Como todos los años, los profesionales debemos preocuparnos por realizar las declaraciones de impuestos. Una actividad que debemos cumplir para no estar sujetos a sanciones o multas por parte de la Sunat, que es la institución pública que ejerce el rol de fiscalización.

En nuestro país no existe la cultura tributaria. Lastimosamente, la percepción que sentimos al momento de que nos retienen parte de nuestros ingresos, es que será utilizado de manera errónea por las autoridades de turno. Concretamente, en nuestra región observamos la falta de gestión y toma de decisiones de los líderes políticos: ineficiencia en la gestión de residuos sólidos, lo cual genera acumulación de basura en muchas calles de la ciudad. Además, hay que sumar el colapso perenne del sistema de alcantarillado y falta de drenaje pluvial, ocasionando olores nauseabundos. Del mismo modo, las pistas y veredas deterioradas. Estos son algunos de los problemas que enfrentamos diariamente como ciudadanos.

La Sunat, como entidad promotora y responsable de la recaudación tributaria, cuenta con diferentes estrategias para incentivar en la población el compromiso de declarar de forma transparente y oportuna sus ingresos y egresos. Una de estas medidas adoptabas, es permitir registrar desembolsos para disminuir tributos, conocida como gastos deducibles.

Gastos deducibles

Los gastos deducibles son egresos que restan a los ingresos totales (brutos), obteniendo un resultado menor (conocida como base imponible), el cual será empleado para el cálculo de los tributos. Tener en cuenta que, solo algunas compras son permitidas y, para ello, deben estar debidamente sustentadas. Quien determina si cumplen o no con los requisitos legales es la institución pública de Sunat, regulado en la Ley del Impuesto a la Renta.

Esta normativa está dirigida para ciudadanos que realizan un trabajo independiente (rentas de cuarta categoría) y dependiente (rentas de quinta categoría). Los primeros, no cumplen un horario laboral, por ende, no hay subordinación. Al finalizar su tarea emiten un comprobante de pago denominado recibo por honorarios.

Los segundos, son colaboradores de una empresa, por lo tanto, están sujetos a cumplir tareas, son controlados y fiscalizados por su jefe directo, mensualmente reciben su salario al encontrase en planilla; además, cuentan con un horario de entrada y salida.

Para el presente año, los gastos deducibles tienen un tope de S/16 500, equivalente a 3 UIT, y son los siguientes:

En hoteles y restaurantes: se permite deducir hasta 15 % del gasto efectuado. Para permitir la deducción, la persona debe solicitar a la empresa un comprobante de pago (boleta de venta electrónica), y que se consigne los nombres completos y el número del DNI (obligatorio).

En servicios profesionales (contadores, abogados, ingenieros, entre otros), la SUNAT permite deducir hasta el límite del 30 % del gasto. Asimismo, para alquiler de Inmuebles, corresponde el 30 % del valor del pago efectuado. Por último, la cobertura del servicio de EsSalud a trabajadores del hogar, permite el 100 % de la aportación.

Tener presente que, para hacer válidas estas deducciones, las empresas emisoras deben tener el RUC activo y emitir el comprobante de pago.

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(*) MBA, asesor, mentor y catedrático. Especialista en Gestión Empresarial e Innovación.

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 La Sunat, como entidad promotora y responsable de la recaudación tributaria, cuenta con diferentes estrategias para incentivar en la población el compromiso de declarar de forma transparente y oportuna sus ingresos y egresos.

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El Perú atraviesa una de las coyunturas políticas más inestables en su historia contemporánea, a menos de tres meses de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, luego de años de tensiones políticas, crisis de gobernabilidad y percepciones de inseguridad en la ciudadanía, el país atraviesa un ambiente caracterizado por una gran incertidumbre en las elecciones, división entre los partidos y una profunda desconfianza ciudadana hacia sus instituciones. No solamente se determinará quién tendrá el cargo más alto del Estado con los resultados de este proceso, sino que además se definirá la dirección de la política pública en asuntos clave como la economía, la seguridad, el trabajo y la lucha contra la corrupción; en este escenario, el elector peruano se encuentra ante una elección crucial: seguir con los mismos patrones políticos establecidos que no han producido soluciones duraderas o elegir la renovación con nuevas propuestas y líderes emergentes.

El escenario actual revela una nación fragmentada y extremadamente exigente: por un lado, la economía persigue indicios de estabilidad; por el otro, los ciudadanos expresan inquietudes serias acerca de la calidad de la oferta política, la claridad del proceso y la habilidad de los candidatos para tratar con problemas fundamentales, este panorama demanda un examen minucioso y crítico que sobrepase los nombres de los candidatos, enfocándose en las dinámicas económicas, políticas y sociales que verdaderamente determinarán estas elecciones en la percepción colectiva del Perú.

