A inicios de noviembre se anunció que ya se tenía todo finiquitado para la donación del terreno en favor del Gobierno Regional de Lambayeque que permitiría la reconstrucción del Hospital Docente Las Mercedes. Sin embargo, todo esto ha quedado solo en anuncios, pues una misiva del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha echado por los suelos la pretensión de la municipalidad de Chiclayo y la misma entidad regional al no dar una opinión favorable a este procedimiento.
“La inversión solo podía darse tras una figura de donación al gobierno regional. Yo me sumé a esta solicitud de donación como titular de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, pero lamento que el Ministerio de la Mujer responda que el directorio no ha presentado el expediente técnico. ¿Cómo lo va a presentar, si primero ha elevado la consulta a su ente rector sobre la procedencia de esta donación? A mí me parece que está tratando de salvar una responsabilidad para no emitir una opinión conforme a la exigencia de modernizar un hospital”, menciona.
Beneficencia
La alcaldesa refiere que el Ministerio de la Mujer no debería pedir a la Beneficencia Pública el expediente técnico del hospital, puesto que para la donación solo se necesita una expresión de opinión favorable. Además, indica que la cartera de la Mujer en su carta de respuesta ha señalado que el proyecto del gobierno regional no cumple con la finalidad de “servicio social”, algo que a su juicio es errado.
“Los gobiernos locales y regionales estamos al servicio de la comunidad y dentro de nuestras funciones es inherente el cumplir un servicio social como construir un hospital, en tanto tengamos los recursos para implementarlo. El gobierno regional ha expresado su voluntad política de invertir en Las Mercedes para tener una mejor cobertura de atención con equipos e instalaciones modernas a diferencia de la infraestructura vetusta de ahora que pone en peligro al personal de salud y a los mismos pacientes”, menciona.
Apunta que el directorio de la Beneficencia ya ha recibido este documento y ahora está en sus manos el responder y dar cuenta de que la construcción de un hospital es una obra de servicio social a la comunidad.
“El año se acaba y vamos a perder la posibilidad de inversión del gobierno regional, pero también la posibilidad de estar considerados dentro de los hospitales bicentenario. Debemos exigir al Ministerio de la Mujer que dé una opinión favorable. Cada uno asume el compromiso que le corresponde y nosotros como titulares de las diferentes entidades del Estado debemos asumir el riesgo que podría existir, Desde mi punto de vista, el servicio social está totalmente justificado”, anota.
La burgomaestre exhorta también a los congresistas a mediar sus oficios para salvar esta situación, a fin de que no se pierdan los recursos destinados para eta obra.
“Apelo a los congresistas lambayecanos, que siempre están atentos a lo que ocurre en la región, a generar los oficios que tuvieran a bien para rescatar esta situación. Estamos próximos a culminar el año y estamos en riesgo de perder por parte del gobierno regional una inversión en un hospital cuya infraestructura se cae”, expresa.
Hace ya ocho años que por error del Ministerio de Educación tuve la oportunidad de «hacer algo» diferente y, sobre todo, en el campo de la investigación. Al igual que la modesta recopilación: La papa rellena y otros cuentos, en la UNPRG, se había generado un nuevo espacio para la «Chakana pregunta», específicamente, en estudiantes de quinto ciclo de Lengua y Literatura, quienes se atrevieron a encarar el mito de la redacción como consecuencia de la investigación. Frente al poder de los organizadores visuales que ingresaron al sistema peruano, solo para que la escuela se viva «la organización de información», el intento fue desarrollar el pensamiento crítico mediante preguntas que no buscan respuesta. Me atreví a mirar de otro modo el aprendizaje en educación superior, sabiendo que redactar en la universidad es un mito y resulta de locos utilizar preguntas para redactar sin responder. El memorismo de la universidad peruana es lacerante y la comprensión de lectura, otro mito que no se resuelve o se desentraña. Tantas estrategias han surgido y se cambian en la medida que el docente intenta mejorar su desempeño, pero los resultados consisten en los mismos porque «el modelo preuniversitario» es el negocio redondo y la forma de «ser sabiondos» sucede por medio de un examen en el mismo hilo del memorismo.
Lambayeque y sus escuelas no responden a las preguntas el modelo PISA, por cuanto los parámetros son distintos a una escuela que no desarrolla el pensamiento y se sume en el lirismo de la calidad del aprendizaje en el «Día del Logro». Más allá de ello, fue el hecho de saber que, si no «hablamos bien», deberíamos «escribir bien»; sin embargo, cómo hacerlo fue el reto que ahora se llama «Chakana pregunta», estrategia que ha servido para que estudiantes de Educación y Psicología publiquen artículos científicos en México, Cuba, Argentina, Bolivia, Colombia, Portugal y Madrid.
En contraste con otras estrategias ?siempre extranjeras? orientadas a la redacción cuya base sea la investigación, la «Chakana pregunta» sigue su curso porque ella misma se cuestiona si su permanencia debe ser estática o no; de serlo, sería una antípoda al poder del pensamiento crítico, pues todo cambia y para mejor. En este sentido, sin desprenderse de sus orígenes, como es «la etología de la pregunta» frente el pensamiento crítico, crear e investigar resulta una urgente necesidad. A cinco años de haber publicado el primer documento en Portugal y seguir en este proceso, debemos señalar que la investigación es el espacio infinito para crear estrategias que movilicen la cognición mediante el desarrollo del pensamiento crítico.
Investigadores y redacción
Cuando se buscaba lograr el licenciamiento de la UNPRG, se obligó comprender que la dualidad creatividad-investigación se define como saber deontológico desde la universidad. Crear una estrategia que vaya contra la corriente es encarar al docente que ha desarrollado esquemas cognitivos que le dan seguridad y, por ello, se torna complicado desaprender. La resistencia a ello tuvo un hito histórico: ahora se exige que cierto porcentaje de docentes universitarios desarrollen investigaciones. En la actualidad, existen 10 375 docentes Renacyt/investigadores, de los cuales el 66.77 % son hombres y el 33.23 %, mujeres; del total, 24 son estudiantes. Aquí una pregunta: ¿Cómo se explica que, para graduarse o titularse, se presenta y expone un informe de tesis y no sea posible redactar un artículo? Redactar desde el conocimiento especializado tiene sus particularidades.
En ciencias naturales, hay 2447 docentes que investigan, 2241 lo hacen en ciencias médicas y de la salud. En ciencias sociales, son 2077 investigadores. 2011 se dedican a investigar sobre ingeniería y tecnología, en ciencias agrarias hay 647 investigadores y lo lamentable es que, en humanidades, solo perviven 300 docentes calificados. Si estas cifras las vinculamos con la realidad, diríamos que se entiende por qué Lambayeque no tiene un sistema de drenaje. No se entiende que tantas teorías de economía existen como tanto joven ambulante dejó de lado sus ideales por ser parte del problema del comercio informal y quienes egresan no siempre se desarrollan en su misma profesión. ¿Por qué la avenida Chiclayo conecta a dos pequeños óvalos, pero el trayecto es temerario y ya no existen cercos metálicos?, ¿cuál fue el estudio social del equipo de expertos que diseñó la vía de tránsito?
Realidad país
Desde otro ángulo, las cifras no son tan alentadoras que digamos. Lima concentra a 4683 investigadores, le sigue La Libertad con 683, Arequipa avanza con 648 docentes calificados, Puno se ubica con 422 investigadores. Lambayeque figura con 393 catedráticos que investigan o al menos están calificados como Renacyt y Junín se presenta con 387 catedráticos calificados.
Existe una fuerte tendencia a calificarse como docente Renacyt bajo la idea de publicar un artículo en una revista pagada, porque a muchos les aterra el prolongado tiempo que se toman las revistas gratuitas para dar una respuesta positiva o negativa. Existe una obsesión por publicar en algún cuartil de Scopus; sin embargo, se repite el patrón que dejó Mendel, Darwin, Piaget, Einstein y la reconocida estructura IMRyD, que no es más que la misma estructura que un bendito informe de tesis. Si los patrones se repiten y existen artículos científicos ocupados de cosas raras, resultará pertinente que alguna estrategia como la «Chakana pregunta» irrumpa esta linealidad de la redacción cuando es ajena a la investigación.
Al estar en los confines de 2024, debemos avizorar, con mucho entusiasmo, que la «Chakana pregunta» fue una iniciativa personal y resistida desde el inicio; hoy es una propuesta sostenible creativa e innovadora, que ha dado origen al libro titulado De las preguntas al artículo académico. Una perspectiva didáctica a partir de la chakana (España) y al Grupo de Investigación de Psicología y Educación hacia la Acción Investigativa (Psedaci). En su esencia, desarrolla el pensamiento crítico al analizar preguntas antes que buscar respuestas, porque existe la necesidad de cuestionar el rol del hombre frente a las evidencias. El cuestionamiento se funda en las dotes de la racionalidad de la actuación humana que se explica de modo sencillo en un artículo que muchas veces desmitifica el rol de las ciencias, aunque ya haya sentado el poder de los conceptos y son parte del conocimiento.
La investigación-redacción es la dualidad que requiere del poder del pensamiento crítico mediante preguntas que no se sustentan en respuestas. Desde el hallazgo del error empírico-científico (2016) y como grupo de investigación consolidado en el espacio de la formación humana, se puede afirmar que el conocimiento sin preguntas que lo cuestionen es tan absoluto que le añade a la ceguera paradigmática el atributo ciego del memorismo y dependencia cognitiva. La «Chakana pregunta» consiste en la estrategia que surgió en poco tiempo y se ha convertido en el referente que se resiste a cualquier estrategia que no tenga arraigo sobre el desarrollo del pensamiento crítico. La dualidad investigación-redacción debe ser la preocupación para trascender mediante el conocimiento, cuya epistemología está centrada en la cosmovisión andina, donde la dualidad pregunta-respuesta no existe por cuanto «si una pregunta tiene respuesta no hay lugar al saber pensar». Esto significa que, antes de responder, es mejor pensar críticamente, pues el mito camina discretamente y la verdad se oculta. Se trata de una respuesta tan sencilla como decir sí o no sin argumento.
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(*) Docente universitario e investigador. Ganador de las Palmas Magisteriales.
Resulta alarmante la proyección de la sequía que amenaza al norte del Perú. La escasez de agua que sufre la región de Lambayeque y áreas colindantes no es simplemente un fenómeno climático aislado, sino el resultado de una compleja interacción de factores económicos, institucionales, políticos y medioambientales. Su análisis integral es imprescindible para entender tanto el impacto actual en la producción agropecuaria y el bienestar de las comunidades, como para diseñar soluciones sostenibles que eviten una crisis crónica.
