Hace 14 años, el distrito de La Victoria, fue uno de los más convulsionados por la delincuencia que ejercían pandillas de delincuentes y bandas organizadas que se habían apoderado de las calles sin que nadie pudiera hacer algo. Díaz Zulueta, al mando de la comisaría del distrito, inició un loable trabajo con la creación de casi 1500 Juntas Vecinales con quienes se pacificó el distrito gracias al binomio policía-ciudadanía. Ese ejemplo, asegura la autoridad policial, es el que hoy en día está siendo replicado en el distrito de José Leonardo Ortiz, con el objetivo inmediato de pacificarlo.
Si bien Díaz Zulueta, señala que esta provincia es más segura que Trujillo y Piura, admite que la delincuencia avanzó mucho en los últimos 14 años. Pues es consciente que los denominados “raqueteros”, delincuentes dedicados a los robos y asaltos al paso, ahora disparan al cuerpo de la víctima si esta se resiste al atraco.
“En mi primera semana de trabajo, en el distrito de Monsefú, a un joven le dispararon al cuerpo, luego a los pocos días en la urbanización Federico Villarreal a otro transeúnte le asestaron una puñalada por resistirse al robo de su celular y, a los poco días, otro joven fue asesinado en José Leonardo Ortiz, para robarle su moto”, recordó la autoridad.
El oficial considera que existe pasividad en la labor preventiva que deben ejercer los agentes. “La Policía siempre tienen que adelantarse a los hechos, pero por mejor plan estratégico que se ejecute, si esta no viene acompañada de actitud, lamentablemente no habrá éxito”, indicó.
Considera que la falta de actitud en algunos agentes radica en que no quieren hacer más de lo que les corresponde y cada día hacen menos su trabajo, a pesar que de que hoy en día la Policía Nacional del Perú es la tercera mejor pagada de América. “Antes había el pretexto de que los policía ganaban poco, pero ahora, a pesar de ganar mejor, terminan su horario de trabajo y de inmediato se retiran de sus unidades policiales y, lo peor, nadie quiere estar en las calles. Cuando llegué a Chiclayo, encontré las oficinas de las comisarías llenas de policías”, dijo.
La autoridad policial, refirió que si bien dijo no se ha perdido la mística en su institución, lo que ha disminuido en algunos agentes es las ganas de trabajar. Aunque aceptó que esa mística se pone en duda, porque no se practica a favor de la ciudadanía. “Ello se percibe cuando el ciudadano llama a la policía por una emergencia y no acude rápidamente o cuando acude a la comisaría no lo atiende correctamente. También cuando queremos ver a un patrullero por las calles, lo vemos por todos los lados, en chifas, centro comerciales, pero menos patrullando”, acotó
Reconoció que si bien hay un pequeño porcentaje de agentes que ha perdido actitud para el trabajo diario, éste no es mayoritario. “Sin embargo, este pequeño grupo puede contagiar al resto. Este mal se puede revertir con motivaciones al personal, siempre he creído que los policías peruanos son los mejores policías de América. Lo que pasa es que entre nosotros, binomio ciudadanía-policía, no nos respetamos mucho y ello pasa porque los hogares no funcionan bien”, sostuvo.
Dijo estar seguro que algunos “malos efectivos” de su institución no deben estar contentos que haya él haya asumido la jefatura de la Macro Región, tras haber ordenado que salga a las calles a patrullaje ordenado y seguro. “Un policía en la calle es convincente, es respeto, consideración, es autoridad, aunque esté de mala gana”, acotó.
Díaz Zulueta, asegura que Chiclayo, tienen un buen número de policías, lo suficiente para solucionar el problema de la inseguridad ciudadana que tiene. “Estamos en pleno proceso de actitud de cambio, de aplicar un vecindario seguro en la ciudad, de recuperar la confianza de la población”, sostuvo.
Añade que hoy en día la gente más piensa en celebraciones a pesar que no tenga para alimentarse. Sin embargo, agrega el oficial, hay hogares que en lugar de pensar en fiestas compran más libros y cuadernos para sus hijos y los hacen hombre de bien, alejados de la delincuencia.
JLO SE PACIFICARÁ
El Jefe de la Segundo Macro Región Policial Lambayeque-Cajamarca, asegura que al igual que en el distrito de La Victoria, cuando se crearon las juntas vecinales y se logró pacificar esta jurisdicción, el distrito de José Leonardo Ortiz, donde se registran el mayor número de actos delictivos, seguirá este ejemplo. “Venimos trabajado con los comisarios de Atusparias y José Leonardo Ortiz, con en la conformación de esta grupo de trabajo. Al 30 de Marzo, deben juramentarse 250 Juntas Vecinales que agrupará a un promedio de 20 mil personas con conocimientos en seguridad ciudadana y trabajarán junto con la Policía Nacional”, remarcó.
Para ello, asegura la autoridad, ya tiene el compromiso del alcalde distrital Wilder Guevara, para el apoyo logístico. “Tienen en la comisaria distrital al comandante William Bernabé Lamadrid que es espada de Honor en su promoción y confío que desarrolle una buena labor. Él, tendrá el apoyo profesional, técnico, logístico para desarrollar un buen trabajo”, sostuvo
Añadió que desarrollarán acciones preventivas para que el pueblo sepa defenderse de la delincuencia sin correr riesgo. Dijo que trabajarán de forma ordenada por los sitios más peligrosos. “Un grupo de pandilleros, delincuentes o gentes que viven al margen de la ley, no puede asustar a miles de pobladores”, remarcó. Recordó que así como en La Victoria, se recuperó el principio de autoridad, cuando un pueblo se organiza no hay fuerza que lo pueda parar. “El pueblo sólo tiene que organizarse. Las calles son de la ciudadanía no de la delincuencia”, remarcó.
GRUPO ANTIRAQUETEROS
La falta de mantenimiento de vehículos y motocicletas ha hecho que varias de estas unidades se encuentran abandonadas a su suerte al interior de las comisarías. Díaz Zulueta, lamenta que por una cadena de arrastre, una motocicleta se encuentra inoperativa. Por ello, anunció que se están arreglando 50 motocicletas que se sumarán al patrullaje diario, lo que permitirá movilizar a seis equipos de policías denominados “antiraqueteros”, conformados por tres motos y un patrullero con agentes debidamente armados para acciones preventivas.
“Vamos reparar todas las motos y reinsertarlas en el patrullaje diario. Estas se malogran por que se trabajan las 24 horas y no tienen mantenimiento. ASBANC, está reparando 14 vehículos”. Además, como motivación a los agentes el Consejo de Cooperación a la Policía, premiarán cada dos meses a los mejores policías, tanto hombres como mujeres, por sus intervenciones a favor de la comunidad.
