La palabra corrupción proviene del latín ‘corruptio – onis’. Este sustantivo se deriva del verbo ‘corrumpere’, que tiene significados con la idea de alteración negativa, deterioro o destrucción; por lo tanto, etimológicamente, el término corrupción se vincula con la idea de una ruptura completa o una destrucción integral de algo que era originalmente bueno, íntegro o funcional.

A lo largo de la historia, el término "corrupción" ha mantenido esta esencia de deterioro. Adquirió un significado moral, refiriéndose al daño o perversión de las costumbres, los valores y la integridad de las personas. Se asoció con la deshonestidad, la depravación y el vicio. También se usaba para describir la alteración o manipulación fraudulenta de cosas materiales. Con el tiempo, el significado se extendió para incluir el soborno o cohecho, especialmente en el ámbito de la función pública, donde se "rompe" la integridad del juicio a cambio de

¿Cómo estamos?

Casi al final de sus períodos de gobierno las actuales autoridades electas en el departamento de Lambayeque, sus provincias y en todas las regiones del Perú, han dado muestra de una evidente incompetencia para el desempeño de sus funciones. Nadie duda (creo) de su buena voluntad y deseo de hacer el bien; en general, su carisma ha sido la base de sus campañas y sus propuestas (poco estudiadas y jamás extrapoladas con las normas y procedimientos “candado” del sector público) han resultado inviables, utópicas o (en algunos casos) mentiras premeditadas para alcanzar de mala manera el poder político al que aspiraban.

Calles sucias, pistas rotas, corrupción en el manejo de los fondos públicos, delincuencia en escalada ascendente, sicariato, clientelismo, soberbia, tráfico de influencias, desvío de fondos, entre otros; son problemas comunes que generan una creciente decepción de la población junto a la incredulidad en las instituciones públicas (lentas y tugurizadas) y la decepción a las autoridades electas (quebradoras de sueños y esperanzas). La inteligencia política ha fracasado hasta hacerse evidente en la práctica habitual (y constante) de la estupidez. La inteligencia política vela por el bien común y soluciona los problemas sociales. La estupidez política agudiza y crea más problemas, no piensa en el bien común y profundiza los actos no benéficos. La corrupción (en cualquiera de sus formas) es una consecuencia de la estupidez política.

El que no sabe y no quiere saber, no puede y no debe gobernar

Al postular y aceptar un cargo sin la preparación adecuada, utilizan su posición de poder para obtener un beneficio personal (prestigio, salario, influencia) a sabiendas de que no se podrá cumplir eficazmente con las responsabilidades inherentes al puesto. Esto implica un engaño a la ciudadanía que confía en que sus líderes son competentes. Un cargo público implica la gestión de recursos que pertenecen a la sociedad. Si la persona que lo ocupa no tiene la capacidad para administrarlos correctamente, se está malgastando el dinero de los contribuyentes y se están tomando decisiones ineficientes o perjudiciales para el bien común. Esto se traduce en una forma de malversación, aunque no sea necesariamente de fondos monetarios directos.

La función pública tiene como objetivo servir a la ciudadanía y promover el bienestar general. Una persona incompetente en un cargo público obstaculiza el logro de estos objetivos, generando ineficiencia, errores costosos y, en última instancia, un perjuicio directo a la sociedad. No se está cumpliendo con el deber de servir con diligencia y capacidad. Postular y ser designado para un cargo público sin la capacidad y la experiencia, solo por conexiones políticas, amiguismo o compra de votos, socava el principio de la meritocracia, donde los puestos deben ser ocupados por quienes demuestran ser los más aptos. Esto también atenta contra la igualdad de oportunidades para aquellos que sí están preparados y merecen el cargo por sus méritos.

Cuando la ciudadanía percibe que los cargos públicos son ocupados por personas incompetentes, se genera desconfianza en las instituciones democráticas y se erosiona su legitimidad. Esto puede tener consecuencias negativas para la estabilidad política y social. En el ámbito político y de la administración pública, la idea de la meritocracia como principio fundamental para la selección de funcionarios se basa precisamente en la noción de que los cargos deben ser ocupados por las personas más capaces y preparadas para desempeñarlos. La falta de preparación, especialmente cuando es consciente y se busca el cargo por intereses personales, se considera una traición a este principio y una forma de corrupción que mina la eficacia del Estado y la confianza ciudadana.