El problema es particularmente grave en Lambayeque, donde la agricultura representa alrededor del 10 % del Producto Bruto Interno (PBI) regional y emplea a más del 30 % de la fuerza laboral rural (según estimaciones basadas en la Encuesta Nacional de Hogares del INEI para 2021). La disminución de las precipitaciones, el bajo nivel del reservorio de Tinajones (situado en la cuenca del río Chancay-Lambayeque) y la desigual distribución del recurso han generado una situación en la que la producción agrícola podría caer entre un 10 % y 20 % en años de sequía severa, con pérdidas económicas directas de hasta 200 millones de soles anuales. A esto se suman las consecuencias indirectas: menor oferta de empleo rural, incremento de la migración interna, tensiones sociales y mayor inseguridad alimentaria.
Desde una perspectiva económica, la escasez hídrica no solo erosiona la productividad del sector agrario —particularmente en cultivos clave como el arroz, maíz amarillo duro, caña de azúcar y frutales de exportación—, sino que también impacta las cadenas de valor, la competitividad de las agroexportaciones y la estabilidad de los mercados locales de alimentos. La dinámica competitiva entre pequeños productores, grandes empresas agroindustriales, comunidades locales y el Estado, ha dado lugar a asimetrías de poder notorias, reflejadas en denuncias de acaparamiento de agua y prácticas poco transparentes.
Diagnóstico cuantitativo de la sequía
La región de Lambayeque está influenciada por un régimen climático costero árido, con precipitaciones promedio anuales que no suelen superar los 100-120 mm. Sin embargo, datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) muestran que, entre 1980 y 1990, el promedio anual se situaba alrededor de 110 mm, mientras que entre 2010 y 2020 bajó a unos 85 mm. Esta reducción (cercana al 20-25 % en promedio) no solo disminuyó la recarga superficial, sino que, combinada con episodios de El Niño cada vez más erráticos, generó un patrón de mayor variabilidad interanual.
El reservorio de Tinajones, con una capacidad útil aproximada de 331 millones de metros cúbicos (MMC), ha sido tradicionalmente el pilar para el riego de unas 85 000 hectáreas registradas. Sin embargo, informes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) señalan que en los años 2018-2020 el volumen embalsado en época crítica se redujo hasta un 35% de su capacidad. La demanda total de agua para riego, según las Juntas de Usuarios, supera los 900 MMC por temporada en la cuenca, mientras que la oferta se ha vuelto irregular y en ocasiones se estima en menos de 400 MMC en temporadas secas. Esta brecha entre oferta y demanda es el núcleo del problema económico. Al año se calcula que se usan hasta 1000 MMC de agua, incluyendo agua para sector agropecuaria, más consumo humano, más consumo industrial.
Participación sectorial en el uso del agua
Datos del MIDAGRI e informes de la ANA indican que cerca del 85% del agua disponible en la región se destina a la agricultura, menos de 10 % a uso doméstico y el restante a usos entre industriales y otros. Dentro del sector agrícola, el cultivo de arroz, altamente demandante de agua, representa cerca del 40 % del consumo total. Esta concentración en un cultivo que requiere entre 7,000 y 10,000 m³/ha/ciclo se vuelve insostenible en períodos de sequía prolongada.
La mayor tensión surge entre pequeños productores y grandes empresas agroindustriales. Mientras los pequeños agricultores (con parcelas de 1 a 5 hectáreas, según el Censo Nacional Agropecuario) carecen de sistemas de riego tecnificado y dependen de canales abiertos con pérdidas por filtración de hasta el 30 %, las grandes empresas pueden costear pozos profundos, tecnologías modernas y maniobrar políticamente para asegurar concesiones de mayor caudal. Si bien no hay cifras oficiales exactas sobre el acaparamiento, las denuncias de organizaciones locales apuntan que algunas empresas logran extraer volúmenes de agua hasta un 20 % por encima de lo asignado legalmente, un dato difícil de verificar por la debilidad en la fiscalización.
Desigualdad en el acceso al agua
Desde un punto de vista de economía institucional, el agua es un recurso común sujeto a problemas de asignación ineficiente en ausencia de derechos de propiedad claros y enforcement efectivo.
Esta desigualdad puede llevar a juicios de valor y conclusiones moralmente cuestionables, y económicamente ineficientes. La teoría económica sugiere que, en ausencia de mercados eficientes o una intervención estatal apropiada, los recursos podrían estar asignarse de forma subóptima, generando pérdidas de bienestar social.
Impacto económico sobre la agricultura, la producción y la competitividad
Pérdida de valor agregado en el agro:
La agricultura en Lambayeque aporta alrededor del 10 % del PBI regional en un año sin ruidos. Una disminución del 10-15 % en la producción agrícola anual, atribuible a la falta de agua, implica pérdidas directas superiores al 5 % del PIB local. Esta cifra no incluye efectos multiplicadores en las cadenas de valor. Estudios del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestran que cada punto porcentual de caída en la producción agrícola puede reducir en 0.2-0.3 puntos el crecimiento económico regional.
Efectos en la agroexportación
Lambayeque y la costa norte han emergido como polos exportadores de frutas y hortalizas de alto valor, como arándanos, paltas y uvas. Estos sectores demandan riego estable y de calidad. Un descenso en la disponibilidad hídrica encarece la producción, ya que las empresas deben recurrir a pozos más profundos o tecnologías más costosas. Según la Asociación de Exportadores (ADEX), la producción de arándanos, por ejemplo, podría ver incrementados sus costos de producción en hasta un 15% en años de sequía severa. Esto reduce la competitividad internacional y, a mediano plazo, podría desincentivar la inversión extranjera y nacional en el sector.
Empleo y distribución del ingreso
El sector agrícola absorbe una porción significativa de la mano de obra rural no calificada. En Lambayeque, entre el 30 % y 35 % de la fuerza laboral depende directa o indirectamente de la agricultura. La sequía no solo disminuye el volumen cosechado, sino que reduce la demanda de jornaleros para la siembra, cuidado y cosecha. Una caída del 10-15 % en la producción se traduce, según modelos de equilibrio parcial, en una pérdida de entre 5,000 y 8,000 empleos temporales en épocas de pico productivo. Esto afecta mayormente a hogares de ingresos bajos, incrementando la pobreza rural, que aún ronda el 25-30 % de la población (según la ENAHO, 2021).
Al deteriorarse la oferta laboral, la masa salarial se contrae, reduciendo la demanda interna de bienes y servicios. Este efecto de segunda ronda genera una espiral negativa: menos producción agrícola, menos empleo, menos consumo, menor dinamismo comercial en los pueblos rurales, y por ende, mayor vulnerabilidad social.
Precios y seguridad alimentaria
La menor disponibilidad de agua reduce los rendimientos por hectárea, restringiendo la oferta de alimentos básicos a nivel local. Esto puede presionar al alza los precios internos en el corto plazo. Por ejemplo, el arroz —alimento de la canasta básica— podría encarecerse entre un 5 % y 10 % en años de sequía, afectando el poder adquisitivo de los hogares pobres, que dedican un porcentaje elevado de su gasto a la alimentación.
La seguridad alimentaria está en juego. El Perú, pese a ser un exportador de algunos productos, depende en gran medida de la producción interna de granos básicos. Una caída en la producción local empuja a mayores importaciones, incrementando la vulnerabilidad a las fluctuaciones de precios internacionales. A largo plazo, esta mayor volatilidad encarece la vida de la población y aumenta la probabilidad de malnutrición en las zonas más desfavorecidas.
Falencias institucionales y gobernanza del agua
Debilidad regulatoria y falta de enforcement
La Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) reconoce el agua como un bien público, pero en la práctica, la capacidad del Estado para regular su uso y sancionar excesos es limitada. La ANA y las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) tienen recursos humanos y presupuestarios escasos. De las 200 a 300 intervenciones que deberían realizar anualmente para auditar caudales, verificar concesiones y medir extracciones, apenas logran completar un 30-40 %, según informes internos.
Esta debilidad crea un entorno con incentivos negativos: las empresas que pueden presionar políticamente o cuentan con mejores contactos tienen ventajas para asegurarse concesiones o ignorar disposiciones. Desde el punto de vista económico, esto se interpreta como una “renta” que obtienen ciertos actores gracias a fallas institucionales, lo cual distorsiona el mercado del agua y genera ineficiencias.
Ausencia de mercados hídricos eficientes
En teoría, la creación de mercados de derechos de uso del agua podría mejorar la eficiencia asignativa, permitiendo que el recurso fluya hacia aquellos que le den un mayor valor productivo. Sin embargo, la experiencia internacional (como en Australia o partes de EE.UU.) muestra que implementar mercados de agua requiere definir claramente los derechos, instalar medidores confiables, contar con instituciones sólidas que prevengan la especulación y el acaparamiento. En Lambayeque, la ausencia de tales condiciones hace que hablar de mercados de agua resulte prematuro.
Participación ciudadana y transparencia
La falta de participación ciudadana efectiva en la asignación hídrica agrava la situación. Las Juntas de Usuarios, las comunidades campesinas y los pequeños productores reclaman espacios de deliberación vinculantes. Desde un punto de vista económico, la inclusión de todas las partes interesadas en la toma de decisiones reduce la probabilidad de conflictos costosos, mejora la legitimidad de las políticas y puede conducir a soluciones cooperativas (basadas en la teoría de bienes comunes de Elinor Ostrom).
La publicación en tiempo real de datos sobre disponibilidad, asignaciones y extracciones efectivas de agua sería una medida de bajo costo y alto impacto. La transparencia elimina asimetrías de información, impide manejos discrecionales, y facilita la fiscalización ciudadana. Un “portal hídrico” administrado por la ANA, con datos abiertos alimentados por PEOT, podría ser el primer paso.
Conflictos sociales y costos de la inacción
Externalidades negativas del acaparamiento
Cuando una empresa acapara agua, genera una externalidad negativa sobre los demás usuarios. El costo marginal privado que enfrenta no refleja el costo social total. Esto puede inducir a un uso excesivo del recurso. Si a ello sumamos una situación climática adversa, la brecha entre demanda y oferta se amplía, aumentando la posibilidad de tensiones y conflictos.
La teoría de la economía del conflicto sugiere que cuando un recurso escaso se disputa, los agentes pueden destinar parte de sus esfuerzos y recursos a la apropiación violenta o la defensa del recurso, en lugar de la producción. Esto genera “rentas de conflicto” (costos muertos) que reducen el bienestar total. Aunque todavía no hemos visto conflictos armados en gran escala, las protestas, amenazas y bloqueos de carreteras pueden multiplicarse si la sequía persiste. Estimaciones preliminares indican que un conflicto significativo, con bloqueos prolongados, podría costar a la región varios millones de soles semanales en pérdidas económicas.