Sobre la cantidad de vehículos estacionados en los exteriores de las comisarías, en su mayoría por intervenciones judiciales y de infracción al reglamento de Tránsito, Díaz Zulueta, aseguró que el Poder Judicial y la Municipalidad vienen realizando convenios para adquirir depósitos y trasladar a dichos vehículos, lo cual podría solucionarse en dos meses. En tanto, se trabaja junto a las autoridades para erradicar el comercio ambulatorio que se encuentra dentro del centro histórico de la ciudad.
ADVERTENCIA A POLICIAL
El oficial advirtió que cada agente es responsable de sus actos, por ello, los que cruzan la vereda del bien para estar en la acera del mal, no habrá duda en su sanción. “Señor oficiales de ustedes dependen que los suboficiales no se pasen a la ilegalidad. Si el oficial está bien centrado sus suboficiales seguirán ese ejemplo”, remarcó.
Revelo que ha ordenado que seis suboficiales sean cambiados de sus puestos, ya que estos se resistían a ejecutar la orden del comando a salir de la ciudad, tras permanecer por varios años.
Sobre la protección que deben tener las mujeres maltratadas por sus parejas en el hogar, el oficiales sostuvo que su comando, ha impartido las medidas de protección más severas, entre las que resaltan que el cuaderno de control se quede en a casa de la víctima para que los policías vayan a las casas y los firmen diariamente.
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A lo largo de 6 kilómetros y medio de la vía que une a Chiclayo con Lambayeque se extiende un productivo corredor industrial que, pese al tiempo transcurrido desde que se instaló, aún no cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado. Ante la necesidad, las empresas y fábricas, entre ellas 80 molinos de arroz, se han visto obligadas a perforar pozos tubulares y utilizar pozos sépticos. En la empresa de saneamiento no ha existido nunca un proyecto para la habilitación de los servicios básicos en esta zona y en la comuna de Lambayeque, en cuya jurisdicción se concentra la mayor parte del requerimiento, las gestiones realizadas nunca dieron resultados, aun cuando hubo apoyo político.
La situación es compleja. Este espacio se ha constituido en un parque industrial sin tener oficialmente el reconocimiento que lo identifique como tal. Es más, gran parte de los terrenos sobre los que se han levantado hasta 100 fábricas y complejos de producción siguen apareciendo como de “uso agrícola”, lo que hace difícil, por ejemplo, la intervención de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, dada que su naturaleza solo le permite atender las necesidades de la zona urbana.
“PARQUE NATURAL”
Hace aproximadamente 15 años, los representantes de las empresas se agruparon y tocaron las puertas del Gobierno Regional de Lambayeque. El entonces presidente de Lambayeque, Yehude Simon Munaro, canalizó el pedido a través de EPSEL, donde la región tenía un representante en el Directorio. Tras los primeros acercamientos se convino en que por competencia le correspondía a la Municipalidad Provincial de Lambayeque gestionar un proyecto de ampliación de la cobertura de las redes de agua y alcantarillado, entrando en acción el alcalde de ese momento Percy Ramos Puelles.
Con la competencia en manos de la comuna lambayecana, los empresarios acompañaron al alcalde en el proceso. Según Luis Gasco Arrobas, actual vicepresidente de la Asociación Peruana de Molineros de Arroz – APEMA, incluso ayudaron en el financiamiento de parte de los estudios para la factibilidad de la obra, que – por ese tiempo – ascendía a ocho millones de soles, aproximadamente. Según dice, hasta se consiguió un código en el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, lo que aseguraba la viabilidad del proyecto.
Hacia el 2009, siendo presidente del Consejo de Ministros el parlamentario Javier Velásquez Quesquén también se realizaron gestiones a fin de concretar la ansiada habilitación de servicios, pero ni la presión de los industriales ni las acciones del alcalde ni el apoyo político del Ejecutivo lograron que la obra finalmente se materialice.
“Debido a que esa carretera es la Panamericana Norte, Provías Nacional debía dar un permiso especial con ciertos parámetros, el cual no fue gestionado por las autoridades”, comenta Gasco Arrobas, quien recuerda la disposición que inicialmente hubo del gobierno regional bajo la presidencia de Yehude Simon por ayudar en la gestión, eco que no encontraron luego en la administración de Humberto Acuña Peralta.
MEDIDAS DE SOLUCIÓN
Ante la ausencia de los servicios básicos, los empresarios de la zona hallaron solución en la perforación de pozos tubulares, para aprovechar el recurso hídrico del acuífero, y en el uso de pozos sépticos para resolver la falta de desagües. Cada cierto tiempo realizan la extracción de desechos de los pozos y han implementado plantas propias para la potabilización del agua, debido a que esta es fundamental para sus procesos de producción. Todas las empresas, desde arroceras hasta kinkoneras, están bajo supervisión sanitaria, por lo que necesitan asegurar la calidad del agua que usan.
“El agua tiene que potabilizarse obligadamente para los procesos industriales de la transformación del arroz, por ejemplo. Si quieres tener HACCP, debes pasar por una serie de auditorías y si tu calidad del agua no es la adecuada, simplemente no pasas”, manifiesta Gasco Arrobas.
Contar con agua potable suministrada por red pública beneficiaría no solo los procesos de producción de las fábricas, sino también a los cientos de trabajadores que se desenvuelven en el corredor industrial carretera a Lambayeque.
En la zona, no solo hay molinos de arroz, fábricas de dulces y grifos, también hay envasadoras, hoteles, tiendas de maquinaria pesada, un retail e incluso funciona la planta de suministro de gas domiciliario, que también necesita de agua potable. Solo la urbanización de la Derrama Magisterial cuenta con agua y desagüe.
“En las campañas de trabajo fuerte se puede ver a los estibadores ir directamente a los canales de regadío o a las acequias para asearse, porque el acceso al agua es verdaderamente limitado”, indica el dirigente.
35 % DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL
Según Gasco Arrobas, en el Perú se consume un promedio de dos millones y medio de toneladas métricas de arroz al año y los arroceros de Lambayeque se las han ingeniado para que su producción represente el 35 % del total nacional, del cual aproximadamente el 95 % se concentra en los cerca de 80 molinos que existen en el corredor que está carretera a Lambayeque.
“Todo el sector arrocero representa algo de mil 100 a mil 200 millones de dólares anuales. Si hablamos de que Lambayeque tiene un 35 % de la producción total, entonces los arroceros en la región representamos unos 300 millones de dólares anuales para el país”, señala.
MALA UBICACIÓN
El gestor y ejecutor de la autopista Chiclayo – Lambayeque es el arquitecto Benigno León Escurra, quien en el gobierno de Fernando Belaunde Terry desempeñó varios cargos, entre ellos el de Director Regional de Servicios Públicos, planteando a la entonces Corporación de Desarrollo de Lambayeque – CORDELAM, la construcción de la vía.