¿Qué han dicho los que saben?

A lo largo de la historia, diversos pensadores han abordado la importancia de la virtud, la competencia y la idoneidad en el ejercicio del poder público, aunque no siempre lo hayan catalogado explícitamente como "corrupción" en los términos modernos.

En su obra "La República", Platón argumenta que los gobernantes deben ser personas sabias y virtuosas, dedicadas al bien común y con un profundo conocimiento de la justicia y el gobierno. La incompetencia y la búsqueda de intereses personales en el poder serían una forma de degeneración del Estado ideal. En "Política", Aristóteles subraya la importancia de la virtud cívica y la capacidad de los ciudadanos para gobernar y ser gobernados. Un gobernante incompetente o motivado por la ambición personal desviaría el propósito de la “polis”, que es el bien común.

Nicolás Maquiavelo, en "El Príncipe", también enfatiza la necesidad de que el gobernante tenga las habilidades y la astucia necesarias para mantener el Estado y garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La incompetencia pondría en riesgo estos objetivos. Algunos Pensadores de la Ilustración (Locke, Montesquieu, Rousseau) destacaron la importancia del contrato social y la rendición de cuentas de los gobernantes ante el pueblo. Un gobernante incompetente estaría incumpliendo tácitamente ese contrato al no poder garantizar los derechos y el bienestar de la ciudadanía de manera efectiva. Montesquieu, con su teoría de la separación de poderes, buscaba precisamente evitar la concentración de poder en manos de personas no aptas. Otros pensadores contemporáneos sobre la ética pública y la buena gobernanza como John Rawls (con su teoría de la justicia como equidad), Amartya Sen (con su enfoque en las capacidades y el desarrollo humano) y numerosos estudiosos de la administración pública y la ciencia política enfatizan la necesidad de la competencia, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público. La incompetencia deliberada o la aceptación de un cargo sin la preparación adecuada se consideran una falta de ética y un obstáculo para el desarrollo y el bienestar social.

¿Qué debemos hacer?

Sin partidos y movimientos políticos creados sobre la base de respuestas originales, propias y filosóficamente sustentadas a los problemas del país o de sus regiones, capaces de hacer escuelas de formación política y reflexión social, responsables para hacer buenas designaciones de candidatos a cargos públicos y ciudadanos responsables capaces de elegir con probidad en un proceso lento de indagación y estudio de las propuestas y verificación de la experiencia y competencias de quienes aspiran a desempeñar cargos de función pública, los problemas no van a cesar. Sin ciudadanos interesados no solo en sus personas y familias sino dispuestos a dar su conocimiento, tiempo, reflexión… a lo que ocurre y a lo que hay que cambiar; poco, muy poco, cambiará. Sin medios de información dispuestos a romper el formato para comunicar la verdad sin exageraciones, generando información sustentada previamente en evidencias, con agentes informativos profesionales, preparados ontológicamente, ni deseos de escandalizar con propósitos de venta, muy poco mejorará.

Tal vez y el primer gran cambio, precedente de la mejora social, siempre debe darse en las personas y las familias. Ninguna institución será exitosa fuera de esta lógica.

-----------

(*) Docente e historiador.

El novelista estadounidense Henry Miller, nos regala esta maravillosa reflexión para tenerla en cuenta al empezar el día: “Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas”.

El sistema de gobierno demócrata en sus bases históricas tiene como antecedente a la ciudad de Atenas, a la postre del siglo VI a.C., es por ello, que muchos autores convergen en la llamada “democracia ateniense”. Sin embargo, es preciso señalar que no siempre se manejó dicho modelo de gobierno democrático y participativo de per se, los antiguos regímenes que se vivieron en la antigua Atenas, correspondían a gobiernos aristocrático, y otros que podrían converger en lo que también sucede en el mundo, pues existió: monarquías, dictaduras, oligarquías y como no tiranías para rememorar.

La más grande reforma fue impulsada a inicios como se dijo anteriormente en el siglo VI, por Solón (en griego Σ?λων) (638 a. C.-558 a. C.) fue un poeta, reformador político, legislador y estadista ateniense, considerado uno de los Siete Sabios de Grecia.

