Hace unas semanas el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, anunció con bombos y platillos que por gestión suya y del congresista fujimorista Héctor Becerril Rodríguez, en abril próximo se iniciaba el proceso de licitación para el proyecto de saneamiento básico que beneficiaría a los 12 pueblos jóvenes ubicados carretera a Pomalca. Sin embargo, los planes del burgomaestre no se cumplirían en los términos que ha indicado, debido a que el expediente técnico tiene diversas observaciones.
La elaboración del expediente fue encargada a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, desde el gobierno de Roberto Torres Gonzales, cuando el ahora gerente general de la empresa paramunicipal, Néstor Salinas Vásquez, se desempañaba como responsable del área de proyectos.
Luego de años de demora, EPSEL anunció que el expediente estaba listo, pero en lo real sobre este aún falta levantar algunas observaciones hechas principalmente al aspecto ambiental de la obra, cuya ejecución es reclamada hace décadas por las familias de los pueblos jóvenes, jurisdicción de Chiclayo, que se ubican carretera a Pomalca.
OBSERVACIONES
Las observaciones que tiene el expediente del proyecto son urgentes, toda vez que hasta el momento ni la Autoridad Nacional del Agua ni la Dirección General de Salud han emitido su opinión favorable para en vertimiento de aguas residuales, considerando que la obra contempla un sistema nuevo de captación, suministro y tratamiento de los recursos que emplearán las familias beneficiarias.
Sin ambas certificaciones resulta imposible que la Municipalidad Provincial de Chiclayo pueda convocar a licitación pública la ejecución del proyecto, confirmándose que lo anunciando por el alcalde David Cornejo no se ajusta a la verdad.
El 8 de marzo pasado, en Lima, el alcalde de Chiclayo suscribió con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el convenio para el financiamiento de la obra, aun cuando tanto EPSEL, cuyo gerente general participó de la suscripción, como el titular de la comuna provincial y los funcionarios del portafolio ministerial, sabían que el expediente está observado.
EL PROYECTO
El proyecto denominado “Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de los pueblos jóvenes Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Así, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé”, de Chiclayo, beneficiaría a una población total de 11 mil 632 personas, según la actualización 2016 del expediente técnico.
En lo referido al agua potable la obra contempla dos estructuras de captación de concreto armado ubicadas en las lagunas Boró I y II; la instalación de una línea de conducción de PVC U Clase 7.5 DN, 400 milímetros, en una longitud de un kilómetro y medio, aproximadamente; la construcción de una planta de tratamiento de agua potable consistente en una unidad de mezcla rápida; dos decantadores laminares, una batería de filtros descendentes, una cámara de contacto y una cisterna con capacidad para almacenar mil 200 metros cúbicos de agua.
Asimismo, se incluye la instalación de una línea de impulsión de PVC U Clase 10 DN 400 milímetros, en una longitud de cuatro mil 323 metros; la construcción de un reservorio elevado de concreto armado de mil 600 metros cúbicos de capacidad; redes de agua potable y dos mil 323 conexiones domiciliarias.
Respecto al alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales, el proyecto considera la instalación de 32 mil 434 metros de tuberías, la construcción de una estación de bombeo con concreto armado; la instalación de una línea de impulsión y de una estación de bombeo de agua residual. También, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.
El total de la obra demanda una inversión de 63 millones 265 mil 472 soles, de los cuales – según el convenio suscrito – el gobierno nacional desembolsará este año a la comuna de Chiclayo el 76 %, equivalente a 48 millones 81 mil 758 soles, y el 24 % restante (15 millones 183 mil 713 soles) en el 2018.
SE ARROGA GESTIÓN
David Cornejo, quien convocó a una asamblea pública el domingo 12 de marzo a los pobladores de los pueblos jóvenes, se arroga la gestión del proyecto y la asignación del presupuesto. Sin embargo, detrás de sus afirmaciones se esconden una serie de hechos que, por el contrario, evidencian la falta de apoyo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y de EPSEL al Comité Integral de Agua y Alcantarillado de los 12 sectores a ser beneficiados, que desde el gobierno de Miguel Ángel Bartra Grosso ha luchado por la ejecución de la obra.
El pueblo joven más antiguo en la zona es Samán, que tiene más de 100 años de existencia. A este le siguen Las Vegas y Miraflores, cuyas familias tienen más de 50 años sin acceso al agua potable ni el alcantarillado.
“Aquí no se trata de hacer cambio de tuberías, sino de instalarlas, porque nosotros nunca hemos contado con los servicios de agua y alcantarillado. El Comité Integral se conformó en 1995, cuando inicialmente se gestionaba el saneamiento básico para ocho pueblos jóvenes, con el tiempo se anexaron cuatro más, cuyas familias también tienen derecho a mejores condiciones de vida”, señala la presidenta de la UPIS Miraflores, Carmen Poluche Oliva, dirigente del comité que preside Mario Ramírez Aguinaga, y en el que se aglutinan los representantes de todos los pueblos jóvenes carretera a Pomalca.
Poluche Oliva recuerda que en el gobierno regional de Yehude Simon Murano se asignó presupuesto para financiar parte de la obra de saneamiento, dinero que fue revertido porque no se avanzaba con las gestiones del expediente técnico. En el 2010, los dirigentes empezaron nuevamente en la lucha por la ejecución del proyecto y se elaboró un expediente que se cayó dos veces de la página del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, al tener observaciones que no fueron subsanadas.
“Empezamos de cero, cuando estaba Roberto Torres como alcalde y se dispuso que EPSEL elabore el proyecto. Ese trabajo aún lo ejecuta EPSEL, porque no tenemos un expediente concluido al existir dos observaciones pendientes, la de la ANA y la de DIGESA”, explica.
LAS DEMORAS DE EPSEL
La elaboración definitiva del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto está pendiente en EPSEL desde el 2015. La empresa contrató a una firma que fue rechazada para contratar con el Estado y en entonces se dejó el estudio en el olvido hasta que a fines del 2016 recién se pusieron las manos en acción y la entidad del saneamiento contrató a nueva consultora.
