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Caminar por Chiclayo y levantar la mirada al cielo puede resultar una experiencia poco agradable. Al menos visualmente. Y es que los aires de la ciudad se han convertido en un enmarañado de cables dignos del Hombre Araña, como señala el regidor Fernando Fernández Gil. Lo más peligroso, tal vez, es que ahora el cableado en desuso forma parte del paisaje urbano en el suelo, pues metros y metros permanecen en las pistas y veredas, representando un peligro para los ciudadanos que a diario deben esquivarlos.
La semana pasada este medio publicó en su plataforma de Facebook la denuncia de los vecinos de la calle Las Acacias, en la urbanización Santa Victoria, quienes alertaban la presencia de cables de telefonía e internet en el suelo, hecho peligroso ante la constante ocurrencia de lluvias. Más de siete días después, Expresión volvió al lugar y corroboró que la situación no había cambiado.
“Alertado por la publicación, hice la denuncia y llamé a los funcionarios, pero nadie sabe quién es el encargado de fiscalizar, de supervisar el tema del cableado. Esto lo llevaré a la sesión de concejo de este jueves, lo dejaré sentado en actas, porque es una lucha que vengo haciendo desde el primer día que asumí como regidor en el 2023. Presenté junto a otros cinco regidores un proyecto de ordenanza para el retiro del cableado excesivo, inoperativo y en desuso, pero lo hicieron un bollo y lo arrojaron al tacho de basura. Chiclayo es la ciudad del Hombre Araña, donde se hace lo que se quiere”, sostiene.
Reglamento sin cumplir
El 10 de marzo del año pasado se publicó el Decreto Supremo n.° 007-2024-MT, el cual aprueba el reglamento de la Ley n.° 31595 – ‘Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país’.
Esta norma obliga a que las empresas concesionarias y proveedoras de electricidad y telecomunicaciones deban presentar ante las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) el plan de acción para el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado de las zonas urbanas. Esto debía hacerse en un plazo de tres meses desde la entrada en vigencia del reglamento.
En paralelo, las empresas concesionarias y proveedoras están obligadas a presentar ante la municipalidad distrital o provincial, según corresponda, el plan de calles para el retiro, previo al inicio de trabajo de retiro de cableado en desuso y mal estado.
El reglamento también señala que son las municipalidades a quienes les corresponde supervisar la ejecución del retiro del cableado, así como comunicar a los propietarios de los inmuebles y/o juntas vecinales los accesos y vías que serán afectados por los trabajos, según lo comunicado por las concesionarias o proveedores de esta infraestructura pasiva.
Son estas empresas y proveedores las que deberán identificar las cuadras a intervenir, tomando como criterio la existencia de al menos un poste donde se observen veinte cables o más concurrentes a este en una cuadra; que el cableado conectado a los extremos esté en su parte más baja por debajo de los cinco metros de altura para los cables que crucen la calzada o cuatro metros de altura para los cables que van por sobre la acera; o que haya cableado colgante con un extremos sin conectar. En Chiclayo, los cables cuelgan a la altura de la cabeza de un hombre de estatura promedio.
“Este proyecto de ordenanza que yo presenté lo recuperé de la propuesta del exregidor Luis Carlos Cabrejos. La mejoramos, la hicimos más acorde a la realidad del momento y la presentamos a la alcaldesa. El proyecto paseó todo un año por las gerencias de la municipalidad y finalmente nos dijeron que no procedía, que no era legal. Y el año pasado salió el reglamento que regula el cableado en todo el Perú”, indica.
Plazos
El reglamento otorga un plazo de 24 meses, es decir, dos años, a las empresas concesionarias y proveedoras para que culminen con el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado. Luego de este período, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, los informes de las supervisiones. Es este organismo precisamente el que podrá ejercer la potestad sancionadora en materia ambiental por el incumplimiento de estas obligaciones.
Para ello, las EFA (OEFA y Ministerio de Transportes) disponen de un Indicador de Progreso del Retiro – IPR, el cual estipula que a los 12 meses de iniciado el proyecto se debería haber retirado el 43 % de los cables, a los 18 meses el 71 % y a los 24 meses la totalidad del cableado.