El rol de las Fuerzas Armadas como un parche costoso
Algunos proponen el despliegue de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura hídrica. De hecho, ya ha tenido que hacerlo. Desde un punto de vista económico, la militarización de la gestión del agua es costosa y no aborda las causas fundamentales. El presupuesto para seguridad se incrementaría sin resolver la falta de regulación, la mala asignación del recurso ni la inequidad. Esto sería equivalente a subvencionar una ineficiencia institucional.
Costos a largo plazo por inacción
No actuar ahora tiene un costo de oportunidad enorme. Las proyecciones climáticas apuntan a que la frecuencia e intensidad de las sequías aumentarán con el cambio climático. Si las instituciones no se reforman y las políticas no cambian, y no elegimos bien las autoridades en Municipalidades, Gobierno Regional, Gobierno Nacional y Juntas de Regantes, el riesgo de caer en una trampa de pobreza hídrica es alto. Una vez que las tensiones escalen y la producción disminuya de forma permanente, salir de ese círculo vicioso podría ser más costoso que prevenirlo.
Opciones de política
Mejorar la información y la medición del agua
La primera política a implementar es la instalación generalizada de medidores de caudal y sistemas de monitoreo remoto. La inversión inicial (estimada en unos 20-30 millones de soles para cubrir las principales bocatomas y puntos de extracción en la cuenca del Chancay-Lambayeque) generaría beneficios significativos al permitir asignaciones más justas, reducir el abuso de concesiones y aumentar la confianza.
Un análisis costo-beneficio simplificado sugiere que si esta medida reduce apenas en un 5 % las pérdidas económicas por uso ineficiente, ya se justificaría la inversión. Además, la información recopilada serviría como base para diseñar sistemas de precios o intercambio de derechos más adelante.
Reforma institucional y fortalecimiento de la ANA
La ANA y las AAA necesitan mayor presupuesto, personal calificado y capacidades para imponer sanciones efectivas. Estimemos que duplicar el presupuesto anual de la ANA en la región (actualmente de alrededor de 5 millones de soles) podría incrementar la capacidad de fiscalización en un 50%. El retorno de esta inversión sería notable, dado que cada fiscalización adicional que impide la extracción ilegal ahorraría decenas de miles de soles en daños a la producción de otros agentes.
Además, se podría crear una Defensoría del Agua, independiente, con poder para recibir denuncias, proponer sanciones y mediar en conflictos. Su costo operativo podría rondar el millón de soles anuales, un monto ínfimo frente a las pérdidas económicas por sequías mal gestionadas. Podría estar anexa incluso a la Defensoría del Pueblo, aunque está no pasa por su mejor momento.
Política de precios y mercados de agua
A largo plazo, una política de precios para el agua (tarifas volumétricas) podría mejorar la asignación. Cobrar por el uso del recurso, con tarifas escalonadas que penalicen el consumo excesivo, incentivaría la adopción de tecnologías de riego más eficientes. Sin embargo, esto debe hacerse con cuidado, protegiendo a los pequeños productores mediante subsidios focalizados o asignaciones básicas gratuitas, para no dañar su sustento.
La introducción de mercados de agua (traspasos voluntarios de derechos entre usuarios) podría considerarse cuando exista un marco sólido de medición y regulación. Países como Australia han mostrado que los mercados pueden incrementar la eficiencia, pero también requieren salvaguardas para evitar acaparamiento especulativo. Un experimento piloto en una cuenca menor podría ser un paso prudente.
Inversión en infraestructura hídrica resiliente
La construcción de nuevas represas, microreservorios y la modernización de canales pueden aumentar la oferta de agua regulada. Sin embargo, esta infraestructura no debería ser controlada por un pequeño grupo. Modelos de gestión compartida (público-comunitaria) reducirían el riesgo de apropiación por intereses privados. El costo de un nuevo embalse pequeño-medio (capacidad de 50-100 MMC) podría oscilar entre 100 y 200 millones de soles. Si este proyecto garantiza la disponibilidad en épocas críticas, su impacto podría reflejarse en mejoras de productividad y estabilidad de ingresos.
Además, la adopción de tecnologías de infiltración, siembra y cosecha de agua, y la restauración de ecosistemas altoandinos son medidas con alta relación beneficio-costo. Estas iniciativas, de menor escala y costo (varios millones de soles anuales en total), pueden mejorar la retención hídrica natural, recargar acuíferos y reducir la dependencia de la infraestructura gris. El papel de la Universidad Pedro Ruiz y Universidades privadas es aquí urgente, de la mano de colegios profesionales.
Diversificación productiva y cambio tecnológico en la agricultura
La agricultura norperuana podría migrar gradualmente hacia cultivos menos demandantes de agua. Por ejemplo, sustituir parte del arroz (requiere hasta 10,000 m³/ha/ciclo) por frutales con requerimientos hídricos moderados (3,000-4,000 m³/ha/ciclo) o por granos andinos resistentes a la sequía. Esto no se logrará sin incentivos. Programas de capacitación, acceso a créditos blandos para invertir en riego tecnificado, asistencia técnica para explorar nuevos mercados y seguros agrarios contra la sequía podrían acelerar la transición. Esto podría ser un interesante rol para la futura ARD Lambayeque.
Estimaciones sugieren que una reducción del 10% del área dedicada a arroz en favor de cultivos menos intensivos en agua, acompañada de mejoras en eficiencia, podría liberar decenas de millones de metros cúbicos anuales, reduciendo la presión sobre el sistema hídrico.
Pagos por servicios ecosistémicos y adaptación al cambio climático
Los ecosistemas que regulan el ciclo hídrico (humedales, páramos, bosques altoandinos) brindan servicios ambientales poco valorados. Un esquema de pago por servicios ecosistémicos en el que las empresas agroexportadoras, beneficiarias de la disponibilidad de agua, contribuyan financieramente a la conservación de cuencas, tendría un costo anual de unos pocos millones de soles, pero generaría beneficios en forma de mayor estabilidad hídrica y menor sedimentación de reservorios.
La adaptación al cambio climático requiere inversiones en investigación, desarrollo de semillas más resistentes a la sequía y sistemas de alerta temprana. Un plan integral de adaptación, con un presupuesto de 30-50 millones de soles anuales, podría prevenir pérdidas por cientos de millones a largo plazo.
Perspectivas internacionales
La experiencia internacional muestra que la sequía puede abordarse con un conjunto de políticas bien diseñadas. Australia, tras su “Big Dry” (1997-2009), impulsó mercados de agua, fuertes regulaciones y transparencia. Israel invirtió en desalinización, riego por goteo masivo y reutilización de aguas residuales, reduciendo la dependencia de las lluvias. Chile estableció derechos de agua transferibles, con resultados mixtos, evidenciando la importancia de la regulación estatal para evitar la concentración.
El Perú puede aprender de estas experiencias para no repetir errores. Por ejemplo, antes de lanzar mercados de agua, se debe asegurar un marco institucional sólido. Antes de construir grandes represas, es necesario garantizar equidad en su gestión. Y antes de pensar en la desalinización (cara y con huella de carbono elevada), vale la pena agotar las soluciones más eficientes en términos de costo-beneficio, como el riego tecnificado y la restauración de cuencas.
Modelos de simulación y escenarios a largo plazo
Por último, imaginemos tres escenarios al 2050:
Escenario “Inercia”: Sin reformas institucionales ni inversiones significativas, la sequía se intensifica, la disponibilidad de agua decrece un 20% adicional y la producción agrícola cae un 15-20% sostenido. El empleo rural se estanca, la pobreza se mantiene o empeora, y aumentan los conflictos. El costo acumulado en 30 años podría superar los 10,000 millones de soles (valor presente), considerando pérdidas en agro, empleos y conflictos.
Escenario “Reforma Parcial”: Con algunos avances (medición del agua, mayor fiscalización y riego tecnificado en el 30% de las hectáreas), la caída de la producción se limita a un 5-10%, se reducen conflictos y se amortigua la pobreza. El costo acumulado baja a unos 5,000 millones de soles. No se logra una solución completa, pero se evita la peor crisis.
Escenario “Transformación”: Se implementa una reforma institucional profunda, mercados piloto de derechos de agua, modernización del riego en el 60% de la superficie, cambio en la matriz productiva hacia cultivos menos intensivos, y restauración de cuencas. El resultado: pese a menores precipitaciones, la productividad se mantiene o incluso mejora, el empleo rural se diversifica, la incidencia de conflictos baja drásticamente. El beneficio neto, comparado con el escenario inercial, supera los 8,000 millones de soles.
Estos ejercicios hipotéticos, basados en supuestos plausibles, iluminan el camino: la inacción es extremadamente costosa a largo plazo, mientras que las reformas generadoras de eficiencia y equidad rendirán beneficios considerables.
La sequía en el norte del Perú, especialmente en Lambayeque, es un recordatorio de la centralidad del agua en la economía y en la vida social. Más que un mero recurso natural, el agua es un factor de producción insustituible, cuyo valor se incrementa cuando escasea. La asignación del agua no es neutra: afecta la productividad, la competitividad, el empleo, los precios de los alimentos, la distribución del ingreso y la estabilidad social.
Hemos visto que la crisis actual es, en parte, resultado de cambios climáticos globales, pero también de fallas institucionales, desequilibrios en la distribución y ausencia de información confiable. La gestión del agua no puede depender de arreglos informales ni del poder fáctico de ciertos grupos. Se requieren políticas inteligentes, basadas en evidencia, que integren el conocimiento de la ingeniería hídrica, la economía, la ecología, las ciencias sociales y las experiencias locales.
La economía ofrece herramientas analíticas potentes para diseñar sistemas de asignación del agua más eficientes y equitativos. Desde el establecimiento de derechos bien definidos, la implementación gradual de precios y mercados regulados, hasta la inversión en infraestructura verde y gris, y el fortalecimiento institucional, todo apunta a que un manejo racional es posible. La clave es entender que el agua no es un bien infinito y que su uso ineficiente implica un costo de oportunidad enorme.
La acción temprana puede prevenir un escenario mucho más doloroso y costoso. Invertir en la ANA, en la medición, en el riego tecnificado y en la restauración de cuencas, no son gastos, sino inversiones con altos retornos sociales. De igual modo, la transparencia, la participación comunitaria y la justicia hídrica no son lujos, sino precondiciones para una paz social sostenible.