“En la quincena de enero de este año la empresa Eco Fluidos Ingenieros SAC, encargada del estudio ambiental, cumplió con entregar el documento a EPSEL, comprometiéndose a levantar las observaciones hechas por la Autoridad Nacional del Agua – ANA. El 3 de marzo pasado tuvimos que recurrir al congresista Clemente Flores Vílchez porque el gerente general de EPSEL se negaba a recibirnos. El proyecto tenía que enviarse a Lima. Luego de tanto insistir, Néstor Salinas nos comunicó que se enviaría el expediente al Ministerio de Vivienda, y 8 de marzo nos dimos con la sorpresa que el alcalde de Chiclayo firmó el convenio para la ejecución de la obra. ¿Cómo es esto posible si no se tienen aún las certificaciones que se necesitan de la ANA y de DIGESA? En el ministerio a nosotros nos comunicaron que no se firmaría ningún convenio en tanto no se tenga ambas certificaciones. ¿Qué ha pasado entonces?”, cuestiona Carmen Poluche.
Comenta que el 19 de enero pasado, cuando los dirigentes viajaron a la sede del Ministerio de Vivienda, acompañados por el congresista Clemente Flores y el alcalde de Pomalca, Miguel Segura Clavo (uno de los pueblos jóvenes beneficiarios pertenece a su jurisdicción), pusieron en autos al nivel central la incapacidad de EPSEL para resolver las contingencias presentadas con el expediente técnico de la obra de saneamiento.
“Son 15 años que EPSEL tiene nuestro expediente y la verdad es que nosotros no queremos que nos suceda lo mismo que le pasó a Chiclayo, no solo con la obra inconclusa que dejó el gobierno de Roberto Torres, sino con la ineptitud de EPSEL, pues vemos cómo colapsan los desagües y hay cortes del servicio de agua potable. Tampoco deseamos que esta obra la ejecute la municipalidad, que tiene licitaciones que se caen o ejecuta proyectos con sospecha de corrupción. Nosotros pusimos énfasis de que no queremos que EPSEL ni la comuna provincial ejecuten la obra, preferimos que lo haga el ministerio directamente”, manifiesta.
En julio del 2016 EPSEL cursó documentación al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para transferir la unidad ejecutora del proyecto. Sin embargo, el ministerio respondió que el requerimiento no era procedente debido a que el expediente técnico no estaba aún finalizado, faltando el componente medioambiental que la empresa paramunicipal recién mandó a elaborar en noviembre del año pasado.
“Nosotros somos los sectores que más pagamos por el agua. Pagamos 0.50 céntimos la lata, y cuando llueve nos la venden a tres latas por dos soles. Nos venden el agua los aguateros, corriendo el riesgo de consumir agua no potabilizada. Cada semana nos llega una cisterna del Gobierno Regional de Lambayeque. Respecto al alcantarillado utilizamos pozos sépticos, pero también hay familias que botan las aguas residuales en las calles. Yo por ejemplo, pago 100 soles mensuales para que venga el hidrojet y se lleve los desechos, y actualmente nuestra población tiene problemas intestinales, de la piel, del cuero cabelludo, respiratorios. Por cómo se están dando las cosas creemos que la municipalidad se está burlando de nosotros”, asevera la dirigente.
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No es un secreto que Chiclayo metropolitano, así como Lambayeque y Ferreñafe requieren de un sistema de drenaje pluvial. Las consecuencias de las recientes lluvias sobre las zonas urbanas son altas por el daño a los pavimentos, la transitabilidad y la generación de focos contaminantes que ponen en riesgo a la población.
¿Cómo se ejecutará el sistema de drenaje? Responder esta interrogante es todavía imposible en el caso de Lambayeque, más si no se tiene un estudio definitivo que dé una idea clara del proyecto que hoy por hoy se constituye en urgente, y cuya realización demandaría – según algunos especialistas – la inversión de cientos de millones de soles.
ANTECEDENTES
En 1997, previa a la catástrofe que representó para Lambayeque el Fenómeno El Niño de 1998, cuyo episodio más dramático, la lluvia del 14 de febrero, dejó a la capital departamental bajo las aguas, el Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, a través de su consejo departamental, presentó los Términos de Referencia – TDR, para la ejecución de un proyecto de drenaje pluvial.
En el tiempo, dicho documento quedó en el olvido y aunque su diseño pudo tener algunas ausencias de orden técnico, no exigibles para la época, como el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, y el estudio de preinversión, es posible que de haberse atendido Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria hubieran estado mejor preparadas para enfrentar las lluvias torrenciales registradas en las últimas semanas.
La arquitecta Velia Beltrán Centurión, quien ha elaborado un minucioso estudio del centro histórico de Chiclayo, que comprende además el equipamiento urbano de la ciudad, refiere que hacia la década del 60, calles como Siete de Enero, Elías Aguirre e incluso la Avenida Santa Victoria, contaban con cunetas y rejillas que permitían la eliminación de las aguas de las conocidas lluvias de marzo, que por aquel entonces eran las de mayor intensidad durante el año.
No se tiene información precisa de cuándo desaparecieron estos componentes del drenaje urbano, pero todo apunta a que fueron las pavimentaciones posteriores las que los terminaron cubriendo.
¿QUÉ ES EL DRENAJE PLUVIAL?
El drenaje pluvial sirve para evacuar las aguas de lluvias de las veredas, de las pistas, de las zonas bajas y de alta inundación de manera rápida. Esa es la concepción básica de un sistema de este tipo, que además debe ser construido de manera independiente al sistema de alcantarillado, tal como lo señala el reglamento vigente en el país.
“Obviamente en algún punto van a tener que cruzarse, porque al tratarse de infraestructura que va bajo las vías, debe tenerse en cuenta ambos sistemas, no solo por las líneas de agua y desagüe, sino también por las conexiones domiciliarias”, explica el presidente de la Comisión de Contingencias del CIP Lambayeque, Pablo Valdivia Chacón.
