El centro histórico de Chiclayo está delimitado entre las avenidas José Leonardo Ortiz, Quiñones, Pedro Ruiz y Bolognesi, dentro del cual se encuentran inmuebles considerados como patrimonio monumental de acuerdo a la Resolución Jefatural n.° 009, emitida por el desaparecido Instituto Nacional de Cultura – INC, en 1989. Recientemente, la comuna provincial ha identificado más de 400 viviendas que se encuentran dentro del cuadrante y presentan riesgo de colapso. Ante ello ha tomado tres medidas: colocar carteles advirtiendo del riesgo; apuntalar con vigas de madera y notificar al 50 % de los propietarios. Más allá de eso, no se tiene ninguna acción que resuelva el problema de fondo: la recuperación y conservación.
Entre la cuadra 2 y 3 de la calle Torres Paz existen tres inmuebles declarados en riesgo, además de la colapsada capilla de La Verónica, cuyo techo y campanario se desplomaron tras las lluvias del verano del 2023. Las viviendas son contiguas, por lo que prácticamente la mitad de la calle ha quedado restringida a los peatones.
Esta situación se repite en varias de las calles del centro de la ciudad y en algunos casos la señal de advertencia termina siendo una suerte de “saludo a la bandera”, como ocurre en la esquina de las calles Juan Cuglievan y Tacna, donde una cinta roja con la palabra “peligro”, atacada entre una ventana y un poste, pareciera ser suficiente para prevenir alguna tragedia.
Aclarando el panorama
“Cuando las casas son declaradas como patrimonio cultural por parte del Ministerio de Cultura, las intervenciones de la municipalidad quedan limitadas. La municipalidad tendría que tener la autorización del Ministerio de Cultura para poder intervenir. Es esa relación, esa coordinación entre las instituciones, la que no está muy clara. ¿Quién da la autorización y quién el presupuesto para derrumbar una casa que representa un riesgo para la ciudadanía? Ese vacío, que las autoridades no han abordado, es el que impide dar tratamiento al patrimonio cultural declarado en abandono”, señala la regidora Mercedes Quispe Alejandría, secretaria de la Comisión de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Lo declarado por la concejal es inexacto. Luego de la transferencia de competencias emprendidas a partir del proceso de descentralización, desde el 2006, la Ley Orgánica de Municipalidades señala que es responsabilidad del municipio “promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración”.
Se puede expropiar
Además, el artículo 91 de la referida ley, indica que las municipalidades provinciales, en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura) o a su solicitud, “pueden establecer limitaciones especiales por la necesidad de conservación de zonas monumentales y de edificios declarados monumentos históricos o artísticos, de conformidad con las leyes sobre la materia y con las ordenadas sobre protección urbana y del patrimonio cultural”.
Es más, el artículo 96 de la Ley Orgánica de Municipalidades, referido a las causas de necesidad pública, indica que es viable y legal la expropiación para la salvaguarda, restauración y conservación de inmuebles incorporados al patrimonio cultural de la Nación o de la humanidad o que tengan un extraordinario valor arquitectónico, artístico, histórico o técnico, debidamente declarado como tal por el Ministerio de Cultural.
Ante el Ministerio Público
“Vamos a pedir que Defensa Civil haga una inspección más al detalle y eleve un informe para notificar a los propietarios”, añade la regidora.
“En las próximas semanas vamos a elaborar un expediente para enviarlo a la fiscalía y ellos puedan determinar responsabilidades en cada uno de los propietarios. Nosotros vamos a seguir ejecutando labores de notificación para presionar a los propietarios y puedan realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo o, en el peor de los casos, la demolición de los inmuebles. La norma señala que el mantenimiento es responsabilidad del propietario, esa labor no se puede delegar. Si el propietario hace caso omiso lo llevaremos a la fiscalía”, declara Óscar Petroni Arana, responsable del Centro de Defensa Civil y Prevención de Riesgos y Desastres de la municipalidad de Chiclayo.
Fue bajo el criterio del riesgo inminente que Chiclayo perdió joyas arquitectónicas como la casa Townsend, ubicada frente a la plazuela Elías Aguirre y cuyos ocupantes destruyeron el interior, dejando únicamente la fachada, que ante el debilitamiento fue demolida por orden de Defensa Civil.
