Resumen. Parece que se está iniciando un nuevo desafío para las maltratadas o invisibilizadas comunidades campesinas del norte del país. En esta oportunidad el problema se define como las pretensiones autoritarias de algunos dirigentes de comunidades campesinas que está optando por prorrogar su mandato más allá de las normas legales, contradiciendo los usos y costumbres y en contra de la voluntad de la mayoría de sus comuneros. El problema es que esta oleada se alienta y se la pretende normalizar desde el propio estado, en este caso desde la SUNARP.
Por ser un tema de interés general, consideramos pertinente presentar algunos puntos de vista, con la esperanza de frenar esta oleada contra la democracia comunal y la gobernanza de las comunidades campesinas. Pero esperamos también que los funcionarios públicos, en especial los jefes de las unidades catastrales del norte del país tomen nota y corrijan esta especie de “normalización” de ilícitos que se comenten bajo el argumento de una supuesta autonomía comunal y de voluntad masiva de los comuneros.
Tres argumentos principales se usan para justificar la ampliación o prórroga del mandato de algunas directivas comunales. Lo primero es que expresa la “voluntad mayoritaria” y en otros casos “unánime” de los comuneros que lo sustentan con una copia certificada del acta de asamblea general de comuneros a la que asisten, siempre en segunda convocatoria, un reducido porcentaje de comuneros. El otro argumento es que las comunidades campesinas gozan de autonomía y, por ello, el acuerdo de prórroga del mandato del presidente por acuerdo de la máxima autoridad comunal es legal y debe ser respetada. El nuevo argumento es que modificaron, previamente, uno de los artículos del estatuto comunal que autoriza la prórroga de mandato para que Sunarp no siga observando ese detalle.
Sobre el apoyo masivo al presidente saliente.- Es muy difícil, salvo en contadas ocasiones a través del tiempo, que un presidente comunal termine su mandato en olor de multitud por las limitaciones diversas que tienen las directivas comunales, empezando por la falta de recursos propios, débil logística, además de otros asuntos de mayor calibre que lo hemos mencionado en varias publicaciones. Sobre este tema estamos proponiendo que en la segunda convocatoria se haga con no menos del 20% de comuneros calificados para evitar tomar decisiones “con los que asistan” que resulta poco representativos y esas asistencias son altamente manipuladas y la Sunarp no tiene cómo verificarlas. Al respecto comentaré el hecho de que un presidente llegó al colmo de “realizar elecciones comunales” en el papel solo para que pasen los dos años y volver a elegirse por otros cuatro años. Así logró estar en el cargo por más de 20 años y, siempre, registrado en la Sunarp. Es el caso de la Comunidad Campesina San Pedro de Lagunas. Los presidentes tienen mucho poder para lograr la firma de adhesión de un mínimo de comuneros … en algunos caos inventa proyectos para generar trabajo, en otros exagera algunas amenazas y también ofrecen soluciones a problemas que ni siquiera los abordaron en sus cuatro o cinco años de mandato. Conviene señalar que Dina Boluarte se ha convertido en un modelo que algunos directivos comunales están siguiendo: no importa el rechazo de la gente, hay que aferrarse al poder.
Sobre la autonomía comunal. - Los presidentes interesados en prolongar su mandato están procediendo a modificar sus estatutos de manera expresa, es decir ejecutiva, en la parte que se trata del mandato de la directiva para introducir el acuerdo de prórroga de mandato y la causal respectiva. No se respetan los procedimientos establecidos, ni tampoco los tiempos y todo ello es avalado por un juez de paz o notario que no sabe de estos procedimientos o que es un experto en el tema porque ha sido funcionario de la propia Sunarp. En fin, se trata de una versión de la “interpretación auténtica” de la autonomía comunal que intenta formalizar el derecho de una asamblea comunal (generalmente mal constituida y poco representativa) de tomar acuerdos por encima de la ley, contrarias al propio estatuto y a los usos y costumbres de la propia comunidad campesina.
La Constitución Política del Perú, en capítulo VI del régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas, define la autonomía comunal y sus límites: “Artículo 89º.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece”. Por lo anterior no se trata de una autonomía absoluta pues el límite a la autonomía comunal está claramente establecido “dentro del marco que la ley establece”. Nos preguntamos entonces qué dice al respecto la ley específica en la materia y nos encontramos que la Ley General de Comunidades Campesinas, ley N° 24656 establece, en su artículo 20 “Los miembros de la Directiva Comunal, serán elegidos por un período máximo de dos años y pueden ser reelegidos por un período igual”.