Valdivia Chacón, ingeniero sanitario y docente universitario, refiere que el drenaje no necesariamente trabaja aprovechando las pendientes que existen en la topografía urbana, sino que en algunos casos también puede requerirse de mecanismos de bombeo para agilizar la eliminación de las aguas de lluvia.
“Lo ideal es aprovechar los desniveles geométricos de las vías, pero si es pertinente bombear, debe hacerse”, señala.
Comenta que un ejemplo cercano al tipo de drenaje que se debería aplicar en la zona metropolitana que comprenden Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel, es el que existe en Iquitos, capital de Loreto, donde el terreno es prácticamente plano.
“Ese sistema drena y ayuda a la evacuación rápida de las aguas acumuladas por las lluvias, al menos en el centro de la ciudad”, menciona.
Para tener una idea de lo plano que es Chiclayo, el proyecto de renovación del saneamiento del centro de la ciudad, que quedó trunco luego de los deficientes trabajos de ejecución durante el gobierno de Roberto Torres Gonzales, consideró que las tuberías del desagüe debían tener una pendiente de 1x1000, es decir un centímetro de inclinación por cada metro lineal de tubería, lo que hacía mucho más lenta la fuerza de arrastre de las aguas negras, que además transportan sedimentos.
El drenaje pluvial, también transportaría sedimentos, considerando que el agua resultante de las lluvias genera un proceso de lavado de la superficie, llevando consigo todo tipo de residuos y finos.
DRENAJE O ALCANTARILLADO, ¿QUÉ ES PRIMERO?
Chiclayo metropolitano presenta como característica no solo la urgencia del drenaje pluvial, sino también la de renovación integral del sistema de alcantarillado, cuyo colapso es permanente y se ha hecho mucho más severo por las precipitaciones de los últimos meses.
En condiciones normales, el alcantarillado podría ayudar a mitigar el impacto de inundación por la acumulación de las aguas de lluvia en la superficie urbana, lo que para el caso de la ciudad resulta imposible.
Valdivia Chacón indica que ambos proyectos, tanto el alcantarillado como el drenaje, se pueden trabajar de manera paralela, previendo los espacios necesarios para la instalación de ambas infraestructuras.
“Los espacios son importantes, porque se necesita de estos para instalar la línea del colector principal del alcantarillado, que de acuerdo a la normatividad debe ir por el eje de las vías; la red de agua, que debe ir por uno de los lados de la vía, y el sistema de drenaje que debe ir de manera independiente, opuesto al de agua”, detalla.
Sin embargo, para el caso del casco central de la ciudad se suma otro factor: la estrechez de las calles, que impediría tener el espacio suficiente para la habilitación de los canales subterráneos de evacuación de las aguas.
La solución estaría en la adecuación de estructuras superficiales como las cunetas, por ejemplo, similares a las que hace décadas hubo en la ciudad.
“Se trata de buscar soluciones ingenieriles, la estrechez de las calles se puede superar no necesariamente con la implantación de tubos o construcción de canales. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta son las pendientes y las rasantes de las vías”, señala.
COSTOS
Al no existir un estudio definitivo del drenaje pluvial para las ciudades de Lambayeque es por ahora imposible estimar cuánto costaría su ejecución. Lo aproximado – refiere Pablo Valdivia – podría oscilar entre los 500 y 600 millones de soles.
“Construir un sistema de drenaje pluvial es costoso porque se tiene que resolver muchos problemas, como el de las vías imperfectas que no van a drenar, el de los colectores colapsados, las vías incompletas y demás”, menciona.
El representante del Colegio de Ingenieros pone énfasis en el modo en el que se han ejecutado las pavimentaciones en las últimas décadas en Lambayeque, porque siendo una exigencia de la norma que las vías sean curvas, de manera que entre los bordes de las veredas y la calzada se forme una cuneta natural, esa característica está ausente en la obra pública.
“La norma manda que los pavimentos sean diseñados con pendientes a ambos lados, que no estén construidos así es ya otro tema”, precisa.
NECESIDAD DE AHORA
¿Siempre fue urgente la construcción del drenaje pluvial? Pablo Valdivia afirma que no.
El ingeniero basa su apreciación en los registros históricos de las precipitaciones pluviales que se han dado en Chiclayo en las últimas décadas. Comenta que antes las precipitaciones no superaban los 10 milímetros en total.
“En Lambayeque, principalmente en Chiclayo, antes llovía una vez al año y menos de 10 milímetros. El resto del año no había lluvia, por eso siempre había la interrogante de si era necesario construir todo un sistema de drenaje pluvial para que funcione pocas veces al año. Esa es la razón por la que los gobiernos nunca le han dado importancia al proyecto, porque no se justificaba y porque nadie pensaba que algún día se iba a presentar esta situación”, refiere.
El especialista hace alusión al sistema de drenaje que hubo hasta la década del 70 en Chiclayo, explicando que al no ser las lluvias torrenciales las cunetas y rejillas resultaban suficientes para evacuar las aguas, que iban además a parar al sistema del alcantarillado. “Se tenía ese sistema porque era ínfima la cantidad de agua que llovía”, asevera.
Acota que los tiempos han cambiado y que resultado del cambio climático ahora las lluvias sobre las ciudades de Lambayeque no solo son más persistentes, sino también torrenciales.
“Ahora está lloviendo desde el 1 de febrero, tenemos más de un mes de lluvias permanente y las precipitaciones son sobre los 40 milímetros, de manera intensa, por minutos de manera torrencial, por eso es que rápidamente se generan los aniegos”, manifiesta.
PROYECTO INTEGRAL
Pablo Valdivia refiere que la concepción del proyecto de drenaje pluvial debe ser integral para el área metropolitana, debido a que poco o nada resolvería el problema si se trabaja de manera independiente entre los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria.
