“El mar entrega al hombre nuevas esperanzas y de consecuencia nuevos sueños y profesiones. La Ingeniería Naval nace de estas esperanzas y profesiones”. Dr. Manuel Urcia Larios, ingeniero naval - Università degli Studi di Trieste – Italia.

En el año 1845, con la primera factoría naval, se dio inicio a la construcción de embarcaciones. Los profesionales a cargo, en un inicio, eran conocidos como constructores y posteriormente denominados ingenieros navales, quienes se encargaban de la construcción de la nave en su totalidad, siendo las primeras embarcaciones de pesca y de alto bordo.

Con el transcurrir de los años, se construyó “Victoria”, nombre con el que recuerda al primer blindado peruano, marcando un hito importante en la historia naval del Perú. Este acontecimiento se llevó a cabo el 30 de julio de 1984, fecha conmemorativa y de gran significado en la construcción naval, sirviendo también como motivo de celebración para todos aquellos profesionales inmersos en la construcción y diseño de naves, conocidos hoy en día como ingenieros navales. Es por esa razón que el 30 de julio es el día para honrar y recordar la labor que ejercen los ingenieros navales en nuestro País y producto de ello, han contribuido al desarrollo de la marina y de la construcción naval del Perú.

Función de la Ingeniería Naval

La ingeniería naval es una disciplina que se ocupa del diseño, construcción y mantenimiento de todo tipo de embarcaciones y estructuras asociadas al sector marítimo. La perspectiva del ingeniero naval, varía de acuerdo a su ubicación geográfica, influenciada por diferentes factores como su cultura, geografía, economía y sobre todo por la necesidad de una adecuada infraestructura marítima.

Teniendo en cuenta que “El litoral del mar peruano abarca aproximadamente 3,080 kilómetros, desde la frontera con Ecuador, al norte, hasta la frontera con Chile, al sur” (Intereses marítimos y conciencia marítima de la Marina de Guerra del Perú), el ingeniero naval peruano es clave para potenciar el desarrollo marítimo, desde la gestión de puertos hasta la construcción de embarcaciones o plataformas ‘offshore’. Asimismo, aporta a la competitividad y autonomía marítima portuaria, articulado al desarrollo no sólo del país, sino de todas las regiones involucradas y con acceso al mar.

Ingeniero naval lambayecano

Actualmente, Lambayeque cuenta con 36 ingenieros navales titulados, “...a febrero del 2025, el decano de la facultad de ingeniería de la USAT, Ing. M. Arroyo, expresó que la universidad cuenta con 35 profesionales navales titulados, laborando en diversas regiones del país.”, esto refleja el valioso capital humano que la región tiene y que aporta al crecimiento del sector marítimo local y del país. Aún más teniendo en cuenta lo expresado por Dr. M. Urcia L. “La USAT relanza su Escuela de Ingeniería Naval en colaboración con la Universidad de Trieste, brindando una oferta formativa integrada con prospectivas futuras y el uso de nuevas tecnologías”.

La presencia de ingenieros navales en la región Lambayeque es esencial para el desarrollo integral y sostenible de esta área. Su formación técnica y su capacidad de análisis permiten abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta el sector, desde la seguridad y la sostenibilidad de los recursos marinos hasta la innovación y la competitividad en el ámbito productivo.

Para finalizar, quiero expresar en este día especial, que celebramos y reconocemos la labor de los ingenieros navales en Perú, mis sinceras felicitaciones a todos los ingenieros navales, por la extraordinaria dedicación y deseándoles éxitos futuros en la protección y compromiso con el desarrollo marítimo. Asimismo, alcanzar el saludo del Dr. M. Urcia L. “Quiero manifestar mis saludos a toda la familia de Ingenieros Navales Peruanos, deseándoles los mejores éxitos profesionales y personales”.

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(*) Ingeniero naval, magíster en Gestión Pública, con estudios de maestría en Administración Marítima y Portuaria.

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La presencia de ingenieros navales en la región Lambayeque es esencial para el desarrollo integral y sostenible de esta área. Su formación técnica y su capacidad de análisis permiten abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta el sector, desde la seguridad y la sostenibilidad de los recursos marinos hasta la innovación y la competitividad en el ámbito productivo.

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Estamos a puertas de celebrar el 204° aniversario de la proclamación de la independencia del Perú. Es una fecha en la que todos los peruanos buscamos realizar diferentes actividades en familia y con los amigos más cercanos, aprovechando que es feriado.

El emprendedor debe tener en cuenta que tiene frente a él una gran oportunidad para lograr incrementar sus ventas y alcanzar los objetivos que han establecido al iniciar el año. Nosotros los peruanos, en Fiestas Patrias, tenemos la costumbre de realizar mayores gastos que en otros meses, por el aumento de salidas a restaurantes, compras de electrodomésticos o artículos para mejorar el hogar. Incluso, aprovechamos esos días para hacer viajes a nivel nacional e internacional y así alejarnos de la rutina diaria del trabajo. Tal es el incremento en gasto, que en el presente mes recibidos una gratificación.

Por tal motivo, en el presente artículo, comparto algunas estrategias comerciales ideales para captar la mayor cantidad de compradores.

Sintonizar con la celebración

La primera estrategia comercial que recomiendo es decorar el establecimiento con la temática de Fiestas Patrias. Cuando las personas encuentran un local con detalles conmemorativos a la fecha festiva, se sienten parte de la celebración, generando así un mayor nivel de compras.

Para lograr ejecutar esta estrategia, se debe elaborar un presupuesto detallado que incluya todos los materiales a utilizar para la decoración, la vestimenta del personal. Asimismo, definir un equipo de trabajo para la realización de las compras, apoyados de un representante del departamento financiero que realizará los pagos a los proveedores.

Otra estrategia que ayuda en este tipo de eventos, son las promociones. Tener en cuenta que son días de celebración en familia, por lo que combos familiares, siempre serán una buena opción para el jefe de hogar. De esa manera, logra satisfacer a todo el hogar y ahorros unos cuantos soles.

Promoción y recomendación

El emprendedor, debe comprender que la mayoría de clientes en nuestro país utiliza redes sociales. Por lo tanto, su canal de venta y comunicación debe ser digital. Como recomendación, Facebook Instagram y TikTok, son primordiales, pero todo dependerá del producto que ofrezca y el segmento de mercado al que van dirigido. Es necesario que invierta en esta estrategia, tanto en la contratación del personal (Community Manager), así como lanzar campañas pagadas para promocionar sus productos o servicios.

Una recomendación, es capacitar al personal en atención al cliente. Recordar que un buen trato, puede hacer la diferencia entre un negocio y otro. Las personas visitan su establecimiento para relajarse y pasar un tiempo en familia, y lo que menos buscan es tener una mala experiencia de compra.

Por último, aconsejo a los líderes que se apoyen de sus colaboradores para realizar las actividades, y negocien en conjunto bonos de productividad por el logro de los objetivos.

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(*) MBA, asesor, mentor y catedrático. Especialista en Gestión Empresarial e Innovación.

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Cuando las personas encuentran un local con detalles conmemorativos a la fecha festiva, se sienten parte de la celebración, generando así un mayor nivel de compras.

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La Expedición Libertadora al mando del general José de San Martín, con un ejército de 4118 hombres, compuesto por 2313 argentinos y 1805 chilenos y peruanos, entre los que destacaba el general nacido en Huaraz, Toribio de Luzuriaga, se embarcó en el puerto de Valparaíso en Chile, el 20 de agosto de 1820, fecha escogida por el Libertador para aprovechar las neblinas típicas de esa temporada que facilitarían sus operaciones.

Después de navegar durante dos semanas sin haber sufrido contratiempo alguno, al atardecer del 7 de septiembre de 1820, la expedición Libertadora, hizo su ingreso a la bahía de Paracas (Ica-Perú), y al día siguiente, 8 de septiembre, las tropas desembarcaron ocupando el pueblo de Pisco en donde San Martín estableció su Cuartel General. Para estas rápidas acciones el ejército libertador contó en todo momento con la colaboración de la población aledaña.

El virrey Pezuela fue sorprendido por el rápido accionar de las fuerzas libertadoras y pese a contar con un ejército de siete mil hombres, superior en número, decidió no atacar a San Martín, proponiéndole entrar en negociaciones que este aceptó con una proclama que quedó inmortalizada: “No busco el campo de batalla, sino cuando es preciso pasar por él para llegar al templo de la paz”.

Estas negociaciones no llegaron a ningún acuerdo en vista que ambas posiciones eran contradictorias, los patriotas pedían el reconocimiento previo de la independencia americana y los realistas pedían el reconocimiento de la autoridad del rey y la jura de la Constitución de Cádiz de 1812, en estas propuestas San Martín hizo conocer al virrey su deseo de coronar rey del Perú a un príncipe español.

En Pisco el 21 de octubre, San Martín dictó un decreto estableciendo la primera bandera y el primer escudo de armas del Perú independiente. El 26 de octubre la Expedición Libertadora se embarcó rumbo al norte, en vista que Pisco no era un lugar estratégico, y el 12 de noviembre desembarcó en las playas de Huacho, ocupando el pueblo de Huaura que fue declarado Cuartel General de San Martín.

Proclamación de la independencia

La ciudad virreinal de Lima vivía un clima de inseguridad y temor colectivo por la presencia de las fuerzas patriotas acantonadas al norte; por el cierre del puerto del Callao, sitiado por las naves patriotas dirigidas por Cochrane; por las constantes incursiones y acciones de hostigamiento de las guerrillas o montoneras que tenían cercada Lima; por las noticias de las victorias patriotas del general Álvarez en la sierra central; por la creciente escases de alimentos y la presencia de enfermedades contagiosas como la peste, acontecimientos que hicieron que el virrey, que para entonces ya era José de la Serna, tomara la decisión de evacuar Lima y retirar a sus tropas.

