Durante el desarrollo del foro APEC en Lima, el 15 de noviembre se realizó el primer Conservatorio Internacional Juvenil Perú – Rusia, al que acudieron los jóvenes becarios de los diferentes programas de integración desarrollados por la Federación Rusa en el presente año.
La delegación rusa estuvo integrada por representante del Festival Mundial de la Juventud (WYF, por sus siglas en inglés), entre ellos Ekaterina Guznova, coordinadora para la Juventud en Latinoamérica, quien participó de la Cumbre Juvenil de APEC “La voz del futuro”, siendo el Perú el primer país del continente en visitar.
“El Perú es el país de mi infancia, siempre he querido visitarlo. Tenía un libro con algunos artículos sobre Machu Picchu y llegar a un país con tanta historia ha sido, en lo personal, un placer”, comenta Guznova, añadiendo que uno de los proyectos en marcha es el “Club de los Amigos”, a través del cual se busca el hermanamiento de regiones rusas con ciudades de otros países mundo.
Encuentro en Lima
El primer Conversatorio Internacional Juvenil Perú – Rusia fue realizado en la Casa Rusa de Lima, con la asistencia de invitados especiales, entre ellos el secretario nacional de la Juventud, organismo adscrito al Ministerio de Educación, Carlos Vilela del Carpio, y la directora de la Casa Rusa, Alexandra Egorova.
“El desarrollo del conversatorio fue muy interesante. Ya lo sabía, pero comprobé una vez más que hay mucho en común, valores y aspiraciones entre el pueblo ruso y el peruano. He comprobad, además, que existe mucho interés en los jóvenes en el desarrollo del mundo multipolar y la colaboración con Rusia”, destaca la delegada rusa.
Ekaterina Guznova sostiene que existen altas expectativas del acercamiento cultural, colaborativo y de integración entre jóvenes rusos y peruanos, teniendo como elemento transversal la diversidad.
“Lo que deseamos es que jóvenes rusos también tengan la oportunidad de visitar el Perú y participar de nuevos proyectos y aprendizajes. A los jóvenes peruanos que se preparan para participar de los programas que se realizarán el próximo año, los animo a que no tengan miedo, pues en nuestro país encontrarán muchos amigos, muchas experiencias y oportunidades. Esas experiencias deben ser conocidas y replicadas. Es necesario fortalecer las relaciones de amistad entre ambos pueblos”, comenta.
Mayores oportunidades
Carlos Vilela del Carpio refiere que “es importante apostar por el intercambio de experiencias entre juventudes de diferentes naciones, porque con ello se fortalecerá las capacidades y expandirá sus horizontes de crecimiento personal y profesional”.
“Felicito y saludo el trabajo que está promoviendo la Casa Rusa y espero seguir trabajando juntos por el desarrollo integral de los jóvenes y que, sobre todo, se apoye a los jóvenes de las zonas rurales y remotas del país”, indica el secretario nacional de la Juventud.
Del mismo modo, Paul Rivera Jaramillo, coordinador de la Red Espaz Lambayeque y ponente en el conversatorio, remarcó que es de vital importancia construir un mundo multipolar, en el cual desde los diferentes espacios profesionales y de participación juvenil sea posible contribuir a una sociedad más justa, pacífica y desarrollada.
“Este primer conversatorio permitió que los jóvenes sigan conociendo nuevos líderes peruanos que están conquistando el mundo haciendo de lo ordinario algo extraordinario. También, he solicitado al Directorio Internacional del WYF tengan la amabilidad de ampliar el número de becas para los participantes el próximo año en 2025, espero que el resultado de estas conferencias y conversatorios nos permita seguir motivando a los jóvenes a lograr sus metas y alcanzar una beca. Mi humilde recomendación es estudiar y practicar el inglés para que más puertas se nos puedan abrir alrededor del mundo”, señaló Paul Rivera.
--------------------
(*) Coordinador periodístico de Expresión y becario del Shum Journalism Industry 5.0.
La tragedia en la agroindustrial Tumán no acaba. Mientras el ingenio sigue bajo un control de facto, carente de legalidad, y los campos están invadidos o usurpados, la justicia sigue sin dar respuesta al desfalco que ha sufrido la azucarera desde el 2015, cuando se instaló la administración judicial de Marcelino Llontop, esto porque el Ministerio Público de Lambayeque no designa aún a los peritos contables que deben estimar a cuánto asciende el perjuicio causado por el mal manejo del patrimonio empresarial.