León Escurra explica que el trazo de la carretera tomó como referencia el recorrido del ferrocarril y la línea de alta tensión que conectaba a ambas ciudades, pero además que fue concebida con el objetivo de atender el flujo de desplazamiento de los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente, diez mil jóvenes se trasladan entre Chiclayo y Lambayeque a diario para estudiar en la casa superior.
Por esas consideraciones, se planteó que la autopista se convierta en un corredor comercial, no industrial, sobre todo porque cuando se gestó la construcción de la vía, en la década del 80, se llegó a la conclusión de que la presencia de los molinos de arroz en los márgenes terminaría afectando a la población de Lambayeque debido a la polución que el pilado del cereal genera.
“Se pensó siempre en una autopista, con una berma central y áreas verdes, que sería complementada por espacios comerciales, como las tiendas de maquinarias que se han ido ubicando, pero no para que a lo largo de su trazo se ubiquen fábricas o molinos por el problema ambiental. Ya desde esa época se advirtió ello. Lo correcto es que los molinos se asienten detrás de Montes de la Virgen (dunas de ingreso a Lambayeque), por donde se sabe existe el trazo para la Autopista del Sol”, explica.
Por esas consideraciones – detalla – no se pensó en la habilitación de redes de agua y alcantarillado en la zona, tampoco en la lotización con fines urbanos o industriales, la cual finalmente se dio al no existir un plan de desarrollo y zonificación de Lambayeque distrito.
SIN CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO
Expresión acudió a EPSEL para conocer si la entidad trabaja en la posibilidad de ampliar la cobertura de servicios hacia dicha zona. Para tal efecto, dialogó con el gerente de Estudios y Proyectos de la empresa del agua, Eduardo Vásquez Figueroa.
De manera directa el funcionario respondió que EPSEL no ha tratado nunca ni trabaja un proyecto sobre el saneamiento básico del denominado corredor industrial de Lambayeque, en principio porque no ha existido hasta el momento planteamiento formal de ninguno de los interesados (municipio o empresarios), y segundo porque los terrenos siguen bajo la denominación de “uso agrícola”, lo que restringe su acción.
“Un problema adicional es que EPSEL no cuenta con capacidad para abastecer con agua potable la demanda industrial allí generada. La empresa tiene en funcionamiento dos plantas de tratamiento de agua potable en Chiclayo, que juntas producen mil 115 metros cúbicos por segundo. La primera tiene 50 años de funcionamiento y la segunda recién la hemos puesto en operatividad. Deberían producir mil 500 metros cúbicos por segundo, pero aún no llegan a esa capacidad”, explica.
Vásquez Figueroa refiere que con el flujo de producción de las dos plantas de tratamiento resulta imposible atender a las empresas ubicadas carretera a Lambayeque. La solución pasaría por la construcción de una tercera planta, pero de eso todavía no existe ni el proyecto.
¿POZOS LEGALES?
Como se ha explicado, las empresas, a modo de solución, han perforado pozos para abastecerse de agua. Sin embargo, la explotación del recurso subterráneo debe ser fiscalizada y regulada por la Autoridad Local del Agua, de acuerdo a lo normado por la Ley de Recursos Hídricos del 2009.
El Inventario de Fuentes de Agua Subterránea del valle Chancay Lambayeque, elaborado por la Intendencia de Recursos Hídricos al año 2004, arroja que en Chiclayo distrito existían hace 14 años 68 pozos y 91 en Lambayeque. En todo el valle se identificó la existencia de 791 pozos tubulares, la mayoría ubicados entre Chongoyape y Pomalca, para abastecimiento de las empresas azucareras.
En Chiclayo distrito se encontró 30 pozos tubulares y 24 en Lambayeque.
Para el 2009, año en que se realizó el último inventario, la Autoridad Nacional del Agua – ANA, identificó en el valle dos mil 602 pozos.
De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, quien explota las fuentes de agua subterránea debe pagar al Estado en función del volumen extraído por metros cúbicos. En el caso de los industriales carretera a Lambayeque no se conoce si todos cumplen con esta exigencia.
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Karin Sánchez Mendoza, actual secretaria del Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, es madre de un menor que está próximo a cumplir 17 años, a quien registró como nacido el 25 de febrero del 2002 y el que supuestamente falleció dos años después. Sin embargo, la servidora judicial declaró el nacimiento de otro niño, en el mismo día, pero en diferente ciudad, generándose una nueva identidad. El caso involucra también al ex jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Amador Nicolás Mondoñedo Chávez.
El 7 de marzo del 2002, Karin Sánchez acudió al Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para declarar el nacimiento del menor de iniciales A. G., ocurrido en el Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo”, el 25 de febrero de ese año.
De ese modo se generó una partida de nacimiento ordinaria, sustentada en el Certificado de Nacido Vivo emitido por el nosocomio. En dicho registro, la madre le colocó al niño sus dos apellidos “Sánchez Mendoza”, pues no declaró la paternidad del menor.
RECONOCIMIENTO DEL PROGENITOR
Semanas después, en el mismo registro, se generó el “Acta de Reconocimiento”, fechada el 25 de abril del 2002, en la que Wilder de Loayza Esquivel, también abogado, “expresó su voluntad de reconocer como hijo al titular de esa partida”, firmando la misma e imponiendo su huella digital.
Así, Wilder de Loayza denunció el 31 de mayo del 2002, ante la registradora Teresa Seclén García, del Registro Civil de la comuna de Chiclayo, el nacimiento del menor A. G. de Loayza Sánchez, consignando como madre a Karin Sánchez Mendoza, refiriendo que el parto fue atendido en el Hospital “Almanzor Aguinaga Asenjo” el 25 de febrero del 2002.
Hasta allí, todo es conforme, debido a que es usual que se realicen registros y rectificaciones en las partidas de nacimiento cuando los padres convienen el reconocimiento voluntario o tras un proceso judicial de filiación de paternidad.
EL FALLECIMIENTO
El problema se originó dos años después, cuando el abogado Luis Felipe Martín Mondoñedo Chávez acudió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC Chiclayo, para declarar el fallecimiento del niño A. G. de Loayza Sánchez, de un año y 11 meses de edad, ocurrido presuntamente el 23 de febrero del 2004 (dos días antes de su cumpleaños) en el domicilio ubicado en la Avenida Sáenz Peña N° 457 de esta ciudad, inmueble consignado como vivienda de la madre.
Mondoñedo Chávez se apersonó al RENIEC en calidad de “amigo”, realizando el procedimiento ante la registradora Flor de María Puicón Risco.
Para la emisión del Acta de Defunción, este tuvo que alcanzar un Certificado de Fallecimiento, expedido por algún médico.
