Administrador Judicial asegura que la firma Vera & Asociados “maquilló” cifras y debió abstenerse por tener litigio pendiente con el Grupo Oviedo.

“La compañía auditora Vera & Asociados debió abstenerse de realizar la auditoria a la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A, sobre la realidad productiva, económica y financiera, por mantener un proceso judicial con una de las empresas del Grupo Oviedo”, sostiene en una carta abierta a las autoridades de la región Lambayeque el administrador judicial Segundo Ordinola Zapata.

El documento, hecho llegar a la presidenta de la Corte Superior de Justicia, Ana Salés del Castillo; a la presidenta de la Junta de Fiscales, Giovana del Río Carreño; a la juez del Sétimo Juzgado Especializado Civil, Liz Fabián Palomino; al presidente de la Primera Sala Civil Especializada, Daniel Carrillo Mendoza y al jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Nabor Ortiz Melgarejo, sustenta que por conflicto de intereses, los representantes de la consultora debieron privarse de realizar la auditoria operativa en aras de la transparencia, imparcialidad y la paz social en la azucarera.

Zapata Ordinola censura a la compañía auditoria Vera & Asociados y cuestiona las conclusiones del examen de auditoria realizado a su gestión como administrador judicial, en el período comprendido entre los años 2006 y 2014, considerando que “la auditora esconde y maquilla la autenticidad de la  investigación”.

“De manera particular, estoy moralmente obligado a hacer pública mi reprobación al desenlace de este trabajo, caracterizado por la insensatez técnica y contable que demuestra más bien una parcialidad con la parte contratante y una interpretación de escaso nivel profesional, con apreciaciones y conclusiones muy subjetivas”, señala.

REMUNERACIONES

Afirma que las cifras en cuanto al monto de las remuneraciones han sido manipuladas y adulteradas. En su caso – refiere - lo acusan de haber ganado dos millones 545 mil soles, lo cual – asegura - es falso; pues, entre los años 2006 y 2009, su sueldo fue el mismo que percibió como sub jefe de la Oficina de Costos Industriales del área de Fábrica, donde laboró desde el año de 1970.

“He cobrado mil 600 soles mensuales. Mis ingresos anuales por este concepto fueron de 22 mil 400 soles y no de 276 mil 450 soles por año como lo señala la auditoria”, explica.

Ordinola Zapata agrega que en estos cuatro años ganó 89 mil 600 soles y no un millón 105 mil 800 soles como se ha hecho conocer.

Comenta además que a partir del año 2010, en que asume el cargo de máximo ejecutivo de la empresa, empezó a ganar 12 mil 500 soles, suma que ahora recibe el gerente encargado y uno de los actuales administradores judiciales, así como del presidente del Directorio y algunos funcionarios de la empresa.

“Se han realizado cálculos premeditadamente equivocados y exagerados para inflar las cifras y cambiar las fechas desde cuando percibieron sus remuneraciones. Es increíble cómo un trabajo de esta magnitud se puede faltar a la verdad de manera escandalosa, dejando a rebalse la fragilidad de su moral y de los que son capaces para mantenerse en los cargos”, explica.

De igual manera, pide a los actuales conductores de la empresa a que lo denuncien penalmente si falta a la verdad. “Ellos jamás van a poder demostrar que gané esta cantidad, porque estás cifras solo existen en su imaginación y en su maldad. Además, interpretan a su antojo cifras inexistentes, deformando las conclusiones emitidas en el informe final de auditoria”, recalca.    

SIN PÉRDIDAS

Sustenta que si Tumán hubiera perdido mil millones de soles, la empresa no estaría operando normalmente, tampoco hubiera cumplido con el pago de las remuneraciones de los trabajadores después de la huelga.

La empresa –añade- “estaría cerrada, inoperativa, quebrada, y sus principales activos vendidos y sometidos a un proceso de remate y liquidación, debido a que se hubiera absorbido el íntegro del capital social como acciones tanto de terceros como de los trabajadores y jubilados”.

