¡Promoviendo la Paz! Con la finalidad de promover la cultura de paz y reconocer los principales desafíos que tienen las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a través de la cooperación internacional, iniciativas, proyectos interinstitucionales y experiencias, durante los días 4 y 5 de mayo, se realizaron las Consultas Regionales 2025 PBAR para la Revisión de la Arquitectura para la Construcción de Paz 2025 (2025PBAR, por sus siglas en inglés), organizadas por el Grupo Internacional de Paz (GIP) e Interpeace, con el apoyo del gobierno de Canadá; espacio de diálogo que reunió a representantes de organizaciones y líderes por la paz de más de 15 economías internacionales como Argentina, Aruba, Chile, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Brasil, Colombia, Ecuador, México, USA y Perú.
Estos encuentros son una evaluación integral del conjunto de instituciones, marcos y mecanismos establecidos por las Naciones Unidas (ONU) para apoyar y promover los esfuerzos de consolidación de la paz en todo el mundo. Bajo el mandato de las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, la 2025PBAR revisa de manera exhaustiva la efectividad de la ONU en la respuesta a los desafíos actuales e identifica oportunidades para mejorar sus iniciativas de consolidación de la paz y su apoyo a diversas acciones en este ámbito. El documento de política del Secretario General, Nuestra Agenda Común, destaca el papel fundamental de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la provisión de insumos que enriquezcan la 2025PBAR.
La consulta regional para América Latina, realizada en Colombia, reflejó el compromiso de permitir que los socios regionales diseñen libremente sus propias metodologías de consulta y elaboren un documento final que consolide los desafíos priorizados, estrategias y recomendaciones, basándose en los temas discutidos a nivel nacional y regional.
“Por primera vez la sociedad civil tiene un papel de mayor incidencia en el PBAR y este es un terreno ganado gracias al trabajo mancomunado y riguroso de las OSC constructoras de paz en la región, ahora nos organizamos como la coalición latinoamericana para la construcción de paz”, señaló Beatriz Mejía, CEO del Grupo Internacional de Paz (GIP).
Acercamiento
Estas iniciativas buscan acercar las discusiones y la formulación de políticas a nivel internacional con los contextos regionales, las realidades territoriales y las circunstancias nacionales. Asimismo, las consultas tienen como objetivo amplificar nuevas voces, empoderar a las OSC dedicadas a la construcción de paz e integrar las lecciones aprendidas a nivel local, nacional y regional en el proceso de la 2025PBAR. Además, buscan demostrar la importancia de involucrar a los actores de la sociedad civil en los procesos de la ONU, haciendo referencia a los contextos específicos que moldean las relaciones y las interacciones entre las OSC y la ONU a nivel nacional y regional.
"Durante una jornada intensa de talleres, workshops e intercambio constante, debatimos sobre los desafíos y oportunidades actuales de la Construcción de Paz regional. Además, dialogamos acerca de las metodologías y mecanismos para un mejor trabajo colaborativo entre Naciones Unidas y las OSC, haciendo énfasis en la inclusión de las víctimas, los refugiados y las minorías para mejorar su comprensión de los contextos locales y adaptar los mecanismos operativos en consecuencia. Para Argentina es un gran desafío la Construcción de Paz equitativa y horizontal a lo largo y ancho de toda la sociedad.", señaló Iñaki Agüero Clarembaux, Coordinador General del Centro de Debate Multidisciplinario Argentina (CEDEMA).
Desde Perú, a través de la Red Internacional de Estudiantes por la Paz (Red Espaz Chiclayo), estamos comprometidos con el desarrollo de la educación para la paz, y promover espacios de diálogo, intercambios educativos, culturales y cooperación internacional. Asimismo, se coordinó con la directiva del Grupo Internacional de Paz, para ser partícipes de nuevas propuestas e iniciativas que incluyan la promoción de la cultura de paz y desarrollo social e involucrar a jóvenes, líderes y voluntarios que contribuyan al desarrollo de nuestra comunidad lambayecana.
(*) Articulista.