Los documentos que nos han hecho llegar algunos comuneros confirman que los registradores de la SUNARP – Oficina Registral de Chiclayo, están procediendo a inscribir las solicitudes de prórrogas de mandato de presidentes comunales que ya cumplieron sus cuatro años como tales. Con ello la responsabilidad escala entonces a las propias instancias del Estado que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
La solución frente al autoritarismo. Nuestra primera invocación es a los presidentes de las comunidades campesinas para que no incurran en este tipo de “tentaciones” de perennizarse en el poder porque saben que no se trata de un sacrificio personal, sino más bien de un apetito desmedido. Si lo anterior no procede se tienen hasta tres opciones para poner fin a esta oleada autoritaria. Una primera opción es que la directiva comunal en funciones destituya al presidente que se quiere entornillar en el cargo y proceda a convocar a asamblea de comuneros para convocar a elecciones. Otra opción es tramitar la convocatoria a asamblea general de comuneros por mandato judicial, vía el juez de la localidad. La asamblea instalada podrá acordar la convocatoria a elecciones para la renovación de la directiva. Esto supone contar con una autoridad competente y dispuesta a terminar el proceso y soportar la resistencia de las fuerzas autoritarias. Como tercera opción es acudir al Poder Judicial para interponer un recurso de nulidad de actos jurídicos que avalan esa re reelección, incluyendo la nulidad de su registro en la Sunarp.
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*Oficina de Asesoría Rural. Celular 951679597.
Hace unos días las noticias de nuestro país tenían un solo titular: el feminicidio de Sheyla Cóndor. Sin embargo, este tipo de casos no son nuevos en nuestra nación. Cada día 375 mujeres denuncian agresiones físicas, psicológicas o sexuales en el Perú. Eso significa que en este momento varias mujeres están siendo víctimas de agresiones que podrían cambiar su destino para siempre.
Estas cifras no son solo números fríos, son mujeres que podrían ser nuestras madres, hermanas, amigas o incluso nosotras mismas, ¿cómo podemos aspirar a un país mejor si permitimos que esta realidad persista?.
Por eso, en el día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, sueño con que en el futuro ninguna de nosotras tenga que vivir con miedo, un fututo donde el respeto y la igualdad no sean excepciones, sino la regla.
La realidad es que, si no se hace algo a cambio, tomará 75 años para que las mujeres puedan esperar recibir el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo en todo el mundo; 15 millones y medio de niñas serán obligadas a casarse en los próximos 16 años; y con los índices actuales, no será hasta el año 2036 cuando todas las niñas del África rural podrán recibir una educación secundaria. No podemos esperar tanto tiempo, el cambio debe empezar.
Luchemos por un Perú en el que no se denuncien 375 casos de violencia cada día, sino donde se cuenten 375 historias de mujeres que lograron sus sueños porque vivieron en un entorno seguro, justo y lleno de oportunidades.
La puesta en producción de las tierras irrigadas por el Proyecto Olmos se convirtió en el detonante de un proceso de cambio y desarrollo para miles de familias en la zona de influencia. La historia empezó hace 20 años, cuando se iniciaron las obras de trasvase y se consolidó en el 2014, con la inauguración del componente de irrigación. Hoy, más de 67 mil familias dan testimonio de cómo el proyecto las ayudó a salir de la pobreza.
Fue el 14 de noviembre del 2014 que se abrieron por primera vez los sistemas de riego para el Valle Nuevo de Olmos, área de 38 mil hectáreas, que sumadas a las 5500 del Valle Viejo forman parte del primer polígono a abastecer con las aguas trasvasadas del río Huancabamba, ubicado en la cuenca del Atlántico.
Olmos es, hasta el momento, el proyecto de irrigación más exitoso del Perú. En 10 años de operaciones, 25 mil de las 38 mil hectáreas del Valle Nuevo están totalmente sembradas, un récord nunca antes alcanzado en otros proyectos de irrigación del país. El resto de área la conforman caminos, reservorios, campamentos y plantas de empaque y procesamiento de los productos agroexportables que se cultivan en la zona.
