A 40 días de haber asumido la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el magistrado César Bravo Llaque habla con Expresión sobre los avances alcanzados hasta el momento, entre ellos la consolidación de la Unidad de Flagrancia, con la cual se da respuesta eficaz a la administración de justicia y sanción a los ilícitos ocurridos en la jurisdicción.
Al presentar su candidatura a la presidencia de la corte usted planteó una serie de propuestas para mejorar la gestión institucional a nivel interno y en la relación con los demás componentes del sistema de justicia en Lambayeque, ¿cuánto se ha logrado avanzar en ese sentido en estos primeros 40 días?
Básicamente nosotros centramos nuestro trabajo desde un inicio en dos aspectos. El primer aspecto relacionado con atender los requerimientos de las personas que trabajan en el Poder Judicial y que implicaba darles mejores condiciones de trabajo.
Hemos tratado de atender a todas las sedes, aún me faltan por recorrer otras sedes porque el trabajo ha sido bastante intenso. Uno de los problemas más serios ha sido el del Módulo de Justicia de José Leonardo Ortiz, debido a la situación de hacinamiento de los trabajadores. En este momento ya se están ampliando espacios y se está administrando de mejor manera, de tal manera que en el mes de marzo, cuando los servidores vuelvan a laborar, encuentren mejores condiciones para contribuir al servicio de administración de justicia. Yo no le puedo exigir mejor trabajo a un colaborador judicial si es que no tiene las condiciones mínimas para hacerlo.
¿Cuánto se invierte en dichos trabajos?
Alrededor de 40 000 soles y es con gastos corrientes. El problema que aqueja a esta y a todas las cortes del país es la falta de presupuesto, la falta de financiamiento para obras, a tal punto que nos han dado aproximadamente 126 millones de soles de presupuesto en este año para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de los cuales 113 millones se van en pago de sueldos, porque hasta a los sesigristas que coloca el Ministerio de Justicia también se les paga con dinero de la corte.
Entonces quedan 13 millones para hacer gestión, pero los 13 millones ya están comprometidos en papel, en alquileres de diversos locales no solamente es Chiclayo, sino también en Jaén, San Ignacio y Cutervo. De tal manera que anualmente es considerable el gasto en papel, toner, mantenimiento de locales, limpieza, vigilancia y servicios básicos, de tal manera que casi no hay dinero para gestión, ¿qué tenemos que hacer? Coger gastos corrientes, pero además ahora la ley permite tocar puertas a las diferentes instituciones, es por eso que hemos estado conversando con el gobierno regional, con la alcaldía de San Ignacio y vamos a entrevistarnos también con el Gobierno Regional de Cajamarca para ver cómo se nos puede apoyar, teniendo en cuenta que esta corte tiene jurisdicción sobre tres provincias cajamarquinas.
¿Se ha definido qué es lo que va a pasar con el terreno del antiguo local de la corte, ubicado en la calle San José?
Sí, en este momento ya se está terminando el perfil. Hay unas observaciones que ha hecho la municipalidad y que este mes deben levantarse. Luego se pedirá la autorización correspondiente a Lima para convocar a la elaboración del expediente técnico dentro de un cronograma que tenemos. El expediente técnico debe estarse terminando a fin de año. Lo importante es que hay partida para ello, porque el local estaba asegurado. Son aproximadamente 10 millones de soles, de los cuales buena parte irá para el expediente técnico y lo otro para la ejecución de la obra.
Está perfilado que para el primer trimestre del año 2026 empiecen ya las obras.
Eso ayudaría a reducir la carga por alquileres que tiene la institución…
Sí, por ejemplo, esta semana hemos que se deje de alquiler el local donde funcionan los juzgados constitucionales y estos pasen a la sede de los juzgados comerciales, en la calle Torres Paz, donde hay espacio suficiente. Con ello ahorraremos un alquiler.
¿Y cuál es la situación del proyecto de la Ciudadela Judicial en el terreno cedido por el Gobierno Regional de Lambayeque?
Hay dos observaciones que tenemos, estamos terminando de elaborar el perfil. Una de ellas es que las excavaciones que se han hecho se ha encontrado algunos restos arqueológicos y esperamos que se nos extienda el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, por parte del Ministerio de Cultura con lo cual se establecerá si es viable o no construir. Lo otro es una advertencia que ha hecho la Marina de Guerra en cuanto a que se debe descartar que la zona no sea inundable.
Superados ambos aspectos debemos tocar las puertas del gobierno regional para elaborar el expediente administrativo.
¿Garantiza que se realizarán los concursos correspondientes para la contratación de personal para la corte?
Siempre se ha pedido que respeten las convocatorias, no hacer contrataciones de manera directa. Los concursos CAS van a convocarse el próximo mes.
Tenemos disponibles alrededor de 50 plazas, pero aún estamos en proceso de sinceramiento. También se va a convocar en este primer semestre, esperemos tener la aprobación de Lima, para el concurso de 728. Son cerca de 70 plazas que estarían vacantes por cesantía, renuncia, jubilación o fallecimiento.
¿Cuán efectivo es el funcionamiento de la Unidad de Flagrancia de Lambayeque?
Con satisfacción podemos decir que es una de las que mejor funciona a nivel nacional. Hace poco teníamos la visita de un coronel de la Policía que está acá asignado a las unidades de flagrancia y se sorprendía porque él había estado en una de las que funciona en la capital de la república y lo que dijo es que básicamente tenían escasos casos.
Yo quiero resaltar aquí eh la buena voluntad del jefe de la Región Policial Lambayeque, general Luis Bolaños, pues ha ordenado a su personal que todas las personas que son intervenidas en flagrante delito deben ser puestas a disposición inmediata de la unidad de flagrancia. La lucha contra la criminalidad no es un tema de leyes o de normas, es de voluntad.
También creo que hay que agradecer la participación del Ministerio Público y a la Defensoría Pública. En la unidad tenemos cinco jueces de investigación preparatoria y cuatro de juzgamiento.
¿Cuántos casos se han resuelto hasta el momento en la unidad de flagrancia?
Solo en enero se han resuelto alrededor de 150 casos, de los cuales el 95 % han recibido condenas de cárcel efectiva. Hay que mencionar también que los casos de criminalidad organizada son más complejos y, por lo tanto, requieren de mayor tiempo para resolverse.
¿Cuál es la mirada que tiene la corte respecto de los problemas judiciales que tienen aún algunas empresas azucareras de Lambayeque, que son justamente parte de la carga procesal?
Crear un juzgado ad hoc para acumular todos los casos de las azucareras y resolverlos en un solo despacho, es imposible, porque la Constitución ya no lo prevé. Hoy todos los jueces son naturales. Antes del hecho tiene que estar el juez, no después del hecho.
En el caso del Ministerio Público la situación es distinta, porque el fiscal propone, mientras que el juez es el que decide.
Lo que sí tendría que decirles es que los problemas acerca de las designaciones de los apoderados judiciales, de las administraciones, ya no es responsabilidad del Poder Judicial.
Las excooperativas son sociedades anónimas, entes privados que se rigen por la Ley General de Sociedades. Siendo un tema privado correspondería al Indecopi, a la Sunat o a la entidad que se indique ayudar a la resolución de esos conflictos. Los acreedores, por ejemplo, podrían ser quienes asuman la conducción de las empresas con problemas, porque pasar ese activo y pasivo al Poder Judicial no es lo recomendable.
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