Tras enfundarse la banda presidencial el 28 de julio pasado, el mandatario Pedro Castillo Terrones no ha tenido el mejor de los inicios, pues desde el saque evidenció una clamorosa improvisación y desaciertos que no fueron un buen mensaje para la población, que esperaba un gobernante con autoridad (no autoritario), con mano firme y decisiones razonables e inteligentes, ante tanta incertidumbre que aún se vive debido a la fuerte polarización que dejaron las elecciones de la segunda vuelta. Había una expectativa muy fuerte de todo un pueblo por ver cuáles serían las primeras acciones que tomaría Castillo para poner calma en un país convulsionado políticamente; pero el escepticismo y las dudas persisten a casi un mes y medio de su gestión.
Castillo empezó con el pie izquierdo desde que tomó juramento a sus ministros el 30 de julio y no el 28 como era costumbre, encima caso al filo de la medianoche y no en palacio de gobierno. Ello demostró que el presidente no tenía armado el equipo con el que iniciaría su régimen, de allí los serios cuestionamientos que han recibido varios integrantes del primer gabinete liderado por el controvertido Guido Bellido, hombre de confianza del presidente del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien habría impuesto a un buen número de ministros que hoy son reprobados por carecer de credenciales profesionales y morales para asumir tan importantes cargos. Uno de ellos es el ministro de Trabajo, Iber Maraví, a quien el Congreso lo interpelará por su presunta vinculación con organizaciones terroristas.
A toda esta problemática aún el tapete, se sumó otra determinación polémica del presidente al ordenar enrejar los accesos a palacio de gobierno, para evitar que los hombres de prensa cubran las actividades oficiales. Ello, posiblemente ante las limitaciones y carencias de Pedro Castillo para hilvanar ideas y salir bien librado de las entrevistas periodísticas. Pese a los reclamos del Consejo de la Prensa y del Colegio de Periodistas, la situación todavía persiste. Incluso, miembros de diversas bancadas congresales han cursado cartas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), expresando su preocupación por la supuesta vulneración a la libertad de expresión en el país por parte del Ejecutivo. Señalan que “tomar represalias en contra de los medios por tener líneas editoriales que critican las acciones del Gobierno, representan una restricción a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es la libertad de expresión”.
Condición fundamental
Un Estado democrático persevera en el tiempo cuando existe libertad de expresión en todo el sentido de la palabra, sin restricciones ni cortapizas (obviamente sin caer en el dañino libertinaje, del cual han hecho uso muchos medios de comunicación en el presente y el pasado), porque ello nos asegura ser un país más libre, tener una ciudadanía con pensamiento crítico y reflexivo, con instituciones sólidas y fortalecidas. Cuando mayor democracia exista en un Estado, más fuerte se hace el derecho a la libre expresión, por ello es primordial salir siempre en defensa de estos dos elementos claves e indivisibles para la humanidad, porque son la columna vertebral para tener una sociedad más plural y equilibrada, con independencia de poderes y para ejercer un mejor control sobre el poder político, legislativo, judicial y los actos de gobierno en general.
En este contexto, el papel de los medios de comunicación se vuelve trascendente porque generan corriente de opinión y ejercen un control efectivo sobre los poderes políticos, fácticos; ello a través de la participación activa de sus actores sociales. El periodista del diario El Espectador, Rodolfo Arango, sostiene que “la libertad de prensa es el oxígeno de la democracia. Sin ella el pueblo no puede autodeterminarse. De cuan extensa sea la primera depende la calidad de la segunda”. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión también presenta responsabilidades y límites, debido a que penetra en otros ámbitos del ejercicio democrático y puede vulnerar derechos fundamentales.
Es mucho mejor algún exceso de la prensa que a tener medios subyugados o sometidos al poder de turno (sea nacional, regional o municipal), a que sean manipulados por intereses subalternos empresariales y políticos, porque ello sí es muy peligroso y puede socavar los cimientos de nuestra endeble democracia, a la que tenemos que defender siempre bajo los cánones constitucionales. La analista de elDiario.es, Isabel Elbal, sostiene que “tratar de censurar las ideas contrarias a las nuestras, por muy repugnantes que aquellas sean, no contribuye a la construcción de una mejor democracia, sino que la reduce mucho más”. Y agrega que “la libertad de expresión es un derecho de carácter institucional porque supone un pilar de la democracia: es el derecho a que ningún Gobierno ni poder criminalice a sus ciudadanos por las expresiones manifestadas. Es por tanto, la garantía de que la ciudadanía ejerce un contrapeso a los poderes establecidos”.