Resultados
De acuerdo con el estudio sobre el impacto económico del proyecto, elaborado por la consultora Maximixe, en la etapa de construcción del túnel Trasandino y la presa Limón, componentes del Trasvase, se generaron 100 mil empleos en promedio al año durante el 2006 y el 2011. Ya en la fase constructiva del componente de Irrigación (2012-2014) se generaron 111 mil empleos y del 2015 en adelante 252 mil en promedio anual con la producción de arándanos, palta, caña de azúcar, uvas, espárragos y otros.
Además, cerca del 40 % de los empleos agrícolas en todo Lambayeque fueron generados a partir del Proyecto Olmos, según cálculo del 2021.
“Hacia el 2021 el Proyecto Olmos le generó al Perú más de 450 mil empleos, esa es la evolución. ¿Cómo un proyecto de tres mil millones de dólares en Lambayeque pudo impulsar tantos empleos? Porque cuando hay inversión de esa magnitud se produce un impacto directo en el empleo: en las actividades de los usuarios, en la construcción, que haya operarios para construir, se produce impactos indirectos, hay toda una cadena de valor detrás de las actividades económicas. Que las empresas tengan más dinero en los bolsillos hace que se genere más inversión, todo eso genera impactos hacia adelante, a eso le llamamos efectos inducidos”, explica el expresidente del Banco Central de Reserva del Perú, Jorge Chávez Álvarez.
Hoy, con la ampliación de la frontera agrícola, el Proyecto Olmos cuenta con 38 mil hectáreas, de las cuales actualmente se usan cerca de 25 mil, lo que representa alrededor del 70 %.
“En casi 10 años, el Proyecto Olmos ha desarrollado estas 25 mil hectáreas y su participación en el PBI agrícola representa el 44 %, más de dos mil millones de soles de la producción total agrícola medida a través del PBI. Si no hubiese habido Proyecto Olmos estaríamos cerca de la mitad de la producción agrícola en Lambayeque”, sostiene.
Exportaciones
Referente a exportaciones, menciona que el Proyecto Olmos representa el 84 % del total de lo que exporta Lambayeque en productos agrícolas, siendo el arándano el producto estrella con el 56.7 %.
Le siguen la palta con el 20.6 %, la uva con 9.9 %, el espárrago con 7.6 %, la caña de azúcar y sus derivados con 1.6 %, la páprika con 0.2 % y el pimiento piquillo con 0.1 %. Otros productos alcanzan el 3.4 %. Al inicio del proyecto, las exportaciones de Olmos representaban apenas el 1.6 %.
“Exportar alimentos no es un pecado. Muchos dicen por qué exportar alimentos si hay hambre en el Perú. Yo podría usar la anchoveta para alimentar a la gente, pero podría aprovechar los ingresos de la exportación de productos agroindustriales para generar recursos que sean recanalizados para reducir la pobreza. Mientras que nuestro mercado interno es como una laguna, el mercado mundial es un inmenso océano, si pensáramos en que nuestro mercado es solo el Perú estaríamos muy limitados en nuestras capacidades de desarrollo, estaríamos mordiéndonos la cola todo el tiempo. No tendríamos capacidad de sacar provecho de la inmensidad de recursos que tiene el Perú, por eso es importante la exportación”, considera.
Producción, salarios y pobreza
Además, para el 2023 el Proyecto Olmos generó 881 millones de soles en valor de producción con un 73 % de producción del arándano.
“A nivel Perú vemos que el arándano proveniente de Olmos significa una parte importante del total, lo mismo en palta y otros productos. Otros departamentos como La Libertad e Ica han generado un boom de la agroexportación muy importante y ese es un factor muy importante de la dinamización de la economía que podemos seguir”, señala.
Apunta que el Valor Agregado Bruto de Lambayeque creció incluso durante la pandemia, teniendo un impacto en la economía regional del 13.1 %. “Durante la pandemia hubiésemos tenido una recesión tremenda sin el Proyecto Olmos”, menciona.
De igual forma, el salario promedio anual con el Proyecto Olmos también creció a un ritmo del 26 %. Explica que entre el 2006 y el 2019 el salario promedio fue de 1426 soles, pero sin el Proyecto Olmos hubiera sido de 1222 soles. Del 2020 al 2021, el salario alcanzó los 1800 soles.