En sus 204 años de independencia, el Perú ha demostrado resiliencia democrática, pero hoy enfrenta un escenario de alta incertidumbre política y fragilidad institucional que amenaza su estabilidad. Las recientes crisis han evidenciado la falta de un liderazgo claro y de un rumbo estratégico para el país, condiciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera esenciales para garantizar un crecimiento sostenible y reducir la pobreza.
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico global será limitado en los próximos años, lo que sumado a la desaceleración regional y la persistente inflación eleva los riesgos para la estabilidad macroeconómica del Perú. En este contexto, controlar la inflación, proteger a los sectores vulnerables y reforzar la sostenibilidad fiscal son prioridades impostergables.
Sin embargo, el país atraviesa un vacío de gobernabilidad marcado por constantes cambios en el gabinete más de cincuenta ministros en apenas un año de gestión presidencial, lo que ha deteriorado la confianza de la ciudadanía y los inversionistas. La ausencia de reformas estructurales en el discurso y en la acción gubernamental limita las posibilidades de dinamizar la inversión privada, clave para generar empleo y mejorar la calidad de los servicios públicos.
Confianza y capacidad
La reciente rebaja en la calificación crediticia internacional evidencia la desconfianza en la capacidad del país para sostener un manejo responsable de sus finanzas. Aunque Perú aún mantiene una de las mejores calificaciones en Latinoamérica, el costo del financiamiento se incrementa en un contexto global adverso, afectando la ejecución de proyectos clave para el desarrollo.
El camino hacia la OCDE, como lo destacan los informes de revisión de pares y los análisis de expertos en gobernanza, exige fortalecer la institucionalidad y mejorar la calidad del gasto público. El Perú debe avanzar hacia una gestión fiscal que priorice resultados y no solo el cumplimiento de metas de ejecución presupuestaria. Asimismo, se debe garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, eliminando la percepción de impunidad que socava la confianza ciudadana y empresarial.
Hoja de Ruta
El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 ofrece una hoja de ruta para el desarrollo sostenible, proponiendo objetivos como el fortalecimiento de capacidades humanas, la gestión territorial sostenible, el incremento de la productividad y la construcción de un Estado al servicio de las personas. Sin embargo, su implementación requiere instituciones sólidas, profesionales capacitados y voluntad política para pasar del papel a los resultados.
El escenario pospandemia expone las profundas debilidades estructurales que aún persisten, como la alta informalidad laboral, el déficit de infraestructura y la limitada capacidad de respuesta del aparato estatal. La crisis sanitaria demostró que, sin instituciones eficaces, el crecimiento económico no se traduce en bienestar ni en servicios públicos de calidad.
Frente a este panorama, el desafío es claro: transitar de la confrontación política hacia consensos que permitan implementar políticas fiscales y económicas coherentes con las recomendaciones de la OCDE. Se necesita una visión de mediano y largo plazo, con reformas que impulsen la competitividad, promuevan la diversificación productiva y aseguren un crecimiento inclusivo que cierre las brechas sociales y regionales.
El Perú debe aprender de las experiencias de los países que lograron su adhesión a la OCDE, como Colombia, donde la estabilidad institucional fue clave para avanzar en la agenda de reformas. Solo así se podrá garantizar un clima de negocios predecible y propicio para atraer inversiones que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de toda la población.
Hoy más que nunca, el país necesita líderes capaces de entender los retos globales y locales, y gestores públicos comprometidos con una verdadera transformación que permita al Perú no solo acceder a la OCDE, sino también construir un futuro más próspero, inclusivo y sostenible.
(*) Magister en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión Pública, Economista-Investigador Renacyt y Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégica.
(**) Economista de Esan, Egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
El tipo de cambio (USD/PEN) viene reportando caídas no vistas desde finales del tercer trimestre del 2020, es decir hace aproximadamente cerca de 5 años, posicionándose hasta hace unos días en S/3.53 por dólar. Así lo vienen reflejando los promedios móviles simples (Bloomberg) que muestran caídas bastantes pronunciadas del tipo de cambio, lo que supone que en los próximos meses probablemente haya una tendencia a una apreciación de la moneda local (sol peruano) frente al dólar americano, y no solo de la moneda local sino de las demás monedas nacionales de los distintos países del orbe. Sin embargo, debemos mencionar que el dólar americano es uno de los activos más inestables que existen debido a que absorbe diversos sucesos políticos, económicos y/o sociales, lo que hace imposible saber y diagnosticar su comportamiento a futuro.
