A cruzar los dedos dirán los del entorno del presidente Martín Vizcarra hasta el 9 de noviembre en que se verá si es o no vacado por el Congreso de la República. Lo cierto es que el país políticamente está en vilo, pues se crea inestabilidad de todo orden y de ello sacan provecho los adversarios y quienes de una u otra manera aspiran llevar agua a su molino en plena emergencia sanitaria y proceso electoral de Elecciones Generales 2021.
A la mayoría del pueblo casi no le importa este segundo proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, acción iniciada por el Congreso de la República del Perú, con la finalidad de declarar la «permanente incapacidad moral» del presidente de la república. El 20 de octubre del 2020, las bancadas de los partidos Unión por el Perú, Podemos Perú, Frente Amplio y otros, alcanzaron el nivel necesario de firmas para presentar la moción de vacancia por presuntos casos de corrupción del mandatario durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Esto ha sido posible por las frecuentes declaraciones de ‘colaboradores eficaces’, que señalan que Vizcarra habría recibido “coimas” por obras ejecutadas en su tierra natal.
Inicialmente, el debate para la admisión de la moción de vacancia se iba a realizar el 31 de octubre, pero posteriormente se prorrogó para la primera semana de noviembre, sin precisar día exacto. Finalmente, se decidió que el lunes 2 de noviembre se debatiría su admisión. Llegada la fecha, la moción fue admitida a debate con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, con lo cual el presidente de la república deberá acudir al pleno el lunes 9 de noviembre para ejercer su derecho a defensa.
Tras oír al presidente Vizcarra, el Congreso debatirá la aprobación o rechazo de la vacancia presidencial.​ Para que la vacancia proceda se requiere al menos dos tercios del total del número de congresistas (130 legisladores), es decir, ser requieren 87 votos. De declararse la permanente incapacidad moral, Vizcarra se convertiría en el tercer presidente al cual se le declara en dicha situación, tras Guillermo Billinghurst (1914) y Alberto Fujimori (2000).
El presidente ya superó el 18 septiembre una moción de destitución en el Congreso, acusado entonces de instar a mentir a dos asesoras en una investigación sobre contratos a un cantante. El Congreso no reunió los votos suficientes para sacarlo del poder.
"No hay una prueba de las imputaciones. Un proceso de vacancia desestabiliza al país. Estoy seguro de que el Congreso no va a caer en el juego de un grupo político que busca el caos", dijo a la prensa Vizcarra.
"Es un poco anecdótico porque se están acostumbrando a hacer una vacancia por mes, no el parlamento en su conjunto, sino un grupo político", agregó.
Hay quienes señalan que la destitución del presidente beneficiaría a los partidos y grupos interesados en que no se lleve a cabo la reforma política que impulsa Martín Vizcarra, la cual lucha contra la corrupción en el país. Desde mi punto de vista, creo que el Ministerio Público está en la obligación de continuar con todas las investigaciones necesarias que lleven a desenredar las graves acusaciones de corrupción que han imputado “colaboradores eficaces” al presidente Vizcarra, cuando era gobernador en Moquegua.
Considero que Vizcarra debe terminar su gobierno, porque así lo manda la ley y, en pleno estado de emergencia Sanitaria por el Coronavirus, con una grave crisis económica y de recesión por la pandemia, se hace necesario darle tranquilidad al país, sin que esto signifique que Vizcarra tenga que rendirle cuentas de manera contundente a la justicia. Espero que se imponga la fuerza de la razón y que las bancadas mayoritarias no respalden este descabellado pedido que pone en vilo innecesariamente nuevamente al país.
-----
Directora-Fundadora
Periodista.
