Tras la denuncia que hiciese uno de los miembros del Comité de Selección de la obra de mejoramiento del Hospital de Ferreñafe, la Contraloría intervino de oficio y ya se tienen los resultados: sí hubo irregularidades durante el proceso. Son al menos tres las situaciones adversas que ha hallado el ente de control, motivo por el cual nuevamente el proceso ha vuelto a fojas cero.
Una de las irregularidades que ha advertido la Contraloría es que no se registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, la información concerniente a las etapas de evaluación y calificación de ofertas ni otorgamiento de la buena pro, según el plazo establecido en los cronogramas. De igual forma, tampoco se registraron prórrogas o postergaciones, motivo por el cual el ente de control considera que se afectó los principios de transparencia y publicidad.
Al respecto, en el informe se da cuenta que el 5 de febrero de este año se debió efectuar y registrar la información resultante de las etapas de evaluación y calificación de ofertas, así como el otorgamiento de la buena pro. Sin embargo, dicha data no se consignó de forma oportuna. Tampoco se reportó ninguna prórroga o postergación.
Según la Directiva n.° 003-2020-OSCE/CD, aprobada mediante resolución n.° 029-2020-OSCE/PRE, durante el procedimiento de selección se deben publicar en el SEACE: el registro de las actas de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. Esta última debe registrarse en el día establecido del cronograma correspondiente; mientras que la postergación de las etapas del procedimiento de selección puede efectuarse hasta el mismo día señalado en el cronograma y debe ser comunicado a los participantes o postores.
Como consecuencia, destaca Contraloría, este hecho afecta los principios de transparencia y publicidad que rigen las contrataciones públicas.
Presunto favorecimiento
Tal como lo señaló Expresión en su edición 1388, el Comité de Selección habría incurrido en un presunto favorecimiento a uno de los postores. La Contraloría detalla que dos miembros del Comité permitieron que uno de los postores, Consorcio Salud Ferreñafe, omita la foliación de las ofertas presentadas, pese a que se le comunicó previamente que debía subsanar esta irregularidad.
Así, se describe que, de la revisión al acta de notificación de subsanación de ofertas, el Comité de Selección evidenció que la promesa de postor Consorcio Salud Ferreñafe no contaba con la legalización de las firmas del consorciado Business Losgitics Truck S.A.C. Además, su oferta tampoco tenía ninguna página foliada.
En virtud de ello, el Comité de Selección le otorgó un día hábil para subsanar ambas observaciones al Consorcio Salud Ferreñafe, sin embargo, de la revisión al ‘Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de selección’, se evidenció que el postor no cumplió con registrar la oferta foliada.
No obstante, líneas siguientes se señala respecto al Comité de Selección que “este órgano colegiado es de opinión que la foliación no altera los alcances de su propuesta, ni tampoco desnaturaliza lo ofrecido por el postor, y con el único propósito de conservar la mayor cantidad posible de ofertas y que la contratación se realice bajo las mejores condiciones técnicas y económicas en el mercado, concluye que la falta de foliación en la propuesta del postor no invalida su oferta”.
Cabe precisar que esta acta fue firmada por dos de los tres miembros de selección: el presidente Edwin Boy Morán y el primer miembro Sergio Tineo Huancas. Juan Carlos Arvi Runco, segundo miembro, no firmó el acta, pues se retiró antes de su suscripción alegando motivos laborales.
Para la Contraloría, se evidencia que estos dos miembros del Comité de Selección permitieron que el postor que no subsanó la omisión de foliación de ofertas continúe participando de dicho procedimiento de selección para que luego se le otorgue la buena pro, transgrediendo la Ley de Contrataciones del Estado con el consecuente riesgo de declarar nulo dicho acto administrativo.
Ningún postor podía suscribir contrato
Como tercera situación adversa, la Contraloría advierte que ninguno de los dos postores podía suscribir contrato con el Gobierno Regional de Lambayeque. En el caso del Consorcio Salud Ferreñafe, uno de sus integrantes, la empresa Levon South America S.A. Sucursal del Perú, presenta una alerta de impedimento para contratar con el Estado, debido a que el representante de esta empresa, William Giovanni Peirano Araníbar, se ha desempeñado como funcionario de la Unidad Ejecutora 120 Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos.
A ello se suma que el mismo día de la presentación de la oferta, 4 de febrero de este año, William Peirano fue designado en el cargo de gerente central de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica de EsSalud, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 000129-PE-ESSALUD-2025.