Datos sobre Solón

Liberó a los campesinos de su grave endeudamiento y eliminó la servidumbre por deudas; limitó la extensión máxima de las propiedades; creó un sistema monetario propio de Atenas; limitó el poder de la nobleza sustituyéndolo por una hegemonía de los propietarios; clasificó a los ciudadanos en cuatro clases según su riqueza; y reestructuró las instituciones políticas estableciendo un equilibrio entre la ‘Ecclesia’ (asamblea popular), la ‘Bulé’ (órgano deliberante reservado a las tres clases superiores) y ‘nueve arcontes’ (magistrados, titulares del poder ejecutivo, reclutados entre las dos clases superiores). Es cierto que codificó el derecho ateniense, conservando el sistema penal de ‘Dracón’, legislando sobre muchas otras materias y creando un tribunal al que todos podían apelar (la Heilea). Al establecer la igualdad de los ciudadanos ante la ley hizo posible el posterior desarrollo de la democracia en Atenas.

Solamente los hombres adultos que fueran ciudadanos y atenienses, y que hubieran terminado su entrenamiento militar como efebos, tenían derecho a votar en Atenas. Esto excluía a una mayoría de la población, a saber: esclavos, niños, mujeres y metecos.

Otro de los puntos clave, la edad suficiente para poder votar, y para ello, el punto referencial era la barba, esta señalaba la edad suficiente en varones para ejercer derecho a voto como ciudadano, así se excluía a mujeres y niños, aquellos que carecían de la barba fueron catalogados como «imberbes» (ageneioi).

Etimología de vacancia

La academia sobre la palabra “vacancia”, acepta como raíz latina “vacantia”, además presenta cuatro acepciones, nos interesa por lo menos las dos primeras:

1. adj. Que está sin ocupar.

2. adj. Dicho de un cargo, un empleo o una dignidad: Que está sin proveer. U. t. c. s. f.

Concretamente, nos atañe saber la segunda acepción, es por ello, que revisaremos la importancia de la vacancia de las autoridades electas como mecanismo democrático y por tanto, participativo. 2

Sumario

La palabra democracia, proviene de dos voces griegas “demos” que significa pueblo y “cratos que significa gobierno”, dicho de otro modo, su etimología dice que es el “gobierno del pueblo”, empero, la RAE manifiesta una acepción más larga que termina siendo la misma, procede del lat. tardío democrat?a, y este del gr. δημοκρατ?α d?mokratía., que significa:

f. Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes.

Como se ha mencionado la ‘d?mos’, hace referencia al conjunto de toda la población; existe un consenso al hablar de democracia en dos componentes: “representativa y participativa”. La primera consiste en el ejercicio del voto para elegir a nuestros representantes y un largo etcétera, estos pueden ser autoridades locales, regionales, congresistas y finalmente el presidente de la república. La segunda y las más importante es la ‘participativa’, y es menester hablar sobre ello, sus alcances, su reflexión y su uso como mecanismos constitucionales, lo que en inglés se conoce como checks and balances- pesos y contraspesos.

Mecanismo constitucional

La constitución de 1993, en el Capítulo III, De los derechos políticos y de los deberes, el art. 31.- Participación ciudadana en asuntos públicos, señala literalmente:

[…] “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente.

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.

La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana.

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos” […]

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 26300 – Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, modificada por la Ley N° 30315, la revocatoria es el derecho que tenemos todos los ciudadanos para dejar sin efecto el cargo de las siguientes autoridades: Gobernador Regional, Vicegobernador Regional y Consejeros Regionales. Alcaldes y Regidores (Provinciales o Distritales). Jueces de paz que provengan de elección popular

Procedimiento para solicitar la revocatoria

Para solicitar la revocatoria de alcaldes y/o regidores; y de presidentes regionales, vicepresidentes regionales y/o consejeros regionales, se debe contar con el veinticinco por ciento (25%) de las firmas de los electores de la circunscripción solicitante cuyas firmas de adherentes debieron ser verificadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

La adquisición de kits electorales para la recolección de firmas de adherentes, para promover la revocatoria de autoridades, se podrá efectuar a partir de junio del segundo año de mandato de las autoridades.

La solicitud de Revocatoria se presenta ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de acuerdo al cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en su oportunidad.

La ONPE resuelve la solicitud en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, en caso de ser denegada procede su apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el cual se resuelve en un plazo no mayor de quince (15) días calendario.

De proceder la documentación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoca a consulta popular para las solicitudes admitidas.