En los primeros días de julio de 1821, el general español José de Canterac salió de la ciudad con una parte de las tropas, y el 6 de julio en horas de la mañana el virrey La Serna lo hacía con otra parte del ejército realista, dejando la ciudad al mando del criollo marqués de Montemira, y en la fortaleza del Real Felipe del Callao a un grueso del ejército al mando del mariscal de campo español José de La Mar.

Las tropas realistas se retiraron con dirección a la sierra, hecho que no fue aprovechado por el libertador para asestar el último golpe a las fuerzas españolas, pues San Martín aún buscaba soluciones políticas a su lucha. Esta falta de decisión hizo que las tropas españolas pudieran reorganizarse en el valle del Mantaro hasta conformar un ejército de tres mil 500 hombres.

El 9 de julio un escuadrón de granaderos a caballo hizo su ingreso a Lima con la finalidad de hacer un reconocimiento del terreno y la situación en que se encontraba la ciudad. El 10 de julio hizo su ingreso San Martín, tratando de hacerlo de incógnito, pero su presencia fue descubierta por la población, que rápidamente salió a las calles aclamándolo incesantemente, mientras que la fortaleza del Callao fue sitiada por las fuerzas patriotas.

El 15 de julio de 1821, en el local del Cabildo, se reunieron los vecinos notables de la ciudad, presididos por el ilustre patriota criollo, el alcalde conde de San Isidro, y precedido por el arzobispo don José María de las Heras, lugar donde se firmó la correspondiente Acta de Declaración por todos los presentes, en la que se mencionaba la voluntad general del pueblo por su independencia de España y de cualquier otra nación extranjera.

Prosiguiendo con los preparativos, el día 21 de julio se publicó un bando (anuncio) al pueblo en general de que el día sábado 28 se proclamaría la independencia del Perú.

El sábado 28 de Julio de 1821, en solemne ceremonia llena de júbilo y efervescencia patriótica, desde un tabladillo acondicionado en la Plaza de Armas de Lima, San Martín, enarbolando el nuevo estandarte patrio blanco y rojo, proclamó la independencia del Perú pronunciando las siguientes palabras:

"El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!”.

En la actualidad nos enfrentamos como sociedad a desafíos tecnológicos como una mayor presencia de la biotecnología en las diferentes actividades económicas, el perfeccionamiento de las técnicas de edición genética y la Inteligencia artificial (IA). Esta última que si bien es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar nuestra producción científica, también evidencia muchas preocupaciones por el uso inadecuado de la misma, así como las implicaciones éticas vinculadas a esta práctica.

Ética en la Investigación científica

El camino de la investigación científica es la vía en la que se puede converger estas nuevas oportunidades de desarrollo e innovación tecnológica y en ese escenario es en donde la ética, como disciplina filosófica orientada al estudio de actos buenos o malos,  como conducta racional del hombre (Ethos), tiene un rol importante y crucial y cuyo propósito es asegurar que la búsqueda del conocimiento se realice de manera honesta, transparente, responsable y respetuosa, sin conflicto de intereses; minimizando los riesgos y maximizando los beneficios para la sociedad, sobretodo las personas con mayor vulnerabilidad.

Desde esta óptica la ética ha brindado durante siglos al hombre un equilibrio en su actuar orientándolo hacia el bien, y en el campo de la investigación, con la puesta en práctica de principios y normas que guían una conducta científica, tanto de los propios investigadores como de las instituciones en las que se genera dicho conocimiento científico. Su objetivo es asegurar que la búsqueda del conocimiento se realice de manera honesta, responsable y respetuosa, minimizando los riesgos y maximizando los beneficios para la sociedad y los individuos.

Importancia de la bioética

A medida que el desarrollo científico fue incrementándose con la participación de seres humanos, fue orientándose hacia una “ética de la vida”, o bioética, cuya definición, planteada por Hellegers, en la “Enciclopedia de Bioética” (1978), como: “el Estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las Ciencias de la vida y de la salud examinada a la luz de los valores y de los principios morales”. Añadido a este surgimiento, el investigador Dr. Van Rensselaer Potter, acuñó por primera vez el término Bioética en su libro: Bioethics: a Bridge to the future: a la Bioética, como una nueva disciplina que une dos mundos, que en su opinión habían transitado por caminos distintos: el mundo de los hechos, de la ciencia, y el mundo de los valores, y en particular la ética.

Principios universales

La Ética y la Bioética, en relación a la investigación científica, apuntan hacia un mismo norte sustentando en principios fundamentales relevantes en toda investigación en la que setrabaja con seres humanos, animales o el medio ambiente:

Respeto por las personas (Autonomía): En la que se pone de manifiesto la autodeterminación de las personas sobre su participación en una investigación y esto se evidencia en la aplicación del consentimiento informado, como proceso de comunicación a los participantes sobre los objetivos, riesgos, beneficios y procedimientos de un determinado protocolo de investigación asegurando que su participación sea voluntaria y puedan retirarse en cualquier momento, considerando una protección especial a aquellas personas con mayor vulnerabilidad.

Beneficencia y No Maleficencia: Orientado al cumplimiento de los investigadores de maximizar beneficios potenciales del estudio y minimizar riesgos o daños para los participantes de un estudio científico, el cual debe tener un diseño riguroso y una justificación científica sólida.

Justicia: Este principio exige que los beneficios y riesgos de la investigación se distribuyan de manera equitativa entre los diferentes grupos de la sociedad.

Asimismo, surge una definición más integral, según lo planteado por la Dra. Elena Postigo, “la bioética es el estudio sistemático e interdisciplinar de las acciones del hombre sobre la vida humana, vegetal y animal, considerando sus implicaciones antropológicas y éticas, con la finalidad de ver racionalmente aquello que es bueno para el hombre, las futuras generaciones y el ecosistema, para encontrar una posible solución clínica o elaborar una normativa jurídica adecuada”.  

Por ello, el proceso de investigación se sostiene en la aplicación y uso de los principios bioéticos ya explicados, los cuales buscan la verdad científica mediante valores morales, dentro de un contexto respetuoso con la persona humana, sus derechos inalienables y su dignidad intrínseca que reconoce la esencia de cada persona.

También se debe reconocer que estos principios se articulan con normativas y declaraciones nacionales e internacionales en ética de investigación, los cuales se orientan directamente a proteger a los seres vivos, e indirectamente también protegen al investigador y a la propia institución donde se realiza el estudio. Por tanto, la bioética en la investigación científica no se limita a la protección del sujeto que se estudia; su ejercicio e influencia se extienden en torno al impacto que todo el proceso investigativo tiene en diversos actores del desarrollo científico, incluyendo investigadores, academia o universidad y sociedad.

En conclusión, la conjugación del binomio bioética e investigación aporta al fortalecimiento del desarrollo e innovación y la integridad científica, partiendo del reconocimiento y valoración de la dignidad humana.

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(*) Biólogo, docente universitario, investigador Renacyt y doctor en Ciencias Biológicas.

• La transformación del mecanismo “Obras por Impuestos” OxI establece nuevas reglas para la cooperación estratégica en inversión pública

El 9 de julio de 2025 constituyó un punto de inflexión en el marco normativo de la inversión pública en el Perú, con la aprobación —por parte de la Comisión Permanente del Congreso— del dictamen que propone la modificación sustancial de la Ley N.° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, conocida como Ley de Obras por Impuestos (OxI). Esta reforma se inscribe en el proceso de adecuación normativa iniciado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de los Decretos Supremos N.° 011-2024-EF y N.° 132-2025-EF, que introdujeron cambios reglamentarios orientados a optimizar la eficiencia, trazabilidad y articulación del mecanismo con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

El presente documento constituye la segunda entrega del análisis iniciado en el artículo “Obras por Impuestos: El relato de una reforma que impulsa la inversión pública en el Perú”, donde se examinan los fundamentos técnicos y las motivaciones institucionales que dieron origen a este proceso de reconfiguración normativa.

En el contexto del avance legislativo, resulta crucial analizar en detalle el entorno normativo y operativo que ha configurado este momento clave en la relación entre el Estado y el sector privado. Recientemente, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el dictamen recaído en los Proyectos de Ley N.° 3114/2022-CR, 4416/2022-CR, 6623/2023-CR, 7417/2023-CR, 8463/2023-CR, 8589/2024-CR, 8635/2024-CR, 8807/2024-CR y 9440/2024-CR, que plantean una reforma integral de la Ley N.° 29230. Si bien esta aprobación representa un avance normativo relevante, aún queda pendiente su debate y votación en el Pleno del Congreso, así como su eventual promulgación por parte del Poder Ejecutivo, lo que definirá la implementación efectiva de los cambios propuestos.

Objetivo

El objetivo de este dictamen es ampliar el alcance del mecanismo, mejorar su articulación con los niveles de gobierno y facilitar su implementación como herramienta para el cierre de brechas de infraestructura. A través de este análisis, se busca comprender cómo estas modificaciones pueden contribuir a dinamizar la inversión pública con la participación del sector privado, dentro de un marco más ágil, coherente y orientado a resultados.

Esta aprobación marca un cambio estructural en la relación entre el Estado y el sector privado, al replantear las condiciones normativas y operativas de un mecanismo que ha mostrado resultados significativos, pero que también ha estado condicionado por limitaciones legales, presupuestales y de gestión.

No obstante, esta reforma no emerge de manera aislada. Es la culminación de un proceso acumulativo de modernización normativa y operativa que el Estado peruano ha venido consolidando en los últimos años. El dictamen aprobado marca el cierre de una etapa y el inicio de otra, en la que el mecanismo OxI no solo se refuerza desde el plano normativo, sino que encuentra un entorno institucional más maduro: capacidades técnicas fortalecidas, regulación actualizada y una arquitectura financiera más robusta para su implementación efectiva.

