En la Municipalidad Distrital de Mórrope, el Comité de Selección encargado de realizar el acto de admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas electrónicamente por los postores y del otorgamiento de la buena pro para la ejecución de la obra: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la localidad de Mórrope”, adjudicó al Consorcio Saneamiento, conformado por dos empresas, una de las cuales presentó documentación inexacta y le debe más de 200 mil soles de impuestos a la SUNAT.
En el concurso se registraron 74 participantes con estado válido, conforme el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. De estos solo 36 presentaron sus propuestas conforme al registro de ofertas electrónica.
Después de la verificación de documentos de cada una de las ofertas presentadas, el Comité de Selección otorgó la buena pro al Consorcio Saneamiento, integrado por la Constructora VSTL E.I.R.L. y Seteger Construcciones E.I.R.L., por el monto ofertado de un millón 619 mil 670 soles. Para adjudicar al citado consorcio, el comité descalificó a las 35 ofertas restantes.
EL VALOR REFERENCIAL
La principal razón por la que el comité decidió dejar fuera a las 35 ofertas se centra en una especificación que – a su criterio – no cumplieron las empresas postoras, básicamente que la estimación de los costos de la oferta había sido proyectada a “diciembre del 2019”, cuando – según el comité – debía indicarse que era al “19 de diciembre del 2019”, tal como presentó el Consorcio Saneamiento.
Sin embargo, en el numeral 1.3 “Valor Referencial” de las Bases Integradas del proceso, se señala textualmente que el monto consignado por la comuna de Mórrope en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, se calcula “al mes de diciembre del año 2019”. Es decir; el argumento de descalificación empleado para los 35 postores resultaría ser incongruente con las propias normas que rigieron el procedimiento de contratación.
De las evaluaciones realizadas, al menos 12 de los 35 postores cuya oferta fue desestimada por el comité, sí calificaban para ser evaluados y competir por la contratación con el Consorcio Saneamiento.
INFORMACIÓN INEXACTA
De la revisión de la oferta presentada por el Consorcio Saneamiento se desprende que en el Anexo 1, de la Declaración Jurada de Datos del Postor, publicada en el SEACE, el consorciado Seteger Construcciones E.I.R.L. consignó como domicilio legal el inmueble ubicado en la Avenida San Pedro 1171, Centro Cumba salida a Lonya Grande, Amazonas, información que resultaría ser falsa, pues de acuerdo al formato de consulta Registro Único de Contribuyente – RUC, perteneciente a dicho consorciado se muestra que actualmente registra como domicilio fiscal Avenida San Pedro 1225, dirección que coincide con la obrante en el Registro Nacional de Proveedores – RNP.
Además, tal como se muestra en la información histórica en el portal de la Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT, el domicilio indicado en la declaración jurada fue dado de baja el 20 de agosto del 2015.
Todo ello corrobora que el domicilio que se indica en la declaración jurada no es el actual y, en consecuencia, el Consorcio Saneamiento habría presentado información inexacta, vulnerando así el principio de veracidad que prima en todo acto administrativo y lo señalado por la Ley de Contrataciones del Estado.
Este hecho toma relevancia al ser una declaración jurada donde el representante legal del Consorcio Saneamiento, Walter Alfredo Machado Salavarria, declara bajo juramento que “la siguiente información se sujeta a la verdad”.
Asimismo, de acuerdo al portal de la SUNAT, esta misma empresa a la fecha mantiene una deuda tributaria pendiente de pago que suma 197 mil 241 soles, por incumplimiento de pagos al Tesoro Público, EsSalud y la ONP.
La casa Carmona o del Comité de Productores de Arroz, ubicada en la calle Unión, frente a la Plaza de Armas de Ferreñafe, fue intervenida hace meses con trabajos de desmontaje que afectan la originalidad del inmueble, considerado como Patrimonio Cultural de la Nación desde 1986, por Resolución N° 796.
“Estamos denunciando un atropello sobre el patrimonio histórico. La mitad de la casa de la calle Unión 510, una vivienda de aproximadamente mil metros cuadrados, ha pasado a posesión del señor Wilder Rojas Sánchez, propietario de supermercados El Súper, quien ha procedido a demoler parte de la infraestructura, realizando trabajos que no eran necesarios. Descascararon todas las paredes y las cubrieron con cemento, lo cual no está permitido en los inmuebles que son patrimonio. La casa tiene más de 100 años”, relata Martín Guillermo Urpeque.
Añade que en los trabajos realizados en la vivienda también se habrían desmontado pilares del patio interior, rebajado los techos que tenían características arquitectónicas del siglo XIX y retirado los pisos de madera.
Según Guillermo Urpeque, el objetivo de Rojas Sánchez sería habilitar una entrada con vista a la Plaza de Armas de Ferreñafe para el local comercial del empresario, que se encuentra en la parte posterior a la manzana.
PROPIEDAD DEL INMUEBLE
La casa en mención fue propiedad de la dama Jacinta Arenas, quien en 1882 compró el área y edificó el inmueble. La propietaria tuvo dos únicas hijas con Nicanor Carmona Vílchez, primer alcalde de Ferreñafe: Blanca y Rosa Carmona Arenas, quienes murieron siendo solteras.
“Mi bisabuela fue su ama de llaves y al no haber descendencia empezó a habitar el lote 12 A (la casa se divide en dos lotes). La otra mitad de la casa fue dejada como herencia al señor Evaristo Mesones, quien vende su parte al Comité de Productores de Arroz, reconociendo a mi familia como habitante del lote 12 A. El comité funcionó en el lote 12 B. El comité contrajo deudas y la SUNAT remató esa parte de la propiedad, siendo adquirida por José Fernández Gastelumendi, con quien mi familia tuvo 10 años juicio, no pudiendo él demostrar que nosotros habíamos invadido el bien, puesto que la venta que se hizo al Comité de Productores de Arroz fue únicamente del lote 12 B, que es lo él compró en remate”, comenta Martín Guillermo.
Anota que mientras duró el proceso judicial Fernández Gastelumendi no ocupó el inmueble, hasta que finalmente apareció reclamando la propiedad Rojas Sánchez.
“Nosotros no entendemos cómo es que el señor Rojas Sánchez reclama también el lote en el que nosotros vivimos. Hasta ahora no ha podido demostrar que también es suyo”, señala.
SIN AUTORIZACIÓN
Lo que Guillermo Urpeque cuestiona es que los trabajos de desmontaje del área correspondiente al lote 12 B, donde funcionó el Comité de Productores de Arroz, se hayan realizado sin el menor control de las autoridades tanto municipales como de cultura.