Percepción ciudadana: desconfianza y desafección

La escasa confianza de la ciudadanía en los candidatos y en el sistema electoral es uno de los aspectos más notables de este proceso electoral, aproximadamente el 8 % de los peruanos confía completamente en que las elecciones de 2026 se desarrollen bien, mientras que cerca de la mitad de la población muestra una credibilidad muy baja en el sistema político, según encuestas recientes. Esta desconfianza generalizada no aparece de la nada: es una consecuencia de muchos años de escándalos de corrupción, interinatos presidenciales sucesivos y del sentimiento de que se priorizan los intereses individuales sobre el beneficio colectivo en la política.

Una indecisión electoral significativa es el efecto directo de esta desilusión, según los datos de las encuestas, más del 56 % de los ciudadanos no ha decidido aún su voto o piensa votar en blanco o viciado, una cifra que es mayor al total de apoyos a cualquier candidatura particular. Este fenómeno, en lugar de ser temporal, muestra que el electorado se siente desconectado de las narrativas políticas convencionales y, en numerosas ocasiones, ha decidido manifestar su rechazo a la oferta actual en vez de apoyarla.

Fragmentación política y ausencia de liderazgos consolidados

En el panorama electoral peruano de 2026, hay una diversidad de candidatos y ninguno de ellos logra obtener cifras significativas en intención de voto, los últimos sondeos indican que los primeros puestos de preferencia presidencial apenas llegan a cifras de un solo dígito, lo que revela la existencia de un electorado dividido y sin alternativas claras que promuevan decisiones firmes entre los votantes.

Esta dispersión no solo diluye el voto de la ciudadanía, sino que además fortalece la idea de que la política en Perú está desprovista de líderes carismáticos o programas coherentes, capaces de formular una visión del país que supere las circunstancias actuales, es una propuesta en la que muchos nombres se repiten; algunas figuras vienen de organizaciones políticas tradicionales y otras surgen sin un fuerte apoyo social.

Economía, seguridad y criminalidad: preocupaciones prioritarias

Los temas que más preocupan a la ciudadanía, más allá de las encuestas y los resultados electorales, tienen que ver con la economía, la corrupción y la seguridad, de acuerdo con las encuestas de opinión, los asuntos que inquietan más a la población peruana son:

ü  La inseguridad en la ciudadanía como un tema predominante.

ü  La idea de que la economía criminal (narcotráfico, minería ilegal, extorsión) tendrá un impacto en los resultados electorales y en las políticas públicas venideras, el 78 % de los habitantes de Perú estima que es probable que estas economías empleen recursos ilegales para incidir sobre los resultados.

ü  La exigencia de planes nítidos en términos de empleo, desarrollo económico y mejora de la calidad de vida.

Estos indicadores demuestran que los votantes esperan soluciones concretas a problemas específicos, no discursos vacíos o fórmulas retóricas que no se convierten en políticas públicas efectivas.

Un electorado joven e indeciso con potencial clave

Es relevante destacar la implicación de los jóvenes en este proceso, según las encuestas, el grupo de indecisos es especialmente fuerte en los jóvenes entre 18 y 24 años, con cifras que sobrepasan el 50 % en ciertas zonas; este segmento del padrón electoral es fundamental, pues constituye una masa crítica capaz de influir en los resultados, impulsada por anhelos de transformación y representación política genuina, así como por exigencias socioeconómicas.

El proceso electoral peruano de 2026 se presenta como uno de los más difíciles y complicados en años recientes:

ü  La alta indecisión y la dispersión del electorado indican que los votantes todavía no encuentran propuestas que se alineen con sus verdaderas aspiraciones.

ü  La desconfianza hacia la política y los partidos tradicionales continúa predominando en el sentir de la ciudadanía, lo cual da lugar a nuevas figuras o coaliciones no convencionales.

ü  Los candidatos no pueden pasar por alto los desafíos que representan las inquietudes sobre la seguridad ciudadana y la posible intervención de economías delictivas en el proceso electoral.

ü  Finalmente, aunque existe desafección, la alta intención de participación electoral indica que la ciudadanía todavía cree en la democracia como instrumento de cambio.

Para que las elecciones de 2026 no sean simplemente una rutina repetitiva, sino una auténtica ocasión para la renovación democrática, es crucial que:

a)               Los partidos políticos y sus candidatos hacen propuestas concretas, realistas y que se relacionan con los desafíos que la ciudadanía enfrenta en la vida diaria (como el empleo, la educación, la corrupción y la seguridad); b) Se promueva una agenda de reforma política que disminuya la fragmentación de los partidos y fomente una mayor coherencia programática entre las propuestas electorales; c) La ciudadanía se entere de manera activa sobre discusiones y propuestas, sobrepasando los niveles de desinformación reportados en varias encuestas y d) Las organizaciones civiles y los medios de comunicación promuevan foros públicos abiertos donde se puedan contrastar programas gubernamentales y perspectivas sobre el futuro del país.

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Docente USMP - FN

Correo: bagnerss3@gmail.com

Siempre hemos pensado que hay países que avanzan como quien camina sobre arena húmeda: cada paso parece firme, pero basta una ola para borrar la huella. El Perú, camino a 2026, da justamente esa impresión. Las cifras hablan de crecimiento, de estabilidad fiscal, de presupuestos robustos. Pero debajo de ese lenguaje técnico se mueve algo más frágil: una gobernanza exhausta.