Si todo lo señalado anteriormente tiene un procedimiento establecido: ¿Por qué no se dio la revocatoria en la región de Lambayeque con sus tres alcaldes provinciales?, de tal manera que evitemos seguir en el atraso en nuestra región Lambayecana, -y esa, dilecto lector- es una evaluación cívica que cada uno de nosotros deberá responder.

-----------

(*) Ingeniero y magíster en Gestión Pública | luricsoji19@gmail.com

La ilusión desmedida de ciertas autoridades de la región Lambayeque de que el pontífice León XIV pise otra vez estas tierras, resultaría un despropósito eminente, cuando bien se sabe que el santo padre tiene una agenda ya marcada y probablemente recargada, por lo que es muy posible que por un tiempo más no podrá llegar a esta parte del Perú donde realizó su labor pastoral.

Las reuniones continuas que hoy realizan ciertas autoridades locales, conjuntamente con algunos miembros del Ejecutivo y la gobernación regional, marcan un apresuramiento inconsistente de lavarle la cara a algunos sectores de la jurisdicción de Lambayeque, incluida la provincia de Chiclayo, donde hay mucho que cambiar, mejorar y modificar. Quieren, desatinadamente y sin sustento técnico alguno, maquillar a su libre albedrío lo que no se pudo – por lo menos -, corregir con planificación.  

El PAPA lo sabe

La labor pastoral realizada en el Perú durante largos años por Robert Prevost, hoy máximo representante del catolicismo a nivel mundial, le ha permitido conocer a profundidad los álgidos problemas en los que se encuentra el país.

Él no solo fue testigo presencial y de excepción de todo lo malo que ocurre en el Perú, también hizo un trabajo constante de concientización y persistente labor para pedirle a los actores políticos de gobierno que cambien lo que mal hecho y mediten sobre la forma de mejorar y no ladronear.

Esso han dado lugar para que el hoy santo padre sepa todo lo malo que ocurre en la tierra que antes fue su habitad natural y a pesar de sus plegarias constantes, hoy todo marcha de mal en peor.

El oportunismo indebido

El nombramiento de Robert Prevost como sumo pontífice, sorpresivo por cierto, viene siendo utilizado por algunos personajes que con un catolicismo lleno de hipocresía y mentiras inconsecuentes, quieren mejorar y reformar las estructuras básicas de ciudades que por largos años siguen sosteniendo una absoluta precariedad que ni sus antecesores ni ellos mismos han podido revertir.

Los pedidos descomunales

Como no podía ser menos, el aprovechamiento de un acontecimientos superlativo marcado por una mano celestial, como es el nombramiento del papa León XIV, ha dado lugar para que, rápidamente y en forma subrepticia, ciertas autoridades hayan diseñado en tiempo récord que en Lambayeque debe iniciarse una sugestiva “Ruta Turística del papa”, lugar que bien no podría ser favorable para el incremento del turismo receptivo; ya que, bajo las condiciones de precariedad absoluta que hoy se encuentra la región, fundamentalmente la ciudad de Chiclayo, probablemente la decisión que tome el Vaticano para que venga por estos lares, sería postergada hasta una nueva oportunidad sin fecha aún prevista para que la feligresía pueda sentir su presencia como un bálsamo de paz y religiosidad.

El pedido clamoroso disfrazado

Las autoridades que hoy vienen pugnando por que se establezca en Lambayeque la ruta turística del papa, arguyen y proponen que el turismo en cada una de sus jurisdicciones se verá incrementado sustancialmente y para ello piden a voz en cuello y sin fundamentos reales, que se les entregue presupuestos para que – según sus propuestas, estos sirvan para mejorar los lugares turísticos ubicados donde ellos son autoridad, cuando bien sabemos que los presupuestos que se le asignan para supuestamente mejorar su alicaída infraestructura o la condición de vida de sus ciudadano, si bien estos no son gastados y, si lo gastan, lo hacen mal, más aun cuando es bien sabido que el usufructo indebido de los dineros linda con el robo sistemático que incrementa la corrupción en esta parte del país.

-------

(*) Consultor en contrataciones del Estado.

