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El Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque cumplirá el próximo 29 de agosto su 58° aniversario, y en ese marco Expresión dialoga con su decano, Carlos Burgos Montenegro, quien destaca las gestiones realizadas a favor de sus más de 19 000 asociados.
¿Cómo recibe el CIP Lambayeque este nuevo aniversario institucional?
Recibimos esta celebración con una gran responsabilidad, pero también muy satisfechos por la responsabilidad y respuesta con la participación activa de nuestros colegiados, quienes apuestan por la gestión. La construcción de la Clínica del Ingeniero fue una de nuestras propuestas para ser elegidos y los colegas hoy pueden constatar que tenemos un avance importante.
Dentro de poco se concluirá la primera etapa de esta obra, la cual consiste en el sótano, primer, segundo y tercer piso.
¿A cuánto asciende la inversión en este proyecto?
En la primera etapa se tiene estimada la inversión de aproximadamente S/5 millones 200 mil soles en la infraestructura. El equipamiento será una inversión posterior. Hemos tenido dos años de gestión austera, amarrándonos los cinturones, para poder reunir los fondos para el inicio de las obras. En el primer año de gestión se trabajó el expediente, en el segundo se tramitaron todas las autorizaciones y en enero de este año iniciamos los trabajos.
¿Está comprometido el equipamiento considerando que su gestión termina este año?
El equipamiento deberá ser asumido por la gestión siguiente. Desde ya, por ejemplo, el Comité de Damas está realizando actividades para poder apoyar con fondos para el equipamiento de la clínica. De acuerdo a cómo vayan los ingresos en esta recta final de la gestión podremos dejar parte del equipamiento adquirido.
¿Esta vez también han recibido apoyo del consejo nacional para obras en Lambayeque? En su primera gestión hubo apoyo para la remodelación del centro de esparcimiento.
En esta oportunidad se ha logrado más, justamente porque tenemos un consejo nacional que nace de las provincias, cuya oferta fue acercarse a los consejos departamentales y lo ha hecho. Ha habido mucha preocupación por el aspecto académico, por mejoras en el Instituto de Bienestar del Ingeniero y otros aspectos más.
Es bueno que lo sepan los colegas: el consejo nacional tomó la acertada decisión de asignarnos una partida importante de cerca de un millón de soles para la primera etapa de la Clínica del Ingeniero.
¿Es el primer proyecto de esta naturaleza?
Sí, de los 28 consejo departamentales es el primero y por eso se nos ha reconocido a nivel nacional. Seremos el primer Colegio de Ingenieros en contar con una clínica y en las regiones ya nos han tomado como referencia.
¿Qué otras gestiones importantes han realizado en este su segundo mandato como decano del CIP Lambayeque?
Al igual que en nuestro primer período 2016-2018, esta vez le hemos dado especial participación al agremiado, generando espacios para ello. En la primera gestión encontramos siete capítulos y dejamos ocho. Esta vez dejaremos nueve capítulos, siendo el más reciente el de Ingeniería Electrónica.
La satisfacción es porque recibimos el colegio con el 43 % de los agremiados hábiles y ahora estamos bordeando el 60 %. Esperamos cerrar el año superando ese porcentaje, que desde ya es una cifra récord a nivel de los 28 consejo departamentales.
¿Cuánto agremiados tiene el CIP Lambayeque?
Actualmente tenemos 19 000 agremiados, siendo uno de los consejos departamentales más grandes del país después de Lima.
En cuanto a capacitación, ¿qué tanto se ha avanzado?
Se han hecho alianzas con universidades locales y estamos trabajando para suscribir convenios para la realización de maestrías con universidades de Argentina y España.
El colegio también ha tenido una importante presencia en la presidencia del Conrede, pero también abordando problemas regionales. ¿Qué destaca en ese sentido?
Es nuestro rol, recordemos que desde 1962 nace el Colegio de Ingenieros del Perú y luego se crean los consejos departamentales, justamente para encarar la problemática de cada región y apoyar a quienes manejas los presupuestos a priorizar. Juntos debemos impulsar el nivel competitivo de las regiones, más aún porque tenemos las condiciones para hacerlo.
¿Qué le falta a Lambayeque para que su sociedad civil articule de manera permanente?
Como Conrede hemos dado ejemplo, convocando a cerca de 100 instituciones para unidas defender los intereses de Lambayeque. Esa unión ha permitido que las autoridades entiendan de la importancia de la sociedad civil. Nunca antes nos daban la oportunidad de presentar nuestras propuestas.