“Este indicador debería ejecutarse en los distritos y provincias, para ver el progreso, pero si ahorita hacemos un análisis en Chiclayo no tenemos ni el 0.1 % de retiro. ¿Quién cuida la vida del chiclayano? Los vecinos nos llaman y nos dicen regidor se han caído los cables. Nosotros llamamos a la municipalidad y no saben quién es el encargado, nos dicen no es nuestra competencia, no sabemos de quién es el cable, y eso es porque vivimos en el caos, desorden y no tenemos una autoridad que vaya y se pare fuerte frente a las empresas de comunicación y diga: sabe qué, o me cuidan la ciudad o sacamos una ordenanza para amonestarlos”, sostiene.
Coordinaciones
El reglamento también dispone que sean las municipalidades las que coordinen con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – Osiptel, los aspectos relacionados a la prestación del servicio de electricidad o telecomunicaciones, según corresponda, en el proceso de retiro de cableado en desuso o mal estado, a fin de asegurar la continuidad y permanencia del servicio.
“Los cielos chiclayanos son una maraña de cables, urbanísticamente es horrible. Un punto a considerar es que los cables tengan señalética que identifique qué empresa es la dueña de estos, ya qué no sabemos a quién llamar cuando encontramos cables tirados en el suelo como en el caso de Las Acacias. En la municipalidad nos dicen -no es nuestro trabajo retirarlos, regidor- pero es porque ni siquiera se sabe de quién son los cables”, apunta.
Advierte que en la municipalidad tampoco se sabe cuál es la oficina encargada de la supervisión del retiro del cableado que, a su juicio, deberían ser la Gerencia de Desarrollo Ambiental, Infraestructura Pública, Urbanismo y Fiscalización.
“Este plan de retiro del cableado ya debería estar en la OEFA y en la municipalidad de Chiclayo. Antes de esta entrevista llamé a ambos organismos y me han dicho que ninguna empresa de telefonía, internet o cable ha presentado su plan de acción ni su plan de calles. Hasta este momento no hay ninguna empresa que vaya a retirar cables en Chiclayo”, asegura.
Sin resultados
Al respecto, en febrero y marzo del año pasado, la municipalidad de Chiclayo anunció a través de su página oficial en Facebook que se había convocado a una mesa de trabajo con diversas instituciones públicas y supervisoras del estado para efectivizar el ordenamiento del cableado aéreo de la ciudad.
Además, se promocionaron supervisiones junto a ENSA (Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.). En una de estas, publicada el 27 de marzo pasado, el gerente general de la municipalidad, Carlos Paredes, señaló lo siguiente: “Hace varias semanas que nos reunimos con las empresas operadoras de telecomunicaciones y ENSA para verificar las condiciones que se tienen para intervenir en el centro y eliminar los cables en desuso que se encuentran en gran cantidad. En un 95 % estos cables son de telecomunicaciones. Vamos a emitir un informe con Ensa y les indicaremos lo que hemos encontrado para formular un plan y desmontar los cables en desuso en la zona monumental”.
A la luz de los hechos, casi un año después, esto no se cumplió.
“Voy a reiterar en concejo que se aplique el reglamento que ya tenemos. Espero que este pedido no caiga en saco vacío como tantos otros. Hago un llamado a la señora Janet Cubas para que gobierne. Si está cansada, le invoco a que pida permiso al concejo y se vaya de vacaciones para que venga renovada, fresca y pueda trabajar por Chiclayo”, menciona Fernández.
+ NOTICIAS:
El viernes 21 de febrero fue un día trágico. Pasadas las 8:00 p. m., el techo en forma de cúpula del patrio de comidas del centro comercial Real Plaza de Trujillo cayó sobre las personas que disfrutaban de un momento de esparcimiento. Niños, jóvenes y adultos quedaron atrapados sobre la pesada estructura, sin que exista un plan de emergencia y respuesta inmediata. Negligencia e irresponsabilidad quedaron al descubierto.
A decir del ingeniero Arquímedes Sánchez Chunga, por la fotografía área de la desgracia, es posible establecer que la falla fue el desprendimiento de las vigas apoyadas en las columnas del patio de comidas.
“Mientras no haya un peritaje detallado, se puede trabajar con la hipótesis de que se trata de una falla de construcción, porque de diseño no podría decirse toda vez que las otras vigas no se desprendieron de las columnas. A mi entender, y luego de escuchar y analizar las opiniones de diversos especialistas, se trata de un asunto constructivo y de mantenimiento”, manifiesta.
Explica que otro aspecto a considerar es que sobre la cobertura se colocaron demasiados elementos que probablemente superaron las cargas del diseño.