Competencias delimitadas
Carlos Wester La Torre, responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura – DDC Lambayeque, precisa que se desconoce qué nuevas acciones asumirá la comuna ante el problema, pues la colocación de carteles y el apuntalamiento no es suficiente.
“Eso no resuelve la problemática, solo congela un peligro que sigue siendo inminente. El objetivo debe ser, además de garantizar seguridad, la recuperación de algunos de estos inmuebles, al menos de los más importantes. El municipio no nos ha informado cuál es el plan concreto, más allá de la acción que todos hemos visto con la colocación de paneles de riesgo y puntales”, manifiesta.
¿Qué rol juega entonces el sector Cultura? Wester la Torre es claro al señalar que la función del Ministerio de Cultura es de supervisión, monitoreo y acompañamiento, por ello es que la Ley Orgánica de Municipalidades es precisa al indicar que las intervenciones municipales deben ser coordinadas. “El ministerio es un ente regulador y de asistencia técnica”, enfatiza.
“Aquí hay dos responsabilidades directas: por un lado, están los propietarios, quienes han permitido que deterioro de los inmuebles llegue a un nivel extremo, pues no han hecho lo medianamente suficiente para evitar que el problema se agrave, como si en el fondo lo que buscan es que justamente las casonas caigan o sean demolidas para aprovechar los terrenos y vender o construir obras nuevas, tal como pasó con la casa Townsend y otras más. Por otro lado, está la competencia municipal, que sí puede intervenir en salvaguarda del patrimonio”, anota.
Evadir la responsabilidad
¿Hay propietarios identificados? Varias de las casas con riesgo de colapso y que se encuentran dentro del casco histórico son propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, como sucede con la vivienda ubicada en la cuadra 5 de la calle Francisco Cabrera, donde hace algunos años funcionó una cantina.
Wester la Torre cita otro ejemplo dramático, como es el de la capilla del Hospital Las Mercedes, cuyo campanario y techo cayeron con El Niño Costero del 2017 y que hoy sirve de almacén, pese a que el bien es también propiedad de la Beneficencia, que sí cuenta con recursos y debe tener un plan integral de mantenimiento y conservación de su patrimonio inmueble. Otro caso es el del Teatro Dos de Mayo, donde fueron robadas las butacas y nadie ha sido señalado como responsable.
Lo cierto es que Chiclayo poco a poco va perdiendo su patrimonio monumental. El ex convento de Santa María sigue sin ser recuperado para la ciudad; el Politécnico Pedro Labarthe sin reconstrucción desde el primer desplome, ocurrido en el 2009; la capilla La Verónica a la espera de algún milagro que la saque del abandono y así muchos otros ejemplos.
Posibles soluciones
Se conoce que el consejero regional Walter Alva Alva trabaja un proyecto de ordenanza regional que permita la conservación de fachadas monumentales, en los casos en los que el inmueble tenga deterioro absoluto en su interior y la situación sea irrecuperable, dando espacio a intervenciones similares a las que se ejecutó en el desaparecido Hotel Royal, donde hoy funciona una tienda por departamentos.
Para arquitecto Jorge Guerrero Ramírez, máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, la responsabilidad es compartida: Cultural, el municipio, los propietarios e incluso de la sociedad civil.
“En el Perú hay varias experiencias exitosas de conservación de centros históricos como el de Trujillo, Chachapoyas, Cajamarca, además Lima, Cusco y Arequipa, que son los ejemplos más conocidos. El asunto es complejo, porque son los propietarios los llamados a intervenir primero, pero es claro que muchos pueden tener otros intereses diferentes a la conservación, no puedo decir cuáles, pero sí distintos. También está la falta de recursos económicos, cada caso es particular y con una realidad compleja. Lo que sí debe quedar claro es que no solo deben actuar las municipalidades o el gobierno regional y el sector Cultura, también están las universidades, los colegios profesionales y los medios de comunicación, que tienen las herramientas para promover el patrimonio y su conservación”, explica.
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(*) Coordinador periodístico de Expresión.
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