Como prueba, se tiene la Carta N° 035-2020-MPF/G.SC, del 19 de febrero pasado, remitida por la gerente de Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, Ana Vidaurre Ruiz, en la que se da cuenta del Informe N° 055-2020-MPF/DDUC/GIDUR, suscrito por la jefe de la División de Urbanismo y Catastro de la comuna, Rosa Ruiz Mesta, señalando que no se ha encontrado en los archivos de su despacho “ninguna licencia de edificación a favor de los propietarios” del predio ubicado en la calle Unión 510.
“Han estado haciendo la demolición y nunca nadie dijo nada. La municipalidad ha dicho que no existe la licencia que el señor Rojas Sánchez debió tener para hacer esos trabajos. Los trabajos empezaron más o menos en 2018 y desde esa fecha se le notificó a la Dirección Desconcentrada de Cultura. Ahora los trabajos están paralizados”, asevera Guillermo Urpeque, quien refiere que no han recibido respuesta de parte de la dependencia del Ministerio de Cultura.
El investigador César Maguiña Gómez, presidente del Instituto Americano de Investigación y Conservación, se dirigió por escrito al titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura – DDC Lambayeque, Alfredo Narváez Vargas, denunciando que el inmueble “ha sido seriamente afectado en su infraestructura”, por la demolición de la galería del primer patio, retiro de enlucidos y techos de los ambientes interiores, desencajado de ventanas y demás intervenciones.
“Esta destrucción del referido inmueble se suma a otras, como es el caso de la pérdida de valor del conjunto monumental San Pedro de Lambayeque por la ejecución de obras no autorizadas de conformidad con la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Sugerimos a su despacho se tomen las acciones y sanciones correspondientes a los responsables de la destrucción del patrimonio cultural histórico y arquitectónico en el inmueble antes referido de la ciudad de Ferreñafe”, se lee en la misiva.
Han pasado dos años y siete meses desde que el Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento – OTASS, a través de la Resolución Ministerial Nº 262-2017-VIVIENDA, del 10 de julio del 2017, iniciase el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento en Lambayeque – EPSEL. Para los dirigentes sindicales de la entidad, desde entonces no se ha visto mejora en la prestación del servicio.
Según Marco Castañeda Serrano, secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque – SUTSELAM, tanto en Chiclayo como en las 26 administraciones distritales a cargo de la empresa, la prestación del servicio de agua potable no ha mejorado y en algunos casos incuso ha empeorado, motivo por el cual exigen el cese de la intervención del OTASS en EPSEL.
No obstante, considera que tampoco es viable que la empresa pase a ser regentada por la Junta de Accionistas, de carácter municipal, tal como ocurría antes de la implementación del RAT, el cual suspendió a los órganos de gobierno y las competencias del régimen societario, conformado por los 26 alcaldes distritales y presidido por el burgomaestre provincial de Chiclayo.
Pese a que la aplicación del RAT puede extenderse hasta 15 años, el dirigente gremial considera que dos años siete meses son suficientes para sacudirse de la intervención del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS.
“El OTASS vino con una política de reflotamiento que contó con el apoyo de gran parte de las autoridades entre las que estaban el gobernador regional de ese entonces y varios alcaldes. ¿Ha cumplido con los postulados de mejora que dijeron? Han pasado dos años y siete y meses, pero el servicio en vez de mejorar, empeora. Creemos que ha fracasado, queremos un nuevo modelo de gestión”, opina.
NUEVO MODELO
Aunque no tiene claro el esquema de cómo sería ese nuevo modelo, Castañeda Serrano manifiesta que no puede sostenerse un directorio cuyos integrantes no son de Lambayeque, ergo no conocerían la realidad de la prestación del servicio de agua potable en el departamento. Por ello, plantea que este sea integrado por un representante del gobierno regional, uno de los municipios, uno de la sociedad civil, uno de los usuarios y otro de los trabajadores.
“¿Qué hacemos con un directorio que se reúne para ver una realidad que desconocen? Los miembros no son de Lambayeque y tampoco sesionan acá. Queremos uno nuevo que sepa la problemática que atravesamos y se complemente con una buena actitud. Tenemos buenos profesionales en Chiclayo, no es necesario mandar a un profesional de Lima con sueldo de 12 mil soles. Esto tiene que mejorar”, cuestiona.
Además, dicho modelo debe contemplar inversión, pues afirma que los 60 millones de soles que recibió OTASS para el reflotamiento de EPSEL han sido insuficientes, puesto que gran parte del monto recién está ejecutándose.
“No basta solo con una buena actitud para mejorar la gestión, tiene que haber inversión. Óscar Pastor Paredes (director ejecutivo del OTASS) se ha vanagloriado de los 60 millones de soles y ¿en qué hemos mejorado? En nada. Aquí no deben vender gato por liebre. Se necesitan por lo menos más de 750 millones de soles para mejorar la infraestructura de EPSEL”, apunta.
INVERSIÓN
Castañeda Serrano explica que de los 60 millones de soles transferidos para el reflotamiento de la empresa, un promedio de 40 ya se encuentran comprometidos: casi 25 con la empresa Veolia Servicios Perú S.A.C. para la adquisición de medidores, instalación y adecuación de cajas; siete millones para la descolmatación de las lagunas Boró 1 y 2; y siete más para la repotenciación y reimplementación de los pozos tubulares.
No obstante, afirma que se necesita 12 veces más esa cifra, pues debe cambiarse todo el sistema. “Si debo botar la planta vieja y hacer una nueva, pues lo hago, hay que mejorar la infraestructura de la segunda planta y proyectarse para una tercera que tenga la capacidad de tratamiento de dos mil, dos mil 500 litros, que dote de agua a la población de aquí a 40 años. Debe haber visión de futuro”, expone.
IRREGULARIDADES
Por otro lado, Castañeda Serrano refiere que debe intervenir la Contraloría General de la República para investigar los procesos de contratación que ha desarrollado EPSEL, puesto que existirían atisbos de irregularidades.
Al respecto, Expresión dio cuenta en la edición 1139 de la adecuación de bases en el proceso de contratación con Veolia por 24 millones 849 mil 809.54 soles para la “Adquisición de medidores, adecuación de cajas e instalación de 80 mil medidores en usuarios que no disponen de medición, y aquellos que requieren de reemplazo en conexiones de agua potable de 15, 20, 25, 50 y 100 mm de diámetro, para ser instalados en el ámbito de la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL S.A.”.
En dicho informe se detalla que las bases contemplaban que el postor debía contar con “experiencia en la venta de bienes e instalación de medidores con adecuación de cajas e instalación de conexiones domiciliarias de agua”, mientras que en los requisitos de calificación se requería acreditar una experiencia por un monto facturado acumulado de 24 millones de soles por la venta e instalación de medidores con adecuación de cajas, bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.