De esta forma, el Consorcio queda impedido de contratar con el estado conforme a lo establecido en la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
De igual forma, la Contraloría advierte que CMO Group S.A.C., uno de los integrantes del Consorcio Edificador Ferreñafe, ha sobrepasado su capacidad libre de contratación en 202 834 425 soles, por lo que, de otorgársele la buena pro, no contaría con capacidad para perfeccionar el contrato, al evidenciar una cifra negativa durante el procedimiento de selección.
Denuncias
El 13 de febrero, Juan Carlos Arvi Runco ingresó el Oficio n.° 001543-2025 dirigido a Boy Morán y al gerente general del gobierno regional, Carlos Ramírez Córdova, donde daba cuenta de la no suscripción del acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de la obra, debido a “no haber participado desde la etapa de evaluación integral de las ofertas presentadas por los postores”.
Arvi Runco denunció en este oficio que, previo al acto de reinicio de la etapa de Admisión de Ofertas, programado para el día 12 de febrero, se realizó la sustracción indebida de acervo documentario por parte de dos miembros del comité de selección y una servidora pública, en referencia al presidente del comité Alfredo Boy Morán, el integrante Sergio Tineo Huancas y la abogada Rosa Pizarro Piscoya.
Según relata Arvi Runco, el pasado 10 de febrero Edwin Boy y Sergio Tineo, acompañados del abogado de su oficina, se apersonaron al Área de Apoyo a las Contrataciones del Estado y se entrevistaron con el especialista en contrataciones designado para brindar apoyo técnico al comité de selección. Allí pidieron que se les entregue de forma física el expediente de contratación que consta de 414 páginas, así como las ofertas de los postores en USB a la abogada Rosa Pizarro Piscoya, quien iba a realizar trabajos de evaluación en apoyo a estos integrantes del comité.
Este pedido de información se habría hecho sin el conocimiento de Arvi Runco, siendo que el acervo documentario recién habría sido devuelto al área de contrataciones el 12 de febrero a las 9:30 de la mañana, media hora antes de que el comité de selección se reuniera para reiniciar la etapa de admisión de ofertas.
Finalmente, Ramírez Córdova dio por concluida las designaciones de Edwin Boy Morán, Sergio Tineo Huancas y del mismo Juan Carlos Arvi Runco, mediante las resoluciones de gerencia general regional n° 000092-2025, n° 000091-2025 y n° 000090-2025.
El 31 de diciembre fue uno de los días más felices en la vida de la familia Santamaría Ventura. Ruth, la única mujer de los cuatro hijos de este matrimonio, había dado a luz a una saludable niña en el Hospital Docente Las Mercedes de Chiclayo. Dos días después, la felicidad se convirtió en tragedia, cuando la joven de tan solo 24 años murió aplastada por un montacarga en el que era trasladada. Casi dos meses después, la familia denuncia que no recibe ningún tipo de apoyo para mantener a la bebé que quedó en orfandad.
Corrían las 03:00 p. m. del 2 de enero, cuando Ruth Santamaría, quien permanecía en Cuidados Intensivos desde que dio a luz, fue notificada por dos enfermeras que sería trasladada al servicio de Imagenología para hacerle una ecografía, a fin de determinar su mejoría para darle de alta. Como ya se había vuelto usual en el antiguo hospital, la paciente fue ingresada a un montacarga que era usado como ascensor. Unos segundos después, todo el peso de esta infraestructura le cayó encima, matándola en el acto.
José Santamaría, hermano de Ruth, escuchó el estruendo, vio el tumulto y fue a ayudar al personal de salud para mover el cadáver sin saber que se trataba de su hermana. Dos horas después el especialista de turno recién le comunicaría que el cuerpo inerte que había sacado de los escombros era el de su familiar.
En aquel momento, todas las instituciones involucradas se activaron. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Salud, la Gerencia Regional de Salud y el Ministerio Público. Este último, a través de la fiscal Cecilia Centurión, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, abrió una investigación preliminar por el plazo de 120 días. Por su parte, SuSalud también anunció la apertura de una investigación.
Sin embargo, con el pasar de los días la familia siente que el caso va quedando en el olvido y no solo no hay justicia, sino que se ha dejado desamparada a la bebé de la joven Ruth.