Las entidades de gobierno siempre dicen que adolescente de recursos para contratar equipos técnicos y por ello deben acoger los aportes de los colegios profesionales.
Habiendo transcurrido año y medio de gestión, ¿cómo evalúa el desempeño de las autoridades regionales?
El pueblo está cansado de mucha oferta. El gobernador regional Jorge Pérez Flores debe aterrizar sus propuestas y empezar a sentar las bases para hacerlas realidad. La autoridad debe decirle a la población qué está haciendo su gestión para concretar los grandes proyectos.
Una deficiencia del gobierno regional es no tiene un banco de grandes proyectos, siempre se ha comportado como una municipalidad grande que hace parques, jardines, pistas o veredas, cuando esa no es su misión. La misión del gobierno regional es generar condiciones para que el inversionista se quede y este genere empleo.
En el ámbito regional hay mucho discurso y pocos resultados.
¿Lo mismo percibe de la gestión municipal en Chiclayo?
Uno de los principales aspectos deficientes de la gestión es la falta de comunicación y en ese sentido considero que la alcaldesa debería buscar la manera de informar a la población lo que está haciendo y los proyectos que tiene su gobierno.
Hay mucha dejadez por parte de los funcionarios, hay muchas trabas que impiden que la gestión avance y los perjudicados son todos los habitantes de Chiclayo.
¿Cuál es su mensaje a los integrantes del CIP Lambayeque en este aniversario?
Llamarlos a la unidad, las puertas del colegio siempre están abiertas y en cada actividad esperamos la mayor participación de todos. Estamos próximos a un proceso eleccionario y saludamos ese espíritu democrático pues hay varias listas, lo que evidencia la voluntad de los colegas por ayudar al crecimiento de la orden profesional.
Lo que otrora fueron campos verdes de caña de azúcar hoy solo son terrenos baldíos en Tumán. Ya nada queda de las 7620 hectáreas que sembraba la azucarera hasta antes del 2015, recuerda Vicente Castillo Nicolás, presiente del Frente de Defensa de Tumán, quien responsabiliza a las administraciones judiciales de Marcelino Llontop, César Sandoval, Leoncio Egúsquiza, Daniel Riojas, Alejandro Zevallos y otros de la debacle que vive la empresa azucarera.
“Las administraciones judiciales llevaron a la pobreza a Tumán, son responsables de la desgracia que vive Tumán. Hemos hecho una marcha hace 15 días, el pueblo sale y pide que regrese el Grupo Oviedo porque ha visto la capacidad y sensibilidad humana que hay. Hubo un complot tan grande por la envida que tenían. Y el Poder Judicial y algunos fiscales entraron en esta repartija y corrupción. No hablo de un millón, sino de más de 240 millones de soles de desfalco a Tumán”, sostiene.
Debacle
Vicente Castillo, quien era cortador de caña de Tumán, recuerda que para el 2005 la empresa se hallaba quebrada, pues ya los bancos no le otorgaban créditos. Al año siguiente ingresó el IV Directorio con Wigberto Cabrejos a la cabeza y se abonaron sus haberes a los trabajadores que llevaban un mes impagos.
Posteriormente llegó la administración judicial que conducía Segundo Ordinola y para el 2008 Tumán había vuelto a ser sujeto de crédito, logrando dividendos en tres años. “Teníamos de todo, yo era cortador y nos daban zapatos, ropa, machetes, sombrero, nos alimentaban con desayunos, refrescos. En la administración judicial del cuarto directorio las cosas cambian. Tumán les pagaba a los hijos de los trabajadores para que vayan a la universidad. No vivíamos en la gloria, pero era mil veces mejor que ahora”, evoca.
Recuerda que en la época del IV Directorio la administración de Segundo Ordinola tuvo 7620 hectáreas: 1500 de caña planta y el resto de caña soca, las cuales rendían un promedio de 110 toneladas y más de 200, respectivamente.
Sin embargo -asegura- la debacle empezaría en el 2015 cuando ingresó la administración judicial de Marcelino Llontop, pues se dejó de pagar impuestos, seguro, AFP y otras obligaciones. Para el 2016 ingresarían César Sandoval, Leoncio Egúsquiza y Alejandro Zevallos, pero las cosas, lejos de mejorar, empeoraron.