El Perú enfrenta una crisis social sin precedentes, marcada por un alarmante aumento de la violencia, una creciente desigualdad económica y flujos migratorios internos y externos que desafían la cohesión nacional, en el 2023, la pobreza monetaria afectó al 29% de la población, es decir, a 9,78 millones de personas, mientras que la pobreza extrema alcanzó al 5,7%, afectando a 1,92 millones de peruanos; simultáneamente, los homicidios y las extorsiones se han disparado, con 1.493 asesinatos registrados hasta octubre de 2024 y un promedio de 59 denuncias diarias de extorsión, estos fenómenos, lejos de ser aislados, están interconectados, erosionando los lazos de confianza y solidaridad que sostienen nuestra sociedad.

Violencia: una amenaza cotidiana

La violencia en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes, en el 2024, se registraron 1.493 homicidios hasta octubre, superando los 1.431 del año anterior, regiones como Lima, La Libertad, Callao, Piura e Ica concentran la mayoría de estos crímenes; la extorsión también ha crecido exponencialmente, con 14.220 denuncias entre enero y agosto de 2024, lo que equivale a una denuncia cada 24 minutos, este clima de inseguridad ha llevado al cierre de aproximadamente 3.000 bodegas en Lima, según la Asociación de Bodegueros del Perú.

Desigualdad: una brecha que se ensancha

La pobreza monetaria en el Perú aumentó del 27,5% en 2022 al 29% en 2023, afectando a 9,78 millones de personas, la pobreza extrema también creció, alcanzando al 5,7% de la población, es decir, a 1,92 millones de peruanos, en áreas urbanas, la pobreza subió de 24,1% a 26,4%, mientras que en Lima Metropolitana se duplicó desde el periodo prepandemia, pasando de 14,2% en 2019 a 28,1% en 2023; Además, departamentos como Cajamarca, Loreto, Pasco y Puno presentan niveles de pobreza superiores al 40% .

El acceso a servicios básicos también es limitado, en el 2023, más del 80% de la población en departamentos como Puno, Ucayali, Loreto y Huancavelica carecía de acceso al paquete integrado de servicios básicos, que incluye agua, saneamiento, electricidad, telefonía móvil e internet.

Migración: desplazamientos que desafían la cohesión social

La migración interna ha llevado a miles de peruanos a trasladarse del campo a las ciudades en busca de mejores oportunidades, generando asentamientos informales y sobrecargando los servicios públicos, simultáneamente, la migración extranjera, principalmente venezolana, ha aumentado sin una política clara de integración, lo que ha generado tensiones sociales y discursos xenofóbicos, estas dinámicas migratorias, sin una gestión adecuada, contribuyen a la fragmentación del tejido social.

El Perú se encuentra en una encrucijada crítica; la violencia, la desigualdad y la migración no son fenómenos aislados, sino síntomas de un modelo social que ha fallado en garantizar seguridad, equidad y cohesión, es imperativo que el Estado, la sociedad civil y el sector privado trabajen conjuntamente para implementar políticas integrales que aborden estas problemáticas de manera efectiva.

Se requiere una reforma profunda en los sistemas de seguridad, justicia y servicios sociales, así como estrategias claras para la integración de migrantes y la reducción de las brechas económicas y sociales, solo a través de un compromiso colectivo y sostenido podremos reconstruir el tejido social y avanzar hacia un Perú más justo, seguro y solidario.

La pregunta que debemos hacernos no es solo "¿Qué nos está pasando, Perú?", sino también: "¿Qué estamos dispuestos a hacer para cambiar esta realidad?"

----------- 

Doctor:

Correo: esalazars@usmp.pe

Teléfono: 979217638

La inversión pública representa un pilar esencial para el desarrollo socioeconómico de los países. En el caso peruano, pese al crecimiento sostenido de los recursos presupuestales durante las últimas dos décadas, persisten brechas significativas en infraestructura, provisión de servicios básicos y bienestar ciudadano (Calle & Tello, 2024). Esta paradoja evidencia limitaciones estructurales que restringen la capacidad del Estado para convertir los recursos financieros en resultados tangibles, afectando tanto la legitimidad de las instituciones como la calidad de vida de la población.

Durante los últimos 20 años, el Perú ha logrado incrementar de manera constante su presupuesto destinado a inversión pública. Aun enfrentando crisis políticas recurrentes, impactos externos adversos y limitaciones estructurales persistentes, el país ha mantenido un flujo importante de recursos orientados a infraestructura, servicios esenciales y desarrollo territorial.

