Presidente del INPE, Javier Llaque Moya, consideró como lamentable que desde hace ocho años el Estado no haya construido un solo penal en el país, cuando la población carcelaria ha ido en aumento. Informó que van a proponer al Ministerio de Justicia la masificación del uso de los grilletes electrónicos, puesto que tiene una vigencia desde hace 10 años y solo se ha aplicado en 45 reos.
La cifra que va a leer a continuación es de suma preocupación, respecto a la situación del sistema carcelario en Perú. Actualmente hay construidos 68 penales, que albergan a 90 mil personas privadas de su libertad y solo 40 mil espacios (ambientes); es decir faltan 50 mil espacios, lo que genera hacinamiento, que en el país llega al 130%.
Según el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), cuando el hacinamiento en un reclusorio supera el 20% ya es grave, pero nosotros lo superamos seis veces; por lo tanto, la situación es muy grave, sostiene el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque Moya, agregando que la solución pasa por construir más penales.
Refirió que lamentablemente desde hace ocho años no se construye un solo penal en el país, cuando habido un crecimiento de la población carcelaria de cinco mil más cada año. Aunque aclaró que el 2020-2021 no son considerados en las estadísticas por el tema de la pandemia; pero ya en el 2022 se registró 2500 nuevos ingresos.
“Si se mantiene la tendencia, cada año necesitaríamos un penal para 2500 presos, por ello tenemos que abordar el problema con seriedad edificando nuevas sedes. En los últimos años poco o nada se hizo para construir por incapacidades; pero ahora sí tenemos un ambicioso plan de construcción de seis nuevos penales, e iremos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para solicitar el financiamiento para los expedientes técnicos”, aseveró.
Proyectos de inversión
El funcionario dijo que este y el próximo año esperan avanzar con los expedientes técnicos, de tal manera que luego se realicen las convocatorias para la construcción, y quienes los sucedan serán los responsables de concretar esta aspiración.
“Nosotros hemos encontrado proyectos de inversión viables que ya los tenemos terminados y por eso vamos a recurrir al MEF para que dé el presupuesto para los expedientes técnicos que son claves. No hay otra manera de abordar el hacinamiento, en el país las leyes son cada vez más duras y los beneficios disminuyen, por lo tanto se tiene que abordar el problema construyendo nuevos penales”, manifestó Llaque Moya.
El presidente del INPE recordó que el Tribunal Constitucional ha sentado posición al señalar que hay un estado de cosas inconstitucional respecto el hacinamiento de penales, y seis tienen que cerrar hasta el 2025.
Explicó que los responsables de que no se hayan construido más penales en su momento son el INPE, el Ministerio de Justicia y el MEF, que es el que da el presupuesto. El costo de un penal es de aproximadamente 300 millones de soles, y una celda con su taller, su aula y oficinas administrativas vale en promedio 120,000 soles.
Grilletes electrónicos
Expresó que en este contexto van a trabajar una atrevida propuesta con el Ministerio de Justicia para el uso de vigilancia electrónica personal, los conocidos grilletes, para los procesados. “De los 90 mil privados de libertad, unos 36 mil son procesados y el resto son condenados, algunos seguramente merecen estar en prisión pese a no estar condenados; pero creemos que aquellos que han cometido delitos no graves, cuyas penas no son altas, deberían salir en libertad con vigilancia electrónica personal”, sentenció.
Detalló que la ley de vigilancia electrónica tiene diez años de vigencia en el país, ha sido modificada dos veces para que se imponga en mayor cantidad; pero el Poder Judicial aún no toma la decisión. Por eso van a insistir para que su uso sea masivo y esperan que en una primera etapa se apliquen unos 500 grilletes (actualmente solo hay 45 en diez años).
Consultado si las cárceles son escuelas del delito, Javier Llaque deslindó de ello y dijo que seguramente lo eran hace 20 o 30 años, porque de las 90 mil personas privadas de su libertad, el 74% son primarios y el 26% tiene dos o más ingresos al penal, entonces la gran mayoría por primera vez pisa una cárcel. Y de los 90 mil, 26 mil internos trabajan y 15 mil estudian.
Indicó que si algún delito se comete desde los penales es muy pequeño, lo que pasa es que cuando ocurre se hace público y se vuelve mediático, “no dudo que ocurran cosas malas en las cárceles y lo estamos combatiendo; pero desde las cárceles no se genera el bagaje de delitos. Ocurren algunos hechos que tratamos de evitarlos, y cuando los descubrimos lo sancionamos y tomamos medidas”.
Bloqueadores no serían eficientes
Tal es el caso de los bloqueadores de celulares instalados en los penales, que al parecer no cumplirían su misión para evitar que los presos se comuniquen con el exterior. “El bloqueo de celulares no es lo más eficiente, la empresa a cargo tendrá que mejorar el tema de seguridad y ojalá se llegue al cien por ciento; pero cuando detectamos una comisión de delito al interior del penal, el INPE procede al traslado del reo, en tanto el Ministerio Público investiga para qué se usaron los teléfonos”.
Agregó que muchas veces el personal del INPE también se presta para estas cosas. El más reciente sucedió en Piura, cuando un agente fue detenido ingresando celulares. A través de la Procuraduría han dispuesto que solicite prisión preventiva y que se le aplique el proceso inmediato, como una medida ejemplar para el resto de agentes que quiera cometer un delito. “Como INPE lo vamos a perseguir para que no vuelvan a realizar ese tipo de inconductas”.
“Tenemos que abordar esta problemática de una manera técnica y con una política que continúe de una gestión a otra, nosotros vamos a dejar estos proyectos de construcción, la vigilancia electrónica, pero estemos nosotros o no ojalá se implemente, que junto a otras medidas adicionales permitan bajar el hacinamiento”, puntualizó el funcionario.
Penal Barbadillo
Consultado sobre la capacidad del penal Barbadillo, donde actualmente hay tres expresidentes de la República internados, Llaque Moya declaró que siempre habrá capacidad para uno más. Señaló que para recibir al exmandatario Alejandro Toledo se tuvo que hacer algunas adecuaciones, se movieron oficinas, para ofrecer mayor seguridad.
Aclaró que los expresidentes no tienen privilegios, tienen las mismas horas de patio que en otros penales, las visitas son dos veces a la semana, un día para varones y otro para mujeres, con un límite de cinco personas por día.
Por otro lado, el titular del INPE sostuvo que a través de un arduo trabajo con cárceles productivas vienen recuperando a los internos, para que sean incorporados a la sociedad una vez que abandonen el penal. “Con cárceles productivas se convoca a la empresa privada, vienen a los penales, producen con los reos, les pagan un sueldo y luego los trabajos los colocan en el mercado”.
Subrayó que con cárceles productivas ahora están pagando la reparación civil a las víctimas, lo que antes nunca se había hecho.
“Se retiene el 20% del sueldo y se deposita en el Banco de la Nación; pero este proceso es muy burocrático, porque hay que ir al banco, presentar un escrito, la víctima es informada del pago, quien tiene que ir al juzgado. Es un circuito perverso que desincentiva el pago. Vamos a coordinar con el Poder Judicial para que abran cuentas y allí depositar directamente a las víctimas”, aseveró.
Deja tu Comentario