Además, atender la crisis hídrica ofrecería oportunidades. El cambio tecnológico hacia cultivos menos dependientes del agua, la adopción de soluciones basadas en la naturaleza, la promoción de mercados de agua transparentes y el acceso a certificaciones ambientales en las exportaciones podrían mejorar la imagen y competitividad de la región. Con ello, Lambayeque podría convertirse en un ejemplo de resiliencia frente al cambio climático y la escasez hídrica, en lugar de ser un caso de estudio sobre el fracaso en la gestión del agua.
En definitiva, la economía nos enseña que el costo de la inacción supera con creces el de las medidas correctivas. La sequía que azota el norte del Perú debe ser la señal de alerta que impulse una reforma integral de la gobernanza del agua. El tiempo corre, y cada temporada seca sin soluciones genera pérdidas irreparables, más pobreza y mayor conflictividad. El momento de actuar es ahora, diseñando estrategias que trasciendan el corto plazo, que integren la ciencia y la economía, y los corazones de modo que pongamos el bien común por encima de intereses particulares.
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(*) Economista y especialista en gestión.
Dieciocho leyes han sido impulsadas por la congresista lambayecana María Acuña Peralta. Desde las filas de Alianza Para el Progreso, la legisladora ha promovido autógrafas para la consecución de los grandes proyectos de Lambayeque como el parque industrial y el terminal portuario. Aquí un recuento de las autógrafas presentadas por la legisladora.
Ley N.° 31458: Ley que reconoce a las ollas comunes como organizaciones sociales de base y garantiza su sostenibilidad y financiamiento
Esta ley fue promulgada el 27 de abril del 2022 y fue impulsada -en palabras de María Acuña- “con la firme convicción de proteger a las familias más vulnerables”. Las ollas comunes carecían del respaldo estatal necesario para garantizar su continuidad, por lo que esta ley las reconoció como organizaciones sociales de base, asegurando que las municipalidades asignen recursos específicos para su sostenibilidad. Además, la norma establece estándares sanitarios y logísticos que dignifican su funcionamiento.
Ley N.° 32109: Ley que declara de interés nacional la creación zona franca en Lambayeque
Una de las leyes más importantes impulsadas por la legisladora es precisamente esta,
la cual fue promulgada el 16 de agosto de 2024. La aprobación de esta ley permite posicionar a Lambayeque como un eje estratégico del comercio internacional. Gracias a esta iniciativa, Lambayeque contará con una infraestructura moderna que atraerá inversiones, fomentará el desarrollo económico y generará miles de empleos directos e indirectos. “Esta norma refleja mi compromiso con el crecimiento sostenido de Lambayeque y su conexión con los mercados globales”, destaca la congresista.
Ley N.° 31514: Ley que modifica la Ley N.° 29738, Ley de Reactivación y Promoción del Parque Industrial de Chiclayo
Promulgada el 14 de julio de 2022, esta ley responde a la necesidad de revitalizar la economía regional. Para su publicación se tuvo que actualizar el marco normativo del Parque Industrial de Chiclayo, permitiendo atraer nuevas empresas, incentivar la innovación tecnológica y generar empleo de calidad. Esta modificación legislativa no solo moderniza la gestión del parque, sino que consolida a Lambayeque como un polo industrial competitivo en el norte peruano.
Ley N.° 32048: Ley que modifica la Ley N.° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, para fomentar el desarrollo portuario
Esta ley fue promulgada el 6 de junio de 2024 y otorga exclusividad en los servicios portuarios a la región, asegurando que se convierta en un actor principal del comercio marítimo. Esta norma es resultado de un trabajo legislativo que priorizó las necesidades de la región y proyectó su competitividad internacional.
Ley N.° 32071: Ley que declara de interés nacional la investigación, conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de las especies de algarrobo (género Prosopis)
Promulgada el 25 de junio de 2024, busca proteger uno de los recursos naturales más emblemáticos de la región: el algarrobo, vital para los ecosistemas y economías locales. Este árbol enfrenta una grave amenaza por la deforestación y el cambio climático, por lo que esta norma garantiza su conservación, recuperación y uso sostenible.
Ley N.° 31749: Ley que reconoce la pesca tradicional ancestral y artesanal como patrimonio cultural inmaterial de la Nación
Promulgada el 20 de mayo de 2023, esta ley fue impulsada con el objetivo de reconocer a la pesca artesanal y ancestral como parte del patrimonio cultural de la Nación. Esta norma asegura la continuidad de estas prácticas y formaliza a los pescadores, quienes ahora tienen acceso a beneficios estatales. “Esta ley es una muestra de mi compromiso con la preservación de nuestras raíces y con el desarrollo sostenible de nuestras comunidades costeras”, menciona.
Ley N.° 31863: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de plantas desalinizadoras de agua de mar
Esta norma fue promulgada el 5 de agosto de 2023 y prioriza la construcción de plantas desalinizadoras, una solución moderna y efectiva para enfrentar la escasez de agua en Lambayeque y otras regiones costeras. Así, miles de familias tendrán acceso a agua potable, cerrando una brecha histórica que ha afectado la calidad de vida de la población.
Ley N.° 32033: Ley que garantiza y promueve el acceso a medicamentos genéricos de calidad
Aprobada el 20 de mayo de 2024, esta norma tiene un impacto directo en la economía y salud de las familias más vulnerables. Fue un trabajo para asegurar que los medicamentos genéricos estén disponibles en todos los establecimientos de salud públicos, ofreciendo una alternativa asequible y efectiva para quienes más lo necesitan.
Ley N.° 31675: Ley que fortalece la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación nacional de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, y promueve su uso en la práctica médica y de salud
Promulgada el 21 de enero de 2023, esta ley fue impulsada con el objetivo de fortalecer el sistema de salud y el desarrollo de la industria farmacéutica en el Perú. La norma fomenta la investigación científica y la innovación tecnológica, beneficiando no solo a los profesionales e investigadores del sector médico, sino también a los pacientes que accederán a dispositivos médicos y productos farmacéuticos más avanzados.
Ley N.° 31537: Ley que modifica la Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de mejorar la protección mínima del contrato de consumo
Aprobada el 28 de julio de 2022, esta ley refuerza los derechos de los consumidores al obligar a los proveedores a acreditar la entrega de bienes y servicios. Con esta normativa, se establece un marco más sólido de protección para los ciudadanos, asegurando que las empresas cumplan con los estándares mínimos en las transacciones comerciales.
Ley N.° 32033: Ley que garantiza y promueve el acceso y uso de medicamentos genéricos en Denominación Común Internacional (DCI) y fortalece la regulación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos en beneficio de los pacientes y usuarios
Promulgada el 20 de mayo de 2024, esta ley fue impulsada con el propósito de garantizar el derecho a la salud, puesto que obliga a farmacias, boticas y servicios de farmacia del sector privado a mantener al menos el 30 % de su oferta en medicamentos esenciales genéricos en DCI.
Además, la norma refuerza la transparencia y regulación en la dispensación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, estableciendo sanciones para quienes incumplan con estas disposiciones.
Ley N.° 32069: Ley General de Contrataciones Públicas
Esta ley fue promulgada el 20 de junio de este año y se alentó como una reforma clave para la gestión estatal, dado que establece un nuevo marco normativo para las contrataciones públicas, reemplazando a la Ley N.° 30225. La norma introduce mecanismos modernos como la creación del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) y la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop), promoviendo mayor transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
Ley Nº 31791: Ley que modifica la Ley N.° 31015: Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores
Esta norma garantiza que las comunidades más vulnerables sean protagonistas de su propio desarrollo. Con su publicación el 30 de mayo del año pasado se amplió el alcance de la Ley N.° 31015 para incluir proyectos esenciales que responden directamente a las necesidades de la población en situación de pobreza y extrema pobreza. Ahora se reconocen como intervenciones prioritarias obras como la construcción de centros educativos, puestos de salud, sistemas de agua potable, electrificación y mejora de viviendas sociales, además de soluciones innovadoras como biodigestores y minipresas.
Ley N.° 32123: Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano
Fue impulsada para transformar el sistema de pensiones en un modelo único, universal y sostenible que garantice protección para todos los peruanos. Este nuevo sistema unifica el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, asegurando una pensión mínima para los más vulnerables, promoviendo la inclusión de trabajadores independientes y personas en situación de pobreza extrema.
Ley N.° 31902: Ley que fortalece la prevención del acoso escolar
Esta ley nació con el compromiso de proteger a los estudiantes y garantizar que las instituciones educativas sean espacios seguros y libres de violencia. Con esta norma, se refuerza la lucha contra el acoso escolar mediante la designación obligatoria de psicólogos en las escuelas, quienes estarán a cargo de prevenir y tratar casos de acoso y violencia entre los estudiantes.
Asimismo, se permite a los directores, en coordinación con los padres de familia, gestionar la instalación de cámaras de videovigilancia en zonas comunes, asegurando la protección y seguridad de los escolares, respetando su intimidad. Además, se amplía el uso de la videovigilancia como herramienta clave para prevenir y combatir el acoso escolar.
Ley N.° 31670: Ley que crea las pensiones mínimas y promueve los aportes voluntarios con fines previsionales
Esta ley fue establece un marco innovador que introduce las pensiones mínimas y amplía las opciones de ahorro previsional para los afiliados. Así, los aportantes pueden fijar una pensión mínima basada en la Canasta Básica de Consumo. Además, le permite al afiliado gestionar los excedentes de su cuenta de capitalización, trasladándolos a cuentas voluntarias o utilizándolos como garantías negociables. Se incorpora también la posibilidad de realizar aportes voluntarios con cargo a devoluciones de impuestos, flexibilizando los requisitos para facilitar el ahorro previsional.
Ley N.° 31681: Ley de Fortalecimiento del Consejo Fiscal
Esta ley fue impulsada en aras de consolidar la independencia técnica y la institucionalidad del Consejo Fiscal, reconociéndolo como una comisión autónoma integrada por profesionales de amplia trayectoria y solvencia moral. Además, la norma garantiza la transparencia y el acceso a la información pública, asegurando que todas las entidades proporcionen los datos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Consejo Fiscal. También eleva la Secretaría Técnica del Consejo Fiscal al nivel de unidad ejecutora.
Ley N.° 31434: Ley que Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Creación de Distritos en Diversos Departamentos del Perú
Esta norma declara de interés nacional y necesidad pública la creación de 23 distritos en Ayacucho, Puno, Loreto, Cusco, entre otros, marcando un paso hacia la descentralización y el reconocimiento de las demandas locales. Cada uno de los distritos propuestos representa un esfuerzo por brindar a las comunidades acceso a mejores servicios públicos, infraestructura y oportunidades de desarrollo social y económico.