¿NACIMIENTO O RESURRECCIÓN?
Tiempo después, Karin Sánchez Mendoza y el abogado Amador Nicolás Mondoñedo Chávez, domiciliados en la Avenida José Gálvez Barrenechea N° 880, Departamento 401, distrito de San Borja, Lima, declararon bajo juramento el nacimiento del menor de iniciales M. N. Mondoñedo Sánchez en dicha ciudad.
Estos se sustentaron en el certificado expedido por César Edmundo Santos Falcón, médico gineco obstetra, con registro en el Colegio Médico del Perú N° 13286, quien certificó haber atendido a Karin Sánchez Mendoza, el 25 de febrero del 2002, en el nacimiento del menor M. N. Mondoñedo Sánchez, ocurrido supuestamente en su domicilio, ubicado en el distrito de San Borja, Lima. El documento médico está fechado el 12 de marzo del 2004.
Con ese certificado, Amador Nicolás Mondoñedo Chávez y Karin Sánchez Mendoza acudieron a la Municipalidad Distrital de San Borja, ante la registradora Elba Perales Morote, para declarar el nacimiento (proceso extemporáneo) del niño M. N. Mondoñedo Sánchez, coincidentemente nacido el mismo día, en el mismo año, pero en diferente ciudad, que el hijo fallecido de la servidora judicial.
Es decir, Karin Sánchez Mendoza tuvo la capacidad de alumbrar a dos niños en diferentes ciudades el mismo día. Uno nació en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo y el otro en su domicilio de la Avenida José Gálvez, en Lima.
El padre del hijo declarado de manera extemporánea por Sánchez Mendoza resulta ser hermano de quien declaró la presunta muerte de su hijo nacido en Chiclayo.
OPINIÓN DEL RENIEC
Documentos en mano, Expresión acudió hasta el RENIEC Chiclayo, a fin de obtener una opinión especializada sobre el caso. Quien absolvió las consultas fue el jefe de la Oficina Registral, Pedro Merino León.
“Haciendo un análisis superficial, sin haber revisado los expedientes que dieron origen a las partidas, se puede presumir que habría inserción de datos falsos o la generación de un documento que puede estar reñido con la legalidad”, refiere Merino León.
El funcionario menciona que la revisión del expediente puede darse de oficio por parte del RENIEC, a pedido de alguna de las partes o en atención a la publicación realizada.
“Lamentablemente el análisis de estos documentos no se puede trabajar directamente en las oficinas del RENIEC en provincias. Si bien las partidas están en nuestro sistema, estas provienen de otras instituciones como las municipalidades, lo que da pie a una revisión a cargo de la Subgerencia de Depuración de Registros Civiles en Lima. Ellos tendrían que pedir los expedientes y documentos de sustento que generaron, tanto la primera partida de nacimiento (expedida en Chiclayo), la partida de defunción y la segunda partida de nacimiento (emitida en San Borja). Con la acuciosidad podríamos verificar cierta irregularidad. Pero, de manera superficial, de manera somera, tengo mis reservas y probablemente tengan vicios en su elaboración y expedición”, comenta.
PRESUNTO DELITO
“Hay fechas que no coinciden. No se puede tener dos registros de un mismo nacimiento, salvo que se trate de la misma madre y el mismo padre. En este caso se trata de dos registros de la misma fecha en dos ciudades distintas. Si esos documentos han servido para generar un documento público, en este caso el Documento Nacional de Identidad – DNI, estaríamos ante una falsificación de documentos, un tema delicado porque eso está penando. Se habría utilizado un documento público, con ribetes de falsedad probable, para generar un documento oficial como es el DNI”, añade el jefe del RENIEC Chiclayo.
Consultado sobre si se habría configurado una vulneración de los derechos del menor, Merino León refiere que no necesariamente.
“Si al menor lo registraron y después declararon indebidamente su muerte para posteriormente generarle una nueva identidad, por las huellas dactilares se podría verificar. Todo es un proceso. Dada mi experiencia en estos casos, podría sostener que sí hay cierta irregularidad, la cual tendríamos que confirmar con los documentos del expediente.
¿Existen casos similares? Se le preguntó al funcionario. Este respondió que sí, pero no de la magnitud expuesta en el presente informe.
“A veces se generan dos partidas y eso es normal. Por ejemplo, una persona asienta a un hijo en Incahuasi y luego, por desconocimiento, lo hace en Chiclayo. Pero ahí no habría dolo, ningún tema de irregularidad. En cambio esto (el caso) me parece que sí, porque hay una partida de nacimiento, un reconocimiento, una defunción y la generación de una tercera partida con la misma fecha de nacimiento que la primera. Tengo mis reservas”, enfatiza.
Finalmente, considera que es poco probable que en el año 2002 se haya atendido un parto en domicilio en un distrito como San Borja, lo cual sería creíble si existieran situaciones extraordinarias.
“La actividad cotidiana nos indican que los partos en domicilio son muy, muy, muy excepcionales. Por lo general esos partos son atendidos por una obstetra. En este caso llama la atención que el Certificado de Nacido Vivo fue extendido por un gineco obstetra”, asevera.
El médico César Santos Flacón falleció a los 54 años de edad el 22 de febrero del 2007.
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Tal parece que no solo empresas constructoras de gran envergadura, algunas de ellas nacionales y otras transnacionales, habrían incrementado sus actividades comerciales ejecutando obras de gran tamaño a nivel nacional, valiéndose para ello de formas anticompetitivas, sino también presuntamente irregulares, tal es así que hoy en día se sabe de la existencia de una asociación llamada “Club de la Construcción”.
En Lambayeque, a partir del nacimiento del funesto programa, mal llamado “Shock de Inversiones”, dos empresas, probablemente ligadas al segundo gobierno de Alan García Pérez, fueron favorecidas con una serie de adjudicaciones para la ejecución de obras del mejoramiento del saneamiento básico, refacción de instituciones educativas, entre otras, en los distritos donde coincidentemente los alcaldes eran de filiación aprista.
Así se tiene que desde el segundo semestre del 2006, hasta finalizar el primero del 2011, la empresa Constructora Mundo SRL, consorciada con algunas otras empresas de su entorno, tuvo la gran suerte de ser elegida, en la mayoría de los casos mediante procesos de “exoneración”; es decir, sin los procedimientos convencionales, para realizar trabajos del mejoramiento y ampliación de los servicios básicos de saneamiento y la remodelación de centros escolares en los distritos de Zaña, Pátapo, Pítipo, Santa Rosa, Chongoyape, Pacora, entre otros, cuya facturación por estos conceptos alcanzó la nada despreciable suma de 120 millones de soles.