La primera vuelta electoral se desarrolla en un escenario que no inspira certezas. La fragmentación del Congreso bicameral, la debilidad de los partidos y la alta rotación de presidentes y ministros de Economía han convertido la política en una sucesión de paréntesis. Se gobierna por tramos cortos. Se decide sin horizonte. Y esa intermitencia tiene costos reales: inversión privada que se retrae, gestión pública que se debilita y ciudadanos que aprenden a desconfiar.

La última elección, marcada por la rabia, dejó una herida institucional profunda. La informalidad, la ilegalidad y el descrédito del Congreso no solo erosionaron la democracia; contaminaron el resto del sistema. Desde entonces, el país funciona bajo una lógica de supervivencia política, donde la estabilidad es apenas un accidente y no un objetivo compartido.

Mientras tanto, el progreso social retrocede. En 2025, el Perú cayó al puesto 84 de 170 países, con una puntuación de 67,6 sobre 100. No es solo un número. Es una señal. Significa que amplios sectores viven peor, que la calidad de vida se deteriora y que la recuperación económica no logra traducirse en bienestar cotidiano. Crecemos, sí. Pero no avanzamos.

Aquí aparece una paradoja incómoda. El presupuesto público para 2026 alcanza los 257 562 millones de soles. Sin embargo, el 65 % se destina a gasto corriente, apenas el 22 % a gasto de capital y el resto al servicio de la deuda. Más aún, el 81 % del presupuesto se concentra en pocas funciones, desplazando a sectores sociales directamente vinculados con los servicios básicos. El instrumento central de la política pública termina reflejando una desconexión estructural con el desarrollo de mediano y largo plazo.

No es solo un problema de montos. Es un problema de sentido. La asignación presupuestaria carece de criterios técnicos claros, ignora brechas territoriales y no considera capacidades de ejecución ni costos diferenciados. La planificación camina por un lado; el presupuesto, por otro. Y cuando ambos no dialogan, el gasto deja de ser una herramienta de transformación para convertirse en rutina administrativa.

A ello se suma un clima político dominado por la polarización y la lógica transaccional del Congreso. Se discuten propuestas controversiales, como el uso de reservas internacionales para financiar proyectos, mientras persisten la corrupción y la inseguridad. El crecimiento potencial queda atrapado por la falta de predictibilidad. La productividad no despega porque nadie invierte en un país que no logra ponerse de acuerdo consigo mismo.

Lo curioso es que, en apariencia, todo está bajo control. Las variables macroeconómicas resisten. La política fiscal mantiene el equilibrio. Pero ese orden contable convive con una institucionalidad debilitada. Y ahí radica el verdadero riesgo: creer que la estabilidad fiscal basta para sostener una nación.

No basta

El próximo gobierno enfrentará un desafío que va mucho más allá de preservar cifras. Tendrá que reconstruir confianza, articular la planificación con el presupuesto y reorientar el gasto hacia resultados concretos en seguridad, servicios básicos y cohesión social. Tendrá que demostrar que gobernar no es administrar inercias, sino crear condiciones para una vida mejor.

Porque el crecimiento económico, cuando no se traduce en desarrollo real, termina siendo solo eso: un espejismo.

Y como ocurre con todos los espejismos, tarde o temprano, la realidad alcanza.

El escenario político y económico que enfrenta el Perú hacia 2026 evidencia una profunda desconexión entre el optimismo macroeconómico y la debilidad estructural de su institucionalidad. La fragmentación del Congreso, la alta rotación presidencial y ministerial, junto con la crisis de los partidos políticos, configuran un entorno de gobernabilidad frágil que desalienta la inversión privada y limita la capacidad del Estado para generar resultados sostenibles. A ello se suma un presupuesto público altamente concentrado en gasto corriente y en funciones que no responden de manera directa a las brechas sociales más urgentes, lo que revela una asignación poco alineada con criterios técnicos, territoriales y de desarrollo de largo plazo.

Este contexto se traduce en un deterioro del progreso social y en una creciente vulnerabilidad de amplios sectores de la población, lo que confirma que la estabilidad fiscal, por sí sola, no garantiza bienestar ciudadano. En consecuencia, el principal desafío del próximo gobierno no será únicamente preservar los equilibrios macroeconómicos, sino reconstruir la institucionalidad democrática, fortalecer la planificación articulada con el presupuesto y reorientar el gasto público hacia resultados concretos en seguridad, servicios básicos y cohesión social, condiciones indispensables para transformar el crecimiento económico en desarrollo real e inclusivo.

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(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.

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El próximo gobierno enfrentará un desafío que va mucho más allá de preservar cifras. Tendrá que reconstruir confianza, articular la planificación con el presupuesto y reorientar el gasto hacia resultados concretos en seguridad, servicios básicos y cohesión social.

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