Considerado como el puerto más grande y moderno de Sudamérica, Chancay está dando que hablar en esta parte del continente por su capacidad para recibir embarcaciones de hasta 18 mil TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) y la considerable reducción de tiempo, de 40 a 28 días, que tendrán los envíos hacia China. Así, el puerto de Chancay se perfila como el eje de las exportaciones de los países latinoamericanos a los mercados asiáticos, hecho que para el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales, es considerado como “revolucionario”.
“El puerto de Chancay es revolucionario, dependerá de los actores actuales y de los que vendrán sacarle el máximo provecho. Nos da un aprendizaje infinito en el sentido comercial y productivo. Nos dará infinitivas oportunidades para conectarnos con ese otro lado del mundo. A los jóvenes yo les digo que estén preparados, que conozcan de su realidad, pero también la de China para empoderarse”, indica.
El empresario refiere que el puerto de Chancay debe potenciar también la inmigración de emprendedores lambayecanos hacia China, a fin de que ganen conocimientos, experiencias y puedan seguir dinamizando el intercambio comercial.
“¿Qué esperamos con Chancay? ¿Qué vengan 500 millones de chinos o que de Lambayeque vayan dos mil o tres mil emprendedores? Chancay es la Panamericana más grande que se ha construido en Latinoamérica, la cual permitirá ahorrar tiempo, tiempo que luego se transformará en recursos que llegarán a la economía nacional y por ende a Lambayeque”, menciona.
Bondades
Huancaruna Perales resalta que el puerto de Chancay cuenta con una profundidad de canal de navegación, el manejo de variedad de cargas y un túnel subterráneo de 1.8 kilómetros. Estas bondades no solo son superiores a la de otros puertos de la costa del país, sino en general de América Latina.
La inversión total prevista para el puerto de Chancay es de tres mil 400 millones de dólares que comprenderá un complejo de 15 muelles, oficinas y servicios logísticos. Se espera, según datos del Banco Central de Reserva, que solo en la fase inicial Chancay aporte 0.9 % al Producto Bruto Interno (PBI) y posteriormente alcance 1.8 %. Pero, además, aliviará el flujo comercial del puerto del Callao, que actualmente es lento debido a su saturación.
“Los primeros puertos del planeta son chinos. Hoy no podemos dejar de estar conectados porque más del 90 % de la carga que se comercializa en el mundo se hace a través de la vía marítima, por eso digo que el puerto de Chancay es la panamericana oceánica. Ya se ha exportado el primer contenedor a través de Chancay y fue de Cerro Prieto, un contenedor lleno de arándanos. Para alguien que está compenetrado con el desarrollo del Perú este es un hecho que lo hace vibrar”, precisa.
Apunta que el puerto de Chancay le da al Perú la chance de convertirse en un nuevo referente en exportaciones y anima a los emprendedores, autoridades, pero sobre todo a los jóvenes a cambiar de mentalidad.
“Si tienen la oportunidad de irse a China, háganlo, no pierdan la oportunidad de salir de sus fronteras. Seguimos enseñando inglés, francés, alemán, pero lo que debemos aprender es chino, allí está el futuro”, indica.
¿Y Lambayeque?
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque repara en que Lambayeque también amerita tener su terminal portuario, pues todas las regiones costeras, a excepción de Lambayeque y Tumbes, cuentan con un puerto.
“Aquí tiene que empezar a cambiar todo, no hay que quedarnos callados, hay que resolver, porque no es posible que nosotros hayamos llegado hasta esto por la ineficiencia de nuestras autoridades, Puerto Eten es el punto más cercano de todo el nororiente, tenemos cercanía con San Martín, Amazonas, es la salida a la sierra y selva. Es inconcebible que hasta ahora no se haya hecho realidad”, expresa.
Actualmente, el terminal marítimo de Puerto Eten se encuentra en la formulación de estudios para identificar su necesidad y viabilidad. En junio de este año, Proinversión adjudicó la buena pro al consorcio TP Lambayeque para que realice estos estudios, los cuales deberían estar listos antes de fin de año.
Olmos y su futuro
Precisa que la exportación agrícola en Lambayeque durante el 2023 alcanzó los 834 millones de dólares, de los cuales 700 millones corresponden a productos cultivados en Olmos, lo que es equivalente al 83.9 %. La rentabilidad sería aún mayor -señala- si estos productos pudieran salir por Puerto Eten.
“El horizonte ya está claro, Puerto Eten tiene que realizarse. Con un poquito de presupuesto se hizo el túnel de Huancabamba para Olmos que da trabajo a miles de familias. La revolución en exportaciones se ha dado por Olmos”, asevera.
No obstante, Olivio Huancaruna hace hincapié en que el desarrollo de Olmos podría verse perjudicado por la falta de agua, pues hoy Piura reclama el recurso hídrico que sale del río Huancabamba.
“Lambayeque es una región agrícola y comercial porque aquí vienen de todas las regiones. Pongan piedras y piedras se venden. Pero los productos agrícolas que se comercializan están en peligro, pues Piura dice -con todo el derecho- si el agua es de mi región, yo la quiero. Hoy la dotación del Huancabamba no alcanza para los cultivos de Olmos, se está usando agua del subsuelo, esa es la realidad. Si no alcanza para Olmos, menos será para Piura”, comenta.
Para Huancaruna Perales, la solución a futuro pasa por trasvasar agua desde el río Marañón hasta el valle Chancay. Al respecto, existe un proyecto presentado por la Mancomunidad Regional Macro Región Nororiente que contempla el desvío de más de 600 metros cúbicos por segundo del río Marañón (a la altura de la estación hidrológica Cumba), a través de un gran túnel, que dotaría de agua a Cajamarca, Amazonas, Lambayeque y Piura, permitiendo la irrigación de 300 mil hectáreas.
Actualmente en 32 distritos de Lambayeque rige un estado de emergencia por déficit hídrico durante un plazo de 60 días, el cual inició el 5 de diciembre.
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Ubicada al sur de Lambayeque, Cerro Prieto inició sus operaciones en el 2000, cuando se hizo acreedora de 4666 hectáreas en una licitación pública internacional. Percy Muente Kunigami, CEO de la trasnacional, cuenta que parte del compromiso que asumió la agrícola fue la construcción de un sistema de conducción de agua de 27 kilómetros, a través de un canal, a fin de llevar el recurso hídrico desde el punto de entrega hasta las hectáreas de su propiedad.
“Nos sentimos súper orgullosos porque Cerro Prieto fue capaz de transformar el desierto en terreno agrícola. Desde el punto de vista de sostenibilidad, el hecho de poder llevar agua que antes se perdía en el mar y cultivar en el desierto es algo que nos tiene satisfechos. Esta es la capacidad transformadora de la agricultura en el Perú y en Lambayeque”, sostiene.
Diversificación
El ingeniero industrial señala que hoy Cerro Prieto no solo tiene hectáreas al sur de Lambayeque, sino también al norte de Lima, donde cuenta con 170 hectáreas de arándanos, y en Colombia.
“Nosotros tenemos cosechas de palta de julio a septiembre por lo que hay una ventana de cosecha a partir de noviembre a diciembre. Estas son ventanas de cosecha que se complementan y le permite a Cerro Prieto abastecer a sus clientes durante más meses en el año” acota.
Asimismo, refiere que cuentan con una planta de packing (embalaje) de última tecnología, cuya capacidad de procesamiento es de 800 toneladas de palta por día, más de 430 toneladas de arándano y más de 60 toneladas de espárrago.
A ello se suma que los accionistas de Cerro Prieto ya no son solo nacionales, sino que han logrado la inversión de capital extranjero. Hoy, el 28 % de las acciones de Cerro Prieto corresponden a un fondo estadounidense.
“Nuestros accionistas son principalmente peruanos, pero hace algunos años fuimos capaz de atraer inversionistas americanos y eso es sumamente importante, pues demuestra la confianza y credibilidad que la compañía puede generar para que un fondo americano decida invertir. Tenemos esa capacidad de generar capitales, de atraer capitales para crecer”, destaca.
Exportaciones
Menciona que en el 2023 Cerro Prieto exportó 56 mil 100 toneladas de alimentos y este año tuvo una capacidad de almacenamiento de agua de nueve millones de metros cúbicos, lo cual ha sido fundamental para hacer frente a los cuatro cortes de agua que han ocurrido.
“Esta capacidad de almacenamiento es sumamente importante porque en agricultura las fuentes de agua no son fuentes permanentes, son irregulares. Este año hemos tenido cuatro cortes de agua de quince días, todos fueron cortes programados para hacer mantenimiento al canal mayor. Si no tuviéramos capacidad de almacenamiento, no podríamos seguir con nuestros cultivos. Las plantas no pueden esperar cuatro cortes de 15 días sin agua. Esa capacidad de almacenamiento es clave para nosotros”, explica.
Responsabilidad social
De otro lado, Muente Kunigami señala que Cerro Prieto trabaja en diferentes programas para mejorar la calidad de vida de la población adyacente a sus campos. Por ejemplo, tiene una iniciativa denominada ‘Anemia cero’, donde se contribuye con madres gestantes y niños para potenciar su alimentación.
Además, tienen un programa de huertos escolares en varios colegios de la zona, desde donde se impulsa el control biológico de las plagas. A ello se suma que a través del mecanismo de obras por impuestos han impulsado el mejoramiento de dos colegios de primaria en la zona.
“Tenemos huertos escolares para encender el cariño y el ánimo de los jóvenes por la agricultura. En Cerro Prieto criamos, por así decirlo, insectos buenos que se comen a los bichitos malos y de esa forma usamos menos productos artificiales”, explica.
Agrega que la agroindustria trae beneficios indirectos a la región, los cuales a veces no son cuantificables, pero forman parte del desarrollo.
“Cuando llegué a Cerro Prieto el gerente de Finanzas me contó que la primera vez que fue a los terrenos, hace quince años, había una bodega de la zona y quiso comprarse un Red bull porque tenía sueño, pero la bodega solo tenía agua y gaseosa, con muy poco surtido. Hoy día, esa bodega es mucho más grande, la señora amplió su local y tiene un surtido mucho más grande”, relata.
Oportunidades
El CEO de Cerro Prieto precisa que Lambayeque tiene 200 mil hectáreas dedicadas a la agricultura y en el 2023 las exportaciones alcanzaron 842 millones de dólares. Hoy se exporta mayormente a Estados Unidos y Europa, pero la meta es exportar más al Asia.