A esto suma que el drenaje debe plantear nuevos mecanismos de evacuación de las aguas hacia el mar, porque los actuales canales Chiclayo, Cois, Pulen y Yortuque tienen características muy distintas y, al igual que los drenes, tienen función agrícola. Además, se ha visto antes que estas acequias originan inundaciones por aguas exteriores a la ciudad, aspecto que también debe tenerse en cuenta.
LA PIEDRA ANGULAR
El gobierno nacional ha anunciado que en adelante se priorizará la asignación de recursos que permitan dotar a las ciudades del norte de sistemas de drenaje pluvial. Sin embargo, a decir de Pablo Valdivia, el primer paso no está en la obtención del presupuesto, sino en la planificación.
Respecto a Chiclayo, indica que al no existir un Plan de Desarrollo Urbano vigente, es imposible proyectar cómo se debería ejecutar el drenaje, porque tampoco se tiene definidas las zonas de la ciudad hacia las que debe extenderse el crecimiento urbano y, por lo tanto, es incierta la conducción del drenaje y su sistema de colectores.
“Mientras no se sepa hacia dónde creceremos como ciudad ni cuál es el ordenamiento que se dará a Chiclayo en los próximos 30 años, de nada servirá pensar en el drenaje. Un proyecto de esa naturaleza debe sustentarse en el plan de desarrollo urbano y eso es lo que esta ciudad no tiene”, lamenta.
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Hasta el 17 de julio se ha postergado el inicio del juicio oral al exalcalde de Pítipo Manuel Valverde Ancajima, quien para el Ministerio Público es responsable, junto a exfuncionarios y el representante de un consorcio ejecutor, de los delitos de peculado, colusión y omisión de funciones, luego que se hallaran una serie de irregularidades en el proyecto de saneamiento básico que debió beneficiar a diferentes sectores del distrito, para lo cual el gobierno nacional destinó más de 10 millones de soles del Programa Agua Para Todos.
La obra debió concluir en el 2010, cuando Valverde Ancajima estaba en el último tramo de su gestión como burgomaestre. Ese mismo año el Partido Aprista Peruano, entonces en el gobierno nacional, lo convirtió en su candidato a la presidencia regional de Lambayeque y el edil se alejó de su municipio dejando la obra inconclusa, pese a que la totalidad del presupuesto se había gastado.
Como resultado de la paralización del proyecto que debió dotar de agua y alcantarillado a la capital del distrito, y a caseríos y centros poblados como La Libertad, La U, Cachinche y El Algarrobito, más de ocho mil vecinos se quedaron sin servicio, pese a los permanentes ofrecimientos de que la obra se culminaría.
De lo investigado, se determinó que los trabajados físicos avanzaron solo hasta el 75 %, en tanto el presupuesto de 10 millones de soles se agotó en su totalidad. Lo grave, es que la municipalidad de Pítipo pagó hasta 17 valorizaciones a favor del Consorcio Perú II, encargado de la ejecución del proyecto, por trabajos que no fueron realizados. Además, la obra fue aplazada hasta cuatro veces y a la empresa se le aceptó cartas fianzas vencidas.
Iniciada la gestión municipal de Galo de la Cruz, para el período 2011 – 2014, la comuna pitipeña destinó más recursos para la conclusión del proyecto, llegando a invertirse en total 11 millones 656 mil 934 soles, pero que en lo real no resolvieron la falta de agua potable en el distrito. Actualmente, los moradores que debieron ser beneficiados reciben el suministro del líquido elemento de manera parcial, e incluso se ven obligados a abastecerse del antiguo sistema de agua o a traerla de otros lugares.
CONSORCIO EJECUTOR
Los trabajos de saneamiento básico en Pítipo fueron encargados al Consorcio Perú II, que tuvo como representante legal a Manuel Cajilima Velásquez, a quien durante este tiempo se ha vinculado al congresista Javier Velásquez Quesquén, muy cercano también al exalcalde Manuel Valverde. Para la supervisión fue contratada la empresa Consorcio Pítipo Ingenieros & Asociados.
Ambas empresas recibieron el pago total del presupuesto asignado para el proyecto, aun cuando las cartas fianzas que debían servir de garantía para el municipio se encontraban vencidas.
El Consorcio Perú II estuvo conformado por las empresas Power Producción SAC, Constructora Minka SRL, Pérez y Castro Ingenieros y Constructora Aro Contratistas Generales SRL. Las dos últimas empresas con domicilio fiscal en Piura y Ucayali, respectivamente.
DENUNCIA FISCAL
Las primeras denuncias por las irregularidades en la obra de Pítipo las presentó el ciudadano Riquelme Verona, quien en el 2010 se desempeñó como presidente del Frente de Defensa del distrito. Sin embargo, no fue sino hasta el 2013 que el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ferreñafe, a cargo del fiscal David Caballero Velezmoro, decidió abrir la investigación preliminar para determinar responsabilidades en la negligente ejecución de los trabajos.
Caballero Velezmoro ha pedido al Poder Judicial 18 años de prisión contra Valverde Ancajima, acusado por los delitos contra la administración pública en su modalidad de incumplimiento de deberes funcionales, colusión, peculado doloso y apropiación agravada en perjuicio del Estado.
La denuncia fiscal comprende también a Rodolfo Sandoval Santamaría, exgerente de la comuna; Óscar Barreda Bulnes, exjefe de Infraestructura; Dirma Huamán Campos, exjefa de Tesorería, y Víctor Hugo Chevez Villegas, exjefe del SIAF.
También han sido comprendidos Óscar Torres Labrín, ingeniero residente; Ana Cisneros Ibana, supervisora de la obra; Vanessa Borja Izquierdo, gerente general del Consorcio Perú II y Manuel Cajilima Velásquez, representante legal de la empresa ejecutora.