“Lo que hacían estos gobiernos, ayudados por el Poder Judicial, era que cosechaban, pero no sembraban. Se llevaban la riqueza de Tumán, pero no sembraban. Si se hubiesen preocupado en sembrar, Tumán no estaría así. Llegaron a llenarse los bolsillos. Quienes quiebran a Tumán son los mismos tumaneños: Marcelino Llontop, César Sandoval, Alejandro Zevallos, Leoncio Egúsquiza, Daniel Rioja, Eric Benavides. Pero estas administraciones fueron sacadas por personajes oscuros que hasta ahora litiga en Tumán con unas deudas fraudulentas”, asegura.
Realidad
A raíz de lo descrito, hoy la situación de Tumán es crítica. Vicente Castillo cuenta que de los 3500 trabajadores activos que tuvo en su mejor momento la azucarera, hoy quedan solo alrededor de 50, afines a la administración de hecho. Con el devenir de los años son cerca de 2100 trabajadores los que él estima que lo perdieron todo.
“Hay padres que tuvieron que retirar a sus hijos de la universidad porque ya no pudieron pagarla más. Trabajadores que ahora van a Cerro Prieto desde las 03:00 a. m. y no regresan sino hasta las 11:00 p, m,. De Tumán ya nadie vive. Todos trabajan en empresas afuera”, indica.
Cuenta que algunos trabajadores migraron a Lima, Chimbote y Trujillo. Algunos trabajan ahora como soldadores, otros siguen siendo cortadores, pero todos buscan el pan fuera del distrito azucarero. Y la situación se agrava con los jubilados.
“Muchos tuvieron que jubilarse con anticipación para tener algo que llevarse a la casa. Lo que les da la administración de hecho es 50 soles al mes. Cuando hay cosecha, lo poco que hay, se lo llevan al bolsillo y a los trabajadores les dan miserias”, revela.
El nuevo Centro de Salud de Íllimo es actualmente la obra asistencial más importante de la provincia de Lambayeque. Cuando entre en funcionamiento podrá beneficiar a más de 50 mil habitantes, lo que evidencia su impacto en la calidad de vida de la población de la parte baja del valle La Leche, comprendiendo a distritos como Íllimo, Pacora, Túcume, Mochumí y Jayanca. El avance físico es del 98 % y, si bien los trabajos están paralizados desde julio, la participación de la sociedad civil ha sido determinante para llegar a ese nivel de ejecución asegurando el cumplimiento de estándares de integridad.
Tras El Niño Costero del 2017 y como parte del proceso de reconstrucción del departamento, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, consideró entre sus inversiones el proyecto de “Recuperación de los servicios de salud del Centro de Salud de Íllimo”, con un presupuesto superior a los S/43 millones, asignando la unidad ejecutora a la municipalidad del distrito, que nunca antes había manejado tal cantidad de recursos.
Proceso de selección
La contratación para la ejecución de la obra se realizó teniendo como base legal el Decreto Supremo 071-2018, que estableció el procedimiento especial para la reconstrucción a nivel nacional. En ese marco, el 14 de octubre del 2022, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace, la comuna illimana convocó la contratación de la obra con un valor referencial ascendente a S/43 millones 169 mil 630.57.
El comité de selección adjudicó el proyecto el 27 de octubre de ese año al postor San Carlos Contratistas Generales SRL. En la convocatoria se registraron 12 empresas, pero solo dos presentaron la oferta económica y técnica. Cumplido el plazo para el perfeccionamiento del contrato, se procedió a la firma del mismo el 15 de noviembre entre el entonces alcalde del distrito Miguel Baldera Sandoval y el representante legal del postor ganador, Javier Silva Delgado.
La supervisión fue adjudicada al Consorcio Supervisor Íllimo, cuyo contrato fue suscrito el 25 de noviembre del 2022 por un valor total de S/3 millones 166 mil 142.18.
El nuevo centro de salud, que tendrá categoría I-3, ofrecerá atención en salud familiar y comunitaria, salud ambiental, nutrición integral, prevención de enfermedades como el cáncer, aplicación de pruebas rápidas, toma de muestras y rehabilitación, así como la atención de partos de urgencia. El proyecto comprende la infraestructura y el equipamiento.