Por esas mismas fechas y utilizando en algunos casos la modalidad de “exoneración”, como así también los procedimientos clásicos, la empresa Construcciones Civiles S.A. - CONCISA, logró formalizar 16 contratos con gobiernos locales y entidades públicas de la región, como Túcume. Lambayeque, Mórrope, Cayaltí, San José, Pítipo, Monsefú, La Victoria y EPSEL, jurisdicciones donde ejecutó trabajos de remodelación de colegios y mejoramiento del servicio de agua y desagüe por un valor aproximado, igualmente, a los 120 millones de soles.
CASO SAN JUAN
Las indagaciones realizadas por Expresión, vía el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, muestran también cómo la Constructora San Juan S.R.L., en algunos casos individualmente y en otros integrando consorcios, entre los años del 2006 y 2011, fue favorecida con la buena pro por diferentes comunas distritales, EPSEL y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo hasta en 33 oportunidades, todas ellas para ejecutar obras de agua y desagüe, mejoramiento de centros educativos y pavimentación de vías urbanas, resaltándose en este período la contrataciones realizadas con la Municipalidad Distrital de La Victoria hasta en ocho oportunidades, por un monto que supera los 23 millones de soles, y la obra de saneamiento de gran envergadura en la ciudad de Reque, por un valor que superó los 42 millones, haciendo un total contratado tan solo el año 2011 de 97 millones de soles.
La Constructora San Juan, luego de cumplir con la sanción impuesta de inhabilitación para contratar con el Estado de tres años, dictaminada por el Tribunal de Contrataciones del Estado, volvió en el 2016 hasta el 2018 a contratar con algunas comunas distritales, entre ellas Chongoyape (tres contratos por más de 15 millones) y Pomalca, por un importe que supera los 20 millones, haciendo un total, respecto a las casi 40 contrataciones realizadas entre el 2011 al 2018, de 137 millones de soles aproximadamente.
RAMÍREZ ACUÑA
En esa misma línea indagatoria y apoyados en el portal del SEACE, se puede evidenciar un crecimiento sobredimensionado de la empresa Ingenieros ABC Contratistas Generales SAC, gerenciada por Gilberto Ramírez Acuña, constructora que en tan solo tres años (2011, 2012 y 2013), logró formalizar con algunos ayuntamientos lambayecanos la nada despreciable suma de 240 millones de soles, destacándose entre ellas las suscritas con la Municipalidad Provincial de Ferreñafe para la realización de la hoy tan cuestionada obra de la mejora y la ampliación del servicio de agua y desagüe en el casco urbano, cuyo presupuesto superó los 50 millones y como corolario de un crecimiento sustancial, lograr, mediante la conformación de consorcios con empresas de su entorno, la formalización contractual con la Municipalidad Distrital de Olmos, cuyo objeto consistió en la ejecución de siete proyectos de ampliación y el mejoramiento de los servicios básicos en el casco central de Olmos y los diferentes caseríos afincados en su jurisdicción, todo ello por una importante suma mayor a los 120 millones de soles.
INVOLUCRADOS EN COIMAS
Respecto a los hoy mencionados constructores que supuestamente habrían otorgado coimas a los integrantes de la organización criminal “Los temerarios del crimen”, en este caso las empresas H & J Rodríguez Contratistas Consultores SAC, gerenciada por el ex Director de Caminos de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, Hildomaro Rodríguez Alvarado, desde el año 2011 hasta el 2017 logró la buena pro de seis procedimientos clásicos, tres de ellos celebrados en los años sucesivos del 2014, 2015 y 2016 con la Municipalidad Distrital de Tumán, cuyo objeto fue el mejoramiento de un solo camino vecinal en sus tres etapas, por un monto de 16 millones de soles.
Esta empresa siguió con su sustancial incremento comercial en el 2017, cuando la Municipalidad Provincial de Chiclayo la contrató para la ejecución de la obra en la calle Nacionalismo y sus vías adyacentes, procedimiento que hoy en día es materia de investigación por el Ministerio Público por la presunta entrega de sobornos a un munícipe de la comuna chiclayana.
Concluyendo, dicha empresa el año pasado, solo día 14 de diciembre del 2018, logró la adjudicación de dos Procesos Especiales de Contratación por la Reconstrucción con Cambios, convocados por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, cuyo valor alcanza entre ambas los cinco millones de soles.
Así se tiene también al constructor Diego Antonio Ugaz Medina, igualmente investigado en el caso de los “Temerarios del crimen”, quien desde el año 2006 hasta el 2017 pudo contratar con los tres municipios provinciales y varias comunas distritales, incluyendo la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque y la Mancomunidad del Valle La Leche – adscrita a la Municipalidad Distrital de Túcume - hasta en 37 oportunidades, por un valor total aproximado a los 56 millones de soles.
Ugaz Medina ha sido incluido en las indagaciones que viene realizando la Fiscalía Contra el Crimen Organizado – FECOR, por haber contratado coincidentemente con el municipio de Chiclayo la ejecución de una obra por emergencia. Para su adjudicación presuntamente le habría entregado una prebenda la regidor Boris Bartra Grosso, hermano del ex alcalde del distrito de Monsefú, donde coincidentemente en el mismo año – 2017 – fue favorecido con la buena pro para la ejecución de una obra valorizada en dos millones y 500 mil soles.
MÁS EJEMPLOS
Otra de las empresas que a partir del año 2009 logró posicionarse como ejecutor de obras en la región fue EDICAS SAC Contratistas Generales, que inició sus actividades en la región contratando con la comuna chiclayana en el 2009 - en ese entonces liderada por el exalcalde Roberto Torres Gonzales - la ejecución de una obra por un monto mayor a los cuatro millones de soles, continuando en el 2012 con la contratación para la ejecución de la cuestionada e inconclusa obra de la mejora del saneamiento básico en el casco central de Chiclayo, valorizada en 28 millones 500 mil soles.
Posteriormente, pese a no haber cumplido y concluido con la ejecución de dicho proyecto, en el 2013 el Gobierno Regional de Lambayeque formalizó un contrato con el Consorcio Vial Sipán, donde uno de sus consorciados resultó ser EDICAS SAC, con la finalidad de ejecutar la obra del mejoramiento de la carretera Pomalca, Saltur, Sipán, Pampagrande, valorizada hasta su finalización en más de 30 millones, volviendo a contratar con la gobernación regional el año próximo pasado, al ser integrante del Consorcio Vial Lambayeque, asumiendo la ejecución de la obra que interconecta los distritos de Morrope y Túcume, por un monto de inversión, hasta hoy, superior a los 28 millones de soles.
La herramienta fundamental de transparencia del SEACE muestra igualmente cómo la empresa Ingeniería Civil Montajes SAC - ICM, en algunos casos en forma consorciada, pudo sostener una constante relación comercial con el Gobierno Regional de Lambayeque a partir del año 2013 hasta finales de la gestión de Humberto Acuña Peralta.
