Entre tomar un curso on line con el Knight Center y participar en una investigación cuyos resultados se han puesto en un paper y postulado a un congreso académico, me he metido a navegar en las turbulentas aguas de la seguridad ciudadana. De plano, el concepto que desde 2005 se propuso desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) parece haberle quedado ya corto: “condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros”.
De hecho, el mismo PNUD enmarcaba esa definición, para entenderla en más perspectiva, en 2020 desde tres dimensiones por cumplir: 1) tomarse como derecho humano (derivado de otros fundamentales), 2) considerarse un bien público (fundamental: sólo es posible desde lo colectivo, esto es todos los actores sociales), y 3) observarse como condición para el desarrollo sostenible [2]. Eso, con todo, resuelve a la seguridad ciudadana sólo como un resultado.
Las tres condiciones vistas deben impulsar caminos para que la seguridad ciudadana puede ser abordada sobre todo como práctica. Y para ese abordaje existen enfoques. El enfoque Multidimensional reconoce la complejidad del tema, como resulta del interactuar factores sociales, económicos, políticos y culturales; abogando, de hecho, por no solo la erradicación del delito, sino también la promoción de condiciones de bienestar. El Enfoque de Derechos Humanos no parte de un derecho reconocido, pero resalta el que la praxis de la seguridad ciudadana respete todos los derechos humanos sancionados a nivel supra estatal. El Enfoque Basado en Evidencia propone recopilar y analizar data para identificar intervenciones eficaces, y basar las políticas de seguridad ciudadana en evidencia real y empírica. Los tres enfoques son perfectamente complementarios.
La más violenta
Tiene sentido preocuparse y actuar por la seguridad ciudadana. Centrándonos sólo en América Latina la argentina Alejandra Monteoliva, Instructora en Seguridad Ciudadana, nos recuerda en una clase remota que la región se empeña en continuar siendo la más violenta del globo: concentra un tercio de los homicidios mundiales cuando habita acá menos del 10% de los habitantes del planeta. Y un dato relevante que nos obliga a rechazar promedios: no se comportan homogéneamente los homicidios en la región: unos países conocen de incrementos, otros experimentan reducciones los últimos años, en un mapa dispar.
Nuestro país, para 2019, se ubicaba como el tercero en índices de inseguridad en Latinoamérica. Para los años subsiguientes, 2020 y 2021, la inseguridad ciudadana se intensificaba afectada por la pandemia del Covid-19. Las calles escupen contra los ciudadanos datos incuestionables: el segundo semestre de 2020, los peruanos de más de 15 años de zonas urbanas reconocieron haber sido víctimas de delitos en tasas del 21.5%, y en tanto para 2021 se experimentó una baja, al 18.3%, en 2022 se volvió a incrementar en 22.4%; en tres años, casi un quinto de peruanos como media había sufrido como víctima de delitos.
Plan nacional
El estado peruano no se ha cruzado de brazos ante esta dura realidad. Un Plan Nacional de Seguridad de la Ciudadanía que debió cumplirse entre 2019 a 2023 fue implementado por el gobierno central. Empero su puesta en marcha no consiguió el impacto esperado, opinan expertos y parroquianos. En un marco de fórmula simplista, en que los gobiernos alcanzan planes de seguridad ciudadana y las fuerzas del orden los ejecutan, es urgente colaborar y coordinar mucho mejor interinstitucional, interseccional e integralmente.
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(*) Colaborador y articulista.
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