No obstante, pese a que Veolia acreditó un contrato de consorcio en el cual su participación superaba los 40 millones de soles en actividades de implantación, este medio verificó que la empresa desde el 2009 ha ganado la buena pro en 15 procesos de selección, 14 de los cuales están referidos a la contratación de servicios, sin ningún tipo de experiencia en venta de medidores.
Además, Castañeda Serrano refiere que se han comprado cinco generadores, de los cuales se quiso llevar uno a Mochumí para paliar una emergencia, pero este no funcionaba por presuntos defectos en la bomba de ignición.
“Tenemos cuatro hidrojets parados que la semana pasada no han salido por 500 soles, 300 soles y defectos en las llantas. Eso es una barbaridad que denota la incapacidad de gestión de los funcionarios. Cómo es posible que un ingeniero mecánico esté en la Gerencia Operativa cuando no conoce de esa realidad o que un ingeniero químico esté en el Área Comercial, donde necesitamos que la cobranza mejore. El ingeniero Pastor dice que progresivamente se va a mejorar, pero quienes vivimos en Chiclayo vemos que el servicio es pésimo”, detalla.
PRIVATIZACIÓN
Por su parte, el secretario general de la Federación de Trabadores del Agua Potable y Alcantarillado – FENTAP, Luis Isarra Delgado, manifiesta que son 18 las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento – EPS, que se encuentran intervenidas bajo el marco del Decreto Legislativo Nº 1280 – Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, cuyo objetivo sería la privatización del agua.
“Ese decreto es inconstitucional y está destinado a la privatización del agua. No ha solucionado absolutamente nada, lo único que hace es tercerizar por partes, ya se hizo con el control de lectura de los medidores, la distribución de recibos, cortes, reaperturas y recaudación, una gran parte de lo que significa el Área Comercial. Eso no lo hacen solo aquí, sino en todo el país. Es el inicio silencioso de la privatización”, sostiene.
DEMANDAS LABORALES
En EPSEL laboran aproximadamente 750 trabajadores distribuidos en las 26 administraciones distritales, de los cuales 610 se encuentran sindicalizados, todos bajo el régimen 728.
Castañeda Serrano indica que existen algunos incumplimientos de la entidad en cuanto a uniformes, implementos y materiales de trabajo que han solicitado y que hasta ahora no se les ha entregado, así como la falta de capacitación al personal operativo.
Asimismo, demanda que se revoque la suspensión de dos meses sin goce de haber contra Sandro Olivos Peña, exdirigente del SUTSELAM. Según él, esta sanción obedecería a un intento de amedrentamiento.
La detención del ex presidente de Lambayeque Yehude Simon Munaro era cuestión de días. El lunes 24 de febrero el equipo especial del caso Lava Jato, con autorización del Poder Judicial, desplegó el operativo de captura contra el también expresidente del Consejo de Ministros y uno de sus colaboradores más cercanos, Enrique Salazar Torres, quien durante su administración regional ocupó la gerencia general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT.
Tras las declaraciones del exintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simões Barata, dadas el 31 de enero en Brasil a los fiscales del caso Lava Jato, la situación de Yehude Simon, líder del partido Juntos por el Perú, se hizo compleja.
Barata señaló que Odebrecht destinó dinero de la Caja 2, asignada para el pago de sobornos, para financiar la campaña reeleccionista de Simon Munaro al Gobierno Regional de Lambayeque en las elecciones del 2006.
Dijo que los pagos se habían hecho a través de empresas “offshore” a dos ‘codinomes’, que aparecen en las planillas de la Caja 2, “Gorno” y “Terco”, y que otra parte se había realizado en dinero en efectivo en Lima.
El ex hombre fuerte de la constructora brasilera, quien está sujeto a un acuerdo de colaboración eficaz, declaró que las personas identificadas como receptores del dinero son: Javier Málaga Cocchella, ya fallecido, y Enrique Salazar Torres.
Javier Málaga Cocchella fue un conocido asesor de Simon Munaro durante su permanencia como presidente del Consejo de Ministros, en el segundo gobierno aprista, en tanto Salazar Torres, además de la gerencia del PEOT, asumió varias veces (incluida la campaña congresal del 2011), la coordinación de campaña del líder humanista.
En cifras, Jorge Barata habló de un financiamiento ascendente a 300 mil dólares divididos en varias partidas, parte de los cuales se destinó al pago de una encuesta para medir la intención de voto en las regionales del 2006 y a la contratación de un asesor.
“Es así que durante la campaña se contrató a una empresa encuestadora Vox Populi para que elaborara una investigación de opinión pública destinada a identificar las intenciones de voto para las elecciones regionales así como un asesor de campaña política, Eliseo Piris Thenarde, la empresa se llamaba Set Comunicación de Marketing LTD”, relató Barata a los fiscales.
De acuerdo a lo señalado por el director de la consultora Vox Populi, esta recién empezó a operar en abril del 2007, tal como consta en su registro de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.
OPERATIVO DE CAPTURA
Ya desde octubre del año pasado la situación se tornaba latente para Simon Munaro. Con anterioridad Jorge Barata había precisado a los fiscales del caso Lava Jato que Odebrecht había entregado sobornos en el Proyecto Olmos.
Como primer indicio apareció el ‘condinome’ “Sipán”, que el mismo Barata refirió que podía haber estado atribuido a Yehude Simon.
Con las declaraciones dadas, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la detención preliminar de Simon Munaro y Salazar Torres, ambos residentes en Lima, así como el allanamiento de sus viviendas y demás propiedades.
Sobre Simon se dispuso el allanamiento de la casa que ocupa actualmente su familia, ubicada en el distrito de Surco, así como de una vivienda ubicada en la Urbanización Santa Victoria en Chiclayo y de tres propiedades (terrenos) en el distrito de Puerto Eten.
En el caso de Salazar Torres, la intervención de su casa ubicada en Miraflores – Lima, y del departamento de su propiedad ubicado en Santa Victoria – Chiclayo.
La detención, por el plazo de diez días, fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la juez María Álvarez Camacho.
LA TESIS
Para la fiscalía, Odebrecht habría financiado la campaña reeleccionista de Simon Munaro con el objetivo de hacerse de la concesión del Proyecto Olmos.
Sin embargo, en el 2006, cuando se habría dado el financiamiento de la compañía brasilera al entonces candidato del Partido Humanista Peruano, la concesión de Olmos ya se había entregado, toda vez que el contrato fue suscrito entre el Estado Peruano y la constructora en el 2004.