“Para eso se necesita fruta que pueda llegar y comercializarse después de dos o tres semanas. El puerto de Chancay será clave en esto porque reducirá el tiempo de tránsito de Perú a China”, detalla.
Por ejemplo, menciona que en el 2016 los arándanos representaban solo el 2 % del total de área sembrada en Lambayeque, mientras que hoy es el 29 % del total nacional, pasando de 47 hectáreas a 5391. Este crecimiento vertiginoso le ha permitido al Perú ser el primer exportador de arándanos del mundo.
Fenómeno El Niño
De otro lado, Percy Muente resalta la importancia de prevenir el impacto del Fenómeno El Niño mediante obras de protección de canales como se ha hecho en Piura con el río Chira.
“Prevenir es también lo que hizo Cerro Prieto, la industria privada de la agroexportación también vela por estas obras. Hicimos obras de protección de canales mediante una canoa para encausar los huaicos y que no afecten los canales de regadío ni las poblaciones circundantes, trabajamos para conducir los huaicos al mar. La pregunta no es si habrá o no Fenómeno El Niño, sino cuándo va a llegar”, sostiene.
Explica que otro aspecto importante a tener en cuenta es evitar los picos de producción, pues estos generan capacidad ociosa que representan costos innecesarios.
“Algunas veces a los peruanos se nos va la mano. Este año hemos tenido picos de producción y el problema de los picos es que la capacidad instalada tiene que hacerse para que los soporten. Si son panaderos y hacen diez panes de lunes a viernes, pero los sábados hacen cien, el tamaño del horno deberá ser para cien. De lunes a viernes tendrán una capacidad ociosa enorme, eso es costoso, los picos no son buenos”, grafica.
Finalmente, indica que en Cerro Prieto están trabajando para mejorar la genética de las plantas y hacer que soporten los cambios climáticos para que en el futuro, cuando venga el Fenómeno El Niño, la producción no se vea tan afectada.
“El mercado internacional de frutas y verduras es igual al mercado tradicional del Perú. Cuando no hay limones el precio sube y cuando hay baja. Lo mismo pasa en el mercado internacional, no controlamos el precio. Solo nos queda entender bien el mercado, las ventanas de producción y achicar la curva. La agricultura no es una fábrica de clavos, pero a través de podas y manejo se puede distribuir mejor la producción”, menciona.
El miércoles 18 de diciembre llegó a Shanghái (China) el primer cargamento de productos peruanos enviados desde el puerto de Chancay. Se trató de un buque con más de 20 mil toneladas de frutas como arándano, palta, uva y mango. Este hito sin precedentes representa el primer paso de una continua relación comercial con el gigante asiático que, en palabras de Rafael del Campo Quintana, presidente del Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional - Conudfi, es el horizonte al que se debe mirar.
“He conocido un futuro que muchos critican, ese futuro es China, que en 40 años sacó de la pobreza a más de mil millones de personas, quienes le han generado este nivel de consumo tan alto. Son ellos los que han obligado a la China a generar una industria que es inimaginable. Estuve recientemente allí por segunda vez y cada que vengo quedo más impresionado” refiere.
Zonas Económicas Especiales
Del Campo Quintana explica que el crecimiento de China se dio gracias a la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), áreas del país que cuentan con una normativa especial y flexible en materia tributaria y aduanera diferente al resto, lo cual otorga beneficios a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Una de estas Zonas Económicas Especiales es Shenzhen, la cual para Rafael Del Campo es como el ‘Silicon Valley’ de China por el asentamiento de importantes marcas y su desarrollo tecnológico. Actualmente, en el país de Asia Oriental hay más de 300 ZEE.
“Las Zonas Económicas Especiales sacaron de la pobreza a mil 400 millones de habitantes de China, acá en el Perú somos solo 34 millones. Estas eran personas que antes eran pobres y ahora son clase media, una clase media que en el Perú tendría una vida muy buena. Esa clase media es la que consume, compra autos de primer nivel, viaja y más”, comenta.
El también segundo vicepresidente de la Asociación de Exportadores – ADEX, cuestiona que en el Congreso había un proyecto de aprobación de las ZEE desde el mes de junio, pero recién el 14 de diciembre el pleno del Congreso aprobó el marco normativo para su creación y desarrollo con 78 votos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones.
Este proyecto propone crear una Zona Económica Especial Privada por departamento, además de las zonas económicas de Chancay, Ancón e Iñapari. La propuesta contempla que los primeros cinco años deba considerarse un impuesto a la renta del 0 % y escalonadamente, hasta el año 2025, llegar al 15 %. Los estudios de las zonas económicas a nivel nacional estén a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - Ceplan.
Puerto de Chancay
Del Campo Quintana califica como un “milagro” la concretización del puerto de Chancay, debido a la millonaria inversión que representa y la buena disposición que hubo por parte de los inversionistas chinos. Destaca que esto está obligando al Estado Peruano a pensar en infraestructura complementaria como trenes y carreteras.
“Al puerto de Chancay yo lo veo como un milagro, alguien ha venido a invertir mil 500 millones de dólares de su propio dinero, sin presencia del Estado, alguien quiso hacer un súper puerto en nuestro país. Eso nos está obligando a pensar en trenes tanto en el eje norte como en el eje sur. Nos está obligando a pensar en trenes de cercanía, en cómo llevaremos los camiones al Callao, nos está moviendo la brújula”, menciona.
Experiencias
Rafael del Campo explica que la producción de China es grande, debido a que la demanda que tiene también lo es, pues debe alimentar a sus mil 400 millones de habitantes.
“Hace poco estuve en una feria internacional en China, donde hubo un millón de visitantes y el intercambio de ventas promedio fue de 80 mil billones de dólares. En China todo es grande y se debe a la demanda de esa gente que sacaron de la pobreza, que son los que hoy consumen. Ya le han dado todo a ellos y ahora están saliendo al mundo”, menciona.
Destaca que China tiene puertos con una capacidad para mover 50 millones de contenedores, mientras que Chancay para poco más de un millón.
“Los chinos no hacen todo esto porque se crean la última Coca Cola del desierto, sino porque necesitan comer, es impresionante la demanda que existe. Yo cuando regreso de China vengo frustrado, con cólera, me pregunto por qué no hacemos esto en el Perú. Hay que alzar la voz, hay que reclamar porque no podemos seguir en esta inercia”, opina.
Refiere que las últimas veces que ha venido a Chiclayo notó con tristeza una ciudad “destruida” con tierra y basura.
“Siempre le digo al gobernador que Lambayeque que desde ADEX vamos a apoyarlos con el terminal portuario hasta donde los estudios digan que sí hay la demanda, pero en una oportunidad, hace un año, vi a Chiclayo tan destruido, las calles con polvo, tierra y basura, que me dije: ¿Voy a hacer un puerto cuando esta es una ciudad tan descuidada? Yo preferiría invertir mis recursos y esfuerzos, para convertir a Chiclayo en lo realmente fue, una ciudad hermosa”, cuenta.
Desarrollo agrícola
No obstante, Rafael del Campo indica que también hay algunas iniciativas importantes del Ejecutivo por reconocer. Una de estas es el destrabe de los proyectos de irrigación que está haciendo el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, lo cual le permitirá inyectarle al Perú más de 350 mil hectáreas de cultivo.
“Cuando tengamos estas hectáreas tendremos que trabajar juntos el sector público y privado para saber qué consume el lambayecano, el chino, donde podemos ser mucho más eficientes, porque si no trabajamos de la mano no podremos lograr el éxito que queremos. Hay un mundo lleno de oportunidades y son los jóvenes los que tienen en sus manos el futuro del país”, sostiene.
Añade que la agricultura es un negocio de alto riesgo, debido a las condiciones climáticas, motivo por el que los empresarios necesitan incentivos y soporte por parte del gobierno. Es por ello que se requiere un régimen agrario especial que dé al sector agroexportador beneficios tributarios que les permita generar empleo, divisas y una mejor calidad de vida a quienes trabajan en esta industria y su área de influencia.
“Esa política agraria de bajar los impuestos es lo que permitió que seamos los primeros en exportación de arándano y uva. Hay que entender que en la administración pública el servidor está amarrado de manos, le tiembla la mano para firmar una resolución. Pero no todas son malas noticias, no hay que ser mezquinos, hay ministerios que están trabajando como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Agricultura. Lo que sucede arriba son pleitos de otro nivel, pero los ministerios están trabajando. El Perú puede salir adelante, hay un techo enorme”, concluye.
Pese a que no supera aún los mil millones de dólares en agroexportaciones, Lambayeque es la región con mayor potencial de crecimiento en el norte, según destaca David Sandoval Flores, fundador y CEO de ‘Fluctuante’, empresa dedicada al análisis de datos en el sector agroexportación. Para el especialista, la fortaleza de esta región recae en la diversidad de productos exportables que tiene en cartera.
“Lambayeque tiene una enorme oportunidad que debemos aprovecharla, porque si la comparamos con otras regiones, aquí se ha apostado por diversos cultivos. Por ejemplo, Ica solo ha centrado sus exportaciones en dos cultivos, de los cuales sobresale el arándano; pero en Lambayeque tenemos diferentes cultivos: arándano, palta, café, uva, mango, etcétera. Por eso, Lambayeque juega un papel clave para el desarrollo de las agroexportaciones”, señala.
Explica que Olmos y Motupe forman un núcleo económico agroexportador que le dan realce a la región, pues congregan a las empresas agroexportadoras que dan soporte al sector. Sin embargo, a comparación de Ica, La Libertad y Piura aún no se superan los mil millones de dólares en agroexportaciones, reto que está pendiente por pasar.
“Tenemos empresas que nos dan soporte, que son las diez principales que han respaldado en el 2023 a las agroexportaciones peruanas, y que en su conjunto no solo desarrollan la parte económica, sino que dan sustento a todas las familias involucradas”, sostiene.
Cifras país
Según los datos recabados por ‘Fluctuante’, en el 2023 se realizaron agroexportaciones por más de 10 mil millones de dólares, alcanzando 140 mercados. En esta labor participaron 2569 empresas que trabajaron con más de 600 productos.
“Tenemos productos abanderados en muchos de los cuales ya somos el primer exportador mundial como el caso de la uva y el arándano. En palta estamos por debajo de México, somos el segundo exportador mundial, y con los demás cultivos estamos dentro de los diez primeros. Nuestra participación realmente es importante y debemos aprovechar.
Según el ranking de exportaciones, este es liderado por la uva con 1825 millones de dólares, seguido del arándano, la palta, café, espárrago, mango, cacao y mandarinas.