Nuevo enfoque

Este nuevo impulso legislativo se apoya en una serie de hitos que han ido moldeando el ecosistema OxI: la promulgación del Decreto Legislativo N.º 1361 en 2018, que otorgó mayor agilidad al mecanismo; el Decreto Supremo N.º 011-2024-EF, que actualizó su reglamento operativo; y el reciente Decreto Supremo N.º 132-2025-EF, que redefinió los Topes Máximos de Capacidad Anual (TMCA) de los gobiernos subnacionales. Estos avances han permitido que el mecanismo pase de ser una herramienta complementaria a convertirse en una estrategia estructural para el desarrollo territorial.

El verdadero punto de quiebre está en cómo el Estado ha logrado convertir al sector privado en un aliado estratégico de largo plazo. Lo que en sus inicios fue una fórmula tributaria con uso acotado, hoy se proyecta como una plataforma de corresponsabilidad público-privada. Así lo evidencian las nuevas disposiciones que habilitan al Gobierno Nacional para ejecutar directamente proyectos bajo el esquema OxI, los incentivos para la operación y mantenimiento de infraestructuras con recursos diversos —como el canon, fondos de seguridad o fondos universitarios—, y la posibilidad de ejecutar servicios por impuestos con la misma jerarquía que las tradicionales obras físicas.

Por primera vez, la ley habilita de manera expresa al Gobierno Nacional para ejecutar proyectos mediante OxI. Esto significa que ministerios y organismos adscritos podrán desarrollar, financiar e incluso operar infraestructura pública, desde hospitales hasta comisarías, bajo este esquema.

La incorporación del Artículo 2-B en la norma permite que estos proyectos no solo se ejecuten con recursos del Tesoro Público, sino también con recursos directamente recaudados o fondos específicos, sin generar endeudamiento ni comprometer el equilibrio fiscal. Así, los Certificados de Inversión Pública del Gobierno Nacional (CIPGN) se suman a los ya conocidos CIPRL como herramienta de financiamiento descentralizado.

Con esta reforma, se diversifican las fuentes de financiamiento del mecanismo. Ahora, además del canon, los proyectos podrán ser financiados con donaciones, regalías, transferencias y fondos específicos, como el de Seguridad Ciudadana, el de las Fuerzas Armadas y Policía, o los recursos institucionales de universidades públicas.

La modificación al Artículo 8 —junto con el cambio al Artículo 6 de la Ley del Canon— representa un avance clave: ya no se tratará solo de construir infraestructura, sino de mantenerla y operarla de forma sostenible, con recursos que antes no podían utilizarse para estos fines.

Uno de los cambios más estratégicos es el que se incorpora en el Artículo 11: si una entidad pública no cumple con emitir los certificados dentro del plazo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podrá intervenir directamente y emitirlos. Esta decisión garantiza que el sector privado reciba el reconocimiento de su inversión sin quedar atrapado en demoras administrativas o negligencia institucional. Con ello, el mensaje es claro: el Estado cumple o responde, y el inversionista puede confiar.

La reforma también se atreve a innovar. El nuevo Artículo 3-A introduce los servicios por impuestos como alternativa para el sector privado. Esto permitirá, por ejemplo, que una empresa financie un sistema de atención médica móvil en zonas rurales o colabore en la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano.

Mirada integral

Este enfoque integral —reconocido además en la Disposición Complementaria Vigésimo Quinta— amplía el horizonte del mecanismo, ya no solo enfocado en obra física, sino también en el diseño y planificación de territorios, el catastro urbano-rural o los estudios de microzonificación.

En línea con una visión de mayor sostenibilidad, el nuevo Artículo 13 de la Ley de Obras por Impuestos incorpora una disposición relevante: permite que el mantenimiento de las obras ejecutadas también sea financiado mediante este mecanismo. Esta modificación no solo fortalece la eficiencia del gasto público, sino que también asegura la continuidad y calidad de los servicios públicos, evitando que la infraestructura caiga en deterioro por falta de mantenimiento posterior.

La reforma también apuesta por fortalecer los cimientos institucionales. El nuevo Artículo 17 incorpora un plan de certificación progresiva dirigido a los funcionarios responsables de gestionar proyectos bajo el mecanismo OxI. Esta medida es fundamental para robustecer las capacidades técnicas del Estado y garantizar que las oportunidades que ofrece la nueva normativa no se vean limitadas por la falta de preparación o especialización, especialmente en los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, el Artículo 16 perfecciona el procedimiento para resolver controversias, priorizando el trato directo, pero abriendo camino a arbitrajes rápidos, sin suspender la ejecución de los proyectos.

Por otro lado, la Contraloría General de la República conserva su rol de vigilancia con un informe previo que —aunque no vinculante— deberá emitirse con celeridad y limitación clara de contenido: solo podrá pronunciarse sobre aspectos que comprometan la sostenibilidad fiscal.

Tal vez uno de los puntos menos mediáticos, pero más importantes, está en la Primera Disposición Transitoria. Se establece un método más flexible para determinar el tope máximo de capacidad anual de gobiernos regionales y locales, tomando el mayor valor entre el límite tradicional de emisión y el espacio disponible conforme al Decreto Legislativo 1275.

Gracias a este ajuste, se estima que hasta S/ 67 mil millones en nuevos proyectos podrían financiarse vía OxI, rompiendo las barreras que dejaban a muchos gobiernos subnacionales fuera del mecanismo.

La reforma aprobada el 9 de julio por la Comisión Permanente del Congreso no es una enmienda superficial. Representa un cambio estructural en el modelo de inversión público-privada, cuya finalidad es integrar pilares fundamentales como la sostenibilidad, la descentralización, la planificación estratégica y la flexibilidad operativa.

Si logra el impacto esperado, el mecanismo de Obras por Impuestos podría consolidarse como una política estructural para el desarrollo territorial, más allá de su uso excepcional. No obstante, aún queda un paso decisivo: su aprobación en el Pleno del Congreso durante la próxima legislatura. El camino ya está trazado, y si existe la voluntad política necesaria, este mecanismo podría convertirse en una herramienta clave para mejorar los servicios públicos, con el sector privado como aliado estratégico.

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(*) Economista, doctor en Gestión Pública y jefe del Área de Planeamiento del Congreso de la República.

En 1925, el ingeniero Charles Sutton emprendió la construcción del proyecto de irrigación de Olmos, con el respaldo decidido del gobierno de Leguía, como símbolo del impulso modernizador. Cien años después, esta obra emblemática, frustrada entonces, reiniciada y concluida después, se halla rodeada de controversias sobre su manejo en la gestión del recurso hídrico. Revisar el texto de Sutton hoy permite no solo reconocer una visión técnica adelantada a su tiempo, sino también reflexionar sobre los desafíos persistentes en torno a las obras de Olmos.

Una de las revistas más importante para conocer la construcción de obras públicas impulsadas por el régimen de la “Patria Nueva”, encabezada por el lambayecano Augusto B. Leguía, fue “Ciudad y Campo y Caminos”, editada entre 1924 y 1930. En su edición correspondiente a agosto de 1925, el ingeniero Charles W. Sutton, director de la Comisión de Irrigación de Piura y Lambayeque, publicó un artículo titulado “La Irrigación del Departamento de Lambayeque (Pampas de Olmos)”, que intentamos glosar en estas líneas dada su extensión.

En el artículo, el ingeniero Sutton explicaba que el proyecto de irrigación de Olmos, promovido por el gobierno, buscaba desviar las aguas de “una cuenca del sistema del Amazonas a la costa del Pacífico por medio de una serie de túneles, el más largo de los cuales tendría una longitud de 16 kilómetros y que atravesaría la Cordillera Continental”. El agua se colectaría en un gran canal troncal, que también recibiría las aguas de los ríos Olmos, Motupe, La Leche y Chancay, formando un único sistema de irrigación cuyas fluctuaciones naturales serían equilibradas por el almacenamiento y derivación de las aguas de los ríos Huancabamba y Chancay.

Gran infraestructura

El proyecto incluiría represas en ambos ríos: una en el Huancabamba, de 70 metros de altura, cuyo objetivo era mantener un caudal constante de 20 metros cúbicos por segundo durante todo el año, y otra en el Chancay, destinada a asegurar un riego constante en los terrenos azucareros del delta del Chancay. Las modificaciones en el sistema de riego y drenaje del delta del Chancay, indicaba Sutton, eran de necesidad inmediata para permitir el riego perenne en estas áreas.

El área regada de manera constante por el proyecto, calculaba el ingeniero, alcanzaría las 42,000 hectáreas. En ese momento, la situación de los terrenos agrícolas era compleja, ya que los derechos de agua establecidos no permitían un uso perenne para la mayoría de los regantes de la costa. Si los derechos se ejercieran de manera arbitraria en los ríos de Lambayeque, solo 25,000 hectáreas recibirían riego constante, mientras que las otras 50,000 dependían de aguas intermitentes que llegaban solo en la temporada de verano, lo que limitaba la producción agrícola tanto en calidad como en cantidad.

Con el proyecto de Olmos, afirmaba Sutton, se aseguraría el riego constante para las 75,000 hectáreas ya irrigadas y se añadían otras 67,000 hectáreas de terrenos áridos, mejorando significativamente la productividad agrícola en la región.

Una vez comprendidas las características generales del proyecto de irrigación de Olmos, Sutton pasó a explicar sus fases constructivas, comenzando por los caminos, considerado como el primer gran desafío, ya que eran necesarios “no sólo para transportar materiales de construcción desde los almacenes centrales en el Puerto de Pimentel, sino también para establecer comunicaciones con los centros de abastecimiento de jornaleros, siendo asimismo necesarios para estimular el movimiento de víveres y para la administración de las varias obras”.