Sin embargo, este aumento de recursos ha coexistido con una realidad inquietante: las brechas de infraestructura siguen abiertas, los niveles de satisfacción ciudadana no mejoran de forma sostenida, los proyectos inconclusos se acumulan y la percepción de ineficiencia estatal se agudiza.

Lejos de consolidarse como un verdadero motor del desarrollo, la inversión pública peruana atraviesa hoy una crisis silenciosa de eficiencia. Esta crisis no radica en la escasez de presupuesto, sino en la limitada capacidad del aparato público para transformar dichos recursos en bienes y servicios de calidad, dentro de plazos razonables y con impactos efectivos en el bienestar de la población.

El presente artículo se propone examinar las raíces estructurales de esta crisis, identificar los principales nudos críticos que enfrenta el sistema de inversión pública, y plantear un conjunto de reformas técnicas indispensables orientadas a revertir el deterioro progresivo de la gobernanza en la gestión de la inversión estatal.

Diagnóstico incompleto

Durante años, la ejecución presupuestal ha dominado como principal indicador de desempeño de las entidades públicas. La velocidad de gasto —y no la calidad de la inversión— ha sido el eje de evaluación por autoridades, medios y analistas. Se celebra el cumplimiento del 80% o 90% de ejecución presupuestal, sin considerar rigurosamente si esos recursos se transforman en proyectos sostenibles y de alto impacto (Calle & Tello, 2024).

Este énfasis en la velocidad del gasto ha generado un perverso sistema de incentivos donde lo importante es devengar rápidamente, sin que se evalúe rigurosamente la calidad técnica de los proyectos ejecutados, la sostenibilidad de las obras, su impacto real en el desarrollo territorial o su alineamiento con políticas públicas de largo plazo.

Como consecuencia: Se priorizan proyectos "rápidos" de ejecutar, aunque de bajo impacto estratégico. Se recurre a licitaciones apuradas, sin controlar la calidad de los expedientes técnicos. Se generan cronogramas de ejecución artificialmente optimistas, destinados a cumplir metas de gasto más que cronogramas realistas. Las paralizaciones, adendas, sobrecostos y arbitrajes son vistos como eventos aislados, y no como el resultado de fallas estructurales previas.

Esta obsesión por gastar rápido ha desplazado el verdadero objetivo de la inversión pública: mejorar la provisión de bienes y servicios públicos que contribuyan de manera sostenible al bienestar de la población.

Los síntomas de un sistema disfuncional

El deterioro de la inversión pública peruana es visible en múltiples dimensiones. Si bien existen variaciones entre sectores, regiones y niveles de gobierno, los patrones problemáticos son sorprendentemente recurrentes:

Proliferación de expedientes técnicos deficientes: Una de las principales causas estructurales de los problemas de inversión pública radica en la calidad deficiente de los expedientes técnicos (Propuesta Ciudadana, 2025). Muchos proyectos se inician con estudios incompletos de ingeniería, presupuestos mal formulados y análisis de riesgos inexistentes, lo cual deriva posteriormente en paralizaciones, adendas y sobrecostos (BID, 2021).

Contrataciones públicas dominadas por el criterio del precio mínimo: El marco de contrataciones prioriza el precio mínimo ofertado, sin ponderar adecuadamente la experiencia técnica ni la solvencia financiera de los postores (BID, 2021). Esto ha favorecido la adjudicación de contratos a empresas sin la capacidad operativa real para ejecutar proyectos complejos, desencadenando ampliaciones contractuales y deterioro de la calidad de las obras.

Supervisión técnica débil y escasamente profesionalizada: La supervisión de obras frecuentemente se limita a controles documentales y administrativos, sin la capacidad técnica especializada para fiscalizar el avance físico y la calidad constructiva (Moreno, 2024). Los problemas emergen tardíamente cuando ya son litigios complejos. En lugar de un control activo y preventivo, predomina un control documental o meramente administrativo, que detecta los problemas cuando ya se han convertido en conflictos contractuales complejos o arbitrajes millonarios.

Fragmentación extrema de los portafolios de inversión: El afán de "mostrar resultados" ha promovido la proliferación de proyectos pequeños, dispersos y desarticulados, que consumen recursos de gestión, elevan los costos administrativos, y ofrecen impactos marginales sobre las brechas estructurales de infraestructura. Se privilegia la cantidad de proyectos inaugurados por las autoridades, sobre la calidad de los proyectos estratégicos integrales que permitirían resolver de fondo los déficits acumulados de agua potable, saneamiento, salud, transporte o educación.