“Esas estructuras necesitan permanente mantenimiento y desgraciadamente el Estado no tiene un reglamento para regular el mantenimiento de las infraestructura y edificaciones. Es decir, si es que se hubiese tenido la adecuada fiscalización y cuidado de la estructura se hubiera evitado la tragedia”, asevera.
Sánchez Chunga añade que un problema serio en el país es que los responsables de la fiscalización no son profesionales competentes.
“La persona que ha estado a cargo de la fiscalización de dicho centro comercial no es ingeniero civil, tiene méritos en otra profesión. Se necesita un ingeniero civil para establecer dónde están las fallas. Ahora bien, lo que ocurrió no fue algo de la noche a la mañana, las fallas avisan y por eso era importante que las inspecciones sean con técnicos especialistas”, manifiesta.
Refiere que las municipalidades, en el proceso de trámite de las licencias de construcción, debe ejecutar la supervisión correspondiente, paso que muchas veces se omite por la falta de profesionales idóneos.
Problema adicional es que una de las medidas adoptadas por el Estado es la supresión de la exigencia de un ingeniero civil en las supervisiones, lo que reduce al mínimo la evaluación técnica especializada.
Habla el proyectista
En este contexto, Julio Rafael Rivera Feijóo, ingeniero civil y proyectista estructural del diseño original del edificio del Real Plaza Trujillo, se pronunció sobre el trágico caso e informó que inició una revisión técnica exhaustiva para esclarecer las causas del colapso.
A través de un comunicado, brindó las condolencias a las familias afectadas e indicó que trabaja, junto a un grupo de ingenieros, a fin de ayudar a esclarecer las causas. “Siempre he priorizado la seguridad de todas las personas en mis diseños, cumpliendo con los códigos y normas, y practicando una ética empresarial responsable en cada proyecto”, expuso y aclaró que no participó en el proceso de construcción posterior.
El ingeniero explicó que ha conformado un equipo técnico especializado para llevar a cabo una revisión detallada de toda la información generada durante las etapas de diseño y construcción del proyecto. “Este equipo ya se ha desplazado al lugar del incidente para recolectar datos directamente en el sitio. Una vez que termine este análisis, informaré los resultados a las entidades pertinentes y público interesado, asumiendo plena responsabilidad por mi trabajo”, sentenció.
Posterior a dicha publicación, el ingeniero brindó declaraciones a RPP Noticias e indicó que al conocer del derrumbe convocó a distintos ingenieros para revisar el diseño entregado, a fin de esclarecer si la falla correspondía a su planificación. Mencionó que, como parte de las conclusiones, determinaron que el fallo no correspondía al trabajo del que estuvo a cargo.
“Al día siguiente de que ocurrió convoqué a varios ingenieros que colaboraban conmigo para que de una manera rápida hacer unas verificaciones, porque, como usted sabe, no existe una persona que pueda jactarse de no tener un error; por eso mismo hemos tenido un trabajo sumamente fuerte estos días para verificar si nuestros diseños tenían algo de vulnerabilidad y encontramos que la estructura está bien diseñada“, sostuvo.
Consultado sobre otros centros comerciales con la misma estructura, mencionó que lleva más de 40 años en esta profesión, en los que elaboró más de 3 mil proyectos. Entre ellos, una decena de malls. “Hemos participado en parte del diseño donde está el patio de comidas. Hay unos cuatro que tienen una configuración parecida en cuanto a forma, aunque con matices diferentes con base en la zona y conjunto en general. Entonces, sí, hay por lo menos cuatro centros comerciales que tienen un patio de comidas bastante parecido”, aclaró sin dar detalle de cuáles son. Sin embargo, se conoce que uno de ellos es el de Chiclayo.
Asimismo, mencionó que, como parte del proyecto, especificaron las características mínimas de los materiales que deben utilizarse. No obstante, resaltó que ellos son parte de la primera etapa, no de la ejecución ni supervisión de que se cumpla lo entregado en el proyecto. “[¿Ustedes supervisan que el diseño se ejecute tal como lo elaboraron?] No, los actores primarios somos los proyectistas, que somos especialistas de distintas especialidades que intervenimos solo para el proyecto. Una vez que está hecho, esto pasa a una siguiente etapa donde el propietario contrata una empresa supervisora y ejecutora, que es la que construye", sentenció.