El hambre no espera
“No sé por qué demora tanto la investigación. Mi hija ya murió, ya la sepultamos, ahora hay una bebé por quién luchar. Salimos a trabajar para comprarle su fórmula (sustituto de la leche materna) porque la verdad es que hasta el día de hoy nadie del Estado se ha pronunciado. No podemos estar esperanzados tampoco porque sino la bebé se nos muere sin alimento. Hasta el momento no llega ninguna ayuda. Solo tenemos el apoyo de los familiares y algunos vecinos que se compadecen y nos apoyan con pañales o alguna otra cosa, pero del estado nadie se ha apersonado a mi casa. No nos dieron ni siquiera un pésame hasta hoy. No estamos recibiendo absolutamente nada”, sostiene Manuel Santamaría, padre de Ruth.
Por su parte, Marianela Ventura, madre de Ruth, cuenta que ella debe turnarse con el papá de la bebé para cuidarla, pues ambos deben trabajar para la manutención de la pequeña. “Como madre dije van a venir del ministerio, aunque sea con un tarro de leche, pero nada. Tenemos una abogada que está siguiendo el caso y mientras tanto me turno con el papá de la bebé. Él la cuida en las mañanas mientras yo trabajo y cuando salgo a las 4:30 de la tarde ya me hago cargo de ella”.
Presunta negligencia
Tal como lo denunció desde que ocurrieron los hechos, Manuel Santamaría sostiene que ese montacarga no estaba adaptado para trasladar pacientes, pese a que el gerente regional de Salud, Yonny Ureta Núñez, señaló en su momento que el montacarga había pasado su último mantenimiento en agosto, casi cinco meses antes de la tragedia, atribuyendo la causa a un desperfecto mecánico.
“Ese montacarga era para llevar cosas como camas, material de hospital. Las enfermeras declaran que una la llevaba de la cabeza, otra de los pies, pero cómo es que ninguna de las dos resultó con lesiones, para mí dejaron sola a mi hija”, opina.
El padre de familia cuestiona que las enfermeras no hayan pedido ayuda a los hermanos de Ruth, quienes se encontraban afuera de UCI, para que puedan trasladarla por las escaleras en vez de hacerlo por el montacarga. Peor aún, no comprende cómo el médico que firmó la orden para que le hagan la ecografía lo hizo si -como ha declarado después- ya había renunciado el 31 de diciembre al nosocomio.
“Si estaba en Cuidados Intensivos, no debieron estarla moviendo de aquí para allá. Mis familiares estaban allá, mis hijos, les hubieran pedido ayuda para que la movilicen en silla de ruedas o, aunque sea cargada la hubieran llevado a mi hija. Ella había dado a luz por parto natural. Su esposo la llevó allí para que dé a luz, no para que me la entreguen muerta (…) Lo que más queremos es justicia, que se halle a los responsables. No se pueden estar echando la pelota. Hay un doctor que dice que ya había renunciado el 31 de diciembre. Si ya había renunciado, ¿qué hacía el 2 de enero firmando la orden para que lleven a mi hija a tomarle la ecografía”, cuestiona.
En esa línea, Álex Rojas Flores, esposo de Ruth Santamaría, señaló en su momento que nadie les comunicó que ella sería trasladada al área de Imagenología: “A mí me pidieron una ecografía y me dijeron que la haga particular, pero que traigan todos los equipos para que se la hagan dentro de UCI, ella no iba a salir de allí. A las 04:00 p. m. aproximadamente me llama el doctor y me dice ha ocurrido un accidente, qué pasó doctor le digo, tu esposa ha muerto en el ascensor. Mis cuñados y yo hemos estado afuera de Emergencia esperando cualquier noticia porque a las 05:00 nos dejaban entrar a pasar visita”.
Pacientes en riesgo
Para el secretario del Sindicato de Enfermeros de la Base Hospital Las Mercedes, Britaldo Medina Saldaña, la responsabilidad de la muerte de Ruth Santamaría es del área ejecutiva y administrativa del hospital, pues ese montacarga se usaba para subir a los pacientes críticos a la UCI, a los pacientes con tuberculosis y a los neonatos.
“Ahora la UCI ha bajado a primer piso, pero no es dable que en un hospital de la categoría de Las Mercedes se suban a los pacientes por las escaleras. Y no solo los pacientes están en riesgo, también el personal de salud. Basta ver los pasadizos del hospital o las camillas y sillas, están deterioradas. Podemos trasladar a un paciente y en cualquier momento se puede caer y surgir un accidente. Se deben reubicar algunos ambientes para asegurar la vida y salud de las personas”, comenta.