EL ENCUBIERTO
Para el fiscal Caballero Velezmoro, la actuación de Cajilima Velásquez en la obra de Pítipo responde a un procedimiento de encubrimiento, que le habría permitido beneficiarse directamente de los cobros efectuados por el consorcio ejecutor sin aparecer en los documentos suscritos entre la municipalidad y la empresa.
Cajilima Velásquez es acusado de colusión y peculado doloso, pues de acuerdo al Ministerio Público, este y Vanesa Borja Izquierdo, quien fungía como gerente de la empresa, “procedieron a elaborar valorizaciones de la obra conteniendo partidas y frentes de trabajo que en realidad no se habían ejecutado, contando para ello con la participación del residente de obra, Segundo Torres Alabrín, para de esta manera agotar todo el presupuesto de la obra, perjudicando los intereses del municipio de Pítipo”.
Caballero Velezmoro sostiene la tesis de que Cajilima Velásquez actuaba como representante encubierto del Consorcio Perú II y “en todo momento utilizó a terceras personas para que ostenten documentariamente la gerencia”. “Está demostrado que en realidad era él quien tenía el control y tomaba las decisiones dentro del consorcio”, se señala en la acusación.
Asimismo, el Ministerio Público halló un acta suscrita el 15 de enero del 2010, antes el juez de Paz de Pítipo, en la que el empresario se compromete a cancelar las remuneraciones adeudadas a los trabajadores de la obra. También, existe una carta del 5 de febrero del 2011, dirigida a la Cooperativa Financorp, en la que Cajilima Velásquez devuelve una carta fianza por adelanto de materiales para la obra de saneamiento.
A esto se suma que en el 2010 el entonces gerente administrativo del municipio distrital, Luis Osiris Tarrillo, declaró haber visto al empresario en las reuniones de coordinación de la obra; lo mismo que Torres Alabrín, residente del proyecto, quien declaró que fue este quien lo contrató para trabajar.
Otro hecho probatorio recabado por el Ministerio Público es que Manuel Cajilima compró un inmueble en la Urbanización Santa Victoria, inscrito con Partida Registral N° 02226071, con dinero de una cuenta bancaria a nombre del Consorcio Perú II. El empresario y su esposa, Gina Pozo Condezo, admitieron la adquisición ante la fiscalía.
AUDIENCIAS FRUSTRADAS
Formulada la acusación contra Valverde Ancajima y los demás coimputados por la obra de saneamiento de Pítipo, hasta en cinco oportunidades se frustró la audiencia de control de acusación a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.
La ausencia de los abogados impedía que la magistrada Yolanda Gil Ludeña, titular de dicho órgano jurisdiccional, desarrolle la audiencia en la que debía determinarse si el exalcalde de Pítipo, los exfuncionarios y los técnicos y representantes del Consorcio Perú II, debía ir o no a juicio oral.
La incertidumbre acabó, luego de un año de idas y vueltas, en septiembre del 2016, cuando Gil Ludeña ordenó que Manuel Valverde y compañía comparezcan ante los tribunales.
JUICIO NO EMPIEZA
El 5 de enero debió realizarse la audiencia de instalación del juicio oral contra los presuntos responsables de la obra trunca en Pítipo, en el despacho de la juez María Vásquez Vásquez, del Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo. Sin embargo, la diligencia no se realizó por la huelga judicial.
Se reprogramó entonces para el miércoles 22 de marzo, a las 8:30 de la mañana, pero nuevamente fue imposible el inicio del juicio oral debido a que parte de los abogados y procesados estuvieron ausentes.
Los abogados de Rodolfo Sandoval, Oscar Barreda y Ana Cisneros alcanzaron con antelación escritos al juzgado justificando su ausencia con el argumento que tenían otras audiencias a las que acudir, en tanto algunos imputados, como el mismo Manuel Valverde, señalaron a través de sus abogados la imposibilidad de asistir a la audiencia por encontrarse fuera de Chiclayo, teniendo problemas para desplazarse debido a la interrupción de las carreteras por los huaycos recientes.
La magistrada ordenó, a pedido del Ministerio Público, que el inicio de juicio oral se reprograme para el 17 de julio próximo, disponiendo que si los acusados no se presentaban se les daría condición de reo contumaz. Se dispuso también que la Defensoría Pública asigne abogados para los procesados cuyos patrocinadores no asistieron a la citación del miércoles último, a fin que no existan más razones para la dilación del proceso.
En tanto, los más de ocho mil pobladores que hoy deberían gozar de un moderno sistema de agua y alcantarillado en Pítipo, siguen a la espera de una sanción ejemplar para quienes burlaron la confianza del Estado.
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El alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, ordenó a la procuradora pública de la municipalidad provincial denunciar al regidor Guillermo Segura Díaz, al gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, y a otras personas más, por presuntamente orquestar un complot en contra de su gestión. ¿Qué fantasmas persiguen al edil?
Nuevos episodios empiezan a escribirse en la ya conocida pelea que mantienen el alcalde de la ciudad, el primer regidor del concejo y el gobernador regional. Cornejo Chinguel ha decidido llevar el enfrentamiento a los fueros judiciales al denunciar a Segura Díaz y a Acuña Peralta por supuestamente haber cometido tráfico de influencias, delito ambiental y asociación ilícita, luego que se difundiera la descabellada hipótesis de que el líder de Alianza Para el Progreso, el partido que lo llevó al sillón municipal, financió parte de la Marcha del 15 de marzo, convocada por el Comité Cívico de Lambayeque.
“Eso es falso”, afirma con énfasis Guillermo Segura, quien señala que quienes están detrás de “estos psicosociales tendrían objetivos subalternos”.
“Hay que preguntarnos qué personas nos ven como obstáculo para sus negocios o para sus actividades ilícitas. El hombre cuando se ve en peligro y se siente investigado y en medio de situaciones que podrían quitarle su libertad, es capaz de todo, y yo creo que aquí habría que recordar quiénes son los investigados y denunciados”, sostiene.
