El 10 de enero de este año, el Congreso de la República publicó por insistencia la Ley n.° 32242, ley que modifica el artículo 49 de la Ley n.° 29944 – Ley de Reforma Magisterial. De inmediato, los docentes agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación del Perú – Sutep, alzaron su voz de protesta al considerar que vulnera el derecho a la defensa en el marco del debido proceso.
La razón es que esta modificatoria amplía sus alcances de la norma y aprueba la destitución “de oficio, en forma automática, sin proceso administrativo y con impedimento de ingreso o reingreso a la Carrera Pública Magisterial” a todos los miembros de la comunidad educativa que hayan sido condenados por delitos dolosos: personal directivo, administrativo, auxiliares y docentes.
Asimismo, a la causal de destitución ya contemplada para los condenados con pena privativa de la libertad por los delitos contra la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, apología del terrorismo y terrorismo y sus formas agravadas, se le ha añadido que basta con que sea “en primera instancia”.
“Esta ley fue promovida por el Congreso, donde está el Bloque Magisterial, que son docentes y debieron haber hecho relacionamiento político para que no se publique, pero lamentablemente no fue así. Hoy con esta ley cualquier docente que sea denunciado va a ser separado. Si yo como profesor del Santa Lucía jalo a una estudiante y el padre de ella dice que la he jalado porque le tengo cólera, eso será suficiente motivo para ser destituido y no tengo ni siquiera el derecho a la defensa. Por eso estamos pidiendo que se respete el debido proceso, que uno tenga derecho a apelar”, sostiene Saúl Villalobos Llanos, secretario regional del Sutep en Lambayeque.
El dirigente precisa que al cierre del 2024 en Lambayeque hubo 1172 maestros denunciados, de los cuales 172 están investigados. De ellos, advierte que posiblemente separen a 100 con esta norma.
“Estos procesos no prescriben, puedo tener una denuncia hace 10 o 15 años y me abren ese proceso para destituirme de la institución educativa sin derecho a nada”, afirma.
Recolección de firmas
Ante esta situación, Saúl Villalobos señala que el Sutep a nivel nacional ha iniciado la recolección de firmas para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma ante el Tribunal Constitucional.
“Nosotros respaldamos a los estudiantes y condenamos enérgicamente a los violadores, a los inmersos en el narcotráfico y el terrorismo, pero también pedimos que se dé el derecho a la defensa y el debido proceso. Además, estos delitos ya los contemplaba la Ley de Reforma Magisterial. En Lambayeque hay 16 mil docentes y nuestra meta es recolectar tres mil firmas, estamos seguros que lo vamos a lograr”, menciona.
El Sutep otorgó un plazo de 30 días, contados desde el 5 de febrero que se desarrolló la Asamblea Nacional, para que el Ministerio de Educación instale una mesa de negociación, donde se discuta no solo la inconstitucionalidad de la citada norma, sino otros reclamos sindicales como el pago de bonos por maestrías y doctorados, así como el incremento del 6 % del PBI para Educación.
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