Inicio de obra y el Yaku
Los trabajos iniciaron en diciembre del 2022, no siendo afectados por el cambio de autoridades locales en enero del año siguiente. Por el contrario, la ejecución del componente de ingeniería continuó con normalidad hasta marzo del 2023, cuando los eventos originados por el ciclón Yaku ocasionaron severos daños en el distrito, cuya zonas urbana y rural quedaron completamente inundadas debido al desborde del río La Leche.
El emplazamiento donde se construye el centro de salud fue uno de los primeros alcanzados por las aguas del río, ubicado en el sector norte. El nivel de la inundación superó el metro de altura.
Aquellos episodios representaron dificultades para la continuidad de los trabajos, generando costos adicionales que hasta el momento no han sido cubiertos por el Estado. Además, la situación se complicó debido a la desactivación de la ARCC, en diciembre del 2023, siendo esta la fuente de financiamiento para el proyecto asistencial en Íllimo.
Veeduría ciudadana
Pero las crisis representan oportunidades y en este caso se dieron las condiciones para incorporar en el proceso constructivo a la sociedad civil como veedora, gracias a la participación de la Mancomunidad del Valle La Leche en la Red de Integridad Lambayeque, esfuerzo en el que confluyen actores estatales, colegios profesionales y organizaciones sociales, formado como parte del Proyecto Inversión Pública Transparente – TPI, por sus siglas en inglés, financiado por la cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica.
En el proyecto TPI de USAID se promueve la implementación y seguimiento de 15 estándares de integridad, esto con el objetivo de promover transparencia e idoneidad en los procesos de contratación pública en siete regiones del país, entre ellas Lambayeque.
Una de las primeras acciones fue la firma de un acuerdo de colaboración público – privada, a través del cual tanto la municipalidad como la contratista y supervisión se comprometieron a facilitar el trabajo de veeduría de la red, cumpliéndose de este modo el estándar de integridad 5, que justamente recomienda la implementación de dichos compromisos.
“Esta es una experiencia muy buena. Si bien aún no se concluye la obra, desde el momento en que la red mostró su interés de participar en la veeduría, la respuesta del municipio ha sido positiva. Tenemos la predisposición, lo mismo que la contratista y la supervisión, para ofrecer toda la información necesaria, de tal manera que la sociedad civil se involucre y tenga mayor presencia en la ejecución de las obras a fin de disminuir los riesgos. Es la primera vez que algo así sucede en nuestro distrito”, señala Carlos Vílchez Peches, gerente municipal.
Los estándares
La participación de la red ha puesto énfasis en los estándares 11, 12, 13 y 14, justamente los vinculados a situaciones como las originadas a partir del impacto del ciclón Yaku sobre el proceso constructivo.
“Los estándares se aplican en los tres momentos de la contratación pública: actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual. Son parámetros que nos permiten medir y superar riesgos que se pueden presentar en las obras, por ejemplo, el cierre de brechas, la declaración jurada de intereses o la fiscalización posterior al ganador de la buena pro, que se evalúa en el estándar 9 y en el que hacemos mucha incidencia”, comenta José Carlos Sánchez Manayay, coordinador regional del proyecto TPI de USAID.
El estándar 11 está referido a la supervisión permanente de la obra, aspecto en el cual la veeduría ciudadana encontró durante sus visitas realizadas al supervisor responsable, identificado como Miguel Campos Santamaría, quien asumió dicha responsabilidad el 30 de abril de este año en reemplazo del primer supervisor, Julio Ramos Marcelo. En obra también se encontró al ingeniero residente, William Bedriñama Carrasco, presente en el proyecto desde el 1 de diciembre del 2022.
Otro hallazgo importante de la veeduría fue la actualización del cuaderno de obra digital, con asientos en los que se han registrado las incidencias de la ejecución, no conteniendo este ninguna queja o penalidad generada a partir de la ausencia de alguno de los profesionales integrantes de la propuesta técnica tanto en la ejecución como supervisión. Lo que sí se encontró fue el registro de hasta 12 penalidades (hasta mayo), por cuestiones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
Adicionales de obra
Sánchez Manayay explica que el estándar de integridad 12 está relacionado a la aprobación justificada de adicionales y/o ampliaciones de plazo de manera oportuna por parte de la entidad. En este caso, el municipio de Íllimo admitió dos adicionales en la obra: el primero sobre el cambio de especificación técnica y adicional de obra por partida con Resolución de Gerencia Municipal n.° 0120-2023-MDI/GM, y el segundo por mayores metrados sustentado en la necesidad de elevar el nivel de piso terminado en 0.30 centímetros respecto a la carretera Panamericana Norte Antigua, el mismo que fue aprobado el 29 de septiembre del 2023 con la Resolución de Gerencia Municipal n.° 176-2023-MDI/GM.