“Fueron los trabajadores de la empresa, quienes frente a los evidentes hechos ilegales que se han producido durante las administraciones judiciales presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – Fecor Lambayeque, por cada una de las administraciones instaladas desde el 2015 hasta el 2021. Son diferentes carpetas fiscales y fue por decisión de la fiscalía superior que los casos se han acumulado, al encontrarse relación entre las personas imputadas, la parte agraviada y por tratarse de hechos similares. Todas las denuncias han quedado acumuladas en la carpeta más antigua, que es la 18-2018, a cargo del fiscal José Luis Jaramillo Cubas”, precisa Gilberto Carrasco Lucero, representante legal de los trabajadores.
A fin de contribuir al trabajo fiscal, los trabajadores presentaron peritajes de parte sobre el manejo económico y financiero de la empresa, en los que se establece cómo se hizo una mala administración de los recursos o se generaron supuestas deudas, por dinero que nunca habría ingresado en las cuentas de Tumán.
Caso por caso
De acuerdo a lo denunciado por los trabajadores, durante la administración de Marcelino Llontop Suyón, Diómedes Bocanegra Irigoin y Jorge Paredes Delgado (septiembre 2015 – septiembre 2016), se habrían abierto cuentas personales para depósitos de dinero por cuatro millones 916 mil 287 soles, y pagado por servicios no realizados y préstamos simulados. Asimismo, se habrían emitido recibos sin valor por tres millones 172 mil 87.31 soles y entregado bolsas de azúcar a terceros.
“A las empresas Servicios Universal Click SAC y Aseo y Servicios Diversos SA, se le entregó pagos por un millón 481.24 soles, mientras que a la empresa Kapaucar por dos millones 536 mil 787.30 soles. Ambas de un mismo dueño. También se pagó al Estudio Jurídico GB&V SAC, de un abogado chiclayano, para elaborar un informe financiero de la empresa, recibiendo entre el 5 de octubre al 24 de diciembre del 2015, 778 mil 166 soles. Por otro lado, por servicios legales dicha administración pagó un millón 178 mil 683.06 soles”, señala Gilberto Carrasco.
Del 16 de septiembre al 31 de octubre del 2016 estuvo vigente la administración judicial de Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Egúsquiza Sánchez y César Sandoval Lozada. En dicho período se abrieron cuentas a nombre de Zevallos Gonzales donde habría ingresado dinero de la empresa.
“Se adquirieron suministros por un millón 970 mil 302.16 soles; se pagaron gastos legales por 156 mil 738.60 soles, además del pago al abogado penalista Carlos Martín Castillo Olazo por 84 mil 653.20 soles por actuaciones en procesos civiles, pese a que no era su especialidad. Peor aún, siendo él juez en Ayacucho. Los 84 mil soles pagados fueron por servicios entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre del 2016, menos de un mes. Otro hecho fue el pago de recibos provisionales, pendientes de rendición, por un millón 89 mil 62.25 soles”, comenta.
Entre el 26 de octubre del 2016 y el 20 de marzo del 2017 asumió la administración César Sandoval Lozada. De dicho período data el contrato con la empresa Alimenta Perú, suscrito en Bagua, Amazonas, por seis millones 315 mil soles, dinero que fue depositado en cuentas personales.
“Se hicieron dos depósitos: uno en una cuenta del Banco Continental, por tres millones 15 mil soles y otro, en el banco Interbank, por tres millones 300 mil soles. Lo que ha arrojado el informe de auditoría es que en el período de esa administración ingresaron a la empresa 51 millones 804 mil 53 soles, estando registrado el egreso de 26 millones 319 mil 562 soles, quedando un saldo disponible de 32 millones 535 mil 425 soles del que no se tiene informe”, acota Carrasco Lucero.
Del 21 de marzo al 24 de abril del 2017 y del 13 de octubre del 2017 al 31 de enero del 2018 se instaló la administración de Daniel Rioja Sánchez y Martín Martínez Valdiviezo.
Explica el abogado que de los actos más saltantes de dicha administración se tiene que se aceptó un pagaré en Sechura, Piura, por tres millones 300 mil soles, a favor de la empresa Multinegocios del Pacífico SAC, dinero que no habría ingresado a caja.