Segura Díaz enfatiza que no tiene nada que ver en las presuntas conversaciones realizadas a través de una red social con un periodista local, donde supuestamente coordina la intervención económica del gobernador regional para movilizar a personas el 15 de marzo.
En su defensa señala que solo tiene una cuenta de Facebook y que no se opone a que se realice un peritaje informático para que se determine si es cierto que él sostuvo los diálogos con el comunicador.
LAS MISMAS PRÁCTICAS
La relación entre el alcalde provincial y los dirigentes de Alianza Para el Progreso se quebró hace un año, cuando este renunció al partido político y denunció no solo falta de apoyo del Gobierno Regional de Lambayeque, sino que desde el interior de la agrupación le ponían obstáculos y cortapisas a su gobierno municipal.
Desde entonces el trato ha sido tirante y lejos de alcanzar un clima de concordia, las acciones de fiscalización y denuncia emprendidas por Guillermo Segura han caldeado más el ánimo de David Cornejo.
“Podemos hacer una comparación. En la anterior gestión municipal (la de Roberto Torres Gonzales), las denuncias que se hacían por actos de corrupción recibían como respuesta una guerra sucia en contra de quienes las promovíamos. Para mí no es nada nuevo (lo que está pasando), yo recuerdo haber visto titulares de algunos medios de comunicación con calificativos en mi contra. Las conductas son las mismas, aun cuando las caras y los apellidos cambian. Hay autoridades que atacan cuando son investigadas”, señala.
En su opinión, lo que se busca con la denuncia y lo que él llama “psicosociales” es amedrentar a la oposición al interior del concejo municipal, esto con el propósito de distraer la atención sobre los problemas que afectan a la ciudad.
“Lo que están buscando es amedrentarnos, hacernos renunciar a nuestro compromiso de combatir la corrupción, la mediocridad, la incapacidad que exhiben algunos personajes que llegan a los cargos públicos no con el ánimo de servir, o de ponerse al servicio del Estado, sino que llegan con otros fines, con la finalidad de hacerse de dinero fácil y seguramente saciar sus vicios o sus malas costumbres”, denuncia el concejal.
LLAMADO A LA CIUDADANÍA
Guillermo Segura sostiene que no es nueva su postura de apoyo a las movilizaciones ciudadanas contra la gestión del alcalde David Cornejo, y que fue esta la razón por la que acudió a la marcha del 15 de marzo de manera independiente.
Según indica, que desde el año pasado, cuando se denunció los primeros hechos irregulares en la gestión municipal, referidos a la contratación de personal allegado al alcalde para que participe en procesos de selección y a la compra de bienes presuntamente sobrevalorados, señaló que había la necesidad de que la ciudadanía reaccione.
“Señalé con claridad que nuevamente los regidores de oposición, como sucedió en el gobierno de Roberto Torres, arriesgábamos hasta nuestra integridad física al denunciar los actos irregulares que se estaban cometiendo en la municipalidad. Dije que el esfuerzo de los regidores iba a resultar vano si la sociedad civil no se movilizaba y debe movilizarse aún”, manifiesta el concejal.
Segura Díaz fue agredido verbal y físicamente en el patio del Palacio Municipal de Chiclayo el día que denunció presuntos actos de corrupción en la gestión de David Cornejo. Entre sus agresoras estuvo, además de mujeres vinculadas a los programas sociales que maneja la comuna, la coordinadora del de despacho de alcaldía Susana Culqui Pacaya.
“La ciudadanía debe exigir dos cosas. Primero, la renuncia del alcalde por no haber tenido la capacidad de cumplir siquiera el 0.1 % de sus promesas electorales. Segundo, que si los órganos de control y las instituciones como el Ministerio Público y la Contraloría no hacen su trabajo, entonces que el Ejecutivo intervenga el municipio, mande a su casa a todo el cuerpo edil, que me incluye, y tome el control de la provincia, tal como sucedió después del incendio del palacio en el 2006”, menciona.
El concejal asegura que la ciudad está en peligro, no solo por el impacto de los fenómenos naturales, sino también por la incapacidad evidenciada por el alcalde y el equipo de funcionarios que ha convocado.
EL ERROR
En la campaña electoral del 2014, Guillermo Segura fue uno de los voceros de Alianza Para el Progreso que más defendió a Cornejo Chinguel de las diferentes denuncias y destapes que se hicieron sobre la vida pública del ahora alcalde, desde sus antecedentes políticos en Trujillo hasta el modo en el que hizo empresa en Chiclayo.
¿Por qué desde ese entonces no reparó en lo que el triunfo de Cornejo Chinguel en la alcaldía podía significar? Este responde que fue una postura de confianza adoptada a nivel partidario la que lo llevó a darle su apoyo y defensa.
“Soy un persona que he sido criada en la confianza y yo prefiero que me engañen a yo ser el mentiroso, y en ese sentido cuando nosotros tuvimos que decidir a quién lanzábamos para cerrarle el paso al APRA y al fujimorismo, que coordinaban con el anterior alcalde (Roberto Torres), se diseñó una estrategia política electoral consistente en abrir alianzas con otros líderes, uno de ellos fue Cornejo. Suponíamos que una persona vinculada a colegios, institutos y una universidad, y que usa un discurso basado en los Salmos y los versículos de la Biblia, podía ser idónea. Nos equivocamos”, reconoce.
CONDUCTA EDIL
A la luz de las denuncias e investigaciones hechas a la administración Cornejo, el primer regidor de Chiclayo dice tener confianza en que habrá fiscales y jueces que desarrollen procedimientos serios y sancionarán a los que resulten responsables.
“Espero que las acciones que se realizan a través del Órgano de Control Interno, de la Contraloría General de la República, de la Policía Anticorrupción, en algún momento den los elementos suficientes para acabar con este flagelo que azota a Chiclayo. Por lo que he conocido de Roberto Torres y David Cornejo puedo decir que la práctica es la misma. Todo tirano muestra una sintomatología que permite identificarlo. Normalmente no tienen una vida institucional, cuando es electo o desactiva la organización que lo llevó al cargo o se aleja de esta, se rodea de personas no técnicas ni éticas, se reúne con incondicionales, corrompe y luego persigue, daña o amedranta a sus opositores o investigadores”, afirma.