Añade que es imperativo que se dé la donación del terreno donde funciona el Hospital Las Mercedes para la construcción de un nuevo establecimiento, pues en este momento ya no se puede ni implementar un nuevo ascensor, debido a lo deteriorada de la infraestructura.
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Una de las enfermeras que trasladaba a la paciente ha recibido asistencia psicológica.
El viernes 21 de febrero fue un día trágico. Pasadas las 8:00 p. m., el techo en forma de cúpula del patrio de comidas del centro comercial Real Plaza de Trujillo cayó sobre las personas que disfrutaban de un momento de esparcimiento. Niños, jóvenes y adultos quedaron atrapados sobre la pesada estructura, sin que exista un plan de emergencia y respuesta inmediata. Negligencia e irresponsabilidad quedaron al descubierto.
A decir del ingeniero Arquímedes Sánchez Chunga, por la fotografía área de la desgracia, es posible establecer que la falla fue el desprendimiento de las vigas apoyadas en las columnas del patio de comidas.
“Mientras no haya un peritaje detallado, se puede trabajar con la hipótesis de que se trata de una falla de construcción, porque de diseño no podría decirse toda vez que las otras vigas no se desprendieron de las columnas. A mi entender, y luego de escuchar y analizar las opiniones de diversos especialistas, se trata de un asunto constructivo y de mantenimiento”, manifiesta.
Explica que otro aspecto a considerar es que sobre la cobertura se colocaron demasiados elementos que probablemente superaron las cargas del diseño.
“Esas estructuras necesitan permanente mantenimiento y desgraciadamente el Estado no tiene un reglamento para regular el mantenimiento de las infraestructura y edificaciones. Es decir, si es que se hubiese tenido la adecuada fiscalización y cuidado de la estructura se hubiera evitado la tragedia”, asevera.
Sánchez Chunga añade que un problema serio en el país es que los responsables de la fiscalización no son profesionales competentes.
“La persona que ha estado a cargo de la fiscalización de dicho centro comercial no es ingeniero civil, tiene méritos en otra profesión. Se necesita un ingeniero civil para establecer dónde están las fallas. Ahora bien, lo que ocurrió no fue algo de la noche a la mañana, las fallas avisan y por eso era importante que las inspecciones sean con técnicos especialistas”, manifiesta.
Refiere que las municipalidades, en el proceso de trámite de las licencias de construcción, debe ejecutar la supervisión correspondiente, paso que muchas veces se omite por la falta de profesionales idóneos.
Problema adicional es que una de las medidas adoptadas por el Estado es la supresión de la exigencia de un ingeniero civil en las supervisiones, lo que reduce al mínimo la evaluación técnica especializada.
Habla el proyectista
En este contexto, Julio Rafael Rivera Feijóo, ingeniero civil y proyectista estructural del diseño original del edificio del Real Plaza Trujillo, se pronunció sobre el trágico caso e informó que inició una revisión técnica exhaustiva para esclarecer las causas del colapso.
A través de un comunicado, brindó las condolencias a las familias afectadas e indicó que trabaja, junto a un grupo de ingenieros, a fin de ayudar a esclarecer las causas. “Siempre he priorizado la seguridad de todas las personas en mis diseños, cumpliendo con los códigos y normas, y practicando una ética empresarial responsable en cada proyecto”, expuso y aclaró que no participó en el proceso de construcción posterior.
El ingeniero explicó que ha conformado un equipo técnico especializado para llevar a cabo una revisión detallada de toda la información generada durante las etapas de diseño y construcción del proyecto. “Este equipo ya se ha desplazado al lugar del incidente para recolectar datos directamente en el sitio. Una vez que termine este análisis, informaré los resultados a las entidades pertinentes y público interesado, asumiendo plena responsabilidad por mi trabajo”, sentenció.
Posterior a dicha publicación, el ingeniero brindó declaraciones a RPP Noticias e indicó que al conocer del derrumbe convocó a distintos ingenieros para revisar el diseño entregado, a fin de esclarecer si la falla correspondía a su planificación. Mencionó que, como parte de las conclusiones, determinaron que el fallo no correspondía al trabajo del que estuvo a cargo.
“Al día siguiente de que ocurrió convoqué a varios ingenieros que colaboraban conmigo para que de una manera rápida hacer unas verificaciones, porque, como usted sabe, no existe una persona que pueda jactarse de no tener un error; por eso mismo hemos tenido un trabajo sumamente fuerte estos días para verificar si nuestros diseños tenían algo de vulnerabilidad y encontramos que la estructura está bien diseñada“, sostuvo.