“Esa administración otorgó poderes a Salatiel Marrufo para aceptar un pagaré en Bagua, también a favor de Multinegocios del Pacífico SAC, por un millón 800 mil soles, dinero que tampoco entró a caja. Es más, el mismo día en que el Poder Judicial dejó sin efecto su primera designación; es decir, el 24 de abril del 2017, aceptaron una Letra de Cambio de dos millones 509 mil 40 soles, dinero que tampoco ingresó a caja. Del mismo modo, el 25 de abril del 2017, al día siguiente de haber perdido vigencia, la administración vendió 259 mil litros de alcohol por 608 mil 605 soles con un cheque a nombre de un excajero. También se retiraron dos mil bolsas de azúcar, supuestamente para donarlas a la Policía Nacional del Perú. Se han detectado depósitos en cuentas personales por 26 millones 192.627.37 soles”, detalla.
Del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2021 estuvo vigente la administración de Eric Benavides Timaná. Según explica Gilberto Carrasco, dicha administración realizó ventas de azúcar en bolsas, caña de azúcar en planta y melaza por la suma de 25 millones 180 mil 724.17, dinero cuyo destino no se conoce.
“Se vendían los productos y luego se anulaban las facturas, detectándose operaciones por cuatro millones, 64 mil 351.74 con pretexto de error. Estos hechos y los antes mencionados forman parte de la Carpeta Fiscal n.° 018-2018, a cargo de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, donde se han acumulado las carpetas fiscales 07-2022, 20-2022 y 34-2022”, indica.
Diligencias fiscales
En el desarrollo de las investigaciones, los exadministradores han acudido al Ministerio Público para prestar sus declaraciones, entre ellos César Sandoval, quien habría reconocido la manera en la que se ejecutó el contrato con Alimenta Perú y cómo se realizaron los depósitos en cuentas personales.
“Estas circunstancias ya han sido recogidas directamente por el fiscal. Sin embargo, es necesario un peritaje para determinar, ya con instrumentos del Ministerio Público, qué perjuicio a sufrido la empresa. Nosotros estimamos que la pérdida en ese período supera los 800 millones de soles. El problema es que las investigaciones están estancadas justo en lo referido al peritaje, porque hasta la fecha, transcurrido casi todo el 2024, no se ha designado a los peritos para tener una información precisa sobre el manejo financiero de la empresa”, advierte Gilberto Carrasco.
Añade que el Ministerio Público ya ha recibido los insumos documentales necesarios para la elaboración de los peritajes, parte de los cuales han servido la elaboración del peritaje de parte, presentado por los trabajadores.
“El pretexto para que no se realicen hasta este momento los peritajes es la falta de recursos por parte del Ministerio Público. Se solicitó a fines del 2023 el presupuesto y se dijo que este año se incluiría en el presupuesto. El 2024 ya está por terminar y el peritaje sigue sin hacerse, no obstante que el Ministerio Público ya no requiere tener un presupuesto adicional, porque ya cuenta con peritos contratados cuyo trabajo es justamente realizar esos estudios”, manifiesta.
Dado que los delitos imputados contra los exadministradores judiciales son organización criminal, lavado de activos, fraude en la administración de personas jurídicas y otros, Carrasco Lucero menciona que se ha solicitado que a través de la Fiscalía de Prescripción de Dominio se solicite la incautación de los bienes de los investigados. Sin embargo, la respuesta recibida es que dicha actuación no puede darse en tanto no se tengan los resultados de la pericia ordenada.
Por otro lado, Carrasco Lucero advierte que la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, contra Marcelino Llontop y otros, está a próxima al vencimiento del plazo, siendo la responsable de las diligencias la fiscal Karim Ninanquispe Gil.
La Casa del Tornillo es la empresa que Gonzalo Sánchez Calderón fundó hace 34 años, impulsado por la demanda de piezas metálicas entre los talleres de mecánica. Fue así que decidió apostar por una nueva línea de negocio y hoy lidera una de las marcas más reconocidas dentro y fuera de Lambayeque.
“Estudié la carrera técnica de Electricidad y cuando llegué a Lambayeque implementé un taller en el cual ofrecía servicio eléctrico automotriz, ubicándome en una zona bastante comercial y de muchos talleres de mecánica, cuyos propietarios siempre me pedían pernos y yo no vendía. Fue así como me contacté en Lima con un proveedor, me ofreció toda la información y así creé el taller de pernos alternando con el rubro eléctrico. Lo demás, es historia”, refiere Sánchez Calderón.