Esto se ha visto reflejado también en cifras de pobreza. Por ejemplo, en el 2020 la pobreza fue del 31.6 % y en el 2020 del 30.6 %, pero sin Proyecto Olmos estas cifras hubieran alcanzado el 39.6 % y 37.2 %, respectivamente.
Actualmente, el proyecto genera 67 500 empleos al año solo en el Valle Nuevo, lo que ha hecho posible que igual número de familias salgan del umbral de la pobreza y tengan un sustento seguro para su desarrollo.
Con 173 años, el Hospital Docente Las Mercedes no solo es el más antiguo de Lambayeque, sino uno de los más antiguos del Perú. Esto, aunque es motivo de orgullo para el personal de salud que trabaja en el nosocomio, es también un problema, pues lo deteriorado de la infraestructura por el paso de los años genera complicaciones tanto para los servidores como para los pacientes. Sin embargo, esta situación tiene visos de poder cambiar, pues la Beneficencia Pública de Chiclayo y el Gobierno Regional de Lambayeque han llegado a un acuerdo para la donación del terreno donde se erige el establecimiento, a fin de que se pueda hacer un nuevo y remodelado hospital.
En diálogo con Expresión, el gerente regional de Salud, Yonny Ureta Núñez, señaló que en una última reunión sostenida con los representantes de la Beneficencia se acordó dar viabilidad a la transferencia del terreno en favor del Gobierno Regional de Lambayeque, ya no mediante una permuta (intercambio de bienes sin dinero de por medio), sino bajo la figura de una donación. Este informe, que deberá remitir la próxima semana la Beneficencia, luego será elevado al Ministerio de la Mujer dando cuenta del acuerdo para su aprobación final.
La donación
Yonny Ureta explica que durante muchos años se habló de la transferencia del terreno a través de una permuta, es decir, el gobierno regional le entregaría un terreno a la Beneficencia a cambio del terreno donde funciona el Hospital Las Mercedes. Sin embargo, este predio, a pesar de tener el mismo metraje, no era equivalente en costo.
“Se habló mucho de la permuta en un inicio, pero el terreno que nuestro gobierno regional tenía a bien entregar a la Beneficencia no es del costo del terreno del hospital las mercedes. Si bien es el mismo metraje, no todos los terrenos cuestan igual por metro cuadrado. Actualmente, el costo del terreno del Hospital Las Mercedes es mucho más elevado que el terreno que queríamos permutar a la Beneficencia, con lo cual no se ha podido seguir ese trámite. Por eso hemos pedido la donación para que de una vez podamos invertir en el hospital”, explica.
El gerente recuerda que el terreno donde funciona el Hospital Las Mercedes fue donado a la Beneficencia hace dos siglos con la intención de que allí funcione un nosocomio, deseo que se ha mantenido hasta la fecha.
“Este hospital está allí y se va a quedar allí porque será imposible que alguien mañana diga desalojemos a Las Mercedes, nadie en sus cabales dirá vamos a desalojar el hospital y que vean donde atienden. La Beneficencia está de acuerdo con nosotros, nos ha hecho saber su opinión y están muy de acuerdo con que de una vez se mejore la infraestructura del hospital”, refiere.
Infraestructura
El titular del sector Salud en Lambayeque, quien ha sido también director del Hospital Las Mercedes, señala que el 80 % de la infraestructura del establecimiento ya se encuentra en mal estado y ha sido declarada además patrimonio cultural, lo que impide hacer reparaciones profundas.
“Eso realmente genera hasta impotencia porque no podemos invertir y tenemos que hacer todo un nuevo cableado eléctrico, sistema de agua, tener la infraestructura adecuada para que los equipos no se estén quemando y no se estén desvalorando en tan poco tiempo, eso queremos que cambie”, sostiene.
Explica que, por ejemplo, en el caso del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, primer nosocomio dentro del Plan Nacional de Hospitales Centenarios, del total de su infraestructura que era patrimonio cultural, el 40 % fue desclasificada por el Ministerio de Cultura para que se pueda intervenir allí y mejorarla.
“Nosotros queremos eso, un buen hospital, no queremos una infraestructura de más de cien años donde no podemos hacer nada, donde tenemos que estar solamente tapiando, eso genera malestar, genera incomodidad para brindar una buena atención, no solo para el personal, sino para los pacientes que acuden al hospital”, manifiesta.