El Ministerio Público sindica a Simon Munaro como cabecilla de una organización criminal, con la cual incurrió en los delitos de lavado de activos y colusión.
El fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación, ha estimado que el también ex congresista por Lambayeque podría recibir hasta 12 años y 11 meses de cárcel solo por el delito de lavado de activos, considerando - según la prognosis elaborada por su despacho – que Simon Munaro no tiene antecedentes penales.
Esto último se desprende debido a que el líder de izquierda recibió el indulto por error judicial (sentencia equivocada) sobre el delito de apología al terrorismo, por el que fue condenado inicialmente a 20 años de prisión. Yehude Simon recobró su libertad tras ocho años de encierro y el Estado Peruano, en la persona del expresidente Alejandro Toledo Manrique, le pidió disculpas por la injusticia cometida en su contra.
La fiscalía estima que la misma condena (12 años y 11 meses) podría recibir Enrique Salazar Torres.
PERJUICIO AL ESTADO
El despacho del fiscal José Domingo Pérez reconoce que si bien el contrato de concesión del Proyecto Olmos, para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de Trasvase, se firmó en el 2004, el acuerdo se habría celebrado sin que la concesionaria fijara de manera válida la tarifa máxima por el precio del agua, lo que habría generado un perjuicio económico de más de 50 millones al Estado Peruano.
Se indica que el 14 de mayo del 2004, el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos aprobó la remuneración unitaria máxima presentada por BNP Paribas en la que se establecía que el Estado Peruano debía pagar 0.0628 centavos de dólar a Odebrecht por metro cúbico de agua trasvasada.
Empero, la fiscalía considera que BNP Paribas estableció el monto de la tarifa de agua asumiendo que la inversión total en el trasvase de Olmos sumaba 147 millones 284 mil dólares, sin deducir el cofinanciamiento de 77 millones de dólares que hizo el Estado Peruano.
“Una distribución proporcional a los montos de aportes del Estado Peruano y el concesionario [Odebrecht] determinan que la remuneración máxima que se debió recomendar resulta US$0.0343; lo que según la fiscalía, al haberse comprendido el US$0.0341 resultante del aporte del Estado Peruano al costo de inversión de la obra pública, significó un indebido beneficio económico para la constructora brasileña”, se precisa en el requerimiento de detención presentado por la fiscalía contra Simon Munaro.
La concesión del trasvase Olmos fue otorgada por el Estado Peruano a la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, subsidiaria de Odebrecht, para que asumiera la construcción, operación y mantenimiento del Túnel Trasandino, la Presa Limón y demás infraestructura que permitiera el aprovechamiento de las aguas del río Huancabamba en la cuenca del Pacífico.
LOS OTROS INVESTIGADOS
A Simon Munaro y Salazar Torres se suman en condición de investigados: Eduardo Zárate León, expresidente del Consejo Directivo del Peot; Jorge Pasco Cosmópolis, exgerente de Promoción de Inversiones del PEOT; Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font – Quevedo y Patrick Barclay Méndez, exmiembros de Proinversión; René Cornejo Díaz, ex presidente de Proinversión, así como Luis Yulfo Zender y Alberto Rojas Morote.
Quienes también han pasado a calidad de investigados son los exgobernadores de Lambayeque Nery Saldarriga de Kroll y Humberto Acuña Peralta, contra quienes la Contraloría General de la República ha encontrado responsabilidad penal por aprobar modificaciones al contrato de la concesión del trasvase Olmos.
Con el Informe de Auditoría N° 5658-2019-CG/APP-AC, sobre el "Contrato de Concesión Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos”, la Contraloría General de la República identificó responsabilidades administrativas y penales en 16 exautoridades y exfuncionarios del Gobierno Regional de Lambayeque y el Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT.
También se convierten en investigados los exconsejeros regionales Lázaro Villegas Agramonte, Miguel Bazán Zárate, Óscar Zeña Santamaría, Maritza Mocarro Monja, Andrés Palma Gordillo y Ana Toro Gálvez (todos del período 2011-2014), así como a los gerentes del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, Francisco Gayoso Zevallos y Juan Saavedra Jiménez.
Además, los exfuncionarios Marty Llontop Samillán, Víctor Sánchez Correa, Víctor Quijano Chávez y Luis González Vélez, quienes se desempeñaron como asesores legales.
SIN PREOCUPACIONES
Mientras los integrantes del Equipo Especial del caso Lava Jato realizaban los allanamientos en Chiclayo, el exgobernador Humberto Acuña Peralta, electo congresista por Lambayeque, dijo lamentar la situación de Simon Munaro y ser respetuoso de las decisiones del Ministerio Público en las investigaciones.
“Lamento mucho la situación del señor Yehude Simon. Yo he acudido como testigo, he acudido las veces que me han llamado y eso me impide expresarme más en el tema y dar más declaraciones. Sin embargo, el país necesita saber toda la verdad y a las personas que están involucradas en actos de corrupción”, manifestó.
En las indagaciones fiscales referidas a Olmos aún falta determinar a quién corresponde el ‘codinome’ “Charlie”, también existente en los registros de la Caja 2 de Odebrecht, desde la cual se realizó el pago de sobornos. Al respecto, Humberto Acuña señaló no tener preocupación.
“Estoy dispuestos a participar y a acudir a las instituciones del Estado como son la fiscalía y el Poder Judicial o la Contraloría las veces que sean necesarias. Yo no estoy preocupado por el tema de los ‘codinomes’. Quizá digan que así dicen todos, pero yo puedo decir que estoy tranquilo. Yo no estoy preocupado por ‘codinomes’ porque a mí nunca me han dado ni un sol”, aseveró la ex autoridad regional.
“Soy respetuoso de las decisiones del Estado, esperamos que ellos (Simon y Salazar) puedan defenderse y aclarar las cosas, caso contrario la fiscalía es la que tiene que hacer su trabajo. Por mi parte quiero que sepan, también para darle tranquilidad a mi familia, es que estoy tranquilo. No tengo ninguna preocupación por el tema de los ‘codinomes’”, anotó.
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ENRIQUE SALAZAR TORRES: "NUNCA NEGOCIAMOS CON EL PROYECTO OLMOS"
En enero del 2017, Enrique Salazar Torres, ex gerente general del PEOT, ofreció una entrevista a Expresión (Edición 997) en la que abordó lo que para entonces era un rumor: que en la tramitación y ejecución del Proyecto Olmos se habían cometido actos de corrupción.
A continuación, algunos extractos de las declaraciones de Salazar Torres, hoy detenido junto al ex presidente regional Yehude Simon por supuestamente haber recibido dinero de la compañía brasilera para financiar la campaña electoral del 2006.