Con el tiempo, la línea de pernos empezó a tener mayor desarrollo que el rubro eléctrico y esto animó a dedicarse al 100 % a los sistemas de ajustes de pernos y tuercas.
“Fuimos la primera empresa especialista en el rubro, antes de nosotros no existía una empresa que se dedicase exclusivamente a esto. Con el tiempo estudié Marketing y Negocios y empecé a dirigir con una nueva visión el negocio. Entendí que la necesidad era muy grande y eso me llevó a comprar máquinas para fabricar los productos”, cuenta.
La fábrica
De ese modo implementó su propia fábrica, con la ventaja de que al ser un mercado muy cerrado todo lo fabricado se vendía.
“Luego instalamos una planta mediana en Chiclayo, luego una en Lima, con maquinaria de punta y en determinado momento tuvimos alcance nacional. Nuestros vendedores recorrían el país, de Tumbes a Tacna. Con la liberación del mercado, los productores empezamos a tener problemas a nivel nacional y ello nos llevó a cerrar algunas líneas de producción, pasando a la importación, porque era la única manera de poder competir con los productos que ingresaban. Tenemos 34 años y seguimos siendo líderes en el rubro”, afirma.
Sánchez Calderón dice sentir gratitud por los clientes que acompañan a su empresa desde hace mucho tiempo, quienes han depositado su confianza y han sido testigos del crecimiento del negocio.
“Nuestro catálogo de productos es bastante grande, pero como dice nuestro eslogan: ‘Lo que no tenemos, lo fabricamos’, y es que si el cliente necesita algún producto que no existe en el mercado, el cliente tiene la opción de mandarlo a fabricar en nuestra planta y atender su necesidad. Tenemos la línea completa y lo que no hay, lo hacemos, por eso es que somos la empresa más exitosa del rubro”, indica.
La confianza del cliente
Reconoce que, en los 34 años transcurridos, “La Casa del Tornillo” ha enfrentado diversas situaciones, pero siempre ha procurado diferenciarse por la calidad, seriedad y responsabilidad para con sus clientes.
“Los negocios se mantienen en el mercado cuando generan confianza y eso no es secreto. Todos los que tienen negocio saben que para durar hay que conseguir la confianza del cliente. Tenemos clientes que nos acompañan hace muchos años, clientes que son de la zona nororiental y que reconocen mucho nuestros servicios. Además, nos preocupamos mucho por los clientes internos, que son los trabajadores, a quienes ofrecemos un clima laboral adecuado, seguro y que respeta sus derechos”, enfatiza.
La historia de un camión de dos toneladas marca Kia, propiedad de Marakos Grill SAC, representado por Juan Carlos Dongo Ávalo, es sorprendente. En junio pasado fue intervenido en un operativo al ingreso de Lambayeque por la autoridad forestal, encontrándose al interior ramas de poda y frutas, productos extraídos del fundo privado de la empresa y debidamente declarados en las guías correspondientes. Sin embargo, pese a que pronunciamientos oficiales certifican que no había nada de ilegal en la carga, la Fiscalía de Extinción de Dominio de Lambayeque decidió que el bien sea entregado al Pronabi y este lo ha transferido a la Municipalidad Distrital de Íllimo. Dos fiscales están quejados por este extraño procedimiento.
Cerca de las 7:30 p. m., del 6 de junio, el conductor del camión frigorífico marca Kia, de placa M6W 751, notificó al gerente de la empresa Marakos Grill SAC, Juan Carlos Dongo Ávalo, que había sido intervenido en un operativo en el que participaban inspectores del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor; el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y la Policía Nacional del Perú.
Al interior de la unidad, con capacidad de carga de dos toneladas, encontraron cajas de frutas y ramas producto de una poda realizada ese día en el fundo de la empresa, las mismas que estaban declaradas en las guías correspondientes. Aun así, el vehículo fue trasladado a la unidad de la Policía Forestal, en la avenida 9 de Octubre, en Chiclayo.