“Quien impone utilizando su mayoría o abusando de su poder, ya no escucha, ya no dialoga, se pelea con la sociedad civil, gobierna solo con la organización que ha ido creando, es un tirano. Tenemos a un tirano por alcalde”, añade.
Finalmente, el concejal dice sentir vergüenza ajena por dos de los regidores formados en las filas de Alianza Para el Progreso y que se alejaron de la agrupación al convertirse en parte del entorno más cercano del alcalde provincial.
“Siento vergüenza ajena, porque no solamente han manchado la imagen de una institución política que en algún momento creyó en ellos, sino porque le han terminado haciendo un daño grave a Chiclayo”, enfatiza.
Las acciones de respuesta frente a la emergencia que se vive en el departamento luego de las lluvias y desbordes registrados la semana del 12 de marzo, han permitido que cientos de familias damnificadas sean reubicadas en los albergues temporales implementados por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, en tanto la ayuda humanitaria se canaliza a través de diferentes instituciones, siendo hasta el momento destacable el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y policiales.
Hasta el momento se han instalado 15 albergues en los que se da asistencia a 336 familias damnificadas por el desborde de los ríos La Leche y Motupe. Estos refugios temporales, consistentes en carpas, han sido instalado de la siguiente forma: cuatro en el distrito de Pacora, cinco en Íllimo, cuatro de Jayanca y dos en Pítipo.
En el Estadio de José Leonardo Ortiz también se ha levantado un albergue temporal para acoger a 20 familias damnificadas del pueblo joven Ramiro Prialé.
Los albergues están dotados de carpas con accesorios completos, capas de ¾ de plaza, colchones, colchas, ollas, espumaderas, utensilios de cocina, bidones de agua, baldes, mosquiteros, menaje, útiles de aseo y prendas de vestir.
De acuerdo a los reportes oficiales del COER, en el departamento se ha confirmado que son nueve mil 339 familias damnificadas, 17 mil 183 afectadas y seis los fallecidos. De este total, cuatro mil 453 damnificados pertenecen a Lambayeque, cuatro mil 585 en Chiclayo y 291 en Ferreñafe, que es la provincia que menos impacto ha recibido en las últimas lluvias.
Respecto a viviendas, la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, que realizan los municipios, ha informado de un total de cinco mil 353 casas colapsadas, mientas tres mil 977 son inhabitables y 17 mil 173 han resultado afectadas.
APOYO A LOS DISTRITOS
El Gobierno Regional de Lambayeque ha desplegado en total 74 motobombas para apoyar a los 31 distritos que enfrentan los efectos de las lluvias, además se ha dotado de estos equipos a seis instituciones para que ejecuten trabajos de eliminación de aniegos de manera itinerante.
Asimismo, otras 42 motobombas propiedad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento han sido distribuidas entre el gobierno regional y las municipalidades de Chiclayo y José Leonardo Ortiz.
Hasta el momento, el Ministerio de Vivienda ha gestionado la llegada a Chiclayo de un camión hidrojet, y el Ministerio de Defensa de un equipo multipropósito para la eliminación de las aguas negras que han aflorado debido al colapso de la red de alcantarillado, principalmente en el distrito capital y José Leonardo Ortiz.
Otra forma de apoyo a los distritos es la distribución de agua, principalmente para las poblaciones de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria. Según ha informado el COER, se han entregado 47 mil 640 litros del líquido elemento apto para el consumo.
Del mismo modo, se han entregado 24 mil litros de agua a los municipios de Jayanca, Pacora, Íllimo, Mochumí, Túcume y Mórrope. La entrega de esta ayuda ha sido posible gracias a las donaciones dadas por diversas empresas privadas.
El Gobierno Regional de Lambayeque ha informado también que hasta el momento se han entregado casi tres mil galones de combustible para el funcionamiento de las unidades de las Fuerzas Armadas y las motobombas distribuidas en el los distritos afectados.
AYUDA DEL INDECI
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, ha transferido al COER Lambayeque 720 bidones de plástico de 131 litros cada uno; 45 mil 22 planchas de calamina; 550 bobinas de plástico; 600 carpas; 37 mil 706 planchas de triplay y cinco mil 440 colchones de espuma.
Se ha informado también que 18 toneladas de alimentos no perecibles llegaron al COER para su distribución entre las familias damnificadas de Jayanca, Pacora, Íllimo, Túcume, Mórrope y Pítipo, los distritos más afectados por las inundaciones.
Los alimentos consistentes en arroz superior, fideos, frejol, alverja partida, azúcar, aceite y atún vegetal, fueron derivados por el INDECI.
Hasta el momento, el COER ha distribuido mil toneladas de ayuda humanitaria entre los municipios distritales, de las cuales 674.20 corresponden al INDECI, y 420.94 al Gobierno Regional de Lambayeque.
EMERGENCIA SE REDUCE
Luego que el presidente de la República asignara a las regiones en emergencia la presencia permanente de un ministro de Estado, en el caso de Lambayeque el titular de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, inició las acciones de inspección de las zonas afectadas, así como de la distribución de la ayuda dada por el gobierno como por las empresas privadas.
“Debido a La buena respuesta de los ministerios de Transportes, Vivienda, Construcción y Saneamiento, a la del Instituto Nacional de Defensa Civil, al Centro de Operaciones de Emergencia y la articulación que existe con los alcaldes, se ha podido atender de manera oportuna a la mayor cantidad de localidades y seguimos trabajando”, señaló Ferreyros.