“Todo lo que está pasando nos pone en sospecha a todas las personas que de manera laboral o contractual hemos tenido que ver en forma directa o indirecta con Odebrecht, que seamos vistos con un cartel en el pecho que nos señala como delincuentes, requisitoriados o apestados, cuando las cosas son muy distintas”, dijo Salazar Torres a Expresión.
“Descarto que en el Proyecto Olmos, desde su propuesta hasta su ejecución, haya habido algún acto de corrupción. Simplemente no hubo nada de los que se dice y especula porque las cosas, como es el caso de las obras de trasvase, se hicieron como deberían hacerse. Además, las cosas venían armadas desde Lima, con Proinversión”, mencionó el exfuncionario.
“Recuerdo que en una oportunidad estuvimos en una reunión en Proinversión y después que hiciéramos una explicación de las bondades del proyecto para Lambayeque y para el país, (Renpe Cornejo, entonces presidente de Proinversión), nos tiró los papeles a un tacho. Poco le importó que en la reunión estuviera el Concejo Directivo en pleno del Proyecto Olmos, que en ese momento lo presidía el fallecido Rumenos Scander”, señaló.
“Nosotros como gobierno regional andábamos día a día en Lima presionando en el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, para desarrollar todas las cláusulas en cuanto a lo referente al financiamiento del proyecto. El exministro de Vivienda, Carlos Bruce, se opuso a que se hiciera el Proyecto Olmos bajo argumentos que no tenían asidero. Tenía la idea de dejar de lado la ejecución de trasvase del Proyecto Olmos, y que en su lugar se hagan mil pozos tubulares en la zona”, dijo Enrique Salazar en enero del 2017.
“He cumplido algunas funciones dentro del partido y de una cosa sí estoy seguro y puedo poner las manos al fuego por Yehude. Las campañas electorales de Yehude Simon siempre fueron franciscanas. Yo conozco bien a Yehude y sé que es una persona súper honesta y no creo que haya pedido o recibido algo o lucrado con alguna empresa como en la actualidad se especula”, resaltó Salazar Torres.
Al parecer, la conducta del no pago es una constante que se viene dando a través de las diferentes gestiones ediles tanto provinciales como distritales. Actualmente las deudas – según el portal Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, están reportadas en las centrales de riesgo y sometidas a procesos de cobranza coactiva.
Un caso inaudito es el de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, que entre el 2003 y 2004 dejó de pagar los aportes al Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI, por un monto que supera el millón 600 mil soles.
Dicha deuda tuvo un incremento significativo en mayo del 2004, período en el cual la gestión edil de ese entonces omitió el pago por este concepto por más de un millón 300 mil soles. En iguales condiciones, desde el 2003 a noviembre 2018 la comuna de la “Ciudad Evocadora” le adeuda al Tesoro Público más de un millón y medio de soles.
FERREÑAFE
La Municipalidad Provincial de Ferreñafe, desde 1999 hasta septiembre del 2019, ha acumulado una deuda al Tesoro Público que asciende a un millón 100 mil soles, mientras que a EsSalud le debe cerca de 20 mil.
La gestión de la actual autoridad edil, Violeta Muro Mesones, en septiembre del año pasado omitió pagarle al Tesoro Público más de 20 mil soles, monto que ha sido remitido a las centrales de riesgo, encontrándose desde noviembre del año pasado en proceso de cobranza coactiva tal como lo muestra el portal de la SUNAT.
EL CASO DE JLO
Al parecer, el estilo omisivo de honrar deudas por todo concepto en la comuna leonardina alcanza también a las obligaciones tributarias, tal es así que desde 1995 hasta el último mes del 2018, se generó un sustancial endeudamiento que supera los 16 millones de soles, tal como se evidencia en la página de la SUNAT.
En el detalle, la deuda tributaria de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz se divide de la siguiente manera: al Tesoro Público se adeuda cinco millones de soles, a EsSalud cinco millones 200 mil y a la Oficina Nacional Previsional – ONP, que administra el sistema pensionario, cerca de seis millones de soles, importes que pese a encontrarse bajo el procedimiento de cobranza coactiva, a la fecha no han podido ser cobrados por el ente recaudador.
CIRCUITO AZUCARERO
Los distritos del circuito azucarero no podían ser la excepción. La Municipalidad Distrital de Pátapo tiene un endeudamiento tributario por obligaciones no pagadas al Tesoro Público de un millón de soles, a EsSalud le debe más de 150 mil y a la ONP un monto superior a los 200 mil, deudas generadas desde el 2005 al 2018.
En tanto, la Municipalidad Distrital de Tumán desde el 2002, hasta octubre del 2019, le adeuda al Tesoro Público cerca de 800 mil soles y 20 mil a la ONP, resaltándose que la actual gestión edil entre enero y octubre del año pasado no ha cancelado tanto al erario nacional como a la ONP la suma cercana a los 20 mil soles.
La Municipalidad Distrital de Cayaltí, entre el 2004 y los primeros meses del 2019, acumuló un endeudamiento con el Tesoro Público por un importe que supera los 100 mil soles, no registrándose en el portal de la SUNAT deudas por otros conceptos.
Asimismo, según la información que se registra en el portal de la SUNAT, el municipio de Pucalá mantiene un endeudamiento tributario producto de las omisiones de pago al Tesoro Público por más de 61 mil soles, 170 mil a la ONP y 150 mil a EsSalud, lo que hace un total de 380 mil soles.
DEUDA ATÍPICA
Respecto a la deuda que sostiene la gestión del alcalde de Pomalca, Julio Lazo Pomares, esta se ha generado en su totalidad durante el primer año de su mandato, la cual se inicia a partir de julio del 2019, cuando dejó de aportar a la ONP siete mil 500 soles, para luego en los meses subsiguientes, entre agosto y noviembre, incrementar la deuda por este concepto hasta alcanzar los 25 mil soles, dejando de pagar en ese mismo período al Tesoro Público dos mil soles, como así también a EsSalud más de 17 mil.
Todos estos montos suman un total de deuda que asciende a los 45 mil soles, la cual está reportada a la central de riesgo y sometida a procesos de cobranza coactiva desde noviembre del año pasado hasta el 5 de enero del presente año, según el reporte de la plataforma de la SUNAT.
LAGUNAS
Según el portal de la SUNAT, se evidencia que la Municipalidad Distrital de Lagunas mantiene una deuda al Tesoro Público por incumplimientos desde de agosto del 2007, febrero y septiembre del 2009 por un total de 167 mil soles.
