La desaceleración de la economía en el Perú empieza a hacerse cada vez más notoria y frente a ella urge que el Estado se convierta en un promotor mucho más sólido de las inversiones. Sin embargo, serios problemas como la burocracia, la corrupción y la inseguridad juegan en contra, a lo que debe sumarse la cautela natural del empresario frente a la coyuntura electoral de cara al 2016.

El director del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico, Juan Carlos Mathews, quien llegó  a Chiclayo por invitación de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo – UCV, refiere que en el último Ranking Doing Business se abordan precisamente las taras que limitan el avance de las inversiones en el Perú, problema que es general y se agudiza, principalmente, en los gobiernos locales.

“El mapeo determina algunas debilidades que se encuentran en la tramitología en el ámbito nacional, regional y municipal. Al final se aterriza que cerca del 60 % de las barreras burocráticas en el Perú se centran en el ámbito municipal y, por lo tanto, tiene que ver con la burocracia que progresivamente ha ido teniendo algunas mejoras. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Competitividad ha generado presión para que esas mejoras se den, e incluso el Banco Mundial ha puesto algunos recursos”, menciona el economista.

Anota que una solución a las trabas burocráticas que encuentra la inversión privada en el país es la implementación de ventanillas únicas de trámite, como existen en otros países desarrollados como Corea y Singapur, así como la virtualización de los procesos.

“La resistencia municipal a la virtualización, que permite el ahorro de tiempo, papeleos y recursos, es que esta mata cualquier posibilidad de coima. Hay que decirlo con absoluta crudeza: un funcionario que está acostumbrado a recibir dinero bajo la mesa, con un sistema virtual, ya no tiene forma de operar y por eso creo que se tiene que hacer un trabajo muy serio para transformar esta problemática”, señala.

PROBLEMA INSTITUCIONAL

Ya en el país entre el 2009 y el 2010 se aplicaron programas piloto para reducir las barreras burocráticas con la implementación de Tramifácil, iniciativa impulsada por el gobierno nacional en coordinación con municipalidades del interior del país. Una de ellas fue Chiclayo, pero en el caso de la capital departamental el funcionamiento de la ventanilla única fue dejado de lado.

“Si analizamos el Ranking Mundial de Competitividad veremos que en el pilar de institucionalidad el Perú se ubica en uno de los puestos más bajos. Este aspecto tiene que ver con la corrupción y la inseguridad judicial, lo que genera un problema crítico hacia el exterior. Por ejemplo, de qué sirve que a un inversionista se le hable de las condiciones del suelo, de los microclimas, los recursos y potencialidades que tiene el país si también se le deberá informar que hay altos niveles de corrupción y desconfianza en el Poder Judicial, con lo cual se le está diciendo prácticamente que no hay garantías para asegurar sus inversiones. La corrupción ahuyenta a las inversiones”, menciona.

ESCENARIO ELECTORAL

Agrega que si se identifican aspectos débiles a nivel país en el último tramo de este año aparece como principal indicador la desaceleración de la inversión pública y privada, fenómeno que continuará en el 2016  

“A diferencia de lo que pasaba hace cinco años donde el discurso del candidato presidencial ganador era el de un viraje de 180 grados al manejo económico, en el escenario actual no hay ese temor. Por el contrario, los cuatro o cinco candidatos que encabezan hoy las encuestas apuestan por continuar con el modelo de apertura económica y promoción de la inversión privada, es decir no representan un nivel de riesgo mayúsculo. Sin embargo, la inversión que está interesada en el Perú prefiere esperar a ver qué sucede”, asevera el docente universitario.

Juan Carlos Mathews, quien ostenta un post doctorado en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad Johannes Kepler de Austria y se ha desempeñado como Director Ejecutivo de Prompex, refiere que otro serio problema es el de la inseguridad ciudadana, que si bien no alcanza niveles como los que se viven actualmente en México o Venezuela, sí es determinante para los inversionistas.