Alta rotación y precariedad de los equipos técnicos: La inversión pública demanda equipos técnicos estables, altamente capacitados y con conocimiento acumulado sobre las normativas, los procesos, los riesgos y las particularidades inherentes al ciclo de inversiones. No obstante, la elevada rotación política, tanto en los gobiernos subnacionales como en diversas entidades del gobierno central, desmantela de forma recurrente las capacidades instaladas (Moreno, 2024).

Cada cambio de autoridad suele conllevar el reemplazo de personal técnico, la interrupción de expedientes en curso, la discontinuidad en los procesos de seguimiento y la necesidad de reiniciar aprendizajes y capacitaciones desde etapas elementales. Esta dinámica fragmenta el conocimiento institucional, debilita la capacidad de gestión y afecta la continuidad y eficiencia de los proyectos de inversión pública.

Los costos crecientes de la ineficiencia

El resultado de estas fallas acumuladas es dramático: Proyectos paralizados durante años, sin fecha de reinicio, afectando el bienestar de miles de ciudadanos. Sobrecostos millonarios, absorbidos por el presupuesto público, en perjuicio de otros sectores. Arbitrajes judicializados, que bloquean recursos durante años en litigios contractuales. Infraestructura inconclusa o de baja calidad, que en algunos casos debe ser demolida y reconstruida. Desconfianza ciudadana creciente, alimentada por la percepción de corrupción, incompetencia o ineficiencia sistémica.

Estos problemas, más allá de los escándalos individuales, están erosionando progresivamente la legitimidad del Estado como proveedor confiable de bienes públicos.

La raíz del problema

Detrás de estos síntomas no hay únicamente problemas técnicos, sino fallas de gobernanza más profundas. El sistema de inversión pública peruano enfrenta una debilidad estructural en su capacidad de:

Control ex-ante de calidad: No existe un filtro preventivo robusto que garantice la calidad técnica de los proyectos antes de ser licitados.

Filtrado de contratistas: Los procesos de selección no logran impedir la participación de empresas no solventes.

Supervisión en tiempo real: Las herramientas de monitoreo físico y financiero son fragmentadas, lentas o manipulables.

Gestión de riesgos: Los contratos transfieren al Estado buena parte de los riesgos que debieran asumir los contratistas.

Continuidad técnica: La inversión pública está excesivamente expuesta a los ciclos políticos y carece de servicios civiles profesionalizados en sus oficinas técnicas. En otras palabras: el desafío no es presupuestario, es institucional.

Las reformas técnicas imprescindibles

Romper este ciclo de ineficiencia requiere reformas concretas, viables y aplicables sin necesidad de crear nuevas leyes, sino fortaleciendo la aplicación rigurosa de las normas ya vigentes.

Instaurar unidades técnicas de control ex-ante de expedientes Todo expediente técnico debería ser sometido obligatoriamente a revisión especializada previa a la licitación. Estas unidades técnicas podrían funcionar dentro de los gobiernos subnacionales, bajo supervisión nacional, o como órganos especializados autónomos.

Reestructurar los portafolios de proyectos. Limitar el número de proyectos pequeños y priorizar intervenciones integradas y de alto impacto territorial. Introducir criterios objetivos de rentabilidad social, cierre de brechas y sostenibilidad intersectorial.

Reformar los modelos de contratación. Adoptar modelos contractuales internacionales como FIDIC, que redistribuyen de manera más equilibrada los riesgos entre el Estado y los contratistas (Propuesta Ciudadana, 2025). Fortalecer los filtros de admisibilidad técnica y financiera en los procesos de selección.

Fortalecimiento técnico de las unidades de supervisión de obra. Fortalecer las capacidades técnicas de los supervisores y garantizar su estabilidad laboral, reduciendo la dependencia de supervisores externos sin responsabilidad directa (Moreno, 2024).

Desarrollar sistemas de monitoreo público transparente. Publicar de manera obligatoria los avances físicos, financieros y contractuales de cada proyecto en plataformas digitales accesibles. Incorporar alertas tempranas de desviaciones presupuestales o plazos.