Refiere que, a comparación del 2012, la participación de las agroexportaciones en el Producto Bruto Interno (PBI) se duplicaron, alcanzando el 4 %. Eso ha permitido que las agroexportaciones representen el 53 % de puestos de trabajo de los más de cuatro millones de empleos que corresponden a exportaciones.
“El enfoque que hemos tenido como empresarios y productores en la agroexportación está representados en estos tres puntos. Tenemos productos que sí o sí están en la canasta básica de toda familia a lo largo y ancho del mundo como el banano, espárrago, las uvas, los arándanos y las paltas, y que en épocas donde se escasea la fruta, el mercado está dispuesto a pagar más por kilogramo exportado. El mercado premia, pero también castiga y hay que cuidar la calidad de nuestros cultivos”, sostiene.
Añade que el segundo punto o ventaja diferencial es que estos productos tienen un alto peso, debido a su contenido de agua, y el tercero es que su rendimiento es mayor a nivel internacional.
Producir más
Sandoval Flores explica que, según estadísticas globales, para el 2050 se prevé una población de 3700 millones de habitantes, lo cual representa 2300 millones de personas más en el mundo, lo cual implica una producción mayor de productos de pan llevar a nivel global.
“Si tuviéramos un restaurante, estaríamos atendiendo a 200 millones de mesas familiares. La tasa de crecimiento ha ido contrayéndose respecto a la tasa de natalidad a lo largo de los años. En el mejor de los casos tendremos para el año 2100 ocho mil millones de habitantes, pero en el peor de los casos tenemos 16 mil millones. ¿Estamos preparados para hacer frente y producir más?”, se cuestiona el especialista.
Señala que la agricultura deberá enfrentar un incremento del 70 % en la producción de alimentos para satisfacer la demanda global, lo cual se vería afectado con el cambio climático, pues para el 2050 se estima que tres cuartas partes de la población se hallarán en la zona urbana, lo cual quiere decir que tendrán un poder adquisitivo mayor.
“Parte de la clase pobre pasará a la clase media y estarán en la capacidad de poder demandar productos cada vez más frescos y que lleguen a ellos en un menor tiempo. Tenemos que aprovechar todos los climas que tenemos y la ubicación estratégica como país, que no solamente tiene conexión con la parte norte de nuestro continente, sino que tiene ubicación estratégica para conectar con países de Europa y Asia”, menciona.
Es precisamente esta diversidad climática la que para Sandoval Flores representa una ventaja, dado que productos como la uva, los arándanos y las paltas pueden crecer sin ningún problema.
“Incluso en nuestra misma ciudad gozamos de las cuatro estaciones en un mismo día. Productos tan importantes como las uvas, los arándanos, las paltas y los mangos son abanderados no solo en nuestro país, sino a lo largo y ancho del mundo. El cambio climático es una amenaza que ya se encuentra con nosotros, las plagas y enfermedades juegan un papel importante y junto a ellas debemos armar planes para hacerle frente”, comenta.
Tratados
Menciona que otra oportunidad que tiene el Perú son los Tratados de Libre Comercio (TLC), que a la fecha suman más de 20, gracias a las inversiones en Asia, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Esto ha posicionado al Perú como el undécimo exportado en el mundo de frutas y hortalizas.
La oportunidad -resalta- también yace por diversificar los destinos de las agroexportaciones, pues solo Estados Unidos alcanza el 36 %.
“Económicamente hablando aún estamos por debajo de la minería, pero somos el principal generador de empleo porque cuando se instaura una empresa agroexportadora se genera desarrollo económico que se traduce en consumo en centros comerciales, de salud, recreación y educación. Este último punto mejora la calidad de vida de las personas involucradas en este sector”, apunta.
Sostiene que el Perú cuenta con un arcoíris alimenticio que comprende los puntos específicos de salud. Así, por ejemplo, señala que aquí se producen alimentos de color morado (arándanos) que benefician al corazón y la presión sanguínea; o alimentos verdes, que fortalecen al sistema inmune.
“Somos un país privilegiado por la ubicación estratégica clave que tenemos, pero debemos estar preparados, esta posición debemos aprovecharla junto con las inversiones y el desarrollo tecnológico que se está dando”, acota.
Sin embargo -afirma- nada de esto será provechoso si no se cuida el agua, insumo primordial para el desarrollo de la agroexportación. Por eso considera necesario trabajar en la cosecha y siembra del recurso hídrico.
Según el diagnóstico descrito en el Proyecto Educativo Regional al 2036 (PER), en Lambayeque solo el 22.2 % de las 1247 instituciones educativas públicas se encuentran en buen estado. Esta exigua cifra puede explicarse por muchos factores, entre estos, la poca capacidad de las autoridades para ejecutar el presupuesto destinado a la rehabilitación y reconstrucción de escuelas e institutos.
A poco de cerrar el año, 16 de los 38 distritos del departamento de Lambayeque no llegan al 50 % de avance de ejecución de su presupuesto destinado al sector Educación. Cuatro de estos ni siquiera han gastado un solo sol y otros cinco -no incluidos en esta lista- simplemente no tuvieron presupuesto para obras en Educación.
Jalados en ejecución
En el grupo de distritos que no han podido ejecutar ni la mitad de su presupuesto para Educación se encuentra Jayanca con 49.3 %. Esta municipalidad tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de dos millones 689 mil 485 soles, de los cuales se ha girado un millón 324 mil 864 soles. Esta comuna tiene tres proyectos en los que no se ha ejecutado ni un sol: el mejoramiento del servicio educativo de la Institución Educativa n° 11179 del centro poblado Los Ángeles y la rehabilitación de las instituciones n.° 420 Fanny Abanto Calle y la n.° 11177.
Le sigue la municipalidad de Lagunas, con un avance de ejecución en Educación del 40.4 % de un total de un millón 329 mil 691 soles. De los cinco proyectos que tiene en este rubro hay dos en los cuales ya ejecutó la totalidad del presupuesto, uno que está al 60.9 %, uno al 6.3 % y uno del que no se ha ejecutado ni un sol: el mejoramiento del servicio educativo en la I.E.P.S. n.° 11185, ubicada en Mocupe.
Un poco más abajo se encuentra Pimentel, con el 40.1 %. La municipalidad del balneario tiene 872 mil 178 soles que no ha podido ejecutar, pese a que tiene tres proyectos con nulo avance: la recuperación de la infraestructura para el servicio de educación inicial de las instituciones educativas n.° 538 Virgen de Fátima, n.° 079 Virgen Morena de Guadalupe y n.° 403.
Por su parte, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz solo ha ejecutado el 37.3 % de su presupuesto para Educación, lo que corresponde a tres millones 848 mil 973 soles de un total de más de 10 millones de soles. La gestión de Elber Requejo tiene 11 proyectos en esta cartera, de los cuales ha culminado ocho. Sin embargo, es justamente el proyecto de mayor presupuesto el que no ha logrado avanzarse: la recuperación de la infraestructura del colegio Mater Admirábilis, cuyo monto es de seis millones 468 mil 36 soles. Esta obra estaba a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios, pero se encuentra paralizada desde octubre del 2022.
En tanto, la municipalidad de Zaña tiene dos proyectos que en su conjunto suman 60 mil soles. Logró ejecutar el mejoramiento y ampliación de la I.E. n.° 10020, por un monto de 20 mil soles; pero no avanzó con estudios de preinversión, cuyo PIM es de 40 mil soles. Por ello, la comuna tiene un avance en ejecución de Educación del 33.3 %.
La municipalidad de Eten cuenta con un avance del 30 % de su presupuesto de Educación, fruto de la ejecución de 11 mil 910 soles de su único proyecto, que es el mejoramiento de la I.E.I. n.° 150, del sector Mansiche, cuyo monto total es de 39 mil 700 soles.
Mucho más abajo en ejecución se encuentra Cayaltí con solo 19.1 % de tres millones 247 mil 217 soles. El ayuntamiento tiene cinco proyectos, de los cuales solo avanzó con la rehabilitación del colegio San Juan Bautista, donde alcanza 93.5 % de ejecución. Los otros cuatro proyectos no registran ningún avance: la reconstrucción del colegio Carmen Uceda Sánchez, la recuperación de la infraestructura del colegio Jesús Alfonso Tello Marchena, la reparación del cerco perimétrico y losa de la I.E. n.° 11240 y la reparación del cerco perimétrico, almacén, ambiente de preparación y expendio de alimentos, tribuna y palco de la I.E. n.° 11525 Melchora Barrera de Aspíllaga.
Un poco más abajo está la Municipalidad Provincial de Lambayeque con 18.4 % de 336 mil 496 soles. De los cinco proyectos en este rubro, solo culminó uno, que es el mejoramiento y ampliación de la I.E. n.° 10138 Augusto Castillo Muro Sime, del centro poblado menor Sialupe Baca. Los otros cuatro proyectos tienen nulo avance: el mejoramiento de las instituciones educativas, n.° 474 La Tina, n.° 445 Bodegones, n.° 336 Nido de Arena y n.° 10978 Puerto Rico.
Le sigue en este ranking la municipalidad de Pucalá con un avance de solo el 11.3 % de un total de 88 mil 553 soles. La comuna tiene dos proyectos de poco más de 44 mil soles y en ambos solo ha avanzado el 11 %: el mejoramiento y ampliación de servicio de las instituciones n.° 10841 José Carlos Mariátegui y n.° 134 Semillitas del Saber.
En tanto, la municipalidad de San José ha ejecutado 87 mil 427 soles de su presupuesto para Educación, lo que representa el 10.9 % de un total de 806 mil 683 soles. De los cinco proyectos que tiene, en uno avanzó con el 62.5 %, en otro con el 30 % y en tres no ejecutó nada: el mejoramiento del colegio primario n.° 11236 del caserío San Carlos, la rehabilitación del colegio inicial n.° 215 Niños del saber y una partida de 600 mil soles para elaborar expedientes técnicos concernientes al mejoramiento de centros educativos.
Muy cerca, con apenas 10.7 % de ejecución en Educación, está la comuna de Pueblo Nuevo, que de los 35 mil soles que tiene para este rubro ha ejecutado tres mil 750 soles. De los dos proyectos con los que cuenta en esta categoría, solo uno es referente al mejoramiento de infraestructura, el correspondiente a la I.E.I. n.° 11035, del cual no ha ejecutado sol alguno de los 30 mil que cuenta.