“Pese a que decimos que no estamos al mismo nivel de México o Venezuela, la sola presencia de mafias de esos países en el Perú ya es una pésima señal y lo es porque estamos en un escenario en el que la criminalidad termina siendo un buen negocio, primero porque si bien hay desaceleración la economía sigue creciendo, menos que antes, pero sigue creciendo, y segundo porque las sanciones para los delincuentes son débiles. Si alguien ha robado dinero de un banco, va preso, sale en la mitad del tiempo y con la libertad para disfrutar el dinero que nunca devolvió. Si las sanciones fueran drásticas eso no pasaría, en Singapur, por ejemplo, por tirar un chicle a la calle te multan con 150 dólares y si robas te cortan las manos. Aquí tendríamos un montón de mancos. No digo que se copien esas medidas, pero sí que la imposición de sanciones más drásticas generan mayor seguridad”, refiere.

EL TTP

Por otro lado, el ex Director Nacional de Comercio Exterior, destaca la suscripción del Tratado Transpacífico – TTP, del que Perú forma parte y agrupa a las 12 economías más sólidas, que representan al 40 % del PBI mundial.

Este acuerdo – explica – permitirá el nacimiento de nuevas iniciativas de inversión e interés en la ejecución de proyectos de infraestructura e industria que beneficiarán directamente a economías en desarrollo como la peruana.

“Se ha criticado que el TTP se ha negociado en secreto o de manera reservada y en realidad todos los tratados de libre comercio se pre acuerdan de la misma manera, para luego someterlos al congreso de cada país y se aprueben o no. También se ha criticado que se estaba jugando en favor de las farmacéuticas multinacionales, pero hoy tenemos la tranquilidad que en el caso de los negociadores peruanos han hecho respetar el plazo de protección de las patentes de veinte años establecido por nuestra legislación desde 1993. El TTP nos permite llegar a países como Australia y Nueva Zelanda con los que no teníamos tratado de libre comercio y que nuestras relaciones comerciales con México y Japón se profundicen y mejoren”, refiere.

Otras de las ventajas que relieva el economista es la posibilidad de importación de insumos a menor costo, la transferencia de tecnologías y la posibilidad de captura de proyectos de inversión, además de la acumulación de origen.

“Un tema que sí es muy sensible es el de la flexibilidad laboral y obviamente en ese sentido sí habrá resistencia, sobre todo porque en el Perú estamos acostumbrados a la estabilidad. Sin embargo, hay necesidad de pensar mucho el tema, porque sectores como la agroindustria, por ejemplo, no requieren de personal todo el año y a estas no se les puede obligar a contratar a gente de manera indefinida. Si no se aplica la flexibilidad lo que se promueve, indirectamente, es la informalidad, porque lógicamente para cubrir sus necesidades de mano de obra contratarán fuera de la ley”, menciona.

UN MEJOR PLAN

En relación al Plan de Diversificación de la Economía impulsado por el Ministerio de la Producción en el actual gobierno, Juan Carlos Mathews señala que es un buen indicador del interés del Estado por buscar alternativas que corten la dependencia al sector minero.

“Sin embargo, hay debilidades que en mi opinión deberían ser revisadas con mayor detalle, como cuánto de este plan se ajusta a lo que busca el Plan Estratégico Exportador o los lineamientos del Centro Nacional de Competitividad o lo que indica el Consejo Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPAL, y esto es importante porque cualquier plan de diversificación debe responder a las necesidades del mercado, y es ahí donde yo tengo mis dudas, respecto a la relación entre el plan del Ministerio de la Producción y lo que requiere el mercado”, indica.

El especialista en comercio exterior destaca sí la aplicación de incentivos tributarios a las empresas que invierten en ciencia y tecnología, pero cuestiona que la academia, a través de las universidades, esté ausente del plan.

“Se tiene que tener en cuenta que esta es una tarea no solo del Estado, sino que también involucra al sector empresarial y a la academia, que es la que forma a los profesionales que el país necesita”, menciona.