Asimismo se muestra que le adeuda al FONAVI por el período tributario septiembre-2009 por una suma de 236 mil 643. A partir de noviembre del 2015 hasta diciembre del 2018, durante la gestión del exalcalde Segundo Castillo, en la cual Lazo Pomares ocupó el cargo de gerente municipal, se omitieron los pagos en la mayoría de los meses del período edilicio a la ONP por más de 96 mil soles y a EsSalud por 33 mil, haciendo un total de deuda superior a los 532 mil soles.
EN PIMENTEL
Durante la gestión del exalcalde José Gonzales Ramírez, entreel 2017 y 2018, la Municipalidad Distrital de Pimentel no efectuó el pago de la totalidad de los aportes a EsSalud, ya que como se muestra en la información que publica la SUNAT, dicha gestión omitió efectuar los abonos durante 15 meses, casi consecutivos, cada uno de ellos por montos que superan los 40 mil soles, los cuales hacen un total de deuda de 626 mil soles tan solo por este concepto, no mostrándose endeudamiento alguno por otras obligaciones tributarias.
MONSEFÚ
Durante la gestión de la exalcaldesa y hoy elegida congresista de la república Rita Ayasta de Giles, la Municipalidad Distrital de Monsefú, entre el 2015 y el 2017, omitió el pago de los aportes a la ONP por un monto que supera los 150 mil soles, importe que ha sido incrementado en la actual administración en 25 mil soles.
Actualmente la administración edilicia, que lidera Manuel Pisfil Míñope, también ha omitido el pago de los aportes a EsSalud por 31 mil soles.
JAYANCA
Entre el 2004 y el 2005, la comuna de Jayanca acumuló deudas al FONAVI por 60 mil 500 soles, importe que fue incrementado sustancialmente en abril del 2005, en el cual se dejó de aportar 47 mil soles a este fondo, como así lo muestra la información contenida en el portal SUNAT.
Al Tesoro Público, tan solo en marzo del 2012, la gestión edil de ese entonces dejó de aportar al Tesoro Público 233 mil soles, haciendo un total de más de 300 mil soles de aportes no pagados a la fecha.
PUEBLO NUEVO
Finalmente, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo a la fecha mantiene una deuda de más de 194 mil soles, importe que se ha generado principalmente por la omisión del pago al Tesoro Público.
En noviembre del año pasado, Expresión, Edición 1138, dio cuenta que el ambiente construido en la azotea de la Corte de Lambayeque no podía ser utilizado debido a una serie de observaciones que existen, entre ellas porque la única ruta de acceso es la escalera de emergencias, que siendo una estructura metálica fue instalada anexa al edificio, el mismo que presenta problemas de resistencia a mayores pesos.
El caso se remonta al 27 de septiembre del 2018, cuando durante la presidencia de Aldo Zapata López, la Corte de Lambayeque, que tiene condición de unidad ejecutora, convocó, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, la adjudicación simplificada para el servicio de “Acondicionamiento de ambiente para comedor con estructura metálica, cobertura liviana drywall”, para su edificio principal ubicado en el Centro Cívico de Chiclayo. El valor referencial del procedimiento se fijó en 75 mil 953.14 soles.
A la convocatoria se presentaron 14 postores, asumiendo la evaluación el responsable coordinador de Logística, contador José Cabanillas Capristán, encargado de las contrataciones.
Así, el 3 de octubre del 2018, otorgó la buena pro del procedimiento al Consorcio Edifica, cuya oferta fue de 54 mil 500 soles. El consorcio estuvo integrado por Acciona Inversiones Generales SRL y Edifica – Edificaciones Capricornio SRL.
Los trabajos concluyeron en enero del 2019 y recién en diciembre del año pasado fue inaugurado el ambiente, en una ceremonia en la que se destacó la importancia de la inversión que, hasta el momento, no se puede utilizar.
PROBLEMAS EN EL EDIFICIO
Luis Escajadillo Castillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, dijo a Expresión que el edificio de la Corte de Lambayeque presentaba algunos problemas, entre ellos la inclinación de la estructura, puesto que pese al elevado nivel freático del suelo este no presenta las mismas condiciones de asilamiento y evacuación que sí tiene, por ejemplo, el edificio del Ministerio Público, ubicado a pocos metros.
“Puertas y ventanas están descuadradas en todo el edificio, lo que hace suponer que este presenta cierto desnivel y es otro de los aspectos que no se habría considerado al momento de habilitar el comedor en la azotea”, señaló.
A ESPERA DEL INFORME
“Lo que se pretendía con el comedor era darle un espacio que sea digno para que nuestros trabajadores ingieran sus alimentos durante la hora del refrigerio. Esa fue la idea. Consultados los especialistas, los ingenieros, dijeron que sí era posible (construir en la azotea), pero que tenía que hacerse un trabajo de retiro de una capa del techo y sobre eso podía utilizarse esa parte. Tenemos ese informe, no había ningún problema. No nos respondieron inmediatamente tampoco, nos hicieron observaciones más allá de la posibilidad de tener cuidado y no tener mayor número de personas”, comenta Óscar Burga Zamora, presidente de la corte.
Añade que como medida preventiva se redujo la capacidad de aforo en el ambiente, a fin de minimizar la carga sobre el edificio, disponiendo que el comedor solo pueda recibir la presencia de 70 personas de manera simultánea.
“El problema no es el techo, el problema es de infraestructura mayor. Recuerden ustedes que esto era una laguna. Cuando se invirtió acá en esta corte lo que se hizo fue colocar pilotes de cimentación y el presupuesto prácticamente se fue en el primer piso. Bajo esos actos de reforzamiento que se hizo la corte se construyó, pero este edificio no está entregado”, afirmó.
SIN LIQUIDACIÓN
Entre el 2006 y el 2010 se construyó la nueva sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en el Centro Cívico de Chiclayo, proceso que demandó la inversión aproximada de 14 millones de soles y que no estuvo libre de problemas. Los primeros trabajos fueron bastante complejos, debido al nivel freático del suelo, lo que obligó a destinar gran parte del presupuesto en la cimentación. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la obra aún no ha sido liquidada.
Óscar Burga señala que el edificio no ha sido entregado formalmente, pese a que fue inaugurado en su primera y segunda etapa en el 2006, durante la presidencia de Walter Vásquez Vejarano, como presidente del Poder Judicial, y de Manuel Huangal Naveda, como presidente de la Corte de Lambayeque.
La última etapa constructiva se concluyó en diciembre del 2010, siendo presidente de la corte Ricardo Ponte Durango y titular de este poder del Estado el juez supremo Javier Villa Stein.