El tipo de cambio tiene un impacto transcendental en las relaciones de un país con sus pares. Por ejemplo, en lo que respecta a las exportaciones, si es que se asume que existe una depreciación de la moneda local, es decir el dólar americano tiene un mayor valor que esta, a los países les conviene que haya una mayor depreciación porque genera un mayor valor en los productos que se venden en el exterior y como consecuencia una mayor entrada de divisas; y viceversa. En cambio, en lo que respecta a las importaciones, una mayor depreciación de la moneda local respecto al dólar americano desfavorece a aquellas empresas que compran productos del exterior, como por ejemplo maquinarias, porque éstas son más costosas impactando negativamente en las hojas de balance de las empresas.
Esto último puede tener un gran golpe en la economía, porque podría generar una mayor inflación. Por ejemplo, hay algunos productos agrícolas que se importan desde el exterior que sirven de insumo para productos de primera necesidad consumidos a nivel local, como por ejemplo el maíz amarillo duro dirigido al sector avícola; la soya para la producción de productos que sirven para la cocción de alimentos; o el trigo que es el insumo principal para la producción panadera. Por lo tanto, es de vital importancia hacer seguimiento continuo a este activo.
Por lo tanto, si bien existe un mercado cambiario libre y cuyo precio lo define el propio mercado, el BCRP realiza pequeñas intervenciones o ‘flotación sucia’, a través de la compra y venta en el mercado spot o la emisión de instrumentos financieros indexados al tipo de cambio.
¿Existen indicios de una apreciación futura?
Para conocer un poco más sobre su trayectoria actual, se pueden considerar algunos eventos pasados que sirven como plataforma de análisis. Por ejemplo, se observa que las monedas andinas en general vienen atravesando momentos muy buenos. Los países con mayor PBI dentro de la región Latinoamericana como Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile, muestran desde el inicio del 2025 un fortalecimiento económico bastante considerable que generan apreciaciones continuas de sus monedas respecto al dólar americano.
Dichos países vienen siendo favorecidos por el aumento de los precios de los metales, principalmente oro y cobre que según cifras del BCRP presentan un crecimiento de 24.7 % y 7 % en lo que va del año, respectivamente; o por ejemplo el caso del precio de la soya que viene incrementándose a un ritmo de 17 % y que impacta en Brasil y Argentina, principalmente. Tal es el efecto que el real brasileño es la moneda con mayor apreciación en los últimos meses con casi 14 % (Bloomberg).
Hay varias razones que sostienen la fuerte caída del dólar americano. Una primera son los datos a junio del 2025 que viene arrojando EEUU sobre distintos sectores de la economía. Por ejemplo, el desempleo muestra una cifra superior a la tendencia por primera vez después de casi dos años, principalmente en el sector proveedores de servicios como los profesionales y empresariales, dentro del subsector salud y educación.
Esto puede dar una visión de enfriamiento de la economía, por lo que eventualmente podría verse una respuesta rápida de parte de la Reserva Federal (FED) en reducir sus tasas de interés referenciales para incentivar en el corto plazo tanto el consumo como la inversión. Sin embargo, en su último reporte muestra una abstención ante dicha política monetaria expansiva ya que analizan que el mercado laboral aún es sólido.
Todo ello, y tras las constantes movidas arancelarias de parte de EEUU y que últimamente vienen generando zozobra en los mercados de capitales, podría verse una moneda local con mayores fundamentos en la solidez, reflejado en toda Sudamérica. De tomar una decisión la FED de reducir su tasa de interés y que el BCRP aún mantenga una política más aislada de la coyuntura internacional, no nos sorprendería que pueda aún tener espacios de mayor apreciación del sol a futuro.