A ICM se le encargó la ejecución de proyectos emblemáticos de envergadura, tal es así que a partir de los meses finales del año 2013 concretó la ejecución de la obra de la remodelación de la Aldea Infantil Virgen de la Paz, por un valor de siete millones 500 mil soles, para luego contratar la ejecución de un centro educativo en el Caserío Moyán, valorizada en más de cuatro millones.
Siguiendo su ritmo ascendente, en el 2014 realizó los trabajos de remodelación del tradicional centro educativo Nuestra Señora del Rosario, por un monto aproximado a los 25 millones de soles, continuando en el 2015 con la ejecución del proyecto de la remodelación de la infraestructura del Colegio Militar Elías Aguirre, valorizada al final de su liquidación en 53 millones, para luego en los años 2017 y 2018 adjudicarse la realización de los trabajos de construcción del un parque en el distrito de Mesones Muro, llamado “Parque de las Aguas”, cuyo monto de inversión superó los cinco millones de soles.
Esta empresa concluyó con las contrataciones realizadas en los meses finales del año pasado al ganar la remodelación del Colegio Rosa Flores de Oliva, así como la construcción de un centro policial de asistencia a la mujer en el distrito de José Leonardo Ortiz, con un valor aproximado a los 10 millones, haciendo un total por todas los contratos formalizados con la gestión de Acuña de la apreciable suma de 115 millones de soles.
El gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, dio marcha atrás respecto a su intención de solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la suspensión de la Autoridad Portuaria Regional - APR, pero mantiene sus críticas a la gestión del gerente de esta entidad, Jorge Nakazaki Servigón, y asegura que su antecesor, Humberto Acuña Peralta, tuvo un doble lenguaje en las negociaciones con la Fuerza Aérea del Perú – FAP, durante el proceso de transferencia de tierras para el área de influencia del Terminal Portuario de Lambayeque. Sin embargo, este confunde varios de los aspectos relacionados al ansiado proyecto departamental.
El 29 de enero pasado, Lozano Centurión manifestó su intención de tramitar ante el MEF la suspensión temporal de la Autoridad Portuaria Regional en sus funciones, medida en la que ha retrocedido, tal como confirmó en exclusiva a Expresión, sin dejar de considerar que la gestión de Jorge Nakazaki Servigón al mando de este organismo ha sido deficiente. Retrocediendo sobre sus dichos, el gobernador aseguró que dará viabilidad para que la APR continúe funcionando.
“La Autoridad Portuaria va a seguir funcionando, yo no soy quién para violentar una ley”, señaló Lozano Centurión, en alusión a la Ley de Presupuesto del 2013, aprobada por el Congreso de la República, con la que se dio nacimiento a la entidad.
Además de su público interés por la desactivación de la APR, la semana que pasó trascendió la existencia del Oficio N° 000073-2019-GR.LAMB/PEOT-GG, cuyo objeto era el desalojo de la APR del inmueble que actualmente ocupa, ubicado en la calle Arequipa #124, propiedad del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, cedido en uso al amparo del Convenio N° 027-2011-GR.LAMB/PEOT, suscrito entre el Gobierno Regional de Lambayeque y el PEOT, vigente hasta el 31 de diciembre del 2018.
Lozano Centurión señaló que fue un “error de la administración de Acuña no haber gestionado la ampliación del contrato con el PEOT para que la APR siga funcionando allí”, pero que había dispuesto, a través de la Gerencia General del gobierno de Lambayeque, que se dé viabilidad a la permanencia de la APR en el inmueble.
¿GASTOS EXCESIVOS?
Hechas las rectificaciones, la autoridad regional mantiene su cerrada crítica a las acciones desplegadas por la administración de Acuña Peralta en relación a las tierras que formarían parte del área de influencia del Terminal Portuario. Uno de los puntos que más controversia genera – según Lozano Centurión – es el convenio marco entre la región y la FAP.
De dicho convenio, el N° 039-2018-GR.LAMB/PR “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la Fuerza Aérea del Perú para Desarrollo y Cooperación Interinstitucional”, se desprende el Convenio Específico N° 49-GR.LAMB/GR, el cual indica que las obligaciones y atribuciones asumidas por la región, para lograr la reversión de las tierras propiedad de la FAP, consisten en “financiar las inversiones clasificadas como optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, relacionadas a la reposición de equipamiento vehicular: ambulancia urbana y camioneta 4x4”, a favor del instituto armado.
Si bien la FAP mostró su disposición de ceder las tierras a nombre del gobierno de Lambayeque, este procedimiento no sería a título gratuito. El área a transferir, de cinco mil 313.03 hectáreas, ubicadas próximas a la zona donde se proyecta la construcción del Terminal Portuario, fue tasada en aproximadamente 46 millones de soles, monto que debía ser reconocido por la región a favor de la fuerza aérea.
Precisamente ese acuerdo es el que Lozano Centurión cuestiona, pues considera que los gastos estimados a modo de contraprestación por la transferencia de las tierras resultan onerosos para el gobierno regional.
“En pocos días yo he logrado reducir de 46 a 21 millones. Son 25 millones que se están ahorrando y eso no lo ha podido hacer ni el señor Nakazaki ni el señor Acuña”, resalta.
¿NAKAZAKI EN LA NEGOCIACIÓN?
El gobernador incluye en su crítica a Nakazaki Servigón, quien como gerente de la APR no tuvo ninguna participación en las negociaciones entre el gobierno regional y la FAP. El procedimiento solo involucró el concurso de la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN, el Ministerio de Defensa, el instituto armado y la administración de Humberto Acuña Peralta. La APR no tiene injerencia en el convenio debido a que su naturaleza técnica se limita únicamente a la gestión del proyecto portuario y el área materia del acuerdo no es determinante para la construcción del terminal.
Según el gerente de la Autoridad Portuaria Regional, la construcción del puerto como tal solo abarca 69 hectáreas de tierra, “por lo que es un despropósito pensar que un puerto necesita tal cantidad de hectáreas” (cinco mil), teniendo en cuenta que el puerto del Callao, siendo el tercero más grande de Latinoamérica, tiene 200 hectáreas.
Nakazaki Servigón refiere que las cinco mil hectáreas están pensadas en una visión para los próximos 50 años, a fin de que en esta se construyan zonas francas, parques industriales, parques de energía limpia y demás proyectos de infraestructura. “Yo quisiera que toda esa área se reservara, no porque ahorita vayamos a hacer un puerto de ese tamaño, sino para ir creciendo. Esa es la visión. Si nos dan las tierras bien, pero sino también, aunque sería una pena que no se previniera y luego se observe la foto en 50 años y se vea un puerto lleno de casas alrededor, sin posibilidad de crecimiento”, indica.