“Un detalle no menor es que el mismo día, horas después, en el mismo operativo en el que también estaban inspectores del sector Producción, se interviene a una cámara frigorífica de 12 toneladas que trasladaba pescado con tallas menores a las permitidas. Al día siguiente, viernes 7 de junio, fue feriado, por lo que al lunes siguiente solicité que Serfor realice una inspección al fundo y constante que las ramas eran resultado de una poda y no de tala ni depredación, como indicaron en el operativo. La autoridad forestal es Serfor y, por lo tanto, la única que podía determinar si lo que habíamos hecho nosotros, como parte de una poda sanitaria, era o no causal de sanción”, explica Dongo Ávalo.
Inspección del Serfor
Ante la solicitud, Serfor realizó la constatación el 17 de junio en el fundo ubicado en Pítipo, Ferreñafe, y emitió su primer informe fundamentado, señalando que no había infracción al medioambiente y que, en efecto, las ramas eran resultado de una poda.
“Se constata que, efectivamente, se realizaron podas de árboles y efectuado el análisis respectivo con lo expuesto, se determina que en este caso no existe afectación al recurso forestal y por consecuencia tampoco hay afectación al medioambiente”, señala el Informe Fundamentado n.° D000086-2024-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS, suscrito por el ingeniero Walter Alarcón Díaz.
Con ese escrito Dongo Ávalo se apersonó a la fiscalía del medioambiente para pedir la inmediata devolución del camión, que seguía retenido.
“El fiscal adjunto David Gonzales Morales se mostró un poco incómodo con el resultado del informe y lo que hizo fue pedir una aclaración del informe. Serfor aclaró, con un segundo informe, en los mismos términos, concluyendo que no había infracción alguna”, explica Dongo Ávalo.
En efecto, la Autoridad Técnica Forestal de Lambayeque emitió el 13 de agosto el Informe Técnico n.° D000143-2024-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-Lambayeque, confirmando los términos del primer documento, señalando, además, que la fiscalía ambiental debía tener conocimiento que la poda con fines sanitarios es permitida debido a que existe una enfermedad que afecta las ramas primarias de los algarrobos, por lo que el argumento de descargo de Dongo Ávalo era absolutamente válido.
“Pedí al fiscal la liberación inmediata del camión y en ese momento recordé lo que he mencionado, que el mismo día ingresó intervenida una cámara de 12 de toneladas. Grande fue mi sorpresa al saber que la cámara había sido liberada. Lo que sabemos es que el propietario de dicha unidad se acogió a la terminación anticipada; es decir, acepto el delito de trasladar especies hidrobiológicas con talla inferior a la permitida y pagó una caución. Sin embargo, en nuestro caso, pese a los informes de Serfor, se nos seguía reteniendo el camión”, manifiesta el empresario.
Dispuesto por Pronabi
Fue ante ese reclamo que la fiscalía del medio ambiente dispuso el archivo del caso y la inmediata liberación del camión, hecho que nunca ocurrió.
“Cuando me apersono para recoger mi camión, la policía me informa que el camión ya había sido incautado por la Fiscalía de Extinción de Dominio y que se había emitido una medida cautelar. Yo soy abogado y pedí a la juez a cargo el cese inmediato de dicha cautelar al no existir delito, pues ya se había archivado el caso y al tener los informes de la autoridad forestal, era lo que correspondía. Citó a audiencia de cese de la medida de incautación el 4 de octubre, para esto el Programa Nacional de Bienes Incautados – Pronabi, ya había hecho el reparto de unidades, entre ellas nuestro camión”, relata.
El camión, que cuenta con un sistema frigorífico alemán, valorizado en aproximadamente 50 mil dólares americanos, fue entregado a la Municipalidad Distrital de Íllimo, pese a que la cautelar de incautación estaba para revisión del cese, la autoridad forestal no había señalado infracción y la fiscalía ambiental había archivado el caso. Es decir, se dispuso del bien sin existir delito.
Nuevos informes
“El día de la audiencia de cese de la cautelar, el fiscal de Extinción de Dominio, Guillermo Olivera Samamé, informa, en mi opinión de manera temeraria, que había solicitado dos informes más, uno a Serfor Lima y otro a Serfor Lambayeque para que aclaren respecto de la inspección realizada y las ramas encontradas en el camión. Como ambos informes no se habían recibido aún, la jueza accedió a no revisar el cese”, explica.
Refiere que Serfor Lima se pronunció pidiendo que la oficina descentralizada de Lambayeque emita un nuevo informe, el mismo que fue enviado al fiscal Olivera Samamé el 11 de octubre, con el Oficio n.° D000454-2024-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LAMBAYEQUE, suscrito por el administrador técnico forestal de Lambayeque, Jorge Alfaro Navarro. En este se precisa que el caso no ameritaba ninguna multa ni sanción por las razones antes expuestas.