La magnitud de la tarea se comprende al considerar las distancias: 174 kilómetros separaban Pimentel de las obras en el río Huancabamba; 82 kilómetros iban desde Pimentel hasta la represa de Carhuaquero, y otra distancia similar debía recorrerse hasta las zonas de explotación maderera para el soporte estructural de la represa. Entre los puntos más distantes del proyecto, como de la zona sur de explotación de madera hasta la parte norte en Huancabamba, el recorrido alcanzaba los 300 kilómetros. Además, Sutton estimó que para enlazar con los distritos de la sierra, de donde provenía buena parte de los trabajadores y víveres, se necesitaban al menos 200 kilómetros adicionales de caminos.

Inicialmente, se proyectó la construcción inmediata de 270 kilómetros, de los cuales ya se habían completado 228. Luego, se añadieron 80 kilómetros más para conectar con el distrito de Santa Cruz, contando con el apoyo de los habitantes. También se decidió establecer conexión entre Carhuaquero y la región de Chota, donde las fuerzas del gobierno habían sofocado la rebelión del “bandolerismo” encabezado por Benel. La Comisión de Irrigación de Piura y Lambayeque contaba con el equipo necesario para ejecutar estas obras viales en zonas montañosas, incluyendo maquinaria ensamblada en Pimentel, lista para su traslado a los puntos necesarios.

Durante el desarrollo del Proyecto de Irrigación de Olmos, el gobierno emprendió múltiples obras de gran envergadura para hacer posible el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico entre la sierra y la costa norte del Perú. Junto con la construcción de caminos, se iniciaron los trabajos para la represa de Carhuaquero, proyectada como una estructura de relleno hidráulico. Se planificó levantar grandes diques de roca en ambos extremos del valle, que serían complementados con materiales conducidos mediante un sistema de acueductos metálicos sobre caballetes de madera cortada en las cabeceras del río Saña.

Obras en el delta del Chancay

El agua necesaria para el transporte del material de relleno sería derivada del río Cumbil, un afluente del Chancay. Esta derivación implicaba un canal de 17 kilómetros, con una caída de 70 metros al llegar a los depósitos de arcilla. Al final del canal, dos tubos de acero enviarían el agua a monitores hidráulicos, cuyo caudal cargado de tierra alimentaría la represa. Un túnel de desvío, forrado en concreto y de 390 metros de longitud, serviría durante la construcción para mantener seca la base de la represa y luego como sistema de descarga permanente. Asimismo, se proyectó un rebosadero en el extremo norte para el exceso de agua.

Un campamento permanente se estableció en Carhuaquero, con todas las instalaciones necesarias: viviendas, hospital, almacenes, talleres y oficinas. El canal inicial para los monitores se convertiría más tarde en un canal de fuerza motriz de 1,300 H.P., destinado a alumbrado y usos industriales derivados del aumento de la actividad agrícola. Las enfermedades como el paludismo y la disentería, intensificadas por las lluvias, destacaron la urgencia de implementar sistemas de drenaje, agua potable y desagüe, ya iniciados junto con los caminos. Estos sistemas ya beneficiaban al puerto de Pimentel, aislándolo de las aguas contaminadas del delta.

También se proyectó un nuevo cauce para derivar parte de las avenidas del río Chancay hacia el norte y unirlas cerca de Lambayeque con las aguas del río Huancabamba. El excedente del Chancay sería finalmente conducido al mar por la ruta más corta hacia el puerto de Eten. Para estas obras y otras de mayor envergadura, como los canales de drenaje principales, se utilizaron excavadoras mecánicas de gran potencia.

Derivación del Huancabamba

La derivación del Huancabamba se planeó totalmente en túneles. Los primeros dos kilómetros se dividieron en 12 túneles pequeños, excavados con compresores portátiles que además proveerían energía a la maquinaria utilizada en los túneles mayores. Esta sección produciría 3,000 caballos de fuerza durante la mayor parte del año. Para asegurar constancia energética en la estación seca, se proyectó una segunda central hidroeléctrica. Durante el primer año, una planta auxiliar a vapor cubriría las necesidades energéticas.

La instalación definitiva incluiría compresores estacionarios, ventiladores, bombas y tranvías de desmonte, todos alimentados por una línea eléctrica principal. Una vez derivadas, las aguas del Huancabamba descargarían en las cabeceras del río Olmos, permitiendo desarrollar hasta 120,000 H.P. teóricos. Aunque no se esperaba un mercado inmediato para esta energía, la infraestructura hidroeléctrica construida durante las obras sería reutilizada para electrificar la región norte del delta del Chancay.

La derivación del Huancabamba continuaría con cuatro túneles, tres de entre 3 y 4 kilómetros, y uno de 16 kilómetros que atravesaría la cordillera. El mayor desafío en su construcción sería la ventilación, que se resolvería mediante piques y turbinas especiales. Todos los túneles serían revestidos en concreto y equipados con vías férreas permanentes. El desmonte se haría con cargadores mecánicos eléctricos.

Tras llegar al río Olmos, las aguas seguirían su curso natural desde los 1,500 hasta los 200 metros sobre el nivel del mar, hasta un túnel de 2 kilómetros que las conectaría con el río Motupe. Desde allí, una porción se destinaría a irrigar 8,000 hectáreas en el desierto de Olmos, origen del nombre del proyecto, que aspiraba a regar una vasta área árida. Las aguas seguirían por el Motupe 16 kilómetros, y luego serían derivadas en un canal al valle, uniéndose con las del Chancay a 50 metros sobre el nivel del mar.

Gran parte de las obras iniciales se habían concentrado en infraestructura de apoyo: talleres, campamentos, almacenes y caminos. Pimentel había sido beneficiado por las obras, pues se terminó un canal de drenaje para proteger el puerto, se iluminaron sus calles, y se le conectó con caminos para automóviles. Si bien las lluvias de 1925 habían atrasado el proyecto al afectar las comunicaciones con los daños causados a la infraestructura, no llegaron a dañar los campamentos y las obras en Carhuaquero. Ello permitió a Sutton concluir su artículo, afirmando que “el Gobierno sigue con empeño la prosecución de su programa y espera terminar a fin del año 1929”.

Es difícil evaluar los logros de Sutton en Olmos, ya que el régimen de Sánchez Cerro, tras derrocar a Leguía, condonó la destrucción e incluso expropiación de los planes del proyecto, la construcción y la maquinaria.

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(*) Abogado, docente universitario e historiador.

La minería ilegal en el Perú representa un desafío complejo y grave desde la perspectiva ambiental, económica y social, registrando una pérdida del 2.5 % del Producto Bruto Interno - PBI, que equivale a cerca de 22 700 millones de soles anuales; detectando, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, una brecha de 46 toneladas de oro exportado sin registro fiscal, equivalente a US$?3500 millones, lo que refleja la magnitud de la evasión fiscal.

La minería ilegal ya no es exclusiva de Madre de Dios; actualmente, al menos 32 distritos y 22 ríos están afectados, desde la Amazonía hasta Huánuco y San Martín (El Comercio, 2025), siendo las dragas las que operan en ríos como el Nanay, Napo, Putumayo y Marañón, expandiendo la huella del saqueo. La contaminación con mercurio y el dragado de lechos fluviales dañan irreversiblemente ecosistemas amazónicos y la biodiversidad. Mientras para las comunidades nativas, esto implica la alteración de fuentes de agua y amenazas por mafias que dominan territorios como La Pampa.

En cuanto a la mano de obra que genera, la minera ilegal representa más de 400 000 trabajadores mineros que son principalmente no calificados y desempleados por la mediana minería, pero con conocimientos netamente empíricos y que operan al margen de la ley, sostenido en una clara ausencia del Estado e incapacidad de construir una política minera diferenciada y la inexistencia de institucionalidad capaz de enfrentar a través de la regulación a la minería ancestral.

El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se ha convertido en un escudo del crimen de miles de operadores que extraen el oro sin las mínimas condiciones ambientales necesarias y que son el refugio del catastrófico 44 % del oro exportado de forma ilegal, según el Instituto Peruano de Economía (2024), siendo los principales destinos de exportación India y Emiratos Árabes Unidos.

Problema complejo

El problema se complica al atraer redes criminales que ingresan en un círculo vicioso mal llamado minería ilegal, que ha traído consigo graves impactos de ríos contaminados, intoxicación, deforestación y un daño ambiental incalculable.

En un escenario de elecciones crítico para el año 2026, el oro parece corroer la democracia, cuyo panorama nada alentador en la arista económica. Se espera, de acuerdo a la encuesta de Ipsos, que las campañas electorales reciban financiamiento por diversos canales de la minería ilegal, que buscan a toda costa favorecer sus intereses en el marco de la economía criminal a costa de obtener el poder, socavando la alicaída institucionalidad.

Es por ello que el Perú, sentado en el banco de oro, evidencia que hasta ahora las medidas adoptadas tanto por el sector correspondiente como desde las políticas públicas no han generado un cambio para combatir la minería informal, que no es resuelto con esfuerzos aislados, sino que requiere un análisis integral, que deje de lados los intereses políticos y económicos, considerando que la contaminación de las cabeceras de los ríos de sus zonas está generando efectos negativos no solo para los ecosistemas, sino para la salud de los pobladores y también a sus actividades de sustento que realizan diariamente, como la ganadería y la agricultura. 

La clara causalidad de los factores de la minería ilegal son la pobreza, la falta de empleo en las áreas rurales, los precios caídos de los productos agrícolas tradiciones, la débil fiscalización, la alta rentabilidad por los precios de los metales, la falta de educación, la desigualdad social, así como la ausencia de títulos de propiedad y la clara corrupción gubernamental.