“La obra en estos momentos se encuentra paralizada porque está pendiente el pago de los adicionales. El avance físico es del 98 %, pero en julio pasado la empresa decidió paralizar hasta que no se resuelvan dichos pagos. El proyecto ha sido financiado por la ARCC, pero esta culminó sus funciones en diciembre pasado y no ha habido dónde gestionar los recursos necesarios. Sin embargo, por gestiones del alcalde Juan Pablo Santamaría Baldera, se ha logrado el financiamiento”, explica el gerente de la comuna.
Los adicionales 1 y 2 suman poco más de S/800 000 que deben ser cubiertos con una asignación extraordinaria que ha recibido la municipalidad de Íllimo desde el gobierno central. La entidad y la empresa contratista concilian el reinicio de los trabajos para evitar la paralización por tiempo indefinido de los trabajos.
De la verificación del estándar 13, sobre el pago de valorizaciones dentro de los plazos previstos y de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa, se tiene que han existido deficiencias en el registro del avance financiero en el Sistema de Seguimiento de Inversiones – SSI, esto debido – en parte – al cierre de las actividades de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, y el traslado de parte de sus competencias a la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN.
Sin embargo, lo informado por la empresa contratista es que no existen valorizaciones pendientes de pago.
En el Reporte de Seguimiento a la Ejecución de Inversiones del Formato n.° 12-B, existente en el portal Invierte.pe, se informa que el costo actualizado del proyecto es de S/47 millones 907 mil 406, de los cuales se ha devengado, a agosto de este año, S/25 millones 297 mil 297, que equivalen al 52.8 % del total.
Observaciones de control
Existe otro estándar, el 14, cuyo seguimiento es fundamental para conocer en qué medida la entidad (municipio) ha corregido y adoptado las acciones preventivas y observaciones planteadas por la Contraloría General de la República como ente de fiscalización.
La veeduría ejercida por la Red de Integridad Lambayeque ha hecho seguimiento a los cinco informes de hitos de control elaborados por Contraloría sobre la obra de salud en Íllimo. El primero de ellos, Hito de Control n.° 011-2023-OCI/OC0427-SCC, observó la demora en el cumplimiento de las condiciones para el inicio del plazo de la ejecución del proyecto y que el terreno donde se construye la infraestructura se ubica en zona inundable, situación que aún no ha sido subsanada por parte de la entidad.
Se infiere que ello implica la ejecución de obras preventivas a fin de evitar que episodios como los presentados durante el ciclón Yaku se repitan.
La red señala que existen 3 situaciones adversas no corregidas por parte de la comuna distrital y que han sido debidamente notificadas por Contraloría a través de sus informes, formulados por el Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
“Como veeduría hemos alcanzado también recomendaciones a la municipalidad. Lo interesante en el seguimiento de los estándares de integridad es que permite advertir situaciones que puedan complicar la ejecución de obra. En Lambayeque hay más de 54 obras paralizadas y lo que queremos es que este proyecto salga adelante”, indica el coordinador del proyecto TPI.
En atención a ello, Vílchez Peche refiere que la municipalidad trabaja en el levantamiento de las observaciones del ente de control, para lo cual se ha elaborado un plan de acción.
“Ejecutar una obra de esta magnitud representa retos, sobre todo para un municipio tan pequeño como el nuestro. Ello supone tener una comunicación más fluida con la contratista y la supervisión”, remarca el funcionario.
Experiencia replicable
Uno de los aspectos relevantes del ejercicio de veeduría a cargo de la Red Integridad Lambayeque es que en él participan jóvenes estudiantes y profesionales que pertenecen al voluntariado Jóvenes del Milenio.
El vicepresidente de la organización, Luis Castro Silva, menciona que experiencias de este tipo promueven la transparencia y evitan casos de corrupción, pero además generan cultura de integridad entre quienes la responsabilidad de manejar recursos públicos.
“Hace falta promover más la participación ciudadana respecto a la gestión pública, a lo que día a día hacen nuestras autoridades. Es necesario hacerlo porque esto va a permitir que las autoridades sean más transparentes y, en consecuencia, que se pueda evitar casos de corrupción”.