Asegura que una vez ya con el terreno en propiedad del gobierno regional se harán las gestiones ante el Ministerio de Cultura, pues se debe evitar lo que ocurrió con la capilla del hospital, la cual se derrumbó en febrero del 2017, tras las fuertes lluvias que antecedieron ese día.
“Somos religiosos, creemos que sí debería haber una capilla en todos nuestros hospitales, pero no una que se esté cayendo. Cuesta mucho más caro construir una capilla nueva, cuando no se pueden arreglar los consultorios que se están hundiendo. Vamos a exigir a nivel regional que también se desclasifiquen varias partes del hospital Las Mercedes como Consulta Externa, la capilla, Hospitalización, áreas muy deterioradas en las que ya no podemos hacer más, aunque hemos tratado de arreglarlas de forma temporal”, precisa.
Categorización
Respecto a los cuestionamientos de una parte del personal médico del Hospital Las Mercedes por no obtener la categorización acorde a los servicios que ofrece como la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, Cirugía Pediátrica y Quemados, señala que no es imprescindible la recategorización del nosocomio, que actualmente es un II-2, para seguir brindando esta oferta hospitalaria.
“Hablando del primer nivel de atención, uno puede ser I-3, pero trabajar 24 horas dependiendo de la necesidad. No necesita ser un I-4 porque el área de terreno no está construida ni tiene todas las áreas especializadas de un I-4. El Hospital Las Mercedes está proyectado para ser un II-2, pero sí podemos darle capacidad para seguir dando ciertos servicios como hasta ahora. No es necesario que sea un hospital del nivel 3”, explica.
Sobre el riesgo de que el Seguro Integral de Salud (SIS) dejara de reconocer las atenciones que se brindaban en los servicios adicionales por no tener la categoría de un hospital de nivel 3, Ureta Núñez señala que el SIS ya se ha pronunciado y seguirá cubriendo las atenciones de los pacientes en estos servicios.
“Las Mercedes lleva años sin categoría, qué raro que de un momento a otro salgan a decir que no pueden brindar la atención. El Hospital Regional está en proceso de categorización, el Belén también. Es muy difícil que los hospitales, sobre todo los más antiguos, categoricen a un nivel más alto. El Belén y Las Mercedes tienen más de cien años, es imposible darle una categoría si cuentan con una infraestructura que no cumple con los lineamientos básicos que nos da el estado”, enfatiza.
Uno de los principales problemas del sistema carcelario en el Perú es el hacinamiento. De acuerdo a cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la población de reos es superior en 136 % a la capacidad que existe en los establecimientos penitenciarios para albergarla.
El Sistema Penitenciario Nacional, a agosto del 2024, alberga a 98 127 personas privadas de libertad, en los 69 establecimientos penitenciarios existentes, a pesar de tener una capacidad para solo 41 556 personas, lo que genera una sobrepoblación del 136 %.
A ello se suma que, de acuerdo a un informe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la población penitenciaria de procesados no alcanzó el 28 % esperado, contribuyendo significativamente a los niveles de hacinamiento actuales.
Esto significa que solo el 50.2 % de la población privada de libertad se encuentra en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios.
La emergencia
Ante ello, el gobierno declaró en emergencia por 24 meses el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, considerando el déficit de capacidad de albergue y para optimizar la prestación de servicios de resocialización de las personas privadas de libertad.
La norma, publicada este martes en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabore la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria en 45 días, a fin de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, en favor de la resocialización de las personas privadas de libertad.
Precisa que el Sistema Nacional Penitenciario atraviesa una aguda crisis, en las últimas décadas, debido a la sobrepoblación en los penales, que han rebasado su capacidad; así como por la falta de los medios necesarios que dificulta el proceso de resocialización del interno.
Asimismo, indica que la Política Nacional Penitenciaria al 2030, aprobada por Decreto Supremo 011-2020-JUS, establece como objetivos prioritarios: “Reducir significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario”; “Mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad”; y, “Asegurar condiciones de seguridad y convivencia de la población penitenciaria”.
Acuerdos previos
La norma indica, además, que en la II Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - Conasec, desarrollada el 18 de junio del 2024, se acordó, entre otros, declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario.
También, el Consejo de Estado acordó el 5 de noviembre del 2024: “Disponer recursos para la infraestructura penitenciaria, logrando la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios; y, la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario”.
“En ese sentido, es necesario declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, y disponer la elaboración de la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria”, señala la norma.