“El artículo 407 de la Ley General de Sociedades establece que es causal de disolución si las pérdidas reducen el patrimonio neto a una cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado. Esa supuesta pérdida reduciría a nada el patrimonio de la empresa”, señala.

Menciona que la norma antes descrita es inaplicable en la empresa Tumán porque no existe una pérdida de esa magnitud, y tampoco la pueden contabilizar porque tendrían  que declarar a la empresa en insolvencia. “No lo harán porque sus falsedades no pueden superar indiscutibles barreras legales y contables. Sin embargo, siguen adelante porque lo que buscan es causar un impacto político, judicial y social que justifique la vigencia de la ilegal administración judicial defenestrada por la Primera Sala Especializada Civil de Chiclayo”, remarca.

Ordinola Zapata pone en conocimiento que los estados financieros de su gestión, durante los años 2006 al 2013, han sido auditados cada año por una compañía externa, cuyos resultados fueron puestos de conocimiento a la Superintendencia del Mercado de Valores. “Los informes contables han sido aprobados sin observación alguna, dado que sus dictámenes expresan razonablemente nuestra posición económica y financiera”.

“Es importante señalar, que la jueza del Sétimo Juzgado Civil Especializado de Chiclayo, en salvaguarda de la tutela que nos encargó, también ordenó una pericia contable al período 2006 – 2014, con resultados satisfactorios, lo que demuestra la transparencia de nuestros actos societarios”, detalla.   

SITUACIÓN EMPRESARIAL

Revela – Ordinola Zapata - que la Auditoria Operativa debió ser ejercida por un equipo multidisciplinario, de lo cual tiene dudas por la incoherencia de sus conclusiones. De ello – refiere – “se tiene conocimiento que tampoco tuvo independencia en su labor, porque hubo voceros que diagnosticaron por anticipado los resultados que se alcanzarían finalmente, lo que demuestra que hubo una constante intromisión política que monitoreó este proceso, lo que invalida la pericia realizada”.

“En la etapa preliminar, la compañía responsable de este trabajo debió tomar conocimiento de cuál era la posición de la empresa antes que nosotros asumiéramos la dirección de la misma. Sin embargo, deliberadamente han omitido pronunciarse sobre la situación productiva y económica de la empresa al 31 de diciembre del año 2005. Con este hecho intentan ignorar cómo encontramos Tumán en enero del 2006”, expresa.

Asimismo, señala que la omisión en la pericia contable hace presumir a la opinión pública que antes del año 2006 Tumán era una empresa rentable, competitiva, que no tenía deudas, que arrojaba utilidades, que tenía los mejores rendimientos de campo y las mejores eficiencias de fábrica. Además, que la relación de ingresos versus sueldos era de un 25 % y no de un 60 % como lo es, desde hace más de dos décadas.

¿EMPRESA ENDEUDADA?

“Las deudas que encontramos en enero del año 2006 sumaban 256 millones de soles, mientras las pérdidas acumuladas a diciembre del 2005 fueron de 144 millones de soles. Estas son las cifras oficiales que dejó el III Directorio que era integrado por Leoncio Egúsquiza Sánchez y Fortunato Alberto Rodríguez Valderrama, que es quien ha dirigido este examen de auditoria”, acusa Segundo Ordinola.

Entre los 256 millones de soles –señala- había un préstamo de tres millones de dólares que la empresa había recibido de Negociaciones Pacheco, así como más de cuatro millones y medio de soles que prestaron al mismo Pacheco para cancelar sueldos de los trabajadores.

“Por ello, es que las mejores tierras de Tumán y Calupe estaban embargadas a una cuarta parte de su valor real, pero ambos préstamos fueron cancelados en nuestra gestión. En el área de campo la situación era patética. En los años 2004 y 2005 la producción era de 80 toneladas de caña por hectárea”, comenta.