El caso del Centro de Salud de Íllimo es uno de los proyectos de inversión pública en los que la Red de Integridad Lambayeque tiene participación activa a través de la veeduría. En otros distritos, como Cayaltí, hubo resistencia por parte de la contratista de una obra educativa para facilitar el acceso e información, mientras que en los distritos de José Leonardo Ortiz y Pacora las circunstancias han sido más favorables. La red también fiscaliza, como actor de la sociedad civil, obras a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque.
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Destacan esfuerzo de la Red de Integridad
Representantes de la sociedad civil destacan el trabajo realizado por la Red de Integridad de Lambayeque en la promoción y seguimiento de los estándares de integridad en las obras públicas, siendo una de las iniciativas más importantes ejecutadas con dicho objetivo a nivel departamental.
Wendy Paredes Castañeda
Gerente general de la Mancomunidad del Valle La Leche
“Bastante favorable la participación de la red porque ha permitido que haya interacción entrega la sociedad civil, el gobierno municipal y las empresas contratistas y supervisora. Considero que son experiencias muy favorables, la red está integrada por instituciones, adultos y jóvenes, y el hecho que en ella concluyan diversos actores hacen que alguna manera se tengan iniciativas para generar transparencia en las obras públicas. Estas experiencias deberían ser replicadas, esta ha sido la primera desde la mancomunidad para que sea abordada desde la veeduría”.
Javier Figueredo
Asociación Cívica Integración Lambayecana
“El trabajo de la red es importante porque une a varias organizaciones para realizar la veeduría de la ejecución de infraestructuras públicas. Es urgente que la sociedad civil a través de sus actores se convierta en fiscalizadora, desde la elaboración de los expedientes, procesos de contratación, ejecución y entrega. Ese proceso largo debe ser observado muy de cerca, para asegurarse la transparencia, porque en Lambayeque y a nivel nacional sabemos las deficiencias que existen en la administración pública. El trabajo está dando resultados”.
Carlos Burgos Montenegro
Decano del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Lambayeque
“La sociedad civil tiene un rol trascendente en la fiscalización de las obras públicas y en ese sentido es muy saludable el esfuerzo realizado por el proyecto TPI y la Red de Integridad Lambayeque, pues ha generado un espacio de diálogo entre las unidades ejecutoras y contratistas para prevenir actos que pongan en riesgo las inversiones. Esto ayuda a avanzar en el cierre de las brechas sociales que aún tenemos en el departamento, sobre todo en servicios elementales como salud y educación que son tan importantes”.
Carlos Balarezo Mesones
Representante del Colegio de Ingenieros de Lambayeque en la Red de Integridad
“El esfuerzo que se ha hecho en las veedurías es de resaltar, pero lo que se debe pensar es qué viene después, pues como sabemos estas acciones se han realizado como parte del proyecto TPI de USAID. Sería importante que se apunte al fortalecimiento de las capacidades de los actores locales como organizaciones de base, voluntariados, colectivos y frente de defensa para que puedan replicar la aplicación de los estándares y contribuyan con su fiscalización a la transparencia en las obras pública. Esa tarea también debe ser asumida por el Estado”.
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(*) Coordinador periodístico de Expresión | Becario del Curso de Periodismo de Soluciones para la cobertura de la Integridad y la Transparencia en las Contrataciones Públicas, realizado por la Fundación Gustavo Mohme Llona, USAID y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Enrique Valderrama Peña, exintegrante de la Comisión Política del Partido Aprista Peruano – PAP, visitó Lambayeque y en diálogo con Expresión enfatizó en que los nuevos cuadros de la organización fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre deben tomar la conducción institucional y promover un mensaje que responda a las necesidades de la población.
El Partido Aprista Peruano – PAP, recuperó la inscripción y ahora está en un proceso de reactivación de las bases. ¿Qué debe caracterizar este trabajo?
No haber participado en las elecciones del 2021 ni en el 2022 nos pone en una situación un poco fría, pero estamos activando con fuerza de cara a las elecciones del 2026 y definitivamente el relanzamiento del APRA debe caracterizarse por el impulso de la juventud para levantar banderas de cambio social. Creo que eso es fundamental.
¿En qué espectro se ubica en estos momentos el Partido Aprista a nivel político?