Soluciones a medias

La reciente negada aprobación de la Ley MAPE, que no logró un consenso, no alcanza como una solución viable al solo mirar el problema de un nuevo esquema de formalización, para los más de 50 500 inscritos excluidos y eliminando facultades de fiscalización ambiental por parte de los gobiernos regionales. Lo más crítico es la vulneración de los derechos de los titulares de las concesiones al ser forzados a ceder derechos a terceros, asociándola a prácticas insostenibles y dañinas, que no promueve la trazabilidad y eliminación de beneficios tributarios para aquellos que no cumplen los estándares de responsabilidad ambiental.

En este contexto repensar la política pública para solucionar el problema, debería venir acompañada de correctos incentivos para que los mineros informales se sienten atraídos a cumplir con el mismo; reglas claras de los requisitos aplicables y la oportunidad en que estos deben cumplirse; así como la ejecución de un verdadero y real filtro de quiénes van a poder formalizarse y quiénes no; así como los estrictos estándares ambientales y sociales, que junto a la certificación de metales preciosos puedan ser extraídos de forma responsable y segura a los consumidores, como el esquema de la Iniciativa Oro Responsable (Better Gold Initiative) apoyada por la Cooperación Suiza y la Asociación Suiza de Oro Responsable, promueve una minería de oro artesanal y de pequeña escala que sea sostenible y responsable, abriendo oportunidades para un negocio más rentable y formalizado.

La minería ilegal ya no es un crimen aislado, ni solo un costo ecológico o fiscal: es un desafío político, ambiental y de seguridad nacional. Detenerla exige más que operativos ocasionales; demanda una estrategia integral, persistente y multisectorial que recupere nuestras selvas, defienda a las comunidades, recupere ingresos y destruya las bases del crimen organizado.

(*) Magíster en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión Pública, Economista-Investigador Renacyt y Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégica.

(**) Economista de Esan, Egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.

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En un escenario de elecciones crítico para el año 2026, el oro parece corroer la democracia, cuyo panorama nada alentador en la arista económica. Se espera, de acuerdo a la encuesta de Ipsos, que las campañas electorales reciban financiamiento por diversos canales de la minería ilegal, que buscan a toda costa favorecer sus intereses en el marco de la economía criminal a costa de obtener el poder, socavando la alicaída institucionalidad.

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La corrupción, definida por la Secretaria de Integridad Pública de la PCM como el “uso indebido del poder para obtener beneficios personales, lo que afecta la confianza pública y el correcto funcionamiento del Estado”, es uno de los principales problemas que afecta el buen desempeño de las instituciones públicas y la vulneración de derechos fundamentales de las personas, y con ello no solo favorece el desorden social y erosiona la confianza pública, sino que también limita el desarrollo nacional y socava los pilares de la democracia. Los más afectados con este fenómeno son las poblaciones más vulnerables, quienes no pueden acceder a servicios básicos de calidad como salud, educación y justicia, perpetuando de esta forma la pobreza y la desigualdad en nuestro país.

Según el informe del índice de riesgos de corrupción e inconducta funcional (INCO 2024) de la Contraloría General de la República, la corrupción y la inconducta funcional causaron un perjuicio económico de S/24 268 millones. Expertos señalan con el monto perdido se hubiera podido financiar la construcción de 50 hospitales, 1600 modernos colegios o la creación de más de un millón de puestos de trabajo.

Rol de la sociedad civil organizada

Frente al problema de la corrupción en los diferentes niveles de gobierno, es importante que la ciudadanía no solo conozca sus derechos sobre la participación ciudadana, sino también que debe buscar involucrarse en los asuntos públicos en donde se toman las decisiones sobre el desarrollo del país a cargo de los funcionarios de la administración pública. La participación de la sociedad civil en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados, pactos internacionales suscritos por el Estado y la Constitución Política, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos.

A pesar de la existencia de leyes que respaldan la labor de la ciudadanía, existe poco interés para asumir un rol protagónico de parte del ciudadano esto debido a factores como falta de confianza en las instituciones públicas, la percepción de que su participación no suma o no lo toman en cuenta, la falta de conocimiento sobre las normas y mecanismos de participación, y barreras económicas o logísticas; a esto se suma la falta de voluntad política de parte de las autoridades por brindar espacios de apertura que permita a los ciudadanos hacer efectivo su derecho a la participación ciudadana a través de los diversos mecanismos existentes: demanda de rendición cuentas, participación en los presupuestos participativos, acceso a la información pública, etc.

Rol fundamental

Cuando se trata de generar conciencia pública sobre el problema de la corrupción y la promoción de medidas frente a este mal, que afecta la gobernabilidad y el desarrollo, la sociedad civil organizada juega un rol fundamental en la formación de la opinión pública, teniendo en cuenta que la legitimidad de los funcionarios públicos deriva de la voluntad del pueblo (delegación del poder legítimo) y bajo los principios de igualdad deliberativa y participativa, que supone la necesidad de que todas las voces sean escuchadas por igual y consideradas en la toma de decisiones públicas.

Ante el escenario difícil por el que atravesamos, donde se evidencian actos de corrupción, es esencial la participación y la movilización de la sociedad civil organizada, para la lucha contra la corrupción mediante la promoción de las normas éticas exigidas para el desempeño de la función pública, tal como sostiene Transparencia Internacional, “las iniciativas de lucha contra la corrupción se hacen más evidente cuando se considera el papel de la sociedad civil organizada en la aplicación y el cumplimiento del aparato jurídico y administrativo contra la corrupción”. Bajo esta premisa, la sociedad civil organizada, impulsada por un compromiso con los valores democráticos y la justicia social, se encuentra en una posición privilegiada para monitorear, exponer y combatir la corrupción.

No solo basta la sola organización de los actores de la sociedad civil para hacer frente a la corrupción y exigir el buen desempeño de la función pública, es indispensable el permanente fortalecimiento de capacidades de sus miembros, en temas relacionados con los mecanismos de participación ciudadana y lucha contra la corrupción: monitoreo o veeduría ciudadana que busca realizar seguimiento a las acciones gubernamentales y exigir responsabilidades a los funcionarios públicos mediante las alertas sobre hechos de corrupción; transparencia y acceso a la información pública, implica que las entidades públicas tengan actualizado y de forma amigable sus Portales de Transparencia Estándar (PTE), atender y alcanzar información requerida por la sociedad civil a través de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP) dentro de los establecidos, promoción de la denuncia ciudadana de presuntos actos de corrupción y la protección del denunciante; realizar un trabajo articulado, fomentar alianzas con diversos actores, líderes empresariales, medios de comunicación y colegios profesionales, para hacer frente a la corrupción de forma colaborativa, Iniciativas como pactos de integridad y alianzas público-privadas permiten la sociedad civil organizada ampliar su impacto y fomenta una cultura de acción colectiva contra la corrupción.

Buenas prácticas

La Red de Integridad de Lambayeque, espacio multiactor conformado por organizaciones de la sociedad civil, sector público y privado; desde el año 2021 promueve una cultura de integridad, lucha contra la corrupción a través de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de proyectos de inversión pública en la región Lambayeque. La fortaleza de este espacio radica en su forma de organización, que involucra al sector público que administra recursos públicos, el sector privado, que contrata con el Estado, y la sociedad civil con su rol de veedora del proceso de gestión de la inversión pública.

De esta forma se fomenta un espacio de colaboración en favor de la gobernabilidad y se fortalece la partición de la sociedad civil organizada. La red realiza su trabajo de veeduría ciudadana en obras públicas a través del cumplimiento de 15 estándares para reducir riesgos que afectan la integridad en la contratación pública. Estos estándares tienen como fuente a la ley de contrataciones, documentos de gestión de riesgos de la CGR y del OECE.

La Red de Integridad actualmente se encuentra alojada en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lambayeque, y está conformada por: Colegio de Ingenieros, GORE Lambayeque, Mancomunidad del Valle la Leche, ACIL, EMSOLAM, CEFOPROH Santa Ángela, COVAG, Red Interquorum, Jóvenes del Milenio, etc.

Llamado a la acción

Teniendo el impacto que genera la corrupción frente a la efectividad de Estado, es necesario que las autoridades políticas promuevan espacios de participación ciudadana en las decisiones públicas de esa forma aumentar la legitimidad de las políticas públicas y fomentando la transparencia y la rendición de cuentas, la participación ciudadana no solo debe ser un discurso, sino que se necesitan acciones concretas que garanticen una efectiva participación ciudadana.

La sociedad por su parte debe organizarse para hacer una participación articulada y colaborativa, capacitándose sobre los mecanismos de participación ciudadana, contar con instituciones aliadas como la Defensoría del Pueblo, que vela por la protección de los derechos de las personas y también involucrar en sus labores de veeduría ciudadana a los medios de comunicación y así poder visibilizar su esfuerzo frente a la lucha contra la corrupción.

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(*) Representante de la Asociación Civil Transparencia en Lambayeque.

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Cuando se trata de generar conciencia pública sobre el problema de la corrupción y la promoción de medidas frente a este mal, que afecta la gobernabilidad y el desarrollo, la sociedad civil organizada juega un rol fundamental en la formación de la opinión pública.

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La comunidad china en es una de las más importantes del Perú. Según Rodríguez (2000), los chinos (colonos, asiáticos u orientales) llegaron desde 1849 engañados o presionados por compromisos que los llevaron a firmar en China un contrato que en nuestro país significó una condición de semi esclavitud. Su presencia en el departamento de Lambayeque fue inmediata. El periódico “La Estrella del Norte” de Lambayeque del 16 de diciembre de 1849 publicó un aviso de los señores Elías y Rodríguez, responsables de la contrata:

“Habiendo obtenido un privilegio exclusivo del Soberano Congreso para la internación de colonos chinos en los departamentos de Lima y La Libertad, hemos autorizado al Sr. D. José Sevilla para que en representación nuestra pueda celebrar contratas… los chinos son muy laboriosos, inteligentes y dóciles… siendo de la obligación de los patronos alojarlos, mantenerlos y curarlos en sus enfermedades cuando estas no son causadas por vicios suyos”.