Consultado sobre otros centros comerciales con la misma estructura, mencionó que lleva más de 40 años en esta profesión, en los que elaboró más de 3 mil proyectos. Entre ellos, una decena de malls. “Hemos participado en parte del diseño donde está el patio de comidas. Hay unos cuatro que tienen una configuración parecida en cuanto a forma, aunque con matices diferentes con base en la zona y conjunto en general. Entonces, sí, hay por lo menos cuatro centros comerciales que tienen un patio de comidas bastante parecido”, aclaró sin dar detalle de cuáles son. Sin embargo, se conoce que uno de ellos es el de Chiclayo.
Asimismo, mencionó que, como parte del proyecto, especificaron las características mínimas de los materiales que deben utilizarse. No obstante, resaltó que ellos son parte de la primera etapa, no de la ejecución ni supervisión de que se cumpla lo entregado en el proyecto. “[¿Ustedes supervisan que el diseño se ejecute tal como lo elaboraron?] No, los actores primarios somos los proyectistas, que somos especialistas de distintas especialidades que intervenimos solo para el proyecto. Una vez que está hecho, esto pasa a una siguiente etapa donde el propietario contrata una empresa supervisora y ejecutora, que es la que construye", sentenció.
Denunciados
Julio Rafael Rivera Feijóo ha sido denunciado penalmente por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones graves por el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, quien también ha acusado a Luis Alonso Santamaría Torres, gerente del mall Real Plaza Trujillo; Misael Musso Shimizu Mitsumazo, gerente general de la corporación Real Plaza; Fernando Martín Zavala Lombardi, representante legal de Intercorp; Carlos Tomás Rodríguez Pastor Percival, representante legal de Intercorp, entre otros.
Caminar por Chiclayo y levantar la mirada al cielo puede resultar una experiencia poco agradable. Al menos visualmente. Y es que los aires de la ciudad se han convertido en un enmarañado de cables dignos del Hombre Araña, como señala el regidor Fernando Fernández Gil. Lo más peligroso, tal vez, es que ahora el cableado en desuso forma parte del paisaje urbano en el suelo, pues metros y metros permanecen en las pistas y veredas, representando un peligro para los ciudadanos que a diario deben esquivarlos.
La semana pasada este medio publicó en su plataforma de Facebook la denuncia de los vecinos de la calle Las Acacias, en la urbanización Santa Victoria, quienes alertaban la presencia de cables de telefonía e internet en el suelo, hecho peligroso ante la constante ocurrencia de lluvias. Más de siete días después, Expresión volvió al lugar y corroboró que la situación no había cambiado.
“Alertado por la publicación, hice la denuncia y llamé a los funcionarios, pero nadie sabe quién es el encargado de fiscalizar, de supervisar el tema del cableado. Esto lo llevaré a la sesión de concejo de este jueves, lo dejaré sentado en actas, porque es una lucha que vengo haciendo desde el primer día que asumí como regidor en el 2023. Presenté junto a otros cinco regidores un proyecto de ordenanza para el retiro del cableado excesivo, inoperativo y en desuso, pero lo hicieron un bollo y lo arrojaron al tacho de basura. Chiclayo es la ciudad del Hombre Araña, donde se hace lo que se quiere”, sostiene.
Reglamento sin cumplir
El 10 de marzo del año pasado se publicó el Decreto Supremo n.° 007-2024-MT, el cual aprueba el reglamento de la Ley n.° 31595 – ‘Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país’.
Esta norma obliga a que las empresas concesionarias y proveedoras de electricidad y telecomunicaciones deban presentar ante las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) el plan de acción para el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado de las zonas urbanas. Esto debía hacerse en un plazo de tres meses desde la entrada en vigencia del reglamento.
En paralelo, las empresas concesionarias y proveedoras están obligadas a presentar ante la municipalidad distrital o provincial, según corresponda, el plan de calles para el retiro, previo al inicio de trabajo de retiro de cableado en desuso y mal estado.
El reglamento también señala que son las municipalidades a quienes les corresponde supervisar la ejecución del retiro del cableado, así como comunicar a los propietarios de los inmuebles y/o juntas vecinales los accesos y vías que serán afectados por los trabajos, según lo comunicado por las concesionarias o proveedores de esta infraestructura pasiva.