Creo que hemos sido siempre la izquierda democrática en el país, pero de una u otra manera hemos dejado que ese mensaje baje su volumen y esto por no saber responder, quizá, algunas de las críticas que se han planteado desde los adversarios políticos.
El APRA tiene que marcar una gran diferencia no sólo de la izquierda marxista, sino también de la derecha en el país. El país necesita reformas, necesita cambios, la derecha no cree en cambios y la izquierda marxista cree que para solucionar una jaqueca hay que decapitar al paciente. El APRA es la expresión más sofisticada y técnicamente preparada para impulsar un verdadero debate sobre lo que se tiene que cambiar.
¿Quiénes representan en el país a esa derecha que a veces se vuelve cavernaria?
La izquierda también se vuelve cavernaria si no recordemos las expresiones de Pedro Castillo en la campaña y las cosas que intentó hacer durante el gobierno o a Nicolás Maduro masacrando a su pueblo en Venezuela. Creo que la derecha y la izquierda tienen expresiones radicales, totalitarias y cavernarias, y sin duda la izquierda democrática, la democracia social, tienen que diferenciarse de todas esas expresiones, y también de la que no le corresponden a su naturaleza.
Hay expresiones de la izquierda marxista y la derecha que no necesariamente son cavernarias, pero que no van en sintonía con lo que nosotros pensamos. Un ejemplo es el costo del crédito financiero, mientras la derecha no propone absolutamente nada, la izquierda radical seguramente hablará de expropiaciones o cosas parecidas. Ante ello el APRA deberá tener un discurso propositivo.
No ha respondido, ¿quiénes representan en el Perú actualmente a esa derecha de la que el Partido Aprista debería marcar distancia?
En este instante puedo mencionar a dos agentes que identifico en la derecha y están haciendo un daño terrible al país, y están, además, sosteniendo al gobierno totalmente ineficiente e incapaz de la señora Dina Boluarte, y hablo de Fuerza Popular y de Alianza Para el Progreso. Esas son dos expresiones claras de una suerte de derecha sin tradición democrática, excesivamente pragmática, por un lado, y de una derecha mercantil, que es como un barco pirata metido en política.
De los tres partidos tradicionales en el Perú sólo el Partido Aprista está realizando un proceso de reactivación de bases, en comparación a lo que sucede con Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. ¿Se está aprovechando esa ventaja?
Es una situación interesante. Históricamente el APRA no ha sido muy fuerte en Lima, como sí lo han sido Acción Popular y el PPC, pero en este acercamiento estamos ganando espacios. Sin embargo, lo más interesante se está viendo en el norte del país. Creo que el fujimorismo, que ha tenido acogida en el norte, va a evidenciar el desgaste de estar sosteniendo a Boluarte, y Alianza Para el Progreso también va a retroceder. Estas plazas, desde Tumbes hasta La Libertad están respondiendo al mensaje del APRA.
¿Es posible la recuperación del “sólido norte”?
El APRA empieza una campaña intensa desde ahora por la recuperación del sólido norte con banderas populares.
¿Si cabe una autocrítica, cómo se puede explicar el hecho de que el aprismo perdiera al “sólido norte”?
El régimen fujimorista nos golpeó mucho y tras la caída de la dictadura hubo un apoyo importante a las candidaturas presidenciales del 2001 y 2006. Sin embargo, un fenómeno interesante de analizar es que todos los partidos que gobernaron después de Fujimori quedaron muy débiles, situación que en el APRA no ha sido así, pues el partido sigue existiendo, firme y se prepara para una campaña nacional en el 2026.
De los errores, puedo mencionar dos: la alianza con el PPC y la disputa institucional que hizo bajar el volumen del mensaje en los aspectos sociales. Por eso la corriente de renovación que impulso es que el APRA vuelva a mirar los intereses de la gente, esto con una propuesta en seguridad ciudadana potente, con un planteamiento en generación de empleo y contra el abuso de los oligopolios. El APRA tiene que alentar una agenda social orientada a los dolores de la gente.
¿No le han daño los gamonalismos al partido?
Creo que sí y sobre todo los estilos de campaña. Hemos tenido oportunidades perdidas, gente que llegó a las alcaldías dejando un balance negativo incluso de orden moral y creo, y lo digo abiertamente, que las nuevas generaciones deben tomar el control del partido a nivel nacional, con un discurso de lucha contra la corrupción reforzado por una práctica interna de moralización.