El presente artículo muestra los registros en medios periodísticos de Chiclayo entre fines del siglo XIX e inicios del XX sobre el ciudadano chino, sus costumbres y progreso; además, permite conocer la percepción de los pobladores de la época sobre esta comunidad que inicialmente fue sometida a una condición laboral indigna, discriminada por su participación en los juegos de azar y el consumo de opio, hasta convertirse en protagonista de la prosperidad comercial de la provincia y agente de servicio a sus connacionales y a los chiclayanos gracias a su unión y perseverancia.

Rifa china y opio

La rifa china, “chifatay, chifá o pac – ka – piú”, fue el juego de azar preferido del “bajo pueblo”, mujeres y niños. Era un papel con un muñeco en el centro del cual se desprendían objetos animales enumerados del 1 al 36. Costó 20 centavos y pagó 30 por 1. El comprador debía adivinar el objeto animal que saldría sorteado, recibía un comprobante y era inscrito en una planilla. El chino promotor de la rifa ingresaba a un cuarto oscuro desde donde, extendiendo el brazo, sacaba de un ánfora el objeto ganador. El Código Penal de 1863 sancionó con "cárcel en primer grado” los juegos de azar considerándolos como “vicio disociador”.

Campaña en la prensa

En Chiclayo, “El Republicano" del 12 de julio de 1900, denunció los trámites de la empresa recaudadora municipal solicitando el regreso de las rifas chinas prohibidas desde 1897 y "El Departamento" del 29 de julio de 1900, inició una campaña contra el juego y las apuestas, uniéndose progresivamente otros medios de prensa. Se solicitó el cierre de las casas de juego iniciándose el trabajo policial con énfasis en las regentadas por ciudadanos chinos, develando una actitud racista al denunciarlos como promotores de inmoralidad afirmando sobre su origen que "(es) una raza que no trae al Perú sino vicios y relajamiento en todo".

La campaña, fundamentada en una actitud moralizadora, tuvo visos de abuso constante. “El Horizonte” de Monsefú, del 16 de diciembre de 1933, se rectificó de una acusación a ciudadanos chinos de “jugadores y consumidores de opio”; reconociendo que “no había sido nada cierto”.

La rifa china y el consumo de opio iban de la mano. En 1887, el gobierno estancó el opio y el 5 de mayo de 1891, se instaló en Chiclayo el “Estanco de opio”, administrado por Félix Curiel, único vendedor oficial de opio en la ciudad. Fue tal la cantidad de fumaderos que se hicieron constantes desinfecciones a cargo de la municipalidad, como informa “El Departamento” del 5 de julio de 1916.

Racismo y discriminación

El racismo es la “exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otros con quienes convive” (DRAE, 2015). Se evidenció dicha actitud discriminatoria contra los ciudadanos chinos en Chiclayo, especialmente contra los chinos pobres, quienes fueron empleados en tareas indignas; mientras los prósperos, eran vistos con recelo y sospecha por sus competidores en las actividades comerciales. Por ejemplo, “La Concordia”, del 26 de junio de 1936, informa de un telegrama que la Cámara de Comercio de Lambayeque envió a las de Piura y Pacasmayo: “Controlen comerciantes chinos - acaparan productos especulando con el pueblo agricultor”.

“El Bronce”, del 30 de noviembre de 1925, presentó una composición que mostró la actitud discriminadora de algunos chiclayanos contra los chinos: "Oye chinito ven, no seas nervioso; el opio y el arroz te hacen daño. Fuma alma de mujeres; aspira fragancias de cielo, huele lágrimas. Aliméntate con nítralos de rosa, mastica rayos de sol, rumiando Crepúsculos, bebe rocío". Este trato es común en las sociedades cuyos ciudadanos se perciben superiores a otros por razón de cultura u origen.

Algunos chinos trabajaron como “desagües ambulantes”, cargando latas y cobrando precios por "agüita con mojón" y "agüita sin mojón" que depositaban en la Pampa Chirinos; así lo informa “Crítica”, del 17 de diciembre de 1930, indicando que por el alto costo del desagüe municipal los chiclayanos “(usan) maneras de desagüe que los munícipes prohíben y multan”.

Su semblante fue también denunciado como una carencia; “Ahora” del 9 de diciembre de 1933, informó que en una panadería de la calle San Pedro comerciantes chinos expendían productos con “mal semblante” y afirmó: “No es posible que se descuide el estado de salud de los expendedores, (por ser un) grave peligro para los consumidores”.

Prosperidad e integración

La prensa de Chiclayo muestra, desde fines del siglo XIX, publicidad de negocios chinos que ofertaban sus productos denotando estatus y prosperidad, además de una innegable laboriosidad que sustenta su éxito comercial.

“El Comercio”, del 17 de setiembre de 1890, publicitó los productos de Chon Sin Lon y el almacén de Benito Dejo Cabrero; “La Provincia”, del 2 de marzo de 1895, comunicó la compra de una panadería en la calle de calzoncillo por Francisco Ton Way. “El Diario” (s.f) de 1903, publicitó el almacén de Wing On tay en la Calle Real; “La tarde” del 15 de julio de 1903, publicitó al herbolario Jo Kin Lan en Chiclayo y Monsefú; “El Departamento” del 14 de julio de 1906, calificó los hoteles “Progreso” y “Chung Chong” (de propiedad del “Chino Ñato”) como lugares de mal vivir; el mismo medio del 19 de junio de 1920, mencionó a la tienda de Ricardo Wu que perteneció a Felipe Chung. Se aprecia la cantidad y diversidad de establecimientos.

En las décadas de 1930 y 1940 aumentan los avisos comerciales: “La Patria” del 3 de junio de 1932, publicita la panadería de José Chú, el restaurante “Shangay” y la bodega de Yock Fong. Persistió el racismo y la campaña contra los juegos de azar y el consumo de opio; “La Patria” del 28 de febrero de 1934, afirma “chinos comerciantes … (son) un peligro para la salud del vecindario”. El 26 de marzo de 1937, “La Patria” informa que un incendio redujo a cenizas el establecimiento “El Imán” de Augusto Wong y la Guía Comercial e Industrial de Chiclayo (1947) registró 25 centros comerciales mayoristas y 40 comercios minoristas, todos ellos ubicados en las calles céntricas de la ciudad.

En 1864 se fundó la Sociedad de Beneficencia China “Chun Wa Huy Kung" de Chiclayo, siendo Don Puy Mau su primer presidente. Compraron un local que tenía dos salones de recepción, hospedaje y templo ("Guangong"). La próspera Colonia china de Chiclayo protegió a sus connacionales y relacionó a su institución con obras de bien social. “El Obrero de la Unión” del 24 de setiembre de 1891, informa la exitosa presentación de una Compañía asiática afirmando “los hijos de esa colonia buscan solaz y entretenimiento”. “El Republicano” del 27 de junio de 1900, menciona la existencia de un hospital chino en pésimo estado de higiene y “Ahora” del 14 de diciembre de 1933, comunica la asistencia de asiáticos al evento de la Colonia china en el Cine Iris para apreciar la película “La Guerra de Manchuria”.

La Colonia China aportó a la lucha contra la tuberculosis. “Trayectoria” del 3 de marzo de 1943, informa su contribución a favor de la Colonia Climática "Fray Martín de Porres" a través de su Comité de damas.

En conclusión, desde su llegada al Perú en 1849, la comunidad China de Chiclayo (según los registros en medios periodísticos de la provincia) pasó de una condición de trabajo por contrata en condiciones indignas y de semi esclavitud a otra de discriminación por su origen y costumbres. La percepción de los pobladores entre fines del siglo XIX e inicios del XX devela una actitud racista al calificarlos como viciosos (por su afición a la rifa china y el consumo de opio), especuladores en el ámbito comercial y pálidos o de “mal semblante” por la tonalidad de su faz. Su laboriosidad fue fundamento de su prosperidad comercial; el apoyo a sus connacionales a través de la Sociedad de Beneficencia China y su integración con la comunidad local a través de obras benéficas. El aporte de la comunidad china de Chiclayo constituye un ejemplo de constancia y práctica de virtudes humanas.

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(*) Docente e historiador.

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El racismo es la “exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otros con quienes convive” (DRAE, 2015). Se evidenció dicha actitud discriminatoria contra los ciudadanos chinos en Chiclayo, especialmente contra los chinos pobres, quienes fueron empleados en tareas indignas; mientras los prósperos, eran vistos con recelo y sospecha por sus competidores en las actividades comerciales.

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El territorio lambayecano, hoy día, es compartido por varios grupos étnicos locales, que han migrado desde los diversos rincones de la tierra. Este es un proceso histórico que se inició hace más de 10 000 años y aún se mantiene, en un flujo constante de personas y mercancías que dinamizan nuestra economía.

La modernidad europea ha construido la versión de la supremacía europea invisibilizando nuestras etnia y culturas, creando una visión de subordinación cultural, étnica y social, pero nuestros ancestros han trasmitido, pese a todas las contingencias sociales, culturales y económicas, el orgullo de nuestra etnia con sus diversas expresiones, herencia que se ha mantenido en un contexto productivo diverso culturalmente.

Por ello los pueblos indígenas y originarios mantennos aún, nuestro vínculo con la  tierra, fuente de vida, el origen de nuestros ancestros y símbolo de nuestro ethos, que como nudos axiales se expresa en los ríos, árboles, aves y todo lo que vive en un territorio, son fuente de nuestra vida, por ello es considerada parte de nuestra familia, los diversos pueblos indígenas y originarios relatan sus diversos orígenes, lenguas, costumbres, vestimentas y creencias  , el reto es construir ciudadanía intercultural , aunque  hoy día  las diversas relaciones de poder generan una relación asimétrica , de dominados y dominantes.