(*) Economista, director de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
Podría pensarse que, cuando el barco se hunde, el capitán es el timonel sin dudas ni murmuraciones, pero si la tormenta es un esperado huayco que llega hasta la plaza histórica, tal vez no sea menester para el consciente productor de memes a quien no le pagan ni un sol por ello, porque sabe que, por medio del meme, sigue vigente tras su carrera a palacio. Eso le han aconsejado, porque cada vez que habla es insumo perfecto y gratuito para la manufactura del meme. Creo que es el único peruano que reconoce que los medios de comunicación lo persiguen para ver cuándo habla mal para hacerle memes. Sin embargo, el atrevimiento, aunque real, es que en plena emergencia en Trujillo sostenga y delirantemente diga: «Me interesan los jóvenes del Callao» (Infobae), se evidencia que la tiene clara que un joven puede ser un voto y mientras más espacio genere tendrá mejores opciones de ser presidencial.
Estar en un lado mediante un espacio universitario no es lo mismo que tener su propia estatua, perpetuarse como político en cualquier espacio se corresponde con una filosofía de vida, muchas veces transgrede las buenas prácticas de gestión de los recursos. Aunque llevando picos y palanas a los vecinos afectados no soluciona nada. Solo es populismo, pero es necesario estar para la pantalla de TV, aunque lo insulten, aunque le digan de todo: él lo sabe y lo capitaliza como un individuo con una coraza resistente, sin pretender que se le diga que es un caradura sin sangre en la cara. Igual que la mami Dina, que un día recreó la idea que son los padres de los peruanos, mejor me quedo huérfano. La omnipresencia es un recurso poco dialéctico para cualquier racionalidad, aunque en la política todo es válido —aunque ajeno a lo ético—, incluso un meme. Sería interesante comprender el significado de gobernador de un pueblo con estirpe, abolengo y señorío.
Poder por poder
Tanto como ser presidente de un país, se yergue un gobernador, pues se asume que con liderazgo o poder enfrenta los problemas que le corresponde. Si le interesa los jóvenes del Callao sería interesante que algún día nos diga que le interesa los jóvenes de Pataz, que son de su mismo territorio. Los intereses personales en un sobre manila es el autoencargo que se vende a diestra y siniestra, con el fin de mostrarlo como peculiar gobernador memero, mas en realidad se trata de una estrategia política que la conoce o le han dicho que es un modo de operar frente a la pantalla. No importa si al final termina como meme todo lo que diga, porque “la amistad se logra cuando hay amigos y se hacen en todas partes”, incluso cuando el huayco ingresa a la ciudad repentinamente.
Ser político que gobierna un espacio, pero como holograma aparece en otro espacio no es el valor de la representación o la versatilidad de un político, parece que el meme lo espera en cualquier esquina y nadie sabe cuál es el paradero como gobernador; sin embargo, puede explicarse de alguna manera; es decir, ningún político, mucho menos si tiene plata como cancha, dejaría de ser una representación interesante del existencialismo. En la lengua y prosapia de Sartre: «[e]l hombre es el único que no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia». De este modo, el querendón a los jóvenes del Callao y el que ha olvidado a los vecinos de Pataz es único e indivisible, aunque múltiplo de todo, porque se ha concebido de este modo, él se quiere de este modo y se perpetúa de tal manera. Finalmente, el insumo para cualquier divertido meme es una idea preconcebida por el mismo Sartre, con el fin de demostrar su propia existencia, aunque ser omnipresente a costa de un meme no tenga un resquicio moral. Dejará siempre para repensar que los políticos han hecho de la política La nausea junto a La mosca dentro del tintero y que por ello se puede decir que ser existencialista o buscador de la omnipresencia como memero para ser presidencial es muy peligroso, tanto como cruel chistoso.
(*) Docente e investigador Renacyt. Palmas Magisteriales 2016.