Denunciados
Julio Rafael Rivera Feijóo ha sido denunciado penalmente por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones graves por el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, quien también ha acusado a Luis Alonso Santamaría Torres, gerente del mall Real Plaza Trujillo; Misael Musso Shimizu Mitsumazo, gerente general de la corporación Real Plaza; Fernando Martín Zavala Lombardi, representante legal de Intercorp; Carlos Tomás Rodríguez Pastor Percival, representante legal de Intercorp, entre otros.
El viernes 21 de febrero fue un día trágico. Pasadas las 8:00 p. m., el techo en forma de cúpula del patrio de comidas del centro comercial Real Plaza de Trujillo cayó sobre las personas que disfrutaban de un momento de esparcimiento. Niños, jóvenes y adultos quedaron atrapados sobre la pesada estructura, sin que exista un plan de emergencia y respuesta inmediata. Negligencia e irresponsabilidad quedaron al descubierto.
A decir del ingeniero Arquímedes Sánchez Chunga, por la fotografía área de la desgracia, es posible establecer que la falla fue el desprendimiento de las vigas apoyadas en las columnas del patio de comidas.
“Mientras no haya un peritaje detallado, se puede trabajar con la hipótesis de que se trata de una falla de construcción, porque de diseño no podría decirse toda vez que las otras vigas no se desprendieron de las columnas. A mi entender, y luego de escuchar y analizar las opiniones de diversos especialistas, se trata de un asunto constructivo y de mantenimiento”, manifiesta.
Explica que otro aspecto a considerar es que sobre la cobertura se colocaron demasiados elementos que probablemente superaron las cargas del diseño.
“Esas estructuras necesitan permanente mantenimiento y desgraciadamente el Estado no tiene un reglamento para regular el mantenimiento de las infraestructura y edificaciones. Es decir, si es que se hubiese tenido la adecuada fiscalización y cuidado de la estructura se hubiera evitado la tragedia”, asevera.
Sánchez Chunga añade que un problema serio en el país es que los responsables de la fiscalización no son profesionales competentes.
“La persona que ha estado a cargo de la fiscalización de dicho centro comercial no es ingeniero civil, tiene méritos en otra profesión. Se necesita un ingeniero civil para establecer dónde están las fallas. Ahora bien, lo que ocurrió no fue algo de la noche a la mañana, las fallas avisan y por eso era importante que las inspecciones sean con técnicos especialistas”, manifiesta.
Refiere que las municipalidades, en el proceso de trámite de las licencias de construcción, debe ejecutar la supervisión correspondiente, paso que muchas veces se omite por la falta de profesionales idóneos.
Problema adicional es que una de las medidas adoptadas por el Estado es la supresión de la exigencia de un ingeniero civil en las supervisiones, lo que reduce al mínimo la evaluación técnica especializada.
Habla el proyectista
En este contexto, Julio Rafael Rivera Feijóo, ingeniero civil y proyectista estructural del diseño original del edificio del Real Plaza Trujillo, se pronunció sobre el trágico caso e informó que inició una revisión técnica exhaustiva para esclarecer las causas del colapso.
A través de un comunicado, brindó las condolencias a las familias afectadas e indicó que trabaja, junto a un grupo de ingenieros, a fin de ayudar a esclarecer las causas. “Siempre he priorizado la seguridad de todas las personas en mis diseños, cumpliendo con los códigos y normas, y practicando una ética empresarial responsable en cada proyecto”, expuso y aclaró que no participó en el proceso de construcción posterior.
El ingeniero explicó que ha conformado un equipo técnico especializado para llevar a cabo una revisión detallada de toda la información generada durante las etapas de diseño y construcción del proyecto. “Este equipo ya se ha desplazado al lugar del incidente para recolectar datos directamente en el sitio. Una vez que termine este análisis, informaré los resultados a las entidades pertinentes y público interesado, asumiendo plena responsabilidad por mi trabajo”, sentenció.
Posterior a dicha publicación, el ingeniero brindó declaraciones a RPP Noticias e indicó que al conocer del derrumbe convocó a distintos ingenieros para revisar el diseño entregado, a fin de esclarecer si la falla correspondía a su planificación. Mencionó que, como parte de las conclusiones, determinaron que el fallo no correspondía al trabajo del que estuvo a cargo.