Son estas empresas y proveedores las que deberán identificar las cuadras a intervenir, tomando como criterio la existencia de al menos un poste donde se observen veinte cables o más concurrentes a este en una cuadra; que el cableado conectado a los extremos esté en su parte más baja por debajo de los cinco metros de altura para los cables que crucen la calzada o cuatro metros de altura para los cables que van por sobre la acera; o que haya cableado colgante con un extremos sin conectar. En Chiclayo, los cables cuelgan a la altura de la cabeza de un hombre de estatura promedio.
“Este proyecto de ordenanza que yo presenté lo recuperé de la propuesta del exregidor Luis Carlos Cabrejos. La mejoramos, la hicimos más acorde a la realidad del momento y la presentamos a la alcaldesa. El proyecto paseó todo un año por las gerencias de la municipalidad y finalmente nos dijeron que no procedía, que no era legal. Y el año pasado salió el reglamento que regula el cableado en todo el Perú”, indica.
Plazos
El reglamento otorga un plazo de 24 meses, es decir, dos años, a las empresas concesionarias y proveedoras para que culminen con el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado. Luego de este período, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, los informes de las supervisiones. Es este organismo precisamente el que podrá ejercer la potestad sancionadora en materia ambiental por el incumplimiento de estas obligaciones.
Para ello, las EFA (OEFA y Ministerio de Transportes) disponen de un Indicador de Progreso del Retiro – IPR, el cual estipula que a los 12 meses de iniciado el proyecto se debería haber retirado el 43 % de los cables, a los 18 meses el 71 % y a los 24 meses la totalidad del cableado.
“Este indicador debería ejecutarse en los distritos y provincias, para ver el progreso, pero si ahorita hacemos un análisis en Chiclayo no tenemos ni el 0.1 % de retiro. ¿Quién cuida la vida del chiclayano? Los vecinos nos llaman y nos dicen regidor se han caído los cables. Nosotros llamamos a la municipalidad y no saben quién es el encargado, nos dicen no es nuestra competencia, no sabemos de quién es el cable, y eso es porque vivimos en el caos, desorden y no tenemos una autoridad que vaya y se pare fuerte frente a las empresas de comunicación y diga: sabe qué, o me cuidan la ciudad o sacamos una ordenanza para amonestarlos”, sostiene.
Coordinaciones
El reglamento también dispone que sean las municipalidades las que coordinen con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – Osiptel, los aspectos relacionados a la prestación del servicio de electricidad o telecomunicaciones, según corresponda, en el proceso de retiro de cableado en desuso o mal estado, a fin de asegurar la continuidad y permanencia del servicio.
“Los cielos chiclayanos son una maraña de cables, urbanísticamente es horrible. Un punto a considerar es que los cables tengan señalética que identifique qué empresa es la dueña de estos, ya qué no sabemos a quién llamar cuando encontramos cables tirados en el suelo como en el caso de Las Acacias. En la municipalidad nos dicen -no es nuestro trabajo retirarlos, regidor- pero es porque ni siquiera se sabe de quién son los cables”, apunta.
Advierte que en la municipalidad tampoco se sabe cuál es la oficina encargada de la supervisión del retiro del cableado que, a su juicio, deberían ser la Gerencia de Desarrollo Ambiental, Infraestructura Pública, Urbanismo y Fiscalización.
“Este plan de retiro del cableado ya debería estar en la OEFA y en la municipalidad de Chiclayo. Antes de esta entrevista llamé a ambos organismos y me han dicho que ninguna empresa de telefonía, internet o cable ha presentado su plan de acción ni su plan de calles. Hasta este momento no hay ninguna empresa que vaya a retirar cables en Chiclayo”, asegura.
Sin resultados
Al respecto, en febrero y marzo del año pasado, la municipalidad de Chiclayo anunció a través de su página oficial en Facebook que se había convocado a una mesa de trabajo con diversas instituciones públicas y supervisoras del estado para efectivizar el ordenamiento del cableado aéreo de la ciudad.
Además, se promocionaron supervisiones junto a ENSA (Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.). En una de estas, publicada el 27 de marzo pasado, el gerente general de la municipalidad, Carlos Paredes, señaló lo siguiente: “Hace varias semanas que nos reunimos con las empresas operadoras de telecomunicaciones y ENSA para verificar las condiciones que se tienen para intervenir en el centro y eliminar los cables en desuso que se encuentran en gran cantidad. En un 95 % estos cables son de telecomunicaciones. Vamos a emitir un informe con Ensa y les indicaremos lo que hemos encontrado para formular un plan y desmontar los cables en desuso en la zona monumental”.