Acudiendo al refrán “lo que no se ordena, desordena”, nos permite resumir que esta acepción básica en el ‘modus vivendi’ de una sociedad organizada, es un recordatorio de que el ordenamiento en el quehacer ciudadano es fundamental para el buen funcionamiento de los sistemas necesarios para mantener el orden y no el desorden conducente al caos y la ineficiencia en todos sus niveles, que hoy en día son prevalentes en el Perú.
Hoy en día, en el Perú, las severas condiciones de precariedad moral que imperan son razones suficientes para colegir que los entes de control no están funcionando de la manera tal que las circunstancias lo exigen, tal es así que la Contraloría General de la República no propone por lo menos un sistema de control eficaz ni siquiera en la interna de su aparato funcional, ya que en razón de los hechos fácticos de su falta de control, ponen al descubierto que ni ellos pueden controlar sus procesos constructivos para refaccionar su infraestructura, necesaria para el desarrollo de su labor de administración y el planeamiento para la realización de sus sistemas de control.
La referencia mediata
La remodelación del inmueble ubicado en el casco central de Chiclayo, de propiedad del mismo órgano contralor, cuyos trabajos se encuentran paralizados, no solo causa una preocupación extrema del por qué este organismo no es capaz de controlar los procesos constructivos de la infraestructura de su propiedad, sino también pone al descubierto la ineficiencia de su aparato funcional evidente que, al parecer, no es el idóneo y eficiente cuando se trata de cautelar los dineros del Estado en razón de su imperativa obligación de poner a buen recaudo los presupuestos asignados para cumplir con el objetivo final.
La insolvencia de su aparato funcional
En el ámbito laboral, la acepción referenciada como “lo que no se ordena, desordena” tiene una connotación sustantiva para sostener que un equipo sin reglas ni procedimientos claros, tiende a perder eficiencia y productividad, condiciones que a la luz de las evidencias se estarían dando en la funcionabilidad del sistema de control a cargo de la CGR, por cuanto, sino es capaz de controlar lo que es suyo, no es posible asegurar y garantizar que la labor de control en otros ámbitos, sean los que necesariamente deben ser realizados con total eficiencia y oportunidad, razones suficientes que siendo tal cual, ponen en extrema indefensión los presupuestos dinerarios y el fin que persigue su utilización.
Carencias recurrentes
Es sabido que una intervención de control tiene y debe de ser oportuna en su real dimensión, no hay forma ni justificación alguna para que estas líneas de acción no sean cumplidas, pero cuando la funcionabilidad del sistema de control carece de procedimientos para detectar las irregularidades y el incumplimiento reiterado de la aplicación de aspectos técnicos y normativos de un proyecto de inversión, los daños causados son constantes y más difíciles de reparar, más aun si estos no son advertidos por los sistemas de control simultáneos o concurrentes que suele utilizar el ente de control.
El descontrol en ciernes
Las razones de un descontrol del gasto público son evidentes, cuando diariamente los medios noticiosos y la sociedad civil en su conjunto advierten irregularidades en la compra de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, donde los actores de los recurrentes hechos de corrupción se mueven como “pez en el agua”, haciendo de las suyas con total facilidad, sin que la acción disuasiva del sistema de control y el ente de investigación actúen con severidad y prolija actitud de impedir el desorden que hoy impera en la mayoría de estamentos públicos, donde reina la inmoralidad y el saqueo cuasi legalizado de los dineros del erario nacional.
(*) Especialista en Contrataciones del Estado.
En un país donde las brechas de infraestructura pública aún marcan desigualdades profundas entre regiones, y donde los recursos fiscales son siempre limitados, el Estado peruano ha venido construyendo silenciosamente una de las reformas más potentes en su arquitectura de inversión: el fortalecimiento del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).
La historia de esta transformación comienza con una premisa clara: ¿cómo puede el Estado aprovechar la capacidad del sector privado para dinamizar la inversión pública, sin comprometer la sostenibilidad fiscal? La respuesta se consolidó con la promulgación del Decreto Legislativo N.º 1361 en 2018, que reformó la Ley N.º 29230. Este hito normativo no solo otorgó mayor agilidad al mecanismo OxI, al desvincularlo del régimen general de contrataciones, sino que además amplió su alcance al permitir que el Gobierno Nacional ejecute proyectos prioritarios mediante convenios con empresas privadas.