RECURSOS DE LA APR
Otra de las críticas que realiza Lozano Centurión a la Autoridad Portuaria Regional se refiere al supuesto exceso de personal que trabaja en la entidad, el que, a su juicio, no muestra resultados.
“Me gustaría que el ingeniero Nakazaki diga que no necesita al abogado, al contador y todo el personal que trabaja con él. No es cierto que sean solo nueve personas, son más. Yo siendo el gobernador no tengo aquí ni conserje porque me interesa reducir costos. En mi área logística yo tenía 20 personas y hoy solo tengo nueve”, explica.
Lo cierto es que la APR tiene en solo nueve trabajadores, cifra que incluye al chofer, al guardián y a la persona encargada de la limpieza. La remuneración mensual de Nakazaki Servigón es de seis mil soles, dinero que – al igual que el resto de recursos asignados para la institución – es enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, a través del gobierno de Lambayeque, pero que no son parte del presupuesto regional.
Por otro lado, el gobernador considera que el gasto de cuatro millones de soles realizando hasta ahora por la APR resulta excesivo. No obstante, Lozano Centurión desconoce que de esos, tres estuvieron destinados a financiar el plan maestro realizado por el Consorcio Portuario de Lambayeque, entidad conformada por la fundación Valencia Port, Acciona Ingeniería y OIST, documento que permitió la inserción del departamento en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, mientras que el otro millón se destinó a la adecuación de los aspectos económicos y financieros de dicho plan, documento generado a partir de un convenio promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre la APR, el gobierno regional y la Autoridad Portuaria Regional.
Tanto el plan maestro como el estudio económico constituyen la base sobre las cuales se espera gestionar la ejecución del terminal portuario a través de una iniciativa privada o de una iniciativa estatal.
“DOBLE CACHETE”
Lozano Centurión califica de “poco serio” y no digno de “gente decente” que el exgobernador Humberto Acuña Peralta haya desistido en la solicitud de reversión de 26 mil hectáreas del predio “Pampas de Reque”, pedidas a la FAP para la ejecución de dos proyectos: el sistema hídrico integral del valle Chancay – Lambayeque y el área de influencia del Terminal Portuario (cinco mil hectáreas).
Según consta en el oficio N°1315/2016-GR.LAMB/PR, del 9 de noviembre del 2016, el ex gobernador regional se dirigió al entonces Ministro de Defensa, Mariano Gonzáles Fernández, para solicitar apoyo en la gestión para la reversión de las 26 mil hectáreas adjudicadas a la Fuerza Aérea del Perú.
Sin embargo, tras una reunión sostenida el 22 de febrero del 2017 con el Coronel FAP, Javier Tyron Carbone, Comandante del Grupo Aéreo N°6, Acuña Peralta desistió de la reversión de esas hectáreas, tal como consta en el oficio N° 198-2017-GR-LAMB/PR, dirigido al entonces Ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos.
Lo que Lozano Centurión ignora es que el desistimiento se hizo en razón de que de las 26 mil hectáreas, la mayor parte son utilizadas para prácticas de tiro de las aeronaves, siendo solo cinco mil las hectáreas que no son utilizadas para dichos fines y que podían ser transferidas al gobierno regional, estando además estas próximas a la zona destinada para el terminal portuario. A ello se suma que la Fuerza Aérea del Perú mostró su negativa de transferir las tierras para el proyecto del valle Chancay – Lambayeque, que concretamente comprende la construcción del reservorio La Montería y el hidráulico Sicán.
Al respecto, Nakazaki Servigón explica que el pedido inicial de las 26 mil hectáreas se dio como parte de la visión del gobierno regional, de la cual el Terminal Marítimo es uno de los componentes, por lo que se ha ratificado la solicitud de transferencia de las cinco mil hectáreas para su área de influencia.
PROCESO DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN
Según el Oficio N° 012-2019-APN/PD-DIPLA, del 22 de enero de este año, dirigido al presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, Edgar Patiño Garrido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó el inicio del proceso de promoción de inversión privada para el desarrollo del Terminal Portuario de Lambayeque bajo la modalidad de “concesión para el diseño, financiamiento - construcción, conservación, explotación y transferencia”.
Al respecto, existe el interés de un consorcio coreano – norteamericano por poner en marcha el proyecto, iniciativa que cuenta con el respaldo del Gobierno de Corea (Oficina de Presidencia de la República de Corea, Ministerio de Océanos y Pesca, Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea, entre otros).
Sin embargo, Lozano Centurión refiere que él tiene “más de cinco empresas” interesadas también en la construcción del Terminal Marítimo. No obstante, al ser consultado sobre si esas empresas han acudido a la Autoridad Portuaria Regional o Nacional, el gobernador señaló desconocerlo, lo cual violentaría el trámite regular que deben seguir las empresas postoras interesadas en iniciativas de infraestructura portuaria.
Después de seis años, el Tribunal Constitucional – TC, movió el Expediente N° 01908-2013-AA, sobre la demanda de Inversiones Stop para que se le restituya la fraudulenta concesión que hace dos décadas recibió en Puerto Eten. El máximo intérprete de la constitución resolvió, a fines de enero, que el municipio del distrito intervenga como litisconsorte pasivo, teniendo hasta esta semana para presentar sus alegatos. De la decisión del TC depende – en parte – la suerte del ansiado Terminal Marítimo de Lambayeque.
Desde el 2014 está pendiente de pronunciamiento en el Tribunal Constitucional la demanda presentada por Inversiones Stop para que se le restituya la concesión que el municipio de Puerto Eten le otorgó de manera irregular sobre mil 300 hectáreas pertenecientes a la franja costera departamental con el objetivo que esta promueva el proyecto denominado Mega Puerto de Eten, posición que colisiona directamente sobre la pretensión estatal de hacer realidad la construcción del Terminal Marítimo. Hasta fines del año pasado se conoció que solo faltaba el voto del magistrado Augusto Ferrero Costa. Si este el fallo es favorable a la empresa, habría dos entes, el público y el privado, gestionando un puerto para departamento.
LA CONCESIÓN IRREGULAR
El 5 de octubre de 1998, la comuna de Puerto Eten, siendo alcalde Pedro Abelardo Sánchez Chima, suscribió un contrato de concesión de derecho de superficie en Punta Zapato, entre Punta Farola y Áreas de Influencia de mil 368 hectáreas, sin limitaciones ni restricciones, para la “puesta en marcha del Terminal Marítimo y Complejo Pesquero de Puerto Eten”, a favor de la empresa Inversiones Stop SAC, según Escritura Pública N° 3482, celebrada en la Notaría de Homero Duárez Díaz, en la que – curiosamente – se omitió consignar el número de la resolución municipal que aprobó dicho acuerdo, señalándose además que cualquier controversia debía solucionarse en los tribunales de Lima.
