La Asociación Anticorrupción Kuskachay realizó el año pasado un proyecto que consistió en investigar a los candidatos que se presentaron en las elecciones regionales y municipales de 2022, llegando a más de diez regiones, haciendo entrevistas y evacuando los resultados de esas indagaciones sobre los antecedentes de los postulantes.
Sin embargo, la respuesta de la ciudadanía respecto a los trabajos que expusieron no fue bien recepcionada por la población, más allá de la suerte de escoger bien o mal. “La tendencia del elector peruano es a desatenderse de estos antecedentes que existen en varias plataformas, pero la diferencia de Kuskachay es que va a la contrastación, vamos un paso más allá”, expresó.
Manifestó que la ciudadanía no ha generado una responsabilidad para elegir a sus autoridades, por eso después se quejan de las personas que llevan al poder con su voto. “Creo que a veces se pide más información para comprar un celular que de los antecedentes de los candidatos”.
Explicó que Kuskachay es una asociación civil compuesta por profesionales dedicados a la investigación, al activismo en la lucha contra la corrupción, y su propósito es hacer proyectos diferentes, frontales en torno a este tema, porque entendemos que los diagnósticos, las evaluaciones y la teoría está bastante avanzada y lo que se necesita es pasar a la acción.
Desatención del ciudadano
Herrera Velarde señaló que más allá de los números, que a veces son muy relativos, es muy difícil calcular cuánto se pierde por corrupción, porque se tendría que tener sentencias firmes, y lo que saca la Contraloría de la República son proyecciones, pero el asunto va mucho más allá, que implica dos cosas: la primera es la desatención que tiene el ciudadano respecto al Estado, lo cual se refleja en las protestas sociales.
“El ciudadano piensa que el Estado no cumple con él porque no hay plata, y por ello no recibe los servicios del Estado que le corresponde: postas médicas, hospitales, colegios, carreteras, entonces allí hay una insatisfacción que generan las protestas sociales. Lo segundo es que se cree que esto sucede porque hay ausencia de dinero y se echa la responsabilidad a las empresas, lo cual es falso”, subrayó.
Dijo que en el Perú hay mucho dinero que reciben los gobiernos regionales, el asunto es que nadie los controla y como se han creado señores feudales en las regiones y los municipios, queda al final un descrédito de la empresa y la sensación de que tenemos que acomodarnos, porque eso funciona así y nadie lo va a cambiar.
Por otro lado, Eduardo Herrera refirió que hay que diferenciar entre ineficiencia y corrupción, y el gran problema de la Contraloría es que abarca ambos y allí viene una gran confusión. La solución pasa por una estrategia diferente que no existe, y es el periodismo es el que marca la pauta en la lucha contra la corrupción.
Recursos para fiscalizar
“Mi propuesta siempre ha sido que se debe empezar a fiscalizar de forma permanente y eso no está pasando, esto no lo va ser el ciudadano porque tiene que trabajar, sino las entidades de la sociedad civil y el mismo Estado, aunque este último no tiene interés. Se tiene que fiscalizar y accionar legalmente, pero para ello se necesita recursos para poder funcionar”, detalló.
Por ejemplo, agregó, se puede tomar un gobierno regional y averiguar cuánto gasta, con quién gasta, cómo gasta, con quién contrata o si el gobernador aumenta su patrimonio, y de allí pasar a la acción legal. Es como una especie de Contraloría o Procuraduría privada para lograr no solo la condena, sino cómo se le quita el patrimonio al corrupto, es allí donde se golpea este tipo de criminalidad.
Herrera explicó que lo que hace la Contraloría en la lucha contra la corrupción es insuficiente, pese a que puedan existir esfuerzos; pero el problema radica es que esta institución tiene un problema de diseño de origen, que hace que vean a la corrupción y la ineficiencia de la misma forma, lo cual genera que los funcionarios públicos no quieran firmar nada.
Manifestó que todo esto tendría que venir desde el Estado, que no quiere hacer las cosas, entonces en ausencia de ello el sector privado puede mover la aguja. “Lo que pasa es que hay una inacción, una intolerancia y complicidad, entonces como el Estado no quiere hacer nada, hay que empezar a empujar esto desde la ciudadanía”, declaró.
Precisó que en el país existe la idea de que una ley va a cambiar las cosas y no es así, por eso que hay aventureros estafando que dicen que hay que cambiar la Constitución.
El director de la Asociación Anticorrupción Kuskachay admitió que así como hay ONG corruptas, totalmente distorsionadas, también hay abogados que son vehículos de la corrupción, eso es clarísimo.
“Cuando nosotros hemos hecho nuestro primer proyecto publicamos a todos nuestros financistas en la página web, porque esa es la forma de mostrar transparencia. Nuestra política siempre ha sido que el financista no tiene ninguna injerencia sobre la estrategia que hace la asociación”, puntualizó Herrera Velarde.
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