DESARME DE DIFUSOR

Preocupado, explica que se le acusa de haber desmantelado el difusor, quitándole a Tumán la posibilidad de mejorar su molienda con mejores indicadores técnicos. “Ese difusor se adquirió en 1972 y costó un millón y medio de dólares. En 1988, con la puesta en marcha del caldero N° 6 se intentó hacerlo trabajar y fracasó, lo mismo ocurrió en otras gestiones, pero con el tiempo se fue desmantelando de manera gradual, y las piezas fueron reubicadas en la misma fábrica”, refiere.

El desmontaje del difusor – afirma el administrador judicial- se inició en 1990. Mediante Memorándum N° 7883-2011-DCV, del 12 de noviembre del 2011, se tomó conocimiento que en el área de fábrica se estaba desmontando el difusor, de las cuales algunas partes se encontraban en mal estado por el tiempo transcurrido y por la presencia de nidos de aves de rapiña, que han deteriorado su funcionamiento. 

“Consecuentemente, la compañía Vera & Asociados, técnicamente debe explicar que desde el año de 1972 hasta el ejercicio 2005, el difusor ya había sido depreciado por un monto total de siete millones 917 mil 627.51 soles”, anota.

FALSAS PÉRDIDAS

Segundo Ordinola señala que en su gestión se alcanzaron importantes récords en fábrica.

“Ninguna de estas cifras se han alcanzado antes en nuestra historia empresarial. ¿Cómo pueden aventurarse a pronosticar que en nuestra gestión se ha generado una pérdida de 14 millones de soles por mal manejo de fábrica?, cuando es todo lo contrario”, refiere.

Por otro lado, señala que una deuda por pagar de 18 millones de soles, según el reporte de la compañía auditora,

no puede ser perjuicio económico para la empresa porque esta tiene un rol de pagos.

“La auditoria sorprendentemente lo considera una pérdida, olvidando que antes de asumir la conducción  de la empresa, a fines del año 2005, Tumán debía 162 mil 448 bolsas de azúcar a los sembradores, que valorizadas al precio actual de 105  soles en planta, arroja una deuda de la gestión anterior de 17 millones de soles”, enfatiza.

De igual manera, Ordinola Zapata detalla que los impuestos no pagados tampoco son una pérdida, porque estos ahora o después tienen que ser obligatoriamente amortizados y cancelados.

“Señalan que hemos ocasionado una pérdida de 85 millones de soles porque todavía no se honra esta obligación, pero olvidan que al 31 de diciembre del año 2005, el III Directorio

nos dejó 104 millones de soles en tributos no pagados por concepto de IGV, renta de 4ª y 5ª categoría, así como deudas a las AFP, ONP, EsSalud y otros”, explica.

Menciona también que en el 2005 la empresa tenía una deuda de 91 millones de soles, pero en nuestra por concepto de CTS, de los cuales su administración pagó 87 millones.

“Es de señalar que después de muchos años de lucha, el Estado puso a disposición de los tumaneños el 7.22 % de sus acciones, representado por  dos millones 441 mil 970 acciones. El precio fue de dos soles con 60 céntimos. Las acciones se cancelaron con las CTS de cada trabajador inscrito en el proceso. El Estado no recibió dinero alguno, pero la empresa se benefició porque disminuyó en seis millones 451 soles la CTS de los trabajadores, lo cual significó que por los porcentajes adquiridos, sumado al porcentaje de los jubilados, volvimos a ser los accionistas mayoritarios de la empresa, pues pasamos del 45 % al 52 % en el capital social, y la empresa por su parte disminuyó en ese mismo monto la deuda de CTS con los trabajadores. ¿En dónde está la pérdida señores auditores?”, reclama Ordinola Zapata.

Finalmente menciona que la empresa no ha realizado pagos indebidos en utilidades y en contingencias tributarias. “Sin embargo la compañía auditora ha elaborado un informe con el propósito de hacer daño a mi administración judicial, ya que no solo carece de argumentos técnicos para impugnar los pagos que se les ha hecho a los trabajadores que por derecho y mandato de la Ley se lo han ganado, y nadie se los puede quitar ahora”, enfatiza. 

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