Dos meses después, el 4 de diciembre, la comuna publicó en el diario oficial El Peruano un comunicado dando cuenta que otorgaba la buena pro de la Licitación Pública Especial N° 001-98 a Inversiones Stop, ratificando los derechos de superficie sobre las áreas de influencia para la construcción del Terminal Marítimo por un período de 60 años.
Lo particular es que en agosto de ese año el representante legal de la empresa, Santos Llontop Isique, había firmado un contrato con el alcalde Sánchez Chima como gestor del proyecto, comprometiéndose al pago de un millón de dólares por sus honorarios profesionales. Es decir, el edil fue juez y parte del proceso.
Años después, en el 2001, siendo alcalde Jaime Contreras Rivas, se inscribió en Registros Públicos un área de 979.70 hectáreas como zona de influencia del Terminal Marítimo de Puerto Eten, inscripción que se da de manera definitiva en septiembre de ese año, sin contar que el 13 de diciembre Inversiones Stop haría lo propio sobre el área que Sánchez Chima le había otorgado en 1998.
Así fue como inició un largo procedimiento de investigaciones y juicios en torno a la zona reservada para la construcción del megapuerto, que originó, por ejemplo, que en octubre del 2003 la comuna distrital anule el contrato con Inversiones Stop y proceda a la suscripción de uno nuevo con la ONG suiza EcoPro, provocando – en ese tiempo – la aparición de los representantes de Inversiones Stop, entre ellos Raúl Diez Canseco Hartinger, reclamando la validez de su concesión.
Expresión fue el primer medio que dio cuenta de lo que extrañamente estaba sucediendo en Puerto Eten, ameritando la intervención de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que con su informe N° 324-2003 aprobó que se declare nula la concesión, pero además que el Ministerio Público denuncie a los implicados por colusión, cohecho propio, aprovechamiento indebido del cargo, encubrimiento real, omisión de denuncia y corrupción de funcionarios.
EL PROCESO
El proceso de nulidad de acto jurídico fue iniciado por el Gobierno Regional de Lambayeque, que a través de su Procuraduría Pública entabló la acción judicial en salvaguarda de los intereses del Estado y porque de acuerdo a la Ley de Descentralización y su Ley Orgánica es de su competencia la administración de terreros de propiedad estatal dentro de su jurisdicción.
Fue así como el caso llegó al Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, que bajo la titularidad del juez César Burga Díaz, el 3 de abril del 2007, emitió la Sentencia N° 153 declarando la nulidad de la concesión; decisión que fue apelada por la empresa y revisada por la Primera Sala Civil de Lambayeque, cuyos magistrados José Balcázar Zelada, Edwin Figueroa Gutarra y Herirberto Herrera Gálvez ratificaron, con la Sentencia N° 740, la decisión de Burga Díaz.
Inconformes con el fallo de la Sala Civil de Lambayeque, los representantes de Inversiones Stop recurrieron en casación a la Corte Suprema de la República, generándose el Expediente 4433-2007 de la Sala Civil Permanente, resuelto el 12 de octubre del 2007, en el que los vocales supremos Andrés Caroajulca Bustamante, Víctor Mansilla Novella, Manuel Miranda Canales, Félix Valeriano Baquedano y Francisco Miranda Molina declararon improcedente el reclamo.
ACCIÓN CONSTITUCIONAL
Contra el fallo de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, Inversiones Stop presentó en marzo del 2008 un amparo constitucional ante Quinta Sala Civil de Lima, el mismo que también les resultó adverso, recurriendo finalmente al Tribunal Constitucional, solicitando “se proteja el derecho de propiedad y de tutela procesal efectiva”, declarando nulas las sentencias civiles y restituyendo la validez de la titularidad sobre las mil 368 hectáreas que inscribió a su nombre en el 2001.
Según la empresa, “la única manera de cuestionar el otorgamiento de una buena pro es por la vía del Proceso Contencioso Administrativo” y no por la vía civil, como optó la Procuraduría del Gobierno Regional de Lambayeque, “más aún porque solo se disponía de tres meses para impugnar” el procedimiento celebrado por la Municipalidad de Puerto Eten, y la acción judicial la inició seis años después.
La vista de la causa estuvo programada para el 22 de octubre del 2014. Sin embargo, esta hasta el momento no se desarrolla.
INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO
El 22 de enero pasado, el Tribunal Constitucional recién atendió el pedido presentado por el exalcalde de Puerto Eten, Jaime Contreras Rivas, para que el municipio distrital sea incorporado en la demanda. La solicitud de inclusión se hizo el 10 de octubre del 2013.
El TC ha reconocido que habiendo sido la comuna la que otorgó la concesión a Inversiones Stop, anulada en primera y segunda instancia, y cuya casación fue denegada por la Corte Suprema de la República, le asiste el interés jurídicamente relevante para que sea parte de la causa.
“Dado que dicha municipalidad puede aportar elementos de juicio importantes para la mejor solución del presente caso y que su pedido de incorporación fue presentado antes de la vista de la causa, ya realizada con fecha 22 de octubre del 2014, corresponde dejarla sin efecto y ordenar la programación de una nueva”, señala la resolución.
LA CAMPAÑA DE DIEZ CANSECO
La confianza en el fallo del Tribunal Constitucional es al parecer la razón que sustenta la campaña que desarrolla Raúl Diez Canseco Hartinger, promocionando a Inversiones Stop SAC como legítima propietaria de las tierras que el Plan Maestro mandado a elaborar por la Autoridad Portuaria Regional de Lambayeque ha definido como zona de influencia del Terminal Marítimo.
Según las proyecciones que a través de la página Megapuerto Ente difunde el empresario, el proyecto considera una serie de infraestructuras sobre las mil 338 hectáreas en cuestión que incluyen a la Punta Farola, el Morro de Eten y la playa Media Luna, consideradas como zonas de protección y conservación arqueológica y natural, reconocidas además por el Gobierno Regional de Lambayeque.
El Proyecto Megapuerto Eten, denominado como una plataforma logística de exportación e importancia, considera – según se difunde – la construcción de un centro financiero y comercial, zona industrial y de transformación, plataforma logística, zona aeroportuaria, zona urbana y balneario, además de una dársena marítima para un muelle de contenedores, uno de granos, uno de petróleo, uno de carga general y un dique seco, sin que se especifique, por cierto, el monto aproximado de inversión, mas sí que se trata de una concesión sobre mil 368.48 hectáreas.
Mientras ello sucede, el Estado, a través de la Autoridad Portuaria Nacional, ha autorizado la promoción del Terminal Portuario de Lambayeque en base a lo definido por el Plan Maestro aprobado en el 2015.