“Los informes ya llegaron y por eso estamos pidiendo una nueva audiencia para el cese de la cautelar de incautación, y en paralelo hemos apelado la decisión de la jueza ante la Sala de Extinción de Dominio con sede en Trujillo. Pedí una audiencia con la fiscal provincial de Extinción de Dominio, Lizeth Velásquez Porras, a la que le manifesté mi extrañeza porque teniendo tres informes positivos de Serfor y un archivo de la fiscalía ambiental, mi camión sigue incautado. La respuesta fue que la decisión de la fiscalía ambiental era independiente de la de su despacho”, relata.
Dongo Ávalo cuestiona que la Fiscalía de Extinción de Dominio haya actuado – en su opinión – con doble criterio respecto a su unidad incautada y la ya mencionada cámara frigorífica de 12 toneladas, pues, como se ha explicado, esta fue liberada.
“Cuando le expuse la situación a la fiscal, esta respondió que quizá su despacho no había sido notificado de la intervención de la cámara de 12 toneladas. Dudé y consulté con la policía, corroborando que ambos casos, el mío y el de la cámara, fueron notificados a Extinción de Dominio el 8 de junio. Dicha fiscalía incautó mi camión el 12 de junio y la cámara fue liberada el 13 de junio, al mediodía. ¿Por qué no se incautó también la cámara? ¿Los fiscales no vieron que había tremendo camión al lado sobre el cual ya habían sido notificados o es que acaso algo ocurrió para que no lo vieran?”, objeta el empresario.
Juan Carlos Dongo ha quejado ante el órgano de control del Ministerio Público a los fiscales Guillermo Olivera Samamé y Lizeth Velásquez Porras, pues considera que su accionar resulta irregular y trasgrede el correcto cumplimiento de la Ley de la Carrera Fiscal.
La Dirección de Prevención y Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha declarado infundado el recurso de apelación presentado contra la designación de Garcilazo Tello Chicoma y Santos Álvarez Chero como representantes titulares y suplentes, respectivamente, de los acreedores laborales de la Corporación Agrícola Úcupe S.A. Álvarez Chero, precisamente, se encuentra envuelto en un proceso por falsificación y uso de documentos falsos privados, ilícitos que ha reconocido ante la fiscalía.
Según el registro n.° 0104451-2024 de la Subdirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el 21 de junio se realizó una elección de reemplazo de los representantes titulares y suplentes de la Corporación Agrícola Úcupe S.A., resultando electos Garcilazo Tello Chicoma como titular y Santos Álvarez Chero como suplente, quienes solicitaron su designación como representantes de los acreedores laborales. Los citados reemplazaron a David Edgard Huamanchumo Alejos y Rolando Sánchez Gasco.
El 2 de agosto, Rolando Sánchez Gasco presentó una oposición al reconocimiento de los nuevos representantes laborales y solicitó la abstención de la autoridad administrativa en cuanto se resuelva la acción de amparo que interpuso ante el Primer Juzgado Constitucional de Chiclayo, debido a que el convocante a la asamblea de reemplazo, Juan de Dios Chiroque Mío, no habría acreditado representar al 20 % de acreedores laborales reconocidos por Indecopi para convocar esta asamblea; además de que el día de la asamblea la mesa directiva no estuvo conducida por el convocante Juan de Dios Chiroque Mío, sino por dos abogados que no eran acreedores laborales.
Respuesta
Al respecto, el procurador público del Ministerio de Trabajo contestó la demanda alegando que no se había agotado la vía previa en la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Generales como segunda instancia. Añadió también excepción de incompetencia por la materia al tratarse de un proceso contencioso administrativo y no la vulneración de un derecho constitucional.
Así, el juez Carlos Diez Canseco Solano, del Primer Juzgado Constitucional de Chiclayo, declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por Sánchez Gasco y el 28 de agosto la Subdirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo formalizó la designación por reemplazo de Garcilazo Tello Chicoma como representante titular y Santos Álvarez Chero como representante suplente de créditos laborales ante la Junta de Acreedores de la empresa Corporación Agrícola Úcupe S.A.