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Alcalde David Cornejo Chinguel, junto a los regidores Edwin Huancas Ojeda, Alfredo Montenegro, César Torres Gálvez y Ricardo Lara Doig, han hecho caso omiso y serían pasibles de sanción por parte de la Contraloría General de la República
A pesar que a inicios de año la Contraloría General de la República emitió un comunicado, en el que demanda a los funcionarios y servidores públicos presentar sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, en el marco de cumplimiento de la Ley N° 27482, ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, en la Municipalidad Provincial de Chiclayo es letra muestra.
De los 15 regidores con que cuenta la comuna chiclayana, solamente 11 han presentado de manera voluntaria y en el plazo de Ley su declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas. De los 11 fiscalizadores, solamente cinco declararon de manera anual tal y puntual tal y como lo dispone la Ley, el resto hace caso omiso a la norma y solamente cumplieron a inicios de gestión; es decir, en el año 2015.
Sin embargo según la Ley antes descrita, refiere que las autoridades que incumplan la obligación legal de presentar su Declaración Jurada, serán pasibles de sanciones administrativas, según su régimen laboral, que puede ser amonestado verbalmente o por escrito, suspensión sin goce de remuneración hasta por 30 días, cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 12 meses e incluso hasta podría ser destituidos.
Conforme a la alerta de Control emitida por la Contraloría General de la República, la fiscalización desarrollada se ejecuta con la finalidad de evitar que algunas autoridades y funcionarios públicos se enriquezcan ilícitamente o de manera extraña se note el incremento de su patrimonio económico en cuanto al confort de su estilo de vida personal y familiar.
Otro de los factores de la fiscalización de control anticorrupción, es tener saber si el gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.
DECLARACIONES JURADAS
De las principales autoridades con que cuenta la municipalidad de Chiclayo, solamente los regidores Octavio Romero Romero, Laura Yrene Hernández Gonzales, José Barrueto Sánchez, Víctor Rojas Díaz, Boris Bartra Grosso, César Sisniegas Vergara, Guillermo Segura Díaz, Luis Carlos Cabrejos Ucañay, Elvis Bustamante Tarrillo y Liliana Barrantes Piscoya, han cumplido con su Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado.
Sin embargo, de esa totalidad, solamente los regidores Liliana Barrantes Piscoya, José Barrueto Sánchez, Laura Hernández Gonzales, César Sisniegas y Guillermo Segura, han cumplido de acuerdo a Ley con presentar periódicamente sus Bienes y Rentas, hasta el presente año.
Otros seis, entre los que se encuentran José Luis Cabrejos Ucañay, Juan Carlos Pérez Bautista, Octavio Romero Romero, Elvis Bustamante Tarrillo, Boris Gustavo Bartra Grosso y Víctor Raúl Rojas Díaz, solamente hicieron declaración jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, a inicios del año 2015.
Los regidores Edwin Antero Huancas Ojeda, Alfredo Adam Montenengro Bermeo, César Edgardo Augusto Torres Gálvez y Ricardo Guillermo Lara Doig, hasta el momento no han cumplido con realizar su declaración, la que debieron haber hecho desde inicios del 2015 hasta la fecha.
De acuerdo a la Ley, para sus efectos – se señala- que se entiende por ingresos las remuneraciones y toda percepción económica sin excepción que, por razón de trabajo u otra actividad económica, reciba el funcionario y el servidor público.
Además, la Declaración Jurada se registra y archiva con carácter de instrumento público, en la Contraloría General de la República; y una copia autenticada por funcionario competente se archiva en la entidad correspondiente.
Asimismo, el titular de cada pliego presupuestal es el responsable de publicar en el Diario Oficial El Peruano la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas presentada por los funcionarios y servidores públicos del Estado, declaración que debe contener la valorización de los bienes y rentas. Además, queda sujeta a las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Ley 27806 y su modificatoria N° 27927.
ÚNICO INGRESO
En la Declaración Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas presentada por el regidor de la Luis Carlos Cabrejos Ucañay, este señala que como único ingreso económico tiene la dieta que le otorga la comuna de Chiclayo, ascendente a dos mil 700 soles. Aparte de ello, percibe un ingreso de 300 soles bajo el concepto de otro tipo de ingreso.
Otro regidor que vive únicamente de la dieta que recibe por asistir a las sesiones de concejo, es Octavio Romero Romero, también por la suma de dos mil 700 soles.
De igual manera, Boris Gustavo Bartra Grosso, en su declaración jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, señala que como único ingreso tiene su dieta que le ofrece la comuna chiclayana por un total de dos mil 700 soles. Además, señala tener un bien valorizado en 200 mil soles.
Asimismo, otro fiscalizador que vive su día día con la dieta de regidor es Elvis Tarrillo Bustamante, quien el 17 de abril del año 2015 declaró que su único ingreso es de dos mil 700 soles, pero como bien tiene una inversión de cuatro mil 190 soles.
El resto de regidores que prestaron declaración jurada de ingresos, bienes y rentas: Liliana Barrantes Piscoya, José Barrueto Sánchez, Laura Hernández Gonzales, César Sisniegas, Guillermo Segura, Víctor Raúl Rojas Díaz y Juan Carlos Pérez Bautista, dejaron sentado su subsistencia no depende del dinero que perciben como dieta de la municipalidad de Chiclayo, sino que tiene otros ingresos como profesionales.
DESAPERCIBIDO
En cuanto a los regidores que no han cumplido con realizar su declaración jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, ni bien iniciaron actividad con la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel en el año 2015, Edwin Antero Huancas Ojeda, Alfredo Adam Montenengro Bermeo, César Edgardo Augusto Torres Gálvez y Ricardo Guillermo Lara Doig, su sanción está en manos de la Contraloría.
La norma – según el comunicado de la Contraloría General de República - sustenta que las autoridades que incumplan la obligación legal de presentar su Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, serán pasibles de sanciones, suspensión, cese en sus funciones y hasta destitución.
La acción – relata la alerta de Control- se desarrolla con la finalidad de evitar que algunas autoridades y funcionarios públicos se enriquezcan ilícitamente o de manera extraña se note el incremento de su patrimonio económico.
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