“Al día siguiente de que ocurrió convoqué a varios ingenieros que colaboraban conmigo para que de una manera rápida hacer unas verificaciones, porque, como usted sabe, no existe una persona que pueda jactarse de no tener un error; por eso mismo hemos tenido un trabajo sumamente fuerte estos días para verificar si nuestros diseños tenían algo de vulnerabilidad y encontramos que la estructura está bien diseñada“, sostuvo.
Consultado sobre otros centros comerciales con la misma estructura, mencionó que lleva más de 40 años en esta profesión, en los que elaboró más de 3 mil proyectos. Entre ellos, una decena de malls. “Hemos participado en parte del diseño donde está el patio de comidas. Hay unos cuatro que tienen una configuración parecida en cuanto a forma, aunque con matices diferentes con base en la zona y conjunto en general. Entonces, sí, hay por lo menos cuatro centros comerciales que tienen un patio de comidas bastante parecido”, aclaró sin dar detalle de cuáles son. Sin embargo, se conoce que uno de ellos es el de Chiclayo.
Asimismo, mencionó que, como parte del proyecto, especificaron las características mínimas de los materiales que deben utilizarse. No obstante, resaltó que ellos son parte de la primera etapa, no de la ejecución ni supervisión de que se cumpla lo entregado en el proyecto. “[¿Ustedes supervisan que el diseño se ejecute tal como lo elaboraron?] No, los actores primarios somos los proyectistas, que somos especialistas de distintas especialidades que intervenimos solo para el proyecto. Una vez que está hecho, esto pasa a una siguiente etapa donde el propietario contrata una empresa supervisora y ejecutora, que es la que construye", sentenció.
Denunciados
Julio Rafael Rivera Feijóo ha sido denunciado penalmente por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones graves por el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, quien también ha acusado a Luis Alonso Santamaría Torres, gerente del mall Real Plaza Trujillo; Misael Musso Shimizu Mitsumazo, gerente general de la corporación Real Plaza; Fernando Martín Zavala Lombardi, representante legal de Intercorp; Carlos Tomás Rodríguez Pastor Percival, representante legal de Intercorp, entre otros.
El 31 de diciembre fue uno de los días más felices en la vida de la familia Santamaría Ventura. Ruth, la única mujer de los cuatro hijos de este matrimonio, había dado a luz a una saludable niña en el Hospital Docente Las Mercedes de Chiclayo. Dos días después, la felicidad se convirtió en tragedia, cuando la joven de tan solo 24 años murió aplastada por un montacarga en el que era trasladada. Casi dos meses después, la familia denuncia que no recibe ningún tipo de apoyo para mantener a la bebé que quedó en orfandad.
Corrían las 03:00 p. m. del 2 de enero, cuando Ruth Santamaría, quien permanecía en Cuidados Intensivos desde que dio a luz, fue notificada por dos enfermeras que sería trasladada al servicio de Imagenología para hacerle una ecografía, a fin de determinar su mejoría para darle de alta. Como ya se había vuelto usual en el antiguo hospital, la paciente fue ingresada a un montacarga que era usado como ascensor. Unos segundos después, todo el peso de esta infraestructura le cayó encima, matándola en el acto.
José Santamaría, hermano de Ruth, escuchó el estruendo, vio el tumulto y fue a ayudar al personal de salud para mover el cadáver sin saber que se trataba de su hermana. Dos horas después el especialista de turno recién le comunicaría que el cuerpo inerte que había sacado de los escombros era el de su familiar.
En aquel momento, todas las instituciones involucradas se activaron. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Salud, la Gerencia Regional de Salud y el Ministerio Público. Este último, a través de la fiscal Cecilia Centurión, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, abrió una investigación preliminar por el plazo de 120 días. Por su parte, SuSalud también anunció la apertura de una investigación.
Sin embargo, con el pasar de los días la familia siente que el caso va quedando en el olvido y no solo no hay justicia, sino que se ha dejado desamparada a la bebé de la joven Ruth.
El hambre no espera
“No sé por qué demora tanto la investigación. Mi hija ya murió, ya la sepultamos, ahora hay una bebé por quién luchar. Salimos a trabajar para comprarle su fórmula (sustituto de la leche materna) porque la verdad es que hasta el día de hoy nadie del Estado se ha pronunciado. No podemos estar esperanzados tampoco porque sino la bebé se nos muere sin alimento. Hasta el momento no llega ninguna ayuda. Solo tenemos el apoyo de los familiares y algunos vecinos que se compadecen y nos apoyan con pañales o alguna otra cosa, pero del estado nadie se ha apersonado a mi casa. No nos dieron ni siquiera un pésame hasta hoy. No estamos recibiendo absolutamente nada”, sostiene Manuel Santamaría, padre de Ruth.