Esta norma redefinió el rol del sector privado en la inversión pública: de simple contribuyente pasivo, a socio estratégico para el desarrollo territorial. Permitió, por ejemplo, que las empresas privadas propongan la actualización de estudios técnicos ya declarados viables como una "petición de gracia" (art. 2-A), sin que esto les otorgue derecho a cuestionar decisiones de la administración. También autorizó el uso de recursos del Tesoro Público para emitir los Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN), mecanismo que no constituye operación oficial de crédito pero que permite reembolsar directamente a la empresa por las inversiones realizadas (art. 2-B).
Pero ninguna reforma es completa sin reglas claras. Por ello, en 2024 se publicó el Decreto Supremo N.º 011-2024-EF, que actualiza el reglamento operativo del mecanismo. Esta norma detalla con rigor técnico cómo deben planificarse, ejecutarse y fiscalizarse las inversiones bajo OxI. Desde la trazabilidad presupuestaria en el SIAF-SP hasta los procedimientos para emisión y uso de los Certificados de Inversión Pública (CIPRL y CIPGN), el reglamento refuerza una lógica de gestión por resultados. También se establece que las empresas privadas pueden usar hasta el 80 % del impuesto a la renta de tercera categoría para cancelar sus tributos con CIPRL o CIPGN (art. 15.4), y se especifican condiciones para emitir certificados por avances trimestrales (art. 13).
De forma innovadora, el reglamento también formaliza el reembolso por estudios técnicos, fijando límites: hasta el 2 % del monto total de inversión para fichas o estudios de preinversión, hasta el 5 % para expedientes técnicos o manuales de operación y mantenimiento (art. 28). En cuanto al control de calidad, la entidad pública debe emitir conformidad técnica y de recepción antes de autorizar la emisión de los certificados, detallando los responsables en el convenio de inversión (art. 11).
Más allá del diseño normativo, el verdadero poder transformador del mecanismo reside en su articulación con la Programación Multianual de Inversiones (PMI). Las obras que se ejecutan mediante OxI deben estar alineadas con los planes de desarrollo nacional, regional o local, y contar con viabilidad técnica bajo el sistema Invierte.pe. Esto garantiza que las intervenciones respondan a necesidades reales y se inserten en una visión estratégica de desarrollo.
En 2025, el Estado dio un paso más al promulgar el Decreto Supremo N.º 132-2025-EF, mediante el cual se aprueban los Topes Máximos de Capacidad Anual (TMCA). Esta norma, clave en el fortalecimiento de la disciplina fiscal, define cuánto puede comprometer anualmente cada gobierno subnacional o universidad pública en proyectos OxI. El artículo 3 de su reglamento especifica que se elige el menor entre el límite legal basado en flujos efectivos (canon, regalías, participaciones, FONCOR) y el espacio fiscal permitido bajo el marco del Decreto Legislativo N.º 1275 (responsabilidad fiscal subnacional). Esto evita comprometer obligaciones financieras insostenibles y condiciona el acceso al mecanismo a una evaluación fiscal previa.
FONCOR: Una clave habilitadora para regiones sin canon
Uno de los avances más significativos en la evolución normativa del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) ha sido la incorporación expresa del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) como fuente de financiamiento válida. Esta medida ha ampliado sustancialmente el alcance del mecanismo, permitiendo que regiones tradicionalmente excluidas por no contar con recursos provenientes del canon o regalías puedan ahora acceder al financiamiento de proyectos de inversión pública bajo el esquema OxI.
El FONCOR es un fondo del Tesoro Público que se asigna anualmente a los gobiernos regionales y cuya finalidad es compensar las desigualdades en la distribución de recursos fiscales. Representa una herramienta esencial de equidad territorial en el marco del proceso de descentralización fiscal. Según su definición oficial, el FONCOR es “un fondo que tiene por finalidad distribuir recursos a los Gobiernos Regionales, bajo criterios de equidad y compensación. Dichos recursos deben ser íntegramente utilizados en proyectos de inversión regional que hayan cumplido con las normas establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública”. En ese sentido, cualquier medida normativa o presupuestal que restrinja su uso para este fin iría en contra de su propia razón de ser.