“Esta obra no ha sido entregada formalmente. No se ha liquidado. Ese es un tema que no nos compete a nosotros, sino a la Gerencia de Infraestructura, con sede en Lima. Entonces, el problema no es el comedor, sino la infraestructura mayor que es el edificio”, asegura.
NO SE USA
Si bien el presidente de la institución refiere que el problema radica en el edificio y no en el ambiente habilitado y construido con material liviano para el funcionamiento del comedor, cierto es que de acuerdo a los protocolos de seguridad el uso de la escalera de emergencia como único acceso tampoco está permitido.
“Por eso es que hemos decidido no usarlo. La solución sería el reforzamiento de la estructura del edificio y solo el estudio nos cuesta más de cien mil soles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Optar por la vía menos perjudicial para los intereses de nuestra corte. Entonces hemos dicho: ‘Esto no se usa’ y estamos esperando que el organismo correspondiente nos diga: ‘Ahora sí se puede’. No es que se haya perdido esa inversión, estamos a espera de ellos. Lamentablemente no depende de nosotros, sino de Lima”, acota.
Burga Zamora insiste al precisar que se espera la respuesta del nivel central, en tanto el comedor en el que se invirtió más de 54 mil soles sigue sin funcionar.
“Si ustedes ven, el comedor está bonito y podrían tranquilamente usarlos nuestros trabajadores para ingerir sus alimentos”, enfatiza.
¿Fue un error construir un comedor en la azotea sin tener garantía de que el edificio podía soportar el peso? Se le pregunta a Burga Zamora. “Sé que los ingenieros consideraron que no tenía ningún problema, de eso existe un informe y por eso es que se ha construido, con los cuidados correspondientes. Lo que nosotros hicimos como una cuestión de prevención fue no ponerle más peso, porque ni siquiera lo hemos concesionado”, señala.
Reconoce que en algún momento se utilizó el ambiente para la realización de jornadas de capacitación, medida que quedó suspendida por las indicaciones del organismo correspondiente.
INFORME DE OCI
El 21 de febrero pasado, con Oficio N° 000102-2020-OCI-PJ, el Órgano de Control Institucional – OCI, del Poder Judicial, se dirigió al presidente de la institución José Luis Lecaros Cornejo, para comunicarle los resultados del Informe de Orientación de Oficio N° 021-2020-OCI/0279/SOO, relacionado precisamente al comedor de la Corte de Lambayeque.
El informe señala que de acuerdo al Informe del Servicio de Elaboración de Estudio de Análisis Estructural de la nueva sede de la Corte de Lambayeque, elaborado por el consultor Javier Malqui Ríos, el edificio “no cumple con las máximas derivas en el tercer, cuarto y quinto piso, por lo que de modificarse el uso del quinto piso con la instalación del comedor se incrementan los valores de las derivas mencionadas, pudiendo comprometer el desempeño integral del sistema estructural del inmueble en todo su conjunto”.
El especialista recomienda en su informe la realización de los ensayos destructivos (ensayos de diamantina), así como el escaneado de la estructura a fin de ingresar a la modelación de datos más confiables para evaluar un posible reforzamiento estructural.
OCI refiere que en julio del año pasado, con el Informe Técnico N° 030-2019-CDCyGR-MPCH/IO-LECM, el Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo recomendó realizar un peritaje técnico científico con profesionales dedicados a la materia para que determinen exactamente las condiciones estructurales de la edificación.
“Se ha advertido una situación adversa que podría afectar el resultado o logro de los objetivos de la gestión de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, situación que además pone en riesgo la integridad física del personal de trabajadores y público usuario de dicha corte”, concluye el informe de OCI, confirmado lo advertido por Expresión en noviembre pasado.
ALQUILER DE EDIFICIO
Por otro lado, sobre el alquiler del edificio ubicado en la Avenida Luis González, donde funcionan algunos órganos jurisdiccionales, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque explica que si bien existe un informe del Órgano de Control Institucional – OCI, que establece responsabilidades por la inadecuada contratación del inmueble, esto resultó ser una solución ante la falta de espacios.
Actualmente la Corte de Lambayeque ha implementado un proceso sancionador contra los funcionarios involucrados en el alquiler del edificio de Luis González.
Según explica, la corte destina más de un millón y medio de soles en el alquiler de locales, en tanto es remota la posibilidad de que el Poder Judicial construya una ciudadela en el terreno de 12 hectáreas que le fue donado entre Pimentel y Santa Rosa, debido a la falta de presupuesto. Incluso, manifiesta que para este año los recursos del Poder Judicial fueron recortados.
Como no se veía hace mucho tiempo, los congresistas electos por Lambayeque acudieron hasta la cámara de comercio para exponer los temas sobre los que se comprometen a legislar en los próximos meses, con el propósito de afianzar el desarrollo del departamento.
Convocados por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, los congresistas elegidos el 26 de enero: Rolando Campos Villalobos (Acción Popular), Jorge Pérez Flores (Somos Perú), Humberto Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso) y Rita Ayasta Díaz (Fuerza Popular), acudieron al conversatorio realizado el lunes 24 de febrero, en el que abordaron los temas que como representación departamental esperan impulsar desde el Parlamento.
La ausente de la cita fue la representante de Podemos por el Progreso del Perú, María Gallardo Becerra, quien se excusó por motivos familiares, pero remitió el mensaje que se adhería a las demandas planteadas por la sociedad civil.
“Nosotros tenemos que articular con el gobierno central y nuestros congresistas para generar desarrollo en la región. Los congresistas electos han nombrado a un coordinador, que es Rolando Campos Villalobos y estamos articulando permanentemente con la sociedad civil. La esencia de esto es precisamente poder trabajar juntos por Lambayeque”, manifestó Carlos Burgos Montenegro, presidente de la cámara de comercio.
CERCANOS A LA COMUNIDAD
El dirigente gremial anotó que “no se puede mirar un horizonte de desarrollo de la región si las autoridades se mantienen divorciadas de la sociedad civil”.
“Ellos se han comprometido a ponerse la camiseta de Lambayeque y esperamos que de manera permanente rindan cuentas a la ciudadanía de cómo van avanzando sus gestiones ante el nivel central para que se agilicen las obras más importantes que aquí se necesitan”, dijo.
Carlos Burgos recordó que lo que se requiere es gestión a nivel de los ministerios para que se dé impulso a los proyectos que Lambayeque demanda, como son la construcción de la Autopista del Sol, la ejecución del Terminal Portuario y la modernización del Aeropuerto Internacional José Quiñones Gonzales.
“Se necesita que se trabaje con Provías, COFIDE y Proinversión que son las entidades que ahora tienen que ver con las obras que urge ejecutar para generar dinamismo en la economía, trabajo y progreso para el departamento”, aseveró.
