobrecarga, como es el caso de la Sala de Jaén.
“Tenemos que gestionar la actualización del CAP con la finalidad de cubrir las necesidades de recursos humanos en los diferentes órganos; por ejemplo, Sala Descentralizada Mixta de Jaén, según el CAP actual, cuenta con siete personas, incluidos los tres Jueces, no cuenta con secretario de sala”, detalla.
Bravo Llaque comenta que durante su gestión también se fortalecerá el Programa Nacional de “Justicia en tu Comunidad”, para ir al encuentro de las comunidades alejadas de las sedes principales, a través de tres líneas de acción estratégica: realizar ferias y eventos informativos a los usuarios del servicio de justicia en los distritos judiciales de las provincias sobre el trámite de los procesos judiciales y acceso a medios de consulta y de conexión remota a través de capacitaciones en manejo de Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC; implementar programas de acceso inclusivo a la población vulnerable a través de mecanismos de comunicación e interoperabilidad con las instituciones involucradas en el sistema de justicia (acceso a la justicia/género); capacitar en temas especializados asociados a Justicia Restaurativa y trato igualitario a los Jueces de Paz y Accesitarios, comprometiéndoles en el cumplimiento de la función y en la vocación de servicio que se debe mostrar al usuario judicial; aspectos que ya se han venido realizando en las diferentes gestiones anteriores y que se incrementará en la administración que se pretende realizar.
Perfil profesional
César Bravo Llaque es ebogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, maestro en Ciencias Penales y doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la misma universidad; egresado de la Escuela Judicial de Barcelona España, con cursos en la Escuela del Ministerio Público del Reino de España; egresado del Consejo Superior de Investigaciones científicas de Madrid y actual becario de la AECID y discente del Curso de Gestión Pública – AMAG-2024.
Se ha desempeñado como presidente de la Tercera Sala de Apelaciones de Lambayeque, jefe de la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, miembro de la Comisión de Plenos Jurisdiccionales en materia penal, miembro de la Comisión de la Implementación de la Unidad de Flagrancia de la corte, magistrado de la Unidad de Sanción y Apelación de la ODANC – Lambayeque y formador de formadores de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Perú.
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