La Ley N.º 31069, promulgada en noviembre de 2020, fortaleció el rol del FONCOR al consolidarlo como una fuente adicional clave para financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos. Desde entonces, se ha convertido en una palanca importante para impulsar el desarrollo regional sostenible en el Perú.
La inclusión del FONCOR dentro del marco de OxI ha generado impactos tangibles. La región Lambayeque ha sido una de las principales beneficiadas con la incorporación del FONCOR, logrando superar limitaciones estructurales en su capacidad de inversión pública. Gracias a este fondo, ha podido acceder al mecanismo de Obras por Impuestos para financiar proyectos estratégicos que antes resultaban inviables por falta de recursos provenientes del canon o regalías. en su capacidad de inversión gracias al uso de este fondo. La posibilidad de canalizar recursos del FONCOR hacia proyectos priorizados, viables y ejecutables en coordinación con el sector privado ha abierto nuevas oportunidades para reducir brechas de infraestructura de forma eficiente.
Es importante destacar que el uso del FONCOR como fuente habilitante para OxI no representa endeudamiento ni riesgo fiscal, dado que estos recursos están contemplados en la Ley de Presupuesto del Sector Público. Sin embargo, su aprovechamiento efectivo depende de que los gobiernos regionales cuenten con capacidades técnicas sólidas en sus Unidades Formuladoras y Ejecutoras, para identificar, estructurar y negociar proyectos con empresas privadas interesadas. En consecuencia, uno de los principales retos es fortalecer dichas capacidades, asegurando así que el potencial del FONCOR se traduzca en obras concretas y resultados medibles en beneficio de la ciudadanía.
Experiencias que demuestran resultados
En la región Cajamarca, por ejemplo, se ejecutó el mejoramiento del Hospital de Apoyo de Chota bajo el mecanismo OxI, financiado por una empresa del sector minero. Este proyecto no solo permitió modernizar las instalaciones hospitalarias y equiparlas con tecnología médica, sino que también redujo significativamente los tiempos de atención en emergencias y hospitalización. La empresa, a cambio, utilizó los certificados CIPRL para deducir parte del impuesto a la renta, en un esquema completamente transparente y fiscalizado.
En Piura, gracias al financiamiento de una agroexportadora, se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales en un distrito que había convivido durante años con contaminación hídrica. El proyecto, ejecutado en menos de doce meses, transformó la salud pública local, reduciendo casos de enfermedades gastrointestinales y mejorando la calidad del agua disponible para riego agrícola.
Otro caso notable es el del Instituto Tecnológico Público de Tarapoto, cuya infraestructura fue modernizada con el apoyo de una empresa energética. Hoy cuenta con laboratorios especializados que permiten a los estudiantes desarrollar competencias técnicas alineadas con las necesidades del mercado laboral regional, generando un impacto directo en la empleabilidad juvenil.
Más que un mecanismo financiero, una estrategia de desarrollo
Más que un beneficio tributario, las empresas encuentran en OxI una forma tangible de contribuir al bienestar de las comunidades donde operan, fortaleciendo su licencia social. Y más que un mecanismo financiero, los gobiernos regionales y locales lo reconocen como una herramienta estratégica para acelerar obras que de otro modo quedarían postergadas por años.
El reto ahora no está en la norma, sino en su implementación: fortalecer capacidades técnicas, generar confianza interinstitucional y construir una cartera de proyectos sólida, viable y territorialmente equilibrada. Cada obra ejecutada bajo este esquema es una muestra de que la inversión pública puede y debe ser inteligente, ágil y centrada en resultados.
En definitiva, las Obras por Impuestos no son solo una alternativa: son una vía moderna y responsable para transformar el país desde lo local.
(*) Economista, doctor en Gestión Pública, jefe del Área de Planeamiento del Congreso de la República.