Apelación
El 12 de septiembre, Rolando Sánchez Gasco interpuso un recurso de apelación contra el acto administrativo del 28 de agosto, el cual fue elevado el 26 de septiembre por la Subdirección de Registros Generales ante la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos.
Entre los motivos expuestos por Sánchez Gasco en su apelación están los descritos en la demanda amparo, además de otros, como que existió una incongruencia entre el número de asistentes a la asamblea y los que votaron, dado que se consignaron acreedores laborales o sucesores de estos que no asistieron y que posteriormente habrían presentado declaraciones juradas “sin saber lo que firman”.
Sobre la falta de documentos que acrediten que Juan de Dios Chiroque Mio representa al menos al 20 % del total de acreedores reconocidos, explica que el reglamento establece que el convocante a la asamblea debe estar premunido de dicha representación antes de la convocatoria y no después de esta. Si bien adjuntó la firma de 53 acreedores de un total de 160 reconocidos por Indecopi, esto lo hizo después y no antes de lanzar la convocatoria en el diario oficial El Peruano.
Finalmente, indica que el procedimiento para reemplazar a los representantes titulares y suplentes de los acreedores laborales, estipulado en la Resolución Ministerial n.° 008-2004-TR, solo procede cuando los representantes elegidos no cumplen con dar cuentas sobre su gestión por dos trimestres consecutivos o alternados, cuando los demás acreedores laborales no están de acuerdo o desaprueban dicho informe de gestión y cuando los acreedores laborales en desacuerdo con la gestión de sus representantes representen más del 20 % del total de acreedores laborales reconocidos por el Indecopi.
Esto no se habría cumplido, dado que Huamanchumo Alejos y Sánchez Gasco fueron reconocidos en abril de este año por Indecopi, ergo, el primer trimestre de gestión iría hasta junio y es precisamente el 27 de ese mes que se desarrolló la asamblea de acreedores laborales donde se aprobó el primer informe de gestión.
Pese a todo lo expuesto, el Ministerio de Trabajo emitió la Resolución Directoral n.° 158-2024-MTPE/1/20.2, el pasado 13 de noviembre, declarando infundado el recurso de apelación, con lo cual Santos Álvarez Chero quedó inscrito como representante suplente de los acreedores laborales.
+ NOTICIAS:
El Ministerio Público ha dispuesto continuar la investigación preparatoria por el plazo de 120 días que se sigue contra los ciudadanos Carlos Tello Chicoma, Sigifredo Piminchumo Huerta y Santos Álvarez Chero, quienes pretendieron inscribir un nuevo Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Agraria de Producción Úcupe LTDA, valiéndose de documentación presuntamente falsa. Tanto es así que no solo el último presidente de la cooperativa, José Torres Belo, niega haber convocado a la asamblea general donde supuestamente se eligió al nuevo consejo, sino que se ha comprobado la participación de hasta ocho personas fallecidas.
A través de la Disposición n.° 2, del pasado 22 de octubre, el fiscal Máximo Medina Lucano, del Quinto Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra las citadas personas por falsificación y uso de documentos privados falsos, para lo cual ha recabado la solicitud de inscripción del Título n.° 2024-185695, la copia de las supuestas convocatorias, así como la declaración del imputado Carlos Tello Chicoma, juez de paz de Nuevo Mocupe, y los denunciantes Leoncio Cabrera Guevara y José Torres Bello.
El ‘nuevo’ Consejo de Administración
El 19 de enero de este año se presentó ante la Zona Registral n.° II Chiclayo, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – Sunarp, el Título n.° 2024-185695 para su inscripción en la Partida Registral n.° 02110530, correspondiente a la Cooperativa Agraria de Producción Úcupe LTDA, que tiene como rogatoria el acto de inscribir al Consejo de Administración presidido por David Incio Gómez; Andrés Honorio Calderón como vicepresidente; Santos Álvarez Chero, primer secretario; Jorge Gonzales Mondragón, segundo secretario; Víctor Carhuajulca Tirado, tercer secretario; Mariano Diaz Escalante, primer suplente; y Jaime Riva Estrada, segundo suplente.
Asimismo, la rogatoria registral comprende la inscripción del Consejo de Vigilancia conformado por Juan de Dios Chiroque Mío en su calidad de presidente; Félix de la Cruz Aldana, vicepresidente; Víctor Sánchez Gálvez, primer secretario; Adolfo Ávila Martínez, segundo secretario; Jesús Yovera Valencia, tercer secretario; Gregorio Becerra Falero, primer suplente; y Rosa Perales Garay, segundo suplente.