Blindar los equipos técnicos frente a los cambios políticos. Establecer un servicio civil especializado para los equipos de inversión pública, con meritocracia, carrera técnica y blindaje frente a la rotación política.

--------

(*) Economista, magíster en Gerencia Pública.

En 1875, el naturalista italiano Antonio Raimondi, en sus viajes por el norte del Perú, colectó un algodón inusual de hojas acorazonadas y textura aterciopelada, al que bautizó como ‘Gossypium tomentosum’. Posteriormente, medio siglo después, el botánico alemán Oskar Ulbrich rebautizó a esta especie como ‘Gossypium raimondii’, el “algodón de Raimondi” o “algodoncillo”.

En la región Lambayeque, en el Perú y en el mundo, ahora es ampliamente conocido el “algodón pardo” o “algodón de color” (nombre científico: ‘Gossypium barbadense’), por la variedad de tonos naturales en el color de la fibra que los frutos capsulares que este arbusto ofrece al abrirse, que va desde el blanco hasta el marrón oscuro.

Esta especie en los últimos años ha cobrado gran importancia, motivo por el cual las áreas de cultivo han sido ampliadas por la demanda de tejidos de color natural para exportación. Pero en la región Lambayeque, está presente otro recurso genético muy importante, el algodoncillo (Gossypium raimondii), arbusto silvestre cuya distribución natural se conoce restringida actualmente en zonas puntuales de los distritos Chongoyape (Lambayeque), Chilete (Cajamarca) y San Benito (La Libertad).

Según la Lista Roja de Especies Amenazadas, un censo que mide el grado de amenaza de los seres vivos en el planeta, el algodoncillo es un endemismo peruano que estaría categorizado “En Peligro de Extinción”. Esta especie pasa desapercibida a diferencia del algodón común, porque sus frutos son pequeños y la fibra mínima, nada llamativas desde el punto de vista industrial; sin embargo, el algodoncillo constituye una reserva genética muy importante como arbusto tolerante al estrés hídrico. Se conoce que el algodoncillo se habría cruzado con el algodón asiático ‘Gossypium arboreum’ para dar origen al conocido algodón industrial (Gossypium hirsutum) hace millón y medio de años.

Un hábitat difícil

Los arbustos de algodoncillo suelen crecer en zonas pedregosas a orillas de quebradas, hecho que las hace vulnerables frente a las crecidas durante la estación lluviosa, donde se pierden los individuos más expuestos a la corriente. Por otro lado, la regeneración natural a partir de semillas es muy difícil, algo común en arbustos y árboles propios del Bosque Tropical Estacionalmente Seco (BTES), sus semillas presentan el fenómeno de dormancia, un estado de reposo temporal conocido en semillas, por lo que no germinan inmediatamente, y sólo se ven favorecidas por factores especiales, como los períodos de alta humedad y cuando la temperatura sobrepasa los 33°C.

Los individuos que llegan a crecer luego de la germinación son exterminados por el pastoreo, llegando solo a permanecer los pocos individuos bien establecidos y que se encuentren a nivel de cercas, los cuales son podados, quemados o eliminados por los dueños de los predios rurales. Por estas razones, es importante que se continúe conservando nuestro “algodoncillo” en la región Lambayeque.

Iniciativas de conservación

El equipo de investigación que lideró el doctor Guillermo Delgado Paredes del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, estudió este recurso fitogenético, iniciando su conservación ‘in situ’, propagación clonal y conservación ‘in vitro’ (Lic. Cecilia Vásquez Díaz). Asimismo, destacan trabajos de tesis que investigaron la propagación clonal mediante estacas y conservación ‘ex situ’ (Lic. Ana Estrada Timaná y Lic. Jean Ballena Farro).

Por otro lado, en el Centro de Esparcimiento de la UNPRG se estableció un arboreto con “algodoncillo”y “algodón pardo”, hasta hoy mantenido por el Ing. Pedro Custodio Ayasta, cuyo responsable de su establecimiento inicial fue el Dr. Leopoldo Vásquez Núñez, reconocido botánico a nivel nacional, quien continúa investigando estas especies junto con la Dra. Olinda Vásquez Arca, confirmando uno de sus estudios recientes el grado de amenaza que la Lista Roja categoriza al algodoncillo.

----------

(*) Bióloga, doctora en Ciencias Ambientales.