La modernidad andina considera que los cambios producidos debemos asumirlos, pero manteniendo nuestra raíz histórica, fortaleciendo nuestras organizaciones sociales, estas dos son la base para la construcción del ser humano moderno que aprende de su pasado y se proyecta  al universo, donde los procesos educativos tienen un enfoque intercultural, este es un camino que se viene construyendo en los 55 pueblos indígenas: 51 se encuentran en nuestra amazonia y cuatro en los andes, que hablan 48 lenguas, con variantes dialectales como el quechua de Ferreñafe, Cañarís y Salas. En Lambayeque, existen muchas palabras en aimara, muchik, tallan, culle, cañar de Ecuador, de Olmos.

Por ellos los pueblos indígenas y originarios que habitamos en el territorio lambayecano somos varios, los quechuas de Salas, Inkawasi, Cañarís, así como los Penachies, identidad que es reclamada por la comunidad campesina San Mateo de Penachí, ¿Pero, ¿qué pasó con los muchik, Olmos y otros grupos? ¿Desaparecieron por acción del proceso de culturización?

Tradiciones y costumbres presentes

En apariencia sí, pero siguieron subsistiendo en sus diversas manifestaciones, extrapolaron el culto a los cerros por las peregrinaciones a las cruces y vírgenes; mantuvieron la memoria histórica a través de relatos y mitos; nos dieron consejos del buen actuar empelando los cuentos y fábulas; nos presentaron los aspectos históricos más importantes a través de sus danzas y bailes, cimentaron la ciencia popular y edificaron sus casas y canales. Brindaron mucha importancia a la prevención a partir del uso de hierbas medicinales y el consumo de comidas de acuerdo a las estaciones lunares, sin herbicidas, tampoco insecticidas, mientras la crianza y reproducción de los animales y las personas es guiada por las diversas manifestaciones y el actuar de las aves, insectos, cambios climáticos y floraciones de árboles y arbustos, de la lectura de las estrellas. Nos enseñaron también el uso del algodón y la lana que no generan problemas a la piel y ayudan a mantenernos equilibrados.

Este proceso ha generado una identidad subalterna, invisibilizada, manteniendo las diversas expresiones de la identidad de los grupos étnicos. Pero este proceso es visibilizado en las comunidades altoandinas, entre los habitantes de la chupi yunga y la costa, los pescadores, los campesinos, artesanos. Pese a mantener sus costumbres, tradiciones y mitos se les considera como grupos no originarios; se les consideró mestizos, que habían olvidado todo su conocimiento, a los dueños de estos territorios se les considera extraños en su tierra,  se  invisibilizó en la modernidad normativa, se les hizo creer que ser nativos y originarios es una ofensa, un insulto, pero la latencia cultural generó una dualidad de percepción nativa y occidental, que va reconfigurando una nueva identidad, que tienen como base nuestra raíz histórica  y que se acrecienta en la ausencia del territorio .

Durante años la resistencia pasiva permitió la continuidad cultural. Aparentemente, habían erradicado las expresiones culturales de los pueblos indígenas y originarios, pero las tradiciones seguían expresándose y manteniéndose en los pueblos, no eran parte del proceso oficial, pero se conservaban.

Esfuerzos de resistencia

El año de 1925, en proceso del proyecto Irrigación y Colonización del Norte se formó una comisión presidida por el ingeniero Charles Sutton con el objeto de elegir a la “Cholita Linda de Lambayeque”. Los ingenieros recorrieron Lambayeque y se presentaron varias candidatas, quienes en el Teatro Dos de Mayo asumieron la prueba de quién hilaba más rápido y bailaba marinera. Las candidatas debían tener los rasgos étnicos del grupo social que representaba. La ganadora fue una campesina ferreñafana.

Lamentablemente, la caída del gobierno del presidente Leguía generó la paralización del proyecto y el apresamiento del ingeniero Charles Sutton, así como la no realización de más concursos.

Cada cierto periodo los pueblos indígenas y originarios participaban en las diversas fiestas y ferias religiosas, preservaban sus ritos de paso, así como en las fiestas de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y Día de los Muertos reconstruían toda su memoria historia a través de sus bailes y autos sacramentales como el de Reyes Magos, fiesta de Resurrección de Cristo y los carnavales, donde se dirimían los conflictos interétnicos y se mostraba la fastuosidad del rito.  

Hace 52 años don Limbert Chero Ballena creó el FEXTICUM recreando las posadas escolares. La genialidad de don Limbert fue integrar a la población monsefuana, visibilizar y proyectar las costumbres de los monsefuanos a Lambayeque y al Perú, reivindicando a la mujer, la culinaria y la música, convirtiendo al pueblo monsefuano en eje comercial y tradicional de Lambayeque.

Hace 49 años un grupo de maestros proyecta el festival del Taki (cantar y bailar) en Inkawasi, donde participan escolares y las organizaciones comunales. En San Juan de Cañaris se desarrollan actividades culturales con expresiones costumbristas, sus expresiones más notables son la Festividad de San Juan y Semana Santa, en Salas; en el caserío La Ramada celebran Tayrinacucho, que es la fiesta de la etnia Penachí.

En el año 1987 se descubre al Señor de Sipán y aparece un referente urbano de identidad, de sectores medios urbanos, destacando la raíz histórica y las costumbres construidas a lo largo de los procesos. Se generó una ordenanza regional para enseñar el quechua y el muchik, así como celebrar la fiesta de Iñikuk. En el año 2023 se celebraron 60 fiestas de Iñiku, lideradas por algunas municipalidades, instituciones educativas secundarias, primarias e inicial, mayormente públicas, pero también privadas, o dirigidas por centro culturales. En Mórrope, desde hace más de una década se ha iniciado un proceso de letrado y dibujo de símbolos muchik, que permite afianzar la identidad en un 20 % de las escuelas morropanas.

Gran herencia

Al mirar al pasado y proyectarnos al presente podemos observar que aún no valoramos al ser humano constructor de este hermoso pasado histórico. Mirando al pasado podemos percibir la filosofía muchik con sus componentes agua, viento, fuego; explicaciones sobre la creación y el origen de las personas; de la metalurgia y la química que permitieron la aleación del cobre arsenical con el oro a 120 grados, todos los productos construidos en metal tienen el casi mismo grado de fusión. Se empleo la geometría plana en los tejidos de cintura, o la geometría del espacio en la construcción de las pirámides donde se emplearon las figuras geométricas de conos, rectángulos, cuadrados, o el empleo de muchas hierbas medicinales, el estudio de los mapas estelares, el construir canales de regadío que interconectaban los valles de Lambayeque, la sinuosidad de ríos y acequias para controlar la velocidad de las aguas y permitir una mejor distribución de estas en los diversos terrenos; la nivelación de terrenos empelado las sombras  del cuerpo humano con relación al sol, la amplitud del área agrícola, hoy solo llegamos a un 72 % de área empleada para los cultivos que en pasado; el abono orgánico empleado en los cultivos, el consumo de productos agroecológicos y el control fitosanitario de las plagas.

Los pueblos indígenas del Perú y de Lambayeque, seguimos vivos, con nuestra tradición, memoria histórica, conocimiento ancestral; con nuestra filosofía y ciencia indígena. El mundo moderno, para subsistir ante los diversos problemas, necesitará de nuestros conocimientos para mantenernos como humanidad. Proyectar nuestros conocimientos al mundo moderno es nuestra tarea, los pueblos indígenas y originarios de Lambayeque y del Perú no somos solo danza y comidas, somos lengua, filosofía; somos ciencia, por eso aún vivimos.

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(*) Sociólogo y docente universitario.

En el Perú de hoy, hablar de la participación y el liderazgo de las mujeres es referirse a una transformación en marcha, un proceso que no es lineal, cargado de tensiones, pero profundamente arraigado en la historia de luchas por la igualdad. Este liderazgo se centra principalmente desde los territorios, desde el cuidado y en espacios que antes no les eran permitidos. A lo largo del país, las mujeres protagonizan procesos de organización comunitaria que no solo crecen en número, sino que presentan características propias: se centran en el bienestar colectivo, el vínculo comunitario y la sostenibilidad de la vida.

Aunque las mujeres cada vez tienen mayor presencia en ámbitos como la gestión y la obra pública, su participación no siempre se traduce en poder real ni en toma efectiva de decisiones. Este cambio estructural se ha alimentado de décadas de lucha feminista, de políticas públicas que reconocen (aunque todavía de manera insuficiente) las desigualdades de género, y de prácticas concretas en barrios, comunidades y organizaciones de base. Sin embargo, se enfrenta a una cultura patriarcal persistente, a múltiples formas de violencia simbólica y estructural, y a un sistema político profundamente masculinizado.

Como resultado, persisten brechas que limitan su influencia en los espacios de decisión, y condicionan su participación formal mediante estereotipos de género, estructuras institucionales excluyentes y barreras de acceso. No obstante, las mujeres han generado formas propias de liderazgo, más horizontales y comunitarias, sostenidas en la vida cotidiana: desde comedores populares y ollas comunes hasta redes de vigilancia ciudadana y organizaciones vecinales.

Circunstancias difíciles

Tras la pandemia de Covid-19, el liderazgo de las mujeres se hizo aún más visible, especialmente en espacios comunitarios de respuesta solidaria. Durante la crisis sanitaria, fueron ellas quienes asumieron, en su mayoría, la organización de las ollas comunes en distintas regiones del país. Según la Defensoría del Pueblo (2022), “son las que más participan en las ollas comunes”, teniendo una vocación de servicio comunitario. Ese liderazgo desde el cuidado, fue clave para sostener la vida en los territorios durante la emergencia sanitaria.