De acuerdo a la constancia de convocatoria que obra en el título en trámite, las personas antes citadas fueron elegidas en una supuesta asamblea electoral realizada el 4 de noviembre del 2023, la cual habría sido convocada y desarrollada por Leoncio Cabrera Guevara. Alertado de esta situación, este último denunció ante el Ministerio Público a Carlos Tello Chicoma, Sigifredo Piminchumo Huerta y Santos Álvarez Chero, puesto que nunca convocó a la asamblea ni tiene en su poder los supuestos cargos de recepción de los asistentes como se indica en el título.
Por ello, el Ministerio Público mediante la Disposición n.°, 1 del 16 de febrero del 2024, dispuso abrir una investigación preparatoria contra los denunciados por el plazo de 120 días, la misma que el pasado 22 de octubre dispuso continuar por otros 120 días más.
Falsedad
Leoncio Cabrera Guevara, quien ejerce como vocal suplente del actual Consejo de Administración, señaló en su declaración fiscal que él no convocó a una asamblea general extraordinaria para elegir a un Comité Electoral el 25 de octubre del 2023, que tampoco convocó a la asamblea general del 4 de noviembre de ese año donde supuestamente se eligió al Consejo de Administración y que tampoco asistió al despacho del juez de paz de Nuevo Mocupe, Carlos Tello Chicoma, el 13 de noviembre del año pasado, fecha en la que supuestamente se certificó su firma en los documentos. Es más, ni siquiera reconoce la firma que aparece como suya.
En tanto, José Torres Bello manifestó en su declaración ante la fiscalía que él ejerce como presidente de la Cooperativa Agraria de Producción Úcupe LTDA desde abril del 2021 hasta la actualidad, encontrándose debidamente inscrito en la Sunarp, por lo que el denunciado Santos Álvarez Chero no estaba facultado para realizar ninguna convocatoria.
Además, indicó que en las actas de estas asambleas aparecen los nombres como participantes de ocho extrabajadores de la cooperativa que ya han fallecido, a lo que se suma que Sigifredo Piminchumo Huerta ha firmado dos constancias de convocatoria y quorum, pretendiendo dejar constancia que estas asambleas sí se realizaron.
Aceptan su culpa
La situación se agrava aún más, pues según la declaración fiscal, el investigado Santos Álvarez Chero admite que las asambleas generales donde se eligieron al Comité Electoral y al nuevo Consejo de Administración no fueron convocadas por Leoncio Guevara Cabrera.
“Sí fui elegido en la asamblea, pero no fue convocada por Leoncio Guevara Cabrera, la convocó el señor Juan Chiroque Mío. La reunión fue en el parque de Úcupe, en el área pública. Firmé el acta el 4 de noviembre del 2023 como asistente”.
Respecto a por qué aceptó una asamblea convocada por alguien que no es el presidente de la cooperativa explica: “Al señor Torres (el presidente) en varias oportunidades se le solicitó que haga la convocatoria del comité electoral, pero no quería hacerlo, y al ver eso Juan Chiroque Mío, como presidente de la Asociación de Jubilados y Extrabajadores, estaba facultado para realizar la convocatoria para la elección del Comité Electoral”.
Sobre la relación de asistentes, donde se incluye a personas fallecidas, entre ellas Teodolinda Álvarez Chero, cuyo deceso fue en el 2013, ensaya una peculiar explicación.
“Ella es mi hermana fallecida, quien fue a votar fue mi sobrina Lidia Jacsa Álvarez, hija de mi hermana, ella fue a votar con una sucesión intestada. En la relación estaba el nombre de mi hermana, pero ella firmó como heredera universal. En el padrón figuraba el nombre de la fallecida, pero en el mismo padrón hay una aclaración donde dice firma su hija y en la parte de observaciones dice sucesión intestada”, menciona en su declaración.
Por si fuera poco, Álvarez Chero termina admitiendo haber utilizado documentos falsos para inscribir el título antes descrito en Registros Públicos.
“Es cierto, hemos presentado un documento falso como la convocatoria a la asamblea en la que falsifiqué la firma del señor Leoncio Guevara Cabrera, pero lo hice con su autorización”, reconoce finalmente.