Cambio necesario
El presidente Pedro Castillo necesariamente tiene que cambiar su actuación frente a los medios, así le sean incómodos o no concuerden con su manera de pensar; tiene que ser más plural y abierto a las críticas, porque ello le permitirá tomar mejores decisiones y construir un gobierno más democrático. Es posible que Castillo aún tenga en mente la conducta de los grupos mediáticos más poderosos del país en la segunda vuelta, donde se comportaron de una manera vil y procaz en claro desmedro de su candidatura, y en abierta defensa de la postulante de la derecha, Keiko Fujimori, pisoteando sus propios códigos de ética y manuales institucionales, y manipulando la información a su antojo; de allí que el mandatario haya optado por limitar la labor de los periodistas en estas primeras semanas de gestión, lo cual ha sido un error garrafal de principiante que seguramente tendrá que enmendar.
La campaña electoral ya es cosa del pasado, la historia y la ciudadanía se encargarán de juzgar y condenar a esos medios por el deplorable papel que cumplieron en la cobertura electoral; pero hoy urge que el Gobierno abra nuevos caminos para garantizar una plena e irrestricta libertad de expresión. Y si hubieran excesos, que la autorregulación sea el mecanismo más adecuado para garantizar el ejercicio periodístico responsable, ético, libre y autónomo. Para ello se requieren empresarios responsables, comprometidos y con una elevada moral, que manejen los medios con mucha seriedad y sensatez, que no solo defiendan sus interese económicos, sino también piensen en sus audiencias, en los contenidos que les entregan, para procurar tener una población adecuadamente informada y ciudadanos capaces de discernir sobre la realidad política, económica y social del país. Hay que precisar que los medios de comunicación hacen uso del espectro radioléctrico, un bien público que pertenece a todos los peruanos, que el Estado otorga a estas empresas mediante concesiones, de allí la obligación de los propietarios de dar el mejor empleo a estas frecuencias en beneficio de la sociedad.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
El reporte financiero de Fuerza Popular confirma que 42 abogados de reconocidos estudios revisaron actas electorales, brindaron asesoría legal al fujimorismo y pagaron las búsquedas en el sistema del Reniec. La estrategia legal que impulsó el supuesto fraude electoral incluyó estos servicios y otras actividades jurídicas, que implicaron un aporte conjunto de S/1,5 millones; es decir, el 75 % del total de ingresos reportados por ese partido en la campaña.
Los integrantes de 13 reconocidas firmas legales de la capital brindaron asesoría jurídica a Fuerza Popular y su candidata Keiko Fujimori Higuchi en la segunda vuelta, en el marco de la estrategia de este partido y aliados políticos para denunciar, sin pruebas, un presunto fraude electoral y evitar así la proclamación de Pedro Castillo. Estos servicios fueron valorizados en más de S/68 mil, según la información del último reporte financiero que declaró el partido fujimorista ante la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).
Dichos abogados, que declararon sus aportes en calidad de asesorías, revisión de actas y hasta búsqueda en el sistema del Reniec pertenecen a los estudios Olaechea; Miranda & Amado; Torres y Torres Lara; Rodríguez Angobaldo; y Rebaza, Alcázar & de las Casas. La lista también incluye a integrantes del Payet, Rey, Cauvi y Pérez; CLR Abogados Corporativos; Rubio, Leguía, Normand; Dentons; y Rodrigo, Elías & Medrano. El recuento culmina con De Bracamonte, Haaker & Castellares y los estudios Gogin y Muñiz.
Además de estos servicios, la estrategia jurídica de Fuerza Popular incluyó el pago de S/1,2 millones por más de 900 pedidos de nulidad contra las mesas donde ganó Perú Libre, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los aportantes de ese monto están Ruben Awa e Iván Katekaru, dueños de cadenas de casinos, y que ya han sido citados por el Ministerio Público. El fiscal José Domingo Pérez está a cargo de una indagación por presunto lavado de dinero en la última campaña electoral de Fujimori Higuchi.
El reporte financiero de Fuerza Popular también registró las acciones de la defensa legal del supuesto fraude electoral que realizaron, de manera voluntaria, los abogados Gino Romero (S/60.000), Virgilio Hurtado (S/20.000), Lourdes Flores Nano (S/10.744) y Julio Castiglioni (S/10.000), durante las audiencias públicas del JNE. Los servicios de estos abogados han sido reportados como aportes de campaña en especies para el fujimorismo, de acuerdo al informe de ingresos.
La estrategia del supuesto fraude ââ€â‚¬que incluyó los servicios de los 42 abogados, el financiamiento de las nulidades por diversos empresarios y ciudadanos, y la defensa legal ante el JNEââ€â‚¬ ha sido valorizada en S/1.5 millones. Este monto representa el 75% del total de ingresos declarados por el fujimorismo en la primera y segunda vuelta, según los reportes entregados por esta agrupación política a la ONPE. El 25% restante incluye aportes de campaña a través de pancartas, polos, calendarios y servicios de movilidad, entre otros.
Aportes en especies
OjoPúblico analizó los reportes de Fuerza Popular ante la ONPE y detectó decenas de abogados que reportaron aportes en especies a esta agrupación. Según el informe, estos participaron en la “revisión de actas”, que luego fueron impugnadas ante el JNE; brindaron “asesoría legal externa”; y realizaron “búsquedas” en la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Estas actividades, que son consideras aportes de campaña, se realizaron entre el 7 de junio y el 19 de julio.
Durante la segunda vuelta, nuestro medio confirmó una primera lista de cinco abogados que brindaban servicios a Fuerza Popular, en su esfuerzo legal por encontrar pruebas del supuesto fraude electoral. En dicho momento, algunos confirmaron su participación, aunque a “título personal”, dado que las personas jurídicas ââ€â‚¬en este caso los estudios legalesââ€â‚¬ están prohibidas de realizar aportes en efectivo o especie a una campaña electoral. Hoy, la lista de abogados que prestaron sus servicios, de manera voluntaria, se eleva a 42 integrantes.
La lista
La lista de aportantes incluye, en primer lugar, a seis integrantes del Estudio Olaechea, que prestaron servicios por S/13.491 a Fuerza Popular. Los abogados Licy Benzaquen Gonzalo (S/3.120,80) y César Castrejon Cisneros (S/3.120,80) declararon una asesoría legal a Fuerza Popular, el 8 y 9 de junio. Los abogados Joanna Dawson Pendavis (S/1.170), Diego Abeo Sabogal (S/1.560), Carlos Martinez Ebell (S/1.400), y Carlo Viacava Bahamonde (S/3.120), por su parte, declararon haber revisado actas electorales entre el 8 y 11 de junio.
En segundo lugar se encuentran cuatro integrantes de la firma Miranda & Amado, quienes revisaron actas electorales y realizaron, incluso, una búsqueda de información en el sistema del Reniec. Dicho servicios fueron valorizados en S/12.550, como aportes de campaña. Los abogados de este estudio legal que aparecen en el reporte financiero de Fuerza Popular son Nathalie Paredes Freiinvon (S/1.100), Juan Avendaño Cisneros (S/7.450), Bruno Amiel Rodríguez (S/3.000) y Álvaro del Valle Roeder (S/1.000).
El tercer lugar lo ocupa el estudio Torres y Torres Lara, firma donde trabajó el excongresista fujimorista Miguel Ángel Torres. Los hermanos del exlegislador, precisamente, figuran como asesores legales de Fuerza Popular en el reporte financiero: Rafael Torres Morales (S/4.000) y Carlos Torres Morales (S/1.400) son socios principales de dicho estudio. También ocupa este cargo Alonso Morales Acosta, quien registró un aporte de S/1.200 por asesoría jurídica a Fuerza Popular durante la segunda vuelta electoral.
La lista continúa con el estudio Rodríguez Angobaldo. De acuerdo al reporte, cuatro integrantes de este estudio aportaron, de manera individual, al fujimorismo a través de la revisión de actas electorales: el socio Fernando Rodriguez Angobaldo (S/1.560) y los asociados Juan Aguilar León (S/1.440) Luis Cancho Lengua (S/1.320) y Claudia Daniela García Bustamante (S/1.200). Estas actividades de campaña fueron realizadas entre el 7 y 9 de junio, luego de la segunda vuelta.
El quinto lugar lo ocupan cuatro miembros de la firma Rebaza, Alcázar & de las Casas, cuya oficina fue allanada en 2017, en el marco del caso Lava Jato. En este caso, el reporte detalla que Roger Zavaleta Rodríguez (S/2.000) brindó asesoría legal a Fuerza Popular entre el 7 y 9 de junio. Por su parte, los asociados Diego Price Pimentel (S/1.100), Stefano Amprimo Abusada (S/1.000) y Pablo Leon Puccio (S/1.000) revisaron actas, entre los días 7 y 10 del mismo mes.
El reporte financiero de Fuerza Popular también incluye a cuatro miembros de la firma Payet, Rey, Cauvi, Pérez. Entre ellos destaca el socio Juan Jose Cauvi Abadia (S/5.427,04), quien figura como revisor de las actas electorales y pagó una “acta notarial de constancia de datos” del Reniec. A él se suman el socio Julio Perez Vargas (S/1.000), el asociado principal Alan Garcia Nores (S/1.000), hijo del expresidente Alan García, y la asociada Xaviera Brandon Velasco (S/1.000) en la “revisión de actas y cotejo de firma”, entre el 7 y 8 de junio.
Más estudios
La lista prosigue con tres integrantes de la firma CLR Abogados Corporativos. El primero de ellos es el socio Diego La Rosa Gonzales del Riego, quien evitó declarar sobre la estrategia legal de Fuerza Popular cuando fue preguntado en junio último. Hoy, sin embargo, aparece con un aporte de S/1.500 por la revisión de actas. Los asociados Roberto Delgado Mendoza (S/1.200) y José Rodriguez Montoya (S/1.800) también fueron parte del equipo que revisó las actas impugnadas por Fuerza Popular durante la segunda vuelta.
El estudio Rubio, Leguía, Normand continúa en el recuento con cinco integrantes entre los aportantes de Fuerza Popular. El asociado Giacomo Bacigalupo Loayza (S/969,13) figura como asesor legal del fujimorismo para el 9 de junio, mientras que Germán Gomez Gallegos (S/1.351,95) realizó dos búsquedas en el sistema del Reniec. Los socios Diego Grisolle Fontana (S/560) y Claudia Chong García (S/560), junto con el asociado José Iturrizaga Montoya (S/500) se dedicaron a revisar actas electorales entre el 7 y 9 de junio.
La lista de aportantes de Fuerza Popular durante la segunda vuelta también registra cuatro miembros del estudio Rodrigo, Elías & Medrano. El socio Fabrizio Castellano Brunello (S/1.047,5) y los asociados Francisco Baldeon Vellon (S/600), Andres Hundskopf Wendt (S/400) y Nicolas Bellido Clavijo (S/180) revisaron actas electorales para apoyar a Fuerza Popular, entre las fechas 7 y 9 de junio. En esta última fecha, Baldeón Vellón confirmó su participación “a título personal” en conversación con nuestro medio.
La declaración financiera del fujimorismo, por último, incluye a Pamela Duffy Baraybar (S/1.500) y Lorena Galvez Santos (S/1.500) de la firma internacional Dentons; la abogada Tabata Arteta Pinto (S/1.200), del estudio De Bracamonte, Haaker & Castellares; Jose Gogin Fernandez (S/1.000) del Estudio Gogin; y James Linares Cabanillas (S/500), gerente general del Estudio Muñiz. Estos abogados, de acuerdo al reporte de Fuerza Popular, fueron parte del equipo de voluntarios que revisaron las actas electorales durante la segunda vuelta, con el objetivo de revertir la elección de Castillo Terrones.
(*) Periodistas de Ojo Público
