La presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, Marisa Glave Remy, cuestionó que el ministro del sector, Edmer Trujillo Mori, haya adelantado opinión respecto a la implementación del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, en EPSEL, mecanismo que de acuerdo al marco legal vigente solo puede ser aplicado luego de la evaluación de la SUNASS, cuyo accionar es autónomo.
Trujillo Mori afirmó hace tres semanas que el próximo 15 de junio debería producirse la intervención del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS en EPSEL, en el marco del Decreto Legislativo N° 1280, que faculta a este para la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, que, entre otras cosas, deja sin efecto los órganos de gobierno de las empresas auxiliadas (Junta Empresarial, Directorio y gerencias), y representa el inicio de un proceso de reorganización en la gestión y prestación de los servicios.
Sin embargo, la norma es clara al señalar que dependerá de la evaluación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, y el informe que esta emita el pronunciamiento del Consejo Ejecutivo del OTASS, el mismo que debe ser refrendado por una resolución ministerial. Seguido ese proceso recién se puede aplicar el RAT.
“Me parece un error que el ministro haya dicho cuándo va a entrar el RAT, porque la SUNASS es autónoma y el nuevo decreto que se ha aprobado señala que la evaluación formalmente la tiene que hacer SUNASS. Si SUNASS no hace la evaluación, OTASS no puede intervenir y creo que eso sí es importante, porque en algunas oportunidades el OTASS ha intervenido sin ser necesario que lo haga. Es importante que haya una evaluación neutral, diferente, de un organismo autónomo que determine si la empresa realmente merece o no entrar al RAT”, dijo la parlamentaria.
CRISIS DE EPSEL
Glave Remy comentó que su grupo de trabajo es consciente de la difícil situación que atraviesa EPSEL en Lambayeque, razón por la que, además, ha citado a los responsables de la empresa así como a los alcaldes de los municipios con mayor participación accionarial para que den cuenta de la gestión que se realiza en la entidad del saneamiento.
“Hemos citado a la Comisión de Vivienda a EPSEL, al alcalde provincial de Chiclayo y al alcalde de José Leonardo Ortiz. Yo vine aquí con el congresista Clemente Flores y fui testigo de cómo no se llegaron a hacer las obras para los colectores adicionales y esto provocó que colapsaran los desagües de manera total, y en zonas como Ramiro Prialé no había manera de sobrevivir con el nivel de colapso que existe”, mencionó.
Refirió que desde la Comisión de Vivienda hay voluntad no solo por ayudar a la mejora de la gestión en EPSEL, sino también para que se ejerza un mejor control sobre los recursos que administra la empresa.
“Hay un problema serio con la empresa, EPSEL ha señalado que recién ahora ha adquirido una nueva posibilidad de ser quien haga la ejecución y contrato de los proyectos que antes estaban a cargo de la municipalidad. Hay cosas que pueden ayudar en el sentido que saben que ya estamos mirando directamente el caso y que desde la comisión hay voluntad de asegurar que no habrá mayor problema al respecto”, señaló la congresista del Frente Amplio.
INTERVENCIÓN DEL OTASS
Para Marisa Glave no es saludable que los alcaldes, tal como ha sucedido con el de Chiclayo, manifiesten posturas de rechazo al auxilio del OTASS en EPSEL, porque se entiende que el ingreso del Régimen de Apoyo Transitorio representa una oportunidad clara para la mejora de la gestión.
“La intervención de OTASS no debería generar temor en los gobiernos locales y el problema que estamos teniendo es que sí genera, y parte de esto es porque OTASS no debiera ser una entidad que reemplace al gobierno local, sino que haga acompañamiento y asistencia técnica para reflotar a las distintas entidades públicas que brindan servicios de agua y saneamiento. Allí hay un problema y se lo hemos dicho claramente al jefe de OTASS. No se puede pretender, incluso en el discurso, que los únicos mecanismos para resolver el problema de la empresa pública es casi privatizándola. Lo que se acordó claramente tanto en la Comisión de Vivienda como en el Parlamento es que no se daban atribuciones para ningún tipo de privatización”, aclaró la legisladora.
Refirió que si bien el propósito del RAT es acabar con la intromisión política de los alcaldes sobre las decisiones técnicas que se deben tomar en las empresas de saneamiento, existen otros mecanismos de control que también podrían aplicarse sin generar experiencias traumáticas ni temores de privatización entre los municipios.
“Lo que es importante y lo que hay que pensar es en un mecanismo de gestión para que las eps se manejen como las cajas municipales, por ejemplo. Hay una gran diferencia entre las cajas municipales y las empresas de agua. Las cajas municipales no son utilizadas políticamente, tanto al menos como las empresas de agua, porque tienen mecanismos de supervisión claros que realiza la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. Un mecanismo además que obliga a que se tenga profesionalización en los funcionarios responsables, quienes tienen un conjunto de sanciones que pueden recibir”, comentó.
En ese sentido, reconoció que existe un problema de fondo que es la falta de acción fiscalizadora de la SUNASS.
“Hay un problema de fondo entonces en SUNASS, el OTASS y en su relación con las eps. El Decreto Legislativo 1280 le da un conjunto de atribuciones al OTASS, pero hoy por hoy eso genera muchos conflictos y por eso estamos planteando una alternativa de gestión de empresa pública que garantice eficiencia y excelencia sin manejo político”, enfatizó.