El presidente de la cámara de comercio añadió que el tiempo que la representación elegida el 26 de enero se mantenga en el Congreso será suficiente para avanzar la gestión de los proyectos, esto en la medida que se comprometan de verdad.
“Que se estén tomando el trabajo de conversar con la sociedad civil antes de jurar como congresistas nos genera esperanzas. Ya se va articulando la agenda por Lambayeque. Los congresistas electos se han comprometido para acudir en cada semana de representación a reuniones de trabajo con la sociedad civil y para esto la cámara de comercio siempre va a tener sus puertas abiertas”, manifestó.
AGENDA DEPARTAMENTAL
A su turno, el presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Olivio Huancaruna Perales, remarcó la importancia de priorizar los aspectos en los que la representación congresal debe ayudar ante el Ejecutivo.
“Les aseguro que nadie coincide en lo que desea para Lambayeque. Nadie. Porque todos tenemos diferentes prioridades. Yo lo que pido es que el árbol frondoso de las ideas no llegue al cerebro de nuestros representantes, sino que estos sean raíz y tronco y sean capaces de priorizar una agenda por Lambayeque”, explicó.
Dijo que ni los representantes en el Congreso ni la sociedad civil pueden acudir al gobierno nacional a presentar una larga lista de obras, porque no serán atendidas.
“No podemos ir como un sindicato pidiendo 50 o 100 cosas, porque al final no nos darán ninguna. Los congresistas deben priorizar una agenda con cinco puntos, cinco obras para Lambayeque se hagan ya, cinco que sean realmente urgentes e importantes. Ya después será oportuno plantear nuevas cosas. Construyamos una agenda para Lambayeque. No la agenda personal, no la de la institución, no la del partido, sino la agenda del departamento”, enfatizó.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Rolando Campos Villalobos, de Acción Popular, señaló que entre los aspectos que el grupo parlamentario por Lambayeque considera prioritarios está la gestión de los recursos para el cumplimiento de la deuda social con los trabajadores y jubilados.
Explicó que cada uno de los cinco representantes ha elegido una línea de acción. Por ejemplo, él asumirá la coordinación de los temas relacionados con el agro y los pensionistas; Jorge Pérez Flores lo vinculado a salud e infraestructura de servicios; Humberto Acuña Peralta lo referido a grandes proyectos y desarrollo, Rita Ayasta lo relacionado a educación y María Gallardo a seguridad.
“Confíen en nosotros, porque el propósito es diferenciarnos de las otras bancadas. Nosotros no tenemos ningún compromiso de defender grupos de poder. Lo que vamos a defender son los intereses del pueblo. En mi caso, plantearé que se restructure totalmente el Ministerio de Agricultura, porque siendo el Perú un país agrícola urge que se dé atención al pequeño y mediano agricultor”, señaló.
COMPETITIVIDAD
“Las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Lo único que debe caber acá, en este trabajo, en esta mesa de trabajo regional, es una agenda Lambayeque, donde se tiene que priorizar fundamentalmente la optimización del recurso y esto tiene que ver mucho con algo que es fundamental: la competitividad”, dijo a su turno Jorge Pérez Flores, representante por Somos Perú.
“Si no somos competitivos, de dónde vamos a sacar plata para la salud; si no somos competitivos, de dónde vamos a sacar plata para educación; si no somos competitivos cómo vamos a sacar plata para poder pagar la deuda social. Para eliminar las brechas se necesita plata, dinero, economía. Y Lambayeque lo que necesita es justamente repotenciar eso, si no lo demás es pura demagogia”, añadió el congresista electo.
Bajo esa lógica, Pérez Flores anotó que es importante que a nivel país se trabaje en cuatro puntos estratégicos: despolitizar la justicia, garantizar la soberanía nacional, mejorar la salud y educación y generar infraestructura.
“Lambayeque está haciendo un cambio generacional de la política, Lambayeque está mirando con optimismo que podemos sentar las bases de desarrollo de nuestra región. Ahora empresarios, público en general, todos unidos, a eliminar nuestros individualismos, nuestras grandes aspiraciones personales. Lo que tenemos que hacer es mirar a Lambayeque como una estructura, como un todo, para lograr el desarrollo”, apuntó.
BUEN INICIO
Durante su intervención, Humberto Acuña Peralta recordó que durante los ocho años que fue gobernador regional nunca vio a los congresistas por Lambayeque acercarse a las instituciones o a la sociedad civil de manera conjunta, por lo que saludó la disposición y ánimo de los demás legisladores electos por acudir al llamado de la cámara de comercio.
“He tenido ocho años de gobernador y jamás vi en los congresistas salientes esta voluntad, ese compromiso de trabajar juntos, yo creo que eso es lo importante, lo esencial el día de hoy, y creo que lo estamos demostrado”, precisó.
Comentó que en días previos los cinco representantes acudieron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para solicitar que se agilicen los trámites ante Proinversión, a fin que se incluya al Terminal Portuario de Lambayeque en el paquete de proyectos que promueve la agencia estatal.
También resaltó la visita realizada a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y al Ministerio de Agricultura, con el propósito de solicitar mayor impulso a obras fundamentales como el drenaje pluvial de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria, así como a la gestión y ejecución de los componentes del Plan Hidráulico Regional.
“Vamos a estar a la disposición de ustedes para coordinar, hay proyectos que necesitan el apoyo, el empuje de toda la sociedad civil, de todos los lambayecanos, cuando veamos que el Estado está retrocediendo o está haciéndose para atrás”, manifestó.
ATENCIÓN A EDUCACIÓN
“Tenemos el deseo de sacar adelante a Lambayeque. En los últimos días hemos visto cómo este equipo va creciendo y desde ese punto de vista tenemos el compromiso firme de seguir trabajando. Hemos escuchado hablar de infraestructura, de obras grandes que efectivamente el departamento necesita, pero también hay un aspecto importante: la atención que debemos recibir en un establecimiento público, sea de salud o educación”, precisó Rita Ayasta.
La congresistas electa como representante de Fuerza Popular acotó que la siendo la educación el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, es necesario que el presupuesto que se destina a nivel nacional para el sector, que actualmente es del 3.7 % del Producto Bruto Interno – PBI, se incremente.
“Ese monto es ínfimo, necesitamos más presupuesto para educación, necesitamos mejor infraestructura para nuestros centros educativos, necesitamos mejor implementación, pero también mejor capacitación para nuestros profesores. La bancada de Lambayeque va a reclamar y solicitar que se dé la atención que se necesita en educación”, acotó.
Ayasta de Díaz añadió que también es necesario impulsar actividades productivas como el turismo, la artesanía y gastronomía.