En la parte más baja se encuentra Mórrope, que solo ha ejecutado 1 % del millón 157 mil 835 soles que tiene en Educación. De los diez proyectos que tiene en esta cartera, en nueve no ejecutó ni un sol. Los afectados son los alumnos de las instituciones educativas, n.° 10168 San Pedro, n.° 10163 Jorge Basadre, n.º 197 Jardín Cruz de Paredones, n.° 081 Santa Isabel, n.° 10160 Rosa de América, n.° 10157 Inca Garcilaso de la Vega, n.° 11066 Manuel Ruiz Sánchez, n.° 10166 y n.° 11192.
Nula ejecución
De otro lado, hay cuatro municipalidades que no registran avance en su ejecución presupuestal. Una de estas es Santa Rosa, que tiene un PIM de 165 mil soles para esta categoría, correspondiente al mejoramiento del servicio educativo de la I.E. n.° 10018. También se encuentra Mesones Muro, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 10 mil soles, correspondiente al mejoramiento del servicio de educación secundaria de la I.E. Rosa Muro de Barragán.
Igual situación es la de Íllimo, que tampoco ha logrado ejecutar sol alguno de los 38 mil 976 que tiene y corresponden a la rehabilitación del local escolar n.° 10124 Nuestra Señora de Lourdes. Lo mismo se presenta con Salas, cuyo PIA para Educación es de 10 mil soles y no registra avance.
Cabe resaltar que las municipalidades distritales de Puerto Eten, Nueva Arca, Oyotún, Pomalca y Pacora no tuvieron este año presupuesto destinado para obras de Educación.
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(*) Periodista de Expresión | Becario del Curso de Periodismo y Política realizado por la Fundación Gustavo Mohme Llona, Idea Internacional y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En enero del 2025 se iniciará la gestión del doctor César Bravo Llaque como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Fue elegido por la Sala Plena de jueces superiores, a quienes presentó un interesante plan de trabajo, que apunta al fortalecimiento institucional y la eficacia en la administración de justicia.
“En pleno tercer milenio, parto del hecho concreto que nuestra corte superior es una de las más importantes del país, no solo por los niveles de producción que se vienen alcanzando en todos estos años, sino fundamentalmente por la calidad humana, profesional, personal y el compromiso de vida que vienen asumiendo los trabajadores que forman esta institución judicial. Bajo el gran aporte que cada uno de nosotros conferimos en el trabajo diario de la administración de justicia, se asume que la corte debe seguir siendo dirigida con responsabilidad, profesionalismo, dentro de lineamientos éticos inquebrantables, con eficacia y máxima optimización de los recursos, con capacidad para gestionar las políticas que conlleven a considerar con mayor valor público el servicio de administración de justicia que se imparte en esta parte del país”, expresa Bravo Llaque.
Anota que para alcanzar esto, ha propuesto la realización de una gestión que tenga claros los objetivos a lograr, enmarcados dentro de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, aprobada mediante el Decreto Supremo n.° 103-2022-PCM, en correlato con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Poder Judicial para el periodo 2021-2030, aprobado mediante Resolución Administrativa n.° 000136-2021-P-PJ, pero sobre todo que considere la atención urgente de necesidades que cada órgano jurisdiccional requiere para el desempeño cabal de sus funciones.
“Se conoce que los tres primeros meses de la gestión del 2025 resultan claves para el desempeño anual, así lo demuestra la experiencia y los logros que las diversas gestiones que preceden este tiempo. Se considera también que, en este lapso, mucho de lo que se pretende lograr, se puede conseguir precisamente a partir de la gestión directa que se realice en la ciudad de Lima, y de las gestiones individuales que ante autoridades locales se consiga a fin de viabilizar la mejora del servicio que se viene brindando a la comunidad”, señala.
En ese sentido, el magistrado a centrado como objetivo de su gestión consolidar y mejorar las condiciones de bioseguridad, ecoeficiencia, interoperabilidad y tecnología orientadas a alcanzar la innovación institucional y con esto la legitimidad de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ante la ciudadanía, a través del ejercicio de una gestión inclusiva, transparente y moderna en beneficio que exprese el sentido del servicio de administración de justicia.
“Deseo posicionar a la Corte Superior de Lambayeque como una de las de mayor importancia dentro del Poder Judicial del Perú, en base al trabajo de sus magistrados y colaboradores, de sus funcionarios, la innovación tecnológica y la difusión permanente de las acciones que se realizan”, afirma.
Acciones inmediatas
Para ello, se ha considerado la realización de visitas ordinarias y extraordinarias a los diferentes locales en los que se administra justicia en las diferentes sedes de las provincias de Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque, Cutervo, San Ignacio y Jaén, para conocer de manera puntual la problemática de resolución inmediata y adoptar los correctivos en cada caso. Además, fomentar el compromiso personal de los jueces y personal administrativo para mejorar el servicio que se presta.
Asimismo, complementar la tercera y cuarta etapa de la implementación de la oralidad civil, de tal manera que se termine de incorporar a este procedimiento a los juzgados de Jaén, Motupe, Ferreñafe, Lambayeque, Oyotún, etc.
También realizar un diagnóstico del Parque Informático en toda la Corte Superior, a fin de determinar equipos obsoletos, proceder a plantear y registrar en el registro IOAAR para procurar su renovación, y gestionar ante las autoridades del Poder Judicial, el Ministerio de Economía e incluso el propio Congreso, la creación de juzgados permanentes en cada sede de la corte superior.
“Vamos a elaborar un plan de mantenimiento periódico de equipos informáticos en todas las sedes judiciales de la corte superior, con el fin de evitar interrupciones en el servicio que se presta y prevenir cualquier falla que evite el desempeño normal de los juzgados. También procuraremos el saneamiento de los inmuebles hasta conseguir la inscripción en los registros públicos en Chiclayo, Motupe, Lambayeque, Oyotún, San José y todos aquellos que se encuentren asignados a la Corte Superior de Justicia, para después procurar su habilitación y ponerlos al servicio de la función jurisdiccional y administrativa”, explica.
Otra de las acciones a realizar es la gestión para la construcción del cerco perimétrico del terreno de Pimentel (donde se ubicará la futura Ciudadela Judicial), así como también revisar la vigencia de los plazos de donación de dicho inmueble.
Capacitación y meritocracia
Bravo Llaque menciona que también es necesario establecer el criterio de meritocracia como parámetro de asignación de plazas de jueces no cubiertas por titular, debiéndose considerar el siguiente orden: promoción de jueces titulares del nivel inferior, jueces supernumerarios y promoción de trabajadores judiciales.
“Vamos a hacer seguimiento frecuente de la ejecución del presupuesto asignado a la corte superior, a fin de garantizar el empleo del cien por ciento de lo consignado y también realizaremos reuniones permanentes con las personas que se designen como funcionarios, de tal forma que sean evaluados de manera constante a fin de renovar la confianza a aquellos que van cumpliendo las metas que se tracen semanalmente”, menciona.
Del mismo modo, proyecta poner en uso aplicativos y preparar a todos los miembros de la corte en el uso de inteligencia artificial, que permita coadyuvar la labor de la administración de justicia, así como descentralizar de manera inmediata el gasto del rubro de caja de chica para que se atienda las necesidades de sedes distantes como Jaén y Motupe.
“Tenemos que gestionar ante las autoridades del Poder Judicial que esta Corte Superior de Justicia pueda acceder de manera plena a la implementación del expediente electrónico; tenga mantenimiento constante y la renovación de los servidores para recabar la información que se genera”, indica.
Respecto al personal de la corte, señala que en su presidencia se promoverá la capacitación, procurando que los cursos no sólo sirvan para la formación en el trabajo diario, sino también que se ajusten a los parámetros exigidos en los diferentes concursos que se realizan.
Asimismo, ofrece trabajar en el reconocimiento constante a los jueces y trabajadores que destacan por su producción, por acciones loables de trabajo, por cumplimiento de tiempo de servicios o por acciones destacadas como ciudadanos de esta parte del país.
“Tengo el compromiso de gestionar con el gobierno local de Jaén y el Gobierno Regional de Cajamarca la donación de un área mínima de una hectárea para levantar el local judicial de Jaén, donde funcionen los órganos jurisdiccionales, pues actualmente rentar el inmueble resulta ser demasiado oneroso. También se implementará un equipo de trabajadores itinerante, con la finalidad de cubrir licencias por salud, pues licencias con menos de 20 días no pueden ser cubiertas por suplencia”, expone.
Por otro lado, asegura que gestionará la autorización para que el presidente tenga facultades para ampliar la competencia funcional de algunos órganos jurisdiccionales, por ejemplo, las salas civiles cuentan con carga laboral mínima, mientras que las salas con competencias laboral público, tienen una sobrecarga, como es el caso de la Sala de Jaén.
“Tenemos que gestionar la actualización del CAP con la finalidad de cubrir las necesidades de recursos humanos en los diferentes órganos; por ejemplo, Sala Descentralizada Mixta de Jaén, según el CAP actual, cuenta con siete personas, incluidos los tres Jueces, no cuenta con secretario de sala”, detalla.
Bravo Llaque comenta que durante su gestión también se fortalecerá el Programa Nacional de “Justicia en tu Comunidad”, para ir al encuentro de las comunidades alejadas de las sedes principales, a través de tres líneas de acción estratégica: realizar ferias y eventos informativos a los usuarios del servicio de justicia en los distritos judiciales de las provincias sobre el trámite de los procesos judiciales y acceso a medios de consulta y de conexión remota a través de capacitaciones en manejo de Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC; implementar programas de acceso inclusivo a la población vulnerable a través de mecanismos de comunicación e interoperabilidad con las instituciones involucradas en el sistema de justicia (acceso a la justicia/género); capacitar en temas especializados asociados a Justicia Restaurativa y trato igualitario a los Jueces de Paz y Accesitarios, comprometiéndoles en el cumplimiento de la función y en la vocación de servicio que se debe mostrar al usuario judicial; aspectos que ya se han venido realizando en las diferentes gestiones anteriores y que se incrementará en la administración que se pretende realizar.
Perfil profesional
César Bravo Llaque es ebogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, maestro en Ciencias Penales y doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la misma universidad; egresado de la Escuela Judicial de Barcelona España, con cursos en la Escuela del Ministerio Público del Reino de España; egresado del Consejo Superior de Investigaciones científicas de Madrid y actual becario de la AECID y discente del Curso de Gestión Pública – AMAG-2024.
Se ha desempeñado como presidente de la Tercera Sala de Apelaciones de Lambayeque, jefe de la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, miembro de la Comisión de Plenos Jurisdiccionales en materia penal, miembro de la Comisión de la Implementación de la Unidad de Flagrancia de la corte, magistrado de la Unidad de Sanción y Apelación de la ODANC – Lambayeque y formador de formadores de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Perú.