Por su parte, Marianela Ventura, madre de Ruth, cuenta que ella debe turnarse con el papá de la bebé para cuidarla, pues ambos deben trabajar para la manutención de la pequeña. “Como madre dije van a venir del ministerio, aunque sea con un tarro de leche, pero nada. Tenemos una abogada que está siguiendo el caso y mientras tanto me turno con el papá de la bebé. Él la cuida en las mañanas mientras yo trabajo y cuando salgo a las 4:30 de la tarde ya me hago cargo de ella”.
Presunta negligencia
Tal como lo denunció desde que ocurrieron los hechos, Manuel Santamaría sostiene que ese montacarga no estaba adaptado para trasladar pacientes, pese a que el gerente regional de Salud, Yonny Ureta Núñez, señaló en su momento que el montacarga había pasado su último mantenimiento en agosto, casi cinco meses antes de la tragedia, atribuyendo la causa a un desperfecto mecánico.
“Ese montacarga era para llevar cosas como camas, material de hospital. Las enfermeras declaran que una la llevaba de la cabeza, otra de los pies, pero cómo es que ninguna de las dos resultó con lesiones, para mí dejaron sola a mi hija”, opina.
El padre de familia cuestiona que las enfermeras no hayan pedido ayuda a los hermanos de Ruth, quienes se encontraban afuera de UCI, para que puedan trasladarla por las escaleras en vez de hacerlo por el montacarga. Peor aún, no comprende cómo el médico que firmó la orden para que le hagan la ecografía lo hizo si -como ha declarado después- ya había renunciado el 31 de diciembre al nosocomio.
“Si estaba en Cuidados Intensivos, no debieron estarla moviendo de aquí para allá. Mis familiares estaban allá, mis hijos, les hubieran pedido ayuda para que la movilicen en silla de ruedas o, aunque sea cargada la hubieran llevado a mi hija. Ella había dado a luz por parto natural. Su esposo la llevó allí para que dé a luz, no para que me la entreguen muerta (…) Lo que más queremos es justicia, que se halle a los responsables. No se pueden estar echando la pelota. Hay un doctor que dice que ya había renunciado el 31 de diciembre. Si ya había renunciado, ¿qué hacía el 2 de enero firmando la orden para que lleven a mi hija a tomarle la ecografía”, cuestiona.
En esa línea, Álex Rojas Flores, esposo de Ruth Santamaría, señaló en su momento que nadie les comunicó que ella sería trasladada al área de Imagenología: “A mí me pidieron una ecografía y me dijeron que la haga particular, pero que traigan todos los equipos para que se la hagan dentro de UCI, ella no iba a salir de allí. A las 04:00 p. m. aproximadamente me llama el doctor y me dice ha ocurrido un accidente, qué pasó doctor le digo, tu esposa ha muerto en el ascensor. Mis cuñados y yo hemos estado afuera de Emergencia esperando cualquier noticia porque a las 05:00 nos dejaban entrar a pasar visita”.
Pacientes en riesgo
Para el secretario del Sindicato de Enfermeros de la Base Hospital Las Mercedes, Britaldo Medina Saldaña, la responsabilidad de la muerte de Ruth Santamaría es del área ejecutiva y administrativa del hospital, pues ese montacarga se usaba para subir a los pacientes críticos a la UCI, a los pacientes con tuberculosis y a los neonatos.
“Ahora la UCI ha bajado a primer piso, pero no es dable que en un hospital de la categoría de Las Mercedes se suban a los pacientes por las escaleras. Y no solo los pacientes están en riesgo, también el personal de salud. Basta ver los pasadizos del hospital o las camillas y sillas, están deterioradas. Podemos trasladar a un paciente y en cualquier momento se puede caer y surgir un accidente. Se deben reubicar algunos ambientes para asegurar la vida y salud de las personas”, comenta.
Añade que es imperativo que se dé la donación del terreno donde funciona el Hospital Las Mercedes para la construcción de un nuevo establecimiento, pues en este momento ya no se puede ni implementar un nuevo ascensor, debido a lo deteriorada de la infraestructura.
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Una de las enfermeras que trasladaba a la paciente ha recibido asistencia psicológica.