A la luz de los hechos, casi un año después, esto no se cumplió.
“Voy a reiterar en concejo que se aplique el reglamento que ya tenemos. Espero que este pedido no caiga en saco vacío como tantos otros. Hago un llamado a la señora Janet Cubas para que gobierne. Si está cansada, le invoco a que pida permiso al concejo y se vaya de vacaciones para que venga renovada, fresca y pueda trabajar por Chiclayo”, menciona Fernández.
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El centro histórico de Chiclayo está delimitado entre las avenidas José Leonardo Ortiz, Quiñones, Pedro Ruiz y Bolognesi, dentro del cual se encuentran inmuebles considerados como patrimonio monumental de acuerdo a la Resolución Jefatural n.° 009, emitida por el desaparecido Instituto Nacional de Cultura – INC, en 1989. Recientemente, la comuna provincial ha identificado más de 400 viviendas que se encuentran dentro del cuadrante y presentan riesgo de colapso. Ante ello ha tomado tres medidas: colocar carteles advirtiendo del riesgo; apuntalar con vigas de madera y notificar al 50 % de los propietarios. Más allá de eso, no se tiene ninguna acción que resuelva el problema de fondo: la recuperación y conservación.
Entre la cuadra 2 y 3 de la calle Torres Paz existen tres inmuebles declarados en riesgo, además de la colapsada capilla de La Verónica, cuyo techo y campanario se desplomaron tras las lluvias del verano del 2023. Las viviendas son contiguas, por lo que prácticamente la mitad de la calle ha quedado restringida a los peatones.
Esta situación se repite en varias de las calles del centro de la ciudad y en algunos casos la señal de advertencia termina siendo una suerte de “saludo a la bandera”, como ocurre en la esquina de las calles Juan Cuglievan y Tacna, donde una cinta roja con la palabra “peligro”, atacada entre una ventana y un poste, pareciera ser suficiente para prevenir alguna tragedia.
Aclarando el panorama
“Cuando las casas son declaradas como patrimonio cultural por parte del Ministerio de Cultura, las intervenciones de la municipalidad quedan limitadas. La municipalidad tendría que tener la autorización del Ministerio de Cultura para poder intervenir. Es esa relación, esa coordinación entre las instituciones, la que no está muy clara. ¿Quién da la autorización y quién el presupuesto para derrumbar una casa que representa un riesgo para la ciudadanía? Ese vacío, que las autoridades no han abordado, es el que impide dar tratamiento al patrimonio cultural declarado en abandono”, señala la regidora Mercedes Quispe Alejandría, secretaria de la Comisión de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Lo declarado por la concejal es inexacto. Luego de la transferencia de competencias emprendidas a partir del proceso de descentralización, desde el 2006, la Ley Orgánica de Municipalidades señala que es responsabilidad del municipio “promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración”.
Se puede expropiar
Además, el artículo 91 de la referida ley, indica que las municipalidades provinciales, en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura) o a su solicitud, “pueden establecer limitaciones especiales por la necesidad de conservación de zonas monumentales y de edificios declarados monumentos históricos o artísticos, de conformidad con las leyes sobre la materia y con las ordenadas sobre protección urbana y del patrimonio cultural”.
Es más, el artículo 96 de la Ley Orgánica de Municipalidades, referido a las causas de necesidad pública, indica que es viable y legal la expropiación para la salvaguarda, restauración y conservación de inmuebles incorporados al patrimonio cultural de la Nación o de la humanidad o que tengan un extraordinario valor arquitectónico, artístico, histórico o técnico, debidamente declarado como tal por el Ministerio de Cultural.
Ante el Ministerio Público
“Vamos a pedir que Defensa Civil haga una inspección más al detalle y eleve un informe para notificar a los propietarios”, añade la regidora.
“En las próximas semanas vamos a elaborar un expediente para enviarlo a la fiscalía y ellos puedan determinar responsabilidades en cada uno de los propietarios. Nosotros vamos a seguir ejecutando labores de notificación para presionar a los propietarios y puedan realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo o, en el peor de los casos, la demolición de los inmuebles. La norma señala que el mantenimiento es responsabilidad del propietario, esa labor no se puede delegar. Si el propietario hace caso omiso lo llevaremos a la fiscalía”, declara Óscar Petroni Arana, responsable del Centro de Defensa Civil y Prevención de Riesgos y Desastres de la municipalidad de Chiclayo.