Sin embargo, este tipo de liderazgo sigue siendo subvalorado en los sistemas formales de poder. Aunque las mujeres representan más del 50?% de la población peruana, su participación institucional sigue siendo limitada. Este escenario revela una contradicción estructural: las mujeres participan de manera activa en los espacios comunitarios, pero son las que menos acceden a las estructuras formales de poder. No basta con abrir puertas a la participación: es necesario garantizar condiciones equitativas para el ejercicio real del poder. Para ello, resulta clave promover procesos de formación en ciudadanía, liderazgo y derechos, especialmente en contextos donde las mujeres ya están ejerciendo funciones de coordinación, incidencia política y acompañamiento territorial.

Iniciativas locales

En el distrito de José Leonardo Ortiz, por ejemplo, este compromiso se fortalece gracias al trabajo de organizaciones como el Centro de Formación y Promoción Humana “Santa Ángela”, que impulsa procesos formativos para el liderazgo comunitario, el empoderamiento de las mujeres y su participación activa en veedurías ciudadanas vinculadas a la vigilancia de la obra pública e incidencia organizativa. A estas iniciativas se suman organizaciones juveniles que fomentan el liderazgo de las jóvenes, promoviendo su participación política y contribuyendo a construir una ciudadanía más justa, inclusiva y representativa.

Desde una mirada psicológica, es importante considerar tanto las dimensiones individuales como las colectivas del liderazgo. A nivel individual, muchas mujeres pueden experimentar el síndrome del impostor, la falta de reconocimiento a sus logros, la sobrecarga emocional y el techo de cristal, factores que afectan la manera en que asumen y sostienen posiciones de liderazgo. En el plano colectivo, se promueve el liderazgo horizontal, el trabajo en círculos, los espacios de cuidado y talleres que resignifican lo que implica liderar desde una lógica de acompañamiento y transformación social, reconociendo la fuerza de sus voces y trayectorias.

En el departamento de Lambayeque, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en procesos de fiscalización ciudadana y participación política no partidaria. En muchos departamentos, las mujeres han empezado a involucrarse más activamente en estos procesos, aportando una mirada distinta y exigiendo transparencia, calidad y pertinencia social en las inversiones. Un ejemplo es la Red de Integridad Lambayeque, espacio multiactor que cuenta con la participación de lideresas comunitarias que han impulsado veedurías ciudadanas a obras públicas.

Desde ahí, se promueve una cultura de vigilancia ciudadana, ética pública y rendición de cuentas, visibilizando un liderazgo transformacional centrado en el cuidado colectivo. Pienso, por ejemplo, en Jannet Irigoyen, presidenta de Emprendedores Solidarios de Lambayeque (Emsolam), quien lucha por los derechos de las personas con discapacidad y, desde la red, por obras públicas accesibles.

Desafíos estructurales

El liderazgo femenino en el Perú, aunque enfrenta desafíos estructurales, se sostiene sobre una base sólida de avances significativos. La transformación avanza, con tiempos distintos en cada territorio, pero con una dirección clara: una forma de ejercer el poder con énfasis en el cuidado, la justicia social, la transparencia y el bienestar colectivo.

Para consolidar estos avances, es necesario fortalecer políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad social, garanticen recursos financieros para lideresas, protejan frente a la violencia política, faciliten el acceso equitativo a tecnologías y promuevan condiciones adecuadas para el cuidado comunitario. Son demandas nacidas desde los barrios y el campo, desde la vida cotidiana, y deben ser atendidas con urgencia y compromiso.

Hoy, el liderazgo de las mujeres peruanas ya no es solo una cuestión de acceso simbólico: es una construcción desde abajo, que no reproduce mandatos, sino que transforma sin excluir. Es una forma de tejer comunidad con justicia, equidad y acceso real a oportunidades. Es hora de que la democracia sea verdaderamente representativa, y las mujeres ya están abriendo ese camino. Mirando hacia el 2026, se vuelve urgente que este liderazgo no solo siga creciendo en los territorios, sino que se traduzca en una presencia efectiva en los espacios de poder político.

El Perú no puede permitirse avanzar con una democracia que aún excluye o subrepresenta a más de la mitad de su población. Las elecciones anteriores mostraron avances, pero siguen siendo insuficientes. El reto es que cada vez más mujeres, con trayectoria social, comunitaria y técnica, asuman roles de decisión desde sus propios marcos éticos y colectivos, es momento de que ese liderazgo se exprese con fuerza en las próximas elecciones generales. Solo así podremos imaginar una política distinta: más representativa y de oportunidad.

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(*) Psicóloga, magíster en Fonoaudiología con mención en Trastornos del Lenguaje, coordinadora general del CEFOPROH Santa Ángela y secretaria técnica de la Red Integridad Lambayeque.

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El liderazgo femenino en el Perú, aunque enfrenta desafíos estructurales, se sostiene sobre una base sólida de avances significativos. La transformación avanza, con tiempos distintos en cada territorio, pero con una dirección clara: una forma de ejercer el poder con énfasis en el cuidado, la justicia social, la transparencia y el bienestar colectivo.

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En los albores del Bicentenario de nuestra independencia todos esperábamos con ansias esta fecha histórica e importante para la patria, sobre todo con una expectativa de cambios institucionales y democráticos. Han pasado ya 4 años de aquella memorable ocasión y el resultado que tenemos es desolador. Un país totalmente devastado por la inseguridad, el crimen organizado, la extorsión, y un gobierno que cree aún que está gestionando las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos. Nada más contradictorio a una realidad que día a día evidencia la corruptela desde las instancias más privilegiadas del poder y de una clase política a la que llamo “putrefacta”, que ha contaminado instituciones cuyo deber y objetivo es atender las necesidades y defender los derechos más urgentes de todos nosotros,  que vivimos  en constante  vulnerabilidad, terror, miedo  y  desesperanza.

Ese es  el panorama real que nos presenta una república bananera  como la nuestra, en donde el poder absoluto es compartido por el  Ejecutivo y un Congreso que funciona como abogado defensor de la presidenta de la República, para protegerla de cada exabrupto que comete y al que mayoritariamente no le interesa los intereses colectivos, sino los personales y familiares, generando no solo inestabilidad y repudio ciudadano (Poder Ejecutivo y Legislativo con menos del 3 % de aprobación nacional), provocando  una terrible brecha de desigualdad y debilidad  institucionalidad democrática.

Debilidad que genera un efecto progresivo y sistemático en todo nuestro país, afectando a toda la administración pública, a los ciudadanos, a la propia sociedad y, finalmente, nuestra propia proyección hacia el futuro, más aún que transitamos por estas épocas posteriores al Bicentenario, sin que haya algo para celebrar.

¿Verdaderamente representativa?

Por ello, resulta apropiado realizar  un análisis y cuestionamientos a la “Representación Parlamentaria” y proponer mejoras frente a una de las cuatro funciones más importantes del parlamento, como son la función legislativa, fiscalizadora, de investidura y representativa, por cuanto esta lamentablemente ha sido afectada a un nivel que hoy el grueso de la población lambayecana no puede identificar a los cinco congresistas de la república como sus representantes y próximamente diputados y senadores, en el marco de la reforma constitucional y el retorno  después de un poco más de 30 años a la bicameralidad.

Consideramos que uno de los elementos de la compleja espiral de problemas que nos aqueja como sociedad en formación, desarrollo y sostenimiento democrático, es la desvinculación entre los actores políticos de nuestro firmamento político institucional con la ciudadanía y ello permite el surgimiento de representantes políticos sin “legitimidad” a pesar de que su nombramiento es “legítimo”.

Explicamos este punto, por cuanto es necesario comprender que no cuestionamos el proceso democrático, el cual avalamos; criticamos el procedimiento para poder flexibilizar exigencias y condiciones para el acceso al poder como congresista de la república, que actualmente existe.

Los aspirantes y elegidos

Problema material que ha permitido que personas sin un vínculo partidario, sin una línea de trabajo y representatividad puedan ser elegidas congresistas y con ello, el “clamor popular” de cualquier condición o necesidad social no pueda ser atendido en las máximas entidades públicas, porque el Congreso de la República no puede tener una mayor participación por medio de su propio representante.

Esta condición negativa descrita es el resultado de un complejo proceso de evolución y desarrollo social que proviene de épocas posteriores a la II Guerra Mundial y que se ha degenerado a lo que actualmente se observa.

Por ello, resulta interesante que a partir de verdaderas reformas y no contrarreformas electorales sobre aspectos tan importantes como la “Representación Parlamentaria”, que lamentablemente este Congreso se ha encargado de desnaturalizar, se permita generar una mayor vinculación entre el congresista de la república con una determinada circunscripción electoral, que no solo posibilite que la ciudadanía tenga una mejor representatividad, sino que además pueda ejercer una mejor fiscalización de la labor parlamentaria, la cual será útil al momento de una próxima elección parlamentaria.

Finalmente, considero que existen alternativas que podrían mejorar la “calidad” de la representación parlamentaria, (llámese diputado o senador) a partir del próximo 12 de abril del 2026, para que así los ciudadanos de todas las regiones del país no tengan un representante nominal en el Congreso de la República sino un verdadero representante.

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(*) Abogado, especialista en Derecho Electoral y docente universitario.

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Uno de los elementos de la compleja espiral de problemas que nos aqueja como sociedad en formación, desarrollo y sostenimiento democrático, es la desvinculación entre los actores políticos de nuestro firmamento político institucional con la ciudadanía y ello permite el surgimiento de representantes políticos sin “legitimidad” a pesar de que su nombramiento es “legítimo”.

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