La detención de Yehude Simon Munaro, ex presidente regional de Lambayeque, representa, qué duda cabe, la noticia más saltante en el ámbito departamental. Si bien sucedió al amanecer del lunes 24 en Lima, el hecho tiene especial impacto para nuestra comunidad porque el móvil, según la fiscalía, tiene al Proyecto Olmos en el centro.

El trasvase y la irrigación Olmos es, hasta ahora, la obra más importante que se ha ejecutado en Lambayeque. Pasaron más de 80 años desde su concepción hasta que se hizo realidad.

Y así como fue de esperada y muchas voces celebran hoy los resultados que esta ha tenido para Lambayeque en cuanto a inversión y generación de empleo, más de 30 mil entre directos e indirectos en cinco años de operaciones, la obra también es blanco de severas críticas, algunas razonables y otras desorbitadas.

Lo sucedido a inicios de semana con el expresidente de Lambayeque resulta un hito, amargo y doloroso para su familia, amigos y seguidores, porque abre la triste probabilidad de que el ansiado proyecto se manchó de corrupción.

No hay sentencia, todo está en investigación aún, pero la duda que desde el 2004 se prendió en cierto sector de la población hoy tiene mayor asidero.

A Simon Munaro se le atribuye haber recibido dinero de Odebrecht, contratista a través de la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, del primer componente del proyecto, para financiar su campaña a la reelección regional en el 2006.

El señalamiento directo ha salido de boca de Jorge Barata, el hombre fuerte de la brasilera en el Perú y cuyo testimonio ha servido para poner en el espectro de las investigaciones a tirios y troyanos.

Según la fiscalía, el aporte de la constructora fue a cambio del contrato del trasvase, firmado dos años antes.

Visto así, el argumento de los operadores del Ministerio Público para solicitar la detención preliminar contra Simon Munaro y Enrique Salazar Torres, uno de sus hombres de mayor confianza y exgerente del PEOT, no tendría mucha lógica.

Sin embargo, el requerimiento que el fiscal José Domingo Pérez presentó al Poder Judicial para lograr la detención preliminar de ambos, así como el allanamiento de sus propiedades, tiene otros elementos que son importantes tener en cuenta, como, por ejemplo, que con la contratación de CTO para ejecutar, operar y mantener las obras del trasvase Olmos se generó un perjuicio al Estado de más de 50 millones de dólares.

Entonces, el asunto ya no solo se limita al financiamiento que Simon Munaro habría recibido de la constructora para su reelección, sino que implica otros aspectos, quizá de mayor impacto para el país.

Precisamente por esto es que la investigación iniciada contra Simon, Salazar y otros más resulta compleja. Junto a ellos se considera, entre otros, a ex funcionarios de Proinversión, la agencia estatal que se encargó de estructurar el contrato de concesión del trasvase Olmos y esto, claro está, trae cola.

Ahora bien, a Yehude Simon se suman, también desde el lunes, otros dos ex gobernadores de Lambayeque: Nery Saldarriaga de Kroll, quien lo reemplazó cuando este aceptó ser presidente del Consejo de Ministros en el segundo gobierno de Alan García Pérez, y Humberto Acuña Peralta, a quien le correspondió enfrentar la controversia con CTO por el perjuicio económico y los sobrecostos generados en la construcción del Túnel Trasandino, el componente medular del trasvase.

A diferencia de Simon Munaro, Saldarriga de Kroll y Acuña Peralta han sido hallados con responsabilidad penal por la Contraloría General de la República, que en el marco de la auditoría realizada al Trasvase Olmos los señala como responsables de haber aprobado adendas y modificaciones del contrato original, causando un perjuicio al Estado que asciende a 17 millones de dólares.

Lo que llama la atención es que la Contraloría no haya identificado lo que la fiscalía sí: el perjuicio económico de 50 millones de dólares que le atribuye a Simon Munaro por la firma del contrato del trasvase. Ese es un asunto que en el transcurso de las investigaciones deberá dilucidarse: o hubo dos perjuicios, uno generado por Simon y el otro por Saldarriaga y Acuña, o solo uno o ninguno. La justicia lo determinará.

Además de Saldarriga y Acuña hay otras exautoridades regionales (consejeros del período 2010 – 2014) y funcionarios del PEOT también en condición de investigados. Siendo así, es escenario se hace complejo, por decir lo menos.

En resumen, Lambayeque tiene en estos momentos a tres exgobernadores (uno detenido); siete exconsejeros regionales, tres exgerentes del PEOT (uno detenido), y varios ex asesores legales del gobierno regional y del PEOT bajo la lupa de la fiscalía.

Por la salud de nuestra institucionalidad local, ojalá y las investigaciones avancen con paso firme y claridad absoluta para conocer con certeza qué pasó con el Proyecto Olmos.