No hay duda que Alianza Para el Progreso – APP, es uno de los partidos más organizados y con mayor logística del país. Su capacidad se debe, en gran medida, a la inmensa fortuna de su líder y fundador, César Acuña Peralta, quien nunca ha escatimado esfuerzos en sus campañas presidenciales y tampoco en las de sus más cercanos colaboradores.
La primera participación política del partido se remonta al 2006 y en adelante ha ido cosechando triunfos sostenidos, aunque aún no saborea la miel de llegar a la presidencia de la república.
En el parlamento del 2011 colocó 11 congresistas, nueve en el 2016, 22 en el 2020 y 15 en el presente Congreso. Característica permanente del partido es la postulación de los familiares directos de César Acuña al Congreso. Allí ha estado él, su hijo Richard, su hermano Humberto y ahora sus hermanos María y Héctor. Su otro hermano, Virgilio, llegó pero por otra agrupación, al igual que su ex esposa, Rosa Núñez.
En el ámbito regional y municipal, la presencia de Alianza Para el Progreso también es notoria. En las votaciones del 2014 ganó dos gobiernos regionales, 18 provinciales y 148 distritales, mientras que en las del 2018 alcanzó cuatro regiones, 26 provincias y 235 distritos.
En Lambayeque, en las elecciones del 2014 APP barrió: ganó la gobernación regional, con la relección de Humberto Acuña, y los municipios provinciales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe.
Sin duda, la cosecha electoral ha sido fructífera para el partido de la A. Sin embargo, así como puede mostrar una gran capacidad organizativa y logística, el partido tiene una vergonzosa lista de autoridades elegidas que han terminado con líos en la justicia por corrupción.
Solo en Lambayeque podemos citar cuatro ejemplos muy claros: Jacinto Muro Távara, elegido alcalde de Ferreñafe en el 2010, reelecto en el 2014 y vacado por una sentencia sobre un proceso que databa desde fines de los 90; David Cornejo Chinguel, elegido alcalde de Chiclayo en el 2014 y hoy recluido y procesado por corrupción como cabecilla de una presunta organización denominada “Los temerarios del crimen”, Willy Serrato Puse, ex alcalde de Olmos, elegido en las votaciones del 2010, hoy recluido y procesado por dos casos “Los temerarios del crimen” y “Los faenones de Olmos”.
A ellos se suma el propio Humberto Acuña Peralta, hoy con sentencia firme por corrupción de funcionarios en la figura de cohecho activo genérico, al probarse que junto a su cuñado, Elver Díaz Bravo, esposo de su hermana María Acuña, actual congresista, sobornaron a un ex agente de la Policía Anticorrupción para falsear una declaración en una investigación por asociación ilícita.
Mil 500 soles fue el soborno ofrecido y hoy se puede afirmar que mil 500 soles le ha costado a Humberto Acuña su carrera política, pues la sentencia, dada tras la reforma constitucional que dispone la muerte civil para los sentenciados por corrupción, impide en adelante que este pueda volver a tentar algún cargo público sea por designación o elección.
Si se quiere ampliar el mapa saltarán nombres como los de los excongresistas Edwin Donayre, Benicio Ríos, César Villanueva y Moisés González. En una mirada al interior del país se encontrará a gobernadores y alcaldes en la misma condición.
En varias oportunidades César Acuña ha referido que su partido mejorará los filtros de sus candidatos para evitar que aquellos que tienen problemas judiciales se cuelen en las listas. Lo dijo para las elecciones congresales extraordinarias del 2019 y llevó a su hermano Humberto y a Moisés González como candidatos; lo volvió a decir en las elecciones de este año y se descubrió que su candidata por Puno Yeny Quispe Quiquijana había sido detenida transportando 12 kilos de cocaína.
Es esa la pesada mochila que carga Alianza Para el Progreso como partido político y de la que evidentemente a sus líderes le cuesta sacudirse. Con 20 años en el escenario nacional, la organización tiene mucho que corregir, si quiere, claro está, lavarse la cara para las elecciones del 2022. ¿Funcionarán los filtros?
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Directora / Fundadora