Fue bajo el criterio del riesgo inminente que Chiclayo perdió joyas arquitectónicas como la casa Townsend, ubicada frente a la plazuela Elías Aguirre y cuyos ocupantes destruyeron el interior, dejando únicamente la fachada, que ante el debilitamiento fue demolida por orden de Defensa Civil.
Competencias delimitadas
Carlos Wester La Torre, responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura – DDC Lambayeque, precisa que se desconoce qué nuevas acciones asumirá la comuna ante el problema, pues la colocación de carteles y el apuntalamiento no es suficiente.
“Eso no resuelve la problemática, solo congela un peligro que sigue siendo inminente. El objetivo debe ser, además de garantizar seguridad, la recuperación de algunos de estos inmuebles, al menos de los más importantes. El municipio no nos ha informado cuál es el plan concreto, más allá de la acción que todos hemos visto con la colocación de paneles de riesgo y puntales”, manifiesta.
¿Qué rol juega entonces el sector Cultura? Wester la Torre es claro al señalar que la función del Ministerio de Cultura es de supervisión, monitoreo y acompañamiento, por ello es que la Ley Orgánica de Municipalidades es precisa al indicar que las intervenciones municipales deben ser coordinadas. “El ministerio es un ente regulador y de asistencia técnica”, enfatiza.
“Aquí hay dos responsabilidades directas: por un lado, están los propietarios, quienes han permitido que deterioro de los inmuebles llegue a un nivel extremo, pues no han hecho lo medianamente suficiente para evitar que el problema se agrave, como si en el fondo lo que buscan es que justamente las casonas caigan o sean demolidas para aprovechar los terrenos y vender o construir obras nuevas, tal como pasó con la casa Townsend y otras más. Por otro lado, está la competencia municipal, que sí puede intervenir en salvaguarda del patrimonio”, anota.
Evadir la responsabilidad
¿Hay propietarios identificados? Varias de las casas con riesgo de colapso y que se encuentran dentro del casco histórico son propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, como sucede con la vivienda ubicada en la cuadra 5 de la calle Francisco Cabrera, donde hace algunos años funcionó una cantina.
Wester la Torre cita otro ejemplo dramático, como es el de la capilla del Hospital Las Mercedes, cuyo campanario y techo cayeron con El Niño Costero del 2017 y que hoy sirve de almacén, pese a que el bien es también propiedad de la Beneficencia, que sí cuenta con recursos y debe tener un plan integral de mantenimiento y conservación de su patrimonio inmueble. Otro caso es el del Teatro Dos de Mayo, donde fueron robadas las butacas y nadie ha sido señalado como responsable.
Lo cierto es que Chiclayo poco a poco va perdiendo su patrimonio monumental. El ex convento de Santa María sigue sin ser recuperado para la ciudad; el Politécnico Pedro Labarthe sin reconstrucción desde el primer desplome, ocurrido en el 2009; la capilla La Verónica a la espera de algún milagro que la saque del abandono y así muchos otros ejemplos.
Posibles soluciones
Se conoce que el consejero regional Walter Alva Alva trabaja un proyecto de ordenanza regional que permita la conservación de fachadas monumentales, en los casos en los que el inmueble tenga deterioro absoluto en su interior y la situación sea irrecuperable, dando espacio a intervenciones similares a las que se ejecutó en el desaparecido Hotel Royal, donde hoy funciona una tienda por departamentos.
Para arquitecto Jorge Guerrero Ramírez, máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, la responsabilidad es compartida: Cultural, el municipio, los propietarios e incluso de la sociedad civil.
“En el Perú hay varias experiencias exitosas de conservación de centros históricos como el de Trujillo, Chachapoyas, Cajamarca, además Lima, Cusco y Arequipa, que son los ejemplos más conocidos. El asunto es complejo, porque son los propietarios los llamados a intervenir primero, pero es claro que muchos pueden tener otros intereses diferentes a la conservación, no puedo decir cuáles, pero sí distintos. También está la falta de recursos económicos, cada caso es particular y con una realidad compleja. Lo que sí debe quedar claro es que no solo deben actuar las municipalidades o el gobierno regional y el sector Cultura, también están las universidades, los colegios profesionales y los medios de comunicación, que tienen las herramientas para promover el patrimonio y su conservación”, explica.
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(*) Coordinador